AGENDA
SOCIAL EUROPEA
El
Consejo Europeo de Lisboa fijó el objetivo estratégico de "convertirse
en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores
empleos y con mayor cohesión social". Además, se sentó el objetivo
del pleno empleo en Europa, en una sociedad que se adapte mejor a las opciones
personales de mujeres y hombres. El objetivo final es elevar, sobre la base de
las estadísticas disponibles, el índice de empleo a un nivel lo más próximo
posible al 70% de aquí a 2010 y lograr que la proporción de mujeres activas
supere el 60% de aquí a 2010. Los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron que
un índice medio de crecimiento económico de alrededor del 3% debería
constituir una previsión realista para los próximos años si las medidas
decididas en Lisboa se aplican en un marco macroeconómico sólido.
En
este marco, el Consejo Europeo encargó a la Presidencia francesa que pusiera en
marcha el trabajo basándose en una comunicación de la Comisión, con vistas a
alcanzar un acuerdo sobre un programa social europeo en el Consejo Europeo de
Niza en diciembre, con inclusión de las iniciativas de los distintos
interlocutores implicados.
De
acuerdo con estas orientaciones, el 28 de junio de 2000 la Comisión presentó
su Comunicación titulada "Agenda de política social". La Comisión
anunció esa Comunicación en el marco de su programa quinquenal como uno de los
elementos clave de su agenda económica y social. Los Estados miembros
destacaron unánimemente la calidad de esa contribución. Consideraron que
constituía una base pertinente, habida cuenta de las orientaciones definidas
por el Consejo Europeo en Lisboa y en Feira.
Sobre
esta base, la Resolución del Parlamento Europeo adoptada el 26 de octubre de
2000 proporcionó elementos sustanciales de profundización y enriquecimiento.
Insistió particularmente en los puntos siguientes:
ü
La importancia de la interacción entre la política económica
ü
La política social y la política de empleo
ü
El papel de los distintos instrumentos y del método abierto de
coordinación y de la legislación y la movilización de todos los agentes.
En
el Consejo Europeo de Lisboa, los Estados miembros recordaron que el modelo
social europeo, con sus sistemas desarrollados de protección social, debe
apuntalar el tránsito a la economía basada en el conocimiento. Además,
subrayaron que las personas constituyen en Europa el principal activo, por lo
que deben convertirse en el centro de las políticas de la Unión. La inversión
en capital humano y el fomento de un Estado de bienestar activo y dinámico son
esenciales tanto para que Europa ocupe un lugar en la economía basada en el
conocimiento como para garantizar que el surgimiento de esta nueva economía no
incremente los problemas sociales existentes de desempleo, exclusión social y
pobreza.
Por
esta razón, la Comisión ha centrado su Comunicación en la necesidad de lograr
una interacción positiva y dinámica entre las medidas económicas, de empleo y
sociales y movilizar a todos los agentes para alcanzar ese objetivo estratégico.
Concretamente, subraya la doble finalidad de la política social:
ü
Reforzar el papel de la política social como factor de competitividad
ü
Permitir lograr una mayor eficacia en cuanto a sus propios fines, en
materia de protección de los individuos, de reducción de las desigualdades y
de cohesión social.
Este
enfoque supone aumentar el nivel de participación en el mercado laboral, sobre
todo de los grupos menos representados o más desfavorecidos en dicho mercado.
En efecto, más puestos de trabajo y mejores puestos de trabajo son la clave
para la integración social. Hay que promover mercados de trabajo de más fácil
acceso y hay que fomentar la diversidad en el empleo como factor de
competitividad y de integración social. La estrategia de reforzamiento mutuo de
las políticas económicas y sociales definida en Lisboa, consistente en
movilizar todo el potencial de empleo disponible, es así decisiva para
garantizar la perpetuidad de los sistemas de pensiones.
Para
preparar el futuro, la Unión ha de basarse en sus logros. Ha de seguir
fomentando los valores de solidaridad y de justicia que la caracterizan y que la
Carta de los Derechos Fundamentales consagra solemnemente. El modelo social
europeo, que se caracteriza en particular por la existencia de unos sistemas de
protección social de alto nivel, por la importancia del diálogo social y por
unos servicios de interés general que incluyen actividades esenciales para la
cohesión social, se apoya hoy en día, por encima de la diversidad de los
sistemas sociales de los Estados miembros, en una base común de valores.
En
todo caso, el objetivo fijado en Lisboa supone que la Unión Europea defina los
nuevos retos comunes que requieren respuesta en los próximos cinco años.
Concretamente son los siguientes.
ü
Realizar el pleno empleo y movilizar todo el potencial de empleo
disponible. En este sentido, es fundamental mejorar las cualificaciones e
incrementar las posibilidades de educación y formación permanentes,
encomendando un papel esencial a los interlocutores sociales. Para aprovechar
plenamente las posibilidades de las tecnologías de la información y de la
comunicación serán necesarios cambios en la organización del trabajo.
Flexibilidad y seguridad tendrán que combinarse en el contexto de una economía
en transformación.
ü
Beneficiarse del progreso técnico. La rápida evolución de las tecnologías
de la información y de la comunicación, y de las ciencias de la vida, hace ver
a los Estados miembros la necesidad de desarrollar la economía y la sociedad
basadas en el conocimiento y la innovación. Los cambios tecnológicos deben
también traducirse en una mejora del nivel y de las condiciones de vida, que
redundará en beneficio de todo el cuerpo social. El auge de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación constituye, pues, una oportunidad
excepcional que conviene aprovechar plenamente, sin dar pie a una diferencia
cada vez mayor entre quienes tienen acceso a los nuevos conocimientos y quienes
quedan excluidos.
ü
Desarrollar la movilidad. La integración económica y la constitución
de empresas multinacionales provocan una movilidad cada vez mayor de hombres y
mujeres entre los diversos países de la Unión. Esta tendencia se debe alentar
y facilitar, en particular para los docentes, los investigadores y las personas
en formación. Por otra parte, deben modernizarse y mejorarse las normas
comunitarias que garantizan el mantenimiento de los derechos sociales para los
trabajadores que ejercen su derecho de movilidad.
ü
Sacar partido de la integración económica y monetaria. El
establecimiento de la unión económica y monetaria y la existencia de un gran
mercado interior dan lugar a una mayor transparencia al comparar costes y
precios. Esta integración, garantía de una mayor competitividad, se traducirá
en una reestructuración de los aparatos productivos y en cambios sectoriales,
que deberán encauzarse y beneficiarse de un mayor esfuerzo en materia de
cualificación y formación de los trabajadores. Es necesario desarrollar un
enfoque positivo de estos cambios implicando empresas y trabajadores.
ü
Responder al envejecimiento de la población. El envejecimiento de la
población supone nuevas exigencias para los Estados miembros. Este fenómeno
exige nuevas respuestas tales como el aumento del porcentaje de actividad
femenino, facilitar y apoyar la continuación de la actividad de los
trabajadores de edad, la viabilidad de los sistemas de jubilación y las medidas
para asumir las situaciones de dependencia.
ü
Reforzar la cohesión social. El empleo constituye la mejor protección
contra la exclusión social. El crecimiento debe beneficiar a todos. Para ello,
deberán llevarse a cabo e intensificarse acciones decididas, en particular en
los barrios difíciles, para responder a la complejidad y a las múltiples
dimensiones de los fenómenos de exclusión o de desigualdad.
ü
Conseguir que la ampliación sea un éxito en el ámbito social. La
ampliación constituye un reto para la Unión Europea, en particular en el ámbito
social. La Unión debe apoyar decididamente los esfuerzos ya iniciados por los
países candidatos para adaptar y transformar sus sistemas sociales y favorecer
la puesta en marcha de un proceso de convergencia en el progreso.
ü
Afirmar la dimensión social de la mundialización. La mundialización de
los intercambios comerciales y financieros, al aumentar la competencia, agudiza
la exigencia de competitividad, lo que tiene consecuencias sobre las políticas
sociales. Las negociaciones multilaterales de tipo predominantemente económico
tienen cada vez más una dimensión social. La Unión Europea debe organizarse
de modo tal que garantice la toma en consideración de los objetivos sociales en
las negociaciones internacionales.
Para
responder a estos nuevos desafíos, la Agenda debe garantizar la modernización
y la profundización del modelo social europeo e insistir, en todos los ámbitos
de la política social, en la promoción de la calidad. La calidad de la formación,
la calidad del trabajo, la calidad de las relaciones laborales y la calidad de
la política social en su conjunto son factores esenciales para que la Unión
Europea cumpla los objetivos que se ha fijado en cuanto a competitividad y pleno
empleo. El desarrollo de esta vía y las acciones acometidas en el ámbito
comunitario deben centrarse más particularmente en lograr realizar unos
objetivos comunes, dentro del respeto del principio de subsidiariedad y dando el
lugar que le corresponde al diálogo social.
Todos
los agentes, Instituciones de la Unión Europea, Estados miembros, autoridades
regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y las
empresas tienen un papel que desempeñar.
La
Agenda Social, para su aplicación, deberá recurrir, sin practicar ninguna
exclusión, a toda la gama de instrumentos comunitarios existentes. Reconocerá
la necesidad de respetar plenamente el principio de subsidiariedad y la
diversidad de tradiciones y de situaciones en materia social y de empleo entre
los Estados miembros.
Por
tanto, el Consejo de Empleo y Política Social, habida cuenta de las
orientaciones definidas por el Consejo Europeo en Lisboa y en Feira, y basándose
en la comunicación de la Comisión, propuso las siguientes orientaciones para
la política social.
La
perspectiva de la realización del pleno empleo debe verse acompañada de un
decidido esfuerzo para facilitar la participación del mayor número posible de
personas en el mercado laboral, lo que implica, en particular, que se refuercen
las políticas tendentes a fomentar la igualdad profesional de ambos sexos, a
mejorar la articulación entre la vida profesional y la vida familiar, a
facilitar el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de edad, a luchar
contra el desempleo de larga duración y a ofrecer, mediante la movilización de
todos los agentes, y en particular los de la economía social y solidaria,
perspectivas de integración para las personas más vulnerables. La opción por
una sociedad del conocimiento implica que se invierta en recursos humanos a fin
de fomentar la cualificación y la movilidad de los trabajadores.
Es
importante fomentar la calidad del empleo y desarrollar realmente, en beneficio
del mayor número posible de personas, las siguientes estrategias de educación
y de formación permanentes:
ü
Aumentar la participación en el trabajo, poniendo mayor énfasis en las
políticas tendentes a articular mejor la vida familiar y la vida profesional
tanto para los hombres como para las mujeres y a favorecer el acceso al trabajo
o el mantenimiento en el mismo de determinados grupos de personas.
ü
Intensificar y prolongar la estrategia coordinada para el empleo, tomando
apoyo en los trabajos del Comité de Empleo.
ü
Tener más en cuenta los objetivos relacionados con la calidad del
empleo, y con su importancia para el crecimiento como elemento importante de
atracción e incitación al trabajo.
ü
Luchar contra el desempleo de larga duración desarrollando estrategias
activas de prevención y de reeducación basadas en la determinación anticipada
de las necesidades individuales y en la mejora de la capacidad de inserción
profesional.
ü
Apoyar, en este marco, las dimensiones local y regional de la estrategia
para el empleo.
ü
Mejorar el acceso efectivo a la educación y a la formación permanente,
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, con objeto de evitar los
déficits de cualificación.
ü
Promover la definición y la difusión de buenas prácticas sobre el
empleo y la dimensión social de la sociedad de la información, en estrecha
colaboración con el "Grupo de alto nivel" competente en este ámbito,
y desarrollar más los aspectos del plan "e-Europe" relativos a los
recursos humanos.
ü
Facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos.
ü
Iniciar durante el periodo de la Agenda Social una reflexión sobre los vínculos
existentes entre los movimientos migratorios y las políticas de empleo.
ü
Invitar a la Comisión a que, dentro del respeto de las competencias que
le atribuye al respecto el Tratado, siga examinando la relación entre la política
social y la política en materia de competencia.
Las
profundas transformaciones de la economía y del trabajo, relacionadas en
particular con el nacimiento de la economía basada en el conocimiento y con la
globalización, se están acelerando en todos los Estados miembros, haciendo
necesarias nuevas respuestas colectivas que tengan en cuenta las expectativas de
los asalariados. El diálogo social y la concertación deben crear las
condiciones necesarias para una participación de los asalariados en los cambios
que se produzcan, mediante una anticipación de los cambios en las empresas, los
sectores industriales y los territorios. La búsqueda de unos marcos colectivos
innovadores y adaptados a las nuevas formas de empleo deberá permitir un
fomento de la movilidad y de la inserción de las personas en unas situaciones
profesionales cada vez más diversificadas, mediante la organización de
transiciones entre situaciones o empleos sucesivos.
Las
medidas que se adopten para hacer frente a estas transformaciones deberán
recurrir de manera equilibrada a los diferentes instrumentos comunitarios
existentes, en particular el método abierto de coordinación, y dejar un gran
margen de iniciativa a los interlocutores sociales, y se referirán a los
siguientes aspectos.
ü
Reforzar la participación de los trabajadores en la gestión de los
cambios que se produzcan, mejorando el marco comunitario relativo a los derechos
de información, consulta y participación de los trabajadores.
ü
Desarrollar la estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en
el trabajo.
ü
Tener en cuenta, en el contexto de interdependencia creciente de las
economías europeas, las transformaciones del entorno de trabajo y las
relaciones laborales.
ü
Apoyar las iniciativas relativas a la responsabilidad social de las
empresas y a la gestión del cambio.
ü
Mejorar el funcionamiento del diálogo macroeconómico previsto por el
Consejo Europeo de Colonia para que contribuya plenamente a la interacción
positiva y dinámica de las políticas económica, social y del empleo.
ü
Organizar un cambio de impresiones sobre los despidos individuales,
teniendo en cuenta las prestaciones de la seguridad social y las características
nacionales del mercado laboral.
ü
Completar la legislación comunitaria relativa al tiempo de trabajo.
III.
Lucha contra todas las formas de exclusión y de discriminación para favorecer
la integración social
La
vuelta a un crecimiento económico sostenido y la perspectiva próxima del pleno
empleo no significan que en la Unión Europea las situaciones de pobreza y de
exclusión disminuyan espontáneamente, sino que hacen aún más inaceptable su
persistencia. El Consejo Europeo de Lisboa subrayó la necesidad de tomar
medidas para dar un impulso decisivo a la eliminación de la pobreza. Afirmada
al más alto nivel en cada Estado miembro, esta voluntad debe traducirse en la
práctica en una movilización de todos los agentes locales, en particular las
ONG y los servicios sociales, y verse secundada por medidas tendentes a
garantizar la igualdad de trato para todos los nacionales de terceros países
que residan de forma regular en el territorio de la Unión.
Estas
medidas pueden concretarse en los siguientes aspectos:
ü
Desarrollar en cada uno de los Estados miembros un plan nacional de acción
para luchar contra la pobreza y la exclusión social que abarque un período de
dos años, sobre la base de los objetivos adoptados en común.
ü
Utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación para reducir la exclusión social, fomentando
el acceso de todos a la sociedad del conocimiento.
ü
Garantizar, al término de los primeros planes de acción nacionales, el
seguimiento de la recomendación de 1992 relativa a las garantías mínimas de
recursos que deberán ofrecer los sistemas de protección social y examinar las
iniciativas posibles para acompañar los avances en la materia.
ü
Respaldar, mediante el intercambio de experiencias, los esfuerzos de los
Estados miembros en materia de política urbana para luchar contra los fenómenos
de segregación social y espacial.
ü
Evaluar la incidencia del FSE, incluida la iniciativa comunitaria EQUAL,
en el fomento de la integración social.
ü
Velar por la aplicación efectiva de la legislación comunitaria en lo
que se refiere a la lucha contra toda forma de discriminación.
ü
Emprender, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere, una política más enérgica en materia de integración de los
nacionales de terceros países que residan de forma regular en el territorio de
la Unión, que aspire a ofrecerles derechos y obligaciones comparables a los de
los ciudadanos de la Unión Europea.
ü
Desarrollar, en particular con ocasión del Año europeo de las personas
con discapacidad, todas las acciones tendentes a garantizar una mejor integración
de las personas minusválidas en todos los ámbitos de la vida social.
ü
Crear las condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz
con los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, las
administraciones territoriales y los organismos que gestionan los servicios
sociales.
IV.
Modernizar la protección social
Los
sistemas de protección social, que constituyen un componente esencial del
modelo social europeo aunque siguen estando bajo la responsabilidad de los
respectivos Estados miembros, se ven enfrentados a problemas comunes. Para
resolverlos de manera más eficaz, debe reforzarse la cooperación entre los
Estados miembros, en particular a través del Comité de Protección Social. La
modernización de los sistemas de protección social debe satisfacer las
exigencias de solidaridad: este es el objetivo de las acciones que deberán
emprenderse tanto en materia de pensiones y de sanidad como para alcanzar un
Estado social activo que anime resueltamente a la participación en el mercado
laboral.
Entre
estas acciones cabe resaltar las siguientes:
ü
Proseguir la cooperación y los intercambios entre los Estados sobre
aquellas estrategias que permitan garantizar en el futuro unas pensiones seguras
y viables.
ü
Analizar, teniendo en cuenta la política que lleve a cabo cada Estado
miembro, los ajustes introducidos en los sistemas de protección social así
como los progresos que deberán aún alcanzarse para hacer que el trabajo
resulte más ventajoso y para fomentar ingresos seguros, así como para
favorecer la articulación entre la vida profesional y la vida familiar.
ü
Reflexionar sobre la manera de garantizar, respetando las exigencias en
materia de solidaridad, un nivel alto y duradero de protección de la salud,
teniendo en cuenta las repercusiones del fenómeno del envejecimiento.
ü
Examinar la evolución de la situación en materia de acceso
transfronterizo a una atención y unos productos sanitarios de calidad.
ü
Garantizar el seguimiento y la evaluación, durante el periodo de
vigencia de la Agenda, de una cooperación más estrecha en materia de protección
social.
V.
Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer
El
fomento de la igualdad entre ambos sexos deberá hacerse de manera transversal
en la totalidad de la Agenda Social y deberá completarse con una serie de
medidas específicas relativas al acceso de la mujer a la toma de decisiones, al
refuerzo de los derechos en materia de igualdad y a la articulación entre la
vida profesional y la vida familiar.
Estas
medidas específicas son las siguientes:
ü
Integrar el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer en todos los
ámbitos pertinentes, en la concepción, el seguimiento y la evaluación de las
políticas, estableciendo los mecanismos e instrumentos apropiados, como, en su
caso, las evaluaciones de la repercusión según el sexo, así como los
instrumentos de seguimiento y los criterios de evaluación de los rendimientos.
ü
Ampliar el acceso de la mujer a la toma de decisiones, estableciendo cada
Estado miembro objetivos adecuados u objetivos de progresión, con indicación
de los plazos correspondientes, en el ámbito público y en el ámbito económico
y social.
ü
Llevar a la práctica la comunicación de la Comisión titulada
"Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y
mujeres (2001-2005)".
ü
Desarrollar el conocimiento, la puesta en común de los recursos y el
intercambio de experiencias, especialmente mediante la creación de un instituto
europeo del género y de una red de expertos.
ü
Ampliar y reforzar las iniciativas y medidas tendentes a fomentar la
igualdad profesional entre el hombre y la mujer, especialmente en materia de
remuneración.
ü
Garantizar una mejor articulación entre la vida familiar y la vida
profesional, en particular fomentando una atención de calidad para los niños y
las personas dependientes.
VI.
Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores
de la Unión Europea.
La
ampliación y las relaciones exteriores constituyen, por diversos motivos, un
reto y una oportunidad para la acción comunitaria en el ámbito social. Es
necesario desarrollar el intercambio de experiencias y de estrategias con los
Estados candidatos, especialmente para hacer frente juntos con mayor eficacia a
los desafíos del pleno empleo y de la lucha contra la exclusión, y fomentar
una agenda económica y social integrado que se corresponda con el planteamiento
europeo en los foros internacionales.
Concretamente,
cabe citar las siguientes medidas:
ü
Preparar la ampliación con el objetivo de fomentar el progreso económico
y social en la Unión ampliada.
ü
Desarrollar un enfoque concertado sobre las cuestiones sociales
internacionales en el seno de las instituciones multilaterales.
ü
Reforzar la dimensión social de la política de cooperación,
especialmente la lucha contra la pobreza y el desarrollo de la sanidad y de la
educación, teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres.
Para
poder llevar a cabo estas orientaciones, se proponen las siguientes modalidades
de aplicación.
Se
invita a la Comisión a que haga las propuestas adecuadas y ejerza sus
competencias de ejecución y de control de la aplicación del Derecho
comunitario de conformidad con el papel que le atribuye el Tratado y de acuerdo
con método abierto de coordinación.
El
Consejo de Empleo y Política Social se encargará de la aplicación de la
Agenda Social. Examinará, con miras a su adopción, durante el período de
vigencia de la Agenda Social, las propuestas adecuadas presentadas por la Comisión,
con la participación del Parlamento Europeo, en las formas previstas por el
Tratado.
Se
invita a los interlocutores sociales a que utilicen plenamente las posibilidades
del Tratado en materia de relaciones contractuales y de acciones comunes y a que
comuniquen antes de cada Consejo Europeo de primavera las acciones conjuntas
emprendidas o previstas.
Los
Estados miembros garantizarán la aplicación a escala nacional de los actos
adoptados por el Consejo, y plasmarán dichas directrices y objetivos adecuados
o comunes en políticas nacionales, regionales y locales, estableciendo
objetivos específicos y adoptando medidas que tengan en cuenta las diversidades
nacionales, regionales y locales.
Así
como las siguientes modalidades de seguimiento y actualización:
Se
invita a la Comisión a que presente en su informe de síntesis anual al Consejo
Europeo las iniciativas que haya adoptado y a que ponga d relieve las
contribuciones de todos los demás agentes para la modernización y la mejora
del modelo social europeo con objeto de alcanzar el objetivo estratégico
decidido en Lisboa.
El
Consejo de Empleo y Política Social examinará los informes y el cuadro de
indicadores de la Comisión y; contribuirá, en coordinación con las demás
formaciones implicadas del Consejo, al Consejo Europeo de primavera a que se
alcance el objetivo estratégico definido en Lisboa.