Francisco J. Tapiador ¹

The Ramón y Cajal Program for Attracting Scientists to Spain. Evaluation, Assessment and a Resolution Proposal (Abstract)

This paper analyzes the state of the Ramon y Cajal program, also providing a proposal to resolve the current situation.

Key words: Ramon y Cajal program, science policy.

Este año, se ha llevado a cabo la quinta convocatoria del programa. Entre otras características, el acceso a los contratos está abierto a doctores de cualquier nacionalidad, ofreciéndose un número de plazas variable en función de las áreas de conocimiento. A pesar de los pequeños ajustes que se han venido realizando desde la primera convocatoria, la idea rectora ha sido la selección imparcial de investigadores con una destacada trayectoria internacional a través de tribunales, también internacionales, de reconocido prestigio.

Con el complemento posterior del programa Juan de la Cierva, el programa Ramón y Cajal fue visto desde el principio como un intento de definir con mayor claridad la carrera investigadora en España. En teoría, el cursushonorum consistiría en que los mejores estudiantes que quisieran seguir una carrera investigadora obtendrían una beca de formación de personal investigador o similar para hacer su doctorado. Los mejores de éstos podrían optar a una beca Juan de la Cierva de tres años al acabar su tesis, y los mejores de éstos, tras conseguir experiencia postdoctoral, a un contrato Ramón y Cajal que, tras un periodo de prueba, les integraría definitivamente en un centro de investigación. Los contratos Ramón y Cajal estarían así en la línea de las tenure-track de otros países para puestos de profesor, o de las ResearchCouncilAcademicFellowships del Reino Unido, en el caso de perfiles investigadores. Todo ello abierto a la posibilidad real de acceder directamente a cada uno de los estadios por méritos propios.

En noviembre de 2006, los primeros Cajales acabarán sus contratos. Es por tanto un buen momento para analizar y evaluar los resultados del programa.

A grandes rasgos, si bien algunas universidades parecen estar cumpliendo de manera ejemplar sus obligaciones, en otros lugares no está siendo así. El objeto de este artículo es analizar las razones de esta situación, ofreciendo a la vez una propuesta viable de solución de los problemas que han ido surgiendo, en especial la integración final de los investigadores en sus centros.

Sin perjuicio de que otros investigadores no pertenecientes al programa cuenten con destacadas trayectorias (son todos los que están, pero no están todos los que son), el programa Ramón y Cajal es una oportunidad histórica para la ciencia española. Por primera vez, se ha producido una selección internacional de profesores e investigadores, que han ocupado puestos en lugares con los que no tenían una relación previa. El perfil-tipo corresponde con personas que han pasado una larga temporada en un centro de prestigio extranjero, y/o que cuenta con varias publicaciones internacionales.

Esto representa una importante novedad con respecto a cómo se ocupaban las plazas de investigador en el pasado, y ha supuesto un revulsivo para la ciencia española, pero al mismo tiempo ha creado tensiones en algunos departamentos en los que los Ramón y Cajal han sido vistos como una amenaza. Para entender esta situación, es necesario reconocer que una plaza en un departamento ha consistido en demasiadas ocasiones en un premio a la fidelidad tras un largo periodo de prueba y precariedad laboral, y no en una verdadera selección de los más cualificados².

La aparición de los Cajales ha supuesto un acontecimiento traumático para aquellos departamentos que venían funcionando de esa manera, o para aquellos otros que no han sabido verlos como una oportunidad. Algunos departamentos, ni siquiera han solicitado una plaza para un Cajal, mientras que otros, interpretando a los Cajales como becarios muy cualificados, se aprestaron a ofrecer plazas para dotarse de mano de obra con financiación externa para sus propios proyectos, y no como investigadores de llegaban a desarrollar una nueva línea de investigación independiente. Lo normal, no obstante, ha sido que los Cajales hayan podido desarrollar su labor, aunque con menos medios de los inicialmente esperados.

El problema principal ha surgido en la estabilización tras los cinco años de contrato. Si bien las convocatorias parecían claras al respecto, en algunos lugares se ha interpretado la letra pequeña de la ley de Universidades en función de intereses espurios. La posición del Ministerio ante estas actitudes desagradables ha sido más tibia de lo deseable, tal vez por simple desconocimiento de la situación. Se ha echado de menos una oficina de seguimiento del programa, con una figura que velara por los objetivos del programa y por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los centros de acogida. La carga de cumplir con las obligaciones ha recaído únicamente sobre los Cajales (sometidos a evaluaciones periódicas en un ambiente en el que nadie de un nivel similar o menor ha de someterse), y no sobre los centros.

Por otro lado, durante los años anteriores se ha venido considerando como prueba del éxito del programa que algunos Cajales se presentaran y obtuvieran plazas en las tradicionales oposiciones, cuando es todo lo contrario: esta opción personal demuestra que los investigadores no cuentan con la confianza en el programa y prefieren tomar un atajo, en previsión de posibles problemas. El programa Ramón y Cajal no fue concebido ni en la letra ni en el espíritu como una incubadora en la que los investigadores aguardaban un puesto estable, sino como un camino reglado hacia un puesto estable al completar unos años de prueba, y tras una evaluación final.

La causa última de las fricciones en la estabilización ha sido la actitud de algunos departamentos. Es indudable que si, por poner un ejemplo extremo, se hubiera ofrecido a los departamentos una nueva plaza por cada Cajal que estabilizasen, la situación hubiera sido muy diferente, y hoy todos los Cajales podrían trabajar en condiciones dignas. Esta acción hubiera evitado que los Cajales fueran considerados intrusos que, por currículo, se sitúan en el primer puesto del escalafón, el cual ha sido uno de los problemas con que se ha encontrado el programa. Mayor pecado aún ha sido que los Cajales han sido (correctamente) percibidos como personas seleccionadas independientemente, y que por tanto no deben su puesto a nadie, perturbando así las estructuras de poder dentro de los departamentos menos democráticos.

Los intentos de atajar estos y otros problemas han sido insatisfactorios. Desde las primeras intenciones, crear un nuevo cuerpo de investigadores en las universidades, se ha llegado a que la mejor solución ofrecida sea una estabilización como profesor contratado doctor (PCD), lo que, cuando se consigue, se considera un logro. Esto es una deriva inaceptable que refleja una falta de compromiso con la definición de una trayectoria investigadora, puesto que para convertirse en PCD, nadie hubiera necesitado someterse a una evaluación internacional previa, como fue la selección para las plazas Ramón y Cajal. La posibilidad de optar a puestos de PCD con perfil preferentemente investigador ha chocado con los representantes laborales de otros colectivos. Hay que señalar aquí que los investigadores no tienen que ser estabilizados porque sean los mejores, como se ha dicho, sino porque, simplemente, eso es a lo que se comprometieron con el Ministerio los centros de acogida⁴.

Los poderes públicos han actuado en este escenario con una mezcla de cautela ante las universidades y centros de investigación, y de buenas palabras hacia los Cajales. Pero no existe, de momento, una solución satisfactoria para la estabilización. Iniciativas como las de la Universidad de Córdoba, cuyo Consejo de Gobierno decidió por unanimidad que los Cajales del cuarto año se convirtieran en indefinidos, apuntan en la buena dirección. Pero se trata de acciones aisladas que además crean agravios comparativos entre Comunidades. Intentos loables de premiar (que no estabilizar) a los mejores Cajales a través del programa I3, se han estrellado con la realidad del día a día de algunos departamentos, que no han percibido ventaja alguna para sus propios intereses, y por lo tanto, no han solicitado puestos I3 hasta que no se han encontrado con un beneficio inmediato.

Por otro lado, el programa I3 corre el peligro de convertirse en una postergación de una decisión, la de la estabilización definitiva, que alguien tendrá algún día que atreverse a tomar. No es cierto que el Ministerio no pueda hacer nada, o que la autonomía de los centros de investigación le impida actuar. El Ministerio tiene instrumentos más que suficientes para orientar y dirigir la política científica del país, desde la provisión de plazas a los departamentos, a la consideración de las iniciativas de investigación de los mismos, pasando por los variados incentivos que se proporcionan a los miembros de los departamentos. Falta, tal vez, una voluntad que lleve a cabo la conocida promesa del Presidente del Gobierno de que no iba a fallar a los Cajales, o una idea clara que acabe de redondear un programa que, por lo demás, está dando excelentes réditos a la ciencia española.

La historia de la vindicación de los derechos de este colectivo cuenta con ciertas particularidades. Los científicos no son en general personas proclives o con tiempo para la política, y es obvio que todos los Cajales han estado responsablemente afanados en sus investigaciones. Los primeros años han sido de espera y de confianza en las promesas de los responsables ministeriales. Pero recientemente se ha llegado a un punto crítico a partir del momento en que la confianza depositada en los anteriores responsables del Ministerio se vió traicionada. La pertinente remodelación del Ministerio realizada por el Presidente hizo que se albergaran nuevas esperanzas, pero estas ilusiones de resolución, espoleadas por una editorial muy favorable para con los Cajales de El País (11/6/2006) y en otros medios, se vieron nuevamente truncadas por unas desafortunadas declaraciones del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, que caracterizó a los Cajales como postdocs (y no como investigadores principales), y que, sobre todo, se permitió ironizar con la tragedia personal que supone para muchas personas tener que volver, una vez más, a emigrar porque no se acaba de cumplir lo que se les ha prometido. Una carta de éste investigador al director de El País (18/06/2006), en la que ironizaba a su vez con la autoridad moral de aquellos que aún consideran a los Cajales como poco más que becarios de lujo³, trajo como consecuencia inadvertida que muchos Cajales perdieran el miedo a empezar a manifestar públicamente las contradicciones del sistema, en un proceso creciente de denuncia que, de seguirse sin solucionar el problema, no hará sino escandalizar a la opinión pública.

En el lado positivo, el apoyo de la prensa a estos científicos españoles ha sido ejemplar. Tal vez conscientes de lo que está en juego en España, periódicos de signo muy diferente han mostrado su apoyo a los científicos que volvieron de puestos altamente cualificados en el extranjero con la promesa de una nueva manera de investigar y gestionar la ciencia en España. A nivel internacional, las repetidas campañas de las revistas Science y Nature, con mensajes de esperanza al comienzo del programa, y de preocupación en la actualidad, han contribuido a que el programa sea conocido y respetado en el extranjero, y que los responsables políticos del mismo se vean ya obligados a definirse y a ofrecer una solución global.

Desde una posición más calmada y constructiva, y con el espacio y capacidad de matización que permite una publicación como Biblio3W, es posible añadir unas líneas que puedan ayudar a encontrar una solución consensuada que cumpla los compromisos adquiridos por los centros y que beneficie, no sólo a los Cajales, sino a la ciencia española en su conjunto.

Una propuesta de resolución del programa Ramón y Cajal

El gobierno tiene ahora en sus manos la tiza para cerrar el círculo de un programa creado para convertirse en una de las piedras angulares del progreso de la ciencia española.

La primera acción, y muy urgente, es crear un programa de choque para la asunción inmediata de los investigadores que pudieran quedarse en la calle en noviembre. Es inconcebible que gente que obtuvo una plaza Ramón y Cajal, y que ha sido evaluada positivamente al quinto año pueda ser expulsada de sus departamentos porque allí no se los quiere, ya sea porque se les ve como intrusos, ya sea por otras razones inconfesables. En algunos casos será posible llegar a un acuerdo con los departamentos, pero en otros casos el Ministerio no tendrá más remedio que proteger a los Cajales, sin perjuicio de la autonomía universitaria.

Una opción para solucionar este problema sería que se desglosara de la aportación pública anual al centro (Universidad o CSIC) el sueldo correspondiente al RyC a estabilizar, dando a éstos la libertad para incorporarse al departamento de su elección. Esto permitiría que los departamentos más abiertos obtuvieran más recursos, dando además cumplimiento a lo prometido en el programa Ramón y Cajal: la estabilización final de los investigadores que volvieran.

Este método, a su vez, contribuiría al saneamiento de un sistema en el que las dependencias personales en los departamentos crean estructuras de poder ajenas a una democracia. Si los Cajales estabilizados pudieran conservar su independencia recibiendo su salario no a través de sus centros como hasta ahora, sino directamente, se conseguiría crear una generación de científicos que no deberían nada a nadie (en el sentido de haber sido seleccionados de manear imparcial para el puesto; es notorio que deben mucho a los que han trabajado durante años dentro de la política científica para que el programa haya sido posible), y que contarían con una visión muy diferente de lo que es la carrera científica. Entre otros beneficios, nos acercaríamos a aquella universidad con que se soñó hace varias décadas, y que a pesar del esfuerzo de muchos científicos, políticos y gestores aún no ha acabado de cuajar por las inercias históricas del sistema.

Para aquellas universidades o centros de investigación que se negaran a que esta solución se aplicase en sus departamentos, con lo que ello acarrearía en cuanto a prestigio, futura provisión de recursos humanos, y captación de fondos, la opción sería que el Ministerio negociara con los Cajales afectados la manera de cambiar de centro. Las universidades y los Organismos Públicos de Investigación no son entes monolíticos. Así como unos Cajales son tratados bien en unos lugares, y muy mal en otros, hay centros interesados en captar Cajales e investigadores y otros que no. El Ministerio no puede evitar el suicidio de algunos departamentos en un marco en el que la presencia científica internacional se impone como criterio, y sin duda habrá centros desahuciados, pero puede intentar hacerles ver las ventajas de quedarse con sus Cajales⁵.

Si esta fuera la línea de resolución que se obtuviera mediante un consenso amplio, el Ministerio sólo tendría que tomar tres iniciativas realmente simples:

Asegurar de manera legalmente vinculante que ningún Cajal evaluado positivamente el cuarto año va a quedarse sin un puesto permanente.

Continuar velando para que tal evaluación se realice con las máximas garantías.

Establecer un sistema personalizado de inserción para aquellos casos en los que exista un conflicto serio de adecuación entre investigador y departamento/centro

Este sistema podría generalizarse según las siguientes promociones de Cajales se vayan acercando a su quinto año. Sin que la solución sea la panacea (porque se prometió más, y se dieron muy buenas palabras en su dia), es probable que los beneficios para los investigadores excedan los inconvenientes. Estas medidas, creo, contarían con un amplio respaldo entre este colectivo heterogéneo, y es probable que las resistencias de los centros fueran menores que las esperadas. La adecuación a la LOU podría ser llevada a cabo mediante medidas transitorias, o directamente: existe el precedente legal de lo que se hizo con los Profesores No Numerarios (los PNN), y la evaluación del cuarto año podría hacer ahora las veces de acreditación. Tampoco es necesario recurrir a la jurisprudencia, porque el problema se podría solucionar directamente.

Lo que ocurra este año es crítico, puesto que la incertidumbre actual incide en que los mejores candidatos potenciales se planteen no presentarse a los contratos Ramón y Cajal futuros. De llegarse a un acuerdo, las nuevas convocatorias del programa contarían con el atractivo añadido de saber que al final de su contrato existe una resolución formal y reglada, y no un espacio difuso dependiente de la buena voluntad de los actores, o de futuras eventualidades.

El peor escenario posible sería dejar a los Cajales al albur de la voluntad de los departamentos que contrajeron un compromiso con el Ministerio que ahora se niegan a cumplir. Si esto sucediera, la perversión del programa sería completa, puesto que éste se convertiría en un flujo constante de investigadores altamente cualificados a explotar por aquellos con pocos escrúpulos. Como se ha dicho, corresponde al Ministerio velar por el cumplimiento del programa, y no le faltan los medios para convencer a los departamentos de cumplir no sólo el espíritu, sino la letra de sus compromisos.

Una acción coordinada a este proceso de resolución consistiría en hacer pública la postura de los diferentes centros, institutos y departamentos, ya que los españoles tienen derecho a conocer el perfil de cada universidad en un escenario de competencia por captar alumnos y fondos. En la era de la sociedad de la información, todos los implicados deberían ser conscientes del alcance, responsabilidad y difusión de sus decisiones.

Notas

1 Investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM.

2 Los criterios para acceder a un puesto han sido la docencia ofrecida y las publicaciones menores o no-evaluadas, como los libros, méritos que un recién licenciado sólo puede conseguir como una gracia. Peor aún, la precariedad se ha entendido por los que la sufren como un mal menor ante la perspectiva de un puesto de por vida, aunque fuera después de muchos años de penalidades personales, valorándose el inmovilismo como una cualidad. Una solución a este problema, la prohibición de ser contratado como personal docente e investigador (PDI) en la Universidad en que el investigador se ha formado, enfrentaría de manera frontal al gobierno que se atreviese a tomarla con las Universidades. Un riesgo que ningún gobierno parece atreverse a asumir.

3 La mencionada carta al director en el periódico El País hay que entenderla en el contexto de las estructuras de científicos y de la sociología de la ciencia. La carta mostraba de una manera contundente la situación de un colectivo altamente cualificado que se siente injustamente tratado después de haber superado evaluaciones que, a pesar de estar más allá de lo que jamás se ha hecho en España con otros profesores/investigadores, no acaban de servir para nada. La carta no tenía como objetivo, como algunos han pretendido, cuestionar la carrera científica de los profesores Quintanilla y Cabrera en particular. Resulta obvio que la sección de cartas al director no es lugar para disquisiciones escolásticas sobre política científica y bibliometría, y que la carrera investigadora –más aún en las Humanidades- no se puede simplificar a sólo sumar décimas en revistas de impacto, como yo mismo he señalado en esta misma revista: los trabajos de Cabrera sobre la industrialización del País Vasco son ejemplares, como lo es en su campo respectivo la serie que el profesor Quintanilla ha publicado en Arbor.

⁴Otras iniciativas de I+D tal vez bienintencionadas corren más peligro aún de ser utilizadas en contra de los principios rectores para los que fueron creados. El programa José de Castillejo, que permitirá realizar una estancia de un año en un centro extranjero como docente, será sin duda utilizado por algunos departamentos para neutralizar, en futuras oposiciones, a aquellos candidatos con estancias postdoctorales de mayor mérito.

⁵Es obvio que la renuncia a estabilizar a sus Cajales significa que el departamento correspondiente no necesita recursos humanos en el futuro inmediato, por lo que no le será necesario convocar más plazas de PDI en, digamos, diez años. El ahorro que ello supondrá se podrá entonces utilizar en otros departamentos con mayores necesidades de personal, como aquellos que demandaran Cajales.

© Copyright: Francisco J. Tapiador, 2006
© Copyright: Biblio 3W, 2006

Ficha bibliográfica
 

T APIADOR, F. J. El programa Ramón y Cajal de captación de científicos en España: evaluación, valoración y propuesta de resolución. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 660, 30 de junio de 2006. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-660.htm]. [ISSN 1138-9796].


Volver al índice de Biblio 3W

Volver al menú principal