CIENCIA GEOGRÁFICA Y PRÁCTICA POLÍTICA. Un Programa de Investigación sobre la infraestructura territorial del Estado

Antonio T. Reguera Rodríguez

La relación elemental, aunque de la mayor objetividad, que el hombre mantiene con el territorio está motivada por necesidades de su pervivencia; es por tanto una relación económica, identificada en términos de recursos, procesos de trabajo, producciones y mercancías. Pero también lo es jurídico-política, cuando median o se simultanean prácticas de apropiación del territorio. Estamos hablando de fuerzas de producción en el primer caso, y de relaciones de producción en el segundo. En conjunto se trata de la determinación social de la producción o de los procesos de trabajo. Bajo el principio de que las formas son funciones de las fuerzas, la fisonomía resultante tras la ocupación y ordenación del territorio responde a las fuerzas del mercado y a las relaciones de poder. Ambos, mercado y poder han logrado crear sobre bases perdurables una institución garante de la paz social y de la práctica de la contratación. Nos referimos al Estado. Evidentemente, tratándose de sociedades clasistas, el Estado hay que entenderlo como un instrumento de clase, desde donde se ejerce el poder con diferentes grados de control.

En este Programa nos ha interesado, ya desde sus primeras formulaciones, estudiar las implicaciones que el propio Estado desarrolla entre su dimensión como ente jurídico y su propia infraestructura territorial. Territorio, mercado y Estado constituyen los fundamentos conceptuales de una Geografía Humana que pretende trascender la imagen plana del "paisaje con figuras", carente de perspectiva y profundidad, tanto espacial como temporal. Si dinamizamos el "cuadro", tres palabras resumen los procesos que nos interesan: relación, producción y gestión. De forma más explícita, hablamos de los grupos sociales en un permanente conflicto de intereses, de la economía de mercado como marco en el que se inscriben la producción y la distribución de recursos y del Estado como institución que tutela la organización político-juirídica de la sociedad.

Estos planteamientos constituyen el eje de una estrategia científica que ha pretendido guiar la práctica del conocimiento hacia objetivos diversos, aparentemente múltiples, pero nacidos del mismo tronco. Forman por tanto una estructura dendrítica, cuyo porte y densidad en ningún caso pueden ser deducidos de las enumeraciones y observaciones sumarias que se hacen a continuación.

Objetivos

La acción del Estado sobre el territorio es ubicua y omnicomprensiva, pero se materializa de forma selectiva guiada por prioridades económicas y políticas. Nos hemos planteado con preferencia a cualquier otro objetivo la ordenación básica, o infraestructural, del territorio del Estado. Ésta se explica en tres direcciones:

La primera, más política, persigue la definición de posiciones y de esquemas de relación. Incluye la delimitación, la selección de núcleos, la definición de unidades territoriales básicas, el trazado de redes de comunicación....

La segunda ha hecho del análisis científico del territorio una prioridad de los Estados modernos, considerando como tales los creados en el contexto mismo del desarrollo de la ciencia política durante el siglo XVI. Dicho análisis implica a una serie de ciencias -astronomía, geografía matemática, geodesia, cartografía, topografía- que han experimentado por ello un fuerte impulso tanto en su estatus científico, como en su institucionalización. La medida rigurosa del territorio a los efectos de apropiación, parcelación y compra-venta y su representación fiable se convierten así en preferentes objetos de estudio que nos descubren aspectos esenciales de la acción planificadora y reguladora del Estado.

La tercera dirección relaciona el territorio con dos proyecciones epistemológicas muy matizadas: la eco-nomía y la eco-logía. En el primer caso, el territorio se presenta metamorfoseado en recursos apropiables -yacimientos- y potenciales -el suelo como agente productivo-. Las respuestas proceden de la geología y de la edafología. En el segundo, un conjunto interrelacionado de múltiples elementos bióticos y abióticos ha dotado de contenido científico a los discursos ambientales y está impulsando la institucionalización de la ecología como práctica específica del Estado en el marco de la ordenación territorial.

Este nivel infraestructural, que es básico y general a la vez, se hace compatible con objetivos más específicos. Tales como la utilización, para examinar la intervención territorial del Estado, de las dos categorías clásicas del análisis territorial: el campo y la ciudad. Al margen de la vieja dicotomía campo-ciudad, otras categorías reflejan las múltiples representaciones que el Estado adopta para definir ámbitos específicos de ordenación territorial. Son las unidades territoriales no sistemáticas, tales como las zonas regables, las comarcas de acción especial, las zonas de urgente reindustrialización, los polígonos industriales, las reservas naturales, las áreas de interés paisajístico, etc. Junto a éstas, expresión de una política territorial selectiva que se centra en el estudio y tratamiento de "casos", la homogeneización instrumental y la integración como estrategia es proyectada por el Estado hacia el territorio mediante su reparcelación en unidades territoriales sistemáticas: municipios, provincias, partidos, comunidades, mancomunidades...

Ninguno de los ámbitos espaciales señalados deja de ser significativo para comprender las profundas relaciones que existen entre geografía y política; entre el territorio y el Estado. En los Proyectos de Investigación que hemos realizado o están en curso asumimos el estudio de estas "espacialidades" como aportaciones al plan general: la ordenación básica del territorio del Estado. Estas aportaciones son de dos tipos: cuantitativas, o de acumulación de nuevos datos y conocimientos, y cualitativas, más inclinadas hacia la exploración de nuevas o matizadas interpretaciones.

Resultados

Siguiendo un criterio cronológico, las aportaciones a este Programa de Investigación se han sucedido a lo largo de las siguientes fases, identificadas con Proyectos concretos.

La primera se inicia con la década de los ochenta en la Universidad de Sevilla. Con ocasión de la definición de un primer Proyecto de Investigación, relacionado con el disfrute de una Beca del Plan de Formación del Personal Investigador, quedó abierto un camino que se adentraba en los territorios de la Geografía Humana; pero de una Geografía Humana no entendida como la Geografía del hombre, donde se asienta o habita, sino como la Geografía construida por el hombre. Esta acepción más dinámica reporta sin duda más satisfacciones intelectuales, ya que sitúa en el centro mismo de la investigación las indagaciones en profundidad. En esos años en la baja Andalucía seguían en vigor algunas de las viejas reivindicaciones relacionadas con la propiedad de la tierra. Lejos de ser el reflejo recurrente de una "interiorización" reservada a la psicosociología, la cuestión podía ser tratada y entendida adecuadamente situando en el centro de la misma la realidad geográfica, o mejor geohistórica, que la sustentaba. En esencia se trataba de un problema de reparto de medios y fuerzas de producción y de control de relaciones sociales. Algunos estudios sobre la estructura demográfica (Estructura y dinámica de la población de Los Palacios, 1981) y sobre la estructura de la propiedad de la tierra (Análisis crítico de la intervención estatal en la propiedad de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir, 1983) pusieron de manifiesto el profundo desajuste que existía entre una mayoritaria clase obrera con una demografía muy expansiva y unos propietarios agrícolas que en su mayoría seguían confiando en la rentabilidad suficiente que proporcionan las producciones mediocres de grandes extensiones de terreno. Sin otras alternativas productivas ni de emigración -estamos a mediados de los años setenta-, para el Estado tan situación no dejaba de comportar riesgos o de suscitar preocupación por sus consecuencias políticas y sociales. Delimitando un marco espacial de actuación -la denominada Zona Regable del Bajo Guadalquivir- el Estado interviene activando los instrumentos legales y técnicos con los que venía aplicando desde hacía varias décadas la política de colonización. Aparentemente lo hace en el ejercicio autónomo de la política, pero es la óptica del capital la que guía dicha política. En el libro que recoge la parte central de esta investigación (Transformación del espacio y política de colonización. El Bajo Guadalquivir, 1986) desarrollamos la tesis de que el espacio en general y la agricultura en particular van siendo penetrados en sus contenidos, formas y estructuras por la expansión en "horizontal" del sistema económico, que tiende hacia la construcción de todo el espacio como espacio de y para el capital. En él se analizan las transformaciones operadas en un espacio parcialmente virgen, las marismas del Guadalquivir, mediante un amplio plan de construcciones infraestructurales: redes hidráulicas, riegos, parcelaciones, nuevas poblaciones. El resultado será la creación de un espacio productivo sobre el que se asienta una fuerza de trabajo muy específica: el campesinado parcelario. Su pretendido estatus de pequeño productor primario independiente muy pronto quedó superado con la progresiva asalarización en favor de las grandes empresas agrarias de la zona fuertemente capitalizadas a raíz de la inversiones hechas por el Estado. Se comprobó finalmente que las prácticas colonizadoras seguían siendo uno de los factores más dinámicos en la génesis de la "geografía humana". Articulaban la expansión del capitalismo en la agricultura, reordenaban con ello el espacio, incluyendo la construcción de un nuevo hábitat, reclasificaban la fuerza de trabajo y proporcionaban grandes inversiones iniciales de capital fijo.

Esta deriva socioeconómica de las prácticas colonizadoras en la zona que estudiamos rasgaba cualquier veladura que impidiera apreciar con toda nitidez la verdadera naturaleza de las intervenciones territoriales proyectadas y realizadas por el Estado. Si los hombres y sus condiciones de vida quedaban en una situación de dependencia con relación al capital agrario y su ley de acumulación, -esta tesis no pasaría desapercibida en la amplia utilización que de estos trabajos se hace en la obra de síntesis Historia y evolución de la colonización agraria en España, Tomo IV-, las tierras también comenzaban a mostrar los efectos de un tratamiento productivista aplicado con grandes alardes técnicos y con un escaso conocimiento científico. Así, la rápida desalinización de los suelos con los primeros lavados, dio paso a una no menos rápida resalinización de los mismos tras los primeros ejercicios de cultivo (Algunos problemas derivados de la irrigación de amplias zonas de las marismas del Guadalquivir, 1985). Es el propio Estado el que pone en marcha el proceso transformación-producción-acumulación en detrimento de la conservación, el equilibrio y la moderación que aconsejaba la naturaleza de un suelo en formación. En esos años aún no se había empezado a diferenciar los ecosistemas naturales de los biotopos del capital.

Razones profesionales, medidas en términos de distancia geográfica, nos impidieron seguir profundizando en los procesos y prácticas colonizadoras para ampliar, como teníamos previsto, el análisis temporal y la difusión territorial de las mismas. Pero dado que, tal como señalamos, la acción del Estado sobre el territorio es omnicomprensiva y a la vez selectiva, el traslado a la Universidad de León dio paso a un nuevo Proyecto de Investigación centrado en la construcción y en la planificación urbana; es decir, en el papel asumido por el Estado en una ciudad que es construida por el capital. Aparentemente el cambio ha sido brusco, pero tan sólo hemos desplazado el ámbito de comprobación. Para lo esencial de este Programa seguimos tratando de lo mismo: del territorio, del mercado y del Estado.

La ciudad de León está a punto de cumplir los dos mil años de historia. La tarea de reconstruir el proceso evolutivo de la misma desde su origen se presenta como un reto muy ambicioso. Fue asumido y el resultado se convirtió en una Tesis Doctoral (La ciudad de León. Análisis dialéctico de su construcción y de la política de planeamiento local, 1987). Aunque se hace una identificación y análisis de las principales fases del amplio periodo señalado, sin embargo el principal aporte documental e interpretativo corresponde a los dos últimos siglos, periodo a su vez segregado, a efectos de publicación, en dos unidades por conveniencias editoriales (La ciudad de León en el siglo XIX...,1987 y La ciudad de León en el siglo XX..., 1987). Con la progresión del régimen liberal, progresaba también la economía de mercado, afectando la onda expansiva al espacio urbano. En algunos trabajos indagatorios pudimos comprobar en qué términos se empezó a plantear la superación del modelo "cerrado" de ciudad por otro "abierto" (Economía de mercado y procesos urbanos..., 1985, y Reforma urbana liberal e infraestructura de saneamiento..., 1987); pero el tratamiento sistemático de esta cuestión capital del Proyecto ocupó uno de los capítulos principales de la Tesis (La ciudad de León en el siglo XIX..., 1987). Con el subtítulo Transformaciones urbanísticas en el periodo de transición al capitalismo se enuncia la idea-guía que orienta la selección temática y el marco teórico elegido. Se trataba de comprobar, una vez que el suelo urbano se estaba incorporando a los circuitos de la producción, el papel director o tutelar ejercido por el Estado en el proceso de planificación y construcción de la "ciudad del capital". Las desamortizaciones, modificando el régimen de la propiedad, la construcción de la infraestructura ferroviaria, la reforma interior, modificando en lo posible la herencia recibida, y la expansión exterior bajo la modalidad de "Ensanche" o nueva alternativa de ciudad ordenada nos permitieron comprobar la intervención sistemática del Estado institucionalizando el Urbanismo moderno, identificado con la reflexión teórica sobre la ciudad y con las prácticas de ordenación, regulación y previsión de su crecimiento. El antiplán del liberalismo no podía sostenerse en la práctica cuando el mercado estaba sembrando la escena urbana de contradicciones: entre grupos sociales, entre espacios, públicos y privados, y entre actividades; e incluso entre fracciones del capital, unas más especulativas y otras más productivas, interesadas ambas en gestiones y valoraciones muy diferentes, francamente opuestas, del suelo urbano.

En el último capítulo, publicado bajo el título La ciudad de León en el siglo XX. Teoría y práctica en el urbanismo local, 1987, se aborda el proceso de construcción del Ensanche en medio de un conflicto de intereses cuyo desarrollo nos ilustra con toda claridad respecto al principio general enunciado de que las formas son determinaciones de las fuerzas. En este caso, las formas urbanas, los primitivos trazados del Ensanche -jerarquía, número y orientación de calles, forma y tamaño de las manzanas- fueron reiteradamente modificados por las presiones ejercidas por los propietarios con capacidad para inducir cambios que serían admitidos por las instancias competentes en la aprobación del proyecto. Con todo, esta era una contradicción de segundo orden. La principal se había ya planteado en otros términos. El Ensanche se había concebido -además de la selección que causa per se el mercado del suelo- como una solución habitacional para las "clases acomodadas"; es decir, para la burguesía, que controla los negocios mineros, el comercio y una incipiente industria. Pero la "ciudad del capital" no es tal sin el concurso de la población obrera. ¿Dónde alojar a esta creciente masa de emigrantes si el Casco Antiguo estaba saturado y el Ensanche vedado?. En las afueras, en el extrarradio o espacio suburbano, nueva cristalización de la acumulación urbana. El Estado interviene, instado por la necesidad imperiosa de viviendas de demandantes insolventes, con programas de construcción muy limitados. Son las "casas baratas", las "viviendas económicas" o las "viviendas de renta limitada". El grueso del mercado quedará totalmente en manos privadas que eligen el modelo operativo: el proyecto de urbanización zonal, las parcelaciones particulares o el "edificio a edificio" a lo largo de los grandes ejes. En esta fase de libertinaje urbanístico los procedimientos constructivos son tan variados como las posibilidades individuales, concretándose las variantes de la infravivienda, la autoconstrucción y los primeros barrios "seriados" por la acción de las Cooperativas y de las primeras empresas de la construcción. Entre tanto, el Urbanismo logra recuperar su idea esencial, la de regulación e intervención con la promulgación de la Ley del Suelo de 1956. Institucionaliza el planeamiento urbanístico a escala municipal, o de conjunto de municipios que forman una ciudad, superando aparentemente la fase de indefensión jurídica precedente; pero el optimismo que suscita para el futuro está en relación con las posibilidades de interpretar la Ley exclusivamente en la óptica del mercado. Es lo que G. Campos Venuti ha denominado urbanismo "de hecho". En una última publicación sobre la ciudad (La ciudad de León. Espacios y tiempos, 1996), que recopila varios trabajos realizados durante los últimos diez años, hemos avanzado en el estudio del proceso urbano hasta el periodo constitucional y de Ayuntamientos democráticos. Calificamos el momento como de urbanismo "de derecho". Las intervenciones en pro del mercado han de compensarse con equipamientos, infraestructuras y servicios directamente relacionados con las condiciones de vida de las personas y no entenderse exclusivamente al servicio de las condiciones de reproducción del capital. La participación de los ciudadanos en la gestión del territorio -de la ciudad- produce tendencialmente una humanización del Estado.

Los tres elementos básicos del Programa Investigador -territorio, mercado y Estado- se combinan de tal forma que nunca se agota la posibilidad de descubrir nuevos significados. Al Estado convertido en instrumento político en favor de la oligarquía terrateniente a través de la capitalización agraria, y al Estado tutelando el proceso de mercantilización del suelo urbano, debemos añadir ahora la instrumentalización política del propio territorio del Estado. Esta idea está presente en el origen del Estado moderno -como veremos-, pero tendrá un amplio desarrollo en los dos últimos siglos impulsada por dos motores: la teoría del cuerpo social, difundida por la burguesía, y la teoría orgánica del Estado, apropiada por el nacionalismo. En medio de estos dos baluartes fluye el curso de una geografía profundamente ideologizada que, por alcanzar la grandeza de la patria, ha rozado la miseria intelectual. Hablamos de una geografía política, de una geopolítica, que sobreinterpreta la realidad geográfica, la tergiversa y hasta llega a falsificarla. Es propio de los nacionalismos en cualquiera de las fases de su ciclo vital -nacimiento, desarrollo y decrepitud- pervertir la naturaleza de la relación primaria que el hombre mantiene con el territorio -la de supervivencia y progreso-, tratando de imponer la relación de identidad y de pertenencia que provoca la exclusión y la conquista.

Hemos abierto una línea de investigación con el propósito de estudiar estas formas de entender y manipular el territorio. Algunos resultados (El origen del pensamiento geopolítico en España, 1990, y Fascismo y geopolítica en España, 1991) pusieron de manifiesto la concurrencia multidisciplinar -historiadores, geógrafos, militares, políticos, literatos, publicistas- en el apoyo de un plan que tenía por objeto la suplantación de la propia idea de Estado por la idea de nación. Las motivaciones que tiene una comunidad para renacionalizarse pueden estar relacionadas con el reducto protector de una mitología ancestral, pero también con el blindaje ideológico que a escala regional se autoproporciona el capitalismo apátrida. Desde que se institucionalizó el Estado-nación y el capitalismo inició su desarrollo, estas formas de entender y resolver las contradicciones inter e intraestatales no han dejado de ensayarse. En este marco interpretativo hemos situado la sucesión de conflictos relacionados con la desaparición de la antigua Yugoslavia (Yugoslavia: contextos y procesos de dialéctica geohistórica, 1994), todos ellos fomentados por el recurso a formas bárbaras de resolver las contradicciones entre pueblos, etnias, culturas o clases. Aunque esta proyección del territorio en el discurso político tuvo su máxima expresión durante la gran eclosión de los fascismos; sin embargo, la fase de incubación fue mucho más amplia. Tomando como ejemplo el caso español, hemos expuesto en un reciente trabajo (La formación de la conciencia africanista en España, 1998), como el nacionalismo, a lo largo del siglo XIX, va cobrando fuerza a medida que desaparece el imperio colonial y se activan las contradicciones entre clases. Promueve una ideología expansionista que pretende orientar la acción política hacia el continente africano, no tanto a fin de conquistar espacios para la expansión del capital, como para ocultar el reparto de la riqueza y el modelo de relaciones sociales en el interior. En consecuencia, las tesis y los debates sobre la "pobreza de nuestro suelo" tendrán una amplia repercusión en la opinión pública. Los representantes editoriales de la oligarquía terrateniente estarán muy de acuerdo en relacionar los latifundios con la geografía y no con la historia; y los africanistas encontrarán en dicha tesis un aval de similar categoría para justificar la proyección nacional hacia el exterior.

En el devenir histórico el siglo XVIII se identifica con un periodo de transición. Por ello ofrece un marco temporal en el que se cruzan y solapan varios conflictos. En el terreno de las ideas y la formas de pensar, la iluminación se opone a las sombras que sigue proyectando la pervivencia de la "noche gótica". Frente a una sociedad estamental en franca decadencia, pero aún poderosa, avanzan posiciones los nuevos grupos sociales portadores de valores como el trabajo, la ciencia, el mérito , el contrato. En el campo de la política, una nueva dinastía se instala en España tras conquistar literalmente el poder, imponiendo un régimen despótico, apenas atemperado por el calificativo de "ilustrado", que se traduce en una profunda centralización político-administrativa neutralizadora de cualquier veleidad autonomista. Cuál sea el sentido último del giro que ha tomado la organización de la máxima estructura de poder está aún por dilucidar. Podíamos entender que se trataba de apuntalar un modelo social en avanzado estado de disolución; pero también cabe la explicación contraria: la de abrir cauces de expansión a la nueva sociedad que está emergiendo. Puesto que no se hace comprensible que un mismo efecto pueda deberse a causas tan contradictorias, hemos de pensar que la estrategia de la institución monárquica será la de defenderse a sí misma, en un momento en el que la contradicciones sociales de fondo anunciaban conflictos de superficie. Estamos en consecuencia ante un viejo problema: el de la "seguridad del Príncipe"; un problema fundamentalmente político que roza múltiples aspectos de la vida de los súbditos. De ellos nos interesa el territorial.

En efecto, se procede a una reordenación básica del territorio del Estado, acentuando las medidas centralizadoras que introducen racionalidad, eficacia y hasta una geometría estricta en los sistemas de control y de dominación social. La comprobación de esta tesis, tomando como campo de análisis el amplio programa de política territorial que conciben y aplican los ilustrados, orientó un Proyecto de Investigación cuyos resultados aparecen publicados en el libro: Territorio ordenado, territorio dominado. Espacios, políticas y conflictos en la España de la Ilustración, 1993. La relación territorio-Estado aparece en este caso marcada por la política, concebida con un elevado grado de autonomía con respecto a otras instancias. Se trataba entonces de intervenir, de reformar,..., de ordenar para seguir dominando, en un momento en el que la vieja sociedad feudal y sus instituciones habían entrado en una fase terminal, de disolución, y la propia institución monárquica no escapaba a ese mismo proceso. En esta situación caben todo tipo de alianzas y de medidas contradictorias. Aunque el Programa de los ilustrados se caracteriza por los síntomas de apertura en todos los grandes capítulos de la política territorial: las comunicaciones, como elementos básicos de ordenación territorial, las obras hidráulicas, como bases para la producción de riqueza, las colonizaciones y repoblaciones, como nuevos ensayos de organización socio-espacial, y el higienismo urbano, como un avance de reflexión ambientalista sobre la ciudad que induce un específico programa de reformas en la misma -puertos, infraestructuras, servicios, nuevos barrios...-; sin embargo, el control social y la práctica política sigue respondiendo a un modelo autoritario sobre el que no cabe duda alguna que la soberanía reside en el rey. La Iglesia por su parte no ha cedido un ápice en su estrategia temporal de otorgar legitimidad a la pervivencia del Estado absoluto. La pervivencia de la Inquisición ejemplifica el rigor en el control de las conciencias en un momento en el que un nuevo humanismo exalta la razón.

En estas condiciones, la geografía adquiere un protagonismo especial. El énfasis puesto en la ordenación territorial acentúa el propósito de dominación social, con la marginación de la propia sociedad, inmortalizada en el conocido lema de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Sin embargo, la luz, a la vez que ilumina, es capaz de generar nueva vida. En el seno de la Ilustración existía un nuevo principio fecundante que muy pronto se convertiría en el embrión del liberalismo. Esta nueva fuerza agitaría la sociedad en su conjunto, de tal forma que ni la Monarquía, ni la Iglesia, con sus cuantiosos bienes amortizados, ni el viejo aparato institucional quedarían al margen de un propósito verdaderamente revolucionario: hacer del individuo propietario la clave de una nueva arquitectura social. Consecuentemente se hacen explícitas nuevas necesidades territoriales, aunque el viejo esquema geopolítico fuertemente centralizado es enteramente aprovechable cuando, desplazado el protagonismo al campo de la economía, se trataba de construir un mercado nacional. Estas nuevas necesidades son, por tanto, a la vez de naturaleza geopolítica y geoeconómica; pero sobre todo exigen un conocimiento mucho más riguroso y profundo del territorio. Exigen un análisis científico, en profundidad, del mismo, hasta el punto de que el tradicional discurso geográfico ha de completarse con el acceso a un campo interdisciplinar en el que concurren la geometría, la geodesia, la geología, la topografía y la cartografía, principalmente. El nivel de institucionalización alcanzado para sistematizar los estudios y prácticas territoriales consecuentes ha sido el objeto de estudio de un Proyecto de Investigación que hemos titulado "Geografía de Estado", habiéndose publicado recientemente con este mismo título (Geografía de Estado. Los marcos institucionales de la ordenación del territorio en la España contemporánea, 1800-1940). Los planteamientos iniciales y el desarrollo de contenidos que hemos seguido se resumen a continuación.

En el devenir del Estado moderno, en cuanto ente territorial, podemos observar la sucesión de dos fases bien diferenciadas. La primera se identifica con el desarrollo del capitalismo comercial, de los grandes descubrimientos geográficos y de grandes potencias oceánicas que han logrado elevar a la categoría de ciencia política la proyección universal del Príncipe renacentista. Temporalmente los hechos se sitúan entre finales del siglo XV y principios del siglo XIX. Para estas últimas fechas el objetivo de conocer el mundo va dejando paso al propósito de transformarlo. La burguesía comercial da un paso decisivo hacia la producción, inaugurando la primera gran revolución industrial. En este tránsito, ningún fundamento estructural -economía, política, ideología- queda al margen, proyectándose dentro del todo que cambia hacia otras dimensiones de la realidad. Por ejemplo, hacia la territorial o geográfica.

En la primera fase, El Estado es reconocido en términos de conquista, dimensiones y defensa de un territorio. En la segunda, agotadas en buena medida las posibilidades de expansión en horizontal, se procede a un cambio cualitativo en las relaciones. Esto significa, siempre en relación con el territorio, que de la acumulación -en el contexto mismo de la acumulación primitiva de capital- se pasa a la transformación; y de la identificación, al conocimiento. Este cambio de fase quedó acreditado en España con el amplio debate que sobre el territorio se desarrolló en las Cortes de Cádiz tras su inauguración. Planteándose la liberalización con un carácter instrumental ante la finalidad de la apropiación, se trataba de redefinir un nuevo estatus jurídico acorde con los propósitos de una economía de mercado; y de asentar la nueva estructura de poder emergente sobre la base de una adecuada parcelación administrativa. Después de varias décadas de ensayos, tras el modelo de división territorial aprobado en 1833 se impuso la lógica política de la "razón provincial".

Los objetivos de inventariar y representar el territorio sufren un mayor retardo. En rigor se trataba de empresas cuya infancia se prolonga durante todo el siglo XIX. Los múltiples ensayos de institucionalización -Gabinetes, Depósitos- con ellos relacionados muestran el voluntarismo de los responsables de la política territorial, pero no se dan las condiciones para garantizar su eficacia, y ni siquiera su continuidad. La situación empieza a cambiar cuando la propia Administración es capaz de secretar un órgano percibido como instrumento articulador de la política territorial en su conjunto. En el Estado español este papel fue asumido por el Ministerio de Fomento, en el que convergen varias líneas de acción institucional: los viejos asuntos relacionados con la "Policía general del Reino", el fomento de la riqueza y la nueva planificación y ordenación territorial que demandaba a contrario la desorganización del mercado. Además, dado que el modelo social y de reorganización del Estado cambia en conjunto, no era posible abordar los nuevos objetivos territoriales con el equipamiento científico-técnico heredado. Después de varias tentativas asociadas a los periodos de mayor progresión liberal, llegará a consolidarse la creación y progresiva revalorización de un creciente número de Ingenierías civiles: Caminos, Canales y Puertos, Minas, Montes, Agrónomos, Industriales, Geógrafos... Constituyen el "brazo armado" del que se dota la política liberal hacia el territorio en su dimensión tanto infraestructural, como de depósito de recursos.

Hacia mediados del siglo las bases para entender el territorio ya estaban establecidas; sin embargo, su operatividad distaba de ser satisfactoria. Así se explica, en consecuencia, la reminiscencia o reproducción de dos prácticas anticuadas de valor estratégico en relación con el territorio: su inventario, a través de las operaciones geográfico-estadísticas dirigidas por Pascual Madoz, y su representación, por medio del Atlas de España de Francisco Coello. Sin embargo, no fueron prácticas baldías; marcaron el tránsito hacia los proyectos del Catastro y del Mapa Topográfico.

En el proceso de formación del estatus institucional del Estado en materia de geografía, a la creación del Ministerio de Fomento y de varios Cuerpos de Ingenierías civiles en los años treinta, se unía, iniciada ya la segunda mitad del siglo, un hito de la máxima relevancia. Se trata de la promulgación de la Ley de medición del territorio en 1859, junto a un amplio desarrollo de disposiciones complementarias y reglamentarias. Podríamos decir que se plantea el problema geográfico en su globalidad, a la vez que se hace compatible con tratamientos especializados: geológico, hidrológico, forestal, agronómico, catastral, urbanístico... Así, los viejos y renovados objetivos geográficos del Estado se descomponen en prácticas de geometría técnico-normativa, cuya importancia se reconoce en el rigor de la medida, el cálculo, la evaluación y la representación cartográfica. Un propósito cuasifilosófico -la "medida de todas las cosas"- da coherencia a la política territorial del Estado y al "plan matemático" que con ella se relaciona. En la práctica se trataba de medir parcelas, términos municipales, ciudades, carreteras, concesiones mineras, montes públicos,etc.

La densidad de elementos relacionados con la geografía del Estado presentes en sus instancias proyectivas y operativas, como eran las dependencias -Direcciones, Juntas, Comisiones- y técnicos especializados -Ingenierías y otros Cuerpos-, las leyes y los planes específicos, y la renovada vigencia de los antiguos proyectos del Catastro y del Mapa Topográfico, cristalizan en la creación en 1870 de una institución específica, el Instituto Geográfico. A su dirección quedarán confiados los planes de análisis, inventario y representación del territorio enunciados en la Ley de 1859; aunque de inmediato empieza a ser reconocida su labor por el impulso dado a la elaboración del Mapa Topográfico Nacional, lo que exigía, en aras del rigor científico, un trabajo entres frentes: el geodésico, el astronómico y el topográfico-catastral. Desde 1870 en que se concretó su planta en el seno de la Administración central, la vida del Instituto Geográfico es comparable a una estructura dendrítica que se fortalece en todas sus partes. Ello no puede sino ser síntoma de la consistencia que va adquiriendo la tesis central de la existencia de una Geografía de Estado. Además, no constituye un aval menor de la misma el hecho de que la primera infancia del Instituto transcurriera en medio de circunstancias políticas muy contrastadas. Tampoco constituye un acontecimiento sin importancia la unificación en el año 1900 de varios grupos de profesionales que trabajan para el Instituto bajo el manto único de una nueva Titulación: la de los Ingenieros Geógrafos.

A principios del siglo XX el organigrama funcional del Instituto Geográfico era muy complejo debido a la cantidad de competencias que había ido asumiendo: la astronomía, la geodesia, la topografía, el catastro, la cartografía, la metrología, etc. Sin embargo, una cuestión de calidad hace que de la evolución científica surjan nuevas variedades específicas. Así, el proceso de especialización experimentado por la geografía en el campo científico no dejará de tener su reflejo en el ámbito institucional. De esta forma, el tronco de la geografía deriva en soportes múltiples, en ramificaciones más densas y en raíces más profundas. En efecto, entre los últimos años del siglo XIX y primeros del XX aparecen y se consolidan tres experiencias institucionales que no dejan lugar a dudas sobre la especialización del saber geográfico en el seno de la Administración. Tres Institutos: Meteorológico, Geológico y Oceanográfico, ponen de manifiesto el interés del Estado por situar bajo su control la producción sistemática de nuevos conocimientos. Los que hacían posible la predicción del tiempo en un momento en el que aparecen los primeros rudimentos de la aviación y se inicia la exploración aeroespacial. Los que tenían por objeto conocer e inventariar los recursos del subsuelo cuando se pretende implantar las bases de una industria moderna: siderurgia, química, electricidad. Los que, por razones estratégicas, económicas y geopolíticas, favorecen la proyección expansiva del Estado hacia los espacios marítimos.

Durante los años veinte y treinta del presente siglo, la lucha política por el control del aparato del Estado se desarrolla con exasperación. En el fondo lo que se dirime es el control de los medios de producción y el modelo de relaciones sociales que había sido impuesto desde el triunfo del "orden moderado" en el pasado siglo. Las instituciones geográficas no quedarán al margen de la dialéctica que se plantea. Por ejemplo, una cuestión capital como era la propiedad de la tierra redefine las prioridades del Instituto Geográfico de tal manera que, con la denominación añadida de "Catastral", se plantea "en serio" hacer el inventario riguroso de la misma. Sin abjurar de este objetivo, los directores de la política territorial republicana consideran que es preciso, cum primis, rebajar el nivel de penetración y control que los militares ejercían en las instituciones geográficas. La secular lucha generalmente soterrada entre civiles y militares por el control de las mismas se sitúa ahora en los primeros planos de la reforma del Ejército promovida por Manuel Azaña. Una Comisión interministerial de Cartografía y Geografía Económica revalorizaba la labor de dirección y control del Instituto Geográfico frente a las atribuciones geográficas y cartográficas del Estado Mayor, de las Capitanías Generales y del Consejo Superior Geográfico, heredadas del tiempo de la Dictadura. Entre las cuestiones "territoriales" que se dirimen en la guerra civil, hay que incluir también la reconstrucción de un modelo dual de instituciones geográficas en el que la presencia del Ejército fuera preeminente. Con la creación del Servicio Geográfico del Ejército se cumple dicho propósito.

La idea, en suma, de una Geografía de Estado trata de explorar el origen y el desarrollo en el seno de la Administración de instituciones cuya existencia se justifica en la necesidad de analizar y entender científicamente el territorio. Se da la paradoja de que esta geografía puede ser concebida al margen de la labor social que los oficialmente denominados geógrafos desarrollan en el ámbito académico y en los diferentes niveles del sistema educativo. De ahí la expresión "una geografía sin geógrafos". Para entender esta particularidad institucional debemos situar el cuadro de contenidos que a ella se refieren en el proceso mismo de formación del Estado liberal. Las implicaciones políticas son pues evidentes. Son perfectamente compatibles los propósitos políticos y las prácticas científicas cuando se trata de inventariar, analizar, dividir, medir y representar el territorio. Pero por otra parte, en la cronología que abarca el trabajo, el Estado liberal es el Estado burgués; es decir, la economía de mercado constituye la corriente de fondo que impulsa este proceso histórico. Y ante esta determinación se impondrá una forma de gobierno que podemos calificar de "centralismo predemocrático", concebido más como un sistema tutelar del mercado, que como un marco de convivencia político asentado sobre fundamentos constitucionales. Consecuentemente se desarrollará en paralelo una instrumentalización del liberalismo bajo la ideología de la apropiación, del intercambio y del consumo de mercancías. La Geografía de Estado se encarga de identificar, evaluar y presentar aquellas mercancías directamente relacionadas con la propia materialidad territorial: los suelos, las aguas, los bosques, las minas, etc.

Finalmente, un Proyecto de Investigación en curso se centra en la que hemos identificado como primera etapa en el desarrollo del Estado moderno: los siglos XVI-XVIII. El inicio de este periodo, que cronológicamente también lo es del Programa de Investigación en su conjunto, viene marcado, en cuanto a la teoría, por el desarrollo de la ciencia política, y en cuanto a la práctica, por el nivel de organización sistemática que ha alcanzado la comunidad política que denominamos Estado. Pretendemos en cierta medida reproducir el esquema de indagaciones que hemos seguido en el Proyecto anterior sobre la "Geografía de Estado" para el periodo 1800-1940. Aunque sabemos de antemano que el nivel de institucionalización y de sistematización, que en la práctica viene a ser lo mismo, es muy inferior. Sin embargo, los estudios y las prácticas territoriales resultan imprescindibles.¿Cómo se resuelve la situación? Esta es la pregunta que justifica el Proyecto en curso de realización.

Como ya señalamos, en estas circunstancias históricas la relación Estado-territorio es superficial. Se hace explícita en prácticas de descubrimiento, de apropiación y de organización elemental del territorio. El motor principal que la determina es un capitalismo comercial con el que la teoría económica encubre la depredación sistemática de recursos. Las necesidades básicas de delimitación, descripción, representación y trazado de la geometría más elemental, a base de puntos -puertos, ciudades- y de líneas -vías de comunicación- son cubiertas por el recurso a una práctica geográfica ocasional, no sistemática. Aunque no faltan experiencias que nos obligan a matizar esta conclusión. Por ejemplo, el plan geográfico y cartográfico que se desenvuelve durante el siglo XVI en torno al Padrón Real, o la labor realizada por los Ingenieros Militares durante el siglo XVIII.

En el siglo XVI, cuanto mayor era el dominio territorial, mayor era para la Corona española la necesidad de disponer de una adecuada base cartográfica. Muchas empresas o proyectos directa o indirectamente se concibieron con este fin: el Padrón Real, los primeros ensayos para hacer una descripción física de España, las Relaciones Topográficas, los varios proyectos encargados por Felipe II sobre "descripción de ciudades" y la atención que se presta a los grandes proyectos cartográficos que se estaban elaborando en centro Europa, como la obra de G. Mercátor, las Civitates Orbis Terrarum y en especial el Theatrum Orbis Terrarum. La elaboración y distribución en continuas ediciones de esta última obra abrió nuevos cauces de relación entre la Corte española y el núcleo de humanistas que convergen en torno a la personalidad y al negocio del impresor Plantino. El interés que Benito Arias Montano muestra por la Geografía, estando en Flandes comisionado por el rey, hará posible que Felipe II tenga un puntual conocimiento del principal corpus cartográfico publicado en el siglo XVI por sus amigos Abraham Ortelio y Plantino, el Theatrum Orbis Terrarum. Hemos estudiado este particular capítulo de la "Geografía de Estado" protagonizado por los más altos representantes de la política y de la intelectualidad de la segunda mitad del siglo XVI en Benito Arias Montano y Abraham Ortelio. Humanismo y geografía en los círculos intelectuales hispano-flamencos, 1999.

Además del valor estratégico que para la Corona española adquiere la cartografía a lo largo del siglo XVI, abriendo con ello un amplio frente al desarrollo de los estudios geográficos, se suscita un amplio debate de naturaleza geopolítica que pone en relación la concepción misma del poder y el territorio del Estado. Formalmente se discute -en múltiples Discursos- la cuestión de la capitalidad, pero en el fondo se trataba de superar una concepción ambulante del poder que en la medida en que se consigue producirá profundas repercusiones territoriales. Se debate sobre la mudanza o estabilidad de la Corte y ante la expectativa de su fijación definitiva se sitúan en primer plano de importancia los análisis territoriales. La "razón de Corte" se convertía así en "razón de Estado"; y por ello el territorio y la ciudad, en parte nuclear del discurso político. Hemos estudiado uno de estos Discursos, titulado Razón de Corte, redactado a principios del siglo XVII, cuando Madrid pierde momentáneamente la capitalidad en favor de Valladolid (La elección de Madrid como asiento de la Corte y capital del Estado, 1993). Una edición crítica de este manuscrito, de próxima aparición, permitirá situar una destacada práctica de ordenación territorial en el marco cada vez más racionalizado de relaciones entre la ciencia política y la geografía.

En el ordenamiento territorial cabe esperar una sucesión de secuencias lógicas. Como en la primera mitad del siglo XVII se consolida Madrid como sede de la Corte y capital del Estado, el siguiente paso -definido el núcleo de articulaciones territoriales- sería definir el modelo de comunicaciones entre el centro y la periferia. Así ocurre en realidad, pero con un considerable retraso, pues hemos de esperar hasta mediados del siglo XVIII para ver enunciados de forma precisa los términos en los que era necesario -en consecuencia con un modelo político fuertemente centralizado- construir una red radial de comunicaciones; o de caminos reales para ser más exactos. Como corresponde a un capítulo de la máxima importancia en lo relativo a la infraestructura territorial del Estado, la literatura sobre Caminos es muy abundante, pero no conocemos ningún texto que defina el modelo radial con tanta precisión -con un verdadero determinismo matemático y geométrico- como el Informe que sobre Caminos encarga el Conde de Aranda al padre Martín Sarmiento en 1757. En Los Apuntamientos del padre Martín Sarmiento sobre la construcción de la red radial de Caminos Reales en España, 1999, hemos hecho una exposición resumida de su contenido, poniendo de manifiesto, además de la importancia de las nuevas vías en orden a la movilidad, su carácter de soporte para articular un plan territorial global en el que aparecen implicadas la geografía, la economía y la política.

Publicaciones del autor citadas en el texto

Estructura y dinámica de la población de Los Palacios, Sevilla, Ayuntamiento de Los Palacios, 1981, 58 pp.

"Análisis crítico de la intervención estatal en la propiedad de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir", Estudios Humanísticos, Nº 5, 1983, pp. 111-132.

Transformación del espacio y política de colonización. El Bajo Guadalquivir, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1986, 199 pp.

"Algunos problemas derivados de la irrigación de amplias zonas en las marismas del Guadalquivir", Actas del III Coloquio Nacional de Geografía Agraria, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1985, pp. 525-533.

Economía de mercado y procesos urbanos. Sobre la construcción de la calle de Burgo Nuevo (León), Cuadernos de Investigación Urbana, Nº 1, 1985, 52 pp.

(En colaboración con otro autor): Reforma urbana liberal e infraestructura de saneamiento. El Informe de Juan de Madrazo sobre León, León, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1987, 98 pp.

La ciudad de León. Análisis dialéctico de su construcción y de la política de planeamiento local, León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 1987, 35 pp. (Resumen de Tesis Doctoral).

La ciudad de León en el siglo XIX. Transformaciones urbanísticas en el periodo de transición al capitalismo, León, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1987, 197 pp.

La ciudad de León en el siglo XX. Teoría y práctica en el Urbanismo local, León, Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1987, 219 pp.

"Orígenes del pensamiento geopolítico en España. Una primera aproximación", Documents d'Anàlisi Geogràfica, Nº 17, 1990, pp. 79-104.

"Fascismo y geopolítica en España", Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, Nº 94, 1991, 63 pp.

"Yugoslavia: contextos y procesos de dialéctica geohistórica", Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 17, 1993, pp. 61-84.

"La elección de Madrid como asiento de la Corte y capital del Estado. Un caso práctico de geopolítica histórica", Estudios Geográficos, Nº 213, 1993, pp. 655-693.

Territorio ordenado, territorio dominado. Espacios, políticas y conflictos en la España de la Ilustración, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1993, 340 pp.

La ciudad de León. Espacios y tiempos, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1996, 367 pp.

Geografía de Estado. Los marcos institucionales de la ordenación del territorio en la España contemporánea, 1800-1940, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1998, 517 pp.

"La formación de la conciencia africanista en España", III Jornadas de Expediciones Científicas y Africanismo a propósito del 98, Ateneo de Madrid, diciembre de 1998. Comunicación inédita.

"Benito Arias Montano y Abraham Ortelio. Humanismo y geografía en los círculos intelectuales hispano-flamencos", III Jornadas sobre el Humanismo Extremeño, Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, noviembre de 1998. En prensa.

"Los Apuntamientos del padre Martín Sarmiento sobre la construcción de la red radial de Caminos Reales en España", Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. En curso de publicación.

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