Scripta Nova |
LOS COMIENZOS DE UN PROBLEMA SECULAR:
María Teresa Martínez de Sas
Universidad de Barcelona
The
beginnings of secular problem: the policy of housing and rent for the working
class in
the first Spanish socialists (Abstract)
The
125th anniversary of the founding of the Spanish Socialist Workers’
Party (PSOE) has passed and a great deal of significant research has been
conducted on various aspects of the history of the party. However, there are
other aspects which remain to be studied and which have sufficient importance
and current relevance to suggest that we attempt to clarify their historic
content. One such aspect is the party’s position on the problem of housing and
rent for the working class. This first analysis aims to present the official
position of the first Spanish socialist government on this issue, a position
that it needed to express from a number of points of view. The texts laying out
the party’s position and the Socialist party’s contributions to the Commission
and to the Institute of Social Reforms have been chosen as a starting point; in
addition, the repercussions of the issue of housing for the working class in
the first years of the Socialist majority in the Spanish Parliament have been
analyzed. The findings – provisional– strongly suggest that the issue has been
a concern of the party since its founding, although the resolution of the issue
was not one to which the Socialist party under the leadership of Pablo Iglesias
dedicated much effort, either practical or theoretical.
Key
words: spanish socialism, working class housing, hires
policy.
El punto de partida de la legislación
española fundamental sobre arrendamientos –urbanos y rústicos- fue la ley de 8
de junio de 1813[1], pero el regreso de Fernando VII en marzo de 1814 la arrumbó junto con otros
proyectos de cambio contenidos en la obra realizada por las Cortes de Cádiz. La
muerte del monarca y la nueva orientación político-económica que se inició con
la regencia de María Cristina de Nápoles conllevaron la recuperación de una
buena parte de la legislación gaditana y, por el Real Decreto de 6 de septiembre de 1836, se restableció la
ley de 1813. Los cambios que se fueron operando en el país y la necesidad de
afianzar el derecho de propiedad propiciaron la promulgación de nuevas
disposiciones sobre arrendamientos o alquileres y desahucios, basadas en la
libertad de contratación y contenidas en una nueva ley publicada el 9 de abril
de 1842 que reguló específicamente el alquiler de casas y de edificios urbanos;
esta ley tuvo como consecuencia la regulación de los precios de alquiler por el
principio básico del liberalismo económico: la oferta y la demanda[2].
Pocos años después, en 1855, los procedimientos judiciales comenzaron a ser
reglados por la ley de Enjuiciamiento civil, cuya reforma efectuada en 1881
reglamentaba el procedimiento para los juicios de desahucio en los artículos
La orientación de estas leyes, inclinadas a
favorecer a los propietarios que se iban convirtiendo en la espina dorsal del
sistema socioeconómico, corrió pareja a la aplicación de la política
desamortizadora, retomada en 1836-1837. Las disposiciones de Mendizábal
afectaron a los bienes del clero secular e incidieron, por lo tanto, sobre las
fincas urbanas. Aunque el proceso principió con ciertas reticencias causadas
por la desconfianza de los posibles compradores ante las nuevas medidas, se fue
cumpliendo el objetivo de Mendizábal de “crear una copiosa familia de
propietarios” vinculada materialmente con el régimen liberal. Por la vía de la
compra de fincas urbanas se generaron importantes patrimonios inmobiliarios que
contribuyeron al alza progresiva del precio del suelo en los centros históricos
de las principales capitales españolas.
Esta situación, sumada al crecimiento
espectacular de la población de algunas ciudades ocasionó, ya desde mediados
del Ochocientos, la degradación de los cascos urbanos y un notable aumento del
precio de los alquileres, que repercutió principalmente en la vivienda obrera.
Los datos existentes sobre el coste de los arrendamientos expresan una subida
continuada desde mediados de siglo y suponían –después de la alimentación- el
apartado más alto del presupuesto de las familias proletarias[3].
Ante la degradación de la situación de la clase obrera, en la que la habitación
era un aspecto importante, se alzaron las voces de los higienistas y
reformistas –preocupados más por las consecuencias para la salud pública que
por el hecho en sí-, se realizaron algunas acciones puntuales sin proyección
posterior y continuaron los planes de los ensanches de Madrid y Barcelona, que,
por otra parte, no tenían como objetivo el solucionar el problema de la
habitación obrera o especificar el régimen de tenencia. Y, durante el último
cuarto de la centuria, cuando la situación de la vivienda se hizo insostenible[4]
se reemprendió el debate sobre la ubicación de las viviendas obreras: barriadas
obreras o casas para obreros diseminadas o en pequeños grupos en las
inmediaciones de la población; y uno de los principales foros de este debate
fue el Congreso de Arquitectos de 1881[5].
El estado liberal no tuvo –no era éste su
objetivo- una política definida sobre la vivienda obrera y fue improvisando un
modelo de ciudad “la ciudad liberal” en la que este tipo de habitaciones y la
clase que debería habitarlas eran, además de un problema, una amenaza[6]. Solo abordó la cuestión de
manera marginal dentro de lo que en el siglo XIX fue bautizado como “cuestión
social” y en esta línea se crearía en 1883
Paralelamente, en el último cuarto del siglo
XIX, y en pleno debate sobre la ubicación de la habitación obrera, comenzaba a
formarse y, luego, a consolidarse, el primer núcleo de los socialistas
españoles que, el 2 de mayo de 1879, fundó, en la clandestinidad, el partido
socialista obrero. A partir de este momento, el partido incluyó el problema de
la vivienda obrera en sus principales reivindicaciones aunque lo subordinó a la
consecución de otros objetivos ya que, de conseguirse éstos, la cuestión de la
habitación quedaría automáticamente solucionada. Para comprobar la evolución de
esta cuestión en el primer socialismo he repasado la postura oficial del
partido en algunos ámbitos y momentos que considero significativos, comenzando
por la repercusión en sus textos programáticos. Puntualmente analizo la
aportación socialista a
La preocupación del partido socialista por la
vivienda (o habitación obrera como se decía en la época) –otra cosa es la
incidencia política de estos presupuestos e incluso la prioridad que dio el
partido a estas cuestiones- estuvo presente desde que elaboró su primer texto
programático, aprobado el 20 de julio de 1879 y la repitió machaconamente en
los textos de los programas posteriores[11].
En el primero el problema de la vivienda aparece mencionado desde dos
vertientes: la necesidad de controlar las
habitaciones obreras por comisiones de vigilancia, elegidas por obreros[12]
y la reforma de la legislación sobre arrendamientos y desahucios[13],
punto del que se deduce la inclinación de los socialistas por la vivienda de
alquiler ya que era la única posibilidad para la clase obrera, como argumentará
en 1884. En el programa de 1880 se repiten las mismas aspiraciones, sin
modificación alguna, aunque ya ordenadas dentro del apartado de las
reivindicaciones mínimas que los socialistas pretendían conseguir de forma
inmediata. Asimismo, en el texto de 1888 que modificó sustancialmente algunos
aspectos de la parte minimalista del programa, aparecen los mismos objetivos
respecto a cuestión de la vivienda obrera sin cambiar un ápice las
reivindicaciones de 1879. La promulgación del sufragio universal en junio de
1890, que permitía al partido tomar parte en los procesos electorales
(generales, provinciales o municipales) tuvo como resultado un año después, la
presencia de cuatro socialistas en el Ayuntamiento de Bilbao y uno en la
localidad vizcaína de San Salvador del Valle. La presencia en los Ayuntamientos
conllevó la elaboración de un programa municipal en el que se aludió a la
política de la vivienda en los siguientes términos: “Exigir el exacto
cumplimiento de las Ordenanzas municipales en todo cuanto favorecen a los
trabajadores, y principalmente en lo que se refiere a la higiene de las
habitaciones, análisis de los artículos alimenticios, derribo de las casas denunciadas
y andamiaje de las obras”[14].
Estos fueron los presupuestos programáticos en materia de habitación obrera con los que los socialistas entraron en el siglo XX y mantendrían hasta 1918. Entre noviembre y diciembre de aquel año se celebró el 11º Congreso del partido, en el que el programa del PSOE sufrió importantes modificaciones y en el que se fijaron las bases teóricas –dice el dictamen- sobre las que habría que descansar la política de la vivienda del partido obrero[15]. En estos comicios, realizados en un momento crítico para la economía y la política española, el tema que estudiamos apareció inserto en el “dictamen de la ponencia de política nacional” y, concretamente, en las “orientaciones del partido en orden a los problemas nacionales de crisis de trabajo y subsistencias”. El párrafo decía:
“Simultáneamente
es preciso que se obligue a que los Ayuntamientos todos procedan a edificar
primordialmente los edificios escolares necesarios; que planee (sobre todo las
en ciudades de importancia) su reforma y su ensanche para que abunden los
solares y se facilite la construcción de viviendas para los trabajadores y de
baños públicos, lavaderos, parques, etc., y que establezca o complete los
servicios de abastecimientos de aguas, luz, limpieza y transportes, tendiendo a
su municipalización. Para realizar esta labor debe el Estado rehacer las
Haciendas locales y, por lo pronto, ofrecer garantías para que los bancos y los
particulares, con la hipoteca de los propios servicios y la inspección que
convenga, faciliten el capital que permita en poco tiempo verificar una gran
transformación urbana. Es necesario también que se grave todo el capital
inactivo y que se facilite la expropiación de la propiedad mal utilizada desde
el punto de vista social”[16].
Este aspecto del
dictamen contenía de forma esquemática una propuesta práctica para que el
socialismo comenzara a actuar no solo desde el ámbito de la política estatal
sino también y, especialmente, desde el municipal. Sin embargo, cuando llegó el
turno de la discusión sobre esta propuesta que, junto a la crisis de trabajo
componía el primer punto del dictamen sobre política nacional, nadie se hizo
eco de esta cuestión[17]. Cierto
que entonces era más acuciante el problema que planteaba la crisis de trabajo
derivada de la situación bélica europea, pero de esta actitud se desprende la
marginalidad que, en aquellos momentos, tenía para los socialistas españoles el
problema de
La postura adoptada en el Congreso repercutió en el nuevo texto programático –tanto en el de política general como en el municipal- que, en materia de vivienda, no sufrió modificaciones profundas respecto a los textos anteriores. Se suprimió el punto de la “creación de Comisiones de vigilancia” para controlar la situación de las habitaciones obreras, se siguió con la vieja reclamación de la reforma de las leyes de inquilinato y desahucio, y apareció por vez primera vez la petición de: “Casas baratas para obreros”. No aprovecharon tampoco el programa municipal –inserto desde ese momento en el programa general del partido-, para fijar su criterio sobre la cuestión; en este apartado quedaron detalladas una serie de medidas que expresaban más una política de beneficencia –“Albergue y alimentación de los obreros transeúntes. Casas para ancianos e inválidos, (…)”-, o educacionales –“cantinas escolares. Proporcionar trajes a los niños que asistan a las escuelas municipales (…)”-, que propiamente un proyecto de política sobre la vivienda obrera, aunque indirectamente se refirieran a la habitación obrera en casos como los señalados. Tampoco en el programa agrario que apareció especificado en el texto -por vez primera en la historia del socialismo español- hay mención de un proyecto claro. La preocupación socialista sobre la vivienda de los trabajadores del campo quedó ceñida a la demanda de “Leyes que garanticen las condiciones higiénicas de las habitaciones y albergues destinados a los obreros asalariados”.
El último de los programas del PSOE durante esta primera
larga etapa de su existencia fue el de 1934. Difiere de todos los textos
anteriores y más que un programa fue un manifiesto radical que pretendía
mostrar que el partido socialista se transformaba en la oposición
revolucionaria. Este texto, redactado por Indalecio Prieto y al que Francisco
Largo Caballero añadió algunos puntos referentes a la “acción”, rompió con los
esquemas programáticos anteriores y solo incidió sobre los aspectos políticos
más acuciantes, planteados en aquellos convulsos momentos: nacionalización de
las tierras, racionalización de la agricultura, reforma radical de la
enseñanza, disolución de todas las órdenes religiosas, disolución y
reorganización del ejército y de
La vivienda en el Informe a la Comisión de Reformas Sociales
En líneas generales, el mundo obrero se mostró reacio a
contestar a
De la síntesis expuesta por Gómez Latorre se puede
entresacar no solo la mera descripción de la situación dramática de la
habitación de los proletarios –que también lo hace, refiriéndose únicamente al caso madrileño y,
por cierto, siguiendo los mismos argumentos que Engels[25]-
sino algunos puntos que sirven para definir la política socialista sobre la
vivienda obrera en aquellos primeros años de vida del partido. No entró en el
debate sobre la conveniencia para la clase obrera de ser propietaria de su
vivienda ya que, como internacionalista de primera hora, tenía claro que esta
opción era un arma de la burguesía para mermar las fuerzas de la revolución
proletaria[26]. De
ahí que sin utilizar argumentos más complejos se inclinara en su informe por el
régimen de alquiler. Sin embargo hizo hincapié en que, en multitud de casos, ni
siquiera el alquiler podía ser afrontado por una sola familia obrera[27].
A partir de esta modalidad de tenencia de vivienda, generalizada en el mundo
trabajador, se pueden entresacar algunos principios defendidos por el partido socialista
a los que trata de dar forma Matías Gómez Latorre. En primer lugar la oposición
a la cooperación, pero argumentando el contenido de cooperación de una forma
peculiar: para él –en estos momentos, ya que años después matizará algo el
problema- la cooperación consistía en compartir la vivienda con otra familia y
afrontar entre ambas el alquiler. Dejó claro que esta solución es rechazada por
los socialistas, pero la tienen que aceptar para resolver el problema de la
habitación, por lo tanto, para sobrevivir. Se percibe en su argumentación la
postura oscilante del partido socialista sobre la cooperación que, en estos
momentos, seguía las directrices de Guesde que la condenaba con ardor –al igual
que condenaba el anarquismo o la colaboración parlamentaria con los partidos
burgueses-[28]. En
segundo lugar aparece en el informe otra de las cuestiones más debatidas en
aquellos momentos, la de la integración o segregación de la vivienda obrera que
como indica Antonio Buj formaba parte de “un nuevo diseño estratégico de
control social de las masas trabajadoras”. Gómez Latorre salió también al paso
con una rotunda negativa a la existencia de barrios obreros, pues aunque los
socialistas ya habían asumido en aquellos momentos los postulados marxianos de
la conveniencia de la concentración obrera para el desarrollo de la lucha de
clases[29],
consideraban –sin dar demasiados argumentos- que la segregación sería
perjudicial a la clase trabajadora[30].
La solución
“Hay un medio, digo, que es más costoso y que no se pone en planta
(sic.). Y no es esto pedir que se haga, no; no es más que una suposición; pero
pudiera obligarse a los propietarios urbanos a que en todas las nuevas
construcciones se dedicara una parte del local a habitaciones modestas pero
higiénicas y aptas para albergar personas, no chiribitiles como los que hace
la codicia burguesa. Pudiera dedicarse una parte de habitación para los
obreros, aunque fuera en confusión con las clases elevadas; pudiera también
establecerse que, por ejemplo, en las calles de nueva construcción, o en las
que se reedifican cierto número de casas, se dedicaran tantas a un tipo de
alquiler, y tantas otras para clases verdaderamente proletarias. Este creo yo
que podría ser un medio, pero no hago más que indicarlo”[31].
Del informe de Gómez
Latorre se deduce que la opción de los socialistas en el último cuarto del
siglo XIX era la vivienda de alquiler –no podían, en aquellos momentos,
plantearse la posibilidad de la existencia de viviendas de propiedad, ni
tampoco tenían suficiente bagaje teórico para hacerlo, aunque conocieran la
síntesis del pensamiento marxiano sobre la propiedad como he citado más arriba.
Por lo tanto, ni siquiera plantearon el debate sobre una u otra modalidad.
Opuestos a la segregación de la clase obrera propugnaban un tipo de habitación
modesta y diseminada en los cascos urbanos y en los nuevos ensanches que se
proyectaran. También se desprende del informe su denuncia sobre el alto precio
de los alquileres que mediatizaba no solo las condiciones materiales de la vida
de la clase obrera sino también su propio código moral.
… y en el Instituto
de Reformas Sociales
El Instituto de Reformas Sociales,
establecido en 1903 y producto de los intentos -auspiciados principalmente por
José Canalejas- de iniciar una política intervencionista en la cuestión social,
pretendió encargarse “de preparar la legislación del Trabajo en su más amplio
sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios
de inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernativa en
beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras”[32].
Entre las leyes sociales más urgentes del proyecto de Instituto estaba la de
fomentar las habitaciones baratas para obreros. La idea de Canalejas era la de
“presentar un proyecto de ley, o bien varios, en virtud de los que el Estado,
con la cooperación de las provincias y de los municipios y aun de los
particulares –empresas, compañías grandes propietarios, etc.- se emprendiera la
obra verdaderamente regeneradora, de la mejora de la habitación para el
trabajador de la ciudad y del campo”[33].
Canalejas y sus colaboradores plantearon la intervención del Estado de forma
indirecta: creación de Juntas “para el fomento y la mejora de las casas
baratas”, reguladas por la ley y dependientes, a su vez, del Instituto de
Reformas Sociales.
En
los planes de Canalejas estaba también la inclusión de representantes de la
clase obrera en el Instituto. Y fueron los socialistas los que ocuparon las
seis vocalías reservadas a este grupo[34].
Participaron, lógicamente, en el debate sobre el proyecto de Ley de Casas
Baratas, que se inició en el Instituto el 6 de abril de 1908[35].
Y su primera objeción fue contra la totalidad del proyecto presentado ya que,
según Ormaechea –el vocal socialista que se encargó de debatir la cuestión- se
necesitaban dos disposiciones para regular la situación: una ley de higiene y
saneamiento de viviendas y un reglamento para la construcción de las mismas. Y
es que la preocupación por la degradación de las viviendas obreras y el
incumplimiento de las ordenanzas de edificación era una de las cuestiones que
de forma recurrente venía tratando la prensa socialista durante aquellos años.
En el mismo sentido, una de las primeras intervenciones de los vocales
socialistas en el Instituto,
También
los socialistas volvieron a retomar el viejo debate sobre la segregación de
clases, pronunciándose rotundamente a la creación de barrios obreros, aunque el
proyecto eludía la cuestión de la ubicación de las casas. Hubo una intervención
de Francisco Largo Caballero que mantenía la tradicional idea de que nada mejor
podría manifestar la división de clases, “como esa separación entre barrios
ricos y pobres, capitalistas y obreros, que se intenta formar”. Ormaechea, a su vez, apoyaba la
edificación de grandes edificios para obreros dentro de la misma ciudad[38].
Y
como colofón, la cuestión de la ayuda a las cooperativas obreras. En estos
momentos el PSOE –que resolvía su falta de planteamientos teóricos con la
remisión a su fidelidad a las consignas establecidas en los Congresos obreros[39]-,
comenzaba reenfocar la cuestión del cooperativismo en la línea de Jean Jaurès,
que apoyaba la cooperación desde un ángulo posibilista. De ahí que, abandonando
la condena radical a la cooperación -heredada de Jules Guesde- Largo Caballero
defendió, en la discusión sobre el tema de las cooperativas, que la ley fijara
que las Juntas de Fomento ayudarían en exclusiva a las cooperativas obreras
para evitar el favorecer a sociedades no compuestas por obreros[40].
Vivienda
higiénica, en régimen de alquiler, diseminada por la ciudad y ayuda exclusiva a
las cooperativas obreras. Estos eran los principales presupuestos defendidos
por los socialistas en el primer decenio del siglo XX, cuando el partido
comenzaba a ser tenido en cuenta por la política burguesa y estaba cerca de
conseguir un diputado en las Cortes españolas. Esta visión –simplificada aun más
en este artículo- respondía, en parte, a la misma esencia del partido: dominado
por los viejos internacionalistas autodidactas y fieles a las esencias de
clase. En esos años, aunque comienzan a aparecer nuevos nombres –es
significativo el de Largo Caballero que, de otra parte, tampoco se caracterizó
por su capacidad teórica- aun no se había cuestionado el catecismo iglesista ni
había en el PSOE intelectuales capaces de fundamentar en profundidad, entre
otros problemas, uno tan básico como el de la vivienda obrera[41].
Uno
de los hitos más significativos del socialismo español en los años de entre
siglos fue su presencia en el Parlamento donde llegó de mano de los republicanos.
Pablo Iglesias, único diputado socialista entre 1910 y 1918, desarrolló una
actividad importante desde su escaño, especialmente en las primeras
legislaturas: en la primera, la de 1910 intervino treinta y dos veces, y en la
segunda la que va desde
Pero,
en ninguna de sus intervenciones aludió, directamente a la cuestión de la habitación
obrera. Y pudo aprovechar –como mínimo- tres momentos para hacerlo. Cuando se
llevó a
El nuevo proyecto de ley sobre Casas Baratas
era una de las versiones del elaborado por el Instituto de Reformas Sociales y
que he comentado más arriba[43].
El texto primitivo fue recortado a su paso por el Congreso en junio de 1908 y,
aun más cercenado cuando fue discutido en el Senado en mayo de 1909. En julio
de 1910, el gobierno remitió de nuevo al Congreso un proyecto de ley más
extenso y más parecido al elaborado por el Instituto. En aquellos momentos
Pablo Iglesias estaba en el Parlamento pero no intervino en el asunto, aunque
si participó, y con discursos memorables, en el debate sobre
El segundo y tercer momento están
estrechamente relacionados. La abolición del impuesto de Consumos era una vieja
reivindicación popular, presente en la mayoría de revueltas y revoluciones que
salpicaron el Ochocientos y que coleó en los primeros años del siglo XX[44].
Finalmente, Canalejas decidió la supresión del impuesto mediante la
promulgación de la ley de Exacciones locales de 12 de junio de 1911. Sin
embargo, la cancelación de la carga conllevaba importantes dificultades
económicas a algunos ayuntamientos, entre los que se contaba el de Madrid. Y
tanto el jefe de Gobierno como el diputado socialista –que había sido concejal del
ayuntamiento capitalino- conocían de primera mano las consecuencias de la
supresión: si los ayuntamientos se veían privados de unas rentas saneadas y
seguras, la solución pasaba, o bien porque el estado compensara el déficit
ocasionado por la supresión del impuesto –cosa que no iba a hacer- o porque se
gestionaran nuevas cargas, sustitutivas de
La supresión de los consumos y la creación
del nuevo impuesto de inquilinato fueron simplemente unas medidas demagógicas que
trataron de acallar –otra cosa es que lo consiguieran- a las continuadas y
combativas protestas populares. Y que, de otra parte, es comprensible que
fueran apoyadas tanto por el reformador Canalejas, como por los socialistas.
Pero con la abolición de los consumos no se logró ni la mejora para el
contribuyente, ni la mejora en la condición de los artículos de primera
necesidad, ni el fomento de su producción y beneficio para las clases
proletarias[45]. Y
el nuevo impuesto sobre el inquilinato no fue la fórmula adecuada para
solucionar el problema del déficit de los ayuntamientos, especialmente los de
Madrid y Barcelona, que tuvieron que recurrir a la ayuda estatal ante los
graves problemas planteados, hecho que quedó de manifiesto en las partidas
adjudicadas en los presupuestos generales de 1913. Y aunque se establecía que
el impuesto solo gravara los alquileres de más de trescientas pesetas –hecho
que, en teoría, no afectaba a la vivienda obrera- los propietarios subieron de
forma generalizada los alquileres para compensar el nuevo impuesto y, otra vez,
los perjudicados fueron los sectores populares[46].
Y, mientras millones de ciudadanas y ciudadanos seguían sobreviviendo en
tugurios infectos, Pablo Iglesias discutía en el Parlamento cuestiones,
aparentemente, de más trascendencia política.
Está claro que el representante socialista ni podía ni debía debatir en
el Parlamento todas las cuestiones que afectaban a la clase obrera. También que
Pablo Iglesias suplió su pobreza teórica con una continuada e incansable
acción. Es cierto que el partido tenía sus cauces para tratar la cuestión de la
vivienda –entre otros, el Instituto de Reformas Sociales o los ayuntamientos
donde iba aumentando el número de concejales socialistas-, además de las
posibilidades que les brindaba la prensa obrera. Sin embargo, ante la
multiplicidad de las cuestiones que Iglesias llevó al Parlamento, sorprende el
que no mencionara ni una sola vez en sus ciento cincuenta y ocho intervenciones
el problema de la vivienda obrera, aunque,
como botón de muestra, citó una vez, de pasada y sin fundamentar –como
señalaba más arriba-, la necesidad de un impuesto sobre el suelo. Y, sus
intervenciones transcurren mientras los socialistas normalianos franceses,
entre los que destaca Maurice Halbwachs, están presentando alternativas
teóricas sólidas sobre el problema de los alquileres, sobre urbanismo y sobre
la especulación del suelo, enfocados desde la justicia social y
[1] Omito las
disposiciones anteriores contenidas en las leyes de Partidas (Partida 5ª,
título VIII), y en
[2]
Prescindo de otras disposiciones legales que, aunque en su articulado
mencionaran la cuestión del alquiler, no tenían como finalidad regularlo. Un ejemplo puede ser
[3] No es
el objetivo del trabajo realizar una investigación exhaustiva sobre el precio
de los alquileres que, necesariamente nos remitiría a fuentes conocidas –
algunas trabajadas- como podrían ser, entre otras, para el caso de Barcelona,
[4]
Carlos SAMBRICIO recuerda que entre 1860 y 1900 Madrid casi duplicó su
población: pasó de 280.000 habitantes a 540.000. Este crecimiento no implicó
–como ocurrió en otras capitales europeas- una aplicación paralela de normas
higiénicas. El incumplimiento de las ordenanzas municipales en esta materia
convirtió a Madrid en la capital europea con mayor tasa de mortalidad, un 42%.
(Véase Carlos SAMBRICIO
(ed.). Un siglo de vivienda social
(1903-2003), Madrid: s.f. (¿2003?), p.34.
[5]
Referencias a este Congreso, suficientemente descrito, pueden encontrarse,
entre otros, en Paloma BARREIRO PEREIRA. Casas
Baratas. La vivienda social en Madrid. 1900-1939, Madrid: 1992, p. 24 y
ss.; Juan BLAT. Vivienda obrera y
crecimiento urbano. (Valencia 1856-1936), Valencia: 2000, p. 85 y ss.;
Carlos SAMBRICIO (ed.),
ob. cit. p. 35 y ss.
[6] El concepto
de “ciudad liberal” está desarrollado en: Horacio CAPEL y Mercedes TATJER.
Reforma Social, serveis assistenciales i higienisme a
[8] Me
refiero al grupo institucionista de
[9]
[10] Véase Mª Concepción DIEZ-PASTOR IRIBAS. La vivienda mínima en España: primer paso del debate sobre la vivienda social, Scripta Nova, 2003, nº 146.
[11] Para
una aproximación a los textos programáticos del PSOE desde
[12] La versión literal del apartado dice así: “Creación de Comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que estos vivan, las minas, las fábricas y los talleres”.
[13] En el programa de 1879 figura: “Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora”.
[14] El
texto que he utilizado es el que apareció en un pequeño folleto titulado: El programa socialista. Comentarios por Pablo
Iglesias, Madrid: Vida Socialista,
1910. En los comentarios de Pablo Iglesias que, por cierto ocupan desde la
página
[15] Sería muy interesante poder profundizar en esta cuestión para tratar de perfilar las relaciones –o no- de alguno de los socialistas españoles -quizá Antonio Fabra y Ribas o Julián Besteiro que mostrarán, en algunas ocasiones, su preocupación por la vivienda obrera- con el grupo de los “normalianos” franceses. Una síntesis excelente sobre el grupo francés y su deuda teórica con Maurice Halbwachs en Emilio MARTÍNEZ y Aina LÓPEZ. El problema del suelo y la vivienda obrera en el socialismo normaliano. La perspectiva crítica de Maurice Halbwachs (1908-1912), Scripta Nova, 2003, núm. 146.
[16] El Socialista, 1/12/1918, p. 2.
[17] La proposición se presentó en la 17ª sesión que tuvo lugar el 2 de diciembre de aquel 1918.
[18] La
información que llegó a
[19] Tal fue el caso de Juan Cordobés que participó, en nombre propio, en la información oral de Madrid.
[20] Con
la finalidad de explicar el rechazo de una gran parte del mundo obrero a la
propuesta de
[21] De
ellos sobresalen: Jaime Vera, Pablo Iglesias, Antonio García Quejido,
Deogracias Nafarrate y Matías Gómez Latorre. El informe de Vera perteneció al
grupo de la información escrita, fue presentado por
[22]
Antonio BUJ BUJ. La cuestión urbana en los informes de
[23]
Matías Gómez Latorre, amigo desde su juventud de Pablo Iglesias, fue uno de los
fundadores del partido socialista en 1879 en el que ocupó cargos de relevancia
hasta su muerte. Puede consultarse su informe en: Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. Bilbao:
1970, p. 13 y ss. Expuso sus
consideraciones en la sesión celebrada la tarde del 26 de octubre de 1884.
[24] El
texto de la pregunta era: “Habitación: su
capacidad; sus condiciones higiénicas en relación con las leyes de la policía
sanitaria; cuantía del alquiler; si viven los obreros en casas independientes
o en los sotabancos y buhardillas de las habitadas por las demás clases;
si hay barrios de obreros dentro o fuera
de las ciudades y, si en este último caso, existen medios fáciles de comunicación,
como ferrocarriles, tranvías, etc. ; si la construcción de viviendas para
aquéllos es debida a los particulares o Sociedades, y si obedece a miras
interesadas o a sentimientos humanitarios; si los empresarios o Corporaciones
ayudan a los obreros para que adquieran la propiedad de su hogar cediendo
terrenos, dando subvenciones o haciendo anticipos".
[25] Véase Antonio BUJ BUJ. art. cit. p. 79.
[26] En
este sentido es muy esclarecedora la postura de
[27] Cita la cuantía de los alquileres de una vivienda que
cumpla los requisitos mínimos –“no de comodidad sino de aseo”, los relaciona
con el jornal y los otros gastos perentorios de un obrero cajista “con tres o
cuatro de familia” y llega a la conclusión de que un obrero que gane de
[28]
Véase Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio
GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 21. La cuestión de la cooperación fue uno de los
temas que más preocuparon al obrerismo desde la fundación de
[29] “Los barrios de
obreros son –diría Gómez Latorre- los que imprimen en mi concepto el verdadero
carácter de separación de clases, que es la cuestión latente en la sociedad
actual. Haced barrios de obreros: los que nos tenemos por verdaderamente
revolucionarios en la buena acepción de la palabra, deseamos que hagáis
barrios de obreros; hacedlos en buena hora, entonces tendremos allí el núcleo
de las clases trabajadoras y podremos decirles: ahí tenéis la casta que
disfruta a un lado, la que padece a otro. (Aplausos.).”, (Véase Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA
QUEJIDO. ob. cit., p. 22).
[30] “Tal vez deduzcáis
de esto que, dadas las condiciones actuales de vida, porque nosotros no
pretendemos que la revolución en el sentido económico se hace en un día ni por
capricho, tal vez entendáis que deseamos el “statu quo”. Nada de eso. Hay un
medio de no perjudicar, porque con los barrios obreros se perjudica a las
clases trabajadoras, pues dicho se está que esos barrios no se han de
establecer en los centros de la población, sino que se han de establecer, por
ejemplo, donde habéis establecido la necrópolis o en un sitio parecido, pero lejos".
(En Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y
Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 22).
[31] En Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA
QUEJIDO. ob. cit., p. 22.
[32] Artículo
1º del Real Decreto de 23 de abril de 1903 que estableció un Instituto de
Reformas Sociales en el Ministerio de
La política liberal sobre la
vivienda tuvo su proyección en Barcelona con la creación del Museo Social,
organismo creado en
[33] El Instituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, ob. cit., p. 29.
[34] Entre los vocales socialistas están los nombres de Matías Gómez Latorre, Francisco Mora Méndez, Santiago Pérez Infante, Francisco Largo Caballero, Eduardo Álvarez, Victoriano Orosa. Como suplentes: José Maeso, Mariano Galán, Modesto Aragonés y Francisco Nuñez. Hasta el momento, no me consta que esté estudiada la labor de los socialistas en el Instituto.
[35] El apelativo de “casas baratas” ganó terreno al de “casas obreras” ya que los reformistas españoles, al igual que los europeos, pensaban destinar las viviendas a “obreros en general, jornaleros del campo, pequeños labradores, empleados, dependientes de comercio, y en sentido amplio, a cuantos viven principalmente del trabajo, percibiendo honorarios, jornales o sueldos modestos u otra clase de emolumentos, así como a quienes perciban pensiones por razón de servicios prestados al Estado, la provincia, el Municipio o los particulares” (Art. 1º del Reglamento provisional para la aplicación d la ley de 12 de junio de 1911, sobre Casas Baratas)
[36] Paloma BARREIRO PEREIRA, ob. cit. p. 47 y 52.
[37] “Es totalmente imposible –diría Ormaechea-, en la presente organización social, realizar tal propósito, porque el capital es egoísta y nunca invertirá lo suficiente para transformar en condiciones de economía e higiene el hogar obrero. A lo sumo, se conseguirá que algunos empleados (…) de jornal crecido, logren, a fuerza de sacrificios grandes, adquirir unas cuantas casas; pero la inmensa mayoría seguirá, como hoy, explotada por caseros, viviendo en tugurios infectos. La clase obrera tienen muy poco que esperar del éxito del proyecto en discusión”. (Cit. por Paloma BARREIRO, ob. cit., p. 52).
[38] Cit. Paloma BARREIRO PEREIRA, ob. cit. p. 48 y 52
.
[39] Véase Antonio ELORZA: Los esquemas socialistas en Pablo Iglesias, en Antonio ELORZA y Michel RALLE, ob. cit. , p. 307.
[40] La cuestión de las cooperativas, objeto de discusión de la sesión de 13 de abril de 1908, respondía a los puntos que fueron recogidos luego en el art. 3 de la ley de 11 de junio de 1911: “b) Promover la constitución de sociedades benéficas ó cooperativas para la construcción de casas higiénicas y de Sociedades de crédito popular para facilitar recursos a los que deseen adquirirlas” y “c) Gestionar con los establecimientos de crédito la facilitación de préstamo a las Sociedades comprendidas en esta ley, y destinados exclusivamente a la construcción de casas en las condiciones que en la misma se perciben”.
[41]
[42]
Estas legislaturas integran unas de las Cortes más largas de
[43] Para
una etapa posterior hay un excelente estudio de Luis ARIAS GONZÁLEZ. El socialismo y la vivienda obrera en
España:
[44] La imposición de este gravamen databa de 1845. Refundió las llamadas rentas provinciales integradas, a su vez, por las alcabalas y por los impuestos de cientos de millones.
[45] El mismo Iglesias lo reconoció en su intervención parlamentaria de 10 de diciembre de 1912, aunque trató de edulcorarlo: “Todos los partidos han sido enemigos de este impuesto porque causaba al pueblo enorme daño, extrayéndole una porción de millones, y aunque la supresión no ha producido todos los resultados que de ella se esperaban, alguno ha producido (…)”. Diarios de Sesiones de las Cortes. Congreso, 10/12/1912. En la misma línea había publicado El Socialista (9/6/1911) un pequeño artículo titulado “Consumos”, en el que además, recomendaba a las clases populares el adquirir los productos de primera necesidad en las cooperativas obreras.
[46] El diario conservador La Época dedicó –como le correspondía- una larga campaña a criticar la abolición de los fielatos y, entre otras consecuencias, resaltó que la solución dada por el gobierno repercutiría en una subida de alquileres. (Véase, entre otros, La sustitución del impuesto de consumos, 3/6/1911).
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© Copyright María Teresa Martínez de Sas, 2005
© Copyright Scripta Nova, 2005
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