ESTADO, DISTANCIA Y CONTROL SOCIAL: REFLEXIONES EN TORNO A UNA MEDICIÓN DE CAMINOS EN LA GRANADA DE MEDIADOS DEL SIGLO XVI

Estado, distancia y control social: reflexiones en torno a una medición de caminos en la Granada de mediados del siglo XVI (Resumen)

En el presente artículo pretendemos reflexionar, a fin de dar algo más de luz, sobre el estado de las mediciones de distancias en un espacio y tiempo muy concretos: la Granada de la segunda mitad del siglo XVI. Para ello utilizamos como punto de partida la medición original solicitada por un grupo de población musulmana poco conocido, los gazís granadinos, en respuesta al auto de alejamiento decretado contra ellos por Felipe II en 1563. El documento sugiere ser analizado, entre la multiplicidad de dimensiones posibles y desde nuestra particular formación histórica y geográfica, en dos que consideramos fundamentales: la sociopolítica y la metrológica.

De acuerdo con dicho planteamiento, abordamos en primer lugar el análisis del contexto histórico y político en el que se desarrolló, así como las consecuencias derivadas de su aplicación en la sociedad granadina del Quinientos. Todo ello nos permite comprender que el siempre pretendido ideal de justicia y veracidad -aunque también de control y fiscalidad- que marca la aplicación de las mediciones y que se convierte en exigencia de los gobernantes a lo largo de la Historia de la Humanidad para con sus súbditos, no siempre se respeta, especialmente si contravenía los intereses del Estado.

En una segunda parte tratamos de enmarcar el documento en las grandes etapas de la metrología en general y de la hispánica en particular, mostrando las singularidades que presenta y las hipótesis interpretativas que sugiere. El análisis de las unidades que utiliza se completa con la reconstrucción de los itinerarios que describe utilizando cartografía actual de detalle. Lo anterior nos ha permitido conocer, con un grado de seguridad alto, sus equivalencias con el actual sistema métrico decimal, lo que plantea una serie de interrogantes e hipótesis interpretativas.

Por último, presentamos una trascripción completa del documento objeto de estudio.

El contexto histórico

En octubre de 1563 la Capitanía General, máxima autoridad militar de reino de Granada, ordena pregonar una real cédula en la que se dicta un auto contra los “gazís”, por el que se les prohíbe habitar en las costas del reino y se les obliga a alejarse más de 12 leguas tierra adentro en un plazo no superior a 50 días. La disposición regia, dirigida contra un grupo muy específico de la sociedad granadina del Quinientos, determina la realización de la medición de distancia de la capital del reino hacia el litoral. Sobre el papel ocupado por el colectivo gazí en la sociedad morisca nos detendremos más adelante. Lo que ahora interesa es entender mejor el porqué de la medida y sus consecuencias inmediatas, para lo cual es preciso desentrañar los orígenes de aquélla y el contexto socio-político y religioso en el que se desarrolla.

Nos remontaremos a fecha tan temprana como la de 1492. Es entonces cuando, tras una larga contienda, se produce la incorporación definitiva del antiguo reino Nazarí a la Corona de Castilla[1], fijándose el nuevo marco político, religioso, social y económico en que deben desenvolverse los naturales, con base en las Capitulaciones firmadas con los Reyes Católicos, corpus jurídico y legislativo en el que se contemplan, entre otras medidas, la permanencia voluntaria de los mudéjares granadinos, el respeto a su culto, a sus ritos y prácticas religiosas, así como el mantenimiento del régimen fiscal y gobierno municipal de época nasrí. No obstante, el nuevo orden político e institucional dura poco tiempo. Veamos por qué.

Desde los primeros compases de la conquista, la Corona se marcó como objetivo fundamental asegurar la defensa y control del territorio ante una doble amenaza: la del enemigo de allende del mar, al que se combatía con todos los medios disponibles y cuyas incursiones costeras trataban de contrarrestarse con el despliegue de un costoso y complejo dispositivo militar; y la del enemigo interno, el poblador mudéjar, visto por la administración real como un potencial y peligroso colaborador de su “hermano de fe” norteafricano y al que era preciso vigilar muy de cerca. Vemos, pues, que se trataba de una frontera dual en la que se potenciaba la presencia de un amplio contingente militar que hacía las veces de instrumento defensivo y, no hay que olvidarlo, de agente represivo al servicio del Estado. A partir de entonces conceptos como defensa, violencia o represión serán una constante en las relaciones de la soldadesca con los habitantes del territorio costero[2].

No obstante, el cinturón defensivo y la presencia castrense resultaron insuficientes. Fundamentalmente porque en el reino, tras la contienda, existían amplios espacios vacíos en su litoral y en zonas de gran importancia estratégica, que habían sufrido en oleadas sucesivas el éxodo demográfico de naturales granadinos a Berbería[3]. Era preciso, por tanto, facilitar la repoblación del territorio con cristianos viejos procedentes de diversos reinos de la Península a cambio de reclamos nada desdeñables como la concesión de tierras y bienes inmuebles y, sobre todo, de importantes franquezas y exenciones fiscales[4]. De este modo se aseguraba la presencia en el reino de un contingente de súbditos -hacia 1500 las estimaciones fijan en torno a los 40.000[5]- cuya catolicidad y lealtad a la Corona, a diferencia de los naturales, eran indiscutibles.

El hecho de que los Reyes Católicos actuasen con una parcialidad meridiana cuando se trataban de dirimir conflictos por cuestiones como la usurpación de tierras a los mudéjares por parte de los repobladores cristiano viejos, interpretasen a su antojo las Capitulaciones, permitiesen los abusos cometidos por los arrendadores de tierras y, muy especialmente, incrementasen notablemente la presión fiscal sobre los naturales granadinos, fue decisivo para que se registrase un clima de crispación cada vez más intenso[6]. Este cúmulo de factores, sumado a las reacciones producidas por el proceder radical del cardenal Cisneros en cuanto a la evangelización y bautismo forzoso de los “helches”, provocaron el levantamiento mudéjar de la Navidad de 1499, originado en el barrio granadino del Albaicín y que rápidamente se extendió a la costa y la Alpujarra[7] granadina, escenarios de sobrada importancia estratégica y, como consecuencia de su abrupta orografía, difíciles de controlar por los ejércitos en campaña.

Las revueltas de 1499-1501 fueron finalmente sofocadas, a un alto precio en dinero y vidas. Sin duda lo anterior facilitó a los monarcas algo que deseaban enormemente, la excusa perfecta para romper con el régimen de las Capitulaciones y llevar a término una de sus máximas aspiraciones: la unidad religiosa y cultural de sus súbditos, de acuerdo con su programa político primigenio, en el que la idea de Cruzada había jugado siempre una baza esencial. Amén de obligar a los mudéjares a la conversión forzosa –todo bautizado a partir de entonces será denominado morisco- so pena de expulsión incondicional, se busca la eliminación de todo signo de identidad islámico. Es entonces cuando se instaura un nuevo régimen político, institucional y religioso.

Ahora bien, el problema no quedó en absoluto zanjado. Moriscos y cristianos viejos eran dos grupos étnica, social y culturalmente muy distintos. Sin negar de partida unos niveles de coexistencia y convivencia pacífica básicos y necesarios –en algunos casos, ciertamente óptimos- para el desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad granadina que surge del nuevo régimen, ha de hacerse hincapié en la idea de que existió entre unos y otros un verdadero abismo ideológico y cultural, ahondado más aún, si cabe, por el fuerte arraigo que entre los cristianos viejos alcanzó el mito de la constitución entre los moriscos de una quinta columna, de un grupo que colaboraba muy estrechamente con los corsarios berberiscos y turcos, a los que facilitaban información muy valiosa sobre el estado de los poblados, cuáles eran los puntos más vulnerables en los cinturones defensivos costeros de los reinos de Granada y Valencia, así como las mejores rutas de acceso. Por otro lado, la necesidad de reforzar el sistema defensivo conllevó, inevitablemente, un aumento de la presión tributaria sobre los pecheros moriscos. Éstos, tras la instauración del denominado servicio ordinario de 21000 ducados, que se añadía a la farda de la mar -pagada por todos los pobladores del reino y dirigida a financiar las guardas de costa-, se convirtieron en los principales –y casi los únicos- sostenedores de un aparato militar creado, y en ello ha de insistirse, para su control y vigilancia[8]. El incremento de la presión fiscal derivó en un aumento considerable de las huidas masivas a las costas africanas, suponiendo un doble peligro: primero, la pérdida de pecheros con que financiar el dispositivo militar; segundo, que el despueble dejase el terreno abonado para la incursión de fustas y galeotas provenientes del Norte de África[9].

Este es el clima que preside la “coexistencia pacífica” hasta 1526, fecha en que se registra uno de los hitos fundamentales para entender la problemática morisca en el reino de Granada. Con motivo de la llegada del emperador Carlos V durante su luna de miel[10], los moriscos granadinos presentaron una relación de agravios contra los oficiales y autoridades político-religiosas del reino, que provocó la realización de una encuesta encabezada por algunos canónigos y doctores. A pesar de que los resultados de la investigación sacaron a la luz las continuas exacciones y abusos a que eran sometidos por parte de los clérigos y funcionarios de la administración real[11], el memorial acabó teniendo repercusiones mucho peores para los propios moriscos, debido a que la posterior celebración de la Junta de la Santa Congregación de la Capilla Real, formada por numerosos clérigos y teólogos, constató que los nuevamente convertidos, lejos de abrazar sinceramente el catolicismo, continuaban practicando sus ritos, manteniendo sus costumbres y profesando en secreto la religión islámica. Se reconocía así el fracaso de la política adoctrinadora ejercida desde la revuelta de 1500 y la necesidad de eliminar cualquier signo de identidad cultural y religiosa musulmana: el uso del árabe hablado y escrito, los sobrenombres moros, la habitual y arraigada práctica de los baños, su vestimenta tradicional, sus ritos y ceremonias matrimoniales, etc[12].

Las prohibiciones decretadas por la Junta del 7 de diciembre de 1526 insistían en ello, como también en algunos puntos especialmente importantes y referentes a la defensa del territorio, que es preciso reseñar: uno, la prohibición de otorgar licencias de armas a los moriscos; otro, que nos importa especialmente en este estudio, la orden de alejamiento de 10 leguas al interior dada contra los gazís granadinos y la prohibición de que éstos habiten en las Alpujarras, por ser zona de gran importancia estratégica y núcleo tradicional de población morisca. 

Se trataba, en general, de medidas demasiado severas que, sumadas al traslado del Santo Oficio de Jaén a Granada, perseguían la aculturación de los moriscos. Entre otras causas, porque todos los teólogos y tratadistas de la época estaban de acuerdo en identificar cultura y ritos con signos religiosos y, en definitiva con herejía.

La aculturación, queda claro, era el paso primero y más importante para la eliminación de todo vestigio del Islam, como también para la conversión sincera de los moriscos. Otra cosa bien distinta es que las disposiciones de 1526 se llevasen a efecto. Y no lo hicieron porque Carlos V, menos guiado por criterios confesionalistas y ortodoxos que por sus apremiantes necesidades económicas, concedió un aplazamiento de 50 años para su implantación definitiva. Los nuevamente convertidos, con la valiosa y más que interesada intermediación de don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar y capitán general del reino de Granada[13], lograron la prórroga a cambio de otorgar a la Monarquía un nuevo servicio. La nueva imposición, cuyo monto sería destinado a la financiación de las obras del Palacio de Carlos V, quedó fijada en 90.000 ducados redimibles en 8 años y se convirtió en una contribución regular de 10.000 ducados a partir de 1533. Era el saldo que habían de pagar los moriscos -una vez más- para conservar, aunque sólo fuese por espacio de medio siglo, sus señas de identidad cultural y religiosa.

Lo cierto es que, si bien en época del emperador se impuso el criterio “más farda que fe”, tan poco caro a los sectores más ortodoxos en materia de la administración regia y, por supuesto, a la propia Inquisición, lo hizo, como vemos, a costa de un precio muy alto. Si se quiere, cada vez más, porque a sendos servicios de 21.000 y 10.000 ducados vino a sumarse en 1544 otro extraordinario de 10.000, regularizado en 5.000 anuales a partir de 1548. Y lo peor de todo es que las fardas no sirvieron para relajar la tensión existente entre neoconversos y cristianos viejos. Del lado morisco, pechos, vigilancia y represión. Del cristiano viejo, temor. Algo perfectamente comprensible si se repara en la localización del reino de Granada en un escenario estratégico de primer orden: el Mediterráneo occidental. Un escenario demasiado peligroso, sobre todo desde que una de sus plazas estratégicas más importantes, Argel,  fuese ocupada por los hermanos Barbarroja y se convirtiese bajo la égida del segundo de ellos, Haredín, en la  principal potencia corsaria del Mediterráneo y en ciudad-estado vasalla del Sultán Otomano. Las razzias lanzadas desde Argel eran temidas no sólo por los episodios de robo y saqueo que conllevaban, sino también por la importancia que revestía la trata e intercambio de cautivos, negocio, éste último, que reportaba pingües beneficios a poderosos grupos de comerciantes y agentes de uno y otro bando.

A pesar de que en 1535 se había logrado una sonada victoria sobre el Turco con la ocupación de Túnez, el triunfo, convertido muy pronto en propaganda regia y fuegos de artificio, no tuvo su continuación, pues en 1541 el emperador Carlos V cosechaba uno de sus más estrepitosos fracasos tras el intento fallido de ocupar Argel. Y en los cincuenta la sensación de amenaza se tornaría aún más fuerte. Los ataques protagonizados en el Levante por el pirata Dragut, pero muy especialmente las aspiraciones de Salah Rais, nuevo gobernador de Argel, sobre los reinos de Fez y Tremecén, provocaron un resurgimiento aún más fuerte de la presión musulmana en el Mediterráneo para la Monarquía Hispánica, que por entonces había marginado a un lugar secundario su política de intervención en el Norte de África y volcaba buena parte de sus recursos en las guerras con Francia[14].

La conquista de Trípoli en 1551 a manos de los turcos, la pérdida del Peñón de Vélez de la Gomera y Bujía en 1554 y 1555 respectivamente, la desastrosa derrota de las fuerzas del conde de Alcaudete en Mostaganem tres años después, así como el naufragio de la flota de galeras españolas frente a las costas de La Herradura (Granada) en 1562, no hicieron otra cosa que incrementar aún más el clima de terror existente entre los pobladores del litoral, correspondido a su vez con una mayor intensificación del corso en las costas de Levante y Sur peninsular durante toda la década, que se extendió hasta los años sesenta.

No debe extrañar, por tanto, que el peligro turco-berberisco calase hondamente en esta época en el inconsciente colectivo del poblador, sobre todo del poblador cristiano viejo que veía en su vecino morisco una sospechosa quinta columna colaboracionista[15]. Así lo atestiguan las numerosas incursiones turco-berberiscas registradas en el litoral granadino en ambas décadas[16]. Si a esto le añadimos el ambiente generado por la fuerte intensificación de los asaltos protagonizados por los monfís, bandidos moriscos que, refugiados en las sierras granadinas y apoyados por la población neoconversa, actuaban contra las haciendas de los cristianos viejos y las propias autoridades castellanas[17], comprenderemos mucho mejor el clima de tensión existente hacia 1563 en el que se enmarca la orden de alejamiento de los gazís.

No obstante, aquélla no constituía nada nuevo. Tras la conquista muchas fueron las disposiciones que trataron de limitar la presencia de los mudéjares en el litoral y, como vimos en páginas precedentes, ya en 1526 se había decretado la prohibición de que los gazís poblasen el territorio a menos de 10 leguas de la costa. Sólo que la disposición, problemática en su aplicación, no se llevó a efecto y quedó aplazada como las demás, a pesar de que por Real Provisión del 29 de julio de 1531 se repitió de nuevo el decreto de alejamiento, esta vez ampliado a las 15 leguas y recogiendo como áreas vedadas, no sólo las Alpujarras, sino también el marquesado de Cenete[18]. Las mismas Cortes de Castilla pidieron una aplicación efectiva de la prohibición, primero en 1532, cuando en el capítulo 78 redujeron la distancia a las 10 leguas como línea de contención, y 5 años más tarde, cuando en las de Valladolid solicitaron de nuevo una ampliación a 15 leguas que nunca llegaría a aplicarse[19]. Ahora bien: ¿por qué precisamente los gazís se convirtieron en blanco de tales interdicciones?

Para dar una respuesta satisfactoria a éste y otros interrogantes es preciso, primero, partir de la base de que contamos con muy pocas referencias bibliográficas sobre este grupo y el lugar que ocupaban en la sociedad granadina del siglo XVI. Sabemos que representaban, junto a helches[20] y tagarinos[21], una de las minorías de origen musulmán que convivían con los moriscos en la Granada del XVI. Si bien los últimos eran amplia mayoría en el reino y conformaban un colectivo que, tal y como demostrara hace algunos años Julio Caro Baroja[22], todavía a mediados de siglo conservaba muchos de los rasgos de la antigua sociedad de linajes de época musulmana, con una cúspide en la se situaban los descendientes de los antiguos linajes reales nasríes, plenamente asimilados y perfectos colaboradores de la administración real castellana[23], los gazís apenas revestían importancia en dicho entramado social.

Pero más que la significación demográfica de este colectivo, que era testimonial en el reino, nos interesa especialmente ahondar en sus orígenes. En ellos encontramos una base netamente militar, ya que inicialmente la expresión se utilizaba para designar a los antiguos bereberes que llegaron al antiguo reino nazarí de Granada para luchar contra los cristianos y  que terminaron instalándose definitivamente aquí durante varias generaciones. No obstante, desde comienzos del XVI la acepción del término fue modificándose y acabó denominando a aquellos moros o descendientes de moros provenientes del Norte de África, que bien eran libres, o bien habían sido cautivados por soldados y oficiales cristianos en correrías y cabalgadas realizadas en Berbería, y posteriormente reducidos a esclavitud. Muchos de éstos últimos lograban la libertad tras ser “ahorrados” por moriscos de cierto nivel socioeconómico que los habían comprado[24], lo cual suponía el paso previo para su inserción en la sociedad granadina.

Dejando a un lado matices como los arriba apuntados y cuestiones como la raíz etimológica de la palabra “gazí”[25], lo realmente importante es incidir en el origen norteafricano de esta población. Porque precisamente esa condición es la que los convierte, a los ojos de la administración real, en una minoría plagada de sediciosos y espías por naturaleza. El texto de la disposición de 1526 es ya de por sí sintomático. En él se establece que “de aquí adelante ninguno de los gazís que haya sido o sea cautivo o rescatado, ni viva ni more ni esté ni ande por las dichas Alpujarras ni por la dicha costa de mar ni con diez leguas en derredor de ella, so pena de ser cautivo, porque tenemos información que son espías de los moros e hacen otros daños”[26]. El término “espía”, amén de constituir un apelativo recurrente en disposiciones posteriores, nos da la clave para entender las causas de la medida de 1563 y su importancia. Fundamentalmente porque para la Corte los gazís representaban una minoría, al decir de Domínguez Ortiz y B. Vincent, “cuya influencia sobre el resto de la comunidad parecía indeseable”[27]. De ahí que desde Madrid se viese con muy malos ojos su contacto con los moriscos, su presencia en el reino fuese desde fecha muy temprana reglamentada, cada vez más limitada y fuesen estrechamente vigilados por las autoridades cristianas por su posible implicación en las labores de espionaje y contraespionaje desarrolladas por los corsarios turco-berberiscos. 

El problema es perfectamente entendible si se encuadra adecuadamente en un espacio político como el del Mediterráneo de mediados de siglo, en el que, a pesar de las dificultades que en esta época entrañaba mover grandes flujos de información a tiempo, el intercambio de ésta y su instrumentalización política se veía muy facilitada gracias a las redes de espías y dobles agentes que, nutrida en buena parte de comerciantes y antiguos cautivos de ambos bandos de diverso origen -albaneses, griegos, venecianos y españoles, del lado cristiano; turcos, súbditos del reino sadí, vasallos de Argel y Túnez, del lado musulmán-, operaban entre las cortes de Constantinopla y Madrid a fin de obtener noticias sobre nuevos ataques de la flota otomana a las islas y puertos bajo égida de la Monarquía Católica en el Mediterráneo Occidental, o bien de cualquier nuevo movimiento de la maquinaria militar de Felipe II dirigido a conquistar nuevos enclaves en el Norte de África.

Es cierto, por tanto, que el peligro existía. No obstante, cabe preguntarse si realmente los gazís representaban una amenaza. Si se repara en que desde la administración real no se tuvo en cuenta que la mayoría de ellos se integró plenamente, generación tras generación, en la estructura social granadina, hasta el punto de que muchos estaban naturalizados o medio naturalizados y no se consideraban a sí mismos gazís, entenderemos que las sucesivas disposiciones constrictivas y represoras adoptadas por la Monarquía contra este grupo y, muy especialmente, la interdicción de 1563, fuesen vistas por ellos como medidas exageradas y demasiado duras.

Muchos trataron de expresar sus quejas ante la Capitanía General del reino a título personal, haciendo valer su condición de naturales, de individuos asimilados e integrados. Si se repasan los expedientes presentados ante el capitán general, puede encontrarse una casuística amplia y bastante ilustrativa del problema que, a grandes rasgos, se repite. Por ejemplo, el vecino de Granada Miguel Ruiz advierte que, a pesar de ser natural de Túnez, fue cautivado cuando tenía tan sólo 6 años de edad por orden de don Bernardino de Mendoza, capitán general de las Galeras de España. Poco después fue trasladado a Granada, bautizado y más tarde vendido por el mayordomo de la mujer de don Bernardino al albañil Francisco Ruiz, quien finalmente lo “ahorró”. Tras obtener su libertad Miguel Ruiz se casó con una morisca y tuvo dos hijos. A su parecer estas razones, junto con su condición de buen y reconocido cristiano, así como de hombre abonado, con casa propia y hacienda en la ciudad, eran suficientes para que la pragmática no se entendiese con él[28]. Parecidos argumentos utilizan en sus protestas Juan de Cazalla, Pedro Moreno, Juan de Alburquerque, Isabel de Reguera y sus hijos, Francisco el Mudo y Juana de Abrizar, todos vecinos de lugares del término y jurisdicción de Vélez Málaga, que alegan ser naturales del reino y por tanto exentos de estar obligados a irse de la costa[29]. También el mesonero de Lobres Cristóbal de Morillas, natural de Tremecén, pero cautivado con ocho años de edad por un capitán cristiano, trasladado al reino de Granada y posteriormente bautizado y casado con una cristiana vieja. Entre sus méritos cuenta haber estado siempre presente en los rebatos costeros realizados en la zona contra los piratas berberiscos, así como haber arriesgado la vida en 1561 para capturar a un turco[30]. O el granadino Andrés de la Cruz, tunecino de nacimiento y cautivo desde que contaba 3 años de edad, casado en 1543 con una cristiana vieja y padre de cuatro hijos cristianos y bautizados[31]. Todos los aquí referidos sustentan sus afirmaciones con testimonios de cristianos viejos, clérigos y letrados que corroboran su condición de católicos sin tacha.

En la línea de las alegaciones arriba descritas se mueve la reacción a la orden de 1563, que introduce la nueva distancia de 12 leguas. En este caso, si no es posible derogar la pragmática y evitar el éxodo hacia el interior, al menos puede conseguirse que la medida no salpique a aquellos gazís reconocidos que tienen sus casas, sus haciendas, sus familias, en fin, sus vidas, en la capital del reino. Así, Gaspar de Valverde, Juan de Santa Cruz, Francisco García y Alonso de Córdoba, en nombre de todos los gazís de la ciudad de Granada, inician las gestiones legales para contrarrestar la disposición regia y solicitan al capitán general del reino la realización de una medición de la distancia que hay desde Granada hasta la línea de playa más próxima, con objeto de demostrar que la ciudad se encuentra más allá de las 12 leguas decretadas en la pragmática.

El hecho de que los gazís se dirijan directamente a la Capitanía General y sea esta institución la encargada de ordenar y llevar a cabo la medición legal es más que demostrativo de que se trataba de un problema eminentemente político y defensivo. A partir de ese momento el máximo órgano militar del reino pone en marcha toda la maquinaria administrativa necesaria para realizar la medición. El alguacil mayor de la Alhambra Andrés de Ampuero queda facultado por el capitán general para nombrar  a dos medidores públicos de la ciudad, Bartolomé del Campo y Luis Vellido, que serán los encargados de realizarla. Para que tenga toda la validez legal requerida ambos medidores serán acompañados por Ampuero y por el escribano de la fortaleza, Andrés Ruiz de Carrión, que se encargará de tomar testimonio por escrito de todo el procedimiento. Los cuatro percibirán un sueldo de 10 reales por día, que será sufragado por los gazís.

El resultado de la medición, detallada en la trascripción del documento que incluimos al final de este estudio, es más que satisfactorio para los gazís, pues viene a demostrar, en efecto, que la distancia existente entre la ciudad de Granada y el punto más cercano de la costa, situado en Almuñécar –y no en Salobreña como en principio se pensaba-, es de 15 leguas y 1.930 tercias de vara. No obstante, y a pesar de la evidencia de los guarismos obtenidos en la medición, el capitán general dicta por auto del 22 de octubre que sólo quepa recurso ante el rey.

Sea cual fuere el resultado final del auto, poco importa que la medida de 1563 se ejecutase o no tras la medición, pues sólo 6 años después, no sólo los gazís, sino la totalidad de los moriscos granadinos, serían obligados a salir del reino tras la sofocación de una nueva revuelta general. ¿Qué ocurrió en plazo tan corto de tiempo para que se produjese el levantamiento y posterior deportación de los moriscos? Para comprender bien la cuestión debemos enmarcar la orden de 1563 en un proceso  mucho más importante y que, hacia mediados de la década de los sesenta, resulta ya imparable: la confesionalización de la Monarquía de Felipe II.

En efecto, los gazís, hiciesen lo que hiciesen, eran un colectivo sospechoso para la Corona. Lo que a simple vista podría constituir un absurdo, pues la mayoría exponen con machacona insistencia en sus memoriales ante la Capitanía General su condición de cristianos sin tacha, y hacen o tratan de hacer ostentación de su catolicidad ante las autoridades, entronca de lleno con una concepción del Estado que, precisamente desde principios de los sesenta, se instala con mayor fuerza en los órganos decisorios de la Monarquía Hispánica y hunde sus raíces en las disposiciones adoptadas tras el Concilio de Trento. Es cierto que con la orden de 1563 se está aplicando un criterio defensivo y estratégico, pues se busca cortar cualquier conato de espionaje y comunicación con Berbería, erradicando del litoral y sus proximidades a aquellos sobre los que se cierne con mayor fuerza la sospecha –aunque en rigor no tenga por qué corresponderse con la realidad- de colaboración con el enemigo de allende. Pero no lo es menos que el mismo es profundamente excluyente por razones religiosas y étnicas, pues el criterio se basa, más que en datos objetivos, en algo tan simple como sus orígenes, esto es, su condición –o la de sus antepasados- de naturales de Berbería. 

Las alegaciones de los gazís no podían ser escuchadas. No en una época en la que el triunfo de los sectores confesionalistas en los órganos de gobierno de la administración real determina un giro radical hacia la ortodoxia en materia religiosa y la anulación de cualquier tipo de medida conciliatoria para con los moriscos. La fuerte intensificación de las persecuciones y confiscaciones de bienes contra los nuevamente convertidos por parte de la Inquisición[32] y la celebración de un Sínodo Provincial en 1565[33], tendrán su colofón en las disposiciones adoptadas por la Junta de teólogos y juristas reunida en Madrid en 1566 y dirigida por el inquisidor general y presidente del Consejo de Castilla, Diego de Espinosa. Ese mismo año expiraba la prórroga de 50 años otorgada por Carlos V y, fruto de las sesiones de la Junta, se adoptaba una pragmática en la que se retomaban todos los decretos de aculturación dirigidos contra los moriscos y cuya aplicación había sido suspendida en 1526. Era, sin duda, un varapalo definitivo a los criterios de tolerancia y flexibilidad religiosa defendidos tradicionalmente por los Mendoza desde su cargo de capitanes generales[34].

La pragmática del 1 de enero de 1567 recogía todas las disposiciones y reales cédulas promulgadas contra la comunidad morisca que se habían dejado de aplicar durante años so pago de las fardas[35], y una que entronca de lleno con la cuestión planteada en este trabajo: la prohibición de que los moriscos pudiesen tener esclavos gazís y la expulsión fuera del reino de Granada de todos los gazís que hubiesen sido liberados, en un plazo no superior a seis meses[36]. Ya no se trataba, como en anteriores ocasiones, de una orden de alejamiento, sino de un decreto de expulsión en toda regla que, poco después, sería contestado ante Deza junto con el resto de disposiciones aculturadoras por el morisco Fernando Núñez Muley en un conocido y extenso memorial. En su opinión ésta, como las demás medidas, era altamente contraproducente, porque habiéndose ordenado en el pasado, “muy justo fuera que se oviera efetuado e executado en las primeras provisiones que sobre ello fue mandado: enpero pues que en tantas provisiones no se cumplió ni efetuó, agora, queriéndolo efetuar su magestad, sería gran cargo de consiensia, porque la mayor parte de los susodichos son ya naturales e medios naturales que casaron y les naçieron hijos e nietos e casados, y esto es muy notorio”[37].

A pesar de que el memorial de Núñez Muley recogía una serie de alegaciones bien fundadas que avisaban, punto por punto, de las nefastas consecuencias que iban a derivar de la aplicación de la pragmática, éstas fueron desoídas por el presidente Deza. Tampoco fueron escuchadas las advertencias lanzadas por don Íñigo López de Mendoza, capitán general del reino de Granada, que conocía mejor que nadie el nivel de resistencia de los moriscos granadinos a casi un siglo de medidas restrictivas, aplazadas por medio de sucesivas “compensaciones” económicas. Y no fueron oídas, principalmente, porque hacia 1567 el papel político de los Mendoza en el reino había quedado muy devaluado. Por primera vez en mucho tiempo triunfaba el lema “más fe que farda”, pero a costa de un alto precio.

En efecto, la aplicación de la pragmática de aculturación, la fuerte presión económica ejercida sobre los moriscos, así como las nefastas secuelas dejadas por la campaña de revisión de títulos de propiedades iniciada meses atrás por el doctor Santiago, provocaron el estallido de un nuevo levantamiento morisco que, iniciado en la navidad de 1568 y extendido rápidamente a las Alpujarras, casi exclusivamente habitadas por moriscos, y otros territorios de difícil acceso como la Serranía de Ronda -se reproducían los mismos esquemas que en 1500-, no sería sofocado hasta dos años después[38]. El conflicto, que llegó a unas cotas de crueldad inimaginables, se saldó con numerosas bajas militares en ambos bandos, con la muerte muchos civiles y, lo más importante, con una medida definitiva y sin precedentes: la deportación masiva de toda la población morisca del reino de Granada y su diseminación por toda Castilla. La Corona trataría de recuperar el subsiguiente vacío demográfico por medio de un programa de repoblación cristiano vieja. Otra cosa bien distinta es que los colonos cristianos, venidos de distintos puntos de Castilla -mayoritariamente de Andalucía- y con unos hábitos sociales y económicos muy distintos, lograsen subsanar la fuerte regresión económica y demográfica acaecida en el reino. La recuperación, lenta y costosa, no se registraría hasta un siglo después.

Conocido el contexto histórico, espacial y político en que a nuestro juicio debe entenderse el documento que presentamos, vamos seguidamente a enmarcarlo en las grandes etapas de la metrología en general y de la hispánica en particular, para mostrar las hipótesis interpretativas que sugiere la medición que hace de los itinerarios que describe, y que han sido reconstruidos por nosotros utilizando cartografía antigua y actual de detalle (1: 25.000).

Marco metrológico y descripción del recorrido de 1563

La Historia de las mediciones se encuentra íntimamente ligada a la evolución de las necesidades de las sociedades humanas de cuantificar la realidad para tratar de aprehenderla y adecuarla a sus intereses. 

Aunque se cree que las primeras mediciones fueron del tiempo, a partir del conteo de días y noches, del número de lunas o bien del movimiento de las estrellas, parece lógico pensar que la necesidad de saber la cantidad de alimento necesaria para cada día o en los momentos recurrentes de climatología adversa tuvo que incidir en la cada vez más adecuada estimación de las necesidades. En este contexto el espacio contemplado como soporte desigual de recursos debió jugar un papel de primera magnitud como objeto de reflexión. Más específicamente tuvo que ser el espacio inmediato, el vivido, el propio, cuando el ser humano se sedentariza, el que permitiría la satisfacción de las necesidades de seguridad, identidad y realización que tienen los individuos. No es extraño comprender que éste se convierta sistemáticamente en todas las culturas en centro de todo lo existente.

En este centro, que lo es básicamente por que en él se sitúa quien lo piensa y decide, se debieron ir derivando las nociones cualitativas de cerca, lejos, grande pequeño, alto, bajo, de ubicación, orientación y delimitación que propiciaron unas prácticas espaciales cada vez más ricas, convirtiéndolo en un saber territorial cada vez más complejo. En el paso de la noción de espacio a la de territorio, la delimitación o demarcación debió jugar un papel fundamental en tanto que suponía establecer los límites, fronteras entre lo conocido y lo desconocido, lo interno y lo externo, lo propio y lo ajeno, tanto desde el punto de vista colectivo como individual. La representación gráfica y medición se irán convirtiendo, en este contexto, cada vez más en práctica imprescindible, en sinónimo y símbolo de civilización, facilitando, sin duda, la apropiación privada o colectiva del espacio en particular y de cuanto compone la realidad en general. La progresiva complejidad organizativa que se derivó de la concentración de la población en las ciudades llevó paralela no sólo la división social del trabajo y su jerarquización, sino también la necesidad de una cada vez más abundante y fiable información sobre el exterior, en tanto que de allí podía sobrevenir el peligro al orden establecido y/o la prosperidad que se podía conseguir bien de su conquista o a través del comercio. 

Toda medición supone en última instancia comparar con algo que denominamos patrón o unidad de medida, siendo una constante en buena parte de la Historia de las medidas el intento de imposición de las propias sobre las ajenas y la búsqueda de patrones más adecuados para cuantificar cuanto existe en la realidad. Siguiendo a Witold Kula[39], las numerosas formas de medir que las diversas culturas han empleado a lo largo de la Historia, sin duda marcadas por sus particulares condiciones de vida y trabajo, pueden ser incluidas en su clasificación en tres grandes fases que, a su juicio, tienen una clara secuencia de carácter temporal. Si bien discrepamos que sea evidente aceptar que tenga esta secuencia validez universal, es decir, que sirva para todo tiempo y espacio, desde un punto de vista didáctico hemos de reconocer que se muestra bastante clara. Estas tres fases son: la antropométrica, la significativo-funcional y la convencional.

La fase antropométrica se caracterizó por tomar al hombre en su conjunto o alguna de sus partes como unidad de medida de cuanto existía. Se derivan de este sistema unidades claramente subjetivas y variables en el tiempo y en el espacio como su dedo, mano, pie, brazo, paso, etc., que, aunque contaban además con el gran inconveniente de carecer de múltiplos y submúltiplos, tenían como indudable ventaja la comodidad que suponía llevarlas siempre encima y generar un grado de error no significativo para los fines que se perseguían cuando se utilizaban.  La fase siguiente, denominada por Kula como significativa-funcional, busca sus unidades de medición en las condiciones, objetos y resultados de la labor humana. Esta etapa, bastante amplia en el tiempo, llegaría hasta la instauración en Francia a finales del siglo XVIII de la fase convencional o sistemática en la que se impone el sistema métrico decimal[40]. 

La clasificación utilizada por Kula nos remite a un proceso que otros autores han tenido muy en cuenta a la hora de elaborar sus hipótesis sobre  la evolución de la metrología como disciplina netamente científica. Al respecto, resultan especialmente interesantes las reflexiones recogidas por C. Enrique y M. López cuando hablan del módulo corporal, entendiendo por éste el que se adopta usando algún elemento del cuerpo humano como constante[41]. El concepto, tremendamente importante para entender mucho mejor los sistemas de medición desarrollados por el hombre a lo largo de la Historia, presentaría a juicio de ambos autores un pro y un contra evidentes a la hora de su utilización: mientras que éste nos daba la ventaja de prestarnos patrones de disponibilidad casi inmediata y de muy fácil acceso, cuando había que realizar repeticiones de las medidas se perdía exactitud. Por tanto, con el tiempo, se necesitó recurrir a medios mucho más reproductibles, y en ese esfuerzo de sistematización, de definir un patrón normal, los hombres se dirigieron hacia un patrón deshumanizado e inalterable, que tendría su máxima expresión en el metro -concepto de sistema de medición abstracto y científico- y el sistema métrico decimal, surgido a fines del XVIII[42]. Éste, que nació con una clara la aspiración de universalidad, hoy puede afirmarse que lo ha conseguido, ya que se ha basado en él el Sistema Internacional de Unidades (S. I.), adoptado por la mayoría de los países industrializados del mundo, muy interesados por el incremento de las relaciones comerciales en esta etapa de mundialización económica en la que nos encontramos insertos y caracterizada en algunos espacios por la existencia de una sociedad altamente industrializada y tecnificada.

En el marco apuntado el documento de los gazís se encuadraría, si aceptáramos acríticamente la secuencia claramente evolutiva y con pretensiones de validez universal de Kula, en la fase segunda, o de transición, nombrada como significativo-funcional. La unidad base de medida de longitud es la legua, equivalente a 3 millas. El documento indica que cada milla representa lo que cinco mil tercias de vara ó 1.000 pasos. Cada paso supone 5 pies; cada pie 3 palmos, cada palmo 4 dedos y cada dedo son 2 granos de cebada[43].  Estas son las unidades y equivalencias que los medidores declaran que se han usado y guardado siempre, desde que ellos tienen ese oficio[44].  En realidad y en la práctica de la medición que realizan, la unidad mínima empleada es la tercia de vara (que equivale a un pie o a tres palmos de cuatro dedos cada uno, medidos de la palma de la mano). De hecho los resultados que obtienen de sus mediciones son finalmente expresados en leguas y tercias de vara.

Destacamos de lo recogido en el párrafo anterior tres cuestiones, a nuestro juicio, especialmente interesantes. Por un lado, la pervivencia de unidades que hacen mención expresa de partes del cuerpo humano, es decir, de medidas que, al menos por su nombre, nos sitúan en la fase antropométrica. Por otro se constata que esas medidas antropométricas han sufrido un proceso de abstracción de tal magnitud que ya no se refieren a un paso, pie, palmo o dedo subjetivo sino a unidades objetivas, convencionales, abstractas, a patrones claramente fijos, como lo demuestran las equivalencias que se citan entre ellos. Finalmente llama también poderosamente la atención que el documento hace constar un auténtico sistema de múltiplos y divisores, que permiten sobradamente resolver los problemas de medición de longitudes en aquel tiempo con un grado de error escasamente significativo para las necesidades de la sociedad de la época.

Será precisamente esto último, la existencia de un sistema de múltiplos y divisores lo que lo acerca, con todas las limitaciones que se quiera, a la fase que Kula denomina convencional, caracterizada por su claro carácter sistemático, que es en la que nos encontramos en la actualidad. Coexisten por tanto, en este documento, elementos de un gran primitivismo metrológico en sus nombres (paso, pie, palmo, dedo), junto con otros significativos-funcionales, milla, legua, pero integrados entre sí en un sistema claramente convencional y sistemático que lo aproxima, sólo eso, al imperante en nuestros días.

Todo lo anterior nos sugiere la siguiente pregunta: ¿estamos en estos momentos, mitad del siglo XVI en Granada ante un sistema de medidas que al menos en lo que a longitud se refiere, tienen un carácter claramente convencional? A nuestro juicio indudablemente sí, desde el punto de vista teórico y técnico. Cuestión diferente es que, como consecuencia del conglomerado de reinos que conformaron España y las fuertes influencias que en cada lugar ejerció de manera diferencial el pasado, pueda afirmarse que tuviese una implantación homogénea. Efectivamente, siguiendo a Salvador Peláez podemos afirmar que no existió un proyecto global que emanase de la Corona y que pretendiese instaurar un sistema unificado de pesos y medidas que abarcase los diferentes reinos peninsulares. Más aún, todo parece indicar que no se cuestionó la libertad de cada uno de los reinos en mantener su sistema metrológico propio, entre otras razones porque la sociedad de los siglos XVI al XVIII no lo reclamaba. Asistimos no obstante a intentos de los monarcas de uniformizar los pesos y medidas dentro de cada reino. Proceso que a nuestro juicio debe interpretarse dentro del contexto en el que la unificación de las medidas se ve impulsado en gran parte por la ampliación del mercado que se derivó del resurgimiento comercial producido en el bajomedievo y que favorecerían los Austrias con la creación del denominado Estado Moderno.

Si se echa un ligero vistazo al proceso de monopolización y control de los sistemas de medición impuesto por la necesidad que la Corona de Castilla tiene de acometer la unificación  de aquéllos, ante la gran disparidad que presentaban, podrá observarse que desde el intento baldío desarrollado bajo el reinado de Alfonso X en 1261, las sucesivas tentativas registradas durante la época de los Habsburgo y en el siglo XVIII con los Borbones, resultaron infructuosas. Habrá que esperar a la ley de Carlos IV de 1801 para que se logre la igualación y uniformización definitiva de los sistemas de pesos y medidas entre los distintos reinos de la Monarquía, y muchos años más para atisbar algún avance con la Unificación Métrica, conseguida tras la implantación del sistema métrico decimal, impuesto en Francia tras la Revolución, y que necesitaría de toda la primera mitad del siglo XIX  para arraigar en la sociedad y ser legalmente obligatorio.

Nos encontramos con la realidad, como reiteran los investigadores de estos temas, de que “Uno de los campos más complejos de la economía medieval e incluso moderna es el de los pesos, medidas y monedas. Las mismas palabras tienen valores distintos en la misma época, aún tratándose de lugares o comarcas muy próximas entre sí”[45]; “La metrología es la ciencia de los engaños y de las falsas ilusiones y en la que caben por tanto toda clase de arreglos y de discusiones con lo cual todo puede ser y no ser con análoga facilidad”[46].

¿De dónde proviene esta enorme complejidad? A nuestro juicio una respuesta satisfactoria a esta pregunta sólo puede darse entendiendo y analizando la más o menos intensa y desigual ocupación que múltiples pueblos y culturas han ejercido sobre la Península Ibérica. Lo anterior puede afirmarse de manera genérica y reduccionista, aunque didáctica, que puede sintetizarse en el debate entre las dos principales hipótesis interpretativas existentes sobre el origen del sistema metrológico castellano. La primera y dominante sitúa su origen en un sistema romano[47], claramente convencional y coherente de patrones de longitud fijos. La segunda interpreta que los musulmanes fueron portadores y transmisores, tras su llegada a la Península, de una cultura metrológica muy avanzada y basada en patrones lineales convencionales, que terminaría “rescatando y redefiniendo las bases del antiguo sistema romano, introduciendo en España la semilla de un orden metrológico moderno...”[48]. Obviamente, aquí la variable espacial juega un papel explicativo significativo, como lo demuestran las enormes diferencias existentes incluso en el mantenimiento o no de diversos nombres de unidades entre diversas zonas del norte y sur peninsular.

A favor de la primera encontramos las pruebas del mantenimiento de múltiples nombres de unidades de medida, como pudo estudiar en detalle en su tesis doctoral Federico-José Salvador Peláez[49], para quien “el precedente último de los sistemas métricos que existieron en la Monarquía Hispana durante esos siglos (XVI y XVII), se remonta a la unificación realizada en la época romana, ya que dicho sistema siguió vigente durante el período visigótico e incluso en muchos aspectos durante el musulmán, aunque se le incorporasen entonces muchas medidas. Cuando en la Edad media se acometieran reformas métricas, en época de Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón (Siglo XIII) y en los dos últimos bajomedievales las referencias al antiguo sistema romano fueron constantes...”.

A favor de la segunda está la seria objeción de que no existe relación de identidad entre unidades romanas y las castellanas[50], mientras que sí que se constata con las medidas de longitud musulmanas, puesto que como pudo demostrar Vallvé, el codo oficial musulmán está en la base de la vara burgalesa, hasta el punto de que ésta no es más que una vara de tres pies musulmanes[51]. Basándose en lo anterior, Ferrer Rodríguez y González Arcas[52] sostienen, y a nuestro juicio cargados de razón, que las dimensiones y no los nombres son los que denuncian su origen, la filiación genética entre el sistema castellano y el musulmán.

De las mediciones que nosotros hemos podido realizar entre los dos primeros puntos que describe el itinerario que presentamos, obtenemos una legua aproximada de 4.150 metros, que se correspondería con los 4.179,5 metros de la legua de 3 millas u oficial (que constaba de 15.000 pies ó 5.000 varas castellanas), también llamada del “Cordel de la Corte” y jurídica, ya que el lugar exacto donde se ubicaba la Puerta de Bibataubín podría originar este margen de error. De dicha legua se derivaría una milla de 1.383,333 metros y una vara de 0,8299 metros, valor bastante más cercano a la vara de Burgos  de 0,8359 metros, que de la más extendida legua romana, 4.444,5 metros, que tenía una milla de 1.481,5 metros[53].

¿Cuál puede ser la razón o razones explicativas de lo anterior? De acuerdo con Ferrer Rodríguez y González Arcas, Castilla intentaría instaurar un sistema unificado de medidas coherente cuando logra reunificar la Península. Sin embargo, lo hace partiendo de un conglomerado de Estados diferentes, con grandes contrastes internos, fuerte carácter rural y una Historia tremendamente marcada por frecuentes disgregaciones del poder político a lo largo del tiempo. Una muestra meridiana de ello la tenemos en que, siendo cierto que en en la inmensa mayoría de las provincias españolas se mantiene la equivalencia métrica de la vara oficial castellana -de Burgos- de 0,8359 metros, el pie de 0,278 metros (2/3 de vara) y la legua común castellana de 20.000 pies ó 6.666,666 varas castellanas (equivalente a 5.572,7 metros), se registran importantes excepciones correspondidas, precisamente, con aquellos territorios que desde época medieval y a lo largo de la Edad Moderna se encontraban fuera de la Corona de Castilla y al margen de la legislación castellana. Recuérdese que con los Reyes Católicos se realiza una unidad dinástica y política de cara al exterior, pero los reinos de la Corona de Aragón -caso aparte es el del reino de Navarra y las Provincias Vascas- continuarán manteniendo sus propias fronteras aduaneras, su fiscalidad, sus propias instituciones y sus fueros, hasta los Decretos de Nueva Planta de principios del XVIII. Eso se traducía también en importantes disparidades en lo tocante a sistemas de pesos y medidas[54].

A lo anterior habría que unir entre otras cuestiones un deseo de recuperar las raíces romano-visigóticas de las que se consideran herederos; sin embargo, esto ya no debió ser posible por múltiples razones, de entre las que se podrían destacar la persistencia de los moriscos y también de los mismos conquistadores cristianos a mantener en uso las medidas musulmanas, ya que las unidades romanas se habían abandonado, en gran medida por las rupturas con la metrología romana que supusieron las invasiones germánicas. De esta manera se debieron mantener básicamente los nombres romanos pero no su identificación métrica, que fue tomada de  patrones lineales musulmanes.

¿Qué contexto legislativo influye en el momento a que se refiere el documento?.

Sin lugar a dudas debe destacarse el esfuerzo que realizaron los Reyes Católicos por crear un aparato administrativo de control metrológico, que si bien no se conoce que afectara a las medidas longitudinales, ya que se confirmaron las leyes de Juan II; sí que supusieron la aplicación de las legislaciones creadas, muchas de ellas, con anterioridad. Por el contrario el reinado de Carlos V se caracterizó por la ausencia de novedades, que es interpretado por la mayoría de los estudiosos como una consecuencia más de la despreocupación del monarca por las cuestiones internas del país. Será con el acceso al trono de Felipe II (1556-1598), cuando encontremos medidas de gran importancia como la ratificación de la vara de Burgos (Pragmática de 1568)[55] y el restablecimiento de la legua común de 6.666,666 varas (Pragmática de 1587)[56] y la consiguiente abolición de la legua llamada jurídica o de “Cordel de la Corte”. Y es que, como acertadamente afirma Salvador Peláez: “La situación que se daba en la segunda mitad del siglo XVI en cuanto a existencia de muy diferentes patrones de medidas itinerarias, hizo patente la necesidad de que se llevara a cabo una normalización especialmente en el terreno de la legua como medida más utilizada en la época”[57].

Necesidad que respondía a razones tanto de tipo jurisdiccional como de interés estatal. Entre las primeras destacó la necesidad de tratar de solucionar conflictos entre ciudades y localidades sobre la jurisdicción que tenían las primeras sobre las segundas (que querían seguir manteniéndose independientes), en función de la distancia que existiera entre ellas y que llevaba a que se utilizasen leguas diferentes según su interés para hacer valer sus razones. Lo anterior solía terminar incrementando el número de pleitos que tenían que dirimir los tribunales, originando, además de gran malestar general, dudas entre los  mismos jueces a la hora de dictaminar justicia. Entre las segundas no debe olvidarse que desde 1575 se decretan las instrucciones  para recoger información sobre las ciudades, villas y pueblos de España, las conocidas como Relaciones Topográficas de Castilla de Felipe II, que llegaron a reunir una enorme y valiosísima información de casi setecientos pueblos de la Corona de Castilla y que sirvieron de base al levantamiento de un mapa de España (atribuido a Pedro Esquivel y conservado en la Biblioteca del Escorial). Ambas cuestiones exigieron del monarca tomar la decisión de reglamentar la legua para tratar de evitar la confusión reinante. Si bien la denominada legua legal o del Cordel de la Corte, que suponía tres millas, era la oficial desde Alfonso X el Sabio, la Pragmática de 1587 la termina sustituyendo por otra denominada legua común y vulgar de 6.666,666 varas, que se supone contiene cuatro millas, aunque esta cuestión es confusa en tanto que no se determina claramente respecto a qué unidad se encuentra referida. El intento de solucionar el problema no fue completamente efectivo, en tanto que supuso en última instancia un incremento de las jurisdicciones de la grandes ciudades al ser la nueva legua mayor que la anterior y decidirse que se analizarían caso por caso los conflictos que surgiesen. Lo anterior origina un trato desigual en los diferentes espacios que alimentan múltiples conflictos y peticiones durante los siguientes siglos en que se reglamente la legua.

Será precisamente unos años antes de esta Pragmática y en un conflicto de intereses en el que se encuentra inserto nuestro documento que, fechado en otoño de 1563, muestra cómo la Capitanía General, máxima autoridad militar del reino de Granada, ordena pregonar una real cédula en la que se dicta un auto contra los “gazís” granadinos por el que se les prohíbe habitar en las costas del reino y se les obliga alejarse más de 12 leguas tierra adentro en un plazo de 50 días. Todo el documento gira en tono a la medición de la distancia de la ciudad de Granada respecto de la costa, por el lugar más próximo, para determinar la distancia existente y justificar estar dentro de la legalidad o no, al vivir en la ciudad de Granada.

El tipo de legua utilizada para medir la distancia de la ciudad de Granada a la costa parece evidente, según se deduce del documento: la legua oficial o del Cordel de la Corte, que contenía tres millas equivalentes a tres mil pasos o quince mil tercias de vara. En cuanto al tipo de vara, sabemos por la Pragmática de 1568 de la existencia de diversas varas que se utilizaban en las Ferias, especialmente en Medina del Campo, para la medición de paños y telas al ser el centro del comercio textil de la época donde se utilizaban varas más cortas que la de Burgos[58]. Sin embargo, como unidad a la que se debían referir las medidas itinerarias, parecía aceptado, como ratificó la Pragmática de 1568, usar la de Burgos. Al respecto se baraja la hipótesis de que Felipe II legitimó esta vara tras los estudios de Esquivel, que igualó el pie español antiguo con la tercia de vara castellana (la de Burgos). Y esto parece deducirse del documento que presentamos, ya que cinco mil pies equivalen al mismo número de tercias de vara. Sin embargo, lo que nuestro documento nos dice es que la legua contiene tres millas, cuando se terminó imponiendo cuatro pies o tercias de vara. ¿No se estaría utilizando en el fondo la medida musulmana? Pensamos que esto confirmaría la teoría de Vallvé y de quienes consideran que la influencia musulmana en la metrología de este tiempo es mucho más importante de lo que se suele aceptar.

El método empleado por los medidores fue la comparación directa sobre el terreno, lo que viene a demostrar que no existía una cartografía precisa en la que basarse para conocer la distancia sin tener que realizar su medición. Es decir, se procedió a comparar la unidad de medida oficial con la realidad a conocer. Se utilizó una cuerda de esparto de 100 tercias de largo y con una vara de medir en la que se señala una tercia exacta, haciéndose recuentos de 5.000 en 5.000 tercias de vara (5.000 pies) que equivalían a una milla, hasta reunir tres millas que equivalen a una legua. Sin duda, con los criterios de medición actuales, es evidente que genera un cierto margen de error el material en que está realizada la unidad de medida utilizada e incluso es poco fiable, insistimos que para la mentalidad actual, la forma de medición que supone. No obstante debe comprenderse que en el contexto histórico al que se refiere el documento supone obtener un conocimiento real y más que suficiente para los objetivos que se pretendían conseguir. Empero, se puede derivar de él que los nuevos pobladores cristianos de la zona no lo conocían de manera tan adecuada como cabría suponer de una ocupación que ya superaba los sesenta años. Prueba la afirmación anterior la constancia que deja el documento, de que se tenía por cierto cuando preguntaron al salir de Granada sobre la distancia más corta, que ésta era la que iba hasta la denominada “mar de Salobreña”.

Sin embargo, las mediciones que se hicieron por dos caminos alternativos, a la mar de Motril y “a la mar de Almuñecar”, permitieron comprobar que éste último era el itinerario más corto aunque no el más evidente y fácil de seguir. El primero (el que lleva a la mar de Salobreña) constituye una ruta perfectamente conocida desde la más remota antigüedad, como lo atestiguan los abundantes yacimientos existentes, al estar claramente marcada por el valle tectónico de Lecrín y por los ríos que lo atraviesan que abonan el Guadalfeo. En el siglo XVI, época en que se enmarca nuestro documento, el valle de Lecrín constituía una ruta de gran importancia estratégica como eje de comunicación desde el interior de la capital  hacia el litoral. Por ella transcurría el denominado “camino real” de la Costa y las Alpujarras -se entendía por camino real aquel que era principal para el paso de arriería-, cuyas etapas -poblados, lugares y alquerías- más importantes coinciden perfectamente con los hitos recogidos en la medición de 1563. Dicho camino real, si seguimos las informaciones recogidas en la encuesta elaborada para el Diccionario Geográfico de Tomás López[59], conservaba todavía a fines del siglo XVIII su importancia como paso principal hacia la costa[60].

Figura 1. El valle de Lecrín, según el Diccionario Geográfico de Tomás López.

Figura 2. Alhendín y su entorno, según el Diccionario Geográfico de Tomás López.

En primer lugar, la alquería de Armilla, que entrañaba gran importancia por ser “garganta por donde pasa todo lo que consume Granada de sus costas y valle; todo lo que viene de las Alpujarras, Temple y mayor parte de la Vega; todo lo que comercia con Málaga y mucha parte de lo que trata con Cádiz, Sevilla y sus carreras; cuyos corsarios y traficantes impedido el paso de Genil en los inviernos y otros tiempos, tienen que pasar por la calle de Armilla”[61]. Tras pasar por el lugar de Padul, cuyo nombre provenía de una antigua laguna desecada sobre la que aquél se asentaba, el recorrido se adentra en el Valle de Lecrín[62]. De su relevancia estratégica da sobrada cuenta Luis del Mármol Carvajal en su Historia del rebelión, cuando relata con exhaustividad pasmosa la expedición comandada por el capitán general del reino que, integrada por un ejército de 2000 infantes y 400 jinetes, salió el 3 de enero de 1569 para sofocar la sublevación morisca en las Alpujarras. La misma siguió un recorrido similar al trazado por los medidores de 1563, para, una vez llegados los refuerzos de tierras jiennenses, seguir la dirección del camino real que se adentraba en la sierra alpujarreña por el puente de Tablate[63]. El hecho de que el valle fuese paso obligado para acceder desde la capital granadina hacia la cara sur de Sierra Nevada y la costa obligó a que ya desde época  nazarí -período de Muhamad V- se construyesen fortalezas como la de Mondújar o la del lugar de Restábal, a fin de controlar el tránsito de este eje de comunicación[64]. Dicho factor fue determinante para que, a principios del XVI, el capitán general ordenase la edificación de una torre defensiva en la Cuesta de la Cebada -de la que sólo quedan sus ruinas-, punto estratégico para controlar el paso a la Alpujarra por el puente de Tablate hacia Lanjarón, y el que se dirigía, tal y como se comprueba en nuestro documento, hacia la costa granadina. 

Figura 3. Almuñecar, según el Diccionario Geográfico de Tomás López.

Figura 4. Término de la Vicaría de la Ciudad de Almuñecar, según el Diccionario Geográfico de Tomás López.

A partir del “vado de la Bernardilla”, lugar donde encontramos una estrecha e impresionante garganta excavada por la erosión de la roca caliza -la denominada “boca del Dragón”-, se registra en nuestro documento una bifurcación  que separaba dos rutas distintas. Por un lado, la que se dirigía a “a la mar de Motril”, que suponía un ligero rodeo por las estribaciones de la Sierra de Lújar y resultaba de gran interés para los medidores, ya que la “mar de Motril” (El Varadero) suponía una ensenada abierta que, corriendo desde el cabo Sacratif hasta la desembocadura del río Guadalfeo, constituiría con el tiempo el principal puerto de Motril. Por otro, la que enfilaba hacia “la mar de Salobreña”, lugar donde desemboca el Guadalfeo, que conforma una Punta constituida por un delta de materiales de aluvión. Finalmente, el trayecto más corto utilizando el criterio de distancia, que no el de tiempo ni de dificultad, es el que lleva a la mar de Almuñecar. Se trataba de otro camino real que transcurría desde el Valle de Lecrín por las fragosas Sierras de las Guájaras y de Cázulas y terminaba aprovechando el curso del Río Verde, que conforma la fértil Vega de Almuñecar[65].

¿Qué valores obtuvieron y qué distancias representan en la actualidad? En el auto de 1563 se solicita que el resultado de la medición se exprese en leguas, comprobándose que la unidad de medida, una cuerda de esparto de 100 tercias de largo y una vara de medir en la que se señala una tercia exacta, se ajustaban a los patrones legales existentes y custodiados por las autoridades municipales. Tras las comprobaciones comentadas y tras prestar juramento los medidores, por Dios, la Virgen María, los Santos Evangelios y por la señal de la Cruz, en que pusieron sus manos derechas, prometieron hacer la medición “bien e fiel e legalmente y derechamente, e sin fraude ni cabtela alguna. E que si ansí lo hizieren, Dios nuestro señor les ayude en este mundo a los cuerpos y en el otro a las ánimas, e si no él lo demande [...] como a malos cristianos, lo quales dixeron: “sí juramos e amén” ”.

Asimismo es enormemente descriptivo de las mediciones realizadas que se van recogiendo cada cinco mil tercias, es decir, cada 50 mediciones. Desafortunadamente la información que nos aporta es sumamente parca sobre lo que se iban encontrando en el camino. Se especifica el lugar de salida: Puerta de Bibataubín[66] desde donde se llegó al “alxibe del lugar de armilla” afirmándose que tras recorrer tres millas que suponen la primera legua se llegó con dicha legua al citado aljibe que hoy se encuentra bajo un bloque de viviendas que no lo respetó, ubicado junto a la actual iglesia de San Miguel. Por desgracia estos son los puntos mejor localizados y más próximos al trayecto que nos permitirían tratar de realizar una aproximación al valor de la legua actual, sin embargo, nos encontramos con una imprecisión que origina un margen de error significativo. Nos referimos a que el documento afirma que se “allegó con la dicha legua al alxibe del lugar de Armilla”, pero no nos da la distancia exacta en tercias. De la medición directa que hemos realizado entre ambos puntos se deduce una distancia de 4.150 metros[67], que si correspondiesen con una legua como afirma el documento, daría una vara de 0,82999 metros, es decir, un valor muy aproximado a lo que mide la vara de Burgos y conformaría la denominada legua del Cordel de la Corte, legua legal ó jurídica. Lo que sí puede afirmarse con rotundidad es que no se utilizó la legua común de cuatro millas que fue la que se impuso con la Pragmática de Felipe II sobre la legua en 1587.

¿Cuál puede ser la razón o razones que incidieron en utilizar la legua de tres millas?. Sin duda la tradición medieval jugaba a favor de ello. No olvidemos que en las Partidas de  Alfonso X el sabio la legua equivalía a tres migieros o millas[68] y por otro lado conocemos que su uso era muy generalizado, ya que constituía la legua jurídica, es decir la utilizada para solucionar pleitos[69]. Si tenemos presente que según el documento se contabilizan entre Granada y la mar de Motril, recorrido más largo de los analizados, 15 leguas y 8.000 tercias, es decir 233.000 tercias, eso supondrá una distancia aproximada de 64,9 kilómetros; a la mar de salobreña 64,2 kilómetros y a la mar de Almuñécar 63,2 kilómetros. El recorrido que puede hacerse por las carreteras actuales, así como las mediciones que nosotros hemos realizado utilizando una cartografía 1:25.000, da unos resultados muy parecidos, siendo los márgenes de error muy pequeños.

Figura 5. Caminos desde Granada a la costa a mitad del siglo XVI, medidos a petición de los gazís granadinos. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Oficial de carreteras de Andalucía, escala 1:200.000. El recorrido de los caminos ha sido reconstruido utilizando la cartografía a escala 1:25.000 del IGN.

En cualquier caso, y para terminar, es preciso aclarar que las posibles inexactitudes derivadas del proceso de medición realizado en 1563 eran un “mal menor” perfectamente enmarcable en el contexto cartográfico del siglo XVI. En efecto, si se realiza un pequeño repaso al mismo se podrá constatar cómo, por desgracia, la cartografía de la época, bien tenía una escala demasiado pequeña, como por ejemplo ocurría con los mapas generales de la Península Ibérica, o bien se trataba de mapas con alto grado de detalle pero con grandes carencias e imprecisiones.

Entre los primeros destaca el impreso y publicado por G. Cook en 1553 y que se cree obra de Vecentius Corsulensis que, aunque introduce coordenadas geográficas expresadas en grados y segundos, mantiene elementos medievales como la red de líneas de rumbos que caracterizaban a los portulanos. Muestra no sólo un gran esquematismo en la información que presenta, sino también una gran imprecisión en la representación de la costa oriental andaluza e incluso importantes errores en la ubicación de diversos núcleos de población.

Figura 6. Fragmento del mapa de G. Cook (1553).

Entre los segundos debe destacarse el ya citado Mapa del Escorial, que además de contener un mapa general de la Península, dispone de 42 hojas que representan el territorio a una escala aproximada de 1:400.000. Se trata, sin duda, del documento cartográfico que más detalles ofrece de nuestro espacio de estudio a finales del siglo XVI. A pesar de que sus representaciones suponen minutas y no mapas definitivos, el hecho de que constituya un complemento de las Relaciones Topográficas encargadas por Felipe II[70], lo convierten en un documento magnífico para aquel tiempo. No obstante la mejora indudable que supone sobre la cartografía anterior, sigue persistiendo en él la no precisa representación de nuestra costa andaluza oriental e incluso se mantienen errores en la localización de poblaciones, hidrografía, topografía, etc.

Figura 7. Hoja del Mapa de El Escorial.

Figura 8. Mapa de América (1562).

Conclusiones

En este trabajo hemos podido comprobar cómo el hecho metrológico está indisolublemente ligado al hecho social y político. La disposición lanzada por la Corona contra los gazís, por la que se les obliga a alejarse tierra adentro un mínimo de 12 leguas, la subsiguiente medición oficial realizada a instancias de dicho colectivo y las consecuencias derivadas de la misma, son una muestra clara de ello y que, en última instancia, nos remite al papel del Estado como agente de control social. A fines del xiglo XV comienza a surgir lo que historiográficamente conocemos como Estado Moderno, caracterizado, frente a la fuerte disgregación del poder político en manos de la nobleza en época medieval, en la consolidación de una entidad política con unas estructuras bien definidas, basadas en tres pilares básicos: el control de un aparato administrativo centralizado; la organización y mantenimiento de un ejército bien equipado que sirva de muro defensivo ante cualquier ataque exterior, de agente represivo en caso de revueltas internas y ofensivo cuando las necesidades expansionistas del Estado -de acuerdo con la máxima mercantilista de que población y territorio son sinónimo de poder económico- lo requieran; y por último, el control y racionalización de una fiscalidad que permita financiar toda la estructura estatal.

Así como el control y monopolio de la burocracia, la violencia y la hacienda en manos del Estado eran requisitos esenciales para su propia supervivencia[72], no debe extrañar que se fijase como objetivo el control, monopolio y uniformización de algo tan importante como los sistemas de medición y del instrumental a ellos vinculado. Carlos Enrique Granados y Manuel López han reflexionado acertadamente sobre la utilización de la medida  como instrumento de poder. Para ellos es fundamental entender, en una época previa a la adopción del sistema métrico decimal, la existencia de una concepción del patrón de medida  como algo netamente material que olvida la definición abstracta del mismo. A nuestro juicio, hilan fino al afirmar que cuando el patrón -material- no remite al concepto de módulo -como una definición matemática y abstracta de la medida-, sino que la única definición  de dicho patrón es la pieza custodiada, a la que siempre debemos volver cuando queramos realizar una medición o una réplica de los instrumentos de medida -caso de la vara en su sentido material-, dicho patrón se convierte en un instrumento de poder en manos de quien lo posee[73]. Así, la metrología legal, es decir, aquélla que es definida, aceptada y reglamentada por el Estado, considera cada patrón  usado como el mejor, no por su excelencia técnica, sino porque es el que conviene. Es cierto que aquélla se alejó con mucho de los avances buscados y logrados por la ciencia de las mediciones o “metrología científica”, pero también que, precisamente, esa metrología legal, controlada por el Estado, es la que ha dado lugar a los distintos cuerpos legislativos de “Pesas y medidas” y es la que, por ende, interesa al historiador y al experto de la metrología histórica.

Al Estado le interesa medir, no sólo por razones de tipo económico -procesos de deslinde, medición de términos y propiedades rústicas y urbanas de cara a repartimientos, expropiaciones o confiscaciones de bienes-, sino también por una finalidad específicamente política. Si nos remitimos a la época en que se desarrolla nuestro documento, comprobaremos cómo para potencias de la talla del Imperio Otomano, Francia o la propia Monarquía Hispánica, es esencial el conocimiento de las distancias como arma estratégica y logística. Por ejemplo, era vital conocer la distancia exacta que separaban distintos enclaves de tierra firme, islas, islotes, cuyo dominio o simple bloqueo podía asegurar el control de espacios estratégicos tan importantes como el Mediterráneo[74]. Asimismo, el conocimiento cierto y exacto de la distancia era capital para llevar a cabo la preparación de una expedición o empresa militar ofensiva dirigida a la conquista de un enclave determinado -reclutamiento, abastecimiento de víveres, botadura de barcos preparados para la realización de travesías de altura o cabotaje, de más o menos duración, etc.-. Las secciones de los Consejos de Estado y Guerra del Archivo General de Simancas, por poner sólo un ejemplo, están repletas de información de este tipo, con datos fidedignos, realizados con base en una cartografía que, sobre todo para las costas del Mediterráneo, presentaba unos márgenes de error reducidos para la época. Al Estado Moderno, por tanto, le interesaba conocer las distancias. Pero no sólo para dirigir empresas militares por mar. También para organizar grandes expediciones por tierra, para asegurar la logística y preparar la estrategia en el campo de batalla, sin que nada obedeciese a la improvisación[75]. Y por supuesto, para deslindar las zonas de influencia y el control de una frontera determinada tras la firma de un tratado o una alianza entre Estados que  llevasen a cabo el reparto territorial de una zona en litigio. La distancia está presente, pues, en buena parte de la praxis política del Estado.

El documento que hemos analizado obedece, precisamente, a esa praxis. Obedece a un fin político muy determinado: el control y represión de un agente de la sociedad considerado, bajo la óptica de un Estado confesionalista, demasiado peligroso por dos razones: una claramente estratégica y defensiva, por cuanto los gazís resultan siempre sospechosos de ser abiertos colaboradores de sus hermanos de fe norteafricanos, mucho más que los propios moriscos; otra puramente etnofóbica y que remite sus orígenes norteafricanos, por más que los propios gazís se empeñen en demostrar su completa asimilación a la sociedad granadina y su condición de católicos reconocidos. En esencia, el auto y la medición longitudinal desde la capital del reino al litoral, responden a un fin último, esto es, alejar lo más posible de la costa -frontera tremendamente vulnerable en la época- y hacia el interior al gazí, considerado un agente quintacolumnista en potencia. Algunos años después este criterio, tras la segunda rebelión morisca, será el que se aplique cuando los moriscos granadinos sean diseminados por Castilla y en 1609 Felipe III decrete la expulsión definitiva de todos los moriscos de la Península.

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO[76].

Yo, don Yñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, capitán general deste Reyno de Granada, hago saber a vos, Andrés de Anpuero, alguazil mayor desta Alhambra, que ante mí paresçió Gaspar de Valverde e Juan de Santa Cruz e Françisco Garçía y Alonso de Córdoba, por sí y en nombre de los otros gazís desta çiudad de Granada y presentaron la petiçión siguiente:

Illustrísimo señor:

Gaspar de Valverde y Juan de Santa Cruz y Françisco Garçía y Alonso de Córdoba, por nosotros y en nombre de los otros gazís desta çiudad, dezimos que vuestra Señoría Illustrísima mandó pregonar una çédula real de Su Magestad por la qual se nos mandó que dentro de çinquenta días saliésemos fuera de las doze leguas de la mar y costa della. Pedimos y suplicamos a vuestra Señoría Illustrísima mande que se mida lo que ay desta çiudad a lo más çerca de la mar y nos lo mande dar por testimonio para lo presentar ante Su Magestad, para que podamos pedir y demandar lo que viéremos que nos conviene a ruego de los susodichos Françisco Navarro, e por mí visto lo susodicho, mandé dar el presente, por el qual vos mando que en vuestra presençia y por ante Andrés Ruiz de Carrión, escrivano desta Alhambra, hagáys medir por dos medidores de los públicos desta çiudad de Granada que sean personas de confiança, las leguas que ay desde esta çiudad de Granada a la mar por la parte questá más çercana a ella, teniendo espeçial cuydado que la dicha medida se haga con toda fidelidad y las leguas que se hallare que ay se asienten por testimonio, y ansimismo por el camino y lugares que se midiere, y se trayga ante mí en manera que haga fe. Que para todo lo susodicho os doy poder e comisión cumplida, qual de derecho en tal caso se requiere.

Lo qual hazed a costa de los dichos Juan de Santa Cruz y consortes, llevando de salario por cada uno de los días que en ello os ocuparedes en yda, estada y buelta, diez reales, y el dicho Andrés de Carrión otro tanto, sin otros derechos algunos de autos ni de la escriptura que se hiziere.

Fecho en la Alhambra, a honze días del mes de otubre de mill e quinientos e sesenta e tres años.

Conde de Tendilla (firmado)

Por mandado de su Señoría Illustrísima: Luis de Ribera, escribano (firmado)

En la çiudad de Granada, viernes por la mañana, a quinze días del mes de otubre de mill e quinientos e sesenta e tres años, Andrés de Hanpuero, alguazil mayor de la Alhamba desta dicha çiudad, en cumplimiento desta comisión de su Señoría Yllustrísima, nombró por medidores[77] para hazer lo ordenado en la dicha comisión: a Bartolomé del Campo e a Luis Vellido, medidores públicos de tierras, nombrados por esta dicha çiudad de Granada, de los quales e de cada uno dellos el dicho señor Andrés de Hanpueroo tomó e resçibió juramento en forma de derecho, por Dios nuestro señor e por Santa María su Bendita Madre, e por las palabras de los Santos Evangelios, do quiera que más largamente hiusoescriptos, e por una señal[78] de cruz en que pusieron sus manos derechas, so cargo del qual prometieron de hazer la dicha medida bien e fiel e legalmente y[79] derechamente, e sin fraude ni cabtela alguna. E que si ansí lo hizieren, Dios nuestro señor les ayude en este mundo a los cuerpos y en el otro a las ánimas[80], e si no él se lo demande [...] como a malos christianos, los quales dixeron: “sí juramos e amén”.

A lo qual fueron presentes por testigos: Juan de Cabrera e Diego de Torres e Juan de Escobar, veçinos de Granada, e el dicho señor Andrés de Hanpuero, lo firmaron de su nombre.

Va tachado: a la fuerça.

Andrés de Ampuero (firmado)

Andrés Ruiz de Carrión, escribano (firmado)

E luego, yncontinente, el dicho señor Andrés de Hanpuero, alguazil mayor, juntamente conmigo, el dicho escrivano e con los dichos Luis Vellido e Bartalomé del Campo, medidores, vino (//) a la puerta de Babitaubín de la dicha çiudad de Granada, para desde ella e desde la çerca de la dicha çiudad, puesta junto a ella, hazer la medida conforme a la comisión de su señoría, y aviendo[81] nos el dicho señor Andrés de Hanpuero y e yo el dicho escribano, ynformado de muchas personas[82] christianos viejos que han andado muchas vezes el camino desde esta dicha çiudad de Granada a la mar, quál es el camino más çercano, nos dixeron e ynformaron quel camino más çercano desdesta dicha çiudad de Granada a la mar es desde la dicha çiudad a la mar de[83] junto a Salobreña. Y así, desde la dicha puerta de Bibataubín de la dicha çiudad e[84] de la çerca de la dicha çiudad[85],  se fue enpeçando a hazer hasta la dicha[86] mar de Salobreña la dicha medida del camino por los dichos medidores y en presençia del dicho señor Andrés de Hanpuero e de mí, el dicho escrivano, de que doy fee en la manera siguiente[87]:

Los dichos medidores dixeron que so cargo del dicho juramento que tienen hecho, el dicho camino se a de yr midiendo con una cuerda desparto que ellos tienen, que mostraron, de çient terçias en largo e con una vara[88] de medir a donde estava hecha e señalada una terçia justa.

Se midió la dicha cuerda[89] desparto en presençia del dicho señor Andrés de Hanpuero e de mí el dicho escrivano, e se halló tener la dicha cuerda desparto las dichas çient terçias justas e la dicha terçia questava señalada en la dicha vara[90]  de medir con que fue medida la dicha cuerda desparto. Asimismo se midió e se halló[91] ser terçia cabal e justa.

La horden que se tuvo en medir todo lo susodicho fue que la cuerda con que se midió tenía, como está dicho, çien terçias en largo. Y con ellas se yvan midiendo diez cuerdas por el camino. Y diez cuerdas de a çient terçias son mill terçias. Y desta manera se medían las çinco mill terçias que van señaladas en cada capítulo deste testimonio. Y en  midiéndose una cuerda se ponía una vara por señal e se hazía una raya, por manera que la dicha medida se hizo justamente y el dicho camino se midió por lo más çercano, yendo por las sendas y atajos que se hallavan y se podia hollar con gente de pie[138]. (//)

Diez cuerdas de a çien terçias cada una son mill terçias; y çinco mill terçias es una milla; y tres millas, que son quinze mill terçias, es una legua.

Y los dichos Bartolomé del Campo e Luis Vellido, medidores, dixeron que so cargo del dicho juramento que tienen hecho, la dicha medida del dicho camino está bien hecha e como se a de hazer, porque las leguas se an de medir echando tres millas en cada legua; y cada milla de mill pasos; y cada paso de çinco pies; y cada pie de tres palmos; y cada palmo de quatro dedos; y cada dedo de dos granos de çevada; y cada pie destos se a de medir con terçia de vara, porque tres palmos de a quatro dedos cada uno, medidos por[139] [roto][140] de la palma de la mano es una terçia de vara. Y esto se a usado e guardado e usa e guarda, y siempre se a hecho así la medida del camino desde que cada uno dellos an usado e usan sus ofiçios de medidores. E demás del dicho juramento que tienen hecho los dichos medidores, dixeron que juravan e juraron por Dios e por Santa María e por una señal de cruz que hizieron[141] con sus manos derechas, que la dicha medida se a hecho bien e fielmente e legalmente, de la manera que hecha y escrita en este testimonio, el qual y todo lo en él escripto les fue leydo e el dicho Luis Vellido lo cotexó con la memoria quel tiene escripta de lo susodicho. E dixeron el dicho testimonio e lo en él contenido está çierto e verdadero, e lo firmaron de sus nombres. E el dicho señor Andrés de Anpuero, alguazil mayor de la Alhambra, que a toda la dicha medida se halló e estuvo presente, juntamente conmigo el dicho escrivano, de (//) que doy fe, lo firmó asimismo de su nombre...

Andrés de Anpuero (firmado)

Luis Vellido (firmado)

Bartolomé del Campo (firmado)

Yo, Andrés Ruiz de Carrión, escrivano de Su Magestad y en la dicha Alhambra de la dicha çiudad de Granada, fuy presente a toda la medida del dicho camino en uno con el dicho señor Andrés de Hanpuero, alguazil mayor de la dicha Alhambra, que asimismo a toda ella estuvo presente...

En testimonio de verdad:

Andrés Ruiz de Carrión, escrivano (firmado y rubricado)

Notas

[141] Sobrescrito: con.

 

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Ficha bibliográfica:
JIMÉNEZ, A. y MAROTO, J. C. Estado, distancia y control social: reflexiones en torno a una medición de caminos en la Granada de mediados del siglo XVI. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de junio de 2004, vol. VIII, núm. 166. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-166.htm> [ISSN: 1138-9788]

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