Biblio 3W
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
(Serie  documental de Geo Crítica)
Universidad de Barcelona 
ISSN: 1138-9796. 
Depósito Legal: B. 21.742-98 
Vol. XI, nº 657, 15 de junio de 2006

¿AGUA PARA TODOS O PARA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA?

Xosé Manuel Souto González
Proyecto Gea-Clío



 
¿Agua para todos o para la especulación urbanística? (Resumen)

La cuenca del mediterráneo se ha convertido, en este primer decenio del siglo XXI, en un espacio litoral que ha generado una enorme transformación de su paisaje, con un aumento espectacular del número de construcciones para uso residencial. Hasta el momento presente (primer lustro del milenio) las promociones inmobiliarias se han centrado en la ribera septentrional (continente europeo), pero es muy factible que la fiebre urbanizadora se desplace a la cuenca meridional (norte de África) donde ya se han instalado algunas empresas promotoras y constructoras que tienen su sede central en España.

La preocupación por la destrucción del ambiente ecológico, la utilización de los recursos naturales como elementos de identificación y dominio político (la guerra del agua) y las prácticas especulativas financieras (en detrimento de otras inversiones) llevó al grupo didáctico Gea-Clío a proponer a la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS de CCOO-PV) la organización de unas jornadas para analizar estos problemas en el caso de la Comunidad Valenciana o País Valencià. Se buscaba conectar las preocupaciones sentidas por el profesorado con las de otras personas que se ocupan de crear conciencia política, en este caso los sindicalistas y políticos que se mueven en contextos que denominamos genéricamente de izquierda.

Palabras clave: Desarrollo del territorio, recursos hídricos, destrucción del paisaje

Key words: Territory development, water resources, landscape destruction



 
La estructura de las jornadas se compuso de tres sesiones complementarias. En la primera se abordaron los conceptos fundamentales que deben regir un desarrollo territorial: la perspectiva de las políticas públicas y el contexto de la sostenibilidad; en una segunda sesión se analizó con mayor detalle uno de los problemas que ha sido utilizado con fines propagandísticos y ha dado lugar a numerosas manipulaciones mediáticas: el problema del agua; por último, en la tercera sesión, hemos pretendido que dos de las instituciones que gestionan el uso del territorio, en tanto que lo transforman en formas y volúmenes, puedan aportar su experiencia en los retos futuros que tenemos en nuestra comunidad. Se invitó así a un elenco de profesores, líderes de movimientos ecologistas, arquitectos y sindicalistas que ofrecieron sus perspectivas interdisciplinares y plurales sobre el problema que más preocupa a la sociedad valenciana: la colisión entre los intereses de unos empresarios y las respuestas del ambiente y la diversidad social. Personas que aceptaron participar gratuitamente en un claro signo de compromiso ideológico y rigor intelectual.
 
De esta manera el problema del agua se estudió desde una perspectiva ecosocial y relacionada con la gestión del territorio. Cuando en los medios de comunicación se hace alusión a las “guerras del agua” se desprecian elementos que son fundamentales para la vida humana y el desarrollo de una sociedad. Cuando se hace un uso partidista de este asunto, buscando una identificación con el agua como recurso productivo, se está poniendo en cuestión toda la perspectiva ecológica y ambiental del agua. Y ésta es la intención que nos mueve a analizar con rigor el problema del agua.
En esta reseña queremos dar cuenta de las principales aportaciones que han realizado los ponentes y que han ido acompañadas de un importante debate, donde han participado un elevado número de asistentes. Las ponencias y artículos relacionados con las jornadas se pueden consultar en la página web de la fundación feis (www.feis.pv.ccoo.es)

Signos de cambios en la política territorial en Valencia: la influencia en el modelo turístico

 
Uno de los comentarios más extendidos entre la población es el que se refiere a la complicidad del conjunto de la sociedad con las prácticas de corrupción política, especulación inmobiliaria y destrucción del paisaje. Se trataría de justificar así actuaciones concretas de personas bajo la presión de una opinión pública complaciente. Sin embargo, como señaló uno de los ponentes de estas jornadas, el profesor de Geografía Joan Romero,  se atisban signos del cambio en la política del gobierno del territorio; por una parte, la concentración de entidades cívicas producida el día 25 de febrero en Valencia, por otra las diferentes manifestaciones que recogen los medios de comunicación sobre esta problemática, que ha llevado al gobierno de la Generalitat valenciana a tomar iniciativas como la de proponer un Plan de Acción Territorial sobre el litoral.
 
Por tanto, subraya que como en otros países europeos el problema de la gestión del territorio se ha deslizado desde una perspectiva académica hacia una acción política cotidiana, que condiciona el comportamiento vulgar. La Política se hace en el contexto social, pues los problemas no son elucubraciones teóricas sino que representan situaciones reales de la población. Y en este sentido aparece uno de los retos del conocimiento geográfico y social: su utilidad para definir conceptos y soluciones ante problemas de la vida cotidiana.
Este cambio de actitud cree que corresponde con una nueva era que se corresponde con el fin de un ciclo económico y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Se critica la acción gerencial del Estado y se le reclama más actuación política. Y en la agenda política entran los valores ambientales.

Ello es el resultado de una nueva cultura territorial, donde éste no sólo es un recurso productivo, sino que también se constituye en un factor de competitividad y de identidad cultural. Esta nueva manera de abordar el territorio coincide, en España, con la institucionalización del Estado de las Autonomías, un federalismo funcional sin cultura federal, pues faltan elementos imprescindibles de coordinación, como la necesaria conferencia de presidentes o las conferencias sectoriales para coordinar competencias.

Por tanto analizar el problema de la gestión del territorio supone abordar la política forestal, del agua, del desarrollo sostenible, del litoral o de las infraestructuras desde una posición de gobierno con competencias que se desarrollan en los tres niveles de Estado: Administración Central, Autonómica y Local. Se hace preciso mejorar la competencia, pues hay muchas leyes y pocas directrices concretas en la gestión.

Esta falta de coordinación supone un fracaso colectivo y está en la base de la falta de sostenibilidad del medio. Se construyen más de 800.000 viviendas/año en España, lo que supone cinco veces más que lo que se construye en Francia, Italia y Alemania. Una dinámica que sólo se puede explicar por una lógica productivista que espera la llegada de demanda solvente de los países del centro y norte de Europa. Una  construcción que se concentra en el litoral mediterráneo.

Esta dinámica se ha visto reforzada por una concepción del territorio que se es analizado desde una posición estática, como soporte de actividades. No ha existido un análisis de la dinámica territorial, que en el caso concreto del turismo tendría como efecto el estudio de la calidad del destino turístico, evaluable en valores paisajísticos, de calidad ambiental y no sólo en oferta de plazas de alojamiento en un lugar con clima agradable. Como nos ha demostrado Fernando Vera (Universidad d’Alacant) el turismo no es sólo una actividad residencial, pero lo cierto es que la oferta complementaria de actividades turísticas ha consistido muchas veces en crear una excusa para urbanizar más terrenos, como se ha visto en el caso de Terra Mítica (en Benidorm).

Territorio, administración y problema de la vivienda

En consecuencia el problema no es sólo puntual, sino colectivo. Es una falta de confianza en la planificación y ordenación del territorio, pues se tiene miedo que ello frene la construcción masiva de viviendas y genere desempleo. Además ello se corresponde con una administración local endeudada, por lo cual recurren a la construcción de edificios y la destrucción de suelo para aumentar sus paupérrimas arcas municipales. Así se citan los casos de Orpesa y Torrevieja con el 46% y 37% del total de sus presupuestos procedentes del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) en el año 2005.

Se construye para una demanda de viviendas libres, pues las de protección oficial se han estancado (incluso bajaron entre 1996 y 2003). Ello significa que se construye para personas que tienen un capital financiero y que adquieren una  segunda vivienda como inversión económica. Surge así el capitalismo de casino, o de camarilla como se le denomina en Iberoamérica. Un modelo territorial que no se corresponde con California o Florida, sino con Torrevieja. En efecto, como se recordará en la exposición de F. Vera, el modelo de esta ciudad de la Vega Baja supone una elevada densidad de población y viviendas sobre una extensión superficial enorme, amenazando los espacios naturales que están sometidos a una fuerte presión ambiental (contaminación hídrica de los humedales litorales)

Los datos que aporta son contundentes: la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones ha permitido transformar suelo no urbanizable en urbanizable, pero sin generar el esperado descenso del precio del suelo y sí su destrucción. El aumento de edificación ya empieza a mostrar signos de deseconomía: las personas con mayor capacidad abandonan los lugares colmatados y los problemas ambientales y de inseguridad hacen huir a personas a otros lugares de la cuenca del Mediterráneo.

En el debate suscitado entre ponentes y asistentes se hizo alusión a que el suelo no puede ser considerado como un factor productivo inicial del precio de la mercancía final: la vivienda. Al contrario, la expectativa de valor mercantil que se espera que pueda alcanzar el producto final es el que genera una inflación del precio inicial del suelo.
 

El desarrollo turístico como sinónimo de crecimiento inmobiliario.
 
La ponencia alicantina nos ha desvelado el enorme error de confundir estrategia de desarrollo turístico con crecimiento inmobiliario de apartamentos, viviendas de segunda residencia y hoteles. Ello se debe a tres factores complementarios: el triunfo de un pensamiento hegemónico liberal, el desgobierno de las políticas públicas y la ausencia de participación ciudadana. La ausencia de un modelo público da como resultado una saturación de los espacios litorales y prelitoriales. Frente a ello existen alternativas, para lo cual es preciso redefinir los conceptos y marcar una agenda política
Es preciso dar a conocer las políticas territoriales en sus escalas precisas. Por ejemplo mostrando las inversiones de grupos inmobiliarios españoles (p.e. FADESA) en la cuenca sur del Mediterráneo, lo que supone que en el Magreb existirá pronto una amplia oferta semejante a la del litoral mediterráneo español y más barato. En otra escala se debe hacer ver cómo en pueblos del interior (p.e. L’Alcoià) con sólo 200/ 300 habitantes se busca desarrollar una urbanización de al menos 1000 habitantes.

De este modo podemos plantear alternativas sobre ejes precisos, para hacer frente al desgobierno actual del territorio, como consecuencia de la inacción del Consell de la Generalitat Valenciana. En el caso del turismo se centran en el análisis de nuevos productos (p.e. golf, náutica), con calidad (lo que supone reservar terrenos protegidos) y nuevos espacios. Ahora bien, será preciso evaluar a dónde nos llevan estos procesos, por ejemplo el riesgo de creación de guetos, como es la creación de resorts en espacios costeros que provoca problemas de seguridad (un resort es un amplio espacio de “monocultivo” turístico con variedad de actividades de ocio) lo que conlleva a urbanizaciones cerradas y fuertemente vigiladas.

¿Qué hacer? Notas para una agenda política

Ante todo ello ¿qué hacer? En primer lugar que las Administraciones “hagan sus deberes”. Es preciso revisar la ordenación del territorio y la financiación local. Se han puesto los ejemplos de tres buenas práctica (Catalunya, Cantabria y la isla de Menorca) y tres malos ejemplos (Murcia, Valencia y Andalucía).  Una revisión legislativa no sólo de grandes documentos, sino sobre todo de reglamentos.

En segundo lugar es preciso desarrollar una política alternativa de izquierdas que favorezca una futura política de consensos básicos. Es preciso desarrollar una política de vivienda que de respuesta a las demandas de la población joven y de personas con escasa capacidad adquisitiva.

En las alternativas no podemos ocultar la necesidad de una moratoria en el proceso de construcción inmobiliario. Igualmente el modelo turístico debe suponer la adquisición de terrenos por parte del Estado para transformarlos en espacios especialmente protegidos y no urbanizables.

Textos legales y contexto social y cultural

A lo largo de las jornadas de Valencia y Alicante se han hecho numerosas referencias a la importancia de los textos legales, pero sobre todo al contexto de la gestión territorial. Creo que es un asunto importante  que nos debe permitir avanzar en el futuro en tres cuestiones básicas para el porvenir de una sociedad democrática:

a) El papel de las políticas públicas como garantes de los derechos ciudadanos

b) El papel de los intelectuales como personas que fomentan el debate crítico sobre el poder del lenguaje cotidiano

c) El papel de las instituciones (partidos, sindicatos) en la defensa de la igualdad de trato y posibilidad de participación y actuación ciudadana.

El papel de las políticas públicas ha quedado bien definido en las diferentes perspectivas que aparecen en las Leyes del Suelo, en especial la Ley 8/1990 de 25 de julio, la Ley 6/1998 de 13 de abril de ámbito estatal y la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (Ley de la Comunidad Valenciana 6/1994). Veamos sólo dos ejemplos:

a) Las diferentes interpretaciones del texto legal sobre los derechos públicos o el imperio de la ley del mercado.

La Ley 1990 pretendía “en el ámbito de las competencias constitucionales del Estado, modificar, en los términos que más adelante se indicarán, el régimen hasta ahora vigente sobre los derechos y deberes de los propietarios del suelo... limitándose a la fijación de las condiciones básicas que aseguran la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de loso mencionados derechos y deberes, al mismo tiempo que se delimita, con el mismo carácter básico, la función social de la propiedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.1, en relación con el artículo 33.2. de las Constitución...”

Por su parte la Ley de 1998 expone una interpretación contraria a este criterio, como se expone en su preámbulo, donde reclama “una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones Públicas responsables de la política urbanística una mayor adaptación a una coyuntura económica cambiante...”

De esta comparación es fácil desprender la conclusión de entender que la intervención estatal sobre la definición de suelo para urbanizar ha sido abandonada rápidamente por los legisladores, o lo que es lo mismo, por los partidos políticos que dominan el panorama representativo de la soberanía popular.

b) La figura del urbanizador privado como respuesta del mercado a la ausencia de una política pública de ordenación del territorio.

La figura del urbanizador privado es  la respuesta que ofrece el mercado a la incompetencia de las administraciones públicas, en especial autonómicas y locales, a la ordenación de un territorio que tenga en consideración las demandas sociales y el uso público de las plusvalías generadas por el proceso urbanizador del suelo. El artículo 2.5 de la LRAU (Ley de la autonomía valenciana para regular el aprovechamiento urbanístico de los terrenos urbanos) reconoce la posibilidad a los particulares de redactar y promover proyectos de planes o programas. Con ello abre la vía del agente urbanizador privado de suelo urbanizable, que ha dado lugar a las grandes transformaciones del paisaje valenciano a través del planeamiento parcial o de los PAIs (Planes de Acción Integrada de dos o más parcelas).

Ello corrobora que la administración pública local no fue capaz de desarrollar bajo sus competencias legislativas sus correspondientes económicas. Es decir, no tenía la capacidad financiera para desarrollar suelo urbano y luego promover la edificación, lo que sería lógico a partir de la Ley de 1990. No ha sido capaz de gestionar el patrimonio público acumulado por el 10 por ciento de cesión de las promociones de suelo en la calificación de urbanizable.

Aquí radica el problema y por eso resulta sorprendente que se diga que no se preveían las consecuencias de la LRAU, cuando se estaba potenciando la intervención privada del proceso urbanizador público, como se explicitaba en el artículo 5.3: “los poderes públicos deben suscitar la participación de la iniciativa privada en el proceso urbanizador...”, lo que tiene su cierre conceptual en el artículo 7.2  cuando indica que para las actuaciones integrales (o sea para los PAI) la administración pública puede ceder la competencia urbanizadora a un particular, bajo una iniciativa empresarial.

 
La ambigüedad del concepto desarrollo sostenible
 
La ponencia de Antonio Goytre se centró en el análisis del concepto de desarrollo sostenible, que tanto sirve para un político de una tendencia política como a la postura opuesta. Se ha banalizado este concepto y es preciso recuperar el sentido “revolucionario” que tuvo en el momento en que se gestó, pues lo que pretendía era ofrecer una alternativa al modelo de crecimiento hegemónico, de carácter productivo y personal empresarial. Frente a ello se anteponen los intereses generales y la preocupación por el futuro. De esta manera se debe entender el desarrollo, como una fase evolutiva en la cual aumenta el valor en cada etapa posterior.
Si el desarrollo supone aumentar la calidad de vida respecto al estadio anterior, el adjetivo sostenible nos conduce a la idea de perduración, pues el territorio debe permanecer de manera indefinida. Con ello se  pone en cuestión el modelo occidental de crecimiento económico y es lo que dio origen a las conferencias internacionales de la ONU. Así podemos destacar:

 
1972
Informe del Club de Roma y MIT: "Los límites del crecimiento”
1982
Primer programa de la ONU sobre el ambiente - Carta mundial de la naturaleza 
1987
Informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo "Nuestro futuro común" (informe Bruntland)
1992
La conferencia de Río de Janeiro. Se elabora la Agenda 21
1994
Carta de Aalborg: Ciudades sostenibles en la Unión Europea aplican la Agenda 21
2002
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo conocida como RIO+10
1997
Protocolo de Kioto

Sin duda este tipo de Conferencias y acciones han ido penetrando en la opinión pública, pues se han extendido los protocolos de actuación, si bien con menos impacto del esperado. En todos los casos lo que se propone es respetar la capacidad del ecosistema para regenerarse, aceptando los límites del ambiente. Pero cuando el ponente expone los datos empíricos observamos que los principios y programas de sostenibilidad no coinciden entre la ONU, UE y España. Es decir, que bajo el paraguas de la sostenibilidad se esconden diferentes estrategias, a veces de puro marketing territorial.

Principios globales y acciones locales en el urbanismo valenciano

En consecuencia los límites al concepto de desarrollo sostenible aparecen vinculados a la necesidad de medidas globales y modelo alternativo al crecimiento económico occidental. Unos límites que no se quieren traspasar por empresas y Estados, que temen la deslocalización si se emplea una legislación restrictiva. Ello genera un cierto pesimismo en ¿qué hacer?

Esta actitud se traslada al urbanismo, pues se le  califica de actividad no sostenible, no sólo por la destrucción de suelo en la construcción de edificios, sino por las nuevas actividades que recaen sobre el territorio recalificado. Según el ponente los problemas del País Valencià son históricos, pues ya un informe de 1995, con datos del censo de 1991, ofrecía un panorama muy semejante al actual. Se preveía un crecimiento del parque inmobiliario que duplicaría el número de viviendas de 1991.

En el momento actual existen casi 200 propuestas urbanizadoras para el conjunto del PV, lo que comprende PAI, planes especiales, urbanizaciones previstas... Son numerosos los planos sin tener en cuenta la sostenibilidad del modelo: las actividades que debe soportar el territorio y la financiación de los servicios necesarios, teniendo en cuenta la situación financiera de los ayuntamientos. Esta situación se ejemplifica en el caso de Orihuela, tal como se expuso documentalmente en estas jornadas.

En el debate posterior a las ponencias surgen diversas intervenciones que ponen el acento en la crisis cultural que supone el modelo actual de transformación del territorio en el P.V. Una degradación ambiental que va acompañada de la pérdida de valor económico de la agricultura, por lo cual los agricultores se ven impelidos a vender sus tierras para uso urbanístico.

Igualmente se pone en cuestión la solvencia de la demanda inmobiliaria, pues puede ser que dentro de diez años la oferta de otros lugares del Mediterráneo sea más atractiva para esos potenciales 11 millones de personas que pretenden comprar viviendas en el mediterráneo español. Como se ha señalado ya existen proyectos inmobiliarios de empresas españolas que han optado por explotar territorios del norte de África y en páginas de diarios daneses ya se plantea Turquía como destino alternativo a España y sur de Francia.

Manuel Ayús en Alicante hizo mención a la contradicción que supone aplicar los criterios de la biodiversidad y sostenibilidad y al mismo tiempo realizar proyectos de aprovechamiento y gestión del territorio que tienden a la homogeneidad de su uso y a las concentraciones de la población. En su argumentada exposición analiza que ha supuesto la LRU de la Comunidad Valenciana, en tanto que favorece la actuación del planeamiento parcial pese a la denominación de Plan de Acción Integral (PAI) y ello a través de dos mecanismos: a)regulando el desarrollo urbanístico desde la acción privada de los promotores; b)pérdida del valor social del urbanismo.

Por su parte, Joan Romero insistió en el concepto de “gestión prudente del territorio” que implica la combinación de los elementos de actividades económicas, cohesión social y gestión del ambiente. Una forma de pensar el desarrollo territorial que debería formar parte de la agenda política de los próximos años en el País Valencià y por ello se felicita que desde CC.OO.-PV se haya abierto este debate. Un debate que está en sus inicios, pues el cambio cultural es lento ya que tiene raíces profundas. Además de ello las implicaciones en la administración local (problema de la deuda ante el aumento de competencias) y en la política de vivienda son evidentes. Se pone como ejemplo el valor perverso del suelo como factor de producción, pues su valoración mercantil procede de la expectativa de venta de las viviendas construidas.

En los debates mantenidos en Valencia y Alicante se ha hecho referencia al fracaso social y a la responsabilidad de las administraciones locales y autonómicas en la ordenación del territorio. Se insistió en la importancia de la educación para paliar estas ausencias en la participación y análisis crítico del urbanismo. Algo que no compete sólo al marco escolar, pues la educación también se ejerce desde los medios de comunicación y desde la actuación política. Por ello se destacó la necesidad de un compromiso histórico de las personas e instituciones con un proyecto a medio y largo plazo, lo que sin duda supone remar contra corriente.
 
 

El necesario consenso sobre la delimitación territorial para planificar el agua como factor de desarrollo territorial
En los medios de comunicación se ha generado la idea de la ausencia de políticas de solidaridad entre territorios. Tal como si los territorios tuvieran capacidad de decisión por sí mismos. Y en este sentido se acusa a algunas Comunidades Autónomas de no querer ceder sus recursos hídricos para otras. Es la llamada guerra del agua, que oculta intereses personales, económicos y empresariales, que gestionan las noticias y adoptan decisiones para manipular la opinión pública. Por eso parece importante analizar los recursos del agua desde planteamientos rigurosos y con una perspectiva política y cultural más amplia.
El profesor Alejandro Pérez Cueva plantea como tesis general que el agua dulce no es un recurso ilimitado e inagotable. Su disponibilidad está sujeta a dos tipos de condicionantes, los de índole económico (derivados de su captación, almacenamiento, transporte y distribución) y los de tipo ecológico. El "coste" ecológico  radica en que el agua que utilizamos es una porción del complejo proceso natural que es el "ciclo del agua", del que dependen otros procesos naturales: por ejemplo,  los procesos biológicos de otros seres vivos, o los procesos geomorfológicos (como, la formación de deltas). Las fluctuaciones temporales naturales de este ciclo del agua imponen un tercer tipo de limitación: su falta temporal, es decir, las sequías climatológicas. Nos puede faltar el agua porque sea demasiado caro disponer de ella donde la necesitemos, porque utilizarla crearía un problema ecológico en otro lugar, o simplemente porque no haya suficiente de modo temporal.

En este contexto teórico y en el marco territorial de la Comunidad Valenciana es preciso analizar el problema que existe entre comarcas, municipios, provincias y Comunidades Autónomas. En tiempos recientes, la principal fuente de conflictos, expresado en términos geográficos, radica en el espacio de referencia a la hora de establecer el balance hídrico: ¿Es la Península Ibérica? ¿Es España? ¿Es la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Es la Comunidad Valenciana? ¿Son las provincias de Valencia, Castellón o Alicante? ¿Son los términos municipales?. Cada una de estas escalas espaciales genera graves problemas de tipo político: problemas entre países, entre comunidades autónomas, entre pueblos, etc.

Pero si se quiere hacer una mínima planificación hidrológica, hay que hacer un balance hídrico natural, estudiar sus fluctuaciones y ver las repercusiones que tiene la intervención antrópica sobre los procesos naturales, y para ello es necesario tomar un espacio geográfico de referencia. Todo lo que no sea seguir por este camino suele implicar una de estas dos situaciones: o bien se renuncia a planificar y ordenar el territorio correctamente, o bien se cuenta con unos recursos hídricos no realistas. En este sentido aboga por realizar un estudio tomando como referencia los 23.000 km2 del territorio valenciano que comprende la Comunidad Valenciana.
 
 

Un plan ecosocial para el agua: las cuencas hidrográficas

En el debate posterior se vio la necesidad de planificar de una forma más correcta desde la perspectiva de cuenca hidrográfica, para lo cual es preciso abordar una política de coordinación y colaboración entre los gobiernos políticos autonómicos y los gestores de las cuencas hidrográficas que dependen del Estado. Es decir, se hace preciso tener en consideración las propuestas que había formulado el día anterior Joan Romero respecto a la coordinación del agua como factor de desarrollo territorial.

Para poder realizar “las cuentas” del balance hídrico es preciso partir de una serie de conocimientos precisos:

a)El balance hídrico del PV es muy frágil, pues la demanda del agua y su oferta está en una situación de inestabilidad, aunque la evapotranspiración sólo representa el 80% de las precipitaciones

b) Los elementos clave que explican los inputs de agua son las corrientes subterráneas y las lluvias torrenciales

c) El aumento de demanda de agua es exponencial

En cualquier caso las cuentas del agua son difíciles de realizar, en gran medida por el “secretismo” que utilizan las cuencas hidrográficas para suministrar sus datos. Sin duda, como apuntaba Jorge Olcina en Alicante, lo que sí podemos apreciar es una tendencia clara a un agravamiento del problema: si en 1985 los datos oficiales nos hablaban de un superávit teórico de 1760 Hm3 en la Comunidad Valenciana, en el año 1995 ya apreciamos un saldo negativo de 156 Hm3 y el Plan Hidrológico Nacional de 2001 nos mostraba unas necesidades de entrada que superaban los trescientos hectómetros cúbicos. Y ello se debe básicamente a que en estos quince años la demanda de  agua ha aumentado un 20%, mientras que las reservas superficiales han disminuido y las aguas subterráneas se están sobreexplotando. La situación es tan grave que incluso contando con agua de desaladoras y depuración en un horizonte de seis años (2012) se estima que el balance negativo sea más grande. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema Jorge Olcina puso un ejemplo revelador: entre 1910 y el año 2000 la población de la Comunidad se duplicó (incluso un poco más), pero el consumo de agua pasó de 6 millones a 400 millones, o sea se multiplica sesenta veces. Pues bien con estas tendencias y el aumento previsto de población y edificación en los PAI el saldo es más que preocupante.

En el debate se ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia en los datos facilitados por las Cuencas Hidrográficas y en la mayor participación ciudadana. Se han hecho críticas al espíritu corporativo de los Ingenieros de Caminos y que hace falta un mayor protagonismo de la política y la educación ambiental.
 

El balance hídrico dependiente del exterior en el PV: factores explicativos

Para entender el balance hídrico del PV hay que considerar algunos datos.

Del agua que se aprovecha (entre lluvias y evaporación) entre el 85-95% se va a la tierra y no fluye por los ríos. Por tanto la clave es la presencia de aguas subterráneas, que en el conjunto mundial representan el 0,61% del total de agua del planeta mientras que las de los ríos sólo alcanza el 0,0001%

Si el agua subterránea es clave para entender el balance hídrico desde una perspectiva del sistema del ciclo del agua, debemos recordar que para renovar el agua de los ríos se tarda una media de 16 días, mientras que para las cuencas subterráneas se necesitan 1400 años.

El balance hídrico del PV no es cerrado, pues llegan aportes del exterior, por ejemplo el Xúquer aporta agua desde Castilla-La Mancha.

Dado que existe un balance lluvias-evaporación = 100 litros y tenemos 23.000 km2 el balance es de 2300 hm3 aprovechables. Si resulta que la demanda es de 3.500 resulta que hay un déficit de 1200. ¿De dónde procede esta agua?

-De los inputs de ríos alóctonos (Xúquer, Túria...) que suponen 2400 H3, que sumandos a los 2300 suman en total 4700 hm3, es decir existe un 50% de recursos autóctonos y otro 50% de recursos alóctonos.

La tendencia de los caudales muestran un descenso continuado de los caudales que tiene su razón fundamental en la alteración antrópica (excesivo uso de las aguas subterráneas). Cuando se utilizan las aguas subterráneas deja de existir aporte de agua a los ríos y si utilizan las aguas más profundas (aguas fósiles) el problema es mucho más grave, pues los acuíferos más superficiales no se regeneran. En el caso concreto del acuífero del Xúquer se ha comprobado que incluso han cambiado las direcciones de las corrientes subterráneas, que dejan de aportar agua al cauce principal.

Los factores que afectan a este balance hídrico son

a) De carácter negativo: aumento de la demanda para usos agrarios, domésticos, industriales, forestales (ha aumentado la biomasa vegetal en las cabeceras fluviales) y extracción sin control de los acuíferos

b) De carácter positivo: aportes procedentes de desaladoras y de algunos trasvases. En este sentido se hace referencia a la necesidad de regular las aguas torrenciales, que son las más frecuentes y no se saben gestionar.

Jorge Olcina con una aportación cartográfica muy bien seleccionado mostró que el problema del agua en cuanto a balance hídrico no era el mismo para zonas más húmedas (p.e. Penyal d´Ifac) que lugares áridos y secos (San Miguel de Salinas) Así las zonas con mayor riesgo de sequía estructural son las que se corresponden con el litoral desde Sagunto a Benicarló y todo el litoral alicantino.
 

El agua como cultura territorial

La profesora Graciela Ferrer nos muestra el problema del agua desde una perspectiva cultural. Su introducción histórica hace referencia  a la transformación de cultivos de secano en regadío. Se extiende el regadío con un uso masivo de agua y de compuestos químicos (abonos, insecticidas...) utilizándose aportes de aguas subterráneas. Además hay un uso creciente de agua para demandas energéticas (hidroeléctrica o refrigerando los reactores en térmicas y nucleares) y domésticas. Todo ello genera una cultura de uso y abuso del agua, incluso despreciando el cuidado de las riberas fluviales. Se usa el agua sin tener en cuenta el sistema.

A continuación pone el ejemplo del río Xúquer, que registra una disminución del caudal del río por factores climáticos y también por el abuso del acuífero de La Mancha Oriental. Baja tanto el caudal que se estima que el 55% de los días el agua no llega al mar. La sobre-explotación es tal que ha dado lugar a la desaparición de una especie endémica (la loina) y da lugar a una degradación ecológica del río, lo que se agrava como resultado de la contaminación de los acuíferos por compuestos químicos y por intrusiones de agua marina.

Los problemas que aparecen son resultado de un incremento de consumo, una insuficiente depuración, nula consideración de necesidades ambientales, una reducción de las aportaciones y una degradación de los disponibles.

La paradoja resulta de considerar que la naturaleza es perversa, pues no ofrece lo que queremos y entonces aludimos a la solidaridad entre los pueblos para que los recursos sean considerados infinitos, “de todos”: “agua para todos”, “sol para todos”, “playas para todos”... Una política territorial y económica que ha llegado a su límite de crecimiento y que sólo propone obras hidráulicas como solución. Una tradición que se remonta al regeneracionismo, pero en otro contexto: un país agrario y necesitado de desarrollo económico para hacer frente al hambre.

En este sentido parece necesario recordar que el agua es un factor de desarrollo territorial y como tal habría que considerar la relación que se establece con las diferentes normativas legales en sus escalas territoriales: la estrategia territorial europea, las leyes de ordenación territorial estatales y las normativas autonómicas. Junto a estas interpretaciones será preciso desmontar algunos mitos sobre el excesivo consumo de agua en la agricultura, pues una hectárea de regadío consume una medida de 8000 Hm3, mientras que la misma cantidad de suelo urbanizado puede llegar a 40.000 o 50.000 como consecuencia de la urbanización dispersa con piscinas, campos de golf y jardines. Por ello es preciso reivindicar un plan de directrices territoriales claro, lo que no sucede en el País Valencià.
 

Un nuevo modelo de cultura del agua y de desarrollo territorial

El nuevo modelo supone gestionar el conjunto del ecosistema en el cual el agua es un elemento más1. Se trataría de buscar usos alternativos (p.e. turismo ornitológico) y no tanto incrementar la oferta como controlar la demanda, buscando soluciones locales desde el análisis de los problemas locales y con la intención de recuperar los recursos hídricos para una gestión sostenible del territorio.

En el debate posterior se hace referencia a los elementos políticos que inciden en esta nueva cultura del agua, como pueden ser la gestión de los fondos europeos (a veces de manera equivocada: agricultura de subvenciones), la promulgación de la Declaración Europea2 por una nueva cultura del Agua o las nuevas normativas legales que imponen un mayor control de los recursos, cuantitativos y cualitativos.

Es necesario en este sentido modificar la cultura de regadíos, aunque ello suponga un estudio detallado de todas las consecuencias de cada acción; por ejemplo el riesgo del riego por goteo, pues evita las infiltraciones en las capas subterráneas, que son responsables de 3 de cada 4 litros de recarga en la llanura del sur de la provincia de Valencia. En el contexto de la nueva cultura del agua se hace referencia a la desaparición histórica de los marjales, un proceso que se inicia en el siglo XVIII con Cavanilles.

Al final se establece un debate sobre el trasvase del Xúquer al Vinalopó, donde la controversia entre Alejandro y Graciela nos ha permitido abrir las perspectivas de análisis: la necesidad de un control ecológico del agua, de la demanda de agua para usos poco rentables (p.e. la conversión de terrenos en naranjales donde no se dan las condiciones), la necesidad de gestionar el agua para usos determinados (potable doméstica y regadío) atendiendo a las prioridades y utilizando las desaladoras para disminuir las presiones de uso del agua en la cuenca alta del Vinalopó.

Alejandro defiende la posibilidad de trasvases para asegurar una respuesta flexible a los problemas de las sequías, continuando una política histórica que consiste en interconectar las cuencas de los ríos mediterráneos, lo que ha asegurado una mejor protección ante las sequías coyunturales en el PV que en el resto de España, como ejemplificó con datos. El problema es que la sequía en Valencia es ya estructural y las propuestas son tan sólo de mayores inversiones en infraestructuras, con lo cual se  sigue generando la expectativa de un uso infinito del recurso de agua dulce. Y como reconoció el informe del Banco Europeo de Inversiones en su estudio del trasvase Xúquer al Vinalopó no existe agua sobrante, es decir no se puede especular con un excedente hídrico. Por eso como mal menor se apuesta por el trasvase desde Cullera, que es un agua de peor calidad, pero que sirve para usos agrarios.

En el debate posterior se hizo hincapié en que el problema del agua debe ser inscrito en una política del territorio. Las cuencas hidrográficas (en sentido estricto o como unidades de gasto de agua), la administración autonómica (la CC.AA. valenciana) y las políticas de referencia estatal y la Estrategia Territorial Europea han sido utilizadas en la argumentación. Pero sobre todo se ha destacado el enorme poder de actuación que tiene la administración local y aquí se plantea el problema de las competencias legales y la capacidad económica para resolver asuntos de índole territorial. En este sentido se apuntan posibles soluciones que tienen que ver con la depuración y desalación del agua, lo que nunca puede ser un motivo para impulsar el desarrollo de la urbanización. En el caso concreto del agua desalada se muestra la preocupación, por parte de C. Arribas, de la cantidad de energía que se utiliza para generar agua potable.

Carlos Arribas señaló en su ponencia que estos asuntos están de actualidad no sólo por la política territorial que se presupone, sino por los intereses económicos que oculta, como se pone de manifiesto en las mociones de censura, en los conflictos de intereses entre partidos y en la práctica de la corrupción municipal. La clave hay que buscarla en que el ayuntamiento puede recalificar suelo e incluso aportar un estudio de impacto ambiental desde las propias empresas a las que contrata servicios. Es decir, es juez y parte de la transformación territorial para así aumentar sus ingresos a través de IBI.

En esta relación entre agua y modelo territorial se comentó las maneras de urbanizar el territorio, con predominio de una ocupación del mismo a través de urbanizaciones que generan un gran consumo de agua, muy superior a la registrada por una ciudad compacta, según datos que se esgrimieron en el debate. La ocupación del litoral es muy intensa, según se puede observar en los planos levantados con imágenes de satélite y que ha dado lugar a la preocupación del sector hotelero, pues se expone que la oferta de apartamentos es muy grande y genera un tipo de ocupación y gasto muy inferior al que se da en los hoteles, que tienen en estos edificios un competidor importante para el alojamiento de los turistas.
 

Transformaciones urbanas y destrucción del paisaje y ecosistema litoral

Para abordar las transformaciones urbanas del territorio valenciano contamos con la ayuda de la ponencia de J. Antonio Ferrer, presidente de las Agrupaciones de Urbanistas de los Colegios de Arquitectos de España. Como punto de partida expone su experiencia personal en proyectos y estudios urbanos en Valencia desde 1968 y señala que las transformaciones que suceden en este territorio son más enormes y que han dado lugar a una concentración de la promoción inmobiliaria en pocas manos, algo totalmente diferente a la promoción y construcción individual que él conocía en sus primeros años de trabajo. Igualmente señala las transformaciones en infraestructuras y edificaciones, que ha cambiado el paisaje valenciano hasta aniquilarlo. Como ejemplo de lo que dice muestra los proyectos de Mundo Ilusión y la Ruta Azul.

Empieza analizando el Plan de Acción Territorial Litoral de la Comunidad Valenciana y expone con datos la destrucción de los 470 kilómetros de costa, donde sólo 8 son especialmente protegidos y no urbanizables, frente a los 229 ya urbanizados, los 86 en proceso de urbanización y los 155 que se transformarán a través de actuaciones singulares como los PAI.

Los ejemplos de la denominada Ruta Azul y Mundo Ilusión son expresivos. En el primer caso se trata de potenciar el puerto de Sagunto en detrimento del puerto de Valencia, con el objetivo de destinar toda la costa que rodea a Valencia y se interna hacia Sierra Calderona de viviendas y hoteles. Mundo Ilusión supone la transformación de más de 20 millones de metros cuadrados para ocio y espectáculo, modificando el paisaje valenciano y creando un espacio artificial.

Esta política agresiva contra el territorio no se detiene en el litoral, pues ya ha llegado al interior del PV, afectando a zonas húmedas y de montaña. Así pone el ejemplo de la Tinença de Benifassa que pasa de 30.000 Has. especialmente protegidas a sólo 5.000 y donde ya se pueden observar compras y ventas de terrenos con fines residenciales.

Los ejemplos que pone son numerosos y muestran la magnitud de esta destrucción3, como se pudo comprobar en los documentos por él presentados. Podemos así señalar algunos casos de norte a sur del P.V.:

a)Peñíscola, donde se transforma el paisaje para ser un núcleo turístico relacionado con la implantación del aeropuerto de Castelló

b)Mundo Ilusión, transformación total del paisaje entre Cabanes y Oropesa

c)Transformación en Alemara para construir viviendas en una magnitud tal que supone triplicar la población actual y destruir el marjal

d)Sierra Calderona, entornos de la cartuja de Portacelli, Estivella... transformación de todo este territorio para aumentar la densidad residencial

e)Toda la comarca de L’Horta, con la Ruta Azul como eje de la transformación

f)Port de Catarroja, que afecta al entorno de l’Albufera

g)L’Estany de Cullera y playa de Tavernes. Reproducción del modelo de Maniatan, tipo Benidorm

h)Oliva Nova, Moraira... transformación del litoral

i)Plan Rabassa d’Alacant, que supone concentrar en una acción monopolística todo el crecimiento previsto en el Plan General

Los ejemplos mostrados ponen de relieve la magnitud de la transformación superficial y obliga a reflexionar sobre las maneras en que se produce dicha transformación. Caso de construirse todo lo planificado la población que se podría albergar en las nuevas edificaciones daría lugar a duplicar la población actual de la Comunidad Valenciana.

 

Modelos y realidades

 
1.-Se trata de justificar el modelo de asentamientos del PV como una alternativa al modelo de ciudad difusa, siguiendo el debate ciudad compacta/difusa (Francesc Indovina) y el ahorro de costes de movilidad e infraestructuras del ciclo del agua y energía que supone la ciudad difusa, tipo Los Ángeles.
Sin embargo este modelo es falso, pues lo que aparece en la costa mediterránea es un modelo de ciudad fragmentada, unida por infraestructuras de comunicación.
Se hace preciso recuperar los modelos de ciudad compacta en relación con la vida en comunidad y con los umbrales de densidad que no se pueden sobrepasar para provocar deseconomías

2.-La concentración de la propiedad en pocas manos con apoyo del capital financiero reproduce una situación de monopolio inmobiliario, pues los pequeños propietarios deben acceder a las pretensiones de los grandes, a riesgo de ser expropiados si no pagan los costes de urbanización. Ortiz o Llanera serían ejemplos de estos grupos, pero lo que resulta más grave es la presencia de una empresa pública (IVVSA) colaborando y gestionando suelo para estas transformaciones

3.-La gestión de la Administración Valenciana roza el esperpento con prácticas como la de “Sociópolis” donde ofrece una alternativa de casas integradas en el campo, cuando se sitúan en una zona de huerta que ya está consolidada. O sea destruyen un ecosistema agrario para ofrecer otro artificial

En el caso de Sergio García (Alicante) se expuso sintéticamente los conceptos que definen una ciudad difusa y otra compacta, haciendo a partir de los mismos una valoración de la urbanización del P:V:

Asemeja la ciudad compacta al modelo urbano mediterráneo, que posee otras cualidades entre las que podrían destacar las siguientes:

1) Compacidad: la ciudad mediterránea no invade indiscriminadamente el territorio, sino que se comprime en el espacio estrictamente necesario para cumplir sus funciones.

2) Densidad: cualidad empleada muchas veces como sofisma por los defensores de modelos difusos. La densidad, en su sentido positivo, implica automáticamente facilitar el contacto, la comunicación y el intercambio, verdadera base constitutiva de la ciudad.

3) Multifuncionalidad: la función –paradigma maquinista de la modernidad– requiere de la mezcla en el contexto de lo urbano. La debilidad esencial de una ciudad monofuncional se pone especialmente en evidencia en los momentos críticos.

4) Heterogeneidad: corolario de la anterior cualidad, esta característica implica variedad en lo social. Una sociedad variada es una sociedad enriquecida por las interacciones colectivas.

5) Economía: la economía urbana no se circunscribe al flujo de ingresos y gastos de la ciudad, sino que incluye la economía de la movilidad y la economía temporal.

6) Espacio público: quintaesencia de la ciudad para que exista. Es casi la ciudad en sí misma. Un espacio público de calidad implica siempre al ciudadano en el uso de la ciudad.

7) Sostenibilidad: la ciudad mediterránea no gasta más de lo que produce. Su mantenimiento está asegurado por la densidad de sus habitantes que al interaccionar, producen riqueza.

Frente a este modelo presenta el de la urbanización difusa, que apenas puede enmarcarse dentro de lo que conocemos histórica y culturalmente como ciudad. Constituye todo un modo de vida en el que el suburbio, el hogar reconocible, la autopista, el vehículo privado, el centro de trabajo y el centro comercial constituyen su estructura funcional.

La vida posturbana se ha erigido en el modelo seguido desde las últimas décadas por el mundo anglosajón en general y norteamericano en particular. Es un modelo en el que priva lo extensivo, lo autosuficiente, la privatización y el predominio del individualismo. Precisamente, si entendemos la ciudad como un conjunto de interacciones humanas, podemos afirmar que el desmembramiento y la disgregación que produce la urbanización difusa no hace sino negar la ciudad como tal.

Son muchas las características que informan la urbanización difusa, muy interrelacionadas, aunque caben destacar las siguientes:

1) Disgregación: la urbanización difusa destruye las interacciones o, al menos, las dificulta enormemente. Las distancias y la preeminencia de sistemas cerrados (autopistas, vehículos privados, aparcamientos, centros comerciales, etc) son a la vez causa y efecto de la disgregación.

2) Extensión: se invade indiscriminadamente el territorio, manipulándolo a voluntad mediante la vía rápida y el aparcamiento masivo. A consecuencia de esto, la densidad baja vertiginosamente y la vida urbana se empobrece o elimina totalmente.

3) Monofuncionalidad: la asignación de funciones especializadas y diferenciadas en la urbanización difusa –barrios residenciales, centros de oficinas, centros comerciales, etc– destruye la deseable mezcolanza de actividades urbanas.

4) Homogeneidad: la diferenciación funcional también deviene en colectivos segregados que aumentan las distancias sociales. El contacto social, por homogéneo, resulta intrascendente y los habitantes acaban encapsulados en el individualismo cuando no alienados.

5) Antieconomía: la economía urbana es sumamente difícil en estos modelos. Los gastos de mantenimiento urbano, suelo, recursos y tiempo crecen de manera inversamente proporcional a la extensión difusa.

6) Privatización: el espacio público desaparece o queda reducido al laconismo estricto de la comunicación rodada. Al morir la idea de espacio público, la idea misma de ciudad muere.

7) Insostenibilidad: la urbanización difusa invierte mucho más en recursos de lo que puede asumir.

En resumen, la urbanización difusa es una forma de vida que amenaza con destruir las bondades demostrables de la ciudad mediterránea de la que hemos disfrutado históricamente en nuestro entorno geográfico y cultural. Son ciudades sostenibles, amables, plurales y en definitiva habitables.

El problema fundamental es si hoy podemos apreciar en el PV un modelo de ciudad mediterránea o bien lo que se ha impuesto es un modelo de Benidorm o Torrevieja, que se han alejado mucho del modelo ideal.
 
 

Los costes económicos y paisajísticos
 
La magnitud de las transformaciones se puede observar cuando se analizan las cifras con un cierto sosiego: para una población actual de 4 millones de habitantes se ha previsto un desarrollo que supone que para el año 2026 cuando menos se duplique la población. La proporción de viviendas construidas sería de un 64% más que el actual censo en un período  de diez años.
Esta barbaridad constructiva supone invertir al menos 58.500 millones de euros en infraestructuras y genera una demanda de agua que se puede estimar en 450.000 metros cúbicos al día, lo cual es totalmente insostenible para el balance hídrico del PV, como se comentó a lo largo de las jornadas. Supone además la destrucción de todo el paisaje litoral y parte del interior, lo que hará que este recurso pierda su valor en un periodo de diez/veinte años

 

Alternativas realizables

Si bien el ponente cree que hasta que no entre en crisis el modelo actual es muy difícil plantear una solución, por las implicaciones de amplios sectores sociales en este modelo de enriquecimiento fácil e inmediato, nos ilustra con algunas actuaciones realizadas por la Generalitat de Catalunya:

a) Sistemas de espacios abiertos, con creación de corredores verdes biológicos, Espacios Naturales de Interés y recuperación de espacios costeros (se ha recuperado un 30% para ser recalificado como espacios de protección y evitar su urbanización masiva).

b) Desarrollar  un sistema de asentamientos de núcleos de población donde sea posible desarrollar vida en común, compartiendo la función residencial con otras actividades económicas y usos del suelo

c) Favorecer  la cohesión social a través de un sistema de infraestructuras que favorezca el transporte público y racionalice las implantaciones de polígonos residenciales.
 

Las modificaciones del espacio agrario

Joan Brusca, secretario general de L’Unió de Llauradors nos expuso las grandes trasformaciones que han afectado al campo valenciano en las dos últimas décadas. Por una parte, los cambios de uso agrario a no agrario; por otra, transformaciones de secano en regadío. Son factores que han incidido en el precio de la tierra, que en el caso valenciano alcanza el precio de suelo agrario más elevado de toda Europa. Se compra la tierra como fondo de inversión, para especular con ella o para invertir “dinero negro” como se puso de manifiesto en algunas extensiones de naranjal.

Todo ello da como consecuencia una falta de rentabilidad agraria, lo que supone un abandono de las explotaciones agrarias. Se calcula que entre 1989 y 2004 se ha perdido el 20% de superficie útil agraria (152.623 hectáreas). Una pérdida de cultura campesina que se acelera por el sistema de gestión de las ayudas europeas, unos fondos que son menores que en otros lugares de España pero que no se conceden a los pequeños agricultores, sino a un conjunto territorial al margen de la presencia de vida campesina. Ello ha provocado un proceso de externalización en las actividades agrarias que ha incidido en el proceso de abandono y envejecimiento.
 

Los factores del cambio de uso del suelo

Para entender las modificaciones del uso del suelo agrario Joan Brusca enumera los factores más importantes:

a) Los cambios de las políticas agrarias, que dependen del mercado europeo y de sus subvenciones

b) La evolución de los precios agrarios, influyendo las importaciones de países que tienen una mano de obra mucho más barata. Ello hace irrentable algunos cultivos

c) La escasez de agua que ha dado lugar al abandono de cultivos, como la uva en el Vinalopó Mitjà

d) La escasez de agricultores profesionales, por el aumento de  externalización. Así de los 76.600 afiliados al Régimen Especial Agrario de la SS, 51.500 eran trabajadores por cuenta ajena. Ello significa que hay pocos autónomos
 

Agricultura y uso del agua

 La ponencia de E. Blasco hizo una referencia especial al problema del agua con una hipótesis central muy clara:

“Si está disminuyendo la superficie agraria útil, si se está ahorrando agua con los nuevos sistemas de regadío (goteo) es obvio que el agua de uso agrario se está destinando a otros usos”

Con ello denuncia la falta de control público del uso del agua:

a) Por parte de las Confederaciones Hidrográficas sobre los derechos del uso del agua: ampliaciones de regadío y pozos alegales

b) Por parte de la Generalitat Valenciana sobre las transformaciones del secano en regadío

Reclama una nueva cultura del agua, para que no se sobreexploten los acuíferos subterráneos y pueda utilizarse agua de depuración y desalación, así como reutilizarla en el mismo uso agrario.

En el debate posterior se precisaron algunos conceptos, como el modelo de ciudad compacta y se manifestó la necesidad de difundir una nueva cultura territorial, aunque con las actuales normativas legales y el escaso apoyo a acciones que promuevan la participación ciudadana (como podían ser la Agendas 21) hace que el horizonte no sea muy positivo. En esta nueva cultura del territorio se hace preciso definir el papel de la agricultura y valorar acciones que puedan suponer una alternativa al cultivo de minifundio y excesiva parcelación, como es el caso del cultivo en común.

ANEXO: Ponentes de las jornadas


Contenidos y Ponentes
Bloque I: Política y Territorio
Joan Romero (Departamento de Geografía Univer. Valencia): Las políticas públicas democráticas en el desarrollo del Territorio

Enric Amer Blanch (Asociación Agró): Crecimiento sostenible y urbanización del territorio

En Alicante:

Fernando Vera (Departamento de Geografía. Univ. Alicante): Políticas públicas e influencia  del turismo en la ordenación  del Territorio

Manuel Ayús (arquitecto, urbanista, STOP Rabassa). Urbanización del territorio y espacios públicos.

Bloque II: El agua y la política territorial

En Valencia:

Alejandro Pérez Cueva en Valencia (Dpto. de Geografía. Unv. Valencia) El balance hídrico en la Comunidad Valenciana

Graciela Ferrer/Antonio Estevan (Fundación Nueva Cultura del Agua): Los usos del agua y el desarrollo territorial

En Alicante:

Jorge Olcina Cantos (Departamento de Geografía. Univ. Alacant): El balance hídrico en la Comunidad Valenciana

Carlos Arribas (Colectivo Agua y Diálogo. Presidente de Ecologistes en acció, PV) Crecimiento sostenible y los usos del agua en el territorio del litoral mediterráneo

Bloque III: La gestión y construcción del territorio

Valencia:

Antonio Ferrer (Colegio Arquitectos Valencia. Presidente de Urbanistas de España): Modos y maneras de construcción en la CV

Joan Brusca (Unió de Llauradors): Usos y maneras de aprovechamiento del territorio y los recursos del agua: el espacio agrario

Alicante:

(Sergio García Doménech) Colegio de Arquitectos de Alicante: Modos y maneras de construcción en la CV

Ernest Blasco (Unió de Llauradors): Usos y maneras de aprovechamiento del territorio y los recursos del agua: el espacio agrario
 

Notas
 

1 Gabriela Ferrer ha seguido las teorías que representa la Fundación Nueva Cultura del Agua (Pedro Cerbuna, 12 Residencia de profesores 4º dcha), 50009 Zaragoza (España) Tel. (+34) 976 761 572, fnca@unizar.es
2 La Directiva Marco del Agua europea fue aprobada y publicada en los meses finales del año 2000, por parte de la Comisión y del Parlamento Europeos, la denominada (2000/60/CE), que se traslada al ordenamiento jurídico estatal por el artículo 129 de la Ley 62/2003, texto refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2003).
3 En este sentido cobra mayor relevancia la frase de D. Harvey cuando afirma que “el capital construye un paisaje geográfico a su propia imagen en un cierto punto del tiempo sólo para tener que destruirlo después para acomodar su propia dinámica de acumulación” HARVEY, David. Espacios de esperanza, Madrid: Akal, 2003, página 206.
 
 

© Xosé Manuel Souto González, 2006

© Copyright: Biblio3W, 2006

Ficha bibliográfica

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 657, 15  de junio de 2006. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-657.htm]. [ISSN 1138-9796].



Volver al menú principal