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Índice de Scripta Nova

Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. VII, núm. 146(112), 1 de agosto de 2003

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN LAS CIUDADES DE EL SALVADOR Y CATÁSTROFES NATURALES

Miguel Panadero Moya
Francisco Cebrián Abellán
Universidad de Castilla-La ManchA


Estrategias de desarrollo de la vivienda en las ciudades de El Salvador y catátrofes naturales (Resumen)

La política de vivienda en El Salvador en la segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado siguiendo el mismo modelo establecido en el resto de los países de su entorno cultural en esos momentos. En todos ellos se trataba de dar respuesta a un acelerado crecimiento demográfico que también apareció con un comportamiento similar en toda América Latina. Sin embargo, en este marco general, las características físicas del territorio salvadoreño introducen un factor perturbador de la dinámica social debido a la aparición de movimientos sísmicos y de violentas tormentas tropicales recurrentes. Estos fenómenos, de los que son ejemplo los terremotos de los últimos años o el reciente huracán Mitch, originan catástrofes naturales que dificultan la aplicación ordinaria de programas integrales de desarrollo humano, en los que se incluyen las políticas de vivienda, que son diseñados para dar respuesta a las necesidades sociales del país.

Palabras clave: Latinoamérica, El Salvador, urbanización.

Housing development strategies in El Salvador cities and natural disasters (Abstract)

Housing politics in El Salvador during de second half of the 20th Century has developed according to the model established within the rest of his cultural neighbors in that given time. There was a similar population explosion all over Latin America that had to be faced by every country. However, in this general scenario, the physical structure of the Salvadoran land reveals itself as a determining factor for the social dynamics, due to seismic movements and fiery tropical storms. These phenomena, as the last years-earthquakes and hurricane Mitch, cause natural disasters that make quite difficult to design integral programs for human development, housing politics included, designed as an answer for the social necessities of the country.

Key works: Latinoamérica, El Salvador, urban planning.

Los métodos de provisión de vivienda en los distintos países de América Latina durante las últimas cuatro décadas han proporcionado innumerables ocasiones para que los investigadores sociales analicen sus variadas manifestaciones como un importante caso particular dentro del proceso de urbanización. Un registro preliminar de los principales autores interesados en estos temas, que aparecen en los repertorios bibliográficos sobre las características del sistema intraurbano y las consecuencias del crecimiento de las ciudades en esta etapa, en particular sobre el problema de las necesidades de vivienda y la respuesta social a esa demanda, permite anotar las aportaciones de una extensa relación de investigadores latinoamericanos y de algunos otros latinoamericanistas europeos y norteamericanos (Panadero, 2001, 2.1) [1].

Las necesidades de vivienda de la población latinoamericana, un objeto de estudio de larga tradición

Los índices de varias acreditadas revistas científicas que durante ese periodo se han interesado por esas cuestiones (Revista Interamericana de Planificación, S.I.A.P., Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, EURE., Revista Mexicana de Sociología, Comercio Exterior, Latin American Urban Research, Estudios Andinos, Espaço e Debates, etc.), que tuvieron, y muchas de ellas siguen teniendo, amplia difusión, proporcionan repetidos ejemplos del interés de la comunidad científica internacional por estos problemas.

Una revisión de sus contenidos muestra los cambios de orientación de las políticas de vivienda aplicadas en Latinoamérica, para tratar de solucionar lo que ha sido uno de los problemas sociales más importantes de sus ciudades durante toda la segunda mitad del siglo XX: los asentamientos precarios. En este término se incluyen los diferentes modelos de urbanización espontánea desarrollados por los pobladores más pobres de las urbes de América Latina durante una etapa en la que los movimientos migratorios procedentes de las áreas rurales y el fuerte crecimiento vegetativo impulsaba un igualmente vertiginoso proceso de urbanización de la población en todos sus países.

Las primeras intervenciones orientadas a solucionar esos problemas fueron desarrolladas directamente por los gobiernos de cada país contando generalmente con el apoyo de organismos internacionales interesados en este fenómeno. Los primeros estudios institucionales sobre la vivienda en América Latina[2], publicados en Ginebra (O.I.T., 1952), tuvieron un amplio desarrollo en la segunda mitad de los años sesenta y primera de los setenta, con repercusiones en Europa y Norteamérica (Koth y Dietz, 1965; Matos Mar, 1967; Harris y Hosse, 1963; Mangin, 1967 y 1968)[3], y sobre todo, en algunas universidades y centros de investigación de las principales ciudades latinoamericanas: en Santiago de Chile (Elizaga, 1968; Bellalta, 1975)[4]; en Río de Janeiro (Leeds, 1969)[5]; en Caracas (Leeds, 1972 y Utria, 1969)[6]; en Lima (Matos Mar, 1968, y Rodríguez, 1969)[7]; y en México (Amato, 1969, y Turner, 1975)[8].

Fernández Wagner (2003) ha resumido con sencillez los mecanismos utilizados en aquellos momentos para aplicar unas políticas de vivienda pioneras, que estaban basadas en programas de financiación de la oferta, y que consistían "en desalojar la población y "pasar la topadora" a las construcciones populares, para reemplazarlas por viviendas "modernas", agrupadas en conjuntos habitacionales, realizadas por grandes empresas constructoras y entregadas llave-en-mano". Estas acciones, necesariamente limitadas en el tiempo y el espacio, debido a su aparatosidad y sus elevados costes económicos y sociales, se revelaron bien pronto insuficientes, inspirando numerosos análisis del proceso y de sus controvertidos resultados. En ellos se podía constatar que la capacidad e inventiva de la población de escasos recursos para dar una respuesta a sus necesidades de vivienda constituía una contribución más importante que la proporcionada por las instituciones.

El mismo autor citado se refiere más adelante a una segunda generación de políticas de vivienda, reconocidas como "alternativas", que serían aplicadas después de la Conferencia Habitat I (1976) en sintonía con las recomendaciones formuladas en esos momentos por los organismos financieros internacionales. Frente a los grandes proyectos acabados de la etapa anterior, en esta fase, a partir de la segunda mitad de los setenta, se diseñó la estrategia de proporcionar "lotes con servicios", propiciando la implicación de los pobladores en el proceso de gestión y construcción de sus propias barriadas (Fernández Wagner, 2003). Este modelo se desarrolló a continuación durante toda la década siguiente, difundiéndose por las periferias de las principales ciudades de América Latina, sin que por ello dejaran de proseguir las mismas intervenciones estatales en gran escala.

Sin embargo, a pesar de la duplicidad de acciones, esas actuaciones seguían siendo reconocidas como insuficientes para cubrir las inagotables necesidades de vivienda alimentadas por el incesante crecimiento demográfico. De ahí que, junto a esas estrategias, aparecieran también en los años ochenta algunas iniciativas de los gobiernos locales y otras organizaciones sociales, con nuevas propuestas orientadas a mitigar las carencias de vivienda en sus comunas. Las aportaciones de los investigadores, académicos y técnicos de organismos internacionales, al análisis y caracterización de la situación de esta demanda social en cada uno de los países latinoamericanos en esos momentos fueron tan numerosas como clarificadoras de cómo era la realidad en que se desenvolvía la región (Panadero Moya, 2001).

Los estudios aplicados a los países andinos tuvieron un gran desarrollo. Sobre la situación del problema de la vivienda en Perú y las respuestas implementadas por sus habitantes destacan los trabajos de Matos Mar (1977), Collier (1972 y 1973), Robles Rivas (1972), Henry (1976,1977 y 1978), Osterling (1982), Riofrío (1983), y Bähr y Klückmann (1985)[9]. En Ecuador sobresalen las aportaciones del Centro de Investigaciones CIUDAD (1980 y 1982), y de Pradilla Cobos (1976, 1982 y 1983)[10]. En Colombia, las de Valenzuela y Vernez (1974), Bender (1978), y Molina (1979)[11]. Y, finalmente, en Venezuela, las de Lovera (1983), y Pereira (1979)[12].

La preocupación por la situación de la vivienda en los países del cono sur latinoamericano en esta etapa está contemplada en los trabajos sobre sus principales ciudades; sobre Chile y Argentina lo hicieron Urrutia (1972), Pumarino (1973), Santa María (1973), Ramón (1978), Benavides (1983), Valdez (1983), Brown (1978) y, sobre todo, Hardoy (1976)[13]. El problema de las viviendas de la población de bajos ingresos en Brasil fue tratado por M. Santos en diversas ocasiones y especialmente (1979) en Pobreza urbana, y (1982) Ensaios sobre a urbanizaçâo latinoamericana; otros autores que analizaron la misma temática fueron Portes (1979), Valladares (1981 y 1983), Netto Azevedo (1982), Bonduki (1982) y Castro (1983)[14].

Sobre las actuaciones del Estado en México para solucionar el déficit de vivienda de su población en esta etapa se encuentran los trabajos de Silva Herzog (1972, y 1977), Mabogunge (1976), los de Hardoy, Morse y Schaedel (1978), Ferras (1977), Schteingart (1981 y 1984), y los de Ziccardi (1983), Jaramillo (1983), y Nolasco (1984)[15]. Finalmente, los países del istmo centroamericano, tampoco han quedado al margen de la preocupación de los investigadores sociales. La situación del problema de la vivienda en esta región fue estudiada por Harris (1964), Tefel (1978), Pachner (1977), y Sormani (1977), en Honduras, Nicaragua y Costa Rica; y por último, por Salegio (1971), sobre la vivienda en El Salvador[16], de cuya evolución posterior durante los últimos años del siglo XX tratamos en este artículo.

Estrategias de la administración pública para hacer frente a las necesidades de vivienda en la década de los noventa

Las iniciativas de reforma del Estado, que se extendieron profusamente por toda América Latina durante la década final del siglo XX, estaban inspiradas en los principios del neoliberalismo imperante. Sus ideas motrices impregnaron también las modalidades de políticas de vivienda que serían impulsadas por los gobiernos de cada uno de sus países en esta nueva etapa. Las recomendaciones del Banco Mundial, que defendían la desregulación de la actividad económica, asignaban al Estado el papel de "facilitadores" del mercado de la vivienda. Para Naciones Unidas esta función incluía también una actitud decidida a favor de la sustentabilidad de los procesos espontáneos.

Fernández Wagner, en la presentación del interesante foro de Urbared desarrollado bajo su coordinación (2003a) advierte que este discurso impregnó por completo el diseño de todas las estrategias de la administración latinoamericana en estos momentos; pero también que, en la realidad, ese papel no pudo ser desempeñado en todos los casos, y que coexistieron programas que se debían calificar como híbridos "... focalizados pero siguiendo las viejas prácticas clientelares, en un contexto... de privatización de los servicios habitacionales de infraestructura y de una progresiva imposibilidad de alcanzar a los sectores más pobres" .

La cultura del comportamiento ecléctico, que llegaba en estos años finiseculares en el bagaje de la postmodernidad, no pasó de largo frente a las iniciativas de provisión de vivienda. La pluralidad de actores y de enfoques se mostró entonces, en esta cuestión también, como la mejor forma de adaptarse a los condicionantes sociales, políticos y económicos, de la realidad de su tiempo. Los contenidos de la agenda urbana para los '90 del Banco Mundial (1991), que planteaba la ejecución de programas para incrementar la productividad urbana, el equilibrio ambiental de las ciudades y el alivio de la pobreza, son muy representativos del pensamiento económico y social emergente en esta etapa. Inspiradas en él, la competencia y emulación se extendió ahora entre las ciudades centrales de toda América Latina, tanto por las áreas metropolitanas y megaciudades como por las urbes medianas y pequeñas, con la aplicación de estas propuestas. Pero en este abanico de estrategias, las que tratan de mejorar la condición de la población más pobre, que está directamente relacionada con el problema de la reproducción de los asentamientos irregulares y la insuficiencia de vivienda, debían merecer una especial atención, pues su existencia constituía y constituye un factor limitante de cualquier proyecto de desarrollo urbano.

De todas las iniciativas, parece que la dedicada a acciones de "mejoramiento barrial" era la que respondía con mayor consistencia a los requerimientos del ajuste estructural, el desarrollo de las privatizaciones, a las posibilidades de la apertura económica y a la consolidación de regímenes democráticos, que eran las preocupaciones esenciales de esta etapa. La formulación de los diversos programas de mejoramiento de barrios que se han aplicado en los cinco últimos años del siglo XX en muchas ciudades latinoamericanas responde a esta línea de pensamiento dominante.

Los programas nacionales y locales de mejoramiento de barrios desarrollados en los últimos años en las principales ciudades de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina, Colombia, etc., son ejemplos de intervenciones urbanas en los asentamientos denominados marginales, precarios, irregulares, etc., que en ellas se habían instalado. En Brasil, los programas Habitar-Brasil, Favela-Barrio, Nova Baixada; en Chile, el Chile-Barrio y el Nacional de Mejoramiento de Barrios; este mismo último nombre lleva también el programa de Argentina y el de Bolivia; el de Uruguay, de Integración de Asentamientos Irregulares; el de Bogotá, Programa de Desmarginalización... Todos ellos responden a una misma idea general que se desarrolla en múltiples objetivos específicos, la prevención y atención integral a la población más vulnerable, la mejora de su calidad de vida, el sentido de pertenencia a su lugar, la confianza en las instituciones, los hábitos de desarrollo comunitario, la mejora del hábitat y la capacitación laboral, etc., que van acompañadas de actuaciones para favorecer la regularización de la propiedad, la oferta de tierras urbanizables y de viviendas de bajo costo, la construcción y mejora de los servicios y equipamientos, la protección ambiental, y un objetivo esencial para asegurar el funcionamiento del sistema económico y social: la gobernabilidad.

Los ejemplos citados son un claro testimonio del desarrollo de políticas de vivienda que promueven acciones que son tratadas como un caso particular dentro de otro conjunto de actuaciones de más amplio alcance; esas actuaciones contemplan el espacio urbano, con sus elementos físicos y humanos, materiales y culturales, insertos en él, como un complejo social que requiere aproximaciones con un enfoque integral. Los organismos internacionales, en el inicio del siglo XXI, promueven el apoyo a los gobiernos locales y nacionales a fin de que puedan realizar la función de mediadores para reducir la pobreza en sus países, con acciones integrales; en ellas se incluye la respuesta a problemas de déficit de vivienda, mediante la concesión de subsidios directos a los más necesitados. Las estrategias del Banco Internacional de Desarrollo, constituyen un ejemplo; anunciaba este organismo como uno de sus objetivos de Desarrollo del Milenio, promover soluciones que ayuden a los municipios en su nueva función de mediadores, a fortalecer su gestión de mejora barrial y legalización de los asentamientos informales (levantamiento catastral, apoyo a sistemas financieros, descentralización mediante la creación de comités de barrio, etc.) con programas guiados por un propósito de enfoque integral.

El caso particular de El Salvador, un país de pequeñas dimensiones con una elevada densidad demográfica

El Salvador, uno de los pequeños países centroamericanos, proporciona la posibilidad de observar como las políticas generales de vivienda aplicadas en América Latina, han tenido que añadir estrategias para superar unas condiciones físicas adversas y evolucionar dentro de un contexto particular, puesto que los riesgos naturales derivados de la inestabilidad geomorfológica y atmosférica han sido determinantes de las acciones programadas por los agentes sociales.

La superficie de El Salvador, más de 21.000 kilómetros cuadrados, es similar a la de la provincia española de Badajoz y algo menor que la Comunidad Valenciana, por señalar unos parámetros españoles conocidos, para facilitar una comparación. En este reducido territorio tiene su residencia, sin embargo, una muy numerosa y todavía creciente población (en el periodo 1995-2000 la tasa de crecimiento fue del 2 % anual), que en los inicios del siglo XXI se eleva por encima de los 6, 5 millones de habitantes. Se distribuyen estos por su país con una densidad media de 309 habs/Km2, cifra que casi cuadruplica la de la población española.

Cuadro 1
El Salvador, población, superficie y densidad por departamento
Departamento

País

Población
Superficie

Km2

Habitantes/ Km2
1992
2002
1992
2002
Ahuachapán
261.188
333.259
1.239
210
268
Santa Ana
458.587
572.625
2.008
228
285
Sonsonate
360.183
471.915
1.225
293
384
Chalatenango
173.320
199.295
1.985
89
100
La Libertad
513.866
722.992
1.652
310
437
San Salvador
1.512.125
2.076.461
886
1.706
2.343
Cuscatlán
178.502
206.852
756
236
273
La Paz
245.915
302.790
1.223
200
247
Cabañas
138.426
154.532
1.103
125
126
San Vicente
143.003
164.967
1.184
120
139
Usulután
310.362
342.053
2.130
145
160
San Miguel
403.411
500.084
2.077
194
240
Morazán
160.146
175.548
1.447
110
121
La Unión
255.565
294.425
2.074
123
141
El Salvador
5.118.599
6.517.798
21.040
243
309
Fuente: Dirección de Estadística y Censo (DIGESTYC) Censo de 1992. Población y vivienda; y Censo de 2002, Unidad de Salud. Elaboración propia.

El territorio de El Salvador está dividido en catorce departamentos que se agrupan en zonas geográficas. En la occidental se encuentran los de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate; en el centro, los departamentos de La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Cabañas y San Vicente; en la zona oriental están los de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Los que poseen una mayor densidad de población, además del que acoge a la capital de la República, San Salvador, con más de dos mil habitantes por kilómetro cuadrado, son los de La Libertad (437) y Sonsonate (384). Los que presentan una población más baja son Chalatenango (100), Morazán (120) y Cabañas (126) (ver cuadro 1).

Para dar alojamiento a esta densa población el país contaba, según el censo de 1992,  con más de un millón cien mil viviendas ocupadas, lo que representaba un promedio de 4,65 habitantes por vivienda. Este índice es ligeramente más bajo en el caso de la población urbana, que corresponde aproximadamente a la mitad de los salvadoreños. La otra mitad, que reside en asentamientos rurales, está compuesta por familias más extensas, y sus viviendas dan cobijo a 5,05 habitantes por unidad. Este último índice es aún más alto en el caso de los departamentos de Cabañas, San Vicente, Chalatenango y Cuscatlán (ver cuadro 2).

Cuadro 2
El Salvador. Densidad habitacional en 1992. Áreas Rural y Urbana
Departamento / país
Población
Viviendas ocupadas
Habitantes / vivienda
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Ahuachapán
58.983
202.205
13.356
39.073
4,42
5,18
Santa Ana
205.214
253.373
49.961
51.276
4,11
4,94
Sonsonate
140.629
219.554
31.300
42.417
4,49
5,18
Chalatenango
60.233
117.087
12.532
21.887
4,81
5,35
La Libertad
220.065
293.801
51.886
58.694
4,24
5,01
San Salvador
1.223.472
288.653
293.594
61.520
4,17
4,69
Cuscatlán
67.330
111.172
14.141
21.179
4,76
5,25
La Paz
91.693
154.222
20.404
30.878
4,49
4,99
Cabañas
42.550
98.876
8.583
17.166
4,96
5,59
San Vicente
60.190
82.813
12.120
15.453
4,97
5,36
Usulután
123.397
186.965
27.868
37.106
4,43
5,04
San Miguel
186.207
217.204
41.691
43.109
4,47
5,04
Morazán
42.664
117.482
8.642
22.738
4,94
5,17
La Unión
59.207
196.358
13.261
39.484
4,46
4,97
El Salvador
2.581.874
2.536.765
599.339
501.980
4,31
5,05
Fuente: Dirección de Estadística y Censo(DIGESTYC) Censo de 1992. Población y vivienda. Elaboración propia.

La distribución de los hogares por zonas y departamentos muestra también las desigualdades internas del país. En las áreas urbanas se registraron 232 viviendas por cada mil habitantes en el último censo oficial, mientras que en las áreas rurales esta tasa se reducía mucho (197 por mil). En algunos departamentos esta desproporción se agravaba; los centros urbanos disponían de un equipamiento habitacional mayor (Santa Ana, 243; San Salvador, 240), y en las zonas rurales atrasadas la dotación de hogares era mucho más escasa (Cabañas, 179; y San Vicente y Chalatenango, 186). En este paisaje urbano se tenía que enfrentar su población con los fuertes movimientos sísmicos y las avenidas producidas por las periódicas tormentas tropicales.

Los desastres naturales recurrentes como factor perturbador

Los desastres naturales han estado tradicionalmente presentes en El Salvador. Su posición entre las placas del Caribe y Cocos hace de este pequeño país uno de los más afectados por catástrofes asociadas a los fenómenos sísmicos, especialmente en su cadena volcánica, en la parte noreste de la cordillera costera y en el sector suroccidental del valle interior salvadoreño. A ello se añade su ubicación latitudinal, situada en el área de circulación de las perturbaciones atmosféricas producidas por la convergencia intertropical, que origina la aparición ocasional de huracanes, procedentes del Golfo de México y formados en el Caribe, cuyos fuertes vientos e intensos aguaceros causan grandes destrozos en las estructuras física y económica de El Salvador. Las consecuencias de estos recurrentes desastres naturales sobre el conjunto de la población y el equipamiento social son también muy notorias.

Se han realizado análisis de la vulnerabilidad territorial, pero su evaluación es muy compleja ya que los intensos efectos de tales fenómenos sobre el sistema socioambiental presentan una difícil cuantificación. Los intentos de evaluación de los impactos sociales de terremotos y huracanes han sido realizados por la propia administración salvadoreña, con el auspicio de CEPAL y de diferentes programas de Naciones Unidas. En sus estudios se han identificado los principales condicionantes de la vulnerabilidad o incapacidad de resistencia y recuperación ante los efectos de amenazas naturales, y a través de esos condicionantes las consecuencias derivadas sobre el conjunto de la sociedad. Los primeros básicamente se pueden sintetizar en cuatro: en primer lugar están los relacionados con el marco físico, y en especial con la ubicación de asentamientos (en enclaves con riesgo sísmico o volcánico, o en zonas expuestas a inundaciones, derrumbes, deslizamientos, etc.), y por las condiciones de calidad constructiva de las viviendas (definidas en muchos casos por la precariedad en las técnicas y en los materiales); en segundo lugar están los factores ecológicos, asociados a la implantación de modelos poco sostenibles en la gestión del entorno; los terceros son los factores económicos, referidos a la dotación y gestión de recursos económicos y, evidentemente, a la disponibilidad salarial de la población (las deficiencias estructurales salvadoreñas limitan la capacidad de resistencia e incrementan su vulnerabilidad); finalmente aparecen factores sociales vinculados a la percepción y respuesta de la sociedad ante las catástrofes naturales (CIDAI)[17]. En estas páginas se presta atención exclusivamente a los condicionantes generales físicos, ecológicos y económicos, y a sus efectos sobre el sector vivienda.

Las últimas dos décadas han sido escenario de trágicos desastres naturales que han perturbado la evolución socioeconómica del país. Huracanes y terremotos han asolado el territorio y han puesto de manifiesto las dificultades de la Administración del Estado para dar respuesta proporcionada a unos fenómenos que son tan impredecibles en su cronología e intensidad. Los terremotos producidos entre 1986 y 2001 han tenido impactos especialmente acusados. Entre uno y otro se han registrado los efectos del Huracán Mitch, que afectó a El Salvador en 1998, después de dejar su particular rastro de destrucción a lo largo de buena parte de la región centroamericana.

El Mitch

El Huracán Mitch devastó El salvador entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 1998. Las estimaciones sobre sus consecuencias en este país apuntan a casi 85.000 damnificados y un número de fallecidos relativamente elevado (240). Las precipitaciones y vientos huracanados provocaron el desbordamiento de los ríos Lempa y Grande de San Miguel; sus cuencas hidrográficas tienen problemas ambientales asociados a una deforestación intensa y a técnicas de cultivo poco adecuadas a la singularidad climática de la zona, circunstancias que hicieron aún más destructivas sus violentas riadas.

El balance del paso del Mitch arrojó una cuenta de pérdidas directas e indirectas evaluadas en 398 millones de US$ (CEPAL). Sus consecuencias se manifestaron en el 40% del territorio nacional, con un impacto negativo sobre todos los sectores productivos, pero en especial sobre los agregados en el sector primario (ganadería, agricultura y pesca). A estos hay que añadir la destrucción de infraestructuras de comunicaciones, y de equipamientos educativos, sanitarios y asistenciales, entre otros. El tránsito del Huracán puso en cuestión la fragilidad económica, social y ambiental del país, y nuevamente fueron los grupos sociales menos favorecidos los que sufrieron de forma más acusada sus consecuencias. La destrucción de viviendas obligó a diseñar acciones para la reubicación de las familias damnificadas en nuevos asentamientos, y el descenso en la renta familiar acentuó la crisis agravando una situación de problemática social aguda.

Los movimientos sísmicos

Entre otros muchos movimientos sísmicos menores (están documentados terremotos desastrosos desde 1594) sobresalen por su violencia y afecciones el de 3 de mayo de 1965, que alcanzó una intensidad de 6,3 en la escala de Richter, el de 10 de octubre 1986 con 5,4 en la escala de Richter, el de 13 de enero de 2001 que alcanzó los 7,6, y el de 13 de febrero, más localizado y de menor incidencia, con 6,6.  Los destructivos efectos de los frecuentes terremotos han sido repetidas veces explicados. Las consecuencias para un país marcado por la dependencia y por niveles de desarrollo bajos han sido en todas las ocasiones muy graves (el PIB en estas fechas se estimaba en 4.300 dólares estadounidenses). Desde el punto de vista humano, el de 1986 dejó 1.500 muertos y 10.000 heridos. En el de 13 de enero de 2001 el balance fue de 844 muertos y 4.723 heridos. En el de 13 de febrero fueron 315  los muertos y 3.300 los heridos.

Pero junto a la tragedia en pérdida de vidas y heridos, la evaluación económica expresa los deterioros y perjuicios materiales en infraestructuras y equipamientos, sobre las viviendas y en las actividades productivas. El terremoto de 1986 supuso un cambio brusco en el crecimiento económico nacional, ya que mientras en 1985 el país creció a un ritmo del 2%, en 1986, y por efecto del terremoto, lo hizo tan sólo en el 0,6%. En el caso específico de la ciudad de San Salvador los efectos de pérdidas en PNB en 1986 se estimaron en el 31% (Bommer, 1996)[18].

Los costos totales del terremoto de 13 de enero de 2001 se evaluaron en 956,5 millones de US $, lo que supuso el 7,6% del PIB del 2001; si se suman los efectos económicos sobre el resto de los sectores productivos, su incidencia alcanzó el 14% del PIB. En el caso del terremoto del 13 de febrero la estimación apunta a daños menores (348,5 millones de US $). No obstante, considerada de forma agregada la afección de los dos terremotos en el año 2001, y evaluando solamente los daños directos, supuso una caída en el 12% del PIB nacional (CIDAI)[19]. La evaluación de los costos de la reconstrucción, para el de febrero de 2001, superaba la cifra de 1.900 millones de US$.

Las consecuencias específicas sobre la vivienda han sido medidas a partir de propuestas de CEPAL y Naciones Unidas. En ellas se han diferenciando los daños directos e indirectos sobre el parque de viviendas permanentes (tres de cada cuatro alojamientos familiares) censado en 1.023.650 hogares, de las que el 4'2% se registraron como "piezas de mesón" y el resto como "viviendas independientes" edificadas con materiales de construcción diferentes. Las estimaciones realizadas precisan que en el terremoto de 13 de enero fueron 108.226 las viviendas permanentes destruidas y otras 169.632 las dañadas (los afectados fueron el 19% de la población). El de 13 de febrero dejó un rastro de 41.000 viviendas destruidas y otras 16.000 dañadas, con 250.000 damnificados (el 4% de la población). El balance conjunto de los dos seísmos supuso que un 24% de los salvadoreños, uno de cada cuatro, se viesen directa o indirectamente afectados.

 

Cuadro 3
Tipos de vivienda permanente
Departamento
Vivienda independiente
Piezas de
Mesón
Mixto
Bahareque
Adobe
Madera
Otras
Total
Total
Ahuachapán 
13.435
7.271
18.966
6.501
3.055
49.228
1.524
Santa Ana
37.150
7.967
35.772
2.382
2.649
85.920
7.629
Sonsonate
29.348
7.778
16.750
6.207
5.794
65.877
3.715
Chalatenago
669
4.679
23.918
416
858
30.540
432
La Libertad
56.392
13.627
20.946
2.334
3.858
97.157
6.047
San Salvador
242.671
23.019
16.871
1.990
11917
296.468
16.557
Cuscaltlán
11.552
4.845
15.641
160
908
33.106
694
La Paz
15.195
6.181
23.274
1.088
2.773
48.511
1.114
Cabaña
5.763
4.359
13.183
193
1.248
24.746
310
San Vicente
6.449
4.589
13.472
131
1.454
26.095
481
Usulután
19.952
11.388
21.982
1.984
5.032
60.338
2.422
San Miguel 
40.019
14.353
18.916
3.355
3.484
80.127
2.053
Morazán
4.653
6.605
14.038
2.335
2.811
30.442
186
La Unión
16.530
9.059
21.767
1.783
2.272
51.411
520
El Salvador
499.778
125.720
275.496
30.859
48.113
979.966
43.684
Total (%)
48'8
12'3
26'9
3'0
4'7
      95'7 
4'3
Fuente:  Censo 2001, DIGESTYC. Elaboración propia.

La incidencia por tipología en las construcciones, se manifestó con especial intensidad en las de bahareque y adobe. El bahareque es un sistema constructivo basado en madera y barro para la construcción de paredes, con tejados de madera o de materiales pesados. Es un sistema que se degrada con facilidad por efecto de la acción de insectos y que con el tiempo incrementa su vulnerabilidad frente a los terremotos. Ambas modalidades constructivas tradicionales tienen limitaciones en cuanto a resistencia, pero son de uso generalizado en los sectores sociales de rentas más bajas. En el cuadro 3 se ha incluido la distribución de los tipos de vivienda, entre los que esas dos modalidades apuntadas suponen casi la mitad de los hogares del país.

Cuadro 4
Daños de los terremotos en la vivienda
Departamentos
 
Viviendas Afectadas
Total de
Daños
Viviendas
Total
Total de
Viviendas
Leves
Destruidas
Viviendas (%)
Ahuachapán
        64.349 
      5.989 
      5.511 
    11.500 
 17.87 
Santa Ana
       128.578 
       2.349 
       3.783 
         6.132 
 4.77 
Sonsonate
         91.954 
       7.549 
     12.666 
     20.215 
 21.98 
Chalatenago
         44.067 
           59 
            37 
            96 
 0.22 
La Libertad
       146.633 
     16.150 
     28.383 
     44.533 
 30.37 
San Salvador
       449.322 
     16.296 
     11.540 
     27.836 
 6.20 
Cuscaltlán
         45.176 
       5.737 
     16.102 
     21.839 
 48.34 
La Paz
         72.126 
     18.493 
     28.684 
     47.177 
 65.41 
Cabaña
         31.145 
       1.825 
          709 
       2.534 
 8.14 
San Vicente
         34.383 
       6.815 
     14.165 
     20.980 
 61.02 
Usulután
         86.935 
     16.883 
     33.336 
     50.219 
 57.77 
San Miguel 
       118.473 
       7.550 
       8.015 
     15.565 
 13.14 
Morazán
         38.172 
           57 
            30 
            87 
 0.23 
La Unión
         64.914 
       2.035 
          905 
       2.940 
 4.53 
El Salvador 
     1.416.167 
   107.787 
    163.866 
    271.653 
 19.18 
Fuente: Censo 2001, DIGESTYC. Elaboración Propia

Desde el punto de vista social tuvo una incidencia y consecuencias especialmente graves para los sectores más frágiles y en los departamentos con niveles de pobreza más elevados. Los hogares monoparentales y, más significativamente los regentados por mujeres cabeza de familia con rentas bajas, presentaron niveles de vulnerabilidad mayores (DIGESTIC, Encuesta de Hogares de Propósito Múltiple). En el ámbito territorial los departamentos con mayores daños por el terremoto de 13 de enero de 2001 fueron los de Usulután (con un 74% de viviendas afectadas), San Vicente (69%), La Paz (64%), y en menor medida Sonsonate, La Libertad y Cuscatlán. En el de 13 de febrero, réplica del primero, los efectos se manifestaron con mayor gravedad en los departamentos de San Vicente, Cuscatlán, La Paz y San Salvador (con un 51%, 40% y 25% respectivamente de población damnificada). El cuadro 4 recoge una cuantificación detallada de viviendas afectadas por departamentos.

Políticas de vivienda en El Salvador

El Salvador no ha escapado a la dinámica general de la urbanización de América Latina. El crecimiento de la población urbana, explicado en buena medida por las migraciones rurales, ensanchó los cinturones de pobreza urbanos, especialmente en las ciudades mayores (San Salvador, San Miguel y Santa Ana), a costa de ocupaciones ilegales en sectores marginales, carencias en infraestructuras y debilidad en la calidad constructiva. Son la expresión local de los mismos procesos generales analizados para el conjunto de la realidad urbana latinoamericana. En el caso salvadoreño los procesos de crecimiento urbano han ido asociados a migraciones campo-ciudad tradicionales, pero a ellas se agregan los desplazamientos generados por los conflictos armados (especialmente acentuados en la década de los ochenta), los efectos de las repatriaciones de emigrantes procedentes de Estados Unidos y, evidentemente, los derivados de los desastres naturales recurrentes[20]. De este modo, las políticas de vivienda tienen que considerar las relaciones de su vulnerabilidad como una situación particular que se expresa en los ámbitos social (las distintas expresiones de la pobreza) y ambiental (las catástrofes naturales).

Los autores que han prestado atención a la problemática de la vivienda, en sus diferentes manifestaciones, proceden de instituciones gubernamentales, de centros universitarios y de organismos internacionales. Las aportaciones de Lungo (1989, 1996, 1998, 2001), del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA, 1995, 1996), CEPAL,  Bommer y Samayoa (1996 y 1998), Sandoval (2002), entre otros, inciden en los impactos de la sismicidad en el sector vivienda, en las problemáticas estructurales urbanas, y en las medidas adoptadas y otras posibles para afrontar esta problemática.

Las aportaciones de esta producción bibliografía muestra que la administración ha reaccionado a través del tiempo con diferentes estrategias ante las necesidades y exigencias de la planificación urbana nacional. Los primeros pasos se dieron desde 1950 hasta 1973, periodo caracterizado por las iniciativas de modernización del estado y urbanización de la población. En estos años se crearon los instrumentos financieros para desarrollar el parque de viviendas nacional. Pero las crisis económicas y la conflictividad bélica provocaron una ruptura en el proceso. Se redujo la participación pública, que era muy importante tanto en la faceta reguladora como en la ejecutora de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En estas décadas la rápida expansión urbana se correspondía con los desajustes profundos respecto a las necesidades de vivienda. Las acciones de la administración encaminadas a su corrección fueron variadas, tanto en su faceta general como en las respuestas específicas a las amenazas procedentes de los desastres naturales. Ello obligó a identificar los factores de riesgo añadido como elementos de referencia. Los de más peso en el caso salvadoreño estaban asociados a la deficiente calidad constructiva de parte de sus viviendas formales e informales, a la ubicación en terreno inestable, y al estado de deterioro de muchas de sus edificaciones.

Después, desde comienzos de los noventa, la aplicación de procesos neoliberales en la gestión urbana ha determinado una progresiva reducción del papel de la administración en la gestión urbana. Buen ejemplo es el proceso experimentado para el Área Metropolitana de San Salvador, que participó en el mismo privatizando parte de los servicios urbanos a empresas concesionarias.

En el ámbito general las nuevas estrategias para combatir la problemática de la vivienda son relativamente recientes, reproduciendo a escala local la dinámica latinoamericana de actuaciones para la provisión de viviendas. Desde 1990 se han venido aplicando medidas orientadas a apoyar a unidades familiares con ingresos bajos (entre 0 y 2 salarios mínimos) mediante créditos, subsidios, seguridad jurídica sobre la propiedad y seguridad física en el alojamiento. La atención prioritaria se ha dirigido a facilitar la compra de terrenos o viviendas, legalización de terrenos, y mejoramiento de viviendas. La responsabilidad de la gestión corresponde al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), mientras que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) es el instrumento encargado de garantizar la viabilidad financiera.

Al mismo tiempo, las políticas de vivienda en El Salvador han contemplado de forma regular la problemática asociada a la sismicidad de la región; pero la gestión urbana tradicional salvadoreña ofrece todavía una implantación deficiente en esa singular faceta. Como respuesta a la sucesión de terremotos, se ha ido introduciendo normativas orientadas a responder a esta realidad. En 1966 se elaboró una zonificación en dos grandes áreas con cargas sísmicas referenciadas al tipo de suelo. A raíz del terremoto de 1986 se puso en marcha la elaboración del Reglamento de Emergencia del Diseño Sísmico (REDSES), concluido en 1989, en el que se precisaba la zonificación inicial y se aumentaron las cargas sísmicas. En 1994 se elaboró, por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, la Norma Técnica para el Diseño Sísmico, que incluye las condiciones del subsuelo como variable clave en los criterios de zonificación, que hasta entonces no se había contemplado.

Algunos trabajos incluyen críticas relativas a la debilidad en la respuesta administrativa ante los terremotos. La precariedad  institucional se manifiesta tanto en las limitaciones de la planificación de la expansión urbana (condicionada por intereses públicos y privados), como por la vulnerabilidad asociada al marco físico. El acelerado crecimiento urbano, la falta de mecanismos reguladores en planificación y urbanización en determinados sectores, y las deficiencias en el marco legal, y en especial los afectados por las dinámicas de la ciudad informal, son algunas de las causas apuntadas. La singularidad del hecho de que la mayor parte de la población nacional (75%), y de la mayor parte de la infraestructura productiva se localice en las zonas con mayor siniestralidad pone de manifiesto la necesidad de afrontar urgentemente esta problemática. Como ejemplo se apunta que San Salvador es la ciudad latinoamericana que más veces se ha visto destruida. En los últimos tres siglos ha sufrido catorce seísmos graves (uno cada treinta años), y sus habitantes no ignoran que en el futuro va a sufrir nuevos desastres. Su parque de viviendas posee una vida media de cincuenta años, y esto supone que casi todas las viviendas se verán afectadas en algún momento por un seísmo de intensidad elevada. La planificación solamente ha afrontado parcialmente las acciones preventivas en cuanto a control de edificaciones en sectores de riesgo elevado. Las carencias de la planificación  no responden de forma racional a las demandas sociales, ni las normas de construcción ni las fuentes de financiación llegan a los sectores necesitados.

La desatención por la prevención constructiva se manifiesta también en la falta de seguimiento por parte de las diferentes administraciones (Lara, 1987)[21]. Además la ausencia de recursos tanto para la población como para los gestores públicos hace que una parte del parque de viviendas salvadoreño se genere a menudo fuera de los marcos normativos, especialmente en la vivienda informal, en la que la intervención técnica en su diseño y construcción es generalmente muy escasa; por último, la reconstrucción tras los efectos destructivos de los terremotos se ha afrontado por la administración habilitando nuevas vías crediticias y legales.

Finalmente, en los últimos años, los programas de vivienda diseñados para el quinquenio 1999-2004 tienen establecidos una serie de objetivos sociales encaminados a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las ciudades. Sus programas se orientan a introducir servicios e infraestructuras en barrios urbanos, aumentar el acceso al crédito a familias de bajos ingresos, incentivar mecanismos de alquiler de viviendas por medio de reformas legales, aplicar cambios en las leyes del suelo urbano para garantizar la seguridad jurídica en el mercado, mejorar las condiciones de las lotificaciones, y establecer líneas de crédito especiales para las familias de ingresos más reducidos (VMVDU)[22].

Sin embargo, a pesar del interés de todas estas medidas ambientales y sociales, las deficiencias en la regulación en los procesos de expansión urbana y en la construcción de viviendas de nueva planta ponen en evidencia la ausencia de mecanismos de planificación territorial eficientes. Las manifestaciones de esta situación son muy frecuentes. Un ejemplo final; a pesar de la sucesión de episodios catastróficos, en el caso específico de la Región  Metropolitana de San Salvador la amenaza sísmica todavía aparece considerada de forma parcial en el modelo de gestión urbana. Así, casos como el deslizamiento de la Sierra del Bálsamo, que produjo el desastre de la Colina (Santa Tecla) y Comasagua (La Libertad) (CEPAL)[23] resultan la expresión material de un riesgo asumido por la sociedad urbana.

Consideraciones finales

El estudio de las necesidades insatisfechas de vivienda para la población de escasos recursos de los países latinoamericanos está ligado a una ya dilatada reflexión sobre las características del hecho urbano de aquella extensa región. La dinámica económica y social de América Latina en las últimas cuatro décadas del siglo XX ha proporcionado innumerables ocasiones para que los investigadores sociales dedicaran sus análisis a las manifestaciones del proceso de urbanización, haciéndolo con múltiples enfoques y desde las más variadas disciplinas. Buena prueba de ello es la profusión de estudios que hoy podemos hallar referenciados en cualquiera de los repertorios bibliográficos de ciencias sociales existentes sobre las ciudades y sobre los efectos asociados a su crecimiento en esta etapa.

Este fenómeno, a su vez, fue una consecuencia de la evolución demográfica de sus respectivos países, caracterizada en aquellos momentos por un fuerte crecimiento poblacional, suceso que constituye el factor desencadenante de la oleada de cambios espaciales que se han producido en el conjunto del continente durante esos cuarenta años finales del siglo pasado. Como es obvio, el territorio de cada país presentó su particular respuesta; tanto entonces como ahora, se transformaba impulsado por una dinámica que, para utilizar términos actuales tan comunes, podríamos asimilar con el par "lógicas globales, lógicas locales", y salvando las distancias que el tiempo transcurrido impone en cuanto a la escala espacial, resume la doble influencia de los condicionantes generales de su época y las circunstancias particulares de cada uno de sus lugares y regiones.

Las expresiones concretas del crecimiento demográfico y del desarrollo urbano en los países de Centroamérica, la forma en que se manifiestan las necesidades de vivienda de sus habitantes y las políticas desarrolladas por sus agentes sociales para dar respuesta a esta demanda básica, están determinadas por las pautas generales de actuación de la sociedad latinoamericana en cada momento. El ejemplo de las ciudades salvadoreñas se ajusta, en este sentido, al mismo modelo. Pero el proceso urbanizador se desenvuelve también en el marco de unas particulares condiciones geográficas, físicas y humanas, que en esta ocasión son las del pequeño país de El Salvador, las cuales han introducido sus propios rasgos diferenciales para singularizar su comportamiento y manifestaciones locales.

Pero la situación evoluciona con lentitud. El BID, en un estudio reciente considera que a comienzos del siglo XXI, el problema de la vivienda tiene manifestaciones similares a las de hace cincuenta años. El crecimiento de la población y la emigración desde las áreas rurales a las ciudades sigue incrementando el tamaño de los asentamientos precarios y tugurios, en los arrabales de los núcleos urbanos. Allí, promotores clandestinos y adjudicadores de lotes ocupan ilegalmente tierras de poco valor, grandes pendientes, con riesgo de inundación, contaminadas e insanas, y las reparten en parcelas mínimas mediante la práctica de un "mercado informal" de la vivienda. Pero la percepción del problema se enriquece con nuevos enfoques. Se han revisado las anteriores políticas públicas de vivienda y las iniciativas actuales se orientan a la búsqueda de soluciones integradas del conjunto de carencias que afectan a la población más pobre; las necesidades de vivienda junto a las demás necesidades básicas insatisfechas. Las directrices del programa Hábitat de Naciones Unidas recomiendan relacionar la casa familiar con el entorno, y contemplar a ésta inserta en un barrio con sus necesidades de equipamientos y servicios, formando parte de una actividad económica formal que permita la adquisición de la vivienda por parte de sus usuarios. El caso de El Salvador, condicionado por los recurrentes desastres naturales, reproduce la misma tendencia y constituye un ejemplo particular en el que las peculiaridades "locales" facilitan una mejor comprensión del funcionamiento general de esta dinámica general.
 

Notas

[1] Tenemos que agradecer también las aportaciones realizadas por Guillermo Navarrete, técnico del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, y Claudia Hernández, ingeniero informático, que han colaborado en la búsqueda bibliográfica, en la selección, y en la revisión de los textos utilizados en este trabajo.
 
[2] O.I.T: "La Vivienda en América Latina", Revista Internacional de Trabajo, Geneve,  1952.
 
[3] Koth y Dietz, Housing in Latin America, Cambridge, 1965; Matos Mar, "Migración y urbanización. Barriadas de Lima", 1967; París. Harris y Hosse, La vivienda en el Perú, Washington, 1963; Mangin, "Latin American Squatter Settlements", Austin, 1967; y  "Latin American Squatter Settlements, Problem and Solution", Washington, 1968.
 
[4] Elizaga, Formas de asentamiento de la población en América Latina, 1968; Bellalta, "La vivienda espontánea y el crecimiento urbano, 1975.
 
[5]Leeds, "Character of Squatter Settlements", 1969.
 
[6] Leeds, Las variables significativas de los asentamientos no regulares, 1972;  y Utria, El problema de la vivienda y el desarrollo de América Latina,  1969.
 
[7] Matos Mar: Urbanización y barriadas en América del Sur, 1968; Rodríguez, Vivienda en barriadas, Lima, 1969.
 
[8] Amato, "Patrones de vivienda en el desarrollo urbano", 1969; y Turner, Asentamientos urbanos no regulados, 1975.
 
[9] Matos Mar: Barriadas de Lima, 1977; Collier "Política y creación de pueblos jóvenes en Lima", 1972;  y "Pueblos jóvenes y adaptación de migrantes en Lima", 1973; Robles Rivas Development Alternatives for Perúvian Barriad, 1972; Henry "El consumo urbano y sus expresiones en los asentamientos urbanos populares", 1976. "Desarrollo urbano y sectores sociales en los barrios de Lima", 1977. "Los asentamientos urbanos y populares", 1977; La escena urbana: pobladores de Lima, 1978; Osterling, "El problema de la vivienda en Lima: Política de vivienda estatal", 1982; Riofrio, "Papel del Estado y los poderes locales frente a las demandas de vivienda de los sectores populares. El caso de Lima", 1983; Bähr y Klückmann, "Diferenciación socio espacial en las zonas de vivienda de las clases sociales bajas en las metrópolis latinoamericanas: E1 caso de Lima metropolitana", 1985.
 
[10] Centro de Investigaciones CIUDAD: La tierra urbana  y el problema de la vivienda,  1980;  Producción de la vivienda popular, 1982; y Pradilla Cobos, "La ideología y el problema de la vivienda", 1976. Ensayos sobre el problema de la vivienda en América Latina, 1982. y El problema de la vivienda en América Latina, 1983.
 
[11] Valenzuela y Vernez: "Construcción popular y estructura del mercado de vivienda: el caso de Bogotá", 1974; Bender, "Evolución de la vivienda para sectores de bajos ingresos en Bogotá", 1978; Molina, Colombia: vivienda y subdesarrollo urbano, 1979.
 
[12] Lovera, "Indagaciones sobre la producción de la vivienda en los barrios de ranchos. El caso de Caracas", 1983; y Pereira: Vivienda popular en América Latina, 1979.
 
[13] Urrutia, Historia de las poblaciones Callampas, 1972; Pumarino, "Política de vivienda y de desarrollo urbano en Chile", 1973; Santa María, "El desarrollo urbano mediante los "asentamientos espontáneos": campamentos chilenos", 1973; Ramón "Suburbios y arrabales en Santiago de Chile", 1978; Arellano, Elementos para una política de vivienda social 1978. Benavides: Campamentos y poblaciones de comunas, 1983; y Valdez, El problema de la vivienda: problema estatal y movilizaciones populares, 1983. Y para Argentina, sobre todo Hardoy: "La vivienda de los pobres", 1976, y Brown, El uso de las ciudades y de las viviendas, 1978.
 
[14] Santos, Milton; Pobreza urbana, Sâo Paulo, Hucitec, 1979; y Ensaios sobre a urbanizaçâo latinoamericana, Sâo Paulo, Hucitec, 1982; Portes, "Política de vivienda, pobreza urbana y Estado: las favelas de Río de Janeiro, 1979; Valladares, "A propósito da urbanizaçâo de favelas", 1981; y Repensando na habitaçâo no Brasil, 1983; Netto Azevedo; "Normas legales para la edificación en las favelas", 1982; Bonduki, "Habitaçâo popular em Sâo Paulo", 1982; y Castro, "Conjunto habitacional: a controversia da remoçâo das favelas", 1983.
 
[15] Silva Herzog "El problema habitacional y la institución del Fondo Nacional de Vivienda", 1972, y Asentamientos humanos. urbanismo y vivienda, 1977; Mabogunge, "Aspectos ambientales de los asentamientos humanos: estándares y criterios en la provisión de alojamiento", 1976. Hardoy, Morse y Schaedel: "Estancamiento en el ámbito de la vivienda precaria: perspectivas a partir de México y del Caribe", 1978; Ferras, Ciudad Netzhualcoyotl: un barrio en vías absorción, 1977; Schteingart, "El proceso de formación y consolidación de un asentamiento popular en México: el caso de Ciudad Netzhualcoyotl", 1981; y, "Sector inmobiliario y vivienda en la crisis", 1984; Ziccardi; "Villas miseria y favelas: Estado y organización social", 1983; Jaramillo, "Procesos sociales y producción de vivienda en América Latina", 1983; y Nolasco "La vivienda de los marginales urbanos", 1984.
 
[16] Harris: La vivienda en Honduras, 1964; Tefel: El infierno de los pobres; los barrios marginales de Managua, 1978; Pachner: "Barrio, estación de tránsito en proceso de urbanización", 1977; y Sormani: "Formación social y formación espacial. Asentamientos humanos", 1977; Salegio "La vivienda en El Salvador", 1971.
 
[17] Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) Consideraciones económicas, sociales y políticas del terremoto del 13 de enero, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), nº 627-628.
 
[18] Bommer: Terremotos, urbanización y riesgos sísmicos en San Salvador. Prisma. Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, nº 18, julio-agosto. 1996.
 
[19] Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI): Op. cit.
 
[20] CNUAH-Hábitat; International Development Research Center; FUNDE: Migración e integración en El Salvador: realidades y respuestas. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Costa Rica, 2000.
 
[21] Lara: History of construction practices in El Salvador. Earthquake Spectra, 1987.
 
[22] VMVDU: Política de Vivienda 1999-2004.
 
[23] CEPAL: El Salvador, evaluación del terremoto del 13 de febrero de 2001, 2001.


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Ficha bibliográfica:
PANADERO, M. Estrategias de desarrollo de la vivienda en las ciudades de El Salvador y catátrofes naturales. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(112). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(112).htm> [ISSN: 1138-9788]

 
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