LA BARRIALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA. LOCALIZANDO EL URBANISMO NEOLIBERAL EN CIUTAT DE MALLORCA[1]

Marc Morell
Universitat de les Illes Balears y Institut Català d’Antropologia
marc.morell@uib.es

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La barrialización de la ciudadanía. Localizando el urbanismo neoliberal en ciutat de Mallorca (Resumen) Las políticas urbanas neoliberales penetran en el espacio social y desligan «lo social» del «espacio» hasta el extremo de «barrializar» no tan sólo la ciudad sino también la participación ciudadana en aras de la reforma urbana y la atracción y acumulación de capital que ésta representa. En el contexto del anuncio por parte del Govern de les Illes Balears de la creación de una Ley de Barrios y a partir de la articulación entre la problematización teórica y un estudio etnográfico del barrio Sa Gerreria en Ciutat de Mallorca, procedo al análisis de la creación de valor del suelo urbano que se sustenta en la distinción y segregación de la participación ciudadana del ámbito de la reforma urbana. Aduzco que la invocación del «barrio», y las ideas y materias que ésta suscita, sitúa a Sa Gerreria como modelo precursor del urbanismo neoliberal en Ciutat de Mallorca.

Palabras clave: Acción vecinal, barrio, participación ciudadana, producción del espacio, urbanismo neoliberal

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Abstract: Neoliberal urban policies penetrate social space and separate the «social» from «space» to the extreme of «neighbourhooding» not only the city but also the participation of citizenry for the sake of urban renewal and the attraction and accumulation of capital it represents. In the context of the announcement made by the Govern de les Illes Balears for the creation of a Law on Neighbourhoods and drawing on the articulation of theoretical problematizing and the an ethnographic study of the neighbourhood of Sa Gerreria in Ciutat de Mallorca, I proceed to analyse land value creation from the distinction and segregation of citizenry participation of the field of urban renewal. I adduce that the invocation of the «neighbourhood», and the ideas and matters it arouses, postulate Sa Gerreria as the precursor model of the neoliberal town-planning in Ciutat de Mallorca.

Keywords: Neighbourhood, neighbours' action, participation of citizenry, production of space, neoliberal town-planning

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Introducción

Discurso para la reforma y la participación

En su discurso inaugural en el debate de investidura celebrado el 3 de julio de 2007, el Molt Honorable Senyor President del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears formalizó su compromiso a favor de la «causa-barrial», ya anunciada por él mismo y otros candidatos de su mismo partido incluso antes de la apertura de la campaña electoral de los comicios autonómico y municipales:

«En política de vivienda, el alquiler tiene que ser una prioridad, habida cuenta de la gran cantidad de casas vacías que tenemos en los pueblos y en las ciudades. Pero, además, daremos un fuerte impulso a la rehabilitación de viviendas antiguas, de barrios y de pueblos. A estas iniciativas le sumaremos la aprobación de una Ley de Barrios, que facilitará las intervenciones integrales en los barrios y áreas urbanas más deterioradas, siempre con la colaboración de los ayuntamientos. Poner en valor la rehabilitación y la reconversión tiene un aspecto social muy importante pero también supone no ocupar más territorio y, a nivel económico, sirve para redirigir el sector de la construcción i asegurarle trabajo. Las políticas de vivienda estarán en el sistema medular del Govern. Tanto es así que quiero anunciar que mi Govern priorizará la Ley del Suelo y la Ley de Barrios (…)» (Antich, 2007: 22-23).

Unas semanas antes los cabezas de listas municipales de las tres formaciones que constituían el pacto que garantizaba la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ciutat de Mallorca[2] (de ahora en adelante Ciutat), y que correspondían a la misma constelación de fuerzas que a día de hoy ocupan el Govern y el Consell Insular de Mallorca, firmaron un compromiso de «sostenibilidad política». El compromiso se basa en el acuerdo de un modelo de ciudad a través de 20 ejes de actuación que permean el contenido de otros 18 acuerdos (cada uno de ellos con sus propias propuestas de actuación). La mayoría de estos acuerdos tiene que ver directa o indirectamente con temas de planificación incluyendo aspectos como la reforma urbana, el acceso a la vivienda, la dinamización ciudadana, la promoción turística, la proyección cultural, la protección patrimonial…

Interesa aquí apuntar dos de estos acuerdos: La mejora de los barrios y la creación de espacios libres gracias a, entre otras propuestas, la Ley de Barrios -idea presentada como opuesta a la Ley de Capitalidad[3]; y el punto concerniente a «civismo, participación y transparencia» y, en concreto, a la propuesta de la promoción de espacios de participación en cada barrio con el objetivo de «dinamizar» la «vida ciudadana», pero también de revitalizar entidades que históricamente han formado parte de la que se ha venido en llamar «sociedad civil» de Ciutat. Según la prensa y fuentes del mismo partido, la participación se hará por reglamento municipal y la mejora por ley autonómica siguiendo el modelo de la Ley de Barrios catalana, es decir, una ley: (1) que cree un fondo de fomento del programa de barrios y áreas urbanas de atención especial; (2) que defina los ámbitos urbanos susceptibles de ser considerados objeto de una atención especial a los efectos de la misma ley; y (3) que establezca un régimen jurídico del fondo. A esto se suma la posibilidad de poder acceder también a los fondos sociales y fondos de desarrollo regional europeos gracia al Programa Urban que sigue unas pautas similares al fondo de la Ley de Barrios en tanto que también es a los municipios a quien corresponde la ejecución de la reforma para obtener mejoras mientras que la evaluación y el seguimiento de los diversos proyectos que resulten, corresponde a un comité constituido por las administraciones autonómica y local y representantes de movimientos ciudadanos así como de agentes económicos y sociales.

La disyuntiva reforma/participación subyace a lo largo de la relación que se da entre el ámbito ejecutivo y el evaluativo y, hasta cierto punto, señala las contradicciones que se producen en el seno de la política urbana, al separar formalmente la forma geográfica y sus mejoras de la vida ciudadana y la participación. Esta comunicación no sólo se hará eco de estas contradicciones. Mediante la exploración de estas contradicciones, se hallaran, además, elementos relacionales de explotación de la ciudadanía (de su capacidad y acción participativas) por parte de las dinámicas de cambio que contiene la reforma urbana. Ello, suscita el debate sobre los regímenes de gobernanza urbana que se basan en la neoliberalización[4] del espacio (entiéndase espacio social) y que, por lo tanto, se concretan en la segregación, el subdesarrollo y la explotación de éste en aras de la atracción y acumulación de capital, en forma inmobiliaria, que representa la misma reforma urbana. Así, pues, mantener la ciudadanía (y su participación) al margen de la ejecución de la reforma no significa que no le sea útil a ésta, sino que todo lo contrario: el ámbito de las relaciones sociales que representa la participación evaluativa se hace imprescindible tanto para legitimar la acción de la reforma como para darle la necesaria intensidad y concretar su ejecución, además de conferir el espíritu que tales transformaciones demandan y producen.

Pero antes de entrar en la materia de la mercantilización de la ciudadanía, que supone la «barrialización», conviene presentar los fundamentos disciplinarios, metodológicos y teóricos que guían la presenta comunicación y que acotan el barrio y su producción cómo ámbito de análisis para las ciencias sociales y, en concreto, para la antropología social.

Disciplina, método y teoría

Si algo tiene de singular la antropología social respecto al resto de las ciencias sociales es la etnografía (y su necesario trabajo de campo) y, más concretamente, la observación y la crítica que la conforman (Wolf, 1999). El producto de la labor etnográfica aquí expuesto intenta ceñirse a esta perspectiva y encuentra su materia de trabajo en la relación que mantienen la necesaria planificación de la ciudad y la imposible planificación de lo «urbano» (Delgado, 2007). En el conjunto de las ciencias sociales que manejan la ciudad y lo urbano, los barrios y los vecindarios han dado qué pensar, reflexionar y discutir (Gravano, 2005); con mayor fuerza, si cabe, en la antropología social: en los barrios y vecindarios encuentra objetos susceptibles de ser etnografía dada su condición relativamente maleable en el ámbito de la cuestión urbana y de su concreción social a partir de:

a. La cambiante correlación de fuerzas económicas que se establece entre el mercado y la comunidad y como esta correlación configura las escalas del «más allá» y del «más acá» y dota de contenidos a cada una de ellas (Gudeman, 2004 [2001]). En esta dimensión, que confiere vecindad y distanciamiento, el barrio se presenta como una prueba empírica del «más acá» de estas relaciones estructurantes, a la vez que ámbito comunitario para el desarrollo de la vecindad.

b. La dialéctica que se establece entre «arriba» y «abajo» y, más específicamente, «las dinámicas políticas mediante las cuales los líderes intentan inculcar sus ideas en los pensamientos y prácticas del pueblo, moldear su cultura, y movilizar sus energías para trabajar y cumplir con sus objetivos (los de los líderes), siendo el principal objetivo una economía política sólida basada en las labores predecibles de sus comunidades políticas» (Kurtz, 2001: 131). En esta dimensión el barrio se presenta como un «abajo» de la ciudad apoyado en la vecindad.

La línea que aquí se plantea es la del análisis de la «sociedad de mercado» (Gledhill, 2007 [2004]) y, en concreto, la apertura al mercado de aquellos espacios que vinculan la organización gubernamental y la vecindad (Hannerz, 1993 [1980]: 272-350), es decir, aquellos espacios que son el nexo de lo público y lo privado (Mayol, 1994 [1980]) y a partir de los cuales el urbanismo neoliberal extrae recursos. A fin de poder explotar económicamente estas relaciones político-sociales, se promueve la disolución de la realidad urbana en barrios y/o unidades de vecindad por un lado y el sistema de comportamientos específicos respecto a la vida barrial y/o vecinal por el otro (Castells, 2004 [1972]: 91-137). El cómplice de este proceso de disolución se halla en la permanente confusión a que se presta la supuesta complementariedad normativa de las políticas de descentralización y de participación (Borja, 1988). Así, por un lado los barrios se presentan en términos geográficos (entiéndase en términos de la forma geográfica) y por otro en términos sociales (entiéndase procesos sociales).

Ese ámbito que podemos adjetivar de «barrial» (y que necesita de lo «vecinal») se produce bajo ciertas condiciones políticas y de mercado, se construye necesariamente de la presente materia histórica y, bajo posiciones de poder en contienda, se nutre de la práctica del espacio público y a menudo se mercantiliza como «estilo de vida». Lo que significa que existen tantas producciones históricas del barrio como grupos sociales hay en el contexto urbano y, aún más importante, existen diferentes patrimonios y memorias barriales dependiendo de la posición mantenida por cada uno de estos grupos. Así pues, cabe considerar al barrio como el producto de varios conflictos incrustados en procesos únicos.

Tanto la historia como la contienda, la práctica y las mercantilizaciones de todas ellas provienen, en todo momento, de la capacidad política del espacio social que desarrolla la comunidad respecto al mercado y que se plasma en las dinámicas políticas que precipitan la ciudad y lo «urbano», el barrio y lo «barrial» (Gravano, 2003), en el mismo tubo de ensayo. La ciudadanía es esta capacidad política del espacio social que en estos tiempos neoliberales se ve constreñida, enfajada, por el tipo de espacio que produce la sociedad de mercado: uno que da cobijo a sistemas de gobernanza a base de «allás» (el mercado) y «acás» (el barrio) y que se posiciona en la topología política de los «arribas» y «abajos».

A continuación exploraremos la noción de ciudadanía y el uso político-económico de su barrialización, una dimensión de la gobernanza urbana que en los últimos tiempos ha sido objeto de debate teórico por lo que respecta a su contenido y contexto a partir de posiciones disciplinarias y metodológicas de lo más variadas.

¿Ciudadanía de barrio, ciudadanía de mercado?

En el contexto de los estados de la UE (y el español no es una excepción) los derechos y obligaciones de la ciudadanía[5] se encuentran formalmente distribuidos a través de los gobiernos de sus diversas administraciones públicas, siendo la mayor de éstas la del mismo estado (aún está por verse como cuajarán los proyectos que labran la ciudadanía de la UE y del planeta) y la menor la del municipio. Aquí interesa este último nivel y, más concretamente, aquellos municipios que contienen concentraciones urbanas. De hecho, en la última década, las urbes se han presentado como entornos de gobernanza emergentes en la re-territorialización que dispone la globalización (Brenner, 1999) a la vez que en ámbitos de desarrollo de nuevas ciudadanías urbanas que pretenden dar respuesta a los problemas cotidianos que esta globalización suscita (Holston, 2001).

A menudo, y también vinculándose a la lógica de la «cercanía a» y de la cotidianidad, se ha visto en los barrios y los vecindarios la escala propicia para poder expandir esta participación que de por sí parece «fundar» la práctica de la ciudadanía urbana (Lowndes y Sullivan, 2007). El problema, empero, es la trampa que lo «local» puede llegar a entrañar (Purcell, 2006) si examinamos de cerca las desigualdades que se dan entre los barrios en el conjunto de la ciudad y más si nos centramos en la importancia de las competencias y el grado de toma de decisión que contiene esta escala de participación[6]. A menudo nos encontramos con que se abandera la participación ciudadana a través de los barrios mientras las administraciones locales les otorgan, no ya poca autonomía, sino pocos canales de participación democrática (Pratchett, 2004); y los usan (y con ello también a sus habitantes, a su movimiento vecinal…) para legitimar y hasta camuflar las políticas urbanas en programas de curas urbanísticas paliativas localizadas en los barrios y no centradas en las condiciones y necesidades de sectores de la ciudadanía u otros dominios urbanos (Andersson y Musterd, 2005).

Aquello de «lo pequeño es bello» no basta para ensalzar la escala barrial como entorno propicio para una verdadera participación ciudadana. Tanto las razones de «tamaño cotidiano» como de «participación directa» necesitan tratar del sistema en el que se inserta esta participación así como de su capacidad (Newton, 1982). Ahora bien, existe una cuestión aún más intensa y que es la arena donde se hallan, en constante combate, enfoques de procedencia diversa e incluso de naturaleza opuesta si nos atenemos a los extremos del pensamiento económico-político. Hayek, postulado como uno de los padres del neoliberalismo, argumenta:

«Mientras siempre ha sido característico de aquellos que favorecen el incremento de poderes gubernamentales el apoyar la máxima concentración de esos poderes, aquellos principalmente preocupados por la libertad individual han abogado generalmente por la descentralización. Existen razones de fuerza para pensar que la acción de las autoridades locales generalmente ofrece la siguiente mejor solución allí donde no se puede depender de la iniciativa privada para proveer ciertos servicios y donde por lo tanto se necesita de algún tipo de acción colectiva; ya que tiene muchas de las ventajas de la empresa privada y pocos de los peligros de las acciones coercitivas del gobierno» (Hayek, citado por Sharpe, 1970: 157-158).

Para Hayek, la descentralización de libertades en ámbitos de autoridad local (entendamos aquí el barrio como un ámbito meta-local) favorece la acción colectiva; que aquí aparece casi como un placebo de la iniciativa privada al tiempo que barricada a la coerción gubernativa. Cabe señalar dos observaciones al respecto: (1) por un lado la autoridad local se presenta como una autoridad carente de medios coercitivos; y (2) por el otro hay que entender esta coerción como una coerción a las capacidades individuales que, sumadas, conforman la acción colectiva. En las antípodas de la posición de Hayek, y concretamente con respecto a su particular visión de la acción colectiva, nos encontramos a Lefebvre (1974) que precisamente denuncia la descentralización. Así, el urbanismo, entendido como planificación del espacio urbano, tiene la capacidad, a la vez que la necesidad, de fragmentar la totalidad de lo urbano y someterlo a la lógica de compra y venta, a la dinámica de la plusvalía sobre la que se fundamenta la primacía del espacio poseído por encima del espacio vivido. Para Lefebvre, la fragmentación de lo urbano en vidas de barrio (Lefebvre, 1973) tiende a la privatización y, por lo tanto, a la pérdida de la capacidad de producir espacio: un espacio social para la acción colectiva. Aquí, la acción colectiva es acción pública y dista mucho de ser el producto de un conjunto de individuos.

El movimiento vecinal no escapa del concepto de acción colectiva y, de hecho, al menos para el caso español, se ha hecho un hueco en la sociedad civil como un movimiento del «más acá». Si nos centramos en ese ámbito caleidoscópicamente polisémico de la «sociedad civil»[7], observaremos que el «más acá» de la comunidad y el «más allá» del mercado se dan cita en ella, al tiempo que la convierten en un campo abonado para la consolidación de «nuevas tecnologías gubernativas neoliberales» (Swyngedouw, 2006) en las que la fuente de factura de esta misma sociedad civil adquiere la máxima importancia dado el juego de lealtades que suscita (Hodgson, 2004) con respecto a la pléyade de combinaciones que se dan en las relaciones entre la comunidad y el mercado.

Este trato del movimiento vecinal (o mejor asociacionismo vecinal) como parte de la sociedad civil es el que más se aproxima a la noción de «comunidad» sea, en sus vertientes romanticistas o regulacionistas, pero, sobre todo, como producto del contexto externo del acá y de las relaciones que tienen lugar en su seno (Defilippis y otros, 2006). Queda por ver, hasta qué punto el movimiento vecinal llega a contribuir, resistir o escapar a los embates de la apertura de la sociedad al mercado que ciertas políticas urbanas parecen favorecer; y, si es así, cómo se produce en los barrios y las redes vecinales que manejan.

En el siguiente apartado nos centraremos en una viñeta etnográfica extraída del trabajo de campo realizado en Sa Gerreria[8] [la alfarería], un precedente del proyecto urbanístico neoliberal de Ciutat que parece invocar el «barrio», y las ideas y materias que suscita, a lo largo de su génesis. Argumento que es el precedente más inmediato de lo que se anuncia en el discurso del President que encabeza esta comunicación; tanto por lo que respecta a la forma de la «reforma urbana» (y sus «mejoras») como a los contenidos de la «participación ciudadana».

El barrio de la reforma

El «barrio» de Sa Gerreria se encuentra en el margen este del centro histórico de Ciutat. Un centro hecho histórico a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte gracias a la influencia de la actividad turística que no es precisamente una novedad en las Islas Baleares. Sa Gerreria pero, no tiene fachada marítima, no cuenta con ningún monumento imponente (entendámonos, el más imponente son la chimeneas de sus extintas alfarerías) y se encuentra encajonada entre vías de cierta actividad comercial.

Sa Gerreria se anunció como proyecto de PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Sindicat en el Plan General de Ordenación Urbana del 1985 (pero no se concretó hasta el 1989). En el pasado, Sa Gerreria había comprendido varios vecindarios artesanos, comerciales e industriales. Entrado el siglo XX fue objeto, junto a otros barrios obreros del centro histórico, de varios anuncios y posteriores abandonos de proyectos de reforma y turistificación (González Pérez, 2006) en una suerte de «barbecho del suelo urbano» sujeto a la lógica inmobiliaria y a sus implicaciones sociales (Vives Miró, 2008) inherentes a la lógica espacial de la neoliberalización de la que el centro de Ciutat es un claro exponente (Franquesa, 2007).

Miembros del mismo patronato municipal de la vivienda han admitido en varias ocasiones que tanto el «éxodo» del centro urbano hacia zonas suburbanas y hacia el actual ensanche por parte de la población local, como algunas de las proyecciones urbanísticas habidas, dieron rienda suelta a una especulación del suelo que acabó en fracaso y consecuente guetización de estos vecindarios. A finales de los años setenta y principios de los ochenta la heroína hizo acto de presencia y su venta y consumo se mezcló de manera irregular con la prostitución, que ya imperaba en la zona desde hacia décadas transformándose así en lo que se conocería como Barrio Chino (o simplemente Barrio), un entorno construido alrededor de unas actividades consideradas ilícitas, pero sobre todo alrededor del estigma que las acompañaba (y aún hoy acompaña).

Inicialmente, y al menos a nivel formal, el PERI se inspiraba en el primer PERI conocido del estado[9]. Pero la situación político-económica de mediados de los ochenta no era la misma y la zona a reformar tampoco. Baste decir que aparte de contener los males de Ciutat, Sa Gerreria contaba con tantos nombres como vecindarios y «apegos barriales» existían al tiempo que se creaban diversas asociaciones de índole vecinal y/o comercial aquí y allá. Estos factores ralentizaron enormemente la producción de Sa Gerreria, en la que se observan dos fases bien diferenciadas y vitalmente interconectadas.

Una primera fase se centró en el uso de los medios de comunicación por parte del «arriba» para crear opinión pública y hasta cierta alarma social sobre el Barrio y las gentes y actividades que contenía. Este enfoque mediático no sólo tomaba forma como cruzada contra el vicio, sino que a la vez consideraba la necesidad de medidas higienistas para resolver el problema del deterioro del tejido social y de su entorno. Con esto, se conseguía dejar el suelo de Sa Gerreria en su mínimo potencial de uso por parte del conjunto de la ciudadanía, parcelándolo a manera de «tierra sin ley». Mientras, se intuían las posibilidades de cambio en base al diseño de varias propuestas, la última de la cuales sería abortada a inicios de los noventa debido a un cambio de fuerzas en el gobierno municipal y a la oposición vecinal a la construcción sobre la tabula rasa que se planteaba.

Una segunda fase consistió en las aportaciones promovidas desde entidades organizadas de la «sociedad civil» que inspiraron y legitimaron el nuevo PERI, ahora convertido en PEPRI (Plan de Protección y Rehabilitación Integral) de Sa Gerreria y gestionado por un consorcio público-privado que además contaría con el proyecto Urban-Temple del Programa Urban Community Initiative de la Unión Europea[10]. Todo ello acabaría en un cóctel de proyectos centralizadores del barrio con respecto a la ciudad en una etapa en que tanto el empuje de fondos comunitarios como la inclusión de los movimientos vecinal y «patrimonial» concluirían en lo que se llegó a calificar de «culminación de un proceso» en la conquista y transformación del centro histórico de Ciutat (Ajuntament de Palma, 1999).

Lo cierto es que, a día de hoy, el proceso de la reforma de Sa Gerreria todavía no ha culminado; sí parece haberlo hecho la reforma de la participación vecinal. Pasemos a ver las transformaciones del movimiento vecinal de Ciutat a partir de una asociación de vecinos que se creó en Sa Gerreria, que tuvo un altibajo considerable en la fase ejecutiva del PEPRI y que a día de hoy se recupera. Interesará, pues, analizar como se deterioró el tejido asociativo de raíz vecinal y como se ha recompuesto a partir de la inclusión de nuevos miembros que representan un perfil diferente de vecino con respecto a la anterior configuración asociativa.

La asociación del barrio

La asociación de vecinos de Sa Gerreria apareció el 1991 bajo el nombre de Canamunt-Ciutat Antiga. Su área de influencia recogida en sus estatutos abarca una extensión mayor que la de Sa Gerreria (e incluso que la de la unidad estadística Sindicat que incorpora el PEPRI de Sa Gerreria). Varios activistas vecinales provenientes de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma (a partir de ahora FAVP), que apareció a raíz del movimiento vecinal de finales de los setenta, y más o menos vinculados a partidos de izquierda (Alemany Morell, 1986) fundaron esta asociación desde la federación y contra el PERI concretado el 1989. Eran mayoritariamente nuevos en el Barrio y podríamos calificarlos de «aventureros», o una primera ola de «gentrificadores»[11]. Se cuidaron bien de reclutar a vecinos de toda la vida» que ocupaban posiciones de aprovisionamiento y eran foco de vecindad (colmados, panaderías…) así como a otros comerciantes organizados (pe. a través de las PYMEs) que deseaban la transformación del Barrio.

La acción de esta asociación fue, pues, ambigua ya que se movió entre la lucha política de sus dirigentes contra el ayuntamiento de signo contrario, la experiencia cotidiana del anuncio por parte de los focos de vecindad y el deseo de centralización por parte de los comerciantes organizados. Así, mientras que en un primer momento Canamunt-Ciutat Antiga se opuso a la expropiación y el derribo del barrio que postulaba el PERI y organizó a los vecinos entorno a la revitalización de las fiestas del barrio (abandonadas desde hacia décadas), acabó trabajando en la fase final de su diseño y contribuyó así a transformar el PERI en PEPRI en 1995. A esta lucha por el patrimonio del barrio, que tiene que entenderse en el contexto de la resemantización vecinal de la reforma urbana (Franquesa y Morell, 2005), se sumó una asociación de revitalización del patrimonio que de hecho se creó en 1987 a raíz del anuncio de reforma profunda para el Barrio en 1985. Lo que estaba en juego era el patrimonio industrial y la memoria obrera y artesana de Ciutat que este patrimonio evocaba.

Fue precisamente durante la puesta a punto de este patrimonio por parte de los esfuerzos centralizadores del Urban-Temple (a partir de 1997), cuando Canamunt-Ciutat Antiga se desinfló habiendo perdido precisamente la posibilidad de plantar cara al ayuntamiento de manera colectiva más allá del patrimonio. Además, dado que el consorcio encargado de la reforma y del Urban-Temple individualizó los ajustes de precios, las expropiaciones y las soluciones para gran parte de los vecinos, dejó atrás una frágil red de relaciones vecinales no organizadas en asociación formal en la periferia de la tabula rasa y que a día de hoy da sus últimos coletazos en algún que otro colmado. En otro orden de cosas, pero coincidiendo en el tiempo con la aprobación definitiva del PEPRI (definitiva pero sufriendo modificaciones constantes hasta su misma ejecución) y con el inicio del Urban-Temple, en 1996 se formó un movimiento contra la FAVP, que se encontraba al amparo de la Federació Palmesana d’Entitats Ciutadanes, en una suerte de federación de organizaciones y entidades ubicadas en el centro-derecha de la «sociedad civil».

A parte de un tímido resurgir a principios del nuevo milenio, motivado por el anuncio del PERI del Temple, aún no aprobado, al sur de Sa Gerreria y dentro de los límites de la asociación Canamunt-Ciutat Antiga, ésta se aletargó hasta junio del 2007, momento en el cual el cambio de color político en todas la instituciones locales apostó por las mejoras en los barrios y la participación ciudadana.

La refundación de Canamunt-Ciutat Antiga va de la mano del resurgir de las fiestas de vecinos en el barrio. Siguiendo con la misma táctica que cuando se fundó, se plantea volver al ruedo vía las fiestas del barrio. Algunos de los líderes vecinales históricos la dejaron recientemente y nuevos jóvenes vecinos los han ido sustituyendo; vecinos que llevan poco en el barrio (los de la segunda ola gentrificadora) y que lo desconocían hasta hace unos pocos años. Otra característica a destacar, que es todavía más relevante, es que los más militantes de entre éstos ya no provienen de la filas del movimiento vecinal ni tampoco de partidos políticos, sino que son propietarios de los nuevos negocios (de restauración sobre todo) que han aparecido vertiginosamente en los últimos tiempos en un barrio que todavía permanece a la sombra de las obras y sin muchos vecinos. Es esta gente quien ahora se encarga de realizar las fiestas del barrio aprovechando las mismas actividades que han venido llevando a cabo en los últimos años y que han protagonizado las más sonadas atracciones de visitantes al barrio.

Con los cambios habidos en el barrio cambian los vecinos y cambian, pues, las mismas prácticas que lo recorren. Allá donde hace ya un tiempo Sa Gerreria era el Barrio, ahora intenta ser ese margen del centro del centro de Ciutat que con su aura de historia de alfarerías olvidadas, sus callejuelas pintorescas y sus placitas encantadoras devienen el decorado perfecto para bares y restaurantes. Se trata del centro, sí, pero de un centro desenfadado y alternativo a ese otro centro. Y funciona para los nuevos emprendedores de la dinamización cultural, para los diseñadores de itinerarios turísticos diferentes (y, hasta cierto punto, divergentes de lo usual), para los nuevos restauradores que gustan de la bohemia y para el sector de la construcción y la promoción.

Nos encontramos pues con un renovado interés de Canamunt-Ciutat Antiga en crear valor en el barrio, un valor de barrio que ya no se centra en la vecindad y en el patrimonio sino que explota el recurso de la fiesta, otra vieja amiga del movimiento vecinal, a fin de acaparar centralidad y, con ello, autoridad y legitimidad. El problema, empero, consiste en la contradictoria evolución que ha seguido la asociación. Parece ser que a medida que ha ido echando raíces en el barrio, ha dejado de abogar por los elementos de justicia social que la fundaron a inicios de los noventa para, primero, pasar a explotar las bolsas de vecindad, luego, hacer del barrio patrimonio y, finalmente, una fiesta. No en vano un vecino miembro de la asociación apostaba por hacer del barrio un lugar atractivo para atraer más visitantes y así no permanecer excluidos de Ciutat y de su centro histórico.

Conclusión

A partir de la relación de las anteriores secciones, esta comunicación advierte de los peligros que entraña la dualización de la barrialización. Formalmente, hay dos barrios: uno para la planificación y otro para la participación. Sustantivamente, más bien parece que la desactivación (y por tanto la no-acción) política del asociacionismo vecinal, basada en la búsqueda de legitimidad en términos de capacidad cultural en detrimento de la acción social, abre caminos para la mercantilización de los valores barriales en los que inicialmente predominaba su valor de uso y no el valor de cambio. La neoliberalización del espacio social que incluye la vecindad, el patrimonio, la fiesta, etc. consiste en la centralización de éstos en el seno de la lógica de la reforma urbana al tiempo que ésta los mantiene formalmente fuera de ella.

En estos tiempos en que la reforma parece alimentarse de estos valores, la ciudadanía (barrializada o no) debe tomar las riendas de la reforma y participar en ella y no en las «externalidades»  que se mercantilizan para la consecución de plusvalías inmobiliarias. Las Leyes de Barrios y los Reglamentos de Participación no parecen, de momento, romper esta dinámica y es precisamente esta ruptura la que posibilitaría un espacio de contienda provechoso para el conjunto de la ciudadanía en términos de justicia social.

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