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Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. VII, núm. 146(060), 1 de agosto de 2003

LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL MERCADO DE LA VIVIENDA: LAS DESVENTAJAS DE LA INMIGRACIÓN. NOVEDADES Y PERMANENCIAS

Antonio Algaba
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, España



La discriminación en el acceso al mercado de la vivienda: las desventajas de la inmigración. Novedades y permanencias (Resumen)

Se analiza el problema de la vivienda en España y su relación con el incremento de población por la inmigración.  Los efectos de la migración en el mercado de la vivienda.  El problema de la vivienda para los inmigrantes recientes y el tipo de casas, con especial atención a las diferencias y similitudes entre la actual ola de migración y el episodio de las décadas de los 1960 y 1970.

Palabras clave: discriminación residencial, acceso a la vivienda, vivienda inmigrante.

The discrimination in the housing market acces: The immigration disadvantages. Noveltys and continuities (Abstract)

In this study, the author analyse the housing problem in Spain and her relationship with the increase of population for immigration. The migration effects in the housing market. The housing problem of the recent immigrants and the type of their houses, with special attention to the differences and resemblances between the actual migration wave and the episode of the sixty and seventy decade.

Key words: housing discrimination, housing access, immigration housing.

En un contexto en que el acceso a la vivienda, lejos de ser un derecho garantizado, es una preocupación generalizada, la nueva oleada inmigratoria que acoge el país desde principios de los noventa ha agravado sustancialmente el problema de la vivienda en nuestro país. Un grave problema en aumento que las soluciones limitadas, reiteradas y erróneas aplicadas por las distintas administraciones con competencias en vivienda no han sabido o querido resolver.

En el presente trabajo se analiza el problema de la vivienda en España y su relación con el incremento de población por inmigración, los efectos de la inmigración en el mercado inmobiliario; así como los problemas de la población marginal, inmigrante y recién llegada en su relación con el acceso a una vivienda: la discriminación social, las características de la vivienda de los inmigrantes recientes y su localización en áreas rurales y urbanas; y, también, las diferencias y similitudes entre la actual oleada inmigratoria y la de los años sesenta y setenta.

El derecho a la vivienda y el mercado inmobiliario

La Constitución española, en su artículo 47, promulga el derecho de todos los ciudadanos del Estado a una vivienda digna y adecuada, estableciendo que las administraciones han de velar por hacer efectivo este derecho.

A pesar de esta declaración constitucional, la vivienda no es un derecho garantizado, sino que constituye una fuente de riqueza para quien tiene algo que vender o alquilar. Hoy por hoy, la idea de que los poderes públicos deben garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna, aunque figura en la Constitución, no es una realidad exigible. En otras palabras, la vivienda no ha alcanzado la consideración de bien social como la sanidad, la educación o la cobertura social (pensiones, desempleo o enfermedad), sino que es considerada por todos una mercancía y, por tanto, la población no se moviliza para exigir viviendas públicas.

En consecuencia, la política de vivienda es uno de los ámbitos más débiles en los estados del bienestar. Y aún es más débil en el caso español, donde la mayoría de la población es propietaria de una o varias viviendas, por lo que cualquier política que pretenda disminuir los derechos de la propiedad para responder a las necesidades de una minoría de población que aún no posee una vivienda, jóvenes, separados y recién llegados básicamente, encontraría una férrea oposición en el conjunto de la ciudadanía.

Por este motivo, no extraña, que las políticas de vivienda aplicadas en los consecutivos Planes de Vivienda realizados en el país durante los últimos años se hayan limitado a subvencionar la compra de vivienda a las clases solventes de la población sin abaratar el precio medio de la vivienda, un efecto que provocaría antipatía política; mientras que se ha excluido una política orientada a los colectivos con menos recursos, no rentables políticamente.

En los últimos veinte años ha habido un incremento sostenido y acelerado del precio de la vivienda a pesar de la caída demográfica, debido al aumento del número de hogares o, lo que es lo mismo, el descenso en la tasa de habitabilidad. En el mercado de la vivienda en propiedad, el incremento del precio de la vivienda nueva ha estado condicionado por la ausencia de viviendas de protección oficial (VPO), sobre todo en régimen especial. El incremento en este sector del mercado ha tirado al alza de los precios de la vivienda de segunda mano que, de una forma inusual, superan en algunos barrios los precios de la vivienda de nueva planta. Por otra parte,el incremento de los precios y el aumento de la población en tránsito ha elevado sustancialmente la tensión de la demanda sobre el mercado de alquiler en el que, tras la liberalización posibilitada por la Ley Boyer, los precios no paran de aumentar. Y, para agravar más la situación, el precio de la vivienda ha aumentado más en los barrios donde está era más barata.

Cuadro 1
Coste de acceso a una vivienda en la comarca del Barcelonés.
Por tramos de rentas. 2000
Coste económico-financiero
Ingresos familiares 2000
Precio ventavivienda 90m2
Precio/m2
Tipo de interés (%)
Entrada (%)
Amortización crédito (%)
500.000
30.913.200
309.132
5,70
1.236,53
288,21
1.000.000
30.913.200
309.132
5,70
618,26
144,10
1.500.000
30.913.200
309.132
5,70
412,18
96,07
2.000.000
30.913.200
309.132
5,70
309,13
72.05
2.500.000
30.913.200
309.132
5,70
247,21
57,64
3.093.268
30.913.200
309.132
5,70
199,87
46,59
3.500.000
30.913.200
309.132
5,70
176,65
41,17
Fuente: Estudi de necessitats d’habitatge a la província de Barcelona, Diputación de Barcelona.

Y, en consecuencia, las familias económicamente más débiles han sido las más afectadas y tienen más dificultades para satisfacer su necesidad de vivienda. En este punto, es necesario recordar que las clases más desfavorecidas se ven aún más perjudicadas por factores constantes del mercado inmobiliario, como son:

El precio de la vivienda no está condicionado por ninguna variable lógica, sino por lo que una familia está dispuesta a pagar por un techo.

Existe un precio mínimo por una vivienda que no atiende a sus condiciones de habitabilidad ni a la superficie sino a la necesidad.

En las viviendas pequeñas el precio del metro cuadrado es mayor que en las viviendas grandes; éste empieza a descender a partir de los 70 m2.

En las unidades familiares de menor renta económica la tasa de esfuerzo por acceso a la vivienda es superior. Si la media se sitúa alrededor del 30 por ciento de la renta familiar, este esfuerzo puede llegar a más del 50 por ciento en los barrios más pobres de la ciudad.

En este contexto, en los últimos años, las políticas de vivienda han aumentado el número de familias a las que dan cobertura (por encima del 80 % de la población[1]) al incrementarse la renta máxima que permite acogerse a las subvenciones por la compra de una vivienda de protección oficial (VPO) o una vivienda de precio tasado (VPT)[2]. Pero, al mismo tiempo, han aumentado las restricciones a los colectivos más desfavorecidos: se han dejado de producir VPO en régimen especial y se han aumentado las condiciones para poder optar a una VPO al ser exigibles rentas mínimas justificables del 10 por ciento del valor de la VPO a la que quieren optar.

De este modo, se puede concluir que las políticas de vivienda aplicadas no han orientado sus esfuerzos a la población más desprotegida. Mientras tanto, en los últimos años, ha aumentado significativamente la demanda de viviendas con alquileres económicos sin que se haya elevado su oferta.Así, por ejemplo, En Barcelona el sesenta por ciento de las familias o individuos recién llegados son inmigrantes de países de rentas bajas o individuos procedentes de otros municipios de Cataluña con un nivel de renta per cápita inferior a la media[3]. Por lo que se ha producido un fuerte incremento de unidades familiares que pagan más del treinta por ciento de sus ingresos en el alquiler y la necesidad de alquileres bajos se hace cada día más grande.

La discriminación social en el acceso a la vivienda

La principal discriminación en el mercado inmobiliario es puramente económica. El dinero hace olvidar cualquier tipo de diferencia e iguala a todas las personas facilitando el acceso a cualquier bien. Son las personas que carecen de recursos económicos las discriminadas. En algunas ocasiones extremas, los pobres, sea cualesquiera el origen de su pobreza, sufren una doble discriminación: No pueden acceder a una vivienda porque carecen de trabajo, pero no consiguen un trabajo porque no disponen de un alojamiento en condiciones que les facilite la estabilidad y los requisitos mínimos que exige el trabajo.

En el seno de la población pobre podemos distinguir diferentes colectivos específicos afectados por la discriminación o vulnerables de sufrir situaciones de discriminación en el acceso a la vivienda, casi todos ellos pueden ser englobados en alguna de las siguientes tipologías:

1.Discriminación por edad. Tanto los jóvenes con dificultades económicas por paro o por trabajos sin contrato o con contratos basura, los adultos en paro con graves dificultades para reintegrase en el mercado laboral,como personas ancianas que se encuentran en dificultades económicas y limitaciones derivadas de la edad tienen dificultades para mantener o formar su hogar.

2.Discriminación por género y contexto familiar. Familias pobres con grandes dificultades económicas. Familias con hijos o personas dependientes con los dos adultos en paro o con trabajos precarios, sobre todo, mujeres jefes de familias monoparentales.

3.Discriminación a personas que sufren discapacidades físicas, psíquicas i/o mentales.

4.Discriminación a personas con dificultadas para su integración social: Drogodependientes, penados o sin techo, individuos que padecen una fuerte desestructuración social.

5.Discriminación a las minorías étnicas. Especialmente en nuestro país la etnia gitana.

6.Y finalmente, la discriminación a inmigrantes. Algunas colonias de inmigrantes presentan importantes factores de pobreza y exclusión social. Entre estos es necesario destacar:

a)El bucle de la ilegalidad. La provisionalidad o inestabilidad jurídica que se traduce en carecer de papeles conlleva la inseguridad laboral al trabajar sin contrato. Y ambos factores son causa y efecto a la vez de la inseguridad laboral y actúan como un círculo vicioso del que resulta difícil salir.

b)Acentuada precariedad económica debida a un conjunto de factores que no afectan a la población autóctona, como son la financiación de su proyecto inmigratorio (viaje y pago a mafias), la explotación laboral en el mercado clandestino, el ahorro por envíos a familiares.

c)Además, algunas colonias de inmigrantes presentan factores de pobreza y exclusión social más genéricos como: el analfabetismo funcional provocado por el desconocimiento del idioma, las leyes, la cultura y las costumbres del país de acogida; la ausencia de familia, elemento primario de protección social; el bajo nivel de instrucción; la precariedad laboral; el racismo o el desarraigo.

Por otra parte, los inmigrantes económicos son vistos como un problema por muchos, aunque su presencia es fundamental para nuestra sociedad, ya que imprimen agilidad a nuestra mercado de trabajo, al ser un colectivo sin arraigo, dispuesto a cambiar de ocupación o región. E, incluso, la inmigración ilegal es necesaria pues existen nichos laborales que por su precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación sólo ocupan a este tipo de trabajadores. Aunque, hoy se comprende fácilmente que "los inmigrantes no son substitutos de los trabajadores nativos sino que producen bienes y servicios que de otra manera no serían producidos"[4], como el servicio doméstico para la clase trabajadora.

El único problema estriba en que las condiciones de vida de los inmigrantes y de los pobres en general se parecen. Así, un número importante de los extranjeros que reside en nuestro país incrementa las cifras de excluidos y marginados de nuestra sociedad.

A estas dificultades, los inmigrantes extranjeros provenientes de países pobres han de sumarla discriminación que sufren en el mercado inmobiliario. En este sentido las actuales leyes de inmigración son discriminatorias precisamente hacia las comunidades más vulnerables. Una vez más, se hace necesario señalar que los inmigrantes sufrirán discriminación social sólo mientras carezcan de recursos económicos, es decir, mientras sean mantenidos en la ilegalidad, para posibilitar su explotación.

Cuadro 2
Emigración e inmigración en la provincia de Barcelona 1988-1999
 
Inmigrantes
Emigrantes
Saldos
   
 
Resto Cataluña
Resto España
Resto Cataluña
Resto España
Con resto de Cataluña
Con resto de España
Total
Inmigración extranjera
Saldo Total
1988
4.461
16.416
7.817
17.709
-3.356
-1.293
-4.649
2.204
-2.445
1989
4.443
18.094
8.223
19.150
-3.780
-1.056
-4.836
2.969
-1.867
1990
4.632
19.218
8.880
19.633
-4.248
-415
-4.663
3.447
-1.216
1992
4.225
13.980
9.558
18.659
-5.333
-4.679
-10.012
4.516
-5.496
1993
4.862
14.747
11.383
20.466
-6.251
-5.719
-12.240
3.864
-8.376
1994
5.586
14.676
12.031
21.546
-6.445
-6.870
-13.315
3.449
-9.866
1995
6.081
15.919
12.510
19.929
-6.429
-4.010
-10.439
5.159
-5.280
1997
6.376
15.033
12.764
18.327
-6.388
-3.294
-9.682
7.521
-2.161
1998
7.716
18.846
14.372
20.376
-6.656
-3.530
-10.186
10.364
178
1999
8.308
18.737
15.905
21.237
-7.597
-2.500
-10.097
10.682
585
Fuente: Estudi de necessitats d’habitatge a la província de Barcelona, 2002.

La vivienda de los inmigrantes recientes

En primer lugar, debemos ser conscientes de que sólo existe un mercado de la vivienda, una oferta única, en la actualidad muy limitada, en el que compiten todas aquellas personas que quieren acceder a una vivienda. Así, en una situación en el que el problema de acceso a la vivienda afecta al conjunto de la población debido a la existencia de una oferta constreñida, los inmigrantes recientes tienen que competir con los nacionales, que siempre tienen ventajas sobre los extranjeros. 1En este contexto, la emigración posibilita una renta para lugares y espacios de los que en su ausencia difícilmente podría sacarse una peseta por ellos.

Actualmente, el acceso a una vivienda digna es, al margen de los problemas laborales, el principal problema del colectivo inmigrante; aunque debemos recordar que una vivienda digna es el primer paso para su integración. Y en este sentido, las condiciones generales que los inmigrantes tienen que afrontar en el acceso a la vivienda son:

1.Los inmigrantes siempre pagan más que los nativos. Los inmigrantes no tienen un alojamiento peor porque tengan menos dinero para pagarlo, sino que tienen un acceso restringido al mercado habitacional porque se discrimina con respecto a ellos o se especula con su precaria situación. Para los propietarios, los inmigrantes constituyen la mejor clientela, ya que por su urgente necesidad de encontrar vivienda y su falta de información sobre el mercado están dispuestos a aceptar cualquier condición y precio, siendo frecuente el cobro de cantidades por encima de lo habitual, por número de inquilinos que se albergan en la casa o por fracciones de tiempo inferiores al mes, condiciones insólitas en el trato con nacionales.

2.Los inmigrantes ilegales y los que llevan poco tiempo en el país (recién llegados) son los que viven en peores condiciones, mientras los que han regularizado su estancia suelen vivir con su familia y en una situación de menor hacinamiento.

Otro problema muy común que se da en cualquier entorno es el hacinamiento. En condiciones normales se considera que una persona debe disponer de 15 m2 en el hogar que ocupa, por debajo de esta tasa teórica se produce el hacinamiento. No obstante, este óptimo es poco frecuente en los barrios obreros de España, donde existe un importante parque de viviendas de menos de 60 m2 que albergan a familias españolas[5]. De este modo, no es extraño que, como ocurrió también en las anteriores oleadas migratorias, los inmigrantes recientes vivan con un mayor índice de hacinamiento. Esta sobreocupación se produce por tres factores: los precios abusivos, el estricto plan de ahorro de los inmigrantes y su solidaridad intragrupo.

Pero si bien, como ha ocurrido siempre los inmigrantes optan por compartir su vivienda para facilitar su estrategia de ahorro; el hacinamiento es una estrategia económica básica de los propietarios para la obtención de mayores plusvalías de las viviendas de alquiler, que les permite cobrar más que si la alquilasen a una sola unidad económica. El hecho de que se ofrezca vivienda más cara a los inmigrantes es porque los dueños creen que pueden compartir la renta entre más personas. Esta estrategia se desarrolla y perfecciona: se pasa de alquilar la vivienda entera, a alquilar las habitaciones o incluso el derecho individual de alojamiento, porque cuanto más dividido está el acceso a la vivienda mayor es la renta obtenida.

Además el hacinamiento permite a los propietarios, en determinados momentos y cuando les conviene, expulsar a los inmigrantes de la vivienda basándose en razones higiénicas, acusando a la víctima de aquello mismo de lo que es víctima: Se culpa a los propios inmigrantes del estado dilapidado de las viviendas. Cuando se trata de viviendas viejas y sucias porque es imposible limpiarlas, lo que le permite fácilmente hacer una transferencia del continente al contenido y tachar a los inmigrantes de sucios, salvajes, violentos, etc, por las viviendas en que viven.

A pesar del mayor valor de repercusión del suelo, el hacinamiento es menor en las zonas centrales de las ciudades que en las viviendas situadas cerca de los campos, porque los propietarios tienen miedo a la aplicación de las normativas municipales y al control de las autoridades.

Antes de pasar a describir la situación de la vivienda de los inmigrantes recientes en España, es necesario aclarar que cuando se trata del problema residencial de los inmigrantes se debe trabajar conunadefinición extensa del concepto de vivienda. Es importante subrayar que la línea divisoria entre algunos sistemas de alojamiento y la falta de techo es dudosa. La vivienda es, por tanto, cualquier tipo de construcción que da cobijo a sus habitantes contra las posibles inclemencias del tiempo. Un espacio privado de uso exclusivo por parte de los ocupantes, donde encontrar cobijo y almacenar recursos o posesiones; un lugar accesible al puesto de trabajo, a los mercados, a los servicios sociales, a la familia y los amigos; situado dentro de un área que tiene unas características físicas, sociales y simbólicas determinadas[6].

Así, según la evaluación realizada en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, 1994, la situación del inmigrante respecto a la vivienda responde básicamente a cuatro situaciones:

1.Habita en infraviviendas, carentes de condiciones básicas de habitabilidad o que se ocupan en condiciones de inaceptables de hacinamiento.

2.Ocupa las zonas degradadas de las ciudades, en la que la presencia de inmigrantes va asociada a la convivencia con otros grupos de marginados sociales.

3.Habita en alojamientos rurales, en condiciones de aislamientos, lejanía y deficiente conservación que dificultan la relación con el resto de la población.

4.O temporalmente tiene un alojamiento en régimen de internado, en condiciones que pueden calificarse de confortables, pero que representan importantes carencias para la intimidad y el desarrollo de la vida familiar y social del inmigrante.

La situación de la vivienda de los inmigrantes recientes difiere sustancialmente en el campo, en los pueblos y en las ciudades. La precariedad de las viviendas de los trabajadores agrícolas es mayor que la del resto ya que padecen una mayor dependencia de los empleadores y muchas veces la cesión de la vivienda forma parte del salario. Entre éstos, los temporeros se encuentran siempre en peor situación que las personas ya asentadas.

En el campo, la inmigración es menos visible, lo que propicia la ilegalidad. La invisibilidad y el ocultamiento es evidente, las viviendas de los inmigrantes suelen estar en lugares apartados y alejadas de los caminos principales. Por otra parte, en el campo la presencia continua de un supervisor en los núcleos de infraviviendas y el carácter dudoso de la propiedad es frecuente. Así,

Las viviendas de los inmigrantes en el campo responden a alguna de las siguientes tipologías.

1.Subdivisión de una casa en habitaciones donde viven unidades domésticas o individuos solos, donde las facilidades higiénicas, cuando las hay, son compartidas; y las habitaciones están ocupadas por familias o por grupos de personas del mismo sexo que comparten la renta.

2.Naves nuevas construidas con la intención de alojar inmigrantes. Lo que delata un enriquecedor negocio. Son construcciones únicas que se han hecho con la intención específica de crear pequeñas unidades de renta.

3.Conversión de almacenes, garajes y bodegas en lugares de habitación.

4.Habitaciones donde se alquila una cama, sabiendo que se compartirá la habitación: hostales rurales.

Por otra parte, en el interior de los pueblos, las viviendas de los inmigrantes están en las denominadas zonas de transición; es decir, zonas de casas antiguas poco o nada equipadas que carecen de agua, luz o sistema sanitario o con problemas de tipo estructural, que se consideran en transición porque se espera que en el futuro tendrán que ser renovadas o destruidas para ser substituidas por nuevas viviendas más acordes con la actual evolución del municipio.

En los pueblos, los propietarios de casas normalmente no quieren alquilar viviendas a extranjeros, excepto aquellas que poseen en la zona de transición, que se alquilan tal y como están, sin hacer arreglos que supondrían un gasto al propietario. Pero, en la mayoría de los casos, no se encuentra a nadie que alquile una vivienda a un inmigrante por un precio global; sino que siempre se impone un precio por individuo, ya que es el sistema para obtener el máximo beneficio.

En resumen, los inmigrantes sólo encuentran casas de transición en los cascos urbanos de los pueblos, difícilmente en zonas de nueva construcción aunque existan viviendas vacías y siempre pagando rentas más altas que los nativos, incluso en algunos casos no les es posible el alquiler global de una vivienda, pues se les impone una renta individual; o tampoco pueden alquilar la misma vivienda durante todo el año, como ocurre en los municipios turísticos donde no pueden quedarse cuando empieza la temporada. Evidentemente, encuentran más facilidades en las áreas no urbanas, en los cortijos desocupados. Además, es común que en las áreas rurales, el alojamiento se ceda a cambio de trabajo, como parte del salario. Porúltimo, sorprende que no existan casos importantes de autoconstrucción.

Mientras tanto, en las ciudades y áreas metropolitanas, a pesar de que la oferta es menor y mucho más cara que en el entorno rural, la distancia de las condiciones medias de habitación entre los inmigrantes y las clases obreras autóctonas es menor. La mayor visibilidad de su situación impide, salvo excepciones, los flagrantes abusos que se suceden en las áreas rurales.

A pesar de ello, el abanico de situaciones es suficientemente amplio, y el alojamiento de los inmigrantes en las ciudades puede responder a alguna de las siguientes situaciones:

1.En la calle, al raso, en pasos peatonales, o en campos de los alrededores de la ciudad.

2.En coches, remolques, caravanas y furgonetas abandonadas.
3.En chabolas, chozas, chamizos, cuevas, naves, garajes, casas abandonadas y, sobre todo, antiguos equipamientos industriales en desuso, sin agua, ni luz.
4.Albergues o centros de acogida.
5.Pensiones, legales o ilegales, con condiciones de habitabilidad dudosa donde el inmigrante paga por la cama o el uso de la cocina.
6.Pisos alquilados en su totalidad.
7.Pisos en propiedad.

También en las ciudades, los inmigrantes recientes ocupan mayoritariamente pisos en áreas o barrios de transición que se alquilan sin haber realizado ninguna reforma. Los primeros pisos a los que acceden los inmigrantes suelen tener deficientes condiciones de habitabilidad: pisos con menos de 31m2, sin retrete, ni ventilación, ni luz natural. Finalmente, la nueva proliferación de barracas en algunas ciudades no es un hecho casual. La falta de vivienda de alquiler a precios asequibles es un hecho incuestionable.

La localización de la vivienda del inmigrante. Concentración, guetos o normalidad

Como ya se ha comentado, tradicionalmente los inmigrantes recién llegados encuentran vivienda barata en las llamadas zonas de transición, donde el precio está por debajo de la media. Son los barrios más degradados de la ciudad, barriadas periféricas o centrales con edificios antiguos y viviendas de muy baja calidad y deterioradas por el paso de los años con una gran carencia de servicios. A estos barrios, que están en espera de ser remodelados, no quiere ir a vivir la población autóctona con recursos, por lo que, además de a los inmigrantes recientes, albergan a la población autóctona sin posibilidad de movilidad residencial o en situación de exclusión social, y/o a las familias de etnia gitana. En resumen, todos los colectivos más desfavorecidos de la sociedad comparten con las poblaciones recién llegadas el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario. Estos barrios tienen, por tanto, una mayor problemática social y casi siempre sufren el abandono de las administraciones públicas.

En este contexto, existe una fuerte preocupación por dos aspectos de la localización de la vivienda de los inmigrantes: la segregación y la concentración y como estas dos dinámicas podrían conjuntamente propiciar la aparición de guetos.

En primer lugar, la segregación de la vivienda de los inmigrantes es mucho mayor en las áreas rurales que en las ciudades, donde lo primero que llama la atención es la mezcla de la vivienda inmigrante con la nativa. Los inmigrantes no habitan homogéneamente en ninguna zona de las ciudad, sino que forman parches discontinuos dentro del tejido urbano, reuniéndose como mucho en algunos edificios.

En la ciudad de Barcelona, los datos del Censo de 2001 revelan que la inmigración se reparte por todos los distritos de la ciudad, si bien el perfil socio-económico, la procedencia y el tiempo de residencia en nuestro país es muy distinto según el precio medio de la vivienda en cada uno de estos barrios. De esta forma, los inmigrantes representan el treinta y seis por ciento del distrito de Ciutat Vella, una tradicional puerta de entrada donde se localizan gran parte de las viviendas más degradadas. Mientras que en los distritos burgueses de la zona alta de la ciudad, la presencia de extranjeros no supera el ocho por ciento y responde mayoritariamente a la presencia de trabajadores domésticos.

 
Figura 1. Distribución por distritos de la población extranjera en la ciudad de Barcelona. 2001-03.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, mapa publicado en El País,  21 febrero de 2003.

En las ciudades españolas no hay barrios étnicos, fuera de las áreas de entrada. De forma que únicamente encontramos concentraciones de inmigrantes en algunos bloques de pisos, ya que los inmigrantes en Europa viven cerca de los nativos pero no ocupan los mismos edificios.

A pesar de ello, desde el punto de vista espacial, no se da una gran mezcla entre unos grupos de inmigrantes y otros, ya que la localización geográfica de cada una de las minorías viene determinada por estrechos lazos étnicos o regionales, la denominada migración en cadena. Como es habitual en todos los procesos migratorios, la migración se realiza a partir de redes de parentesco o vecindad, la red migratoria de relaciones. Por lo que es común que se produzcan concentraciones de inmigrantes procedentes de un mismo pueblo o zona en los lugares donde se establecen; por poner un ejemplo, en Barcelona en la Carrera dels Carders habitan sólo dominicanos mientras que la Plaça Sant Agustí Vell es marroquí, como ya ocurrió con la inmigración en los años sesenta. En estas cadenas migratorias, las cabezas de puente suelen ser varones jóvenes que se instalan en pensiones baratas en el centro de la ciudad o viviendo de patrona en lugares menos céntricos o también mujeres empleadas en el servicio doméstico, que consiguen una vivienda que pasa a constituirse como lanzadera o piso de primera acogida para la propia familia, amigos y amigos de amigos en su llegada al país.

No obstante se debe denunciar que existe la creencia injustificada que la dispersión geográfica facilita la integración social. La idea más extendida en Europa entre los encargados de establecer las políticas prácticas y concretas de vivienda, consiste en pensar que la concentración de las minorías en un lugar es nociva. Aunque la concentración geográfica pueda representar ventajas para los grupos étnicos minoritarios en cuanto que puede favorecer la organización política, educativa o religiosa de los inmigrantes, se suele pensar que esta concentración es peligrosa. Por tanto es necesario evitar la lucha contra el agrupamiento zonal de inmigrantes, ya que siempre han existido litle italy o china town,  barrios que generan una riqueza cultural y una dinámica económica positiva.

Es habitual que el rechazo a los inmigrantes sea mayor en las áreas de llegada y absorción donde su visibilidad es mucho mayor. En estas áreas de transición, donde habita la población autóctona marginal, se localiza la acogida de los inmigrantes recién llegados. Esta población tiene un elevada movilidad, los inmigrantes cambian frecuentemente de localidad de residencia a causa de su inestabilidad laboral. De este modo, constantemente se ven nuevas caras, aunque el número de inmigrantes no varíe substancialmente, la percepción de los autóctonos que viven en el barrio es de que cada vez hay más inmigrantes extranjeros y crece la sensación de peligro. Una sensación que aumenta más en aquellas calles o barrios donde los inmigrantes prosperan injustificadamente y se hacen con los comercios. Un elemento que genera fricciones con los comerciantes locales, pero que aporta nuevos servicios que responden a nuevas demandas: locutorios, colmados abiertos todos los días a todas horas y también comercios específicos: carnicerías hala, negocios de mensajería internacional, locutorios telefónicos, peluquerías y tiendas de alquiler de videos.

No obstante, cuando los inmigrantes llevan algún tiempo en la localidad y su situación económica mejora, o bien se estabiliza, encuentran vivienda en otras zonas, donde la oferta es más amplia, normalmente en los barrios obreros. En esta fase de integración tienen unas pautas de comportamiento y consumo similares a las de un trabajador local.Es un colectivo más estable, son personas que llevan bastante tiempo residiendo en la misma calle o barrio, donde siempre se ven las mismas caras. Con el tiempo son reconocidos como vecinos y no como ajenos. Y por tanto se hacen más invisibles, o quizás se integran o asimilan, como es políticamente correcto decir.

En este sentido, tanto en Madrid como en Barcelona, la inmigración extranjera ha seguido los mismos pasos y las mismas estrategias desarrolladas por los llegados a partir de 1960 desde Andalucía, Extremadura o otras regiones de España. Pero en aquella época los inmigrantes fueron realojados desde las puertas de entrada a los nuevos barrios obreros expresamente construidos para ellos en la periferias de las ciudades. Quizás, en el presente episodio migratorio, los inmigrantes extracomunitarios están ocupando con mayor intensidad los centros de ambas ciudades, porque su degradación los había convertido en zonas de transición, por los menos hasta los primeros intentos de rehabilitación iniciados en el primer quinquenio de los noventa. Los inmigrantes se han instalado en estos barrios céntricos de poco dinamismo y revierten esta tendencia.

En definitiva, los inmigrantes, en cuanto colectivo de personas sin recursos, han venido a reforzar las dinámicas negativas y las problemáticas de los barrios en transición de nuestras ciudades, aumentando la visibilidad de sus condiciones de infravivienda, discriminación social y económica; y haciendo más patente la urgencia de solucionar estos déficits de nuestra sociedad. Pero solo se puede hablar de la formación de algunos guetos en las áreas rurales donde los obreros del campo se concentran, invisibles, lejos de los servicios.

Los efectos de la inmigración en el mercado inmobiliario

El primer efecto de la llegada de inmigrantes sobre el mercado inmobiliario es un fuerte incremento de la demanda urgente de habitación que provoca un acentuado incremento de los precios y una saturación de la oferta de viviendas baratas. Este alza de los precios afectará más a los barrios obreros y las áreas urbanas en transición, incrementándose el precio de las viviendas más humildes por encima de la media, ya que los inmigrantes pasan a competir con las clases obreras autóctonas por las viviendas y los barrios baratos.

Al mismo tiempo, la inmigración posibilita la ocupación delasviviendas obsoletas, antes vacías, porque su urgente necesidad de habitación les obliga a aceptar cualquier tipo de condición. El alquiler a los inmigrantes de esta vivienda en decadencia representa grandes ventajas para los propietarios que obtienen beneficio por una mercancía en cuya conservación no gastan nada. Hasta ese momento, estas viviendas se encontrarían fuera del mercado porque los nativos no estarían dispuestos a pagar para vivir en ellas, pero, gracias a la inmigración, siguen produciendo beneficios a sus propietarios sin ningún tipo de gasto o inversión.

La primera opción de los recién llegados solventes es el alquiler de una habitación y si es posible de un piso. Pero, el alquiler de las viviendas a los inmigrantes dentro de la zona de transición de las grandes ciudades representa un submercado aislado y estanco. Los arrendatarios no pueden ir a otros sitios porque no les alquilan otros pisos, algunas veces por discriminación racial, pero la mayoría por no poseer avales o por trabajar en precario o por no tener papeles. Y los propietarios no pueden atraer a los nativos sin invertir en las viviendas que son ocupadas por inmigrantes a precios que nunca serían aceptados por los nativos, bien porque su estado es tan lamentable que nadie las alquilaría a no ser que se remodelasen o bien porque son irremodelables. Este mercado está en manos de minoristas y prácticamente nunca son grandes compañías las que alquilan vivienda a los inmigrantes. Es mayoritario el contrato directo, ahorrándose la comisión de las agencias, o la ausencia de contrato por falta de papeles, lo que supone una fuerte coerción a la hora de cobrar el alquiler cuando es necesario.

Por todos es conocida la escasa agilidad del mercado inmobiliario a la hora de dar respuesta a un brusco incremento de la oferta. Éste necesita varios años para incrementar su ritmo de producción, por lo que el aumento de la inmigración siempre ha producido problemas de habitación en las ciudades, que se han resuelto siempre transitoriamente mediante las mismas estrategias: hacinamiento e infravivienda. No obstante, en la anterior oleada inmigratoria que sufrieron las ciudades españolas, desde los años cincuenta a principios de los setenta, la respuesta de la oferta fue la construcción masiva de vivienda obrera. En cambio, paradójicamente, en la última década ha descendido la construcción de vivienda social y se ha acelerado la promoción de vivienda de renta libre.

La actual respuesta de la oferta tiene mucho que ver con la teoría enunciada en 1949 por Ratcliff sobre el filtrado inmobiliario. Ésta indica que "cuando se crea una vivienda nueva, un hogar se desplaza, liberando una vivienda usada que puede ser una alternativa para un hogar existente o en proyecto". Según esta teoría, las viviendas reducen su calidad y su valor a medida que envejecen. Así, las viviendas caras introducidas en la parte más alta del mercado, descienden a medida que pasa el tiempo. El mercado, por tanto, tiene capacidad para solucionar el problema de la vivienda de las rentas bajas de la sociedad, si se introducen viviendas para las clases altas, pues se iniciaran cadenas de vacantes, mediante la construcción, subdivisión o conversión de usos no residenciales en residenciales o por la desaparición del anterior ocupante (defunción, compartir vivienda, emigración), que finalizaran con la absorción por el mercado de un nuevo hogar o la desaparición de una vivienda obsoleta por demolición. Las vacantes se desplazan de una vivienda a otra hasta que las familias fuera del sistema las absorben o hasta que se abandonan las viviendas de menor calidad, eliminándolas del sistema. En este modelo, denominado fitrado hacia abajo, se supone que hay un traspaso de renta hacia las clases más desfavorecidas que se benefician de la depreciación de una renta ya consolidada.

 
Figura 2. Teoría del filtrado y cadena de vacantes.
Fuente: Elaboración propia
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Pero en la realidad, sobre todo en aquellos periodos de fuerte inmigración, el filtrado no funciona. Es tan elevada la presión de la demanda sobre la escasa oferta inmobiliaria que el vendedor puede solicitar un precio por una vivienda usada semejante al de una vivienda nueva, aprovechándose de la necesidad de vivienda de las personas fuera del mercado. Es común, como ya hemos visto, que se consigan elevadas rentas por infraviviendas, por habitaciones e incluso por barracas; lo que finalmente provoca un filtrado de renta hacia arriba. Las rentas conseguidas, en el teórico final de la cadena de vacantes, al alquilar de forma abusiva viviendas obsoletas en zonas de transición a inmigrantes, permite a sus propietarios la compra de viviendas nuevas en áreas de mayor prestigio.

De esta manera, como denuncia, Jaume Botey se puede sostener que "el gran negocio inmobiliario se ha realizado a expensas de los inmigrantes"[7]

Similitudes y diferencias entre la inmigración actual y la inmigración de los 60

En todas y cada una de las sucesivas oleadas inmigratorias se ha demostrado que la condición de inmigrante es un handicap para acceder a una vivienda. El recién llegado siempre está en peores condiciones que el autóctono: posee una urgencia mayor y menos información. Al mismo tiempo, la masiva llegada de inmigrantes supone un claro impulso para el mercado inmobiliario y un beneficio para cualquiera que pueda poner en circulación unidades de alojamiento, por muy precarias que éstas sean. Así, los barrios en transición, las casas desocupadas vuelven a producir rentas que benefician a la población autóctona. La venta de suelo o viviendas en las áreas marginales o periféricas a los inmigrantes refuerza el precio por comparación y refuerza la centralidad y la imagen de las áreas centrales que solo ocupan los nativos enriqueciéndolos. Y además, lo que es más importante, esta discriminación se mantiene durante años e, incluso, durante generaciones. El inmigrante adquiere, en el mejor de los casos, su vivienda en un barrio periférico, inicialmente infradotado en equipamientos y en infraestructura, socialmente homogéneo, donde el poder adquisitivo de la población está varios puntos por debajo del de los barrios de población mayoritariamente nativa. Y en éstos la movilidad socio-espacial, su traslado a barrios más céntricos depende del éxito de su proyecto inmigratorio, del que normalmente disfrutan la segunda generación y solo a veces.
 
Existen más similitudes que diferencias entre el acceso a la vivienda de las poblaciones inmigrantes en las sucesivas oleadas. Los inmigrantes de los años sesenta también sufrieron las restricciones del mercado de la vivienda en un momento en que la escasez de vivienda era extrema, tanto o más que en la actualidad; pero el porcentaje de recién llegados fue superior, lo que provocó la proliferación de barrios de chabolas. Las estrategias de migración en cadena, cabezas de puente, vivir de patrona, hacinamiento, pisos lanzaderas, etc. fueron las mismas y, aunque en menor medida, también sufrieron el rechazo provocado por el racismo. La localización de la vivienda del inmigrante ha sido y es siempre marginal o periférica, mientras que la población autóctona mantiene su posición de privilegio en los barrios altos de la ciudad. En Barcelona, el Eixample o Sarria-Sant Gervasi para la burguesía, pero también Gràcia y en menor grado Sants y Sant Andreu para las clases obreras autóctonas.

En este sentido, a Cataluña, entre 1996 y 2001, han llegado ochenta mil personas anuales por emigración. Una cifra que no alcanza las cien mil personas anuales que se acogieron durante los años sesenta y setenta. Y además, mientras que en aquellas décadas los inmigrantes se concentraron masivamente en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, en la actualidad, aunque la región metropolitana mantiene su preeminencia, la emigración se ha repartido más por el conjunto del territorio, alcanzando incluso las áreas rurales muy necesitadas de mano de obra de baja cualificación.

Las diferencias básicas entre las dificultades de acceso a la vivienda entre los inmigrantes actuales y los llegados a las ciudades españolas con anterioridad son:

1.Legalidad. Es cierto, que en la actualidad un gran número de inmigrantes tienen una dificultad añadida debido a su "ilegalidad" o ausencia de papeles que les mantiene en continuo riesgo de ser deportados a su lugar de origen. Pero esta situación ya se había dado en España, incluso con la población nacional. Durante la postguerra y hasta el año 1947 existió la orden de arraigo que prohibía los desplazamientos desde las áreas rurales a las ciudades. En este periodo los inmigrantes indocumentados, sin trabajo o sin habitación eran devueltos a su lugar de origen o detenidos y encerrados.

2.Igualdad, conocimiento del idioma y de la cultura. En la actualidad el origen de los inmigrantes se ha multiplicado, si bien es cierto que a las ciudades españolas llegan muchos iberamericanos que comparten el conocimiento de la lengua castellana y la cultura, también llegan de otros países con grandes dificultades idiomáticas y culturales. No obstante, los inmigrantes de origen español llegados en las décadas de los años 20, 60 o 70 fueron vistos como los “otros” que debían integrarse puliendo su tosca cultura rural y sus modismos folklóricos. Una situación más acentuada en las ciudades catalanas o vascas donde el idioma refuerza la identidad y la "otredad".

3.En las anteriores oleadas comúnmente los inmigrantes tenían un origen agrario y destino urbano, con dificultades para la adaptación a sus rutinas. En la actualidad muchos inmigrantes son ocupados en el campo carente de mano de obra, donde la invisibilidad permite una mayor explotación.

4.En la actualidad los extranjeros tienen dificultades en adquirir viviendas de protección oficial, porque la ley permite el acceso a los concursos a la población con residencia y no a los ilegales, lo que provoca una doble discriminación: económica y racial o de origen.

No obstante, la principal diferencia estriba en como la sociedad en su conjunto ha encarado la solución del colapso del mercado de la vivienda provocado por la masiva llegada de población inmigrada.

En los años veinte y en los años sesenta, la población después de saturar las opciones de habitación en las áreas de transición de la ciudad (en Barcelona, el Raval y la Barceloneta) ocuparon diversas áreas periféricas mediante el barraquismo y la autoconstrucción. En Barcelona, los barrios históricos de barracas de Montjuic, Somorrostro, Camp de la Bota, la Perona, el Carmel, etcétera llegaron a sumar más de 12.000 infraviviendas, sin contar otros múltiples alojamientos de autoconstrucción que llegaron a formar barrios completos como Torre Barò.

En la actualidad la estrategia de la autoconstrucción como solución a las necesidades de vivienda de la población recién llegada es negada. La autoconstrucción fue una salida para los inmigrantes nacionales llegados a las ciudades durante todo el siglo hasta los años sesenta. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de levantar su propia vivienda a partir de ocupaciones ilegales de fincas privadas, o mayoritariamente públicas. Pero a partir de los años setenta ha habido una fuerte lucha contra la proliferación de barracas, con la consiguiente prohibición de la autoconstrucción.

Pero las administraciones públicas, ya en los años veinte, y sobre todo en los años cincuenta, sesenta y setenta realizó una intensa política de vivienda encaminada a facilitar un alojamiento a toda la población que inmigraba a las ciudades españolas. Los inmigrantes llegados a Barcelona fueron alojados en viviendas de nueva construcción promovida mediante grupos y polígonos de vivienda social tanto de promoción pública (Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional de la Vivienda, Gobierno Cívil, Patronato Municipal de la Vivienda) como semipública o privada. Aunque una buena parte de estas viviendas, algunas de ellas construidas con carácter de urgencia han sido consideradas barraquismo vertical bien por su deficiente calidad constructiva, su dimensiones reducidas o por la faltas graves de equipamiento[8].

La formación de estos barrios constituyó un importante avance en la solución de la provisión de vivienda barata para la población inmigrante en momentos de urgente necesidad. Y en la actualidad la administración a rehuido en gran medida esta responsabilidad, por lo que el acceso a la vivienda para los recién llegados hoy es muy complejo.

No obstante, estos barrios de vivienda social homogéneos pueden convertirse en lugares de marginación social, de los que la falta de ingresos puede dificultar la anhelada salida; provocándose la permanencia de la marginalidad de los inmigrantes. Así, es manifiesto que numerosos barrios del área metropolitana de Barcelona mantienen su original especialización demográfica en función del lugar de nacimiento, poniendo de manifiesto, las dificultades del éxito del proyecto migratorio por la impermeabilidad de la sociedad de acogida.

En definitiva, en la actualidad las administraciones públicas, a pesar de lo estentóreo de su discurso, no ha iniciado medidas encaminadas a minimizar el colapso del mercado inmobiliario provocado por la nueva oleada inmigratoria. No hay promoción pública de vivienda suficiente. Y las distintas administraciones contemplan impávidas como crece el negocio de la especulación inmobiliaria a expensas de los recién llegados y de los jóvenes inmigrantes de segunda generación, si no es que participan de él.

 
Figura 3. Secuencia de mejora de alojamiento de los inmigrantes.
Fuente: Elaboración propia
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Pero a pesar de la ausencia de respuesta de las administraciones ante esta problemática, como se sintetiza en la figura dos, existe un proceso autónomo de mejora de las condiciones de trabajo y vivienda que se ha repetido en las suscesivas oleadas de inmigración que genera expectativas de integración para un grupo creciente de inmigrantes extracomunitarios.

No obstante, es necesario que las administraciones den un nuevo impulso a la promoción pública de vivienda, construyendo de forma masiva con la intención de provocar una verdadera reducción de los precios en el mercado. Pero intentando aprender de los errores cometidos en los años sesenta y setenta. Es decir, evitando la ausencia de equipamientos y concectabilidad que tuvieron los polígonos de viviendas públicas de esa época.

Políticas de vivienda. Soluciones planteadas y teóricas

La labor básica de la administración pública en este ámbito debe ser la búsqueda de soluciones operativas capaces de solventar los problemas a todos los colectivos con problemas en el acceso a una vivienda o su mantenimiento, que contemplen también a las personas que desean iniciar su vida independiente. No obstante, la dificultad de los autóctonos para acceder a una vivienda que cumpla con sus expectativas no debe excluir el problema de los inmigrantes. Esta premisa aparentemente simple ha sido olvidada en todos los Planes de Vivienda redactados por las administraciones hasta el día de hoy. Las ayudas a la compra de vivienda suelen estar destinadas a la población solvente, mientras que la población con mayores dificultades económicas queda excluida de las políticas que se financian con el dinero público.

En España, un alto porcentaje de la población tiene dificultades para el acceso a una vivienda. El elevado precio de las viviendas, o si bien no, el divorcio entre los precios ofertados y la capacidad de compra de la población, ha provocado tres fenómenos preocupantes: el retraso en la edad de emancipación, el aumento de las familias que han de destinar más del treinta y tres por ciento de sus ingresos al pago de su vivienda y el hacinamiento de los más de dos millones de inmigrantes que han llegado a España en la última década. Es una situación preocupante que necesita de la urgente intervención de las administraciones, si no se quiere contemplar como aumenta el número de desahucios y de personas sin techo en nuestro país.

Pero hasta el momento, las políticas públicas de vivienda que han aplicado las administraciones han tenido una nula incidencia a la hora de facilitar el acceso a las clases más desfavorecidas. Las recetas empleadas (subvenciones a la compra, tipos de interés subvencionados, subvención a la promoción y liberalización del suelo urbano) han demostrado reiteradamente su ineficiencia, si el objetivo final de estas políticas es abaratar el precio medio de la vivienda.

Además, en un país donde el consumidor, siempre que puede, opta por una vivienda en propiedad, la política de vivienda ha olvidado el alquiler. Ni los promotores privados, ni la administración quieren tener viviendas de alquiler. Debido a que vender viviendas significa construir y vender; mientras que alquilar, significa, además, administrar durante años las viviendas. Y los inquilinos provocan problemas a los responsables políticos: algunos no pagan, otros no mantienen las viviendas en buen estado, todos se quejan, ... no es una labor política gratificante, aunque sea en España, país con la tasa de vivienda de alquiler más baja de Europa, sea necesaria.

En este contexto, es necesario un pacto global entre todas las administraciones implicadas que permita una profunda reorientación de la política de vivienda, cuyas medidas estén encaminadas, por fin, a la resolución del acceso a la vivienda a la población con mayores dificultades y no a la subvención de su compra a las clases medias. En este sentido es necesario el impulso de medidas fiscales, urbanísticas y de promoción directa de viviendas; como las que citamos:

Erradicación del chabolismo con programas de realojamiento; aunque este problema no sea rentable ni económica y ni políticamente.

Construcción masiva de viviendas de alquiler.

Construcción de VPO en régimen especial, solventando los déficits de los planes de vivienda realizados hasta la actualidad.

Construcción de vivienda por las administraciones públicas, para salvar la situación de constante déficit de oferta que mantiene el trust de los promotores para garantizarse precios elevados que incrementen los beneficios de su negocio.

Actuación sobre las viviendas en mal estado, dentro de programas de rehabilitación con finalidad social.

Creación de bolsas de viviendas en alquiler mediante la intermediación municipal.

Implantación de medidas fiscales punitivas destinadas a potenciar la salida al mercado de parte del gran número de viviendas vacías existentes en nuestro país[9].

Incentivos fiscales para los propietarios que alquilen pisos a familias que dependan de programas de apoyo al acceso a la vivienda.

Incentivos fiscales al alquiler que solventen la actual discriminación en la que sólo se prima fiscalmente la compra de vivienda.

Todas esta medidas deben tener en consideración las necesidades diferenciadas de las personas solas y las familias, así como las propias de los colectivos con especificidades ya citados. En este sentido es necesario desarrollar las medidas necesarias para la equiparación de los inmigrantes en condiciones de igualdad con el resto de la población; para lo que es totalmente necesario la eliminación de las cláusulas de adjudicación de viviendas protegidas que hacen referencia al lugar de nacimiento de los candidatos y la proliferación de políticas positivas y específicas dentro de la política global de normalización del acceso a la vivienda.

No obstante, aunque la idea general es la consideración del inmigrante como un ciudadano de pleno derecho, la grave situación actual reclama de la articulación de un conjunto de medidas específicas de choque para mejorar las condiciones actuales de vivienda de la población inmigrante que respondan a los problemas más urgentes de la población recién llegada. Estas medidas son:

Promoción de residencias y albergues de acogida, destinados a personas sin techo, población de paso o transeunte. Una medida eficiente que evita la proliferación del chabolismo y permite la canalización hacia situaciones normalizadas impidiendo los abusos inmobiliarios.

Desarrollo de oficinas de mediación para facilitar el acceso a la vivienda que ofrezcan servicio de traducción, guía en el mercado, asesoramiento en los trámites, información-educación a los propietarios e inquilinos y que gestionen bolsas de viviendas de alquiler social.

Realojo en antiguas viviendas de alquiler público, siempre que se impidan los procesos en los que al cabo de poco tiempo toda la población residente es inmigrante (como ocurrió en el barcelonés barrio de la Mina a principios de los ochenta) para evitar que toda la población sea incapaz de pagar los costes de las viviendas y evitar su degradación.

Imposición a los empresarios agrícolas de la obligación de ofertar alojamientos temporales dignos para los trabajadores temporales del campo.

Como hemos dicho las políticas destinadas a la población recién llegada debe engarzarse delicadamente en la política de vivienda general dada la existencia de otros colectivos nacionales con graves dificultades para el acceso a una vivienda. Y, por tanto, se deben evitar los agravios comparativos que podrían atizar la xenofobia.

Conclusión

En el actual marco neoliberal de evidente desconstrucción del Estado del Bienestar, las políticas sociales y, entre ellas, las de vivienda se han ido reduciendo. En este sentido, la consolidación del derecho constitucional a una vivienda digna ha quedado en manos de los mecanismos reguladores del mercado y, consecuente, son cada vez más las familias que tienen dificultades para mantener su vivienda. Por que fuera de los tópicos "el precio de la vivienda viene fijado por dos cifras: por debajo, el límite máximo de hipoteca que pueda llegar a pagar una familia, y por arriba, el precio que están dispuestos a pagar los inversores en las promociones de una cierta calidad"[10] con fines especulativos.

Las políticas de viviendas basadas en la subvención de la compra a la población solvente y la liberalización del suelo han sido un fracaso total, pues no han sido capaces de rebajar los precios en un periodo de estabilidad demográfica y mucho menos en los últimos años en el que el incremento de la población por una nueva oleada inmigratoria ha tensado la relación entre la demanda y la oferta de vivienda hasta unos límites insostenibles. Lo que ha provocado no sólo un retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, o un altísimo nivel de hacinamiento en los hogares de los recién llegados, sino crecientes problemas para el pago del mantenimiento del hogar en muchas unidades familiares.

De este modo, si se quiere evitar un incremento preocupante de los desahucios y del malestar ciudadano general, es necesario un pacto institucional por la vivienda, que impulse la construcción de vivienda pública promovida directamente por las administraciones para solucionar el déficit habitacional actual que sólo está enriqueciendo a promotores, constructores y especuladores. No hago referencia a una solución revolucionaria, sólo es necesario recordar y mejorar las actuaciones llevadas a cabo por la administración durante la anterior oleada inmigratoria.
 

Notas

[1]En Cataluña el 88,7% de la población tiene un salario inferior o igual a 3,5 veces el S.M.I , requisito teórico necesario para beneficiarse de algún tipo de ayuda por acceso a la vivienda.
 
[2]En España en la actualidad existen varios tipos de viviendas subvencionadas. En el cuadro adjunto se detallan los ingresos máximos exigidos para optar a cada tipo y los precios máximos de estas viviendas.
   
Régimen especial
Régimen General
Precio Taxado
Ingresos máximos
 
2,5 x SMI
3,5 x SMI
3,5 x SMI
Superfície máxima
1r acceso
70 m2
70 m2
70 m2
 
general
90m2
90m2
90m2
Precios máximos de venta
Zona A:PM x 1,22
Zona A:PM x 1,46
Zona A:PM x 1,85
   
Zona B:PM x 1,04
Zona B:PM x 1,25
Zona B:PM x 1,70
   
Zona C:PM x 1,00
Zona C:PM x 1,20
Zona C:PM x 1,50
   
Zona D:PM x 0,90
Zona D:PM x 1,10
Zona D:PM x 1,40
SMI= Salario mínimo interprofesional; PM= Precio máximo; Zona A,B,C,D= zonificación en función de la densidad de población de cada municipio.
 
[3] Según el Ayuntamiento de Barcelona, Moviment Migratori del 1991 al 1996 a la ciutat de Barcelona i els seus districtes.
 
[4]Ubaldo Martínez Veiga, Pobreza, segregación y exclusión social. La vivienda de los inmigrantes extranjeros en España. Pág. 14.
 
[5] En la siguiente distribución de las viviendas principales según superficie útil de la ciudad de l’Hospitalet se puede apreciar como una gran parte de la población obrera autóctona vive en pisos minúsculos.
Total
<30m2 
31-60m2
61-90m2
91-120m2
121-150m2
151-180m2
>181m2
85776
279
29416
46728
8550
488
156
159
Fuente: Censo de viviendas, 1991.
 
[6] Como nos recuerda David Harvey enUrbanismo y desigualdad social. Ed. Siglo XXI, 1989.
 
[7] Jaume Botey. La incorporació social i política dels immigrants del anys seixanta. L'Avenç, nº 277 pag.44
 
[8] Mercè Tatjer. L'ampliaciò del camp migratori català.  L'Avenç, n° 277.
 
[9]Según el Censo 2001 las viviendas vacías en toda España casi duplican el número de viviendas de alquiler (1.615.911), aunque es una cifra que debe matizarse por localización y uso real.
 
[10] Josep María Montaner: La vivienda ¿problema o espectáculo?. El País, 19 de marzo de 2003.

 

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Ficha bibliográfica:
ALGABA, A. La discriminación en el acceso al mercado de la vivienda: las desventajas de la inmigración. Novedades y permanencias. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(060). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(060).htm> [ISSN: 1138-9788]

 
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