Reguera Rodríguez, Antonio T.: La tesis de las tres ciudades

REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La tesis de las tres ciudades. Principios y prácticas de la planificación urbana estatal y su aplicación a la ciudad de León. León, Universidad de León, 2004, 262 p. + 50 p. de apéndices documentales y cartográficos.

Palabras clave: proceso urbano, tensiones dialécticas, plan de ordenación urbana

Una larga trayectoria investigadora y docente avala esta nueva publicación del profesor de la Universidad de León A. Reguera Rodríguez. El libro que reseñamos conjuga dos líneas de investigación que no son nuevas parar el autor, la geografía política, articulada en los elementos básicos de la ordenación del territorio y de la práctica urbanística estatal – Territorio ordenado, territorio dominado, Geografía de Estado. Los marcos institucionales de la ordenación del territorio- (véase Biblio 3W nº 233), y la geografía histórica, a través de la cual se manifiestan las claves para entender el desarrollo urbano de León –La ciudad de León en el siglo XIX, La ciudad de León en el siglo XX, La ciudad de León. Espacios y tiempos, José Manuel Ruiz de Salazar y Usátegui. Ingeniero y urbanista- (entre otros). Ambos enfoques se abordan desde una reflexión teórica y crítica, con nuevas aportaciones documentales que ofrecen una imagen más precisa y concluyente sobre los fundamentos de la ciudad industrial. Con este título se propone un modelo urbano teórico, de valor universal, el paradigma de las tres ciudades – ciudad heredada, ensanche y extrarradio-, que se convierte en el fundamento epistemológico de la obra que analiza la ciudad de León entre 1836 y 1936, dos fechas clave en la historia de España con amplias repercusiones en el urbanismo; trasciende además un riguroso método de investigación, que parte del exhaustivo conocimiento de las fuentes de información geográficas y legislativas, tanto de contenido general, como de urbanismo local. Muestra de ello es la cuidada selección de textos documentales y cartográficos que se incluye en la obra, para que el lector pueda comprobar y juzgar por sí mismo algunas de las consideraciones hechas a lo largo del texto.

Es en el escenario urbano donde se manifiesta un juego de tensiones dialécticas fruto de la convivencia de distintos grupos sociales, por lo que el autor reivindica un urbanismo integrador, basado en el orden y la planificación, con lo que se consigue que el mercado inmobiliario sea una fuerza útil socialmente. La Historia y el Urbanismo se unen en este estudio en un ejercicio de recuperación del pasado y reivindicación del presente. Las estrategias neoliberales difuminan las bases de esta concepción integradora del urbanismo, provocando inestabilidad y desconcierto, poniendo en duda la idea de ciudad como ‘comunidad social y esencia civilizadora’ (p.9), tal como manifiesta A. Reguera.

Consideramos que no se trata tanto de superar un modelo de intervención sobre la ciudad, sino de desfigurarlo. Las nuevas tendencias en urbanismo siguen apostando por el plan y el orden en la ciudad polinuclear, a través de nuevos estímulos para el crecimiento como son los proyectos de Ciudad cultural, Ciudad de las artes y las ciencias, el Forum, etc., expresión de un nuevo tipo de sociedad, global, terciarizada y multicultural.

El modelo de ciudad industrial, integrada por la ciudad antigua, el ensanche y el extrarradio da paso a una concepción global de la ciudad. En ella la tensión dialéctica se magnifica como respuesta a los nuevos problemas que caracterizan a los núcleos urbanos y a su espacio dominado, es decir, el planeta entero. Las clases privilegiadas abanderan un nuevo ideal, el desarrollo sostenible, estandarte de la lucha política, económica y social. Es el nuevo tipo de intervención urbana que practica el poder público, mediatizado por los grupos de presión que tratan de seguir manteniendo los niveles de crecimiento económico establecidos, aunque ello suponga seguir reproduciendo el modelo de ciudad insolidaria.

A lo largo del libro se deja constancia de las carencias epistemológicas de la geografía para dar respuesta, en este caso, a los problemas urbanos. Se recurre así a los principios higienistas, que trascienden el pensamiento ecológico y dan coherencia “geográfica” a todas las transformaciones de la ciudad industrial. Ese principio de causalidad, higienista, sufre una mutación paralela al proceso de desfiguración del plan y la ordenación, y si en la primera fase industrial presenta un carácter más subterráneo, en la actualidad sus cualidades son globales, aunque sobrevalore la importancia del medio aéreo.

Su reflexión teórica, Introducción: los contextos de la investigación, despliega un enfoque multidisciplinar, apoyado en algunas obras ya clásicas del panorama científico –Engels, Bassols Coma, H. Capel, F. Terán, etc.-, que contextualiza la investigación. En el período estudiado, 1836-1936, analiza las primeras intervenciones del Estado, surgidas a raíz de los expedientes de privatización y desamortización urbanas, y se prolonga durante un siglo, en el que se produce la transición de la ciudad cerrada a la ciudad abierta, favorecida por el contexto liberal y los principios de crecimiento ilimitado. Los primeros planes de ordenación urbana, tras su sistematización, desembocan en la idea de proyecto de ensanche, y en su corolario suburbia, expresión de las clases sociales obreras.

En este marco de análisis, caracterizado por el liberalismo político, la economía de mercado y la sociedad contractual, la ciudad de León se perfila, tras la división provincial de 1833, como un núcleo urbano de carácter precapitalista, dominado por una burguesía comercial de ideas liberales. Gracias a la liberación del patrimonio eclesiástico se puso en marcha el mecanismo necesario para re-localizar en la ciudad el aparato del Estado y su administración centralizada. Luego el ferrocarril, apoyado en el desarrollo minero y en la clase obrera, favoreció la penetración del capital en el sistema urbano, proporcionando a León el principal estímulo para ser sede de intercambio de bienes y servicios, y afluencia de capitales y personas. Diferentes proyectos e iniciativas locales ponen de manifiesto la expansión territorial del capitalismo –Exposición Regional Leonesa, desarrollo del sector químico-farmacéutico, mejora de accesos a los puertos cantábricos, enlaces ferroviarios [León-Benavente, La Robla-Bilbao], etc.–, muestra inequívoca de la reactivación del sistema productivo, primero, y luego urbano.

El profesor Reguera expone y justifica con ejemplos locales, cómo a fines del siglo XIX se van dibujando en la ciudad diferentes intereses y estrategias de los agentes urbanos, ligados a mejoras en las infraestructuras y transporte. La Compañía del Ferrocarril muestra interés en la reconstrucción urbana desde los postulados de la economía de mercado; los representantes de la administración ensayan los primeros proyectos de ensanche; algunas familias burguesas y sus empresas potencian la expansión del extrarradio, en donde comienzan a surgir los primeros barrios obreros, legitimados por las parcelaciones y promociones de ‘casas baratas’. La ciudad va creciendo inevitablemente hacia el encuentro con el ferrocarril y el Proyecto de Ensanche tratará de ordenar y regularizar este crecimiento.

En el capítulo segundo, Ciudad cerrada-ciudad abierta, se deja constancia de algunas contradicciones de la dinámica urbana en España. A lo largo del siglo XVIII se acometen una serie de reformas urbanas, sistematizadas en la llamada ‘primera generación de ensanches’, entendidos como la expresión formal de una expansión ordenada, que simulan cierto aire renovador. Pero la ciudad crece sin apertura. Las murallas seguirán siendo durante algún tiempo más la expresión de la ciudad cerrada y con una sólida estructura defensiva. Los vaivenes políticos y ciertas pseudorreformas del sistema fiscal (Martín de Garay) continúan validando la sociedad del Antiguo Régimen. Sin embargo, a principios del siglo XIX se atisban algunas fracturas que acabarán impulsando la renovación, favorecida por la realización de inventarios del patrimonio urbano, y documentada a través de los planes topográficos^[1].

Las disposiciones desamortizadoras del programa urbano liberal, en clave aperturista, abrían un mercado inmobiliario desconocido hasta entonces; sin embargo, y contradictoriamente, algunos edificios no fueron reconvertidos hacia una función civil, sino que sus materiales fueron utilizados para reconstruir los muros de la fortificación, expresión física de la ciudad cerrada. Las expectativas de cambio y de reformas urbanas que introduce la incautación de bienes eclesiásticos en León, en la década de 1830, quedan abortadas por el ‘Expediente de fortificación’ y por el protagonismo de la intervención militar en la ciudad, cuyas decisiones provocan inevitables conflictos con las autoridades municipales. Así se puso de manifiesto en el plan de alumbrado, las obras particulares o en el cobro de impuestos, por ejemplo. Este Plan de fortificación refleja además un enfrentamiento estructural, de competencias entre técnicos civiles y militares sobre quién debía realizar las obras de defensa.

La firma del convenio de Vergara (1839) permitirá dar un giro radical a la hermética política urbana, iniciándose una serie de obras de comunicación, apertura e higienización en la ciudad, como la recuperación del caserío adosado a las murallas, el derribo del cierre de Puerta Moneda y Puerta Sol, la comunicación entre la ciudad vieja y los arrabales, etc. Es decir, se produce una fase de ‘apertura funcional’ (p.48), en la que las reformas se compaginan con la estructura fortificada.

La demanda social de pautas liberales a lo largo de la década de 1840 genera un conflicto que expresa la lucha por el poder de dos grupos antagónicos, el conservador, estimulado por valores defensivos, y el liberal, representado por el espíritu de empresa y la libertad. La implicación del Estado se dirige a potenciar y promover este espíritu abierto con la ejecución de las obras públicas, tanto en su aspecto burocrático como estratégico, abriendo el camino a la planificación territorial. La proyección sistemática de la acción del Estado sobre el territorio tiene como resultado la orden del levantamiento del plano geométrico de poblaciones (1846), punto de inflexión del urbanismo civil moderno en España. Con él se inicia un inventario cartográfico de la población, arrabales y paseos, y una intervención sobre el espacio, al reflejar no sólo la situación de hecho, sino también sus variaciones; el fin era evitar las confrontaciones al reedificar o levantar edificios de nueva planta.

La construcción en el exterior de la ciudad fortificada era una realidad innegable, por lo que el Ministerio de la Gobernación instruye a los Ayuntamientos para que realicen los trazados de la reforma interior –alineaciones– y de la expansión exterior –ensanches–. La significación de estas reformas y actuaciones urbanas la pone de manifiesto la asignación presupuestaria que se hace al urbanismo de la capital, Madrid, aportación que luego se generaliza en el resto de las ciudades. Esta institucionalización de la intervención urbana entre 1852 y 1860, cuya máxima expresión es la creación de la ‘Junta consultiva de policía urbana’, logra elaborar un modelo de actuación urbanística de validez universal gracias a la ‘Instrucción para la alineación de calles’ (1859), de la que derivan los planes de alineación y su principio regulador de intereses entre lo público y privado.

Estos avances reguladores de la ciudad liberal se amplían hasta desembocar, poco después, en la proyección de los ensanches, que reflejan la idea de expansión urbana ilimitada, pero ordenada. Se inicia así el proceso de apertura de la ciudad, primero en la práctica, con la puesta en marcha de los modelos de Ensanche de Barcelona y Madrid, y luego a nivel normativo, con las ‘Leyes de ensanche de poblaciones’ (1864, 1876) y sus ‘Reglamentos’ (1867, 1877), que constituirán la resolución más trascendental de la planificación urbana estatal.

Puntos, líneas y normas urbanísticas. Ciencia de Estado y geometría normativa. Bajo este título se encierran los contenidos del tercer capítulo, que analiza una serie de intervenciones puntuales en la ciudad de León, pero de gran trascendencia urbanística, y el significado del plano geométrico, utilizado por los Ayuntamientos como instrumento civil para la planificación urbana.

El nuevo sistema tributario que trataba de imponerse en España estaba condicionado por la actualización de la información sobre bienes y propietarios. La disposición más interesante de las que se suceden en la década de 1840 se dicta el 25 de julio de 1846, para mandar realizar el plano geométrico de la población. Su ambigüedad obligará a enmiendas posteriores, en las que se ratifica el carácter obligatorio de su ejecución por todas las ‘capitales de provincia y poblaciones de crecido vecindario’ (p.63). Gracias a este documento, que se sumaba al conjunto de ordenanzas municipales, bandos y autos de buen gobierno, los Ayuntamientos contaban con el auxilio cartográfico y técnico-normativo para poner en marcha los proyectos de parcelación y construcción urbana, según la normativa sobre alineación y ensanchamiento de vías.

El plano geométrico de León se confecciona en 1862 bajo la dirección de Joaquín Pérez de las Rozas, quien asume todos los compromisos impuestos por el municipio para su materialización. Aunque no ha llegado completo a nuestros días, A. Reguera realiza un minucioso estudio de las entregas conocidas. El de escala 1/5.000, refleja topográficamente el asentamiento histórico, sobre una pequeña elevación, y el espacio circundante, llano, hacia donde se canalizaría la futura expansión urbana. Trasciende también de él una oposición entre la calle y la manzana, reflejo a su vez de los intereses contrapuestos, el poder público y privado. El urbanismo floreciente reivindicaba la calle como un espacio público, y a través de los planes de alineación y ensanche se convertía en campo experimental de las reformas. El plano concede además gran relevancia a los ‘espacios de sutura’ (p.71), en donde se articula la conexión entre el casco antiguo y las futuras líneas de expansión, delimitadas por las carreteras, calles o paseos exteriores. La estructura vial presenta dos partes claramente diferenciadas, la oriental, rural, con un trazado irregular, resultado del dibujo de callejones y veredas; la occidental presenta un viario preurbano, regular, con carreteras y paseos alineados^[2]. Es, en definitiva, el primer instrumento cartográfico que visualiza la expansión urbana hacia la zona oeste de la ciudad.

En el libro se dice que a partir de 1860 se llevó a cabo una ‘reforma urbanística silenciosa’ (p. 76), sin la espectacularidad y organización del plan de ensanche pero también muy efectiva, protagonizada por algunos expedientes de derribo de antiguos arcos, alineaciones, ensanchamientos, paseo de ronda, etc.^[3], como respuesta a los conflictos y enfrentamientos entre los intereses públicos y privados, y en ocasiones, entre las competencias de las diferentes instituciones. Alineaciones y comunicación en el área de contorno son, pues, los objetivos básicos de esa actuación municipal. Para financiar las reformas urbanas, incluyendo expropiaciones, se conseguían pequeñas partidas presupuestarias municipales; insuficientes para sufragar el coste total, los expedientes quedaban abiertos durante años, y sólo se resolvían con la ayuda de impuestos especiales.

El capítulo cuarto, Intervenciones sobre unidades urbanas elementales. Una prefiguración de los planes parciales, pone de manifiesto el gran dinamismo urbano de la ciudad, reflejado además de en la técnica de las alineaciones, en otras actuaciones promovidas por los principios higienistas, como la construcción de una Casa Mercado (1868), la reubicación del Matadero (1863) y un puente sobre el Bernesga (1863). Este impulso urbanizador se prolonga a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con el alumbrado, la construcción del alcantarillado, la eliminación de residuos sólidos, el programa de plantaciones, con arboledas que ayudan a definir el alineamiento de vías, etc.

El Ayuntamiento realiza actuaciones puntuales, preludio de la planificación posterior, que resuelven de forma improvisada los conflictos que van surgiendo durante el período de transición hacia la ciudad abierta. Para solventar los problemas de circulación o las malas condiciones higiénicas se adquirieron los edificios situados en los puntos críticos; su demolición posterior estimulaba el trazado de nuevas alineaciones^[4]. Estas actuaciones se estandarizan y magnifican, culminando en los expedientes de derribo de arcos, puertas y torres, obstáculos físicos para implantar las reformas urbanas liberales^[5]. La falta de recursos municipales para realizar las mejoras aseguraba su aplazamiento. Las reformas fiscales y la abolición del impuesto de consumos agravaron el déficit presupuestario, por lo que hubo de recurrirse con frecuencia a los empréstitos para acometer las obras más significativas.

Las actuaciones municipales sobre calles, plazas y paseos, extramuros, se generalizan entre los años 1883-1900. Tras un breve paréntesis se recupera la técnica de las alineaciones que el Ayuntamiento utiliza ahora a modo de ‘planes parciales’, como estrategia de control e intervención sobre la ciudad. Las propias Ordenanzas municipales contemplaban el plan general de alineaciones como un régimen global de actuación, aunque luego en la práctica se resolvieran de manera individualizada.

Las acciones conllevaban una recalificación del espacio que se extendía al entorno circundante, dando la sensación de ‘gran eje urbano’ (p. 96), alcance sólo comprensible al efectuar, como hace el autor, un análisis de conjunto. Aunque la unidad mínima urbana dotada de significación sea la calle, el parque o la plaza, A. Reguera justifica la agregación de varias de ellas para estudiar el conjunto, con lo que se obtiene una lectura concluyente: del enlace de varias calles se desprende la idea de gran eje urbano y crecimiento axial; del enlace de varias plazas se extrae la idea de centralidad, al igual que de varios parques resulta una zona verde.

Estas operaciones de grandes ejes se resuelven con un proceso de geometrización y ordenación básica del espacio, dividido en distritos o cuarteles, que fue aplicada en sectores de la administración pública, como la sanidad o la educación. A escala local, se documentan varios ejemplos de división geométrica de la ciudad; la aplicada por motivos estadísticos, de limpieza, o la impulsada por el médico R. García y Ponce de León, de carácter higienista y asociada a la instalación de la red de alcantarillado. Las dificultades técnicas para ampliar los ejes básicos de los cuarteles, plantean la necesidad de construir un ensanche y reabren el debate entre las acciones urbanísticas interiores y del exterior. La racionalidad y geometría del interior del recinto se extrapola al exterior, presentándose varias propuestas de ‘urbanización por cuadriláteros’ (p.109) en la década de 1890, de donde resultará el proyecto de ensanche. Fue el Alcalde Restituto Ramos quien solicitó la realización del ‘plano de ensanche de León, a izquierda y derecha de la calle Ordoño II’, en demanda de una acción planificada para la expansión de la ciudad.

La calle de Ordoño era la vía de comunicación preferente con la Estación, representaba la modernidad, y la revalorización urbanística de esta zona (ensanche) se produjo de inmediato. Su función de red arterial atraía, no sólo en términos físicos, sino también económicos, el movimiento y la comunicación por dicho eje. El “espíritu de empresa” responde con un proyecto de Tranvía, movido por fuerza animal, para unir la plaza de la Catedral con la Estación del ferrocarril.

El proceso de apertura de la ciudad va a provocar desajustes en la estructura urbana. Se manifiestan en una nueva centralidad, representada ahora por edificios relevantes desde el punto de vista social, como el Ayuntamiento, el Teatro, la Iglesia de San Marcelo, etc., ubicados en un conjunto de plazas en torno al flanco oeste, entre la ciudad antigua y el extrarradio inmediato. Estos elementos de vanguardia eran incompatibles con algunas funciones vigentes, poco higiénicas, ligadas al Rastro-Matadero o al Hospital, que fue preciso trasladar a otros lugares. El autor ve en ello una operación de gran simbolismo, pues se rompen los vínculos con la ciudad cerrada. Paralelamente, se inicia un proceso de reconstrucción arquitectónica en el centro, promovido por los incipientes y florecientes negocios de la burguesía local – Casa Goyo, Casa Pallarés, Casa Botines, Casa Ciriaco, etc.–, que reafirma la puerta oeste como núcleo de la nueva centralidad urbana. No en vano surgen algunos conflictos ligados a los intereses de distintos agentes urbanos, el de la planificación municipal y el de la localización preferente del negocio privado.

Además de la defensa de un higienismo reparador, basado en el derribo de muros y ensanchamiento de vías para lograr una mayor ventilación, se desarrollan algunas experiencias naturalistas, que A. Reguera denomina ‘paisajes saludables’ (p.139), integrados por huertas, parques, campos de cultivo, jardines, etc., y que se concentraban en la parte sur de la ciudad. La propuesta de actuación más relevante fue el ‘Campo de experimentación agrícola de San Francisco’ (1815), aunque no faltaron otras: prados de San Claudio y San Francisco, el Soto del Parque, el Paseo del Calvario, etc., todos ellos incluidos en un programa de plantaciones desde 1860, que durante la década de 1870 se convierten en propuestas de relevante contenido urbanístico para tratar de configurar un gran eje urbano “verde”; sin embargo, la presión inmobiliaria desplazará el paisaje verde hacia lugares menos céntricos, con lo que el ensanche se vio muy limitado en este tipo de usos.

El signo aperturista y renovador de la ciudad se manifiesta también en la simbiosis entre las funciones urbanas y rurales, con propuestas muy interesantes adscritas a la filosofía higienista, recogidas en la Tesis de las tres ciudades, como el aprovechamiento de las aguas negras para fertilizar las huertas situadas al sur de la ciudad.

Otra de las aportaciones más significativas de la Tesis de las tres ciudades deriva del planteamiento que el autor hace de los antecedentes del Proyecto de Ensanche (1897) en el capítulo quinto del libro, titulado El Ensanche como alternativa de ciudad ordenada. A partir de 1860, y de los elementos que integran el plano geométrico, se van sentando las bases del futuro ensanche de la población. Su ubicación en la zona oeste es un reflejo de la ‘teoría del deslizamiento urbano’ (p.153), favorecida por la desvalorización residencial que afectaba al área oriental de la ciudad. Durante las décadas de 1850-1860 se acometen en ella una serie de mejoras en las infraestructuras, que son básicas para entender su expansión urbana: el levantamiento del plano para el expediente de apertura directa y desahogada de esta ciudad con la Estación del ferrocarril (desde el Arco de Santa Ana hasta la margen del río Bernesga), la construcción de un puente sobre el Bernesga, el anteproyecto de ensanche de la ciudad en terrenos contiguos a Ordoño II, las construcciones pioneras para obreros en Burgo Nuevo y Sierra del Agua, etc. Tres propuestas más, la traída de aguas (1893), las alineaciones del paseo del Calvario, Sta. Nonia y Corredera (1892), y el enlace entre la plaza de Sto. Domingo y la Cta. de Zamora, a través de la Estación, ayudaron a incrementar la necesidad de realizar una ordenación general de esta parte de la ciudad. Pese a que algunas acciones, como la situación de interinidad de la plaza de Arquitecto municipal, interferían negativamente en el desarrollo de las propuestas urbanas, la posibilidad de que León fuera sede de la Capitanía General y la apertura de una calle que iba de Sto. Domingo a San Marcos –la Gran Vía-, reabrían el debate sobre la necesidad de un ensanche.

En este contexto se desarrollan algunos ensayos sobre el ensanche de la ciudad, bien de carácter técnico, como el encauzamiento del río Bernesga, que abría la posibilidad de urbanizar los terrenos contiguos al río, bien de carácter urbanístico, como el Plan de ensanche efectuado por J.M. Ruiz de Salazar, un Ingeniero de Obras Públicas que colaboró estrechamente con el Ayuntamiento. Su proyecto consta de una Memoria y un plano (1889), de información mucho más condensada. La Memoria expone un programa innovador de reformas urbanas relacionado con la proyección del ensanche, sin olvidar el casco de la población, del que critica la técnica de las alineaciones, pues, según él, destruían la identidad de la ciudad antigua. La poderosa atracción que ejercía la línea de ferrocarril, incrementada con el proyecto de encauzamiento del Bernesga, la utilizó como argumento para desarrollar su plan de ensanche que iba desde S. Marcos hasta Sta. Ana. No será ésta la única propuesta. Poco después se suman la de Francisco Blanch y Pons, con un ‘Proyecto de urbanización del oeste de la ciudad’ (1894) y la de Manuel Fernández y Álvarez Reyero, quien presenta un ‘Anteproyecto de la parte oeste de la ciudad’ (1895). Tras estas tentativas, en 1896 se redactan las Bases del Proyecto de Ensanche, de carácter higienista. Al concurso se presenta un solo proyecto, inspirado en el Ensanche de I. Cerdá para Barcelona.

El profesor Reguera no tiene duda de que el Plan asume ‘líneas de base’ y ‘puntos culminantes’ del proyecto precedente, el de Ruiz de Salazar, aunque no falten en él los ejemplos de 'contraprogramación’, basados en la dirección de las vías principales, la ubicación del mercado de ganados o la reutilización de edificios públicos (p. 194-195). La combinación de la capacidad previsora del Plan de Ensanche y su adaptación al espacio real, para respetar la presa San Isidro y los nuevos edificios de Ordoño II, no resultó convincente. La tardanza de su tramitación administrativa se aprovechó para acelerar el crecimiento inmobiliario en la zona, lo que justificaba más que nunca una necesidad de ordenación y regulación del crecimiento urbano.

En La tercera ciudad en perspectiva o el nacimiento de suburbia, título del sexto capítulo, analiza los fenómenos urbanos que se localizan fuera del recinto de la población, en busca de soluciones para alojar a las clases obreras y sin cualificar. Aunque en el siglo XIX ya es detectado por I. Cerdá un movimiento ecológico de la clase alta en busca de alternativas higienizadoras, frente a la ciudad insana, la realidad es que los primeros asentamientos en el extrarradio responden a criterios de marginalidad económica. Este espacio difuso y disperso, empezó a ser controlado y definido por la Administración a fines del XIX. El Ayuntamiento de León delimita, por ejemplo, el extrarradio como aquel espacio que se hallaba a una distancia de 1.600 m, a contar desde el último caserío. Madrid aprobó en 1896 un estudio sobre un plan de urbanización para el espacio comprendido en un radio de 8 km desde la Puerta del Sol. Otros proyectos siguieron a éste, cuyo objetivo fue no sólo regular este espacio sino también municipalizarlo^[6].

Los proyectos de ordenación territorial de grandes zonas de la periferia parecían haber fracasado. El urbanismo se convertía en sinónimo de edificar, y generalmente viviendas de baja calidad, por lo que hubo de hacerse propuestas de planificación urbana compatibles con una legislación específica sobre vivienda obrera, económica, popular, etc. Dado que la segregación urbanística era una realidad, el gobierno intervino en el proceso con una iniciativa legislativa, el ‘Proyecto de ley sobre construcción de barriadas obreras’ (1878), para tratar de amortiguarla. El decreto de Segismundo Moret (1883) promueve el esbozo de un programa legislativo a principios del siglo XX sobre viviendas sociales –casas baratas-, asumido por el Instituto de Reformas Sociales (1903), con el objetivo de solucionar el problema de la habitación obrera.

La ‘Ley sobre casas baratas’ (1911) pretendía que el proletariado pudiera habitar viviendas higiénicas en condiciones económicas de alquiler (no tenía connotaciones constructivas). El mayor estímulo de la administración a este tipo de programa fue la cesión gratuita de terreno improductivo, cuyos propietarios, bien particulares, bien sociedades, podían convertirse en promotores de casas baratas y destinar capital a esta acción^[7]. Los programas de vivienda implicaron también acciones de mejora en las casas ya construidas, hecho que motivó la realización de un inventario de viviendas, que constituye una buena base de datos para el conocimiento de la ciudad. La ‘Ley de 1921 sobre casas baratas’ amplía sus objetivos urbanísticos, basados en la ordenación territorial, y profundiza en las reformas sociales, animando a los empresarios a que construyan edificios para obreros.

Como resultado de esta ley aparece el concepto de ciudad satélite, toda una filosofía que concibe la ciudad como modelo de habitación obrera y de clases populares (terreno barato y junto a vías de comunicación y centros de trabajo), y una réplica del urbanismo ordenado, a imitación del ensanche. Junto a la vivienda obrera, había otra cuestión primordial: garantizar las condiciones técnico-sanitarias del ensanche y la ciudad interior, cuestión que debía normalizarse en las ordenanzas. Tal como se recoge en un proyecto de Ley del Ministro de Trabajo, José Chapaprieta, se supera el concepto de ensanche por el de ‘extensión de poblaciones’ (p.231) y el territorio pasa a concebirse integralmente. Nacen conceptos nuevos, como el de área metropolitana y conurbación, que tratan de reflejar la ósmosis de expansión suburbial (Estatuto Municipal art. 6-15 y 20).

El crecimiento del extrarradio siguió siendo el objetivo de las instituciones públicas a lo largo de toda la década de 1920. Así la nueva ‘Ley sobre construcción, mejora y transmisión de casas baratas’ (1924), se fija en aspectos financieros y fiscales relativos a la construcción y recuerda a los propietarios que era necesario acometer la urbanización del terreno, siempre que éste no estuviera incluido en algún plan municipal, en cuyo caso recaía sobre tal ámbito la obligación de hacerlo^[8].

La la Ley de 1921 sobre casas baratas permitía eludir la acción expropiatoria de los propietarios a cambio de su compromiso para realizar los proyectos, una condición que favoreció y potenció las ‘parcelaciones’ de fincas particulares. Este tipo de construcción suburbial fue muy superior al de otros modelos, como las casas baratas y económicas, y dio origen al núcleo de futuros barrios del área suburbana. Las parcelaciones se localizan en terrenos de mala calidad, como sucedía en el área norte de la ciudad de León -Ventas de Nava, alrededores del cementerio nuevo- y en las proximidades de las áreas industriales -la Papelera- o instalaciones ferroviarias. Las imprecisiones normativas sobre en quién recaía la responsabilidad de urbanizar, provocó que estas barriadas sufrieran durante años un grave deterioro ambiental y urbanístico.

Cierra el capítulo un epígrafe en el que se analiza y valora algunos documentos que regulan la actuación urbanística municipal a partir de la promulgación del Estatuto municipal, lo que les imprime un carácter centralizado. Estos documentos normativos, unos con perfil higienista y otros con perfil urbanizador, transmiten una propuesta intelectual claramente diferenciada en tres ciudades: el casco, el ensanche y las afueras^[9].

En conclusión, La Tesis de las tres ciudades constituye una valiosa aportación para el conocimiento del urbanismo moderno en general, y de la estructura urbana de la ciudad de León en particular, ya que profundiza en la etapa de su génesis, y se documenta con rigor la imbricación entre los aspectos jurídicos y los procesos urbanos. La presentación de nuevas fuentes documentales y la utilización de una bibliografía de enfoque multidisciplinar aumentan la riqueza y valor de esta publicación. Los expedientes, diversos y aislados, se unen y conforman un conjunto coherente para exponer la tesis central del libro: la planificación estatal en el urbanismo moderno y su proyección local. Según se demuestra a lo largo de la obra solamente el Estado, en defensa de los intereses públicos, es capaz de ordenar y regular el espacio para contrarrestar el poder y abuso de algunos agentes sociales.

Notas

[1] El Arquitecto Sánchez Pertejo realiza el de León en 1825.

[2] Se propone la ampliación de las tres veredas existentes que servían para comunicar a la población con el río Bernesga y el ferrocarril: la de Renueva, San Francisco y Santo Domingo.

[3] Entre estos expedientes se hallaban el del Arco de Ánimas, Arco de Sta. Ana, las calles de San Francisco, Boteros, Concepción, La Rúa, Tarifa, Puerta Sol, Cristo de la Victoria-Herrería de la Cruz, Paseo de las Negrillas, etc.

[4] Algunos ejemplos de estos expedientes fueron los de las calles de Herreros, Mercado, Serranos, Zapaterías y Sta. Marina la Vieja.

[5] Al derribo del Arco de Ánimas (1861) le sigue el Arco de Puerta Sol (1864), el de Puerta Moneda (1868), el bastión de la calle Santa Cruz (1865) o el Hospital de San Antonio Abad (1867-1923).

[6] Ley de Sánchez Guerra (1914), J. Ruiz Jiménez (1916), Proyecto de Ley de Bases sobre la urbanización del extrarradio de Madrid (1918).

[7] Además de la actuación de algunos burgueses como Cayo Balbuena o Faustino Alonso, fue muy significativa la participación de las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad, a la que siguieron la Caja de Previsión, las Cooperativas y el Banco de Ahorro y construcción. La política de vivienda obrera es contestada por algunos sectores sociales debido al encarecimiento de alquileres y a situaciones de impago de salario.

[8] Mientras éste no estuviera aprobado, el Ayuntamiento estaba obligado a fijar una zona de viviendas baratas.

[9] ‘Ordenanzas para la construcción y modificación de desagües de las fincas enclavadas en el término municipal de León, 1924’, el Proyecto de Urbanización y Saneamiento, 1925, el ‘Proyecto de higiene municipal, 1926’ y las ‘Ordenanzas municipales de 1930’.

Ficha bibliográfica

DURANY CASTRILLO, P. Reguera Rodríguez, Antonio T. La tesis de las tres ciudades. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. X, nº 589 15 de junio de 2005. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-589.htm]. [ISSN 1138-9796].

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