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LABERINTOS Y LABORATORIOS DE PARTICIPACIÓN URBANA: UNA AVENTURA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL COMPARATIVA Y DIALÉCTICA

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Laberintos y laboratorios de participación urbana: una aventura de investigación social comparativa y dialéctica (Resumen)

Presento aquí los principales resultados de un amplio estudio comparativo sobre tres casos de participación urbana en distintos niveles de intervención social (micro, macro y meso), en distintos contextos de desarrollo (ciudad mediana gallega, ciudad grande latinoamericana y ciudades españolas medias y grandes) y con distintas estrategias de expresión política ciudadana (la participación vecinal con relación a la rehabilitación urbana del centro histórico de Vigo; la participación de las organizaciones ciudadanas en el Plan Estratégico de Medellín –Colombia- y el desarrollo del movimiento de okupación de edificios abandonados en ciudades españolas.

La comparación se realizó en función de tres dimensiones generales: a) los modelos de democracia participativa practicados; b) los modelos de ciudad construidos; c) los factores explicativos y las condiciones sociales de posibilidad de la participación urbana desarrollada en cada caso. Se abordó la comparación con un enfoque metodológico fundamentalmente dialéctico: concediéndole prioridad al análisis de las prácticas de intervención social desarrolladas, los discursos generados en reuniones y asambleas de los colectivos, los procesos de autoconocimiento emprendidos por cada colectivo, etc.

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Labyrinths and laboratories of urban participation: an adventure of comparative and dialectic social research (Abstract)

Main results of a wide comparative study on three cases of urban participation are described. Each case represents a distinctive level of collective action (micro, macro and meso), a distinctive urban context (Spanish intermediate city, Latin-American big city and several Spanish cities of intermediate and big size) and distinctive strategies of citizenship political expression (neighborhood participation in a renewal planning of a city center; community organizations in relation with an Strategic Planning; and a squatter movement).

Comparison was made under three parameters: a) models of participative democracy; b) models of city; c) explicative factors and social conditions of possibility of urban participation. Dialectical methodology consisted on priority given to analysis of social practices, social discourses from meetings and assemblies, processes of self-knowledge, etc.

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Cronológicamente, el primer caso se sitúa fundamentalmente entre 1994 y 1995 aunque se sigue lo acontecido en el barrio en los cinco años siguientes; el segundo caso comprende un período de dos años, aproximadamente, entre 1996 y 1997; el tercer caso abarca toda la historia del movimiento desde mediados de la década de los ’80 hasta finales de los ’90. En cada uno de los casos de participación urbana, realicé estudios independientes, sin que existiese una explícita relación entre ellos, si bien se iban solapando los datos y reflexiones a la vez que se encontraban conexiones mutuas que sólo al final fui haciendo emerger y sistematizando.

En cada caso. En todos los casos

La primera pregunta que este abordaje supuso era: ¿qué es y qué puede ser la ‘participación urbana’? Y a continuación: ¿suponiendo que los tres sean casos de participación urbana, se pueden comparar mutuamente cuando son tan manifiestas las singularidades de cada caso y sus contextos? Ambas cuestiones exigieron, respectivamente, componer una teoría social de las relaciones de poder en la que el espacio urbano fuese relevante; y la búsqueda de elementos, estructuras o problemas sistémicos comunes a los tres fenómenos estudiados, tanto en el plano material como en el teórico.

En ese sentido, además de definir la participación urbana de forma que dicho concepto comprenda los tres casos señalados, la comparación específica se realizó en función de tres dimensiones generales: a) los modelos de democracia participativa propugnados y practicados por los colectivos sociales implicados en cada proceso; b) los modelos de ciudad construidos y tendencialmente privilegiados; c) los factores que nos pueden ayudar a explicar el tipo de participación urbana desplegada y las condiciones de posibilidad propias que la han permitido.

Una tercera cuestión suscitada se refería a la posibilidad de comparar casos de investigación que fueron desarrollados con metodologías y técnicas diferentes. ¿Qué las asemejaba y las hacía comparables? Como se puede comprobar a primera vista, las tres experiencias no corresponden con un mismo país ni con una misma ciudad; tampoco se trata de interacciones entre las clases populares y el mismo tipo de políticas públicas (urbanas) en distintos momentos históricos o lugares; por último, tampoco se prestan estos tres casos a su comparación en función de un mismo tipo de espacio urbano (centro urbano, edificación residencial, localización industrial, etc.) central siempre en ellos. Es decir, que lejos de los criterios más habituales de los enfoques comparativos, en esta ocasión he buscado un punto de referencia “reflexivo”: lo que hay de común en los tres casos es que en todos ha primados una metodología de investigación “dialéctica”, en la que se le ha dado prioridad a las técnicas de producción informativa centradas en las prácticas de intervención social, en los discursos generados en las reuniones y asambleas de los colectivos y en los procesos de autoconocimiento emprendidos por cada colectivo. Es decir, es posible aquí una estrategia metodológica comparativa en la medida en que se han seguido metodologías de investigación semejantes (dialécticas) en todos los casos (y todos ellos han practicado algún estilo propio de participación urbana).

Desde el punto de vista de la génesis de este trabajo, debo señalar que fue mi participación en distintos movimientos sociales y el descubrimiento de las propuestas de Jesús Ibáñez para fundamentar y aplicar metodologías dialécticas de investigación social, más allá de las disputas entre cuantitativistas y cualitativistas, lo que animó a profundizar en las consecuencias sociales del conocimiento sociológico y a tratar de integrarlas en el mismo proceso de producción de conocimientos. Es decir, se trata de no olvidarse del uso político de la sociología ni de su utilidad social, evitando recluirla en polémicas retóricas y exclusivas entre los científicos autorizados. En realidad no se trataba de un problema nuevo (Wright Mills, Adorno, Foucault o Touraine, por ejemplo, también lo formularon en su momento), pero coincidió que Ibáñez nos lo planteó de una manera muy sugerente y holística, poniendo en relación todas las ciencias y todos los ámbitos de lo social, con mucha frecuencia parcelados de forma injustificada. A partir de ahí continué mi formación en la perspectiva dialéctica profundizando en lo que ya se conocía en muchos lugares del mundo como investigación-acción-participativa (-i-a-p-). Esa incursión pronto enlazó con el estudio de los movimientos sociales en gran parte gracias al apoyo personal y a las perspectivas de Tomás R. Villasante, que me introdujo en toda una red social (de personas, textos y espacios donde se estaban dando luchas populares) donde debatir ambas cuestiones conjuntamente.

Entre finales de 1993 y principios de 1994 surgió una buena oportunidad para trabajar junto a asociaciones vecinales y sociales en el Casco Vello de Vigo. Allí, junto a dos sociólogas y dos arquitectos, intenté desarrollar a un nivel más intenso la –i-a-p- e implicarme en las dinámicas reivindicativas y constructivas que la población más organizada del barrio catalizaba y que los investigadores asesorábamos. En esa experiencia empecé a clarificar algunas cosas como el tipo de conocimiento sociológico que les era útil a aquel movimiento urbano, sus estilos de participación junto al Ayuntamiento y también nuestras posibilidades de participación con el movimiento en tanto que investigadores e investigadoras sociales.

En el fondo, siempre permanecía una pregunta esencial para la sociología urbana, acerca de cuáles son las prácticas sociales que tienen mayor centralidad en la transformación de las ciudades, una vez que los movimientos vecinales y ciudadanos más intensos de la Transición parecían menos activos en estas últimas dos décadas. O, enunciada de otra forma: ¿están las formas actuales de participación ciudadana construyendo una democracia de base sólida y con límites territoriales significativos? De hecho, esta pregunta me condujo, por un lado, a rápidas comparaciones de Vigo con otras ciudades gallegas y españolas, primero, y del resto del mundo después. Por otro lado, también aumentaban mis campos de interés más allá de los procesos de cambio que se estaban dando en los centros históricos, pero muy relacionados con ellos, con hilos a menudo poco visibles, obligándome a observar con más detenimiento los procesos de planificación urbana en los niveles más amplios y también a algunos de los nuevos movimientos sociales urbanos distintos a los más estrictamente vecinales.

De este modo fue como me fui internando, primero, en el tema de la planificación estratégica de grandes metrópolis, cuya visión parece estar desbordando al viejo urbanismo hasta hoy practicado y, en segundo lugar, en las singularidades del movimiento de okupación en España, con el cual siempre he tenido contactos personales intensos. Estos dos ámbitos de realidad tenían la ventaja añadida, para mí, de formular cada uno a su manera, relaciones fuertes y explícitas entre conocimiento y acción: es decir, promovían abiertamente formas de participación social en la interpretación y en la intervención sobre el territorio en general. Es decir, hacían una especie de –i-a-p-, lo cual me facilitaba acercarme a ellos y contrastar sus modelos con el que yo había experimentado en el Casco Vello de Vigo. Por esta razón no dejé pasar nuevas oportunidades que tuve para estudiar el caso de la planificación estratégica en la ciudad de Medellín y gran parte del movimiento okupa en España.

Puede percibirse que existe aquí una cierta lógica de ir uniendo los fragmentos de preocupaciones sobre metodologías de investigación, problemas de la democracia y cambios en el uso social del espacio urbano, hasta llegar a la articulación de una visión global sobre la sociedad urbana actual. Esto último es, sobre todo, un horizonte teórico. Para lo que sirve es para tener una referencia de interpretación, no la ambición de explicarlo todo, aunque algunos estudiosos como Lewis Mumford, Manuel Castells, David Harvey o Ramón Fernández Durán, han aportado interesantes granos de arena a esa montaña.

Por mi parte, creo que la selección de los tres casos empíricos del presente estudio responde a tres premisas válidas para el estudio de los fenómenos globales: 1) la primera es que éstos no se dejan fácilmente conocer todos de golpe, más bien parece que algunos grandes fenómenos (o conglomerados) se conectan más y mejor entre sí que otros; 2) en segundo lugar, no creo que lo global refleje fielmente lo local, tal como sostiene la filosofía liberal más extremista cuando postula que el mayor provecho general se consigue adicionando los mayores provechos individuales, pro lo que, en mi opinión, debemos conocer las distorsiones que se dan al comunicarse las distintas escalas macro y micro de la realidad social; 3) por último, me adhiero a las ideas de autores como Murray Bookchin cuando afirman que lo global se concibe como la unión de lo diverso, es decir, que no explicaremos lo que nos une hasta que conozcamos todo aquello que nos diferencia y, en su caso, nos complementa o nos opone.

Las conclusiones alcanzadas ahora nos permiten afirmar que la escala del conflicto urbano y los contextos históricos y sociales se correlacionan con unos estilos preferentes de participación urbana, sin que ello excluya la adopción (con menor predominio) de otros estilos en cada caso. Evidentemente, estas conclusiones precisarían aún contrastarse con el análisis de otros casos en los mismos niveles –macro, micro y meso– de conflictividad urbana y también con otras experiencias en semejantes contextos, si bien fue precisamente una aproximación teórica como ésa, consultando diversas referencias empíricas disponibles, la que realicé antes y no me ofreció significativos indicios en contra.

Concretamente, el tipo de participación urbana que he denominado ‘cogestión corporativa consensual’ predominó en el nivel macro (la participación social en relación con el Plan Estratégico), el ‘retro-control ciudadano negociador’ predominó en el nivel micro (la participación social en el ámbito de un barrio organizado en un Plan de desarrollo comunitario) y la ‘autogestión contracultural provocadora’ en el nivel meso del movimiento social urbano observado (el de okupación). Por último, se argumenta que el movimiento de okupación de viviendas y centros sociales autogestionados, extendido por diversas ciudades en el Estado español durante las dos últimas décadas, es el caso de participación urbana que presentaba menos contradicciones entre los modelos de democracia participativa y de ciudad que le eran propios. Sus cualidades y condiciones de existencia, no obstante, no son extrapolables a otros grupos sociales implicados también en procesos de participación urbana, por lo que, en general, se podría afirmar que existe una cierta complementariedad necesaria entre los tres estilos participativos, atendiendo a las capacidades de cada colectivo y a los niveles de conflictividad urbana y política en la que se sitúen.

Laberintos, laboratorios y puentes levadizos

Con la analogía de los “laberintos” pretendo referirme a los cambios en las formas de dominación social y de resistencia popular, a su diversidad y problemática, considerando especialmente que el crecimiento urbano, en términos planetarios, ha perdido toda racionalidad ilustrada dedicada a garantizar el bien común (¿alguna vez la tuvo?, ¿somos esclavos de la barbarie?). Como en todo laberinto, una vez que se entra es difícil salir: es decir, para las grandes mayorías del planeta que emigran a las ciudades (a la civilización) y que las habitan, se han complicado cada vez más las formas de supervivencia, incrementándose las desigualdades y sin que cuenten, en muchos casos, sus decisiones; al mismo tiempo, la vigilancia y la autoridad se han multiplicado en tantas instancias que para muchas colectividades no se percibe un enemigo único ante el que protestar o al que sustituir, y mucho menos si es tan abstracto como el “sistema capitalista”.

La imagen del laberinto también comunica la existencia de diversidad dentro del mismo. Es decir, que afinando la vista también encontramos múltiples comunidades de vida que son capaces de reconfigurarse y decidir localmente cuestiones que afectan a su supervivencia y a su vivencia (el cómo y para qué sobrevivir) en general. En definitiva, para mí uno de esos espacios urbanos ejemplares del laberinto global son los “centros históricos” de muchas ciudades y metrópolis: en ellos tienen lugar contradicciones como las mencionadas y ellos son objeto frecuente de la participación urbana y popular en su transformación; tampoco parece casual que formen parte de un mismo conglomerado de relaciones cuando son una preocupación central en la reestructuración terciarizadora propuesta en muchos planes estratégicos y, simultáneamente, son uno de los espacios predilectos para el desarrollo de experiencias de okupación.

La idea de “laboratorio” tiene la virtud de expresar la espiral que sucede entre conocimiento y acción. Más exactamente, pretendo reflejar con ella mi valoración de que los tres casos de participación urbana que estudio no se orientan hacia una “revolución” o hacia un modelo único de cambio social, sino que hacen cada uno sus propios experimentos locales en continua referencia (más o menos explícita, según el caso) a las causas globales de sus opresiones. Más bien, buscarían lo que he llamado, siguiendo a Alford y Friedland, “reformas radicales”.

La metáfora del laboratorio ayuda también a realizar un esfuerzo por superar la hegemonía del principio de objetividad clásica. Según éste, el investigador social debe estudiar completamente desde fuera el fenómeno observado, en esta ocasión la participación urbana. Sin embargo, en los casos de participación urbana que observo no sólo es imposible esa máxima objetividad, sino que ese es el principal obstáculo para conocer desde dentro cómo, por qué y para qué se participa, cuando esa participación conlleva siempre el uso de informaciones en distintos formatos y registros, entre los cuales las de índole técnica (económica, urbanística, sociológica, etc.) son unas más (a veces, las más influyentes o dominantes, dependiendo de lo sujetas que estén a discusión). Lo mejor de la metáfora del laboratorio, pues, es su sugerencia de los procesos de ensayo y error. Es decir, que las hipótesis se experimentan y se reconstruyen; que algunas informaciones son más influyentes que otras; que en ocasiones se rescribe la propia historia por algunos de los actores sociales dominados en otras esferas distintas a las del conocimiento; que otras veces todo el proceso se sumerge en activismos consecutivos hasta que siempre se llega a algún momento en el que se puntúa un límite y se hace una parada.

Por su parte, hay que anotar que la noción de ‘participación urbana’ no ha tenido mucho éxito en la literatura sociológica al uso. Aunque se puede rastrear largamente en la historia del urbanismo, no es infrecuente reconocer el hecho de que esta disciplina ha procurado independizarse técnicamente lo más posible de toda contaminación popular en la toma de las decisiones más importantes, aunque se pueden rastrear también las excepciones a esa tradición y sistematizar los puntos clave en los que consiste una planificación urbana participativa. Más habitual ha sido que la sociología haya circunscrito el problema de la participación urbana en el estudio de los movimientos sociales preocupados por materias de consumo colectivo o ecológicas, y en el análisis del funcionamiento político de las instituciones del gobierno local.

Mi recuperación de la participación urbana opta por una perspectiva sociológica de explicación de los procesos sociales en los cuales se configura toda planificación del espacio urbano. Es decir, incluyendo en esos procesos tanto las intervenciones de los técnicos, como las de las autoridades y las de la ciudadanía en sus distintos niveles de organización, acción e información. Por lo tanto, tres conjuntos de problemas teóricos son los que dan sentido a esta tentativa de conceptualización: el poder, el urbanismo y los movimientos sociales. Enunciémoslos, pues, brevemente.

Interroguémonos, primero, sobre lo siguiente: ¿la "participación social" es siempre "política"? En mi opinión, la respuesta sería afirmativa si aceptamos que lo que llamamos "política" hace referencia al ‘poder social’, es decir, a la capacidad de que una sociedad organice, como decida, sus recursos, personas, ideas y espacios. Y esto nos lleva a concebir el ‘poder’ según tres de sus posibles acepciones (o vectores): 1) "poder para", potencialidades, capacidades, posibilidades, el vector creativo siempre presente en las acciones humanas; 2) "poder sobre", dominación, anular capacidades de otro para aumentar los beneficios propios; 3) "poder contra", resistencia, usar las capacidades propias para emanciparse de una opresión o dominación.

Suponiendo que toda práctica social de participación es un ejercicio de poder, la cuestión que viene a continuación es saber cuántas modalidades de ejercer socialmente el poder existen. La revisión de las teorías marxistas y weberianas a este respecto sugiere que, además de cómo potencialidades creativas y como dominación entre grupos sociales, el poder y, por tanto, la participación, se pueden practicar como relaciones comunicativas y también como prácticas de resistencia a la dominación. De aquí que, a mi juicio, toda concepción sociológica del poder y de la participación debe integrar esas modalidades y, a la vez, las contradicciones que le son inherentes. De hecho, existen prácticas de participación social que consolidan el sometimiento de quienes participan o en las que reproducen dominaciones internas mientras se lucha frente a un opresor externo. En este sentido, creo que se puede entender la participación social, en su connotación genuina más positiva, como un ejercicio creativo y resistente de poder que tiende a conseguir la autoorganización y el autogobierno de los colectivos sociales oprimidos, desenvolviendo las capacidades de resistencia a la dominación en diversos ámbitos sociales públicos y privados, con los condicionamientos y constricciones de los contextos significativos y relevantes en los que sucede, y comprendiendo en su seno posibilidades contradictorias de reproducción de dominaciones no confrontadas directa y abiertamente.

Procedamos ahora a tres nuevas definiciones derivadas de ese marco. 1) Participación política: específicos ejercicios de poder, que pueden tener sentidos reversivos, empiezan con unas intenciones y acaban con unos efectos contradictorios; identificación (unión, asamblea), representación (voto, delegación), gobierno (decisión, control), legitimación (confianza), legislación (derechos y deberes); en todos puede haber participación, aunque en nuestras democracias se limite al mínimo nivel (votar) o se restrinja a la mínima eficacia en otros niveles (control popular del gobierno, legitimidad de asambleas, etc.) o se simule para potenciar el control jerárquico existente (comisiones sectoriales, negociación colectiva, etc.). 2) Participación social: ejercicios de poder en cualquier institución social (lugar de trabajo, lugar de residencia, espacios de convivencia y de aprendizaje, etc.), lo que ocurre en unas esferas tiene efectos en las otras (transversalidad), por lo que comprende en ella el caso de la participación política; depende del grado de asociacionismo (formal, informal o reticular; fuerzas de unión colectiva, para presionar-resistir, crear o cambiar) y de conflictividad (regulando y canalizando el conflicto, ocultándolo o provocándolo). 3) Participación urbana: ejercicios de poder social y político que tienen como eje significativo el espacio en el que se habita, en cualquiera de las acciones que se hacen en él y sobre él (producción, transformación, simbolización, apropiación, reproducción y gestión); diferencias entre las concepciones pluralista (presión), elitista (corporativismo) y clasista (revolucionaria; estructuralista y dialéctica).

Una interpretación sociológica del urbanismo dirige nuestra atención hacia la comprensión (la exploración participativa de la complejidad) de los procesos sociales de urbanización del territorio (de cualquier espacio concebido socialmente como tal). De la revisión de las propuestas culturalistas y relacionales (las de Louis Wirth, por ejemplo), las estructurales (Castells, Pickvance, etc.), las dialécticas (Lefebvre, Harvey, etc.), las de regímenes (Stoker), las anarquistas (Kropotkin) y las situacionistas (Debord), junto a las de análisis urbanos más recientes sobre la ecología urbana, las diferencias étnicas, las luchas por la vivienda y por los equipamientos públicos, o sobre los efectos urbanos de la postmodernidad y del postfordismo en la reestructuración económica de las tres últimas décadas en las ciudades más industriales, he formulado una hipótesis general -en tres pasos- que pudiese orientar el estudio comparativo propuesto:

1) Por urbanismo deberíamos entender todo proceso social de transformación del espacio, apropiación, ocupación, gestión, simbolización, comunicación, producción y reproducción del mismo, distinguiendo las particularidades en el tipo de conflictos y de concentración de flujos energéticos que se acumulan en las ciudades (por oposición a los espacios no urbanos o rurales). 2) A partir de la reciente reestructuración económica (neoliberalismo, flexibilización, deslocalización productiva, concentración de la gestión, etc.) y administrativa (privatización, mercantilismo de los servicios públicos, militarización, etc.), y de la experiencia de los movimientos urbanos de los años sesenta y setenta, han surgido nuevos agentes urbanos en las dos últimas décadas, con prácticas de participación propias y adecuadas a sus capacidades, aunque con frecuencia, sin comunicación entre ellos. 3) El planeamiento urbano sigue ocupando un lugar central en el cambio y en las luchas urbanas, aunque se ha diversificado en sus planteamientos políticos y en algunos casos adopta formas paradójicas de potenciar y limitar a la vez la participación social en el urbanismo.

Por último, los movimientos sociales urbanos se podrían concebir como ejercicios de participación urbana que desbordan los marcos legales o convencionales de la política institucional, caracterizándose por un asociacionismo diverso y disperso, por una parte, y por provocar o revelar el conflicto social, por la otra. Sus reivindicaciones y estrategias de acción son transversales, cruzan distintos ámbitos sociales (es lo que han demostrado el movimiento vecinal-ciudadano, el movimiento ecologista y el movimiento okupa; mientras que otros movimientos sociales aunque tienen una fuerte componente urbana en su composición social, el espacio no es tan central en sus dinámicas).

Resulta coherente, en consecuencia, preguntarse: ¿por qué surgen los movimientos, con qué finalidades (para qué), quién los protagoniza y cómo se desarrollan, organizan, actúan y protestan? En puntos importantes se sabe que existen incompatibilidades entre las respuestas dadas por las corrientes más constructivitas (de la identidad) y las más estructuralistas (de los recursos y oportunidades políticas), pero es necesario evidenciar las complementariedades entre esas teorías dominantes e introducir algunos aspectos que sólo los analistas de los movimientos urbanos han tenido en cuenta, como el papel jugado por los grupos informales a escala comunitaria (equivalentes, a veces, a los denominados como simpatizantes y colaboradores, por las teorías de los movimientos sociales), las demandas de las infraclases urbanas (movimientos de afectados y de marginales) o las aspiraciones de autogestión local de los servicios públicos. En este sentido, las propuestas de autores como Pickvance y Fainstein han sacado a la luz la importancia de los efectos de los movimientos y su contextualización con relación a las autoridades, más que de la propia historia del movimiento o de la acción colectiva.

De hecho, coincido en ese enfoque en que nos interesa más saber cómo es el proceso social en el que el movimiento social tiene un papel protagonista, que cómo es el movimiento en sí. Pero eso no obsta para dejar de analizar lo que sucede en el interior de cada colectivo y cada organización del movimiento, ya que esas dinámicas internas y sus contradicciones pueden explicar también el sentido y la historia de los fenómenos de participación social. Además, creo también que una teoría dialéctica debe diferenciar mejor las distintas familias de movimientos sociales (viejos y nuevos) que existen, sus relaciones mutuas y, siguiendo algunas de las sugerencias de Touraine y de Villasante, prestar atención al uso, por parte de los movimientos, del conocimiento social del que disponen.

Escala(da)s del conflicto urbano.

Los casos analizados presentan dos vertientes de la participación urbana: una genérica y otra específica. En el plano genérico, informan sobre la participación social con relación a tres niveles de realidad: 1) la participación social con relación a la planificación estratégica (PE, desde ahora) cuando se ejerce a un nivel macro en las grandes metrópolis y cada vez más en todo tipo de ciudades (y de organizaciones); 2) la participación social con relación al urbanismo de rehabilitación (UR, desde ahora) cuando se aplica a un nivel micro a los centros históricos de ciudades inmersas en acusados procesos de reestructuración económica; 3) la participación social con relación a los movimientos sociales (MS, desde ahora) cuando tienen a las ciudades y lo urbano como punto de gravedad para sus expresiones y acciones reivindicativas, a un nivel que podemos denominar meso, intermedio o transversal.

Estos niveles de la acción colectiva urbana, pues, se corresponden con distintos conjuntos de referencia: el nivel metropolitano o macro (que abarca tanto a las ciudades como a otros asentamientos o entornos físicos de su alrededor en los que influye la ciudad central) para los procesos sociales con relación a la PE; el nivel comunitario o micro (en la medida en que se trata de barrios, organizaciones o localidades siempre integradas en una ciudad o metrópolis mayor), para la participación en el UR; el nivel intermedio, transversal o interurbano (meso, debido no sólo a que se trata de acciones semejantes y simultáneas en varias ciudades, sino también a que se cruzan diversas instancias sociales al mismo tiempo, politizando aspectos privados y públicos), para los MS.

En el plano de lo específico, estos tres ámbitos de acción colectiva dentro de un contexto urbano son seleccionados a partir de distintas investigaciones independientes que realicé en el transcurso de cinco años aproximadamente (entre 1994 y 1999). A nivel macro, mi atención se dirigió a conocer el proceso en el que distintos colectivos y organizaciones sociales de la metrópolis colombiana de Medellín, tuvieron oportunidades de participación en aspectos de la elaboración y de la gestión inicial de PE. Este estudio fue el más breve e intenso de todos, pero también lo que me permitió una mirada más ajena, exterior y comparativa en el ámbito internacional. A nivel micro, el caso que conozco con más precisión es el del Casco Vello de Vigo, donde un conjunto de organizaciones formaron un Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) justo en medio de un proceso de planeamiento y gestión urbanística encaminada a rehabilitar el barrio histórico de la ciudad. Aquí mi integración como investigador dentro del PDC fue la más duradera y horizontal, discutiendo y poniendo en práctica con el vecindario organizado mucha de la información producida. A nivel meso, del movimiento de okupación de viviendas y centros sociales autogestionados (CSOA, desde ahora) me interesó conocer su proceso histórico y social, integrándome parcialmente en él en distintos momentos puntuales de mi vida, participando en talleres y debates donde se discutieron algunas de las informaciones producidas por el movimiento alternativo y reelaborados por mí, aunque la difusión y dispersión de estas experiencias por diversas ciudades, obliga también a aproximaciones más genéricas de sus implicaciones.

El objetivo de la investigación, en consecuencia, fue el conocimiento de las diferencias, semejanzas, relaciones mutuas y relaciones con sus contextos, de la participación urbana en los tres niveles sociales y urbanos señalados. Esto es, compararlos. Pero, ¿comparar qué y para qué?

En realidad, las dimensiones de esos fenómenos sociales que se pueden someter a comparación pueden ser innumerables y, sobre todo, su delimitación depende de las perspectivas teóricas adoptadas. Hay una cuestión, sin embargo, que no es con tanta frecuencia –como sí lo son las teorías sociológicas del poder, del urbanismo y de los MS– objeto de discusión teórica en la sociología: comparar en qué medida cada uno de los colectivos sociales implicados en esos tres procesos de participación urbana, usa “herramientas metodológicas” de análisis de la realidad social y de autoanálisis para llevar a cabo la participación urbana que practica.

Este nivel de comparación es más básico y específico que la simple comparación entre las formas de participación urbana. De hecho, considero que esas herramientas metodológicas apuntan a un ingrediente fundamental de todo proceso de participación, organización y movilización: la relación entre conocimiento y acción. La misma relación que se plantea en todo proceso de planeamiento (y, en general, en toda estrategia de supervivencia de los seres vivios, aunque de continuar por ese camino, esto nos llevaría demasiado lejos en nuestras reflexiones). En consecuencia, se trata de sistematizar esas relaciones en las que también entra mi participación como investigador en distinto grado y con distintas posibilidades en cada caso. Además, esa preocupación no comporta eludir la comparación a otros niveles teóricos relevantes: ¿quién participa en cada caso, qué tipo de colectivo social protagoniza la participación urbana en cada nivel?, ¿cómo actúa, cómo se organizan, cómo se relacionan?. ¿qué consiguen cambiar en su sociedad y qué elementos nos ayudan a explicar más directamente las singularidades de cada proceso participativo?

Entrando algo más en los casos empíricos seleccionados, deberíamos distinguir entre los referentes materiales que se comunican a través de ellos y el “doble carácter” de las herramientas metodológicas empleadas. Concretando esto último:

a) Sólo en el caso del nivel comunitario, la intervención sociológica se acercó a un proceso de –i-a-p- con casi plena integración en las organizaciones del barrio, mientras que el estudio de la participación en la PE tuvo más el carácter de una evaluación mediante observación participante de un proceso en el que hubo talleres técnico-populares y procesos participativos de producción de conocimiento, y en el caso de la okupación la relación de mi afinidad y colaboración puntual con el movimiento se podría enunciar como una acción participativa más dentro de las variadas formas de autoconocimiento y contrainformación presentes en esas experiencias.

b) Independientemente de la presencia de sociólogos, en todos los casos se produce y se usa información útil para su actividad participativa, mezclándose siempre formas de interacción personal, activismo de personas con formación técnica, realización de jornadas y debates internos, discusión de documentos públicos y apoyo en los medios de comunicación, que también proporcionan específicas “cajas de herramientas” conectando información y acción.

En conclusión, lo que sí ofrece más variaciones significativas es el primer conjunto de relaciones entre investigadores especialistas y colectivos sociales. Pero también debo puntualizar que después de intentar el desarrollo de una –i-a-p-, mi intención se dirigió a comprobar en qué medida una PE o un movimiento como el de okupación también operan algún tipo de –i-a-p- a su manera, con lo cual surge el objetivo de sistematizar las variaciones entre estos tres ejemplos de vincular conocimiento y acción (conocimiento, casi siempre, vinculado a la participación de personas profesionales y expertas junto a organizaciones sociales de base).

La aproximación ha sido, pues, fundamentalmente cualitativa debido a que sólo así podía acceder a las dimensiones y cuestiones planteadas. En todos los casos el trabajo de campo precisaba un análisis documental exhaustivo y mi participación en pequeños grupos de activistas, bien adentrándome en la vida de los distintos colectivos, bien integrándome en las reuniones que convocaban a varios colectivos a la vez y a individuos involucrados en los procesos de participación urbana. Sólo ocasionalmente empleé encuestas o datos cuantitativos secundarios elaborados al margen de la interacción que mantuve con las organizaciones sociales estudiadas.

En todo caso, en la perspectiva metodológica dialéctica se diseña una estrategia para garantizar que el conocimiento social es usado por la población que lo necesita y que lo produce. También se postula cierto relativismo de la verdad, desde el momento en que se considera que ésta se construye a partir de sucesivas verificaciones de hipótesis con acciones prácticas de transformación social. Entre otros principios, autores como Orlando Fals Borda también proponen la recuperación de la cultura popular y de la historia de luchas sociales del pasado, creando, en ese proceso de investigación, temas que movilicen a la población. Y todas las técnicas de investigación y de intervención social usadas por mí o evaluadas por mí cuando eran usadas por otros, eran válidas siempre que encajasen con la perspectiva dialéctica. En particular, los procesos de “devolución informativa” (y discusión y apropiación de esa información) o de “verificación práctica” y popular del conocimiento técnico, han existido en los tres casos de estudio y son centrales en esa perspectiva metodológica.

Desde el punto de vista de los referentes materiales, los tres casos no están tan alejados entre sí como pudiera parecer. En todos ellos hay colectivos organizados que participan en la transformación del espacio urbano y entran en algún tipo de relación de oposición a las autoridades institucionales y a los agentes capitalistas que dictaminan los cambios territoriales. En el caso de la PE, son las mismas autoridades las que invitan a distintos sectores sociales y empresariales a colaborar en parte del diseño y de la gestión. En el caso del UR, la participación es exigida como derecho democrático por parte de la población afectada y organizada. En el caso de los CSOA, la participación del movimiento es fruto de una “reacción” a dominaciones urbanas muy concretas (la especulación inmobiliaria, por ejemplo) que pretende desbordar incluso los otros canales participativos existentes en otros niveles más globales (municipales y estatales). La oposición más extrema estaría representada por el movimiento okupa y su autogestión del espacio, mientras que el barrio del centro histórico sería un modelo de exigir a los gobernantes su subordinación al control popular y en la PE se trataría de una especie de “co-gestión” entre muy diversas entidades públicas y privadas.

Los tres casos, sin embargo, pueden verse como ejemplos de pequeñas organizaciones sociales (formas de expresión y representación colectiva, en definitiva) preocupadas por materias urbanas comunes y unidas entre sí por distintos lazos. En la PE lo que se constituye es una especie de nueva “institución” social y política donde caben diversos colectivos en representación de toda la ciudad y de toda la ciudadanía, aunque con una alta flexibilidad organizativa y con escasa vinculación legal. El movimiento de okupación se organiza como una red informal de colectivos que representan a sectores oprimidos de la sociedad, sobre todo a la juventud socialmente excluida, entre la que se encuentran las mismas personas que participan centralmente en el movimiento. En el caso del UR, la comunidad residente se organiza en un PDC que es una especie de entidad coordinadora de colectivos de un mismo barrio, con un interés prioritario por autorrepresentarse como tales.

Además, la reiterada observación de vínculos esenciales entre los tres casos, facilitaba la comparación y nos remitía un conjunto de fenómenos de intersección relevantes para los objetivos de conocimiento de las relaciones de poder y del cambio urbano. Así, numerosas experiencias de okupación se producían en los centros históricos pendientes de algún plan de rehabilitación; muchos de los centros históricos en los que la población residente se reorganizaba con relación a planeamientos especiales que les afectaban, estaban localizados en ciudades con una específica reestructuración económica y que experimentaban también proyectos de PE para superarla; la expansión de la PE iba acompañada de una nueva retórica de la participación en la que tenían cabida, a priori, todo tipo de organizaciones sociales y se pretendía incluso adoptar la forma de un “movimiento social” para lograr el consenso público necesario, aunque fuese en contra de algunos de los movimientos sociales activos en esa área metropolitana; movimientos como el de okupación se dan cuenta de la influencia de distintos planeamientos sobre su actividad pública y también canalizan parte de sus oposiciones y protestas hacia ellos, a veces en alianzas con asociaciones vecinales y comunitarias de los centros históricos; los centros históricos, además, aparecen como uno de los principales ejes en los proyectos de reestructuración de servicios y especialización terciaria y turística propuesta en casi todas las PE...

El siguiente cuadro perfila estas descripciones de los tres casos y sus diferencias iniciales en cada nivel de comparación posible. De cualquier manera, las siglas PE, CSOA y UR, se refieren siempre a procesos de participación urbana (en relación con el resto de la sociedad) en los que los colectivos mencionados eran protagonistas, no a las formas de planificación ni a los espacios implicados.

Cuadro 1. Diferencias estructurales entre tres casos empíricos de participación urbana

 

Objetos de difícil objetivación.

Otro paso a dar en el estudio comparativo propuesto consiste en la formalización (mínima) de las hipótesis de trabajo. La idea de ‘hipótesis’, sin embargo, choca directamente con mis presupuestos epistemológicos dialécticos. El punto de partida de toda investigación sociológica es la expresión de un problema social que hay que resolver o de una necesidad social que satisfacer o de una dominación social de la que emanciparse (como se ve, ‘problema’ ‘necesidad’ y ‘dominación’, pueden referirse a lo mismo). El conocimiento generado debe ser útil para resolver los problemas (o necesidades o dominaciones) sentidos. En este sentido, las hipótesis de trabajo son más bien los resultados de la investigación, no existiendo más verdad que aquella en forma de hipótesis (por lo que sería más lógico denominarla ‘verosimilitud’). Esas hipótesis o verdades parciales, sólo llegan a ser reconocidas como tales a partir de que demuestren que pueden ser útiles para los fines explicitados. Llegan a ser verosímiles en la medida en que se acepte su verificación en la práctica de transformar la realidad basándose en ese conocimiento parcial. Finalmente, ese bucle conduce, por lo menos en las ciencias sociales, a nuevas preguntas, más que a leyes generales del funcionamiento de la sociedad.

Por lo tanto, desde ese paradigma puede usarse la idea de hipótesis, pero no como punto de partida de la investigación. Por el contrario, el paradigma positivista insiste en la formalización previa de las hipótesis, con la máxima reducción de enunciados y variables para permitir el máximo control experimental en la verificación empírica de las mismas. Los defensores del racionalismo aplicado, como Bourdieu, criticaron esa aproximación fundamentalmente porque escamoteaba descubrir previamente las cartas con las que se jugaba: el conjunto de preguntas iniciales y la construcción teórica sistemática que les daban sentido a las hipótesis especificadas. En conclusión, la formulación de las hipótesis es casi el primer paso para los enfoques empiristas, el segundo para los racionalistas y el último para los praxeológicos.

Pero una cosa es el proceso de investigación y otra la presentación de sus resultados. Por esta razón, el enfoque del racionalismo aplicado parece más verosímil al presentar primero las preguntas de partida, después la construcción del objeto de investigación, seguido de sus diversos flancos teóricos y empíricos. Las hipótesis de trabajo, pues, son producto de un proceso de investigación previo y, en consecuencia, abren la puerta a nuevas preguntas y reflexiones de segundo orden sobre la realidad observada.

El problema social del que parto aquí es el de una contradicción social recurrente: a) existen diversos grupos sociales que claman por el aumento de la participación social; b) otros que los rechazan; c) ambas tendencias pueden mezclarse dentro de un mismo grupo social; d) la concepción que se tiene sobre la participación está ideológicamente polarizada (tanto desde posiciones progresistas como desde posiciones reaccionarias, hay argumentos a favor y en contra). Llevada al ámbito urbano, la confusión y las prácticas de mezcla encuadradas como participativas, se multiplican; pueden reducirse al ámbito de la descentralización de la administración local, pueden reducirse al ámbito del asociacionismo, pueden reducirse al ámbito de las relaciones individuales con el planeamiento urbano, etc.

Alguien podría preguntarse: si la realidad es contradictoria, ¿por qué echar más leña al fuego? O, formulado en otros términos: la investigación social no debería ocuparse de las contradicciones sociales ya que no va a poder dar ninguna solución definitiva excepto el conocimiento más preciso de esas contradicciones, lo cual, sin embargo, constituye una información demasiado pobre como para que la gente que la use pueda ser más libre. En consecuencia, sólo deberían investigarse problemas concretos dentro de lo que se conoce como participación urbana. Frente a eso, creo que es importante no renunciar a extraer consecuencias generales para entender la sociedad de una forma holística y eso se consigue relacionando diversos problemas concretos a partir del cuestionamiento de problemas generales. Por lo tanto, las contradicciones mencionadas sí son un problema real e interesante porque, en primer lugar, la realidad social no es igual de contradictoria para toda la gente que forma parte de ella. En segundo lugar, ese contexto social de contradicciones que envuelve y atraviesa a la participación urbana, es también un problema desde el momento en que ayuda a la reproducción social de las desigualdades y de las opresiones, por lo que su conocimiento sí parece, en principio, virtualmente útil para alterar esa dinámica.

Lo que trato de demostrar es que las prácticas de participación social en distintos niveles de intervención urbana (mediante acciones colectivas de producción, apropiación, transformación, reproducción y concepción del espacio) tienen, en general, el sentido común de experimentar posibilidades de poder popular (creativo y emancipador) para grupos sociales oprimidos, pero, en particular, dependen de los límites concretos en cada nivel (con lo cual pueden ejercer también o reproducir formas de dominación social en su seno o hacia algún colectivo de su entorno). Es el conocimiento de esos límites, más precisamente, lo que constituye el objeto de este estudio: cómo se define y qué grupo social define la participación en cada caso, qué aspectos urbanos de la dominación estatal o capitalista son afectados por cada ejercicio de participación y qué tipos de autoorganización y autogobierno son experimentados por cada grupo social oprimido a raíz de la dinámica participativa en la que se involucra.

Todo límite separa dos trozos de realidad. Dependiendo de la valoración que hagamos del límite, del punto de vista valorativo que adoptemos, tendremos un contexto y un texto, en uno u otro de los lados (o, también, un entorno y un organismo, una sociedad y un individuo, etc.). De aquí que cada uno de nuestros tres casos empíricos no sólo nos ayude a percibir los límites específicos que tiene la participación urbana en general, sino que nos indica también que hay un contexto específico de condiciones de existencia que hacen posible esa práctica de participación y que su descripción depende del límite perceptivo y valorativo aplicado. El segundo objeto de investigación, pues, es el de esas condiciones de posibilidad que forman el contexto que constriñe toda práctica participativa.

En tercer lugar, me propuse hacer una especie de seguimiento experimental a los procesos de vinculación entre conocimiento y acción que implementa cada colectivo social. El experimento puede ser más controlado cuando participa en él el investigador, tal como se pretende con la –i-a-p-, pero no necesariamente esa integración sociológica agota todas las experiencias de usar participativamente el conocimiento por parte de organizaciones sociales. Es otro objetivo de este estudio, pues, sistematizar cómo esas metodologías participativas y, sobre todo en un caso, las que cuentan con la presencia duradera y constante de sociólogos o sociólogas profesionales, contribuyen a potenciar el sentido emancipador de la participación urbana.

Estos objetivos tienen su razón de ser por oposición a tres tendencias tradicionales (en su versión más ortodoxa) implícitas en los límites valorativos de la mayoría de investigaciones sociológicas: 1) para el punto de vista marxista, toda práctica de participación es contra-revolucionaria si no va dirigida a incrementar las contradicciones sociales y la toma del poder estatal por parte del proletariado; 2) para el punto de vista liberal, toda práctica de participación social es beneficiosa para consolidar la democracia representativa ya que quien gobierna puede así responder a las demandas de quien es gobernado; 3) para el punto de vista posmoderno, toda participación sólo pone de manifiesto la imposibilidad de cambiar nada (en su variante elitista) y, al mismo tiempo, la imposibilidad de gobernar a nadie, ya que todo el mundo puede opinar sobre todo y es imposible decidir nada poniendo de acuerdo a la población (en su variante relativista).

Efectivamente, pueden existir casos de participación social que se ajusten a esas valoraciones, pero poco tienen que ver con el sentido general de la participación urbana heredera de movimientos sociales revolucionarios del pasado y que siguen construyendo islas de autogestión en el presente (a veces las islas pasan a ser mares). Estas prácticas de participación urbana, a mi juicio, no son necesariamente revolucionarias en el sentido marxista del protagonismo de una única y homogénea clase social (o de su vanguardia, para tomar el relevo en el gobierno del Estado), pero tampoco conservadoras en el sentido liberal o posmoderno, ya que practican formas de democracia directa que van más allá de la democracia representativa o del individualismo participativo.

Yendo a un nivel más concreto, la concepción sociopolítica de la participación urbana debe ponerse con relación al contexto histórico, a las transformaciones recientes de los espacios urbanos. En este sentido, la elección de los casos empíricos está guiada por la capacidad de los mismos para revelar aspectos importantes de esos cambios. Dos son casos de participación con relación a nuevas formas de planeamiento urbano, mientras que el otro es el caso de un nuevo movimiento social producto de la evolución de movimientos sociales más clásicos como el obrero o más contemporáneos como los movimientos urbanos, vecinales y ecologistas de las dos décadas inmediatamente anteriores (o el antimilitarista, de forma simultánea y alimentados recíprocamente). En todos los casos existe un enfrentamiento a aspectos centrales de la reestructuración económica y política de las tres últimas décadas (crisis energética, concentración espacial y social del capital y de la gestión, privatizaciones estatales de los servicios públicos, precarización laboral, etc.), pero con estrategias conscientes o con prácticas transformadoras efectivas de muy distinto alcance.

En el nuevo contexto urbano de los años noventa permanecen formas de participación urbana con un carácter emancipador en los niveles macro, micro y meso de la organización urbana, aunque de los tres casos analizados es el movimiento de okupación el que menos contradicciones representa entre los modelos de ciudad y de democracia participativa que proyecta. Las repercusiones urbanas de las transformaciones estatales, económicas y de la actividad de los movimientos sociales crean unas condiciones especiales de participación social en cada nivel. Entre esas repercusiones están los nuevos estilos de planificación urbana “participativa” (advertido en la PE y en el UR) que actúan paradójicamente: potenciando y limitando la participación urbana. Los colectivos sociales que participan en esos niveles consiguen niveles de autogestión menores que los obtenidos por los movimientos sociales como el de okupación, por lo que creo que en conjunto se pueden considerar como formas complementarias de participación, adecuadas a las posibilidades de cada colectivo que las lleva adelante. En conclusión, los tres modelos tradicionales de interpretación sociológica de la participación sólo captarían una parte de ese fenómeno.

Por otra parte, trato de demostrar que las metodologías que se aplican en casos de participación urbana dependen también de esos contextos y de las relaciones de fuerza y de definiciones de la realidad que conllevan. En sí mismas no son suficientes para garantizar el éxito de las reivindicaciones populares frente a la dominación urbana, pero constituyen una práctica añadida de autoorganización que entra en sinergia con el resto de prácticas participativas de las organizaciones sociales. Metodologías como la –i-a-p- o los medios de comunicación propios de los movimientos sociales, potencian en mayor medida la participación urbana que las “instituciones participativas” creadas con la PE.

Atlas, mapas y planos

Los dos cuadros siguientes resumen las diferencias y semejanzas halladas entre los tres casos y sus relaciones con la problemática común de las políticas urbanas, basándome en las tres dimensiones a las que ya me he referido: a) el modelo de democracia participativa ejercido en cada caso; 2) el modelo de ciudad explícitamente privilegiado por caada uno; y 3) los factores más relevantes para que sucediera la participación urbana. Por ‘modelos’ no entenderemos tanto los ideales de cada colectivo protagonista de la participación urbana, como la reunión sistemática de las ideas generadas en las interacciones entre los distintos colectivos dentro de un proceso de participación. Por ‘factores’ entiendo aquellos elementos más sobresalientes en la indagación (cualitativa, difícilmente cuantitativizables) de los límites y condiciones de posibilidad de cada proceso participativo.

Cuadro 2. Comparación de las dimensiones democráticas y urbanas en los tres niveles de participación

 

Cuadro 3. Comparaciones entre factores explicativos de la participación urbana

 

Comencemos la evaluación comparativa por el modelo de democracia participativa experimentado en cada caso:

1) El primer aspecto evaluado remite a la participación con relación al planeamiento urbano, de forma directa o indirecta. En los tres casos se puede observar que existen planeamientos urbanos mutuamente relacionados y espacios urbanos prioritariamente afectados por ellos. Sin embargo, en los niveles macro y micro, las organizaciones sociales entran en un contacto más directo con las autoridades y aprovechan los medios institucionales de expresión para alterar el discurrir de los planeamientos, mientras que el movimiento okupa aprovecha períodos de transición entre unos planes y otros y las brechas de la reestructuración urbana (el abandono especulativo de edificaciones y viviendas) para actuar por su cuenta lo más posible al margen de las instituciones. Este movimiento es también la colectividad que más reta a la democracia representativa con prácticas de democracia directa y con su propia autogestión asamblearia, mientras que las organizaciones comunitarias del nivel micro ven su autogestión pluri-organizacional sólo como un medio para garantizar un mayor control a las autoridades municipales que les representan y a todo tipo de técnicos implicados en los procesos de planeamiento y de la gestión del cambio urbano. Por su parte, en la PE se opera un modelo muy postmoderno de cogestión en el que las obligaciones y los costes de la participación están muy desigualmente repartidos entre los agentes sociales, públicos y privados que intervienen en el proceso, aunque se obtiene una alta legitimidad social en el ámbito metropolitano que las experiencias micro casi no consiguen y las meso sólo lo consiguen conectando luchas y MS muy diversos en distintas sociales.

2) El funcionamiento de esas prácticas de participación social y urbana sí que presenta unas diferencias muy pronunciadas entre los tres casos, como si no existiese comunicación posible entre ellos. Mientras que en el nivel micro la negociación con las autoridades es siempre la otra cara de los conflictos abiertamente expresados, en el nivel macro sería considerada una desviación de un proceso de creatividad, propuestas y cooperación colectivas que animan todo el proceso de una PE; por su parte, en el movimiento okupa, la negociación significa una división interna y una concesión a los poderes públicos que sólo mostraron con ellos su cara más represiva. Lo mismo sucede con la desobediencia civil practicada preferentemente por éste, que sólo en el nivel micro puede tener algunas réplicas en los medios de protesta puntuales adoptados, pero que en el nivel macro, nuevamente, se considerará como dinamita a la creación de consensos sobre el futuro de la ciudad, los cuales se operan, sobre todo, por fuertes campañas de imagen que comportan unos costes económicos inalcanzables para las organizaciones populares de los otros dos niveles.

3) Por el contrario, si nos fijamos en las formas de organización social de cada experiencia de participación, observamos bastantes semejanzas, aunque cada clausura organizacional siempre conlleva exclusiones de otros colectivos. En todos los casos es necesaria la formación de redes más o menos estables, mezclando organizaciones formales e informales, coordinándose con mayor o menor frecuencia, buscando apoyos, legitimidad y activismos dedicados al esfuerzo común de todas las organizaciones implicadas. Las variaciones de grado, pues, no muestran aquí la existencia de modelos esencialmente distintos de autoorganización colectiva. Lo que sí sucede es que los procesos previos por los cuales se forman esas redes y su funcionamiento posterior, más o menos jerárquico, sí determinan qué tipo de colectivos van a integrarse y cuáles van a ser excluidos. En este sentido, destacaría aquí que sólo el movimiento de okupación fue capaz de hacer confluir a más MS y organizaciones de las que otros procesos como la PE o el PDC pretendían y consiguieron.

4) Desde la perspectiva de esta investigación, se consideró que el conocimiento de la realidad por parte de las organizaciones sociales involucradas en procesos de participación urbana es un aspecto suficientemente importante para valorar la naturaleza de esos procesos, ya que la relación con profesionales y la circulación e informaciones relevantes para las luchas urbanas son también formas de participación y, además, juegan un papel central en definir los múltiples sentidos de las acciones para las personas participantes. Nuevamente descubrimos aquí una alta diversidad de modalidades participativas de conocimiento social sobre la realidad. En el caso de las técnicas FADO seguidas en la PE el rango tratado de fenómenos sociales, políticos, económicos y territoriales, era tan gigantesco que no puede extrañarnos la falta de control popular sobre todo el proceso y en la sugerencia de líneas de acción, aunque los procesos de debate, comunicación, talleres y autorreflexión sobre la crisis urbana, les abrieron muchos canales novedosos a organizaciones sociales de la ciudad. En el nivel micro pudimos comprobar una menor imposición tecnocrática en los procesos de conocimiento de aspectos muy específicos de la realidad social que eran críticos en la aplicación del UR, por lo que la –i-a-p- desarrollada fue, desde mi punto de vista, la metodología que mejor ayudó al aprendizaje mutuo y a la producción de autoconocimiento útil para las luchas urbanas en marcha, aunque otros factores alteraron también las posibilidades de éxito de ésta, ya que con conocer la situación de opresión (aún después de actuar para intentar cambiarla) no es suficiente para transformarla porque los agentes opresores también conocen y actúan al mismo tiempo. Por último, el movimiento okupa demostró una alta capacidad para crear medios de comunicación alternativos o para usar los existentes, recogiendo los problemas y realidades que más le afectaban, sin necesidad o posibilidad de recurrir a profesionales técnicos más que puntualmente, y gracias también a que una juventud con altos estudios y poco trabajo dedicaba muchas de sus energías al movimiento en su época vital de “larga transición” a la sociedad adulta.

Por lo que respecta al modelo de ciudad explícitamente privilegiado en cada experiencia participativa, creo que podemos realizar una valoración conjunta de los contenidos enunciados en el cuadro. Básicamente, me parece evidente que en los tres casos nos estamos refiriendo a un contexto metropolitano común que viene experimentando grandes operaciones de reestructuración económica y organización neoliberal de la administración pública que tienen consecuencias inmediatas en la reproducción social de la ciudad (agravándose los problemas de la vivienda, equipamientos públicos, transporte, posibilidades laborales, destrucción ecológica, etc.), aunque el proceso iniciado en los años setenta no llegó a una meta definida, por el momento, ni mucho menos se puede afirmar que vaya a tener un final feliz. La cuestión es si la diversidad de formas de participación analizada, más o menos complementarias entre sí en algunos puntos (en cuanto a la composición social de cada una), pueden influir significativamente en estos procesos y provocar una transformación urbana distinta, incluyendo la profundización en la democracia local.

La ventaja que tiene observar los cambios y conflictos urbanos desde una óptica macro es que se perfilan con claridad las posiciones estratégicas en la economía global de cada metrópolis y que un proceso de participación ciudadana a ese nivel siempre va a chocar frontalmente con los intereses económicos y políticos dominantes que no están dispuestos a perder el carro de esa “modernización” a pesar de los costes sociales y ecológicos que comporta. Las PE demuestran que son posibles coordinaciones y coaliciones con ámbito metropolitano, construyendo nuevos tipos de legitimidad que no poseen las administraciones locales y sus gestiones tecnocráticas de arriba abajo. Pero también ponen de manifiesto la subordinación constante de las necesidades sociales de igualdad material y de organización democrática de base, a formas de crecimiento económico y urbano que se escapan al control de la ciudadanía (o de las distintas ciudadanías, con derechos y posibilidades de expresión también muy desiguales).

La terciarización, la centralización de la gestión, de la distribución y de los flujos y rentabilidades financieras, la expansión en infraestructuras de transportes y comunicaciones, la especulación inmobiliaria o la privatización de los servicios sociales son procesos que no fueron frenados claramente por la participación social en la PE analizada y que configuran espacios urbanos, como los centros de las ciudades, que sólo parecen ser defendidos socialmente o transformados con luchas más locales, al nivel de barrios y de edificaciones concretas, tal como se pone de relieve en nuestros niveles micro y meso. Por lo menos, esto es lo que ocurrió en los años noventa en las ciudades analizadas y en algunas otras de las que disponemos de informaciones secundarias, por lo que nuevas investigaciones deberán confirmar o refutar estas tendencias. Lo que sí parece una cuestión de grado en cada caso estudiado pero ahora, a mi juicio, significativa, es que algunos intereses muy sectoriales (como el de los vendedores ambulantes en una gran metrópolis latinoamericana, la población pobre y anciana residente en un centro histórico de una ciudad española y la juventud inconformista que okupa viviendas y autogestiona CSOA, por ejemplo) sí exigen políticas urbanas que, parcialmente, alterarían el curso de esa globalización y reestructuración metropolitana. Posiblemente sólo una coordinación o alianza entre todos esos sectores sólo parcialmente definidos por su posición de clase sobre la base de su situación productiva, sí podría incrementar la intensidad de las luchas urbanas, pero de momento esas coaliciones son casi desconocidas y muchos obstáculos culturales y de identidades parecen interponerse en ese camino.

En general, pues, las grandes ciudades de los ’90 siguen siendo organizaciones sociales y territoriales agresivas con grandes sectores de la población, y motivo de constantes conflictos que desbordan las débiles instituciones de la democracia representativa y de su gestión neoliberal. Pero siguen atrayendo población expropiada de otras formas de supervivencia o medios de convivencia en otros lugares del planeta, por lo que el nuevo mestizaje genera también nuevos conflictos y formas de participación potencialmente emancipadoras en aspectos concretos de la dominación urbana. Aquí me he fijado sólo en grupos de población más tradicionales dentro de ese melting pot metropolitano y con materializaciones más o menos efímeras y parciales de sus demandas. En todo caso, el movimiento de okupación es el que más hábilmente construyó una utopía urbana y social más explícita y con menos contradicciones en su práctica cotidiana, en comparación con los otros dos casos. En gran medida, ese modelo de ciudad con vivienda social asequible y accesible, con autogestión social de los “equipamientos públicos” y con la reutilización ecológica de la edificación frente a la especulación urbana, es también fruto de una mayor interrelación de diversos MS a través de los CSOA, cosa que otros MS no consiguieron en una medida equiparable.

La última cuestión que merece la pena clarificar es la referencia a los factores explicativos de la participación urbana en cada caso examinado. A mi modo de ver, todo el debate sociológico sobre si es en las oportunidades del contexto político (formales o informales) –en la “estructura”- o en las capacidades propias de los MS –en la “acción”- donde residen los factores explicativos de la acción colectiva (y de la participación urbana como una de sus formas) tiene el problema propio de todo paradigma clásico de la ciencia: no considerar la no presencia significativa de alguna de esas circunstancias, no considerar las mutuas relaciones entre ellas, no considerar otros contextos significativos o considerar una progresión lineal de la historia sin interrupciones azarosas, crisis, conflictos, contradicciones y varios caminos de posibles evoluciones. En este trabajo, pues, no opté por ninguna de esas dos perspectivas, sino que consideré más importante el acercamiento a las particularidades de cada caso para luego ir seleccionando aquellas dimensiones que sí podían tener una comparación más genérica con otros casos o que ofrecían un contraste significativo con ellos. Siendo más específicos, en el cuadro 3 puede observarse una lista de tres aspectos que ayudan a explicar la participación concreta de cada caso.

1) En primer lugar, seleccioné aspectos contextuales pero no los limité a las oportunidades ofrecidas por las coyunturas políticas institucionales o por los recursos convencionales a disposición de los movimientos y organizaciones sociales. En el nivel macro opté por una interpretación que relacionaba la coyuntura política del país con su repercusión en los movimientos asociativos, ya que un nivel de violencia política tan alto podía favorecer nuevos experimentos de participación con menos riesgos personales y la conducción de los conflictos urbanos por medio de nuevas “instituciones” como la PE. En el nivel micro, efectivamente existían oportunidades políticas con relación a la administración municipal, gobernada por una coalición de “izquierdas” y dispuesta inicialmente a abrir mínimamente el planeamiento urbano a la participación vecinal. Sin embargo, lo que distinguía el proceso analizado de otros en la misma ciudad era situación de centralidad urbana y simbólica que adquiría el conflicto en el casco histórico y que rápidamente elevaba los conflictos a los primeros lugares de la agenda política y mediática. Además, esa selección de un contexto relevante venía avalada también porque las visiones macro de las transformaciones metropolitanas no están tan fácilmente al alcance de organizaciones sociales que, a menudo, no están mutuamente coordinadas (si no es por la provocación o invitación de entidades más estables o institucionales) y sí que uno de los espacios que más intensamente era objeto de reestructuración urbana –como el centro histórico al lado del centro de negocios- podía facilitar la comprensión del conflicto y su potenciación.

Por último, el movimiento de okupación también se dirigía preferentemente a esos centros urbanos en reestructuración, pero no demandaba nada directamente a las instituciones, en muchos casos sin competencias en las materias de vivienda y con una distancia con frecuencia criminalizadora del movimiento. Lo que sí se destacaba en su dinámica era que aprovechaba oportunidades sociales como las necesidades de expresión cultural autogestionada y de inconformismo con las condiciones materiales y las posibilidades asociativas y militantes de una buena parte de la juventud. En definitiva, en cada caso aparecía un contexto social relevante distinto que aportaba condiciones estructurales favorables (incrementando las probabilidades de evolución del movimiento por la senda que tomó) y que también imponía sus propias limitaciones y constricciones al desarrollo de cada experiencia participativa (en relación estratégica con esas condiciones contextuales).

2) En segundo lugar, soy de la opinión de que la perspectiva de la complejidad y dialéctica no puede situarse en una atemporalidad postmoderna y liberal, ni tampoco en una determinación marxista de un único futuro revolucionario, por lo que es necesario situar históricamente cada experiencia participativa. Ahora bien, ¿qué historia o qué elementos de ella son más importantes para explicar la acción colectiva desplegada? Y ¿qué significa “situar” en la historia, si la historia es construida e inventada, reconstruida y reinventada, continuamente? En esta ocasión considero que sí realicé una aproximación común en los tres casos de participación, examinando siempre la historia pasada de movimientos existentes en cada ciudad y que tuvieron alguna conexión con los movimientos actuales o con las organizaciones sociales implicadas en procesos de participación. Esa historia creaba un “contexto”, un “medio”, del que extraer militantes, experiencias de éxito o fracaso, y, sobre todo, una legitimidad para las nuevas movilizaciones. Los matices de cada caso, pues, demostraron ser menos relevantes que la atención a ese pasado reciente.

En el nivel macro estábamos en una ciudad de las más movilizadas del país, pero en un ciclo recesivo de protestas, por lo que estas experiencias pasadas tenían un peso en las expectativas y conocimientos de parte de la militancia, pero también demostraban la necesidad de no repetir los estilos de autoorganización anteriores, ya que vivieron una fuerte represión e insatisfacciones que condujeron a la situación actual. En el nivel micro las experiencias de movilización vecinal se remontaban a los últimos años de la dictadura y, además, contaban con éxitos como impedir la renovación urbana en parte del centro histórico o mantener constantemente dinamizada a la población del barrio hasta la formación del PDC, que sería quien más intensamente interactuaría con el gobierno municipal. En el nivel meso las referencias históricas son más difusas, pero también más diversas y con posibilidades de seguir vigentes y mutuamente ligadas entre sí, por lo que el movimiento okupa aprovechó la sinergia entre diversos MS (el vecinal, los alternativos europeos, el ecologismo, etc.) y una reconstrucción histórica de esa herencia aún viva.

3) En tercer lugar, más que fijarme en las capacidades intrínsecas de los movimientos y de las organizaciones sociales, en sus recursos y relaciones internas, consideré necesario fijarme en su diseño de estrategias y en su puesta en práctica. Estas estrategias implicaban orientaciones de las relaciones de poder hacia el interior del movimiento tanto como hacia el exterior, pero siempre relaciones de comunicación y de metacomunicación, de aprendizaje experimental y de anticipación a las estrategias de las otras partes de la relación. En el nivel macro

En el nivel macro se puso de relieve que un proceso participativo como el pretendido en la PE, no podía operarse sin establecer equilibrios inestables entre todas las entidades involucradas, pero, sobre todo, que fue un acierto integrar centralmente en el mismo a aquellas experiencias participativas surgidas en el momento de mayor crisis social y política y que pervivían activas y con muchos profesionales y activistas comunitarios en ellas. Esa estrategia de integración, pero también de respeto a su autonomía y, sobre todo, a su capacidad de producir conocimiento sobre la realidad social y urbana, contribuyó también a generar legitimidad pública para todo el proceso.

De forma semejante, pero sin poseer unas “instituciones participativas” pasadas tan sólidas y diversas a las que agarrarse, en el nivel micro se desarrolló la estrategia de atraer a las organizaciones populares a aquellos técnicos trabajando en el barrio que podían poner en cuestión la argumentación defensiva de las autoridades municipales para aplicar el planeamiento a su gusto, aunque no todo el conflicto podía reducirse a “dialéctica” y la –i-a-p- emprendida no fue capaz de condensar todos los conflictos sociales vividos en el barrio. Esta estrategia incrementaba los recursos de las organizaciones comunitarias, pero también obligaba a que el ayuntamiento pusiera al descubierto los límites a la participación que permitía y el carácter de no redistribución social de sus políticas urbanas, con lo cual se fortalecía la posición del PDC (obteniendo nuevas subvenciones y legitimidad para negociar), aunque no se incrementaban sus éxitos de transformación urbana con relación al planeamiento.

En el nivel meso se experimentó el mayor grado de conflicto y de represión estatal sobre los colectivos activistas en el movimiento okupa. Sin embargo, lejos de desmoralizarles o provocar su retirada subcultural, éste consiguió rentabilizar la visibilidad política obtenida por la cobertura mediática del conflicto e implementó estrategias de perseverancia en la desobediencia civil. Aumentó así el número de reapropiaciones de espacios abandonados, ya que no tenían nada que perder (la penalización, a fin de cuentas, siempre era selectiva y difícilmente aplicable a todo el movimiento) y sí podían constatar que muchos CSOA habían durado varios años activos realizando “contraataques” contraculturales que gozaban de apoyos sociales abriendo los círculos de simpatizantes y colaboradores del movimiento.

En definitiva, y para concluir, puede verse cómo cada caso aparece como un paradigma de los distintos estilos de practicar la participación urbana; buscando el consenso, forzando cauces de negociación o provocando el conflicto. Todos los casos empíricos muestran que esos ingredientes se combinan de forma particular cada vez, aunque predomine uno de los estilos mencionados. Más específicamente, deberíamos designar esos estilos como ‘cogestión’, ‘retro-control’ y ‘autogestión’ y considerar que ninguno es mejor que los otros en abstracto y cada uno puede ser el adecuado a las capacidades, objetivos, conocimiento social y límites contextuales constrictivos de cada acción participativa.

Notas

 

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