Horacio Capel

Palabras clave: agua, servicios públicos urbanos, redes, agua y saneamiento

Key words: water, urban public utilities, networks, water and sewage

El coloquio fue convocado por un Comité Organizador constituido por Graciela Schneier-Madanes, Bernard de Gouvello, Claude Dupuy, y Jean Marc Fournier, y en el que es de justicia destacar la figura de la primera, incansable impulsora de programas interdisciplinarios sobre nuevas perspectivas en los estudios urbanos y de fórmulas de colaboración e intercambio entre investigadores europeos y de los países iberoamericanos. Ha estado apoyado asimismo por un Comité Científico interdisciplinario de académicos interesados también por los estudios comparativos Europa-América.

El Coloquio se concibió como un encuentro con la participación de técnicos, de gestores y de científicos sociales de diferentes campos disciplinarios, desde la geografía y la economía a la antropología y la ciencia política. El objetivo fue realizar un balance de los distintos enfoques existentes con el fin de establecer estrategias de investigación en el estudio comparado de los modelos de privatización del agua.

Dentro de un apretado Programa, se presentaron 21 comunicaciones agrupadas en cuatro grandes temas: 1) Usuarios, consumidores y conflictos; 2) Los desafíos urbanos; 3) Privatización y regulación; 4) Mundialización y competencia. El coloquio acabó con unas conclusiones generales.

Fue un coloquio denso y fructífero, tanto por las comunicaciones como por los debates que se produjeron, muy abiertos y con intervenciones de gran interés. Eventualmente han podido surgir problemas conceptuales o de vocabulario entre los especialistas de los diferentes campos, pero se resolvieron con facilidad. Quizás más importantes en relación con el problema tratado son las diferencias ideológicas, que seguramente se han suavizado en este caso debido a la selección realizada.

En el programa se planteaban un gran número de cuestiones como objetivos del coloquio. No ha habido repuesta para todas, pero sin duda se ha avanzado mucho en su debate y correcta formulación. En esta nota informativa, que recoge las conclusiones del encuentro, presentaremos un resumen y balance de algunos de los temas tratados.

Globalización y competencia

Agua y desagüe son hoy componentes esenciales de los servicios públicos. En los últimos veinte años se han dado importantes transformaciones en estos servicios, debido a las innovaciones técnicas y a las exigencias derivadas de la protección ambiental, que obligan a la depuración de las aguas residuales. Todo lo cual ha exigido cuantiosas inversiones económicas.

A partir de los años 1980 las políticas neoliberales han conducido a la privatización de muchos servicios públicos, y la creciente intervención de empresas multinacionales. En el sector del agua y desagüe esa privatización y globalización se ha realizado especialmente a partir de 1990. En los países iberoamericanos el Banco Mundial estimula la transferencia de servicios al sector privado para reducir el gasto público, y la separación del la función de gestión y de regulación, como parte de una reforma del Estado.

El coloquio ha tratado de reflexionar sobre los procesos de privatización que se están desarrollando desde hace unos años en el campo de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, y el papel creciente de grupos empresariales que adquieren una dimensión multinacional e invierten fuertes cifras de capitales en dichos procesos. Se ha puesto énfasis en la actuación de empresas francesas que actúan a escala internacional, y especialmente en los países iberoamericanos como área privilegiada. Concretamente tres grandes compañías destacan a escala mundial: los grupos Vivendi-Génerale des Eaux, Suez-Lyonnaise des Eaux, y Saur-Bouygues.

El proceso de privatización implica la realización de ofertas y la licitación internacional, la selección de unas empresas, la firma de contratos y el establecimiento de organismos de regulación. En el Coloquio se prestó atención a la naturaleza de dichos contratos, a las formas institucionales que adoptan las privatizaciones, a la eficacia de la actuación de los organismos de regulación, así como a la determinación del precio del agua, y el papel del Estado en la financiación de las infraestructuras.

Las grandes empresas privadas que han sido protagonistas del proceso de privatización del agua son en realidad enormes conglomerados empresariales que se dedican a actividades muy variadas y que se diversifican crecientemente a partir de los servicios públicos, hasta tener intereses muy amplios: agua, construcción, suministro de materiales, comunicaciones, infraestructuras, y relaciones financieras con grupos bancarios. Tienen la ambición de intervenir en todos los servicios públicos, con una estrategia que les lleva a relaciones con empresas que se dedican a actividades en principio alejadas, y con vinculaciones transnacionales cada vez más amplias. Solo hace unos pocos días a finales de enero de 2000 el grupo Vivendi se asoció a la británica Vodafone para constituir el germen de un gran grupo europeo de comunicaciones⁽¹⁾.

El papel de estos conglomerados empresariales en el abastecimiento del agua es creciente. En Francia llegan a controlar el 90 por ciento del servicio de agua y desagüe en la mayor parte de los 36.000 municipios, actuando, de hecho, en una situación de oligopolio. Los representantes políticos locales pierden con ello poder y capacidad de control. Pierre Bauby señaló acertadamente las diferencias crecientes entre la dimensión política local y la dimensión técnica, económica y financiera de las empresas, todas las cuales están escapando a la capacidad de actuación local. Lo que por cierto, vale la pena recordarlo, no es algo de nuestros días, sino que se empezó a dibujar ya en el siglo XIX, aunque alcanza hoy unas dimensiones desconocidas antes.

Se puso de manifiesto que algunas comunidades locales han tenido políticas anticompetitivas que han beneficiado a las grandes compañías. Y que el gobierno francés trata también de ayudar a esos grandes conglomerados en sus actuaciones internacionales, con medidas de presión política y económica sobre los gobiernos de los países en los que están actuando.

También se dieron datos en el sentido de que los grupos empresariales, que se han convertido en grupos multiservicios y de otras actividades económicas, han utilizado el negocio del agua y el alcantarillado para financiar la actividad en otros campos, transfiriendo rentas de un sector a otro, como parece haberlo hecho el grupo Saur financiando la expansión del negocio de las comunicaciones en el caso de Bouygues (según los datos que facilitó Daniel Baudru).

En general, se ha insistido en la opacidad de las compañías, y en que no existen datos fiables sobre los costes de producción; se ha mostrado que hay poca transparencia financiera y que en los informes oficiales que realizan las compañías se mezclan diferentes conceptos y se realizan operaciones de ingeniería financiera, de forma que resulta muy difícil conocer como funcionan en realidad los grupos empresariales. En ocasiones se sabe que obtienen grandes beneficios de liquidez, los cuales no son debidamente invertidos en la ampliación o conservación de infraestructuras, como debería hacerse según los contratos.

Hay también estrategias que cambian con el tiempo, y tenemos necesidad de estudiarlas desde la sociología de las organizaciones, formulando preguntas sobre la racionalidad que se aplica, sobre las personas que tienen el poder y el significado de los cambios que recientemente se han producido en los consejos de administración y en los equipos directivos de algunas de las compañías matrices⁽²⁾.

La regulación del servicio por parte de las instituciones públicas se efectúa por entidades territoriales débiles que no tienen en realidad capacidad para controlar a las empresas de forma efectiva. Eso explica que, en general, los tres grupos citados capturen beneficios superiores a los que obtendrían en una situación de competencia.

Por si fuera poco, las compañías desarrollan formas de cooperación implícitas. El análisis que ha realizado Daniel Baudru sobre la evolución de los contratos con los municipios muestra que, en realidad, ocurre como si se hubieran repartido el mercado, ya que existe una gran estabilidad en los contratos municipales, y las compañías pierden, de hecho, solo aquellos municipios que ya están incluidos en las áreas de influencia de las otras. Según datos presentados en el Coloquio, en Francia el 90 por ciento de los concursos son ganados por los mismos grupos y realmente parecen existir espacios reservados para cada uno de ellos, que se respetan entre sí. El acuerdo les interesa a los tres grandes grupos, ya que una situación de competencia haría bajar los precios y el margen de beneficios. Se trata de un comportamiento que se ha repetido en las actuaciones empresariales de diversos servicios, públicos, como -por referirnos al caso español- tuvimos ocasión de observar en el estudio de la actuación de las empresas eléctricas en Cataluña (concretamente la Compañía Barcelonesa de Electricidad y la Central Catalana de Electricidad) en las décadas iniciales de nuestro siglo⁽³⁾.

En Francia la actividad de los tres grandes grupos empresariales se realiza, además, en un mercado cerrado a la presencia extranjera, con solo tres actores. Es un modelo que permite la captura de rentas, y hace posible financiar el desarrollo de la actuación internacional de estos conglomerados empresariales o el de otras actividades de los mismos. Al mismo tiempo se benefician de contrados cruzados de servicios y aprovisionamientos dentro del mismo grupo, llegando incluso a no renovar la provisión de riesgo, y realizando seguros con filiales del grupo.

Ese análisis del mercado francés fue confirmado desde la perspectiva de la actuación de los grupos franceses en diversos países iberoamericanos. Edmundo Dupré mostró que esos grupos han utilizado el continente como una fuente de extracción de recursos, en un negocio que no es solo de distribución de agua y saneamiento, sino cada vez más de servicios globales, con obtención de dividendos muy elevados. También señaló que la política de entrar en los mercados de los países iberoamericanos no tiene que ver propiamente con una racionalidad económica financiera, sino con estrategias de otro tipo. Los beneficios obtenidos por las compañía son superiores al precio pagado, incluso en el caso de que se haya pagado un buen precio -como en el chileno-, lo que no siempre ocurre.

Según el mismo autor, la legitimidad política del proceso privatizador debería depender del cumplimiento de tres principios. Ante todo, la equidad, es decir que quien más consume debe pagar más, y quien más invierte tiene derecho a obtener mayores ingresos. En segundo lugar, la justicia, o sea, que los grupos sociales pobres deberían tener la garantía de acceso al servicio por parte del Estado. Finalmente, la eficiencia económica, es decir, que no existan rentas monopólicas, para lo cual se requieren tres elementos: ley de tarifas transparentes, ley de concesiones donde la propiedad de los derechos del agua siga siendo del Estado, ley del regulador que dote a esas instituciones de personal, de recursos y de inamovilidad. Estos elementos no se dan en los procesos de privatización que se están produciendo en los países iberoamericanos.

En lo que se refiere a la actuación en otros continentes de los grandes grupos internacionales de agua, el análisis del caso indonesio muestra que no hay diferencias apreciables en las estrategias de las empresas francesas y británicas. En los dos años en que han obtenido concesiones en Djakarta (dividida entre dos compañías de nacionalidad diferente) no se han realizado inversiones en el sector. El punto de vista de Emmanuel Subangun fue que la privatización en ese país ha sido un verdadero fracaso.

En el debate se planteó la cuestión de la utilización de las cifras de abonados como valor en bolsa. Las compañías venden sus abonados a cifras más elevadas de lo que han pagado por ellos. Se insistió en que hay plusvalías bolsistas, que debería tenerse también en cuenta al valorar la renta que se obtiene del agua. Henri Coing señaló que en los países iberoamericanos con frecuencia se piensa que las compañías de agua no valen nada, pero luego se impresionan de ver a qué valor se venden o se cotizan en la bolsa.

Privatización y regulaciones: contratos y renegociaciones

El tema de las estrategias seguidas por la administración pública y por las grandes empresas de servicios públicos en las licitaciones y los contratos parece de importancia esencial para entender el desarrollo de los procesos de privatización.

En varias ocasiones se aludió a que cuando las empresas de servicios públicos estaban manejadas por sociedades estatales no había cálculo de costes. El manejo de tarifas se realizaba en funcion de objetivos que muchas veces no se referían a la cobertura de los costes. En ocasiones el gobierno podía hacer una política antiinflacionista, e impedir la subida de las tarifas con el fin de mantener el índice de precios.

En muchos casos el servicio de agua se ha proporcionado durante buena parte del siglo XX en régimen de monopolio. Con las reformas de los últimos años aparecieron nuevos actores, operadores de tamaño enorme, con gran poder de influencia.

La rapidez extrema del proceso se ha visto afectado por la falta de experiencia de las comunidades locales, y ha tenido graves consecuencias. Con mucha frecuencia, se ha dicho, no se estudió con atención el tipo de contrato más adecuado y no hubo una evaluación técnica correcta. Las licitaciones se hicieron, y se hacen todavía, con información deficiente, tanto por parte de la administración pública como de las empresas que optan al concurso. Se comprueba que las compañías han realizado malas evaluaciones sobre los costes de partida y, en particular, sobre el coste de las infraestructuras necesarias para extender la red (o se han hecho y no se tienen en cuenta). Los contratos se adjudican a las compañías que ofertan las mejores condiciones -por ejemplo las mayores rebajas de tarifas- estipulándose generalmente que en un determinado plazo de tiempo de cinco o diez años no se podrán aumentar las tarifas.

Pueden detectarse diversas estrategias comunes entre todas las empresas que han intervenido en los procesos de privatización. En todos los casos se trata, ante todo, de obtener el contrato inicial, y para ello ofrecen condiciones favorables incluyendo tarifas bajas, con el fin de introducirse en el mercado; también es habitual la asociación con políticos locales y nacionales y, si es preciso, con empresas del país. Por ejemplo, ha sido frecuente la asociación con empresas contratistas del Estado, que es un actor importante en la construcción de infraestructuras.

En general, puede decirse que las empresas tratan de ganar la licitación como sea, y una vez que han firmado el contrato no dudan en incumplir las condiciones estipuladas, iniciando un proceso de renegociación, con el argumento de que tenían una información insuficiente -lo que, además, generalmente es cierto.

Diversas comunicaciones insistieron en la necesidad de mejorar los mecanismos de competencia para adjudicar los contratos, y en la urgencia de establecer procedimientos objetivos e incentivos para evaluar la situación de forma realista.

Se dijo que el régimen tarifario es perverso. El concesionario trata de rebajar su aportación de capital propio, y de limitar el riesgo del negocio atendiendo a la población consolidada y con rentas, es decir a la demanda solvente.

Dos comunicaciones sobre Buenos Aires (las de José Villadeamigo y Emilio Lentini) y alguna otra más general (como la de E. Dupré) señalaron que el contrato de Buenos Aires está mal estructurado desde su origen, ya que se presentó una tarifa inadecuada. Otros casos, como el de Mendoza, parecen ser diferentes.

En ocasiones los precios pagados por las compañías privadas no tienen racionalidad financiera Es lo que parece haber sucedido en el caso de Chile. Las empresas tienen expectativas de recuperar la inversión entrando en un mercado exclusivo con todas sus filiales y subsidiarias (de obras, comunicaciones, seguros. etc). A veces lo que se compra es una licencia para explotar un área de concesion. Pero la carga de conservación de infraestructuras es elevada, y no siempre se atiende una vez ganado el concurso.

Una cuestión clave fue suscitada por Dominique Lorrain con la pregunta sobre "¿quién formatea los contratos?"; es decir, quien realiza los estudios que conducen a las compañías a decidir presentarse o no a los concursos que se convocan. En general se trata de equipos técnicos, y financieros de grandes consultoras internacionales, que trabajan a corto plazo y que desaparecen de la escena una vez que el contrato ha sido firmado, dejando a las compañías con los problemas que se presentan a medio y largo plazo. Su comunicación mostró que aunque se hacen estudios económicamente rigurosos antes de la firma de los contratos, hay aspectos que no se tienen en cuenta, y en particular existe gran imprecisión sobre las variables no técnicas (tasas futuras de inflación, capacidad para pagar...), y peligros de desacuerdos sobre muchos puntos. Todo lo cual nos lleva a preguntarnos para qué sirve el cálculo económico cuando prescinde de esas variables, y si en realidad se hacen diferentes cálculos, unos para uso interno y otros para uso del poder político o de la opinión pública.

Las dudas sobre los procesos de privatización fueron confirmadas por el análisis del caso de la privatización mexicana. Las empresas internacionales que han acudido a las licitaciones han tratado generalmente de obtener el contrato, con tarifas bajas que luego se renegocian. Los concursos se convocaban por los municipios, pero el diseño se encargaba a empresas consultoras, que trabajan a corto plazo. Los alcaldes permanecen en su cargo solo cuatro años y a veces no han podido participar activamente en las negociaciones. El proceso de privatización ha beneficiado finalmente -según se señaló- a las grandes compañías extranjeras que se han hecho con los contratos para el servicio.

En general (como explicó Dominique Lorrain desde una perspectiva en principio favorable a las privatizaciones) los problemas comienzan después, cuando una vez firmado el contrato se pone en marcha la concesión. Esos problemas tienen que ver, según él, con: 1) el espesor de la sociedad local, en donde el tiempo, la confianza, el respeto a las reglas, la aceptación del pago, el mismo lenguaje pueden ofrecer diferencias respecto a las ideas que tienen los gestores de la empresa; 2) la valoración del contrato, que se considera un documento final, cuando en realidad debería ser el comienzo de un proceso de aprendizaje; según Lorrain hay dificultad de prever todo en él, y aparecen luego gran número de factores imprevistos que plantean grandes dificultades; lo cual conduce necesariamente a la renegociación de los contratos. 3) El mercado se ha de construir, hay necesidad de un marco de principios, de valores compartidos, de acción común para construir lo que falta, lo que no siempre existe.

No todos compartieron esa apreciación benévola del proceso. En todo caso, se vio claro que no existen metodologías claras para resolver la renegociación de los contratos. En Buenos Aires, tras la firma del contrato, ya en el primer año se planteó un aumento importante de las tarifas y del cargo de infraestructuras. En el cuarto año, tras serios problemas de cobro de dicha tasa de infraestructuras se volvió a renegociar (Emilio Lentini). Las previsiones de inversión de algunos planes, como en el plan de inversiones en Buenos Aires, son en ocasiones de difícil cumplimiento.

Se insistió en que es preciso instrumentar métodos para renegociar los contratos, y en caso de conflicto las administraciones públicas deben amenazar seriamente a las compañías con volver a convocar el concurso si no se cumplen las condiciones pactadas. También se dijo que hay que evitar las asimetrías de información que existen, y mejorar la participación comunitaria.

Emilio Lentini resaltó que el contrato para el servicio de agua a Buenos Aires era incompleto. Los procedimientos de negociación son complejos, el régimen tarifario no tiene una verdadera base racional, hay una escasa medición de los consumos y del agua que se entrega a la red. En esa ciudad se plantearon también posteriormente problemas en relación con la expansión de los servicios. El argumento principal de la privatización era alcanzar amplias metas de cobertura a corto plazo, lo que no se ha cumplido.

También se aludió a la debilidad de los organismos que realizan la concesión y que regulan el contrato, a su falta de experiencia. Se insistió en que es preciso perfeccionar los instrumentos básicos de regulación. No se han planteado adecuadamente los incentivos correctos para resolver los problemas de actuación del regulador. Se habló de las diferencia entre los reguladores locales y los nacionales, y se dijo que los primeros se prestan a connivencia mientras que los segundo son ineficaces.

Además del caso de Buenos Aires, se dieron datos sobre la privatización del agua en el resto de Argentina (Bernard Gouvello). En 1997 el 60 por ciento de la población servida en Argentina está en manos de sociedades anónimas privadas, todas, menos dos, con diseño similar, aunque con algunas diferencias en cuanto a la regulación de unas ciudades a otras. Gouvello estima que existe un proceso de aprendizaje que beneficia a todos, y que la situación está cambiando respecto a las primeras privatizaciones percibiéndose ya ciertas mejoras, opinión que otros participantes no compartieron.

En México el proceso de privatización fue temprano, se inició en 1982 y desde entonces se ha privatizado el 80 por ciento de las empresas públicas. Para ello se cambió todo el marco jurídico, desde la Constitución hacia abajo. En 1982 se creó el Comisionado de Aguas, y se inició el proceso de privatizacion, siendo las primeras las de Aguascalientes y Cancún. Según Edgardo Benites se pensaba que la privatización (o delegación de servicio) permitiría mejorar y aumentar los servicios de agua y desagüe, lo que muchas veces no ha ocurrido; en realidad, el aumento de tarifas ha creado numerosos problemas sociales. Las situaciones han sido diferentes en cada ciudad, y no parecen haber existido procesos de aprendizaje entre ciudades a partir de la experiencia de cada una.

Respecto a Venezuela Henri Coing puso de manifiesto que la privatización no es una solución milagrosa. Se llega a una situación de irresponsabilidad generalizada, en la que nadie asume sus responsabilidades. Habló del fracaso del primer intento en Caracas. También insistió en que la realidad es siempre mucho más compleja que el ideal teórico, aludió a la importancia de la negociación previa, a que la privatizacion es un proceso de acción colectiva, y a la necesidad de tomar conciencia de que las situaciones conflictivas se deben resolver entre todos.

El tema de las implicaciones políticas de los procesos de privatización fue suscitado por varios participantes. Se señaló que la privatización y contractualización es en realidad una forma de reforma del Estado, un proceso que trata también de clarificar relaciones, es decir, que se convierten en problemas de gobernabilidad o "gobernance". En relación con ello se suscita el problema de la posibilidad de una acción colectiva. Y como planteó Pierre Bauby, se necesita prestar atención a algo que normalmente no se menciona, la corrupción que muchas veces se produce en relación con todos estos procesos.

Las críticas a las privatizaciones se han realizado también en lo referente a la electricidad. Como han mostrado Simon Guy y Simon Marvin (1998) dichas privatizaciones han supuesto un cambio respecto a la lógica homogénea y técnicamente estandarizada de las infraestructuras nacionalizadas de electricidad. Frente a ello las compañías privadas organizan redes de infraestructuras para atender al mercado local solvente y retrasan las inversiones adicionales. Se establece una nueva lógica de suministro de servicio público y de infraestructuras, a la vez que el coste de suministro de este recurso y la calidad se hace diferencial en el espacio y el tiempo para distintas clases de clientes⁽⁴⁾. Al igual que en este servicio, en el agua las compañías se interesan sobre todo por los grandes consumidores y descuidan los de bajo poder adquisitivo, que suponen un porcentaje reducido de su cifra de negocios. Las compañías tienen necesidad de generar beneficios y dearrollan nuevas estrategias para la expansión y gestión de las redes.

En el Coloquio se echó en falta un mayor análisis de las diferencias de actuación entre empresas privadas y públicas en el suministro de servicios públicos. La presentación de otros modelos seguramente habría contribuido a clarificar las cosas; por ejemplo, habrían resultado interesantes las refeencias al caso alemán donde hay una larga tradición de empresas públicas en el suministro de agua. De todas maneras, de las comunicaciones presentadas puede concluirse que las empresas públicas del servicio de agua y desagüe muchas veces no incluían el cálculo económico en su servicio, ya que, por ejemplo, debido a razones sociales no se castigaban los enganches clandestinos o no se dejaba de prestar el servicio si los usuarios no pagaban. Con muchas frecuencia dichas empresas públicas han tenido en cuenta consideraciones políticas de carácter general al tomar decisiones sobre las tarifas, por ejemplo, manteniéndolas estables para reducir la inflación. A todo ello podía unirse también la ineficiencia de los empleados, la inestabilidad política y las dificultades en lo que se refiere a la medida del consumo. Todo lo cual es impensable en las empresas privadas que hoy prestan servicios, las cuales han de incorporar necesariamente el cálculo económico y han de repercutir sobre las tarifas los costes de construcción de las infraestructuras y de producción.

La necesidad de una perspectiva histórica

Seguramente ha faltado también en el Coloquio una mayor presencia de historiadores y de la perspectiva histórica. Sobre todo para insistir en que el derecho al agua es algo muy reciente, y que el abastecimiento de agua y de otros servicios públicos era una responsabilidad del poder público, que solo a partir del siglo XIX inició un proceso de privatización.

En la época romana el Estado construía los acueductos para conducir agua a las ciudades, donde se distribuía en tres redes: una para el suministro a las fuentes públicas, otra para los baños públicos, que debían pagar por su uso, y otro para los escasos beneficiarios privados, que excepcionalmente obtenían ese privilegio del emperador o su representante local⁽⁵⁾. Desde la Edad Media las ciudades o la Corona realizaban esas obras públicas para el abastecimiento de agua y éste aparece durante toda la Edad Moderna como una responsabilidad pública en las ordenanzas municipales y en los tratados de policía, aunque también podamos encontrar casos de arrendamiento de algunos servicios públicos.

Las condiciones higiénicas de muchas ciudades eran lamentables, como resultado de un deficiente servicio de desagüe y problemas en el abastecimiento de agua. En Madrid, por ejemplo a comienzos del siglo XVIII no existía un sistema de alcantarillado y las basuras y las aguas residuales eran a veces arrojadas desde las ventanas al grito de "¡Agua va!". Los intentos que se realizaron desde comienzos de dicho siglo para establecer un sistema de pozos negros y de evacuación de aguas residuales hacia el Manzanares resultaron difíciles de llevar a término por la resistencia de los madrileños para contribuir a financiar la construcción de cloacas y pozos negros⁽⁶⁾. Solo a partir de 1761, con la decidida voluntad del rey Carlos III y las propuestas de Sabatini empezó a abordarse en serio el problema del desagüe, que de todas formas solo se resolvería definitivamente a lo largo del siglo XIX.

Desde el siglo XVIII se va aceptando que es responsabilidad del Estado asegurar los servicios públicos, y los municipios reciben dicha responsabilidad como último escalon de la administración estatal. Aunque en realidad dejará gran libertad a la iniciativa privada y afirmará su propósito de actuar de forma subsidiaria, el Estado liberal legisla para todos y afirma su defensa del interés general reclamando múltiples derechos: en la educación, en la policía, en las redes telegráficas y la legislación de ferrocarriles, en la explotación minera del subsuelo... Desde ese momento crecen los servicios públicos asegurados por el Estado.

Pero al mismo tiempo se reconoce el derecho a la libre actuación de los individuos y de la empresa privada. En el mundo anglosajón las compañías privadas para abastecer de agua actúan desde finales del siglo XVIII⁽⁷⁾. Más adelante lo hacen también en otros países.

En el siglo XIX se producen cambios de gran importancia. El crecimiento de las ciudades y los avances de la Revolución industrial permiten proporcionar nuevos servicios públicos, con tecnologías nuevas y exigencia de grandes capitales para la construcción de las infraestructuras. El alumbrado, con la sustitución del aceite por gas, la comunicación telegráfica y luego telefónica, la electricidad como fuente de energía, el agua y desagüe se encuentran entre los servicios públicos que pudieron instalarse con nuevas tecnologías, y que requirieron fuertes inversiones.

Muchos de los problemas actuales aparecieron ya en el siglo XIX en lo que se refiere a los servicios públicos. Con los cambios acelerados que se iban produciendo desde el siglo XIX los municipios no tenían capacidad financiera ni técnica para suministrar servicios. Empresarios privados obtuvieron concesiones para el suministro de dichos servicios, y los ayuntamientos firmaron a veces contratos con concesiones excesivas, por falta de experiencia⁽⁸⁾.

Bien pronto, sin embargo los ayuntamientos reaccionaron y trataron de hacer respetar sus derechos; por ejemplo, los derechos sobre el suelo urbano, lo que afectaba al trazado de las redes, o los derechos a velar por el ornato de la ciudad, lo que afectaba a las características y localización de los postes de sustentación.

Surgieron también problemas con el trazado concreto de las redes. En algunos casos la existencia de diferentes compañías suministradoras de un servicio condujo a la duplicación de las redes. Así ocurrió a veces con el suministro de gas, de agua o de electricidad. Pero en realidad lo lógico era no duplicarlas, y que hubiera una sola red, lo que se vio facilitado por normas municipales, así como por la fusión de compañías y la tendencia a situaciones monopolistas u oligopolistas.

Ante las carencias de la gestión privada ya en el siglo XIX se planteó la conveniencia de la actuación de compañías de control municipal y la municipalización de los servicios. De hecho los servicios públicos se podían llevar directamente por los municipios o delegar el servicio en compañías privadas. En algunas ocasiones se intentaron crear empresas públicas, o municipalizar el servicio. Primeramente en Gran Bretaña para extender las redes a los barrios obreros y mejorar sus condiciones de salud. También en Alemania, con entidades privadas municipales y financiación de cajas de ahorro municipales⁽⁹⁾. Más adelante, surgiría también la tendencia a la nacionalización de ciertos servicios públicos, como los teléfonos o el ferrocarril.

En lo que se refiere al abastecimiento del agua, las razones que condujeron a la extensión creciente de este servicio a partir de mediados del siglo XIX fueron esencialmente razones higiénicas.

El problema fundamental era en aquel momento el de la evacuación de las aguas residuales por razones de salubridad. Entre los diversos sistemas posibles para la evacuación se optó por "todo a la cloaca". Una decisión sin duda sorprendente porque la materia orgánica era tradicionalmente un elemento fundamental para la agricultura periurbana. Su éxito solo se explica por la existencia de alternativas en el campo del abonado, a partir del momento en que las investigaciones de Liebig permitieron conocer los mecanismos de la nutrición de las plantas y desarrollaron la industria de los abonos químicos.

Pues bien, el servicio de agua a domicilio fue una consecuencia de la elección del sistema de saneamiento "tout à l'égout" (es decir, "todo a la cloaca"), ya que exigía agua abundante en las casas para la evacuación de los residuos orgánicos⁽¹⁰⁾. Por ello los planes de saneamiento que se elaboran desde finales del siglo XIX atienden a la vez a la construcción del alcantarillado y al suministro de agua a las viviendas.

Así el agua en las casas es algo reciente, del siglo XX, y no obedece a razones domésticas sino de otro tipo. Y a ello hay que añadir que, en realidad, el agua ha tardado mucho tiempo en llegar a la mayor parte de las viviendas de las ciudades de los países europeos, y que solo a partir de los años 1950, o incluso más tarde, puede decirse que eso ha ocurrido.

Hasta casi mediados del siglo XX el agua en la casa era solamente algo de las clases altas y las clases medias acomodadas, y la mejor agua ha sido siempre para los ricos. Con lógicos desfases derivados de las distintas etapas del desarrollo económico, esa ha sido la situación normal en las ciudades de los países europeos. No era, pues, una situación colonial, como se ha pretendido en el Coloquio con referencia al caso de Puebla, en México, sino perfectamente normal.

En algunas ciudades de esa Europa ultramarina que es América todavía se mantienen hoy situaciones que en ciudades de la Europa citerior han sido normales todavía en los años 1940. El caso de Puebla es, en ese sentido, muy interesante. En dicha ciudad existen, de hecho, varias redes y sistemas de abastecimiento de agua, tal como se señaló en la comunicación de E. Benites. 1) La red municipal, que se utiliza según la posición social, es heterogénea y de calidad variada; existen políticas municipales diferentes según los barrios ricos y pobres, y muchas familias no pueden pagar el equipamiento de la red municipal, por lo que el servicio es diferente en distintas partes de la ciudad. 2) Además de la red municipal hay también unos 50 sistemas independientes de carácter privado, alimentados a partir de pozos, para abastecer a las urbanizaciones; sirven en total a una cuarta parte de la población y funcionan un tiempo variable, que oscila entre 2 y 20 horas, con agua que en algunas ocasiones no es clorada, siendo de más calidad la de las urbanizaciones para gentes de mayor renta. 3) La población se abastece también de agua transportada en camiones cisterna; existen 40 compañías en Puebla, tres de ellas con agua de calidad y las otras de calidad variable. 4) El agua que se bebe es adquirida en el mercado, ya que como el agua municipal no es potable, se compran botellas; hay compañías que ofrecen servicios diferentes: "calidad internacional solo para gente muy exigente" o "servicio personalizado a domicilio", como se dice en algunos anuncios. Es decir, que en Puebla, como en otras ciudades del mundo actual, no todo el mundo bebe la misma agua, tal como ocurría en las ciudades del Viejo continente, donde hasta no hace mucho pudieron coexistir también redes privadas diferentes, redes públicas y privadas, redes con consumo limitado y otras de consumo abierto⁽¹¹⁾.

El desarrollo del servicio de provisión de agua y desagüe ha sido espectacular desde el siglo XIX. Pero siguen manteniéndose grandes capas de población sin este servicio. Incluso en metrópolis de gran dinamismo, en donde las empresas públicas han realizado importantes esfuerzos para asegurar ese servicio. Por ejemplo en Buenos Aires, todavía quedan cuatro millones de personas que no tienen el servicio. La universalización es un objetivo declarado pero no conseguido. Ese ha sido, como vimos, un argumento importante en favor de la privatización del servicio. Especialmente en países iberoamericanos con ocasión de la crisis económica de los años 1980, que hizo disminuir drásticamente los recursos del Estado y la capacidad de actuación del poder público. Pero no es seguro que dicha privatización resuelva los problemas, como los debates del coloquio pusieron de manifiesto

Agua y alcantarillado son componentes esenciales de los servicios públicos. Desde el punto de vista político la legitimidad del Estado se afirma garantizando el acceso a servicios básicos, y el agua y desagüe lo son ya hoy. Pero los cambios técnicos imponen hoy la necesidad de grandes inversiones, coincidiendo con las crisis económicas que han afectado a muchos países. Al mismo tiempo en muchos casos se planteaba también la necesidad urgente de modernizar las redes obsoletas, sobre todo en los barrios viejos.

A todo ello se unen las crecientes exigencias de controles y mejoras para no degradar más el medio natural. Recientemente se ha incorporado en el precio del agua la depuración para defender la natualeza. La tecnificación creciente viene impuesta, entre otras razones, por el aumento de las reglamentaciones en el servicio de agua, especialmente en el tratamiento, con normas de calidad que no son ya solo municipales, ni siquiera nacionales, sino a veces transnacionales, como ocurre en Europa con las normas de la Unión Europea. Eso exige importantes inversiones. En la directiva sobre las aguas residuales urbanas de la CEE (271/91) se ha evaluado que las necesidades son de 12 mil millones de euros en Gran Bretaña, 12 en Francia, 27 en Italia y 64 en Alemania⁽¹²⁾. Cifras gigantescas aun para los países altamente desarrollados y que exigen soluciones políticas. Como seguramente las exigen también los problemas similares o todavía más graves planteados en los países en desarrollo.

Agua y relaciones sociales

Las cuestiones suscitadas en el Coloquio obligan a poner énfasis en los problemas del desarrollo técnico, económico e institucional de las redes, que adquieren un papel cada vez más relevante en la teoría urbana. Algunas obras recientes, como el libro de Gabriel Dupuy El urbanismo de las redes, han abierto un interesante camino en esa dirección, oponiendo a una concepción del territorio como configurado en áreas o zonas y delimitado por límites y fronteras en cuyo interior se ejerce el poder o los poderes (una concepción que tal vez podríamos llamar "areal"), otra reticular, que rebasa las zonificaciones y las fronteras y en las que se ejercen poderes diferentes⁽¹³⁾.

Efectivamente, la organización de las redes ha sido fundamental para las ciudades, y hoy se presta cada vez mayor atención al estudio de su implantación territorial (redes de gas, teléfono, agua...) como mecanismo básico de territorialización. En ese sentido se suscita la cuestión de saber si interrogar la ciudad a partir de las redes permite plantear nuevos problemas. Concretamente, desde el punto de vista social el acceso a las redes podría ser hoy un aspecto esencial para definir la posición de los grupos sociales. La pobreza podría ser entonces la falta de acceso a servicios como el agua potable, lo que nos conduciría a nuevos enfoques en el estudio de la geografía social de la ciudad.

El abastecimiento de agua se considera como un servicio al que teóricamente tienen derecho todos los habitantes, en particular todos los habitantes de la ciudad. Las afirmaciones políticas sobre la exigencia de universalización del servicio vienen luego afectadas por la fragmentación o segmentación de la oferta. De hecho, en las ciudades de los países en desarrollo lo que existe es un 'servicio plural', diferenciado para los distintos grupos sociales, como hemos tenido ocasión de ver al aludir al caso de Puebla.

Los pobres no han desaparecido de las ciudades de los países desarrollados, y en las de los países en desarrollo aumentan considerablemente en términos absolutos como resultado de la continua llegada de fuertes cifras de inmigrantes desde las áreas rurales. Eso implica que se necesitan inversiones cuantiosas para atender a sus necesidades, al tiempo que se desorganizan sistemas que funcionaban a la escala local en el medio rural.

Los títulos de los capítulos inicial y final de un libro de Peter Hall dedicado a la historia del planeamiento urbano durante el siglo XX expresan de forma expresiva el mantenimiento de fuertes cifras de pobres en las ciudades, a pesar de los importantes avances e inversiones que se han realizado en el campo del urbanismo. El libro⁽¹⁴⁾ se inicia con un capítulo titulado "La ciudad de la noche espantosa", que se refiere a las condiciones de pobreza en las grandes metrópolis de Europa y América entre 1880 y 1900, y se cierra (en su primera edición) con otro final titulado "La ciudad de la eterna pobreza", en donde alude a los sempiternos barrios bajos de las grandes ciudades, nunca erradicados por las medidas urbanísticas o reproducidos en otro lugar.

Expresado en términos económicos eso indica que se mantiene, y en muchas ocasiones incluso que crece, la demanda no solvente. Por ello, aunque el objetivo de las privatizaciones ha sido normalmente la universalización del servicio de agua, la realidad muestra que eso es imposible con la actual distribución de la renta.

En las comunicaciones se aludió a las fuertes concentraciones de renta y a los desequilibrios existentes. También se dieron datos que parecen indicar que aumenta el número de pobres o de familias de bajos ingresos en países como Argentina, con bolsas de pobreza en las grandes áreas metropolitanas, incluso en aquellas que han alcanzado elevados niveles de desarrollo como Buenos Aires (José Villadeamigo, Emilio Lentini).

El Coloquio ha puesto de manifiesto que el acceso al agua tiene una significación social. Como dijo uno de los comunicantes, Jean Marc Fournier: "La distribución desigual del agua en las ciudades de América Latina es ante todo el resultado de relaciones sociales. De manera general, los niveles de los servicios del agua corresponden a la posición de los individuos en la jerarquía social"

Y también : "Los discursos actuales sobre el acceso al agua para todos, para reforzar la cohesión social y territorial están en contradicción con sociedades urbanas cuyas bases mismas reposan sobre las desgualdades sociales y de acceso al agua".

Los contrastes son hirientes en todas las ciudades. Por un lado, barrios en que se despilfarra el agua, usada no solo en las necesidades del servicio doméstico, sino también en jardines, y piscinas, así como en labores continuadas de limpieza a cargo de una mano de obra barata. Por otro barrios sin dotación de agua y desagüe, obligados a abastecerse con camiones cisternas o en fuentes lejanas o contaminadas. Las estadísticas muestran que aumenta el número de familias que tienen problemas para pagar el abastecimiento de agua y desagüe (como señaló, por ejemplo la comunicación de Olivier Coutard).

Sin embargo, no se puede privar de este servicio a la población, aunque sea pobre. Y eso por variadas razones, tanto higiénicas (el peligro de epidemias, que hoy están retornando en todo el mundo⁽¹⁵⁾) como por razones políticas (ya que la incapacidad para proporcionarlas deslegitimaría al poder). Por ello se establecen mecanismos diversos para tratar de paliar el problema: tarifas sociales, que suponen subvenciones a los grupos de bajos recursos; se facilitan gratuitamente algunos metros cúbicos; se proporciona ayuda personalizada a familias con problemas; se diseñan nuevos tipos de facturas, con pagos a plazos, etc.

Pero los problemas no se resuelven fácilmente. Y sobre ello se dieron numerosos datos en el Coloquio. Ya hemos aludido al caso de Buenos Aires. En Rio, por citar otro, los barrios pobres tienen un deficiente servicio de agua; y la situación es más grave en lo que se refiere a las redes de desagüe, que muchas veces simplemente no existen. Se deben hacer por ello grandes inversiones. En muchas ciudades de países iberoamericanos algunas veces la privatización se ha hecho por los municipios ricos; por el contrario la periferia queda en las manos de lo público, y con los problemas mal resueltos por falta de recursos (lo que está también relacionado con el rechazo de las clases adineradas y medias a cualquier tipo de reforma fiscal que les oblique a pagar los impuestos que les corresponderían).

La instalación del agua o del desagüe es un factor esencial en el cambio de la imagen de un barrio. Se ve en el ejemplo de una favela de Recife, tal como mostró Dominique Vidal en su intervención.

También se aludió a los problemas suscitados por las espectativas que a veces se crean y que pueden ser luego no cumplidas. Es el caso de ciudades africanas donde había una segregación colonial y se esperaba que cambiara con el acceso a la independencia (Namibia). Pero ahora hay una segmentación creciente de la oferta, debido a la diversidad de demandas urbanas, lo que crea insatisfacciones y problemas (Sylvy Jaglin).

El problema no es solo de abastecimiento a las ciudades. También hay que abastecer las áreas rurales, donde a veces la densidad de población puede ser muy fuerte, y donde la falta de agua y desagüe puede generar graves problemas sanitarios y de contaminación. Es el caso de Egipto, donde es fuerte el contraste entre abundancia y escasez de agua; hay elevadas densidades de población rural y las aldeas consumen ahora como las ciudades. Hay que resolver también esos problemas, porque si no habrá problemas sanitarios y contaminación de cultivos (Eric Denis).

En todo caso, conviene tomar conciencia que la historia del servicio de agua potable está marcada por una sucesión de desafíos, "de adquisiciones frecuentemente frágiles y de soluciones nunca definitivas" -como ha escrito Dany Fougères con referencia al abastecimiento de agua a Montréal.

Las transformaciones recientes en el sector y sus consecuencias sociales y urbanas

En el Coloquio se planteó también el problema de cómo actúan los grandes grupos multinacionales dedicados a los servicios públicos en las diferentes ciudades, cómo obran a escala urbana y local estos nuevos actores que operan al mismo tiempo a escala mundial, y cómo influyen sobre la gestión urbana y sobre la política de la ciudad. Seguramente ahí pueden observarse los efectos de la mundialización sobre los espacios locales. Seguramente el análisis de los actores de la ciudad debe incorporar a partir de ahora el de las empresas de servicios públicos y en concreto las de agua.

Desde el siglo XIX las compañías privadas trataron de organizar redes territoriales, en una estrategia de extensión y ocupación del espacio. Como hemos dicho, en un primer momento los municipios les otorgaron contratos, sin tener clara conciencia de las consecuencias de lo que hacían, y concedían a una empresa el privilegio exclusivo y el monopolio para suministrar el servicio. Después se reaccionó, y los municipios supieron defender el derecho a controlar el espacio frente a las compañías privadas, e incluso frente al Estado⁽¹⁶⁾. Las características de esta reacción han sido diferentes según los países y las ciudades.

El mismo Estado ha cambiado de opinión y unas veces ha intentado asegurar por sí mismo un servicio, mientras que otras veces lo ha concedido a la iniciativa privada. El caso de los cambios de política del gobierno respecto al carácter público o privado de las redes telefónica en España y otros países a fines del siglo XIX es bien significativo⁽¹⁷⁾.

La confrontación entre lo público y lo privado (en las calles, urbanización pública y privada, en el gas, en el agua...) es uno de los conflictos más interesantes de la historia urbana, social, institucional, política.

La organización y la extensión de las redes se ha visto influida por la diversidad de instituciones territoriales. En el Gran Buenos Aires: los niveles federal, provincial y local; en Brasil: solamente Provincial y Local, ya que lo federal no actúa en lo referente a estos servicios públicos. En los últimos veinte años existe una política diseñada por los gobiernos de derecha para dividir las áreas metropolitanas -de fuerte peso electoral de izquierda- y destruir estos órganos de gestión. Algunas veces solo la necesidad de gestionar las redes hace que existan instituciones de coordinación. Por otro lado, como señaló Graciela Scheneier respecto a Buenos Aires, la planificación de la red es una referencia importante en el urbanismo de la ciudad; y en ocasiones, ante la falta la coordinación en la gestión metropolitana, la red de abastecimiento de agua y desagüe es el aspecto fundamental del urbanismo de la aglomeración.

Especial interés tienen los problemas de la financiación de la construcción de las redes, la cuestión de la procedencia de los fondos para financiarlas. A veces son fondos privados, obtenidos por los grupos empresariales. Pero otras son obtenidos del mismo Estado, o con el aval del Estado, o de bancos nacionales.

Como las ciudades crecen mucho, y la puesta en marcha de un servicio de agua y desagüe no puede hacerse de forma instantánea, sino que requiere cierto tiempo, para obtener los capitales, diseñar los proyectos y realizar las obras, el número de personas sin servicio de agua y desagüe puede crecer. Desde luego en términos absolutos, aunque no siempre en términos relativos.

El aumento de los costes resultado de la privatización deja a muchos grupos de población sin posibilidad de pagar la conexión y el servicio del agua (así en Buenos Aires, donde los datos que proporciona la comunicación de Villadeamigo son concluyentes al respecto). Pero las empresas no pueden reducir los costes.

De hecho las compañías obtienen la mayor parte de sus ingresos de los grupos mas ricos y de las empresas que consumen mucha agua. En Buenos Aires, según Villadeamigo los grupos más débiles económicamente tienen una escasa incidencia sobre el negocio de la compañía, ya que solo aportan el 7 por ciento a los ingresos de la misma. Algo similar ocurre en el suministro de electricidad tras los procesos de privatización que se han realizado⁽¹⁸⁾. Para asegurar el consumo y elevarlo se necesitan subvenciones públicas, ya que las compañías no tienen interés en aportar las sumas que se requieren para un negocio tan escaso. Pero si esos subsidios se han de aportar por organismos públicos, entonces ¿qué sentido tienen las privatizaciones, que son incapaces de asegurar la universalización del servicio?.

Usuarios, consumidores y conflictos

El funcionamiento del servicio del agua involucra hoy a diferentes agentes y actores: compañías privadas, administración pública a diferentes niveles, técnicos y usurarios.

Por un lado las grandes empresas, y en concreto, en el caso de Francia y de los países iberoamericanos, los tres conglomerados empresariales ya citados. A ellos hay que unir los municipios, de tamaño y población diferente, con diferentes grados de autonomía política, y de autonomía económica, en general pequeña, porque no poseen recursos propios, que son transferidos por el Estado. El poder municipal tiene un creciente protagonismo en la vida política, aunque todavía en situación de subordinación, sobre todo económica, respecto al Estado, de cuyos presupuestos vienen lo esencial de sus recursos. Pero también hay que considerar la administración central del Estado y los gobiernos regionales (Länder, Provincias, Comunidades Autónomas...). Los procesos de descentralización que se están produciendo en muchos paíes europeos y americanos están introduciendo crecientemente un nivel intermedio "regional, con fuertes competencias incluso jurídicas, y al mismo tiempo, por encima del Estado, organizaciones supranacionales (U.E. Mercosur..) están adquiriendo atribuciones que rebasan el ámbito estatal.

En ocasiones la administracion pública actúa directamente y otras lo hace a través de los organismos reguladores que se establecen. Es necesario la existencia de diferentes instancias de regulación, desde lo local a lo supranacional. Se insistió en que toda regulación implica una serie de arbitrajes entre intereses diferentes, debido a la diversidad de los actores y a las escalas temporales posibles (a corto o largo plazo). "La regulación -dijo Pierre Bauby- debe tender a que el servicio público del agua sea reapropiado por aquellos a los que se destina, es decir los usuarios-conumidores, los ciudadanos y la colectividad".

Las instituciones públicas y los grandes grupos empresariales privados no son entes abstractos, sino organizaciones en las que actúan directivos, funcionarios de diverso nivel y técnicos (ingenieros, juristas, economistas...) con intereses diversos y a veces enfrentados y actitudes corporativas. En ocasiones con conflictos internos entre ellos (como ocurre frecuentemente entre ingenieros y arquitectos).

Finalmente tenemos a los usuarios, que podemos dividir en dos grandes fracciones, los grandes y los pequeños consumidores, y que desarrollan acciones individuales o colectivas (por asociaciones de barrio...).

Todos se mueven en el marco de unas normas jurídicas y de unas reglas de juego más o menos bien establecidas, y que unas veces se cumplen y otras se vulneran como resultado de estrategias diversas y de la corrupción, un mecanismo mal entendido y al que nadie se refiere, pero a cuya actuación varios participantes se encargaron de aludir (por ejemplo, como ya hemos dicho, Pierre Bauby).

En definitiva el funcionamiento de este servicio, como otros es en realidad, el mismo juego y diferentes actores, como dice el título de un conocido trabajo de C. Jacobson (1989). Un juego en el que queda amplio margen para los espacios de negociación.

A la vez que el proceso de globalización avanza, se producen conflictos crecientes en relación con la aparición de movimientos sociales que tienen que ver con el uso del agua. En el Coloquio se han tratado de comparar esos movimientos y examinar si en todos los países y tipos de ciudades las motivaciones son similares. El estudio de los movimientos sociales en la ciudad tiene ya varios decenios de antigüedad, pero resta saber si los que hoy se producen son del mismo tipo, y si es posible estudiarlos con los métodos y los enfoques que se aplicaron a aquellos.

Las comunicaciones han mostrado que una parte de dichos movimientos tiene que ver, ante todo, con las reivindicaciones de los usuarios por el precio del agua y los desagües, que a veces están muy por encima de sus posibilidades. Pero en otros casos se rebasan esas motivaciones y se intenta buscar nuevas formas de participación.

Unas veces las reivindicaciones se refieren a los precios o a la exigencia de agua de mejor calidad, no contaminada. Los conflictos entre usuarios y las compañías o la administración surgen, ante todo, como dijimos, por la existencia de una demanda creciente, de agua y de otros servicios urbanos, lo que va unido desde 1990 a una fuerte subida de los precios, que ha podido llegar al 50 por ciento (según datos de Olivier Coutard).

El precio del agua pesa en el presupuesto familiar y genera descontento. En algunas grandes aglomeraciones las rentas de las grupos populares son insuficientes para pagar un buen servicio de agua y desagüe.El sistema de cobro de las facturas cada cierto tiempo supone problemas suplementarios para las familias, ya que muchos van haciendo los gastos según las necesidades y no tienen capacidad de ahorro para abonar cada dos meses las cantidades facturadas. Por otro lado, en la organización familiar del gasto a veces se consideran otras cosas (como la alimentación) más prioritarias que el agua. En ocasiones, además, el recibo del agua viene aumentado porque algunos ayuntamientos cargan impuestos en las facturas (basuras, impuestos municipales), lo que genera reacciones populares contrarias.

Otras veces los conflictos tienen que ver con la demanda de una mayor partipación de los usuarios en el control de las empresas. "Se reivindica el principio de una gestión democrática del agua, fundada sobre prácticas participativas, transparentes, asociando los representantes de los usuarios del agua a los organismos encargados de su gestión". Se estima que este empuje de la sociedad civil es universal y parece irreversible, y se han estudiando algunos de esos movimientos asociativos (Hadj Ali). En el Coloquio se ha tratado de comparar esos movimientos, ver si en todos los países y tipos de ciudades las motivaciones son similares.

El agua y los movimientos ciudadanos

Un hecho nuevo en la actualidad es que se están multiplicando las accciones frente a los grandes grupos internacionales (Vivendi...). En primer lugar, aumentan las acciones contra las facturas. La decisión de pagar o no pagar a veces rebasa lo puramente individual y se convierte en una decisión colectiva, incluso de todo un barrio. Por ello la relación de las compañías con los usuarios es más compleja de lo que aquellas imaginaron en el momento de la licitación. Muchas veces no es una simple relación entre la empresa y los usuarios individuales, sino entre la empresa y asociaciones de vecinos organizadas y militantes. Por tanto los problemas legales, técnicos y de tarifas se convierten en problemas políticos (Henri Coing). "El sector del agua se convierte en el teatro de un crecimiento ininterrumpido de un movimiento asociativo que contiene con frecuencia un 'vedadero potencial de rebelión' contra la empresa y contra ciertas prácticas de las grandes compañías sobre el mercado del oro azul"(Youcef Hadj Ali). La sociedad civil se organiza, determinada a ejercer un contra-poder frente al oligopolio del agua.

Hadj Ali mostró las raíces del movimiento. Ante la crisis de los partidos políticos tradicionales la actividad política se dirige a otras formas de acción. Se hacen críticas al laxismo de los representantes democráticos y se insiste en la necesidad de no separar la base de los dirigentes. Hay crisis de las formas habituales de hacer política y de militantismo político, y surgen otras basadas en los mecanismos de solidaridad, en la participación y el contacto social, cada vez más organizadas, y utilizando hoy Internet para facilitar la conexión.

Todo ello plantea problemas inéditos. Estos movimientos tienen aspectos positivas, y otros poco claros por ausencia de control democrático, como ocurre en muchas ONG. Sin duda es positivo que haya organizaciones de consumidores, ya que el número de asociaciones es una señal de articulación social. Pero no es seguro de que siempren constituyan formas de participación política. Algunas veces defienden privilegios, y la eficacia depende del acceso a la prensa, controlada frecuentemente por grupos económicos.

En el Coloquio se presentaron algunos analisis sobre casos concretos. Así ejemplos de movimientos asociativos para pedir la rebaja del precio del agua, y contra los fuertes aumentos del precio que se produjeron en los años 1993-94 en Francia, o al menos en el Departamento de Rhône. La comunicación de Sandrine Dall'Aglio mostró que en algunos casos los representantes municipales habían perdido el control de la actuación de las compañías, y puso de relieve la importancia creciente de las asociaciones de consumidores, que en algún caso se presentan ya a las elecciones municipales. Las compañías tienen tendencia a privilegiar la relación con los ayuntamientos y conceden poca importancia a la relación con los clientes, que es una relación individual a través de la ventanilla, y realizada colectivamente sobre todo a través de campañas de información y propaganda. Pero la actuación de éstos movimientos de protesta les está haciendo cambiar.

La comunicación de Youcedj Hadj Ali puso de relieve que las compañías comienzan a preocuparse por el movimiento asociativo y que se están obteniendo algunos resultados. Ya se acepta que hay falta de transparencia, que los recibos son confusos e incomparables, que las compañías deben hacer informes de gestión claros, y cumplir lo que prometen. Luego se ha pasado a cuestionar la forma como se han hecho las concesiones. Se observa que es posible influir en las grandes empresas con movimientos organizados.

Las actuaciones muestran la capacidad de movilización social para conseguir objetivos presionando a los representantes municipales, con el fin de aumentar el control sobre el agua. Los usuarios se niegan a pagar los recibos, y a veces los tribunales les dan la razón, porque había irregularidades. En algunos casos se está ya consiguiendo que la participación de los usuarios tenga carácter legal, a través de comisiones de consumidores que actúan en el seno de organismo reguladores o en la fase de información. Por ejemplo en Argentina, como mostró Emilio Lentini. Aparecen nuevos actores: asociaciones de consumidores y usuarios, parlamentarios, políticos, la Iglesia, las ONG. También aumenta el número de Defensores del Pueblo que no dudan en actuar en relación con los servicios públicos, entre ellos el agua. Las leyes de defensa de los consumidores y de defensa de la competencia son ya logros obtenidos de todos estos movimientos.

Se han mostrado diferentes tipos de acciones locales: se pide información sobre la forma como se establece el precio del agua, se negocia la rebaja de las tarifas... Algunas asociaciones intentan coordinarse a escala nacional, rebasando lo puramente local. Uno de los problemas abordados es el de las actuaciones de usuarios que rebasan la escala local, y como se coordinan en las escalas superiores (regional, nacional y europea). Se plantea a cuestión de cómo se realizan las concertaciones, y cuales son más eficaces, de cómo se integran estas formas de actuación de los habitantes (en tanto que consumidores) en el sistema político existente, de representación a través de partidos.

Pero todo ello no deja de plantear problemas inéditos. El consumidor aparece como una categoría social con características propias. Pero se suscita la cuestión de cómo se relaciona con el resto de la sociedad civil, qué relación existe entre consumidor y ciudadano. Es lo que intenta aclarar Bernardo Sorj, el cual insistió en que las nuevas formas de participación que se buscan han de ser también transparentes, que no sean manipuladas -un peligro que se corre cuando las organizaciones son tan vastas y el simple usuario raso queda lejos de los órganos de poder de esa asociación.

Se ha señalado también que en las protestas cuanto más importantes son las rentas menos se utiliza el espacio público: los pobres utilizan la calle para protestar mientras que los ricos usan el teléfono y los contactos personales.

Aparecen nuevos tipos de conflictos, en relación con el servicio de agua. Como dijo Bernard Sorj, cuando el responsable del servicio era el Estado el conflicto resultante era político e ideológico. Si el abastecimiento de agua es facilitado por la administración pública la responsabilidad es de ella y las reclamaciones pasan a adquirir un carácter político. Así un aspecto importante de la privatización es que con ella los poderes públicos evitan responsabilidades, las canalizan hacia las sociedades privadas. Pero surgen nuevos problemas. Entre otros una creciente judicialización. Hoy al ser compañías privadas las que facilitan el servicio, conflictos tales como el no pagar tarifas, o la conexión clandestina a la red deben resolverse judicialmente, lo cual además es imposible, ya que son conflictos de carácter social irresolubles. Cuando el usuario no paga el recibo, se corta el agua, pero eso es imposible cuando se trata de un barrio entero. Las compañías han puesto a punto mecanismos para embargar bienes, o para delegar en empresas de cobro la liquidación de la deuda, lo que genera nuevos conflictos.

Se presentaron algunas experiencias que tratan de resolver el problema del agua y desague mediante iniciativas concretas. En algún caso se ponen a punto formas nuevas de cooperación para favorecer el abastecimiento de agua, constituyendo operadores que actúan a determinadas escalas. Así la experiencia del barrio del Riachuelo en Buenos Aires, presentada por Mireille Murawski, con la participación de Midi-Pyrenées, y que asocia a varias instituciones con el ayuntamiento, la compañía de agua y los propios vecinos que pueden aportar su trabajo. Se trata de un sector de suelo ocupado ilegalmente, que pertenece al Banco de la Provincia. Se ha creado la Fundación Riachuelo, que establece la relación entre las autoridades y la población del barrio. La actuación incluye la creación de unidades vecinales para resolver el problema de la legitimidad del acceso, y asociar a las familias como unidades de copropiedad. Para construir las redes, los habitantes deben pagar una parte en trabajo, y el resto es pagado por la funación (cooperación francesa y Provincia de Buenos Aires, las familias y Aguas Argentinas). Se organizan comisiones de gestión, para el funcionamiento, una vez que la instalación se ha realizado. Se trata sin duda de una iniciativa interesante y bien intencionada. Pero también insuficiente en relación con la magnitud de los problemas existentes: la escala de la intervención es reducida a una cuantas manzanas mientras que los problemas afectan a millones de personas.

Se hizo alusión asimismo a la colonización del Estado por las grandes empresas, y de la importancia de los consumidores en la lucha contra ese poder. También se habló del Estado, de que éste tiene una función básica para asegura la existencia de la sociedad civil. Pero, se planteó si tiene sentido hablar de sociedad civil en un barrio brasileño con pobres y ricos y se insinuó que a veces es simplente una forma de ocultar las contradicciones.

Diferentes alternativas

El Coloquio ha sido muy interesante, tanto por las comunicaciones como por los debates. Hay que felicitar a los organizadores por este excelente encuentro, cuyas comunicaciones esperemos que puedan publicarse pronto.

En la actualidad existen claramente dos alternativas en lo que se refiere a los servicios públicos. Una es la continuación e intensificación de los procesos de privatización, que han avanzado considerablemente desde los años 1980 y se han extendido ampliamente a los servicios de agua y desagüe desde los 90. Se trata de la profundización de un proceso que ya se extiende al suelo, con la privatización de espacios públicos, a las empresas estatales, a la privatización de la salud y la educación, a la del derecho a la violencia y al castigo. Y existen propuestas para la privatización de la fauna salvaje y los recursos vegetales del planeta. Además de, por supuesto, la privatización de los conocimientos sobre el genoma humano. Naturalmente debería extenderse al aire, cada vez más contaminado y en el que la pureza se convierte ya en algo raro y escaso: llegará el día en que podrán instalarse con gran ventaja respirómetros que permitan disponer de aire puro a tanto la inspiración: los ricos se notarán porque podrán respirar con fuerza, henchir el pecho, correr, dar suspiros y resoplidos sin tasa, mientras que los pobres deberán limitarse a aspirar el aire en pequeñas cantidades, y se distinguirán por su andar quedo y pausado⁽¹⁹⁾.

Otra alternativa consiste en un cambio de las estrategias, y la aceptación del carácter público de esos servicios y de la necesidad de mantenerlos bajo control público, poniendo coto a la mercantilización del agua, a su consideración como un producto comercial, al igual que la energía.

La privatización de este servicio se ha apoyado muchas veces en la idea de que había una demanda popular para ello, motivada por el hecho de que el servicio era ineficiente. Es posible que esto haya ocurrido en algunos casos, aunque los testimonios proceden generalmente de parte interesada. Cuando se han hecho encuestas rigurosas, se ha podido comprobar la existencia de una opinión contraria, lo que ha paralizado en algún caso los proyectos, como ocurrió en Montréal en 1994. A veces quienes están detras de las privatizaciones son en realidad las mismas empresas de servicios, para las que constituye un negocio claro, o empresas de ingeniería, como ha ocurrido en casos en que "la ausencia de grandes proyectos hace de la gestión y distribución del agua un objeto codiciado"⁽²⁰⁾.

Pero no es seguro de que, en el caso de que la insatisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos haya existido, la misma fuera unida también a una crítica del Estado, sino simplemente a su funcionamiento. Sin duda, hacía falta mejorar algunas situaciones, corregir las estructuras administrativas y la organización de empresas públicas que habían sido utilizadas por los políticos como formas de pagar favores y de obtención de recursos para usos muy variados; y por algunos funcionarios como una canonjía de la que no había que rendir cuentas a nadie. Y en ocasiones se necesita, además, realizar la reforma fiscal para dar más recursos al Estado, con voluntad de hacer pagar a los que más tienen y de redistribuir la riqueza. Pero no es seguro que el Estado sea más ineficiente y corrupto que la empresa privada y que los grupos financieros que actúan a escala mundial, como la prensa se encarga casi cada día de recordarnos. Y sí es cierto, en cambio, que constituye la única institución eficaz para la redistribución de recursos y para la solidaridad, para defender a los pobres, como ellos saben muy bien. Podemos preguntarnos a quién benefician los procesos de desligitimación del Estado.

El Coloquio ha mostrado que la privatización del servicio de agua no puede considerarse como un éxito. Desde luego no lo es para los usuarios que no tienen garantizado el servicio. Aunque desde el punto de vista económico lo sea para unas empresas que obtienen al parecer enormes beneficios económicos y políticos de ello.

Lo público y lo privado se oponen en muchos aspectos: en los fines (lo público para el interés general y a largo plazo y lo provado para el beneficio económico y a plazos más cortos), en las lógicas de actuación. También se acostumbra a oponer la culturas profesionales de los funcionarios, por un lado, y empleados, por otro: mientras que los funcionarios y la burocracia son más estables y en ocasiones forman parte de cuerpos que actúan con continuidad, los empleados de una empresa privada pueden cambiar más fácilmente, sobre todo ahora cuando éstas favorecen contratos cortos y la rotación del personal. Pero también existe el peligro de burocratización y desinterés de los funcionarios.

En la actualidad algunos insisten en que puede haber servicios públicos de gestión pública y otros de gestión privada. Así aparece en esta caracterización de los servicios públicos: "una actividad de interés general, gestionada por la administración o por una persona privada que ha recibido la delegación de ello y está sometida a alguna forma de control administrativo"⁽²¹⁾. La concesión a personas privadas del suministro de un servicio público (a través del arrendamiento del mismo, por ejemplo) es ya una práctica que se fue introduciendo durante la edad moderna, pero que exige siempre vigilancia y control

El debate entre monopolio y competencia se produjo ya con gran fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. También entre posiciones que trataban de defender a los consumidores, las cuales estaban en la base de las políticas librecambistas, y las que trataban de defender el empleo, que servían de fundamento para apoyar políticas proteccionistas. En algunos países europeos, como España, desde finales del siglo triunfaría la segunda opción en lo que se refiere a la política industrial, aunque se plantearían contradicciones en otros campos de actividad. En los países iberoamericanos hasta 1930 se apoyó la opción librecambista -aunque con numerosas excepciones en lo que se refiere a los servicios públicos-, y a partir de ese momento se aprobaron numerosas medidas de política proteccionista que apoyaban la industria nacional para la sustitución de importaciones, lo que en el campo de los servicios públicos dio paso a frecuentes intervenciones de las diversas administraciones del Estado.

Muchos de los problemas planteados ya en la segunda mitad del siglo XIX o primer tercio del XX continúan estando presentes hoy. El caso de los contratos firmados para la privatización del servicio de agua por numerosas ciudades en Europa y en países iberoamericanos muestra que parece no haber memoria histórica, ya que se trata muchas veces de contratos firmados rápidamente con falta de experiencia por parte de las administraciones públicas.

Conviene no olvidar que los problemas de pobreza eran semejantes en el pasado -cuando no peores-, como lo eran también las dificultades para asegurar el servicio de agua. Para resolverlas han hecho falta decenas de años y fuertes inversiones públicas y privadas, o privadas con apoyo público. Las inversiones de infraestructura en Europa fueron realizadas frecuentemente por el poder público desde el siglo XIX, y financiadas en buena parte por el presupuesto del Estado o los municipios; era una forma de redistribución de recursos, financiado a veces por un impuesto para las infraestructuras, más la ayuda del gobierno central. La diferencia es que hoy existen más expectativas en relación con estos servicios y una fuerte presion social para que se suministren en breve plazo. Además de razones políticas, de equidad y de salubridad para que se haga.

La privatización del servicio de agua y desagüe se ha hecho de una manera especial, diferente a los teléfonos, la electricidad o los ferrocarriles. En el caso del agua se gestionan redes integradas, sin establecer diferencias entre producción, distribución y comercialización. En los otros servicios, en cambio, se acepta que pueden introducirse dichas diferencias, entre por ejemplo producción y distribución de electricidad, o entre los conductores (sean líneas telefónicas o vías de ferrocarril) y los flujos o el material circulante por ellos. Eso no ha ocurrido, afortunadamente, en el caso del servicio de agua y potable, aunque ya se empieza a pensar en la posible existencia de dos redes, la de agua para el servicio doméstico y la de agua potable para el consumo humano.

Una pregunta que puede hacerse a partir de las estrategias que han seguido los grandes grupos empresariales que intervienen en este servicio público es si realmente tiene sentido asociar el abstecimiento de agua a otras actividades (por ejemplo, las comunicaciones telefónicas) y si se tiene la seguridad de que estos conglomerados de intereses tan amplios y diversos van a actuar con mayor racionalidad que las empresas públicas y que la administración pública.

Con la privatización del agua los que no tienen recursos no pueden pagar. Tanto más cuanto que, como hemos visto, el precio del agua ha aumentado en los últimos diez años, y parece claro que deberá ser creciente debido a las exigencias ecológicas en el tratamiento de las aguas residuales, que no pueden lanzarse a los ríos o al mar sin tratamiento, como se ha hecho hasta ahora con gran frecuencia. Parece claro que el agua se ha de pagar en la proporción que se consuma; es un recurso escaso y por tanto hay que incluir en el precio el coste de conservación de dicho recurso y de las redes de distribución. Pero el problema es saber qué ha de hacerse cuando hay grupos sociales que tienen dificultades para tener acceso a ella y para pagarla.

El servicio publico de agua exige la creación de mecanismos de solidaridad, de redistribución, opciones políticas, y la organización de instituciones públicas. A pesar de la actual ola neoliberal y privatizadora, son muchos también los que piensan que debería organizarse como un servicio público. La cuestión es como hacerlo.

Es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la universalización del servicio, buscando los recursos necesarios para la construcción de las infraestructuras, proporcionar unas dotaciones mínimas de agua y la evacuación y tratamiento de las residuales, al igual que de las basuras. En el siglo XIX se tuvieron en cuenta razones higiénicas para iniciar la organización de redes de distribución de agua y de desagüe. Esas mismas razones siguen siendo válidas hoy con el retorno de las epidemias.

La distribución de agua para uso personal (y para otros usos) es algo que debe hacerse como un servicio público asegurado por la administración pública. Parece claro que los poderes públicos deberían reglamentar, establecer normas de calidad, asegurar la competencia y evitar las situaciones de monopolio y oligopolio. El control del agua, que es un recurso escaso, debe ser una responsabilidad de la administración pública.

Algunos piensan que la existencia de una organismo público de regulación independiente es una solución. No queda claro qué quiere decir independiente, pero desde luego no debería significar independiente del Estado.

El agua un recurso escaso, sobre todo en ciertos países. En su precio hay dos componentes principales: uno el que corresponde a la construcción de las infraestructuras, y otro el que corresponde al consumo.

Que el sistema asegure la distribución y evacuación del agua, incluso a las familias más pobres, no significa que se deba consumir el agua que se quiera. Hay que repetir una vez más que el agua -como otros recursos de la Tierra- se despilfarra. Y que el modelo de consumo no puede ser el de los países más avanzados⁽²²⁾. En éstos se debería penalizar el despilfarro, gravando y penalizando fuertemente el consumo que se realiza por encima de ciertos niveles adecuados al tamaño familiar.

Los datos que se tienen sobre el agua muestran que además de ser un recurso escaso está desigualmente distribuido. El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que 2000 millones de personas sufren ya de falta de agua y ha alertado de que en los próximos 25 años habrá grandes problemas de abastecimiento en 60 países de la Tierra lo que supondrá las dos terceras partes de la Humanidad⁽²³⁾.

Se imponen, pues, drásticas soluciones. Deben estudiarse seriamente mecanismos para reducir el consumo de agua y penalizar el exceso. El modelo debería ser una cifra máxima de agua por persona a precios reducidos y tarifas muy elevadas por encima de ello, que desanimen al despilfarro. Pero quizás hagan falta también otras medidas.

En ese sentido, los últimos datos disponibles son bien significativos. A punto de publicar este artículo, la Comisión Mundial del Agua impulsada por el Banco Mundial proclama que los avances en los últimos 20 años han sido notables, ya que 2.400 millones de personas han accedido por primera vez al agua potable, y 600 millones a instalaciones de saneamiento. Pero advierte de que 3.000 millones de personas, es decir la mitad de la población mundial, no tienen acceso todavía a los servicios de saneamiento y que 1.200 millones carecen de agua potable; al mismo tiempo el crecimiento demográfico (que estima una población de 8.000 millones para dentro de 25 años) agravará todavía más la situación, dada la escasez de agua potable accesible en el planeta.

Es interesante señalar que estos cálculos han sido realizados por una comisión que actúa por encargo del Banco Mundial, y favorable por tanto a la privatización. En el informe se señala que ésta permite obtener recursos económicos para financiar nuevas redes. Pero indica que deben correr por cuenta del Estado la regulación, la protección del medio ambiente y "las subvenciones directas a los usuarios necesitados"⁽²⁴⁾. Es decir, que como hemos estado viendo en este artículo, las compañías se seguirán dedicando a la construcción de las redes para la demanda solvente, de la que continuarán obteniendo grandes beneficios, mientras que será la administración pública la que deberá atender a los más necesitados.

El II Foro Muncial del Agua que acaba de celebrarse en La Haya con participación de 3.500 expertos y políticos ha mostrado una vez más las contradicciones y conflictos existentes en torno a la evaluación de las políticas existentes para resolver el problema del agua a escala planetaria⁽²⁵⁾. Aunque los partidarios de la privatización han seguido presentando sus argumentos, apoyándose para ello en el citado informe de la Comisión Mundial del Agua del Banco Mundial, y defienden que solo las grande empresas multinacionales están en condiciones de realizar las enormes inversiones que se necesitan, otros han insistido en que los problemas unicamente podrán resolverse con una intervención pública decidida. Éstos, que según las noticias parecen haber sido numerosos, han rechazado decididamente la idea de que la gestión pública del agua sea equivalente a ineficiencia. Una idea que seguramente se apoya en datos empíricos referentes a algunas situaciones concretas, pero que es, además, interesadamente difundida por todo el aparato propagandístico de políticos y economistas "neoliberales" y por los portavoces de las mismas empresas interesadas en la privatización. En todo caso, el debate es de extrema importancia y de gran urgencia, lo que muestra el interés de reuniones como la celebrada en París, a la que se refiere esta nota.

Comité Organizador
 

Profesora Graciela Schneier-Madanes, IHEAL, Paris

Bernard de Gouvello, CREDAL, Paris

Claude Dupuy, Université Toulouse 1,

Jean Marc Fournier, Université de Caen.
 

Adriana Araneda, Red Pehuén, Ecole d'Architecture Paris-La Villette

Pierre Bauby, Reseau Services Publics Européens

Horacio Capel, Universidad de Barcelona

Pierre Y. Jacopin, IHEAL, Université Paris-III

Henri Coing, Institut de Recherche pour le Développement

I. USAGERS, CONSOMATEURS, CONFLICTS
 

Moderateur: Pierre Yves Jacopin, IHEAL

Pierre Bauby (Réseau Services Publics Européens): Renover et reguler le service public d'eau.

Hadj Ali, Youcep (LEREPS): Majors de l'eau et societé civile: comme l'eau et le feu... Les leçons françaises.

Sandrine Dall'Aglio (Laboratoire Rives, ENTPE): Associations locales d'usagers de l'eau. Le cas du département du Rhone.

José Villadeaamigo (Universidad de Buenos Aires). Les caractéristiques économiques de la région métropolitaine de Buenos Aires comme déterminants du profil de l'usager/consomateur des services d'eau et d'assainissement.

Mireille Murawski (ACAD): Le programme Riachuelo: une coopération franco-argentine pour favoriser l'émergence d'un operateur urbain.

Bernardo Sorj (MSH, IHEAL): La figure du consmommateur commo nouvelle catégorie sociale en Amérique Latine. Rénover et réguler le service public de l'eau.
 

II LES ENJEUX URBAINS

Moderateur: Daniel Faudry (IEPE, Grenoble).

Olivier Coutard (LATTS, ENPC): La face cachée du service universel: différentiation technique et tarifaire dans le secteur de la distribution d'eau potable en Europe.

Graciela Schneier (CREDAL): Mondialisation des villes: une lecture au travers des conflicts de l'eau à Buenos Aires.

Jean Marc Fournier (CRESO, MSH Caen): Service de l'eau et inégalités sociales dans les villes d'Amérique Latine: Puebla (Méxique).

Dominique Vidal (Université de Lille-III): De l'eau et des hommes: approvissionement, urbanisation et politique dans une favela de Recife, Bresil.

Sylvy Jaglin (LATTS): Les échelles des réformes des services urbains de léau en Afrique australe. L'exemple de la Namibie.

Eric Denis (CEDEJ-CNRS): Urbanisation en tout point et accès à l'eau en Egypte.
 

III. PRIVATISATIONS ET RÉGULATIONS
 

Modérateur: Graciela Schneier-Madanes (CNRS-CREDAL).

Dominique Lorrain (CEMS): Travailler sur des objetx chauds.

Henri Coing (IRD-IESA):Décentralisation et gérance privée à Monagas (Venezuela): à quoi servent les contrats?.

Ana Britto (Universidade de Rio de Janeiro): Mutations récentes dans la gestion de l'eau à Rio de Janeiro: nouvelles perspectives pour l'action publique et nouveau rôle pour le secteur privé.

Emilio J. Lentini (Universidad de Buenos Aires): Diagnostic et propositions pour la régulation du service de l'eau du Grand Buenos Aires. Perspective pour l'Argentine et les pays d'Amérique Latine.

Bernard de Gouvello (CREDAL): La recomposition du secteur de l'eau et de l'assainissement en Argentine à l'heure néoliberale: iversité des solutions et processus d'apprentisage productif.

Edgardo Benites (UNAM-Paris VIII): Réponses des villes moyennes à la mise en oeuvre d'une politique sectorielle de privatisation d'un service urbain: leau au Mexique.
 

IV. MONDIALISATION ET CONCURRENCE.

Moderateur: Claude Dupuy (LEREPS)

Daniel Baudru (LEREPS): Le mode d'organisation français de la délégation de missions de services public est-il un modéle exportable?.

Edmundo Dupre Echevarría (ESVAL, Chile): Changements institutionels dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Amérique Latine.

Emmanuel Subangun: Eau potable, privatisation et matriotisme.
 

V CONCLUSIONS

Horacio Capel (Universidad de Barcelona).

ARROYO HUGUET, Mercedes. La industria del gas en Barcelona, 1841-1933. Innovación tecnológica, territorio urbano y conflicto de intereses. Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección "La Estrella Polar"), 1996. 420 p.

ARROYO HUGUET, Mercedes. Ildefonso Cerdá y el desarrollo del gas en Barcelona. Scripta Nova, Universidad de Barcelona, nº 2, 1 de abril 1997 (http://www.ub.es/geocrit/sn-2.htm)

ARROYO HUGUET, Mercedes. La articulación de las redes de gas desde Barcelna. Empresas privadas, gestión municipal y consumo particular. In CAPEL, Horacio & LINTEAU, Paul-André (Coords.), 1998, p. 163-78.

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ZIEGLER, R. Sociología industrial y de los recursos humanos. Madrid: Taurus, 1993.

Notas
 

1. El País, 31 enero 2000, pág. 65. Días después Vivendi se asoció también con la alemana Mannesman.

2. Como introducción al tema puede ser interesante la obra de Alfred D. Chandler Jr. (sobre ella Arroyo Huguet, 1999). Véase también Garmendia y Luna, 1993 y Ziegler, 1993.

3. Capel (Dir). Las Tres Chimeneas, cap. 2.

4. Guy-Marvin, 1998.

5. Fernández Vega, 1999, págs. 206 ss.

6. Blasco Esquivias, 1998.

7. Por ejemplo en 1801 la Compagine des Propietaires des Eaux de Montréal, que obtuvo el monopolio de la explotación para 50 años. La municipalización del servicio se realizó en 1845, después de obtener la ciudad el estatuto municipal (Fougères, 1998, p. 205).

8. Un caso paradigmático es el del contrato para el suministro de gas en Barcelona, firmado en 1842, y que ha sido espléndidamente estudiado por Mercedes Arroyo, 1996.

9. Barraque, 1999, p. 176.

10. Capel-Tatjer, 1991.

11. Algunos datos y referencias sobre Barcelona y otras ciudades españolas en Capel, 1999.

12. Barraque, 199, pág. 173.

13. Dupuy, 1991, pág. 13.

14. Hall, 1996; me refiero a la primera edición de 1988, ya que en esta segunda se le han incorporado otro capítulo final.

15. Cueto, 1997 y Buj, 1999.

16. Como hemos mostrado que hizo el municipio de Barcelona en el caso del trazado del cable subterráneo de telégrafos por el Estado en las calles de la ciudad (Capel-Tatjer, 1994).

17. Capel, 1994.

18. Guy y Marvin, 1998.

19. Leí hace muchos años un divertido cuento de Alvaro de la Iglesia, cuyo título lamento ahora no recordar, en el que se describía un hotel con esos respirómetros.

20. Fougères, 1998, pág. 212.

21. Bertrand, 1999, pág. 19.

22. Una amplia bibliografía sobre el agua en España puede verse en Martín Lou, Muscar Benasayag y Ruiz de Temiño, 1999; incluye trabajos sobre 1) abastecimiento, usos y demanda; 2)política hidráulica y gestión del agua; 3) legislación; 4) calidad y control, contaminación, tratamientos y vertidos; 5) agua continental; 6) economía del agua.

23. El País, 2 de febrero 2000, pág. 30. Sobre el caso español véase también Moral Ituarte, 1996.

24. El País, 14 de marzo de 2000, pág. 44.

25. El País, 19 de marzo de 2000, pág. 39. El título de la noticia dice: "La privatización del agua avanza más en el Tercer Mundo que en los países occidentales. El foro de la Haya revela la falta de acuerdo sobre la ineficacia de la gestión pública del agua".
 

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