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Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9796] 
Nº 233, 29 de mayo de 2000 

REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T.  Geografía de Estado. Los marcos institucionales de la ordenación del territorio en la España contemporánea 1800-1940. León: Universidad de León. 1998. 517 págs. ISBN 84-7719-667-X

Héctor Mendoza Vargas


Palabras clave: geografía política/ ordenación del territorio/ España contemporánea/ Estado

Key words: political geography/ territorial management/ contemporary Spain/ State 


Habituados a las noticias de Barcelona y Madrid, en los últimos años, Granada, Valencia y Oviedo han diversificado el flujo de los resultados. Ahora se presenta la Universidad de León. La red académica se ha ampliado y mantiene abierto el diálogo con la historia, los procesos y las nuevas hipótesis, lo que revela que no todo ha sido investigado y menos conocido de la geografía española. Basta con mencionar la publicación de la investigación sobre España en Marruecos (1912-1956) de Joan Nogué (Milenio, Lleida. 1999).

Antonio T. Reguera Rodríguez es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de León. Este libro se coloca en la ruta personal abierta por el autor con su anterior obra sobre Territorio ordenado, territorio dominado (Universidad de León, 1993), donde indagaba del siglo XVIII, los elementos básicos de la ordenación del territorio del Despotismo Ilustrado, las propuestas de la promoción inmobiliaria, el saneamiento ambiental y la higiene pública. En resumen, la Ilustración y la política de reformas territoriales; el ciclo histórico de larga duración: el Antiguo Régimen y el sistema liberal.

El libro Geografía de Estado anuncia un título sugestivo, que llega a cubrir una sensible laguna en la bibliografía geográfica española, carente de la perspectiva de larga duración del periodo anterior a la segunda guerra mundial, advertida por Luis Urteaga y mencionada desde las páginas de Geocrítica como una buena oportunidad para "apreciar los profundos cambios que la imagen de la geografía ha sufrido con el tiempo". (núm. 71, 1987).

Entre el valor educativo y administrativo de la geografía, Reguera Rodríguez prefiere indagar la tesis que denomina como una "Geografía de los Ministerios", o sea aquella que "mira al territorio -tierras, bosques, aguas, minas- con fines de apropiación". Está representada por la astronomía, la geodesia, la geometría, las matemáticas y la cartografía. Importa, desde luego, preguntar ¿qué actitud asumir frente a esta clase de quehacer geográfico? ¿para qué recuperar un pasado geográfico ajeno, actualmente, al ambiente de los geógrafos universitarios? ¿cómo investigar una geografía "sin geógrafos" en la España contemporánea? ¿cuál fue el lugar y contenido de esa "Geografía de los Ministerios"?

En torno a la relación geografía y política, el libro de Reguera Rodríguez se divide en seis apartados y uno de fuentes de información. El primero examina los aspectos generales del debate sobre el "territorio español" en las Cortes de Cádiz, con el precedente del mapa de España de Jovellanos y la Ilustración, así como su continuidad en el proyecto liberal publicado en el decreto del 27 de enero de 1822. Pero los resultados del plan fueron "calificados de deficientes" (p. 94). Con el giro de la política española, los absolutistas entre 1823 y 1832 orientaron las decisiones por el rumbo de las "obras hidráulicas y comunicaciones" de Madrid y la formación de un "atlas hidráulico" con todos los ríos para la reflexión del gobierno sobre un "sistema de navegación interior" de la península.

Lo principal del segundo apartado indaga el cambio con las "nuevas ingenierías" y la fundación del Ministerio de Fomento en 1832. Ambos elementos abrieron una nueva perspectiva a la ordenación territorial y a la "promoción pública de la riqueza". Hasta entonces, la vieja ingeniería militar había facilitado la "homogeneidad del poder", un principio horizontal para organizar y defender el territorio, hasta las fronteras, por medio del sistema de fortificación. Ahora, los ingenieros de Caminos y Canales eran responsables del "trazado y alineación" de los Caminos Reales. Esta especialidad fue vista como "el soporte técnico necesario para programar y ejecutar los planes de la política territorial de los liberales" (p. 142) y por esa razón su existencia afectada por la vacilante política.

Importa aquí, por supuesto, una mayor atención a la ingeniería geográfica. La historia, más ocupada por las figuras aisladas y la hagiografía, durante mucho tiempo omitió esta parte sustancial de la geografía. Sólo una mirada atenta pudo distinguir la existencia, la naturaleza y la legalidad de los ingenieros geógrafos. Francia fue el ejemplo de su organización y aplicación. Así lo revelaron las investigaciones de Anne Godlewska, que resaltó la importancia geográfica de los cien años previos a la vida de Vidal de la Blache y que el autor no ha revisado para esta sección en los libros y artículos disponibles.

En España, ante la carencia de ingenieros geógrafos "un variado grupo de profesionales" se encargó de las tareas geográficas. En la práctica, las primeras especialidades fueron la de caminos y minas y faltaba impulsar la de geógrafos y bosques. ¿Cuál era el trabajo de los ingenieros geógrafos? Como experto, era responsable del mapa de gran escala basado en tres áreas de trabajo: la astronomía, la geodesia y la topografía (p. 165). Su promoción, de acuerdo con la hipótesis del autor, fue restringida por muchos años por los mismos profesionales de caminos y bosques que ya habían asumido las funciones del geógrafo.

El libro ubica hasta 1835 la propuesta para crear la Escuela y el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos (p. 165). Sin embargo, hay otro intento previo que no ha considerado el autor. En el Trienio Liberal (1820-1822) cuando las Cortes Españolas, en palabras de Antonio Viñao Frago, proporcionaron la base legal para la reforma de la educación general en España a través del "Reglamento General de Instrucción Publica". Anunciaba, el 29 de junio de 1821, el establecimiento de la Escuela Politécnica de Madrid y el nombre de las ingenierías: Artillería, Geógrafos, Construcción Naval, Minas y Caminos, Puentes y Canales (Diario, 1873, art. 63 y 65). Este anuncio merece una atención especial. Era la anticipación, por parte de los Diputados, al posible escenario nacional que aguardaba a España en esa época de libertad y en la que fue necesario disponer de los expertos ingenieros para la creación de la riqueza pública. La medida se adelantaba a la misma creación del Ministerio de Fomento, que no llegó sino después de varios años.

Respecto a los ingenieros de bosques, última especialidad del plan de 1835, Reguera Rodríguez ha atendido más la obra de Eric Bauer (Ministerio de Agricultura, 1980) olvidando los resultados ampliados de Vicente Casals Costa (Ediciones del Serbal, 1996). Esto impide al autor, entre otros, enfocar la figura de Agustín Pascual, la diferencia entre la voz "monte", "bosque" y "forestal", el tema sobre la privatización de los montes españoles o bien dar un lugar en el contexto a la corriente llamada revolución forestal del siglo XIX.

En el tercer apartado, se estudia a la geografía al servicio de la propiedad y el orden político moderado. Las iniciativas de personalidades como la de Pascual Madoz y Francisco Coello dieron a España una obra monumental. El primero, de dieciséis volúmenes y doce mil páginas, conocida como Diccionario geográfico-estadístico (1845-1850) en la que participan, según informaba Madoz, alrededor de un millar de "ilustrados españoles" (p. 181). El Diccionario presentaba la geografía, la historia y la estadística del territorio español. El segundo, de 65 mapas a la escala 1:200 000, conocido como el Atlas de España había publicado, hasta 1880, 43 hojas con "los caracteres físicos del terreno y el espacio construido" (p. 198). Ambos proyectos ocuparon un lugar relevante, pero los cambios y los planes del gobierno dieron otra dirección a los trabajos a través del Ministerio de Fomento y la actuación de Carlos Ibáñez de Ibero, miembro de una nueva generación de militares.

Después de algunas disposiciones y varios intentos, el Ministerio de Fomento impulsa, en enero de 1853, la iniciativa del proyecto del Mapa de España. Sin embargo, el autor indica que una "circunstancia" llevó los trabajos al Ministerio de Guerra. La siguiente hipótesis del autor es que esa tarea no comenzó en España "hasta que su dirección y realización no fueran puestas bajo dependencia y control militar" (p. 208). Los trabajos avanzaron por varios años, los de geodesia entre 1853-1859 y 1862-1865. En 1875 se publicó la primera hoja dedicada a Madrid. En esa época, por otra parte, el crecimiento demográfico modificaba la vida urbana. A otra escala de análisis, el autor dirige su mirada a los mapas urbanos. Para él, los planos geométricos, por ejemplo, de Barcelona y Madrid fueron como unos elementos "fundamentales de la planificación urbanística moderna" (p. 261).

La cuarta parte del libro, está dedicada al Instituto Geográfico (p. 302). Aquí el autor distingue la adaptación de los objetivos y prioridades del gobierno con el entorno europeo. Hacia 1870, faltaba la conexión de la red geodésica de África y Europa con las islas Shetland. Una operación que aseguraba el prestigio de los militares españoles ante la Asociación Geodésica Internacional. Ese factor externo ordenaba los trabajos locales. Por una parte, dejaba en segundo sitio la realización del mapa topográfico y, por otra, eliminaba los del catastro. España, en realidad, necesitaba los trabajos en el sentido inverso.

En los siguientes treinta años, el Instituto Geográfico fue acumulando una diversidad de funciones: desde la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra hasta la estadística del Reino, pasando por la cartografía, meteorología, censos y la física terrestre. El general Carlos Ibañez de Ibero fue director de la dependencia. En ese lugar, los ingenieros geógrafos "revalorizan su estatus profesional" y la administración central reconoce, hacia 1911, el valor de "fundamentar las decisiones sobre política territorial en la información geográfica proporcionada por un Centro especializado" (p. 308).

Sin embargo, el resultado científico y político de medir el territorio fue mediocre. Con base en el cómputo de Francesc Nadal y Luis Urteaga (Geocrítica, 88, 1990), el autor indica los resultados de cuarenta años de trabajo. Hasta 1915, se habían publicado 143 hojas del Mapa Topográfico, a la escala 1:50 000, de un total de 1100 que eran necesarias para cubrir el territorio del Estado español. (p. 319). Para superar la crisis, los mandos militares adoptaron la fotogrametría, una técnica que "retrataba" el terreno de forma rápida. Los resultados fueron inmediatos. Entre 1915 y 1919 se publicaron 69 hojas, o sea el 50 % de la hojas publicadas hasta entonces. (p. 321). En cuanto a la calidad, los mapas comenzaron a representar el relieve con mayor precisión a través de curvas de nivel de 20 metros,

Otras tareas del Instituto Geográfico fue el mapa geológico. Luego de varias iniciativas, en 1873 se creó la Comisión del Mapa Geológico. El mapa fue terminado en 1892. En una segunda edición, de 64 hojas, el mapa permitió el conocimiento geológico de España para la industria, minería, agricultura, construcción y defensa (p. 326). Para esta parte, el autor recomienda consultar los resultados de Alicia Blázquez Díaz (1992), pero muy bien podía haber añadido los de Luis Urteaga (Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 1988). En relación con ese plan, fue la elaboración del mapa agronómico de España. Una obra de gran importancia para conocer la riqueza agrícola y la división del territorio en distritos agronómicos. El autor identifica el año de 1892 como el de la institucionalización de la teoría y la práctica de los estudios agronómicos en España (p. 330). Sin embargo, conviene matizar esa afirmación a partir de los resultados de Pere Sunyer Martín (Ediciones Doce Calles, 1996) para distinguir a la nueva agrología o el concepto de suelo y afinar la visión que brinda la obra de Joaquín del Moral Ruiz (Ministerio de Agricultura, 1979).

Respecto a la formación del catastro urbano, el autor observa el crecimiento de la ciudad liberal, para él, de rápido cambio en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, fue necesario "la elaboración de planos geométricos", así como la identificación de los propietarios (p. 340). Los primeros ensayos sobre el catastro quedaban lejos de "los principios de rigor y exhaustividad" (p. 346). Sin embargo, ¿cómo dejar de reflexionar, en esta parte, en las alternativas técnicas como el abandono de la cinta y la cadena por el telémetro, la fotografía aérea o bien entre el modelo de catastro jurídico de Alemania y el de catastro fiscal de Francia? Sobre todo, a partir de la ley de 1906, del reglamento de 1913 y su puesta en marcha en 1917 o los cambios de 1934 y 1941. Todo ello dispuesto, desde luego, en el clásico estudio de Juan Pro Ruiz sobre el catastro en España (1715-1941).

El apartado concluye con los Ingenieros Geógrafos. Se ha visto la limitación que hubo para su organización, más allá de su creación en la legislación española. El autor identifica con precisión "el concurso de hasta diez grupos profesionales diferentes de alta cualificación" en el seno del Instituto Geográfico. Tal diversidad era "una fuente de conflictos profesionales". Por esa razón, fue creado en 1900 el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. La vía de acceso no fue académica, por no haber un centro o escuela, sino administrativa (p. 355). Estos expertos fueron portadores de una visión de su labor entre "el conocimiento del territorio y la proyección nacionalista", o sea para ellos, la medida del territorio proporcionaba "las bases recias de las fuertes nacionalidades" (p. 359). Con esa base ideológica, no es difícil imaginar la postura (¿adhesión?) del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos ante el arribo de la dictadura de Franco y la filiación fascista del régimen.

El apartado quinto, identificado por el autor como una "especialización institucional del saber geográfico", es un menú científico compuesto de observaciones meteorológicas, mineras y oceanográficas. Cada una formaba parte del organigrama oficial y representaba la adquisición empírica de conocimientos comunes sobre el territorio español. Esto, traducido por la visión del autor, refleja una imagen dispersa de la geografía del siglo XIX, más allá de los objetivos estrictamente "geográficos" del mapa topográfico, el censo o el catastro. El último apartado del libro se concentra en la militarización de las actividades geográficas. El mapa nacional se convirtió en la prioridad. Por un decreto de 1923, se unificaron los trabajos geográficos en torno al Instituto Geográfico y se relegó a lo "mínimo el resto de trabajos geográficos, geofísicos y planimétricos" (p. 453). Es evidente la homogeneización, control e inspección de las labores por parte de los militares.

Los militares controlaron la política territorial, pero los vaivenes cambiaron rápidamente las prioridades. En 1925, se anunció la urgencia de asegurar la contribución tributaria de forma exacta, una vez consumado el golpe militar de Primo de Rivera. Esto significaba la formación del catastro parcelario jurídico de España, el modelo germánico, con el fin de acabar con el fraude en la contribución territorial. Tras varias reorganizaciones los trabajos encuentran en la fotografía aérea a un dispositivo poderoso para sustituir o perfeccionar los antiguos croquis (p. 465). Sin embargo, un personaje de la talla política como Manuel Azaña encabezó la época de los gobiernos republicanos, así como la reorganización del ejército y de forma particular su injerencia geográfica. A partir de 1931, el ejército español "quedaba excluido de su participación en la formación del plano nacional". Reducida esa función, el Instituto Geográfico fue revalorado con el apoyo de sus tareas. Lo principal, el catastro fue entonces relacionado con los ayuntamientos y el uso de la fotografía aérea.

Otros objetivos anunciados como la elaboración del Atlas geográfico-estadístico y el Anuario geográfico-económico de España completan, junto con la estadística, el panorama del servicio civil de información territorial que planeaba la república de Azaña. (p. 474). Esta parte esencial del libro se ha propuesto señalar a la "tesis del latifundio" mediante la cual los terratenientes defendieron su posición ante la aplicación geográfica-estadística. Su defensa fue declarar la pobreza del suelo, la sequía y la incomunicación para justificar el inmenso tamaño de la propiedad como única forma de explotación rentable. La Reforma Agraria era inminente. La creación de la Comisión Técnica Agraria (1931) sería la oficina para la expropiación de las fincas, sobre todo, del sur de España. Sin embargo, tanto en este aspecto como en los proyectos hidráulicos, indica el autor, la nueva forma de hacer política a partir de 1936 impidió cualquier cambio hacia una "democracia aldeana" (p. 479). El libro termina con la profunda remodelación del Instituto Geográfico y con el movimiento reaccionario que permitió al ejército recuperar las funciones geográficas. (p. 491).

El libro de Reguera Rodríguez es un itinerario razonado por la azarosa vida geográfica española. Revela las limitaciones personales e institucionales y, otras veces, la aceleración de las tareas geográficas en el ámbito de la administración pública. La ruta abierta por Nadal, Urteaga y Muro (1990 y 1996) encuentra aquí su legítima proyección en un proyecto personal de alto vuelo sobre la espesura del bosque. Las fuentes de información revelan una selección y una amplitud notable, pero también unaa laguna poco habitual debido a algunas ausencias (Viñao Frago, Godlewska, Casals, Urteaga, Sunyer, Pro…). Por otra parte, conviene reflexionar en esta clase de investigaciones sobre la perspectiva que proporciona la comparación con el entorno cercano a España, por ejemplo, el caso del catastro o de los ingenieros geógrafos de Francia y el mapa nacional (Konvitz, 1987).

Bibliografía

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GODLEWSKA, Anne. La Géographie des ingénieurs géographes (1795-1830).  In CLAVAL, Paul (dir.).  Autour de Vidal de la Blache. La formation de l'ecole française de géographie. París: CNRS editions, 1993, p. 29-35.

KONVITZ, Josef. Cartography in France 1660-1848. The University of Chicago Press, 1987. 194 págs.

MURO, José Ignacio; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis. Geografía, estadística y catastro en España 1856-1870. Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección: La Estrella Polar), 1996, 275 p.

NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis. Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística territorial en el siglo XIX. Geocrítica, Cuadernos Críticos de Geografía Humana nº 88. Barcelona: 1990,  97 p.

PRO RUIZ, Juan. Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1941). Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Centro de Gestión Catastral y Contribución Tributaria, 1992, 419 p.

SUNYER MARTÍN, Pere. La configuración de la Ciencia del Suelo en España (1750-1950). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/Ediciones Doce Calles, 1996, 612 p.

URTEAGA, Luis. Lucas Mallada y la Comisión del Mapa Geológico. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, cxxiv-cxxv, Madrid: 1988, p. 213-231.

URTEAGA, Luis. Descubrimiento, exploraciones e historia de la Geografía. Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, nº 71, Barcelona: 1987, 35 p.

VIÑAO FRAGO, Antonio. Política y Educación en los orígenes de la España contemporánea. Madrid: Siglo XXI Editores, 1982.

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