Sistemas de información geográfica y redistritación electoral: su impacto en México

Covadonga Escandón Martínez
Centro de Investigación en Geografía y Geomática. Ing. Jorge L. Tamayo. México.

La democracia mexicana fue seriamente cuestionada durante la mayor parte del siglo XX; entre otras cosas había poca credibilidad en las elecciones y en las instancias responsables de las mismas. La situación cambió en la década de los noventa y ahora el Instituto Federal Electoral es una de las instituciones que más confianza inspira a los ciudadanos. Una de las tareas que contribuyó al cambio fue el proceso de redistritación llevado a cabo en 1996, para el cual se desarrolló un sistema de información geográfica. La experiencia incluyó la integración de un equipo multidisciplinario, la elaboración de un marco conceptual y metodológico, la implementación del sistema, la obtención y presentación de resultados y una serie de acuerdos entre todos los partidos políticos.
Palabras clave:
Redistritación, transparencia, credibilidad, computación, sistemas de información geográfica.

A lo largo del siglo XX, el sistema político mexicano pasó por diversas etapas: una dictadura, una revolución, hasta la implementación de una democracia “oficial” que culminó en una crisis política en los años ochenta, cuando, entre muchos otros factores, la población perdió la confianza en los procesos electorales. En un intento por salir de esta crisis, se llevaron a cabo algunos cambios a nivel legislativo e institucional. Uno de los cambios que mayor impacto positivo ha tenido sobre el ambiente político-social del país fue la creación del Instituto Federal Electoral, cuyas acciones en los últimos años -incluyendo una importante e inaplazable redistritación electoral- no sólo han logrado que la población recupere la confianza perdida en los procesos electorales, sino que además han convertido a esta institución en una de las que más confiables resultan a la opinión pública.

Este trabajo presenta una breve reseña de los cambios ocurridos en los procesos electorales en México a partir de la creación del IFE, poniendo especial énfasis en cómo la implementación de un innovador sistema de información geográfica para la redistritación de 1996 ha contribuido a la consolidación de la democracia en México e impactando de manera muy positiva en el ambiente político-social.
Antecedentes electorales y credibilidad política
La democracia que caracterizó al sistema político mexicano durante la mayor parte del siglo XX ha sido seriamente cuestionada. El siglo inició con Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder desde 1877 hasta 1910 cuando estalló la Revolución Mexicana. Durante su gestión hubo elecciones, mas no competencia política. Después vino el conflicto armado y, de ahí hasta ya entrados los años veinte, las disputas por el poder se dirimieron pistola en mano. En el periodo que va de los años veinte a 1940 vino una etapa reformista, durante la cual se cimentó la estabilidad política. En 1929 se funda el partido político oficial, el Partido Nacional Revolucionario, que años después cambiaría su nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI) y logra monopolizar el poder. Este grupo político sentó las bases para que el acceso al gobierno no se diera por las armas y los representantes del pueblo tuvieran el aval ciudadano por medio de las elecciones. De 1940 a 1967 las elecciones se enmarcaron en una estabilidad y no hubo competencia. Entre 1968 y 1977 hubo una aguda crisis política que llevó, después de 1978 al comienzo de un lento proceso hacia una mayor pluralidad (Woldenberg, 1997: 343). Setenta años estuvo el PRI en el poder. Mario Vargas Llosa en una controvertida declaración dijo que el sistema político mexicano era una “dictadura perfecta” (Oppeheimer, 2003).

En términos electorales no había competencia real, había una gran manipulación y, en algunos casos, coerción a los ciudadanos para orientar sus preferencias, así como alteración de los resultados del sufragio. Entre las prácticas más comunes estaba la distribución de comida u otros regalos a cambio de votos, también se amedrentaba a los ciudadanos diciéndoles que, si ganaba la oposición, ellos perderían derechos adquiridos o prestaciones. El llamado voto del miedo, incluía la difusión de rumores sobre la alteración de la paz social en caso de que el partido oficial perdiera el poder. Entre los fraudes electorales más conocidos, se cuentan situaciones tales como la existencia de comunidades donde votaba más del 100% de los habitantes, el registro de votos emitidos por difuntos, camiones de soldados que viajaban de casilla en casilla repitiendo su voto y servidores públicos que recibían boletas ya tachadas para que las depositaran en las urnas. Gonzalo N. Santos (citado por Agustín, 1990: 12), un cacique de San Luis Potosí, en sus memorias sobre lo ocurrido en las elecciones de 1940 nos ejemplifica estas prácticas cuando relata las órdenes dadas a los improvisados miembros de la casilla donde votaría el entonces Presidente de la República, a los cuales se les dijo “a vaciar el padrón y a rellenar el cajoncito, y no discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar”.

La primera vez que un partido de oposición, en este caso el Partido Acción Nacional (PAN), ganó la gobernatura de un estado fue en 1989. De ahí se sumaron múltiples victorias para el conjunto de la oposición durante la década de los noventa hasta que, en el año 2000, el PRI perdió la presidencia de la República.

La transición a la democracia fue un proceso lento y en el cual los espacios se ganaron poco a poco. En este sentido, algunos marcan a las elecciones de 1988 como un parteaguas en la historia política del país. Un antecedente importante de dichos comicios fue un conflicto interno del PRI, del cual derivó una escisión que se convirtió en el eje de una convergencia electoral tras el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Los resultados electorales de 1988 fueron fuertemente impugnados y carecieron de credibilidad. El problema que tuvieron las computadoras al contabilizar los votos, “la caída del sistema”, como se le llamó entonces, aludiendo al sistema de cómputo, derivó en otra caída, pero esta vez del sistema político. Los comicios provocaron un cambio en el cuadro de los partidos políticos, en el fin de la hegemonía priista, en el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en la transformación de la correlación de fuerzas, ya que este último partido y el Partido Acción Nacional (PAN) pasaron de tener un carácter testimonial a tener uno mucho más participativo dentro de los órganos legislativos y en la gestión pública.

De acuerdo con Luján (1999:15), para las elecciones presidenciales de 1988 ya se habían agotado las fuentes de legitimidad del sistema político, que provenían de la Revolución Mexicana y de la eficiencia de la gestión pública. A finales del mismo año, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente sin el aval de un proceso electoral aceptado por una mayoría ciudadana. Derivado de lo anterior, la construcción de la credibilidad y confianza se convirtió en una de las necesidades centrales para la reestructuración del sistema electoral mexicano y la transición a la democracia. Entonces, se le dio independencia a la instancia encargada de las elecciones. El proceso dejó de ser tarea de los gobernantes en turno y como punto de arranque para los noventa pasó a estar bajo la responsabilidad de una institución autónoma.

Para ello, se aprobó en 1989 una serie de reformas a la Constitución Política y en agosto de 1990 se expidió una nueva legislación en materia electoral, la cual fue denominada como Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Unos meses más tarde, el 11 de octubre de 1990, comenzó a funcionar el Instituto Federal Electoral.

El proceso electoral no se reduce a la jornada electoral. La redistritación, es decir la delimitación de las fronteras de los distritos electorales, es uno de los aspectos de estos controvertidos sufragios. Durante la mayor parte del siglo XX, dicha tarea recayó en los gobernadores, congresos locales, dirigentes políticos, autoridades municipales y ayuntamientos. La forma de distribuir los distritos era manual; el único criterio oficial era el procurar tener áreas con número de habitantes equilibrado. Para ello, un grupo de personas se reunían en torno a un conjunto de mapas impresos, sin seguir un procedimiento organizado y agregaban y/o quitaban áreas a los distritos, recalculando las poblaciones correspondientes tras cada cambio. Los procedimientos de redistritación no se documentaron sino hasta los ejercicios de 1978 [1] y 1996 [2]. Esta falta de sistematización al delimitar las áreas electorales hacía que el proceso fuera susceptible a la subjetividad y tuviera las limitaciones implícitas de los actores responsables. En términos generales también se asumía que los escenarios de redistritación tenían sesgos electorales, principalmente de "gerrymandering", es decir, distritos diseñados en forma tal que beneficiaran al partido oficial o que perjudicaran a la oposición.

El Instituto Federal Electoral se erigió en 1990 como “un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión” (IFE, 2004). Su independencia del gobierno ha sido el punto clave para ganar legitimidad. Sin embargo, su gran reto fue el ganarse la confianza de la población y restablecer la credibilidad en los procesos electorales.

La estructura orgánica de la institución coloca en un primer nivel jerárquico al Consejo General del IFE, conformado por consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos con registro. De esta forma, queda bajo la responsabilidad del Instituto Federal Electoral tareas que van desde la legislación, la coordinación de partidos políticos hasta la organización de jornadas electorales. Además se cuenta con un Tribunal Federal Electoral (TRIFE) encargado de la resolución de conflictos derivados del proceso de votación y que depende directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De ahí que la primera gran tarea de dicho instituto haya sido la conformación de un nuevo padrón electoral que permitiera contar con un registro confiable de ciudadanos. La siguiente tarea de gran importancia y de corte muy geográfico fue la de regionalizar el territorio de la República Mexicana con la finalidad de lograr una adecuada representación ciudadana ante las cámaras legislativas, es decir, redistritar. Debido a la historia política del país y a la forma en que se habían llevado a cabo los comicios en el pasado se estableció como condición sine qua non la necesidad de transparencia en el proceso.

A principios de la década de los noventa, la redistritación vigente era la que había sido elaborada en 1978 y tenía un sesgo por mala proporción muy fuerte, lo que derivaba en que el valor del voto de los ciudadanos que habitaban diferentes regiones fuera muy desequilibrado, favoreciendo a los que vivían en los distritos menos poblados.

A nivel internacional existen diversas posturas acerca de quién debe encargarse de desarrollar un proceso de redistritación. Por un lado, hay quienes opinan que debe dejarse en manos de los políticos y, por lo tanto, crear una comisión multipartidista con representantes de todos los partidos. Otros en cambio buscan quitar del proceso a los políticos y dejárselo a los tecnócratas, de lo cual se derivó después la opción de una redistritación computarizada, con la idea de que la automatización del proceso facilita la objetividad y las soluciones resultantes satisfacen mejor los requerimientos legales claramente establecidos. En el caso de México, la solución fue combinada. Se retomaron las ventajas de que la tarea fuera desarrollada por un equipo científico y técnico, en donde el proceso fuera asistido por computadora, pero sin dejar de lado a los partidos políticos, quienes participaron en los acuerdos para establecer los criterios y, en última instancia, avalaron, aceptaron, comentaron y corrigieron el trabajo desempeñado por el Instituto Federal Electoral.

La mayor ventaja del uso de la computadora fue que ello le otorgó gran transparencia al proceso, pues los criterios de redistritación se encontraban dentro del algoritmo. De esta forma no cabía la posibilidad de tener criterios ocultos, como sucedía cuando se presentaban planes elaborados de manera manual por un grupo de políticos y que no podían ser evaluados fácilmente por otros actores.

La redistritación, desde el punto de vista técnico se ha visto favorecida, a partir del advenimiento de las computadoras y con el posterior desarrollo tecnológico tanto a nivel de hardware como de software, al incrementar la rapidez del proceso así como su sistematización. Sin embargo, el problema sigue siendo complejo ya que es tan amplio y abarca tantos aspectos que, para lograr una solución seria, se requiere la intervención de un equipo multidisciplinario de especialistas. En el caso de México en 1996 se incluyeron geógrafos, matemáticos, demógrafos, políticos, computólogos, cartógrafos y personas con un conocimiento profundo del territorio a nivel local.

La computadora puede apoyar en diversas tareas dentro del proceso de redistritación, las cuales incluyen desde las funciones más básicas como calcular la población de cada distrito y su desviación respecto a la población objetivo o bien el despliegue ya sea en pantalla o en papel de los distritos creados (lo cual ayuda a la verificación visual de la contigüidad y/o compacidad de los mismos) hasta funciones más elaboradas como la implementación de modelos matemáticos o de inteligencia artificial que lleven a cabo la redistritación de manera “autónoma”, es decir, sin que el usuario intervenga después de fijados los criterios a seguir. Es en este último caso cuando se puede garantizar la transparencia del proceso ya que el algoritmo usado queda “a la vista” de todos.

Para llevar a cabo una redistritación “computarizada” existe un amplio espectro de posibilidades que puede separarse en dos grandes grupos: algoritmos pasivos y algoritmos activos. El primer grupo está formado por diversas rutinas del tipo generalmente implementado dentro de los paquetes comerciales orientados a sistemas de información geográfica que están a la venta hoy en día como autoBound, Maptitude o ArcInfo. Todas estas rutinas tienen en común que es una persona quien va diseñando los distritos manualmente aunque interactuando con el paquete para que éste calcule las nuevas poblaciones distritales así como la desviación conjunta de la población objetivo. Asimismo, al poder distinguir claramente en la pantalla los distritos que va creando, el redistritador puede comprobar visualmente que se cumplan distintas restricciones como compacidad y contigüidad. Según explica Pierce (1992) esta es posiblemente la manera más común de redistritar en el mundo hoy en día. A pesar del adelanto que representa esta forma de redistritar cuando se le compara con la totalmente manual, se tienen dos grandes inconvenientes: primero, es prácticamente imposible para una persona (y aun para un grupo de personas) revisar todos los posibles planes de redistritación por lo cual es difícil encontrar el que mejor aproxime el objetivo poblacional y en segundo lugar, es muy fácil que la propuesta final esté sesgada ("gerrymandering") a favor o en contra de un partido en particular y sería muy difícil probar si esto fue hecho con intención o si fue accidental. Estos dos inconvenientes le restan claridad y transparencia al proceso de redistritación.

Por su lado, en los métodos activos de redistritación, la intervención humana está limitada a la implementación del proceso, es decir, a generar un algoritmo que incluya explícitamente los criterios utilizados así como la secuencia de pasos a seguir para llegar a un plan final. Esta manera de redistritar incrementa sustancialmente la transparencia del proceso ya que garantiza que el método empleado para llegar a un conjunto de distritos específico pueda ser analizado por personas ajenas a la implementación en sí como serían, por ejemplo, académicos o políticos interesados en evaluar posibles sesgos en los resultados. El mayor inconveniente de la redistritación activa es la dificultad de explicar los algoritmos matemáticos y/o heurísticos que deben emplearse a personas que no tengan un cierto entrenamiento en estas áreas. En general, los tipos de algoritmos que han probado ser más adecuados para este tipo de ejercicios han sido métodos de optimización como el recocido simulado o la programación entera y modelos heurísticos de crecimiento (Pierce, 1992). Ninguno de estos métodos garantiza que el plan resultante será el mejor de todos (es decir, el que menos desviación del objetivo poblacional presente) pero prueban un número mucho mayor de opciones de las que puede intentar una persona en un tiempo limitado y, usualmente, la respuesta está suficientemente cerca de ese plan óptimo (López Levi y Escandón, 2002: 284).

Tal vez uno de los mayores inconvenientes que limitan actualmente el uso de sistemas computarizados en los procesos de redistritación, es el costo que implican ya que requieren desde la compra de maquinaria y paquetería especializada hasta la contratación y capacitación de personal pasando por la digitalización y/o actualización de los mapas y la adquisición de bases de datos.

Afortunadamente, con el tiempo estos costos disminuyen ya que el equipo puede reusarse y, aunque esta diferencia no fuera significativa, consideramos que el incremento en objetividad y eficiencia respecto a la redistritación pasiva así como la transparencia que añade al proceso compensan con creces los posibles costos monetarios.

Sin embargo, los costos antes discutidos no son el mayor obstáculo para la redistritación automatizada y tampoco lo son las posibles complicaciones de los aspectos teórico-metodológicos o técnicos. Como se explicó antes, la principal limitante se presenta en el ámbito político, no sólo debido al problema de comunicar los detalles técnicos a los no-especialistas sino también a que hay diversos intereses políticos involucrados y éstos, junto con las percepciones sociales y partidistas, suelen tener un peso específico muy alto en lo que se refiere a decisiones políticas como la redistritación.

La llegada de las computadoras en los años 60 del siglo XX y después con los sistemas de información geográfica ha tenido gran influencia sobre la forma en la que se redistrita en todo el mundo, especialmente a partir de la década de los 80 cuando en los Estados Unidos de América se empezaron a construir distritos con la asistencia de procesos computarizados. Sin embargo, tanto entonces como ahora, la intervención de las computadoras en el proceso se limita mayormente a cálculos simples y a desplegar gráficamente las propuestas. Desde los años 90 ya todos los estados de dicho país cuentan con sistemas de este tipo (Handley, 1998). En este mismo periodo, en México el IFE desarrolló una metodología y un sistema de información geográfica para redistritar pero, en este caso, las computadoras tuvieron un papel más activo en el proceso, ya que se implementó un algoritmo heurístico y no sólo se restringió su uso a los cálculos de población y a la producción de mapas.

El empleo de sistemas de información geográfica como un medio de apoyo en la redistritación requiere que se cubran una serie de facetas, empezando por establecer claramente y sin ambigüedades qué criterios se van a considerar (como, por ejemplo, la contigüidad física de los distritos o su compacidad) y calcular el número de distritos en los que se va a dividir cada territorio; este proceso también debe incluir la revisión y actualización de las bases cartográfica y de datos poblacionales, la implementación y ejecución de uno o más modelos de regionalización [3] y, finalmente, la evaluación de resultados junto con la producción de un reporte que sintetice el procedimiento (López Levi y Escandón, 2002: 281).

Como se dijo anteriormente, el uso de un sistema de información geográfico para la regionalización electoral en México se dio por primera vez en el marco de la redistritación de 1996, la misma que sirvió como base territorial para las elecciones de 1997, 2000 y 2003 [4]. Sin embargo, este trabajo se sustentó en un proyecto anterior: el Sistema de Información Geográfica Electoral (SIGE), iniciado en 1992, con el objetivo de desarrollar una herramienta que permitiera el manejo de la información geográfica de manera organizada y sistematizada, con la finalidad de apoyar los trabajos de planeación y evaluación que realizara el Registro Federal de Electores (Islas, 1995). Aunque la principal tarea que enfrentó el SIGE fue la Redistritación Federal, también fue la base de algunas redistritaciones estatales.

La primera etapa para la solución del problema de redistritación fue la generación de un marco conceptual teórico y metodológico en el cual se definieran claramente los criterios a utilizar y la metodología de regionalización. Para ello fue necesario probar varios modelos y elegir el más adecuado a las circunstancias. Todo lo anterior fue logrado a través de un trabajo de investigación realizado por parte del equipo de trabajo responsable, después presentado y discutido con diversos órganos de la institución -jurídicos, técnicos y políticos- para posteriormente ser analizado, corregido y acordado con los diversos partidos y consejeros ciudadanos.

De manera tal que se partió de los criterios constitucionales, en los cuales se establece el número de diputados que integrará la cámara legislativa, un marco territorial basado en los estados de la República, así como una base para establecer la población meta o el número de habitantes que idealmente debe tener cada uno de los distritos.

A falta de un marco legal más específico sobre los criterios a utilizar y la metodología que se debía seguir en la demarcación de los distritos, el Consejo General del IFE estableció como acuerdos el respeto a las fronteras estatales y municipales, la búsqueda de compacidad, un límite del quince por ciento en la desviación máxima aceptada con respecto a la población meta, la necesidad de considerar las vías de comunicación, los tiempos de traslado, la integridad de comunidades y otros elementos físicos del territorio que fueron denominados “accidentes geográficos”. En cuanto a los aspectos metodológicos, estos acuerdos definen que el número de distritos por entidad debe calcularse según la fórmula de St Lagüe [5] y que debería usarse un modelo heurístico para la conformación de dichos distritos.[6]

Algunos criterios, como los que norman la desviación de la población meta, la integridad de comunidades, el respeto por las fronteras político administrativas y el uso de la fórmula de St Lagüe para la reasignación de distritos, tienen como motivación el lograr una adecuada representación; otros, como los de tiempos de traslado y vías de comunicación, pretenden hacer más eficiente el proceso electoral y otros, como los de compacidad y nuevamente los que se refieren al respeto por los límites estatales y municipales, buscan generar distritos más fáciles de identificar, que se vean mejor y que no generen sospecha de tener sesgos electorales tipo "gerrymandering".

Para establecer los criterios de tipo metodológico, se partió de que existen varios métodos de regionalización posibles, entre los que destacan los modelos de optimización y los heurísticos. En los primeros, el problema se expresa matemáticamente en términos de maximización o minimización, y en los segundos se intenta automatizar el procedimiento seguido por una persona cuando realiza la tarea a mano. Ambas opciones facilitan la búsqueda de escenarios justos, tanto para los partidos políticos involucrados, como para la ciudadanía. En este sentido, tienen sus ventajas y desventajas, las cuales dependen de las circunstancias específicas.

En el caso específico de la redistritación 1996, la elección del modelo heurístico como algoritmo de regionalización se debió a la necesidad de darle transparencia y claridad al proceso. En otras palabras, la preferencia de un modelo heurístico sobre uno de optimización se debió principalmente a que el primero permitía que los diversos grupos y partidos políticos reprodujeran el ejercicio con idénticos resultados, lo cual garantizaba la transparencia del proceso; era relativamente sencillo ver los criterios y la forma en que se iban conformando los distritos. En este sentido, el listado del programa implementado se hizo público, con lo que cualquier persona interesada podía revisarlo. Asimismo, el procedimiento seguido por el algoritmo heurístico era más fácil de entender por aquellos que no necesariamente tenían una formación matemática, que el procedimiento de un algoritmo de optimización.

El algoritmo heurístico diseñado construía los distritos a partir de una unidad básica que tomaba como semilla, y crecía de acuerdo con diversos criterios, que podían ser el azar, el número de habitantes o el número de unidad básica asignado por la institución para fines operativos. Si con ello no se lograba el objetivo en términos de número de habitantes, entonces se le “pegaba” una de sus unidades vecinas para conformar el distrito. Después, se volvía a calcular la población y si el resultado se acercaba más a la meta se repetía el proceso, si se alejaba de ella, entonces se detenía la construcción del distrito. Este proceso se repetía sucesivamente hasta lograr el objetivo. Una vez que quedaba conformada un área territorial dentro de los límites de tolerancia permitidos, se empezaba a formar otro distrito siguiendo el mismo procedimiento con las unidades que no habían sido tomadas. El procedimiento anterior se repitió hasta obtener todos los distritos deseados.

El uso de este tipo de algoritmos no garantiza una solución óptima, como tampoco lo hace emplear modelos de optimización, pero sí facilita la revisión de un número mayor de planes que en una redistritación manual. Para el caso específico de la redistritación 1996 en México, se aplicó el algoritmo heurístico y se generaron 3.000 escenarios para cada unidad territorial [7]. El mejor escenario se eligió en función del valor del voto, es decir, se seleccionó el plan cuya desviación con respecto a la población meta fuera menor.

En una segunda etapa, el proceso pasó a manos de comités políticos, técnicos y personas con un conocimiento local de los territorios específicos para realizar una evaluación de la solución propuesta, ahora en términos de los criterios que por su complejidad no se pudieron automatizar dentro del sistema, como lo fueron los tiempos de traslado, la consideración de vialidades o la integridad de comunidades. El resultado de dicha evaluación fue sometido a discusión y los cambios acordados se incorporaron por medio de un software comercial (DYNAMO), con un algoritmo pasivo que permitía al personal del IFE realizar cambios manualmente y apoyaba el proceso desplegando el mapa resultante y realizando los cálculos de población de forma rápida y eficiente. Como resultado de lo anterior se incorporaron los criterios mencionados y, con ello, también mejoraron los escenarios, incluso en términos de desviación de la población meta.

Todo lo anterior resalta otra de las ventajas que ofrece el uso de sistemas de información geográfica: el tiempo requerido para hacer un plan se reduce, por lo cual se puede poner un mayor énfasis en la evaluación de las propuestas y se pueden comparar mayor cantidad de posibles soluciones. La computadora facilita la producción de mapas que muestren los escenarios y la obtención de las estadísticas asociadas.

A nivel técnico, el proceso de redistritación tuvo que apoyarse en la construcción de una base cartográfica digital con todo lo que ello implica, es decir, digitalización, limpieza, liga a base de datos y posteriormente actualización de la misma. Asimismo, fue necesaria la generación de una base de datos que permitiera el manejo sistemático de las diversas variables alfanuméricas a considerar. En este sentido se requería la información censal estructurada para su manejo dentro del sistema de información geográfica. De igual forma se requirió del diseño de interfases con el usuario y se trabajó en las salidas gráficas de la información, que principalmente serían mapas.

El proceso se desarrolló en una primera etapa del Instituto Federal Electoral, cuando, a pesar de su autonomía, aún arrastraba la falta de credibilidad en las elecciones de un pasado menos democrático, cuando la institución todavía estaba en vías de legitimación. Por ello, las tareas se realizaron en un ambiente inicialmente caracterizado por la desconfianza, donde los diversos grupos políticos tenían que balancear entre lograr sus intereses y establecer acuerdos, donde el equipo de trabajo temía que dos años de trabajo bajo presión, noches sin dormir y desvelos fueran desechados por falta de voluntad política. Pero, por otro lado, también se contó con una intensa labor por parte de los diversos actores políticos para lograr el consenso y la mejor de las voluntades por parte del equipo científico y técnico. En este contexto, la experiencia terminó con un escenario final de redistritación que fue aprobado por unanimidad por parte de los diversos partidos políticos y consejeros ciudadanos y que sirvió de base para las elecciones de 1997.

La redistritación 1996 fue una de las tareas que, junto con otras realizadas por el Instituto Federal Electoral, contribuyeron a otorgarle credibilidad a la institución y a fortalecer su imagen. Al respecto, ha sido también destacable su actuación en las diversas elecciones que se han llevado a cabo desde su instauración como entidad independiente. En 1996, una encuesta del IFE en torno a la reforma electoral que se había llevado a cabo, mostró que el 51.4% de los entrevistados creía mucho en los resultados electorales del IFE, 34.2% creía poco en ellos y 6.8% nada; en una evaluación del 0 al 10, el Instituto obtuvo un 7.6, diputados y senadores un 5.8 y los partidos políticos un 5.2 (Woldenberg, 1996). Después de las elecciones federales del 6 de julio de ese mismo año (las primeras de ese nivel organizadas por un IFE “independiente”), otra encuesta (Cuéllar, 1997) dio como resultado que 70.67 por ciento de los mexicanos consideraba que dichas elecciones habían sido “muy democráticas”, el 69.82 decía que sus resultados fueron muy confiables y el 71.10% como muy legales. Asimismo, el 85.49 por ciento afirmó que el IFE era muy necesario en la organización de las elecciones. Otra encuesta de opinión realizada en el 2002 (Jiménez, 2002), coloca al Instituto como una de las pocas instituciones que despiertan gran confianza entre la ciudadanía, colocándolo sólo después de las iglesias, los maestros, los hospitales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El uso de sistemas de información geográfica, el conocimiento y la tecnología asociada a ellos tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana, pues en el caso específico de la redistritación, 1996, coadyuvó a la transición a la democracia en México, ya que contribuyó a una mejor representación ciudadana, la cual ha derivado en una mayor pluralidad política y en el fortalecimiento de la institución electoral. Asimismo, dicho ejercicio aumentó la credibilidad en el sistema electoral y por lo tanto apoyó un cambio en la cultura política.

Desde el punto de vista científico, el proyecto tuvo aportaciones importantes. Para el desarrollo teórico-metodológico que precedió a su implementación, se formalizaron y conjuntaron diversas ideas tanto del ámbito geográfico como del matemático y computacional; en el aspecto técnico, se logró implementar un sistema complejo, moderno y eficiente y, desde el punto de vista de los recursos humanos, se integró y capacitó un equipo interdisciplinario que conjuntó conocimientos de diversas áreas.

La automatización del proceso de redistritación electoral y el uso de sistemas de información geográfica fueron de gran relevancia y representan un avance en las formas de representación ciudadana. Sin embargo, la tarea aún no está terminada; el sistema político se está conformando, modificando y reestructurando constantemente. En este sentido, la aproximación a los sistemas de información geográfica y la experiencia aquí relatada deben verse apenas como el inicio de una serie de prácticas que irán mejorando y que seguirán aportando beneficios a un sistema en constante cambio.

[7] En este sentido, la República Mexicana se dividió en universos de trabajo, de tal forma que quedaron como tales las 32 entidades federativas y alrededor de 50 municipios urbanos que por su cantidad de población debían dividirse a su interior en más de un distrito.

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Ficha bibliográfica:

ESCANDON, C. LÓPEZ LEVI, L. Sistemas de información geográfica y redistritación electoral: su impacto en México. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2004, vol. VIII, núm. 170-63. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-63.htm> [ISSN: 1138-9788]

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