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Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. IX, núm. 194 (22), 1 de agosto de 2005

 

LOS COMIENZOS DE UN PROBLEMA SECULAR: LA POLÍTICA SOBRE LA VIVIENDA OBRERA Y LOS ALQUILERES EN LOS PRIMEROS SOCIALISTAS ESPAÑOLES

 

María Teresa Martínez de Sas

Universidad de Barcelona

 

Los comienzos de un problema secular: la política sobre la vivienda obrera y los alquileres en los primeros socialistas españoles (Resumen)

Cuando se ha cumplido ya el 125 aniversario de la fundación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y después de numerosas y bien hechas investigaciones sobre diversos aspectos de la historia del partido, aparecen aspectos que apenas han sido tratados y que tienen suficiente entidad y proyección actual como para pretender desentrañar su contenido histórico. Uno de ellos es la actitud del partido frente al problema de la vivienda obrera y los alquileres. Este primer análisis pretende aproximarse a la postura oficial del primer socialismo español sobre el tema desde algunos ámbitos en los que, necesariamente, debía pronunciarse. Se han elegido como punto de partida los textos programáticos, las aportaciones socialistas a la Comisión y al Instituto de Reformas Sociales y se han analizado también las repercusiones del tema de la vivienda obrera en los primeros años de la presencia socialista en el Parlamento español. El balance –provisional, como el de toda investigación que empieza- nos remite a constatar que el tema está presente en las preocupaciones del partido desde su fundación aunque no fue, ni mucho menos, una cuestión a cuya resolución dedicara el socialismo iglesista demasiados esfuerzos ni prácticos ni teóricos.

 

Palabras clave: socialismo español, vivienda obrera, política de alquileres.

The beginnings of secular problem: the policy of housing and rent for the working class in the first Spanish socialists (Abstract)

The 125th anniversary of the founding of the Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) has passed and a great deal of significant research has been conducted on various aspects of the history of the party. However, there are other aspects which remain to be studied and which have sufficient importance and current relevance to suggest that we attempt to clarify their historic content. One such aspect is the party’s position on the problem of housing and rent for the working class. This first analysis aims to present the official position of the first Spanish socialist government on this issue, a position that it needed to express from a number of points of view. The texts laying out the party’s position and the Socialist party’s contributions to the Commission and to the Institute of Social Reforms have been chosen as a starting point; in addition, the repercussions of the issue of housing for the working class in the first years of the Socialist majority in the Spanish Parliament have been analyzed. The findings – provisional– strongly suggest that the issue has been a concern of the party since its founding, although the resolution of the issue was not one to which the Socialist party under the leadership of Pablo Iglesias dedicated much effort, either practical or theoretical.

 

Key words: spanish socialism, working class housing, hires policy.

 

Vivienda obrera y “ciudad liberal”

 

El punto de partida de la legislación española fundamental sobre arrendamientos –urbanos y rústicos- fue la ley de 8 de junio de 1813[1], pero el regreso de Fernando VII en marzo de 1814 la arrumbó junto con otros proyectos de cambio contenidos en la obra realizada por las Cortes de Cádiz. La muerte del monarca y la nueva orientación político-económica que se inició con la regencia de María Cristina de Nápoles conllevaron la recuperación de una buena parte de la legislación gaditana y, por el Real Decreto de  6 de septiembre de 1836, se restableció la ley de 1813. Los cambios que se fueron operando en el país y la necesidad de afianzar el derecho de propiedad propiciaron la promulgación de nuevas disposiciones sobre arrendamientos o alquileres y desahucios, basadas en la libertad de contratación y contenidas en una nueva ley publicada el 9 de abril de 1842 que reguló específicamente el alquiler de casas y de edificios urbanos; esta ley tuvo como consecuencia la regulación de los precios de alquiler por el principio básico del liberalismo económico: la oferta y la demanda[2]. Pocos años después, en 1855, los procedimientos judiciales comenzaron a ser reglados por la ley de Enjuiciamiento civil, cuya reforma efectuada en 1881 reglamentaba el procedimiento para los juicios de desahucio en los artículos 1570 a 1608. Este paquete de leyes fue la base inicial del derecho moderno sobre arrendamientos o alquileres y desahucios que fueron sustituidas por el Código civil, promulgado en 1888 y vigente desde el 1 de mayo de 1889.

 

 

La orientación de estas leyes, inclinadas a favorecer a los propietarios que se iban convirtiendo en la espina dorsal del sistema socioeconómico, corrió pareja a la aplicación de la política desamortizadora, retomada en 1836-1837. Las disposiciones de Mendizábal afectaron a los bienes del clero secular e incidieron, por lo tanto, sobre las fincas urbanas. Aunque el proceso principió con ciertas reticencias causadas por la desconfianza de los posibles compradores ante las nuevas medidas, se fue cumpliendo el objetivo de Mendizábal de “crear una copiosa familia de propietarios” vinculada materialmente con el régimen liberal. Por la vía de la compra de fincas urbanas se generaron importantes patrimonios inmobiliarios que contribuyeron al alza progresiva del precio del suelo en los centros históricos de las principales capitales españolas.

 

 

Esta situación, sumada al crecimiento espectacular de la población de algunas ciudades ocasionó, ya desde mediados del Ochocientos, la degradación de los cascos urbanos y un notable aumento del precio de los alquileres, que repercutió principalmente en la vivienda obrera. Los datos existentes sobre el coste de los arrendamientos expresan una subida continuada desde mediados de siglo y suponían –después de la alimentación- el apartado más alto del presupuesto de las familias proletarias[3]. Ante la degradación de la situación de la clase obrera, en la que la habitación era un aspecto importante, se alzaron las voces de los higienistas y reformistas –preocupados más por las consecuencias para la salud pública que por el hecho en sí-, se realizaron algunas acciones puntuales sin proyección posterior y continuaron los planes de los ensanches de Madrid y Barcelona, que, por otra parte, no tenían como objetivo el solucionar el problema de la habitación obrera o especificar el régimen de tenencia. Y, durante el último cuarto de la centuria, cuando la situación de la vivienda se hizo insostenible[4] se reemprendió el debate sobre la ubicación de las viviendas obreras: barriadas obreras o casas para obreros diseminadas o en pequeños grupos en las inmediaciones de la población; y uno de los principales foros de este debate fue el Congreso de Arquitectos de 1881[5].

 

 

El estado liberal no tuvo –no era éste su objetivo- una política definida sobre la vivienda obrera y fue improvisando un modelo de ciudad “la ciudad liberal” en la que este tipo de habitaciones y la clase que debería habitarlas eran, además de un problema, una amenaza[6]. Solo abordó la cuestión de manera marginal dentro de lo que en el siglo XIX fue bautizado como “cuestión social” y en esta línea se crearía en 1883 la Comisión de Reformas Sociales. La agravación paulatina del problema de la vivienda obrera continuó remitiéndola a la creación de “comisiones” que debían informarle de la situación de la misma. Y, de comisión en comisión, el problema llegó, sin abordarse de lleno, a los albores del siglo XX. A comienzos del Novecientos, siguiendo las pautas europeas de renovación de los partidos oligárquicos que comenzaban a mostrar sus fisuras ante el empuje de las masas, comenzaron a manifestarse en España las tendencias intervencionistas del Estado en cuestión social y entre ellas destacó la propuesta del destacado político liberal y posteriormente jefe de Gobierno, José Canalejas –ministro de Agricultura, Industria y Comercio en el gobierno de Sagasta, iniciado en marzo de 1902- sobre la creación de un Instituto de Trabajo que fue la base del Instituto de Reformas Sociales, establecido en 1903[7]. El principal apoyo de Canalejas fue un grupo de profesores universitarios que establecieron las bases de la institución[8]. Sin embargo, los vaivenes políticos ocasionados por el turno de los partidos y el asesinato de Canalejas en 1912, aplazaron estos proyectos durante casi diez años, aunque paulatinamente el Instituto se transformó en un foro de discusión sobre la “cuestión social” y en el que participaron desde su fundación, miembros del partido socialista. De él salió la ley de Casas Baratas, aprobada en el Congreso en 1911[9]. Fue precisamente esta ley –ampliada en 1921 y que suponía un avance respecto a las disposiciones anteriores- la base de la política del estado español sobre lo que eufemísticamente se bautizaba con el nombre de vivienda social. Y sin embargo era una ley que “fomentaba la especulación primando los intereses particulares sobre los colectivos al imponer como árbitros de la cuestión a los principales beneficiados por las subvenciones oficiales: promotores y constructores”[10]. Era una manifestación clara de las limitaciones del sistema liberal capitalista frente a la vieja “cuestión social” y sus consecuencias quedaron patentes con los cambios acaecidos desde 1931.

 

 

Paralelamente, en el último cuarto del siglo XIX, y en pleno debate sobre la ubicación de la habitación obrera, comenzaba a formarse y, luego, a consolidarse, el primer núcleo de los socialistas españoles que, el 2 de mayo de 1879, fundó, en la clandestinidad, el partido socialista obrero. A partir de este momento, el partido incluyó el problema de la vivienda obrera en sus principales reivindicaciones aunque lo subordinó a la consecución de otros objetivos ya que, de conseguirse éstos, la cuestión de la habitación quedaría automáticamente solucionada. Para comprobar la evolución de esta cuestión en el primer socialismo he repasado la postura oficial del partido en algunos ámbitos y momentos que considero significativos, comenzando por la repercusión en sus textos programáticos. Puntualmente analizo la aportación socialista a la Comisión de Reformas Sociales y, luego, al Instituto de Reformas Sociales, y, como colofón, la nula incidencia del problema en los debates parlamentarios, protagonizados por Pablo Iglesias, el primer diputado obrero y el más genuino representante del primer socialismo español.

 

 

El problema de la vivienda en los programas socialistas (1879 – 1934)

 

La preocupación del partido socialista por la vivienda (o habitación obrera como se decía en la época) –otra cosa es la incidencia política de estos presupuestos e incluso la prioridad que dio el partido a estas cuestiones- estuvo presente desde que elaboró su primer texto programático, aprobado el 20 de julio de 1879 y la repitió machaconamente en los textos de los programas posteriores[11]. En el primero el problema de la vivienda aparece mencionado desde dos vertientes: la necesidad de controlar las  habitaciones obreras por comisiones de vigilancia, elegidas por obreros[12] y la reforma de la legislación sobre arrendamientos y desahucios[13], punto del que se deduce la inclinación de los socialistas por la vivienda de alquiler ya que era la única posibilidad para la clase obrera, como argumentará en 1884. En el programa de 1880 se repiten las mismas aspiraciones, sin modificación alguna, aunque ya ordenadas dentro del apartado de las reivindicaciones mínimas que los socialistas pretendían conseguir de forma inmediata. Asimismo, en el texto de 1888 que modificó sustancialmente algunos aspectos de la parte minimalista del programa, aparecen los mismos objetivos respecto a cuestión de la vivienda obrera sin cambiar un ápice las reivindicaciones de 1879. La promulgación del sufragio universal en junio de 1890, que permitía al partido tomar parte en los procesos electorales (generales, provinciales o municipales) tuvo como resultado un año después, la presencia de cuatro socialistas en el Ayuntamiento de Bilbao y uno en la localidad vizcaína de San Salvador del Valle. La presencia en los Ayuntamientos conllevó la elaboración de un programa municipal en el que se aludió a la política de la vivienda en los siguientes términos: “Exigir el exacto cumplimiento de las Ordenanzas municipales en todo cuanto favorecen a los trabajadores, y principalmente en lo que se refiere a la higiene de las habitaciones, análisis de los artículos alimenticios, derribo de las casas denunciadas y andamiaje de las obras”[14].

 

 

Estos fueron los presupuestos programáticos en materia de habitación obrera con los que los socialistas entraron en el siglo XX y mantendrían hasta 1918. Entre noviembre y diciembre de aquel año se celebró el 11º Congreso del partido, en el que el programa del PSOE sufrió importantes modificaciones y en el que se fijaron las bases teóricas –dice el dictamen- sobre las que habría que descansar la política de la vivienda del partido obrero[15]. En estos comicios, realizados en un momento crítico para la economía y la política española, el tema que estudiamos apareció inserto en el “dictamen de la ponencia de política nacional” y, concretamente, en las “orientaciones del partido en orden a los problemas nacionales de crisis de trabajo y subsistencias”. El párrafo decía:

 

 

“Simultáneamente es preciso que se obligue a que los Ayuntamientos todos procedan a edificar primordialmente los edificios escolares necesarios; que planee (sobre todo las en ciudades de importancia) su reforma y su ensanche para que abunden los solares y se facilite la construcción de viviendas para los trabajadores y de baños públicos, lavaderos, parques, etc., y que establezca o complete los servicios de abastecimientos de aguas, luz, limpieza y transportes, tendiendo a su municipalización. Para realizar esta labor debe el Estado rehacer las Haciendas locales y, por lo pronto, ofrecer garantías para que los bancos y los particulares, con la hipoteca de los propios servicios y la inspección que convenga, faciliten el capital que permita en poco tiempo verificar una gran transformación urbana. Es necesario también que se grave todo el capital inactivo y que se facilite la expropiación de la propiedad mal utilizada desde el punto de vista social”[16].

 

 

Este aspecto del dictamen contenía de forma esquemática una propuesta práctica para que el socialismo comenzara a actuar no solo desde el ámbito de la política estatal sino también y, especialmente, desde el municipal. Sin embargo, cuando llegó el turno de la discusión sobre esta propuesta que, junto a la crisis de trabajo componía el primer punto del dictamen sobre política nacional, nadie se hizo eco de esta cuestión[17]. Cierto que entonces era más acuciante el problema que planteaba la crisis de trabajo derivada de la situación bélica europea, pero de esta actitud se desprende la marginalidad que, en aquellos momentos, tenía para los socialistas españoles el problema de la vivienda. Así pues, el punto “coló” sin que nadie lo ampliara o discutiera.

 

 

La postura adoptada en el Congreso repercutió en el nuevo texto programático –tanto en el de política general como en el municipal- que, en materia de vivienda, no sufrió modificaciones profundas respecto a los textos anteriores. Se suprimió el punto de la “creación de Comisiones de vigilancia” para controlar la situación de las habitaciones obreras, se siguió con la vieja reclamación de la reforma de las leyes de inquilinato y desahucio, y apareció por vez primera vez la petición de: “Casas baratas para obreros”. No aprovecharon tampoco el programa municipal –inserto desde ese momento en el programa general del partido-, para fijar su criterio sobre la cuestión; en este apartado quedaron detalladas una serie de medidas que expresaban más una política de beneficencia –“Albergue y alimentación de los obreros transeúntes. Casas para ancianos e inválidos, (…)”-, o educacionales –“cantinas escolares. Proporcionar trajes a los niños que asistan a las escuelas municipales (…)”-, que propiamente un proyecto de política sobre la vivienda obrera, aunque indirectamente se refirieran a la habitación obrera en casos como los señalados. Tampoco en el programa agrario que apareció especificado en el texto -por vez primera en la historia del socialismo español- hay mención de un proyecto claro. La preocupación socialista sobre la vivienda de los trabajadores del campo quedó ceñida a la demanda de “Leyes que garanticen las condiciones higiénicas de las habitaciones y albergues destinados a los obreros asalariados”.

 

 

El último de los programas del PSOE durante esta primera larga etapa de su existencia fue el de 1934. Difiere de todos los textos anteriores y más que un programa fue un manifiesto radical que pretendía mostrar que el partido socialista se transformaba en la oposición revolucionaria. Este texto, redactado por Indalecio Prieto y al que Francisco Largo Caballero añadió algunos puntos referentes a la “acción”, rompió con los esquemas programáticos anteriores y solo incidió sobre los aspectos políticos más acuciantes, planteados en aquellos convulsos momentos: nacionalización de las tierras, racionalización de la agricultura, reforma radical de la enseñanza, disolución de todas las órdenes religiosas, disolución y reorganización del ejército y de la Guardia Civil, modificación de la administración pública, medidas para mejorar la situación de los trabajadores industriales y reforma del sistema tributario. Está claro que en un texto de estas características no cabía ni siquiera la mención a la prosaica cuestión de la vivienda, por muy obrera que fuera. Este programa apenas tuvo publicidad y en la mente de la base del partido quedó como último el de 1918.

 

           

La vivienda en el Informe a la Comisión de Reformas Sociales

 

La Comisión de Reformas Sociales se instituyó por el Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 y fue auspiciada por hombres del partido liberal de Sagasta, entre los que destacó Segismundo Moret, vinculado a las corrientes krausistas sobre reformismo social. Se ayudaron de algunos republicanos expertos en materia social como Gumersindo Azcárate y pretendieron convertir a la nueva institución en un órgano desligado de la política de los partidos de turno y capaz de encarar –desde su propia óptica y de la forma elegida por ellos- los problemas que planteaba “la cuestión social”, uno de los temas “estrella” en la opinión pública del momento[18].  La Comisión tuvo como uno de sus principales objetivos el abrir una información pública, oral y escrita, sobre la situación de las clases obreras. La encuesta obedecía a un cuestionario integrado por 263 preguntas, divididas a su vez en 32 grupos y, dentro de las referidas a la condición económica de los obreros, se incluía una referente a la habitación.

 

 

En líneas generales, el mundo obrero se mostró reacio a contestar a la Comisión aunque, finalmente, algún anarquista aislado[19], reformistas y socialistas participaron en la misma[20]. El grupo socialista aprovechó la oportunidad que le brindaba la propuesta como foro para exponer sus ideas y participó en la información oral y escrita con ponencias muy elaboradas y con sus mejores hombres[21]. Ninguno de ellos trató de contestar de forma exhaustiva a las preguntas del cuestionario, sino que procuraron hacer una crítica estructural de la situación obrera repartiendo entre ellos las cuestiones que consideraron más urgentes para denunciar. De esta forma sobrepasaban los límites del positivismo sociológico burgués y podían dar una alternativa global, basada en los presupuestos socialistas[22] . Dentro de este esquema, uno de ellos, Matías Gómez Latorre[23] se ocupó de responder a algunas preguntas del grupo VI, las correspondientes a la situación económica de la clase obrera, en las que se incluía –con el número 43- la que incidía  sobre la habitación[24].

 

 

De la síntesis expuesta por Gómez Latorre se puede entresacar no solo la mera descripción de la situación dramática de la habitación de los proletarios –que también lo hace,  refiriéndose únicamente al caso madrileño y, por cierto, siguiendo los mismos argumentos que Engels[25]- sino algunos puntos que sirven para definir la política socialista sobre la vivienda obrera en aquellos primeros años de vida del partido. No entró en el debate sobre la conveniencia para la clase obrera de ser propietaria de su vivienda ya que, como internacionalista de primera hora, tenía claro que esta opción era un arma de la burguesía para mermar las fuerzas de la revolución proletaria[26]. De ahí que sin utilizar argumentos más complejos se inclinara en su informe por el régimen de alquiler. Sin embargo hizo hincapié en que, en multitud de casos, ni siquiera el alquiler podía ser afrontado por una sola familia obrera[27]. A partir de esta modalidad de tenencia de vivienda, generalizada en el mundo trabajador, se pueden entresacar algunos principios defendidos por el partido socialista a los que trata de dar forma Matías Gómez Latorre. En primer lugar la oposición a la cooperación, pero argumentando el contenido de cooperación de una forma peculiar: para él –en estos momentos, ya que años después matizará algo el problema- la cooperación consistía en compartir la vivienda con otra familia y afrontar entre ambas el alquiler. Dejó claro que esta solución es rechazada por los socialistas, pero la tienen que aceptar para resolver el problema de la habitación, por lo tanto, para sobrevivir. Se percibe en su argumentación la postura oscilante del partido socialista sobre la cooperación que, en estos momentos, seguía las directrices de Guesde que la condenaba con ardor –al igual que condenaba el anarquismo o la colaboración parlamentaria con los partidos burgueses-[28]. En segundo lugar aparece en el informe otra de las cuestiones más debatidas en aquellos momentos, la de la integración o segregación de la vivienda obrera que como indica Antonio Buj formaba parte de “un nuevo diseño estratégico de control social de las masas trabajadoras”. Gómez Latorre salió también al paso con una rotunda negativa a la existencia de barrios obreros, pues aunque los socialistas ya habían asumido en aquellos momentos los postulados marxianos de la conveniencia de la concentración obrera para el desarrollo de la lucha de clases[29], consideraban –sin dar demasiados argumentos- que la segregación sería perjudicial a la clase trabajadora[30]. La solución la resumió Matías Gómez brindando las alternativas siguientes:

 

 

Hay un medio, digo, que es más costoso y que no se pone en plan­ta (sic.). Y no es esto pedir que se haga, no; no es más que una suposición; pero pudiera obligarse a los propietarios urbanos a que en todas las nuevas construcciones se dedicara una parte del local a habitaciones modestas pero higiénicas y aptas para albergar personas, no chiribiti­les como los que hace la codicia burguesa. Pudiera dedicarse una parte de habitación para los obreros, aunque fuera en confusión con las cla­ses elevadas; pudiera también establecerse que, por ejemplo, en las calles de nueva construcción, o en las que se reedifican cierto número de casas, se dedicaran tantas a un tipo de alquiler, y tantas otras para clases verdaderamente proletarias. Este creo yo que podría ser un medio, pero no hago más que indicarlo”[31].

 

 

Del informe de Gómez Latorre se deduce que la opción de los socialistas en el último cuarto del siglo XIX era la vivienda de alquiler –no podían, en aquellos momentos, plantearse la posibilidad de la existencia de viviendas de propiedad, ni tampoco tenían suficiente bagaje teórico para hacerlo, aunque conocieran la síntesis del pensamiento marxiano sobre la propiedad como he citado más arriba. Por lo tanto, ni siquiera plantearon el debate sobre una u otra modalidad. Opuestos a la segregación de la clase obrera propugnaban un tipo de habitación modesta y diseminada en los cascos urbanos y en los nuevos ensanches que se proyectaran. También se desprende del informe su denuncia sobre el alto precio de los alquileres que mediatizaba no solo las condiciones materiales de la vida de la clase obrera sino también su propio código moral.

 

 

… y en el Instituto de Reformas Sociales

 

El Instituto de Reformas Sociales, establecido en 1903 y producto de los intentos -auspiciados principalmente por José Canalejas- de iniciar una política intervencionista en la cuestión social, pretendió encargarse “de preparar la legislación del Trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras”[32]. Entre las leyes sociales más urgentes del proyecto de Instituto estaba la de fomentar las habitaciones baratas para obreros. La idea de Canalejas era la de “presentar un proyecto de ley, o bien varios, en virtud de los que el Estado, con la cooperación de las provincias y de los municipios y aun de los particulares –empresas, compañías grandes propietarios, etc.- se emprendiera la obra verdaderamente regeneradora, de la mejora de la habitación para el trabajador de la ciudad y del campo”[33]. Canalejas y sus colaboradores plantearon la intervención del Estado de forma indirecta: creación de Juntas “para el fomento y la mejora de las casas baratas”, reguladas por la ley y dependientes, a su vez, del Instituto de Reformas Sociales.

 

 

En los planes de Canalejas estaba también la inclusión de representantes de la clase obrera en el Instituto. Y fueron los socialistas los que ocuparon las seis vocalías reservadas a este grupo[34]. Participaron, lógicamente, en el debate sobre el proyecto de Ley de Casas Baratas, que se inició en el Instituto el 6 de abril de 1908[35]. Y su primera objeción fue contra la totalidad del proyecto presentado ya que, según Ormaechea –el vocal socialista que se encargó de debatir la cuestión- se necesitaban dos disposiciones para regular la situación: una ley de higiene y saneamiento de viviendas y un reglamento para la construcción de las mismas. Y es que la preocupación por la degradación de las viviendas obreras y el incumplimiento de las ordenanzas de edificación era una de las cuestiones que de forma recurrente venía tratando la prensa socialista durante aquellos años. En el mismo sentido, una de las primeras intervenciones de los vocales socialistas en el Instituto, la de Francisco Largo Caballero, fue para denunciar las malas condiciones de trabajo y de vivienda en que se encontraban algunos obreros de Madrid[36]. Trataron también las viejas cuestiones que habían planteado veinte años antes en sus informes a la Comisión de Reformas Sociales, aunque con ciertos matices: mientras que en 1884 daban por sentado que la clase trabajadora solo podía acceder a la vivienda de alquiler, en 1908 insisten en que el problema obrero no se podía resolver con la casa en propiedad. Implícitamente, incluyen esta posibilidad aunque manifiestan su más absoluta desconfianza debido a la organización social existente[37]. A ello añadieron las dificultades que tenían las clases obreras para poder pagar los plazos que exigía la compra de las viviendas. No plantearon el debate, pues, oponiéndose a la vivienda en propiedad sino en los inconvenientes que acarreaba la inseguridad en el trabajo. La opinión del vocal socialista Ormaechea era: “Un obrero puede satisfacer puntualmente durante ocho, diez, catorce años, los plazos de la compra; al cabo de ellos, una incapacidad, una crisis industrial, le echan del taller, impidiéndole seguir abonando los plazos sucesivos. En consecuencia, será desalojado de la casa y perderá todo derecho a ocuparla y todo el dinero desembolsado en tanto tiempo. ¿Habrá, en estas condiciones, muchos que se decidan a hacerse propietarios?”. Y el problema se agravaba –como señala Paloma Barreiro-  ya que el obrero estaba obligado a pagar, además de las cuotas, un seguro de vida. Y después de todas estas argumentaciones y, basándose en la situación de algunas ciudades alemanas, el vocal socialista insistió en que el problema obrero no se resolvía con la casa en propiedad sino estableciendo un alquiler asequible, producto del estudio del poder adquisitivo de los trabajadores.

 

 

También los socialistas volvieron a retomar el viejo debate sobre la segregación de clases, pronunciándose rotundamente a la creación de barrios obreros, aunque el proyecto eludía la cuestión de la ubicación de las casas. Hubo una intervención de Francisco Largo Caballero que mantenía la tradicional idea de que nada mejor podría manifestar la división de clases, “como esa separación entre barrios ricos y pobres, capitalistas y obreros, que se intenta formar”. Ormaechea, a su vez, apoyaba la edificación de grandes edificios para obreros dentro de la misma ciudad[38].

 

 

Y como colofón, la cuestión de la ayuda a las cooperativas obreras. En estos momentos el PSOE –que resolvía su falta de planteamientos teóricos con la remisión a su fidelidad a las consignas establecidas en los Congresos obreros[39]-, comenzaba reenfocar la cuestión del cooperativismo en la línea de Jean Jaurès, que apoyaba la cooperación desde un ángulo posibilista. De ahí que, abandonando la condena radical a la cooperación -heredada de Jules Guesde- Largo Caballero defendió, en la discusión sobre el tema de las cooperativas, que la ley fijara que las Juntas de Fomento ayudarían en exclusiva a las cooperativas obreras para evitar el favorecer a sociedades no compuestas por obreros[40].

 

 

Vivienda higiénica, en régimen de alquiler, diseminada por la ciudad y ayuda exclusiva a las cooperativas obreras. Estos eran los principales presupuestos defendidos por los socialistas en el primer decenio del siglo XX, cuando el partido comenzaba a ser tenido en cuenta por la política burguesa y estaba cerca de conseguir un diputado en las Cortes españolas. Esta visión –simplificada aun más en este artículo- respondía, en parte, a la misma esencia del partido: dominado por los viejos internacionalistas autodidactas y fieles a las esencias de clase. En esos años, aunque comienzan a aparecer nuevos nombres –es significativo el de Largo Caballero que, de otra parte, tampoco se caracterizó por su capacidad teórica- aun no se había cuestionado el catecismo iglesista ni había en el PSOE intelectuales capaces de fundamentar en profundidad, entre otros problemas, uno tan básico como el de la vivienda obrera[41].

 

 

El debate sobre la vivienda en las Cortes españolas

 

 

Uno de los hitos más significativos del socialismo español en los años de entre siglos fue su presencia en el Parlamento donde llegó de mano de los republicanos. Pablo Iglesias, único diputado socialista entre 1910 y 1918, desarrolló una actividad importante desde su escaño, especialmente en las primeras legislaturas: en la primera, la de 1910 intervino treinta y dos veces, y en la segunda la que va desde 1911 a 1914 lo hizo en ciento veintiséis ocasiones[42]. Tomó parte en los debates en los que se enjuiciaron los temas más espinosos de la política llevada a cabo por el conservador Antonio Maura: la guerra de Marruecos, la huelga general y la “Semana Trágica”, o el proceso contra Francisco Ferrer Guardia. Censuró el proyecto canalejista tanto en su vertiente política como en la económica, reflejada en los presupuestos de los distintos ejercicios y siguió la misma tónica con los gobiernos que siguieron tras el asesinato de Canalejas. Llevó al parlamento las más variadas cuestiones que afectaban a la clase obrera y que conculcaban los derechos de asociación reunión y manifestación. Se fijó en múltiples detalles de la situación obrera: incumplimiento de la incipiente legislación social –descanso dominical, seguridad en el trabajo, situación laboral de mujeres y niños-. Denunció los graves problemas existentes en las prisiones, o los abusos sexuales cometidos contra menores en ciertos establecimientos o los maltratos a los asilados en algunos centros de beneficencia, entre otros muchos y variados asuntos.

 

 

Pero, en ninguna de sus intervenciones aludió, directamente a la cuestión de la habitación obrera. Y pudo aprovechar –como mínimo- tres momentos para hacerlo. Cuando se llevó a la Cámara baja el nuevo proyecto de ley para el fomento y mejora de las Casas Baratas en julio de 1910, cuando se discutió la abolición del impuesto de Consumos el 9 y 12 de junio de 1911,  y cuando se debatió sobre como se haría efectivo el nuevo impuesto de Inquilinato, el 10 de diciembre de 1912. 

 

 

El nuevo proyecto de ley sobre Casas Baratas era una de las versiones del elaborado por el Instituto de Reformas Sociales y que he comentado más arriba[43]. El texto primitivo fue recortado a su paso por el Congreso en junio de 1908 y, aun más cercenado cuando fue discutido en el Senado en mayo de 1909. En julio de 1910, el gobierno remitió de nuevo al Congreso un proyecto de ley más extenso y más parecido al elaborado por el Instituto. En aquellos momentos Pablo Iglesias estaba en el Parlamento pero no intervino en el asunto, aunque si participó, y con discursos memorables, en el debate sobre la Semana Trágica barcelonesa de julio de 1909 y sobre el proceso realizado a Ferrer Guardia. Pasó por alto, pues, el problema de la habitación obrera.

 

 

El segundo y tercer momento están estrechamente relacionados. La abolición del impuesto de Consumos era una vieja reivindicación popular, presente en la mayoría de revueltas y revoluciones que salpicaron el Ochocientos y que coleó en los primeros años del siglo XX[44]. Finalmente, Canalejas decidió la supresión del impuesto mediante la promulgación de la ley de Exacciones locales de 12 de junio de 1911. Sin embargo, la cancelación de la carga conllevaba importantes dificultades económicas a algunos ayuntamientos, entre los que se contaba el de Madrid. Y tanto el jefe de Gobierno como el diputado socialista –que había sido concejal del ayuntamiento capitalino- conocían de primera mano las consecuencias de la supresión: si los ayuntamientos se veían privados de unas rentas saneadas y seguras, la solución pasaba, o bien porque el estado compensara el déficit ocasionado por la supresión del impuesto –cosa que no iba a hacer- o porque se gestionaran nuevas cargas, sustitutivas de la anterior. Iglesias apoyó la segunda solución que consistió, entre otros arbitrios, en la creación de un impuesto de Inquilinato, siguiendo la política defendida tanto por el jefe de Gobierno como por los ediles socialistas madrileños. En descargo de la actuación de los cuatro concejales socialistas del ayuntamiento de Madrid, Iglesias argumentó, solo de pasada, que la propuesta socialista era un impuesto sobre el suelo, pero no se entretuvo en fundamentarla sino que llenó su tiempo en justificar la actuación de los concejales de su partido.

 

 

La supresión de los consumos y la creación del nuevo impuesto de inquilinato fueron simplemente unas medidas demagógicas que trataron de acallar –otra cosa es que lo consiguieran- a las continuadas y combativas protestas populares. Y que, de otra parte, es comprensible que fueran apoyadas tanto por el reformador Canalejas, como por los socialistas. Pero con la abolición de los consumos no se logró ni la mejora para el contribuyente, ni la mejora en la condición de los artículos de primera necesidad, ni el fomento de su producción y beneficio para las clases proletarias[45]. Y el nuevo impuesto sobre el inquilinato no fue la fórmula adecuada para solucionar el problema del déficit de los ayuntamientos, especialmente los de Madrid y Barcelona, que tuvieron que recurrir a la ayuda estatal ante los graves problemas planteados, hecho que quedó de manifiesto en las partidas adjudicadas en los presupuestos generales de 1913. Y aunque se establecía que el impuesto solo gravara los alquileres de más de trescientas pesetas –hecho que, en teoría, no afectaba a la vivienda obrera- los propietarios subieron de forma generalizada los alquileres para compensar el nuevo impuesto y, otra vez, los perjudicados fueron los sectores populares[46]. Y, mientras millones de ciudadanas y ciudadanos seguían sobreviviendo en tugurios infectos, Pablo Iglesias discutía en el Parlamento cuestiones, aparentemente, de más trascendencia política.   

 

 

Está claro que el representante socialista ni podía ni debía debatir en el Parlamento todas las cuestiones que afectaban a la clase obrera. También que Pablo Iglesias suplió su pobreza teórica con una continuada e incansable acción. Es cierto que el partido tenía sus cauces para tratar la cuestión de la vivienda –entre otros, el Instituto de Reformas Sociales o los ayuntamientos donde iba aumentando el número de concejales socialistas-, además de las posibilidades que les brindaba la prensa obrera. Sin embargo, ante la multiplicidad de las cuestiones que Iglesias llevó al Parlamento, sorprende el que no mencionara ni una sola vez en sus ciento cincuenta y ocho intervenciones el problema de la vivienda obrera, aunque,  como botón de muestra, citó una vez, de pasada y sin fundamentar –como señalaba más arriba-, la necesidad de un impuesto sobre el suelo. Y, sus intervenciones transcurren mientras los socialistas normalianos franceses, entre los que destaca Maurice Halbwachs, están presentando alternativas teóricas sólidas sobre el problema de los alquileres, sobre urbanismo y sobre la especulación del suelo, enfocados desde la justicia social y la revolución. Quizá, es que para el primer socialismo español esta cuestión tenía una importancia relativa y aunque está presente en sus programas y en alguno de los foros en los que se expresan queda -en los años estudiados- relegada a un segundo plano y subordinada a cuestiones de “alta” política, ésas que interesan a los partidos políticos para llegar o afianzarse en el poder.

 

 



Notas

 

[1] Omito las disposiciones anteriores contenidas en las leyes de Partidas (Partida 5ª, título VIII),  y en la Novísima Compilación (Libro X, título X, 7ª y 8ª).

 

[2] Prescindo de otras disposiciones legales que, aunque en su articulado mencionaran la cuestión del alquiler, no tenían como finalidad  regularlo. Un ejemplo puede ser la R. O. de 9  de septiembre de 1853,  cuyo objetivo –dentro del amplio capítulo de la beneficencia- era el de promover la edificación de casas o habitaciones para pobres.

 

[3] No es el objetivo del trabajo realizar una investigación exhaustiva sobre el precio de los alquileres que, necesariamente nos remitiría a fuentes conocidas – algunas trabajadas- como podrían ser, entre otras, para el caso de Barcelona, la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856  de Ildefonso Cerdá o los Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona, completas series estadísticas, publicadas entre 1902 y 1918, por solo citar las más conocidas. Como simple aproximación al precio de los alquileres utilizo los datos que ofrece Manuel ESCUDÉ BARTROLÍ, cuyas principales aportaciones son para 1917, pero que contiene datos para fechas anteriores. Siguiendo al jefe de estadística municipal del Ayuntamiento de Barcelona, la evolución del precio anual de la vivienda en Barcelona fue: 1860: 120 ptas., 1900: 140 ptas., 1905: 160 ptas., 1910: 180 ptas., 1914: 200,50 ptas., 1917: 240 ptas. Y 1919: 240 ptas. (Véase Manuel ESCUDÉ BARTROLÍ. Monografía Estadística de la Clase Obrera. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona: Comisión de Hacienda. Instituto de Estadística y Política Social. Estadísticas Sociales, 1921, p. 127).

 

[4] Carlos SAMBRICIO recuerda que entre 1860 y 1900 Madrid casi duplicó su población: pasó de 280.000 habitantes a 540.000. Este crecimiento no implicó –como ocurrió en otras capitales europeas- una aplicación paralela de normas higiénicas. El incumplimiento de las ordenanzas municipales en esta materia convirtió a Madrid en la capital europea con mayor tasa de mortalidad, un 42%. (Véase Carlos SAMBRICIO (ed.). Un siglo de vivienda social (1903-2003), Madrid: s.f. (¿2003?), p.34.

 

[5] Referencias a este Congreso, suficientemente descrito, pueden encontrarse, entre otros, en Paloma BARREIRO PEREIRA. Casas Baratas. La vivienda social en Madrid. 1900-1939, Madrid: 1992, p. 24 y ss.; Juan BLAT. Vivienda obrera y crecimiento urbano. (Valencia 1856-1936), Valencia: 2000, p. 85 y ss.; Carlos SAMBRICIO (ed.), ob. cit. p. 35 y ss.

 

[6] El concepto de “ciudad liberal” está desarrollado en: Horacio CAPEL y Mercedes TATJER. Reforma Social, serveis assistenciales i higienisme a la Barcelona de finals del segle XIX (1876-1900), Cent anys de Salut pública a Barcelona. 1891-1991,  Barcelona: Institut Municipal de la Salut, 1991, p. 31- 73.

 

[7] Años después, en 1924, el Instituto quedaría englobado en el Ministerio de Trabajo.

 

 

[8] Me refiero al grupo institucionista de la Universidad de Oviedo, integrado por Adolfo Buylla, Adolfo Posada, Aniceto Sala, Rafael Altamira y Melquíades Álvarez. De los dos primeros requirió el Ministro una colaboración exclusiva e inmediata. (Véase Vicente PALACIO ATARD. Canalejas y el proyecto del Instituto del Trabajo en 1902, El reformismo social en España: la Comisión de Reformas Sociales, Córdoba: 1987, p. 261-274. Merece destacarse, junto con Canalejas, la figura del conservador Eduardo Dato como uno de los políticos españoles más interesados en la puesta en práctica de la legislación social.

 

[9] Rodrigo HIDALGO DATTWYLER hace una aproximación sobre los primeros pasos de las legislaciones europea y española sobre la vivienda social, en la primera parte de su artículo: La política de Casas Baratas a principios del siglo XX. El caso chileno, Scripta Nova, 2000, nº 55.

 

[10] Véase Mª Concepción DIEZ-PASTOR IRIBAS. La vivienda mínima en España: primer paso del debate sobre la vivienda social,  Scripta Nova, 2003, nº 146.

 

[11] Para una aproximación a los textos programáticos del PSOE desde 1879 a 1934,  Véase María Teresa MARTÍNEZ DE SAS. Los programas socialistas. Estudios de Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara), tomo I, Madrid: 1981, p.  363-378. También Antonio ELORZA, desde otras perspectivas, ha trabajado sobre los programas del primer socialismo (1879-1888), incluyendo los textos del Partido Democrático Socialista Obrero, aunque no aportan datos esenciales para este estudio (Véase: Antonio ELORZA. Los primeros programas del PSOE (1879-1888), Antonio ELORZA y Michel RALLE. La formación del PSOE, Barcelona: 1989, p. 119- 187).

 

[12] La versión literal del apartado dice así: “Creación de Comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que estos vivan, las minas, las fábricas y los talleres”.

 

[13] En el programa de 1879 figura: “Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora”.

 

[14] El texto que he utilizado es el que apareció en un pequeño folleto titulado: El programa socialista. Comentarios por Pablo Iglesias,  Madrid: Vida Socialista, 1910. En los comentarios de Pablo Iglesias que, por cierto ocupan desde la página 7 a la 31, la única referencia que hace respecto a la vivienda obrera está incluida en un párrafo en el que denuncia una serie de cuestiones sobre las que no tiene interés el Parlamento y, entre ellas, señala la carencia de leyes “que impongan una baja en los alquileres de las habitaciones” (p. 18).

 

[15] Sería muy interesante poder profundizar en esta cuestión para tratar de perfilar las relaciones –o no- de alguno de los socialistas españoles -quizá Antonio Fabra y Ribas o Julián Besteiro que mostrarán, en algunas ocasiones, su preocupación por la vivienda obrera- con el grupo de los “normalianos” franceses. Una síntesis excelente sobre el grupo francés y su deuda teórica con Maurice Halbwachs en Emilio MARTÍNEZ  y Aina LÓPEZ. El problema del suelo y la vivienda obrera en el socialismo normaliano. La perspectiva crítica de Maurice Halbwachs (1908-1912), Scripta Nova, 2003, núm. 146.

 

[16] El Socialista, 1/12/1918, p. 2.

 

[17] La proposición se presentó en la 17ª sesión que tuvo lugar el 2 de diciembre de aquel 1918.

 

[18] La información que llegó a la Comisión de Reformas Sociales fue publicada en 5 vols. entre 1889-1893 y en 1985 se hizo una edición facsímil, publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con un estudio introductorio de Santiago CASTILLO. Uno de los primeros estudios sobre la Comisión de Reformas Sociales fue el de Carmen IGLESIAS y Antonio ELORZA. La fundación de la Comisión de Reformas Sociales, Revista del Trabajo, nº. 25, p. 75-105. Como compendio de parte de la bibliografía existente sobre la Comisión, Véase la obra colectiva: El reformismo social en España: la Comisión de Reformas Sociales, Córdoba: 1987. Para una introducción a la política de la Comisión sobre la habitación obrera puede ser útil la aportación de Jaime MONTALVO CORREA. El Instituto de Reformas Sociales y la vivienda social en España a principios del siglo XX: la política de Casas Baratas, en Carlos SAMBRICIO (ed.). ob. cit., p. 49 y ss.

 

[19] Tal  fue el caso de Juan Cordobés que participó, en nombre propio, en la información oral de Madrid.

 

[20] Con la finalidad de explicar el rechazo de una gran parte del mundo obrero a la propuesta de la Comisión, realicé una valoración de la respuesta de Barcelona –que no constó en la publicación final de las respuestas publicadas por la Comisión- en Algunas cuestiones en torno al reformismo social. Barcelona ante la Comisión de Reformas Sociales. El reformismo social en España…, ob. cit., p.  201-213.

 

[21] De ellos sobresalen: Jaime Vera, Pablo Iglesias, Antonio García Quejido, Deogracias Nafarrate y Matías Gómez Latorre. El informe de Vera perteneció al grupo de la información escrita, fue presentado por la Agrupación socialista madrileña y es considerado uno de los textos clave del primer socialismo español. Los restantes participantes presentaron sus informes oralmente y cada uno de ellos representaba a un grupúsculo socialista: Deogracias Nafarrate habló en nombre de la Asociación del Arte de Imprimir, Antonio García Quejido y Matías Gómez Latorre en el del Montepío de Tipógrafos y Pablo Iglesias en representación del Partido Socialista Obrero.

 

[22] Antonio BUJ BUJ. La cuestión urbana en los informes de la Comisión de Reformas Sociales, Ciencia e ideología en la ciudad (II), I Coloquio Interdepartamental, Valencia 1991, Valencia: 1994, p.  73-86, p. 78.

 

[23] Matías Gómez Latorre, amigo desde su juventud de Pablo Iglesias, fue uno de los fundadores del partido socialista en 1879 en el que ocupó cargos de relevancia hasta su muerte. Puede consultarse su informe en: Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. Bilbao: 1970,  p. 13 y ss. Expuso sus consideraciones en la sesión celebrada la tarde del 26 de octubre de 1884.

 

[24] El texto de la pregunta era: “Habitación: su capacidad; sus condiciones higiéni­cas en relación con las leyes de la policía sa­nitaria; cuantía del alquiler; si viven los obre­ros en casas independientes o en los sotabancos y buhardillas de las habitadas por las demás clases; si  hay barrios de obreros dentro o fuera de las ciudades y, si en este último caso, existen medios fáciles de co­municación, como ferrocarriles, tranvías, etc. ; si la construcción de viviendas para aquéllos es debida a los particulares o Sociedades, y si obedece a miras interesadas o a sentimientos humanitarios; si los empresarios o Cor­poraciones ayudan a los obreros para que adquieran la propiedad de su hogar cedien­do terrenos, dando subvenciones o hacien­do anticipos".

 

[25] Véase Antonio BUJ BUJ. art. cit. p. 79.

 

[26] En este sentido es muy esclarecedora la postura de La Emancipación –periódico internacionalista controlado por el grupo pro-marxista- que ya en la temprana fecha de 16 de marzo de 1872 señalaba: “Los jefes más inteligentes de las clases imperantes han dirigido siempre sus esfuerzos a aumentar el número de pequeños propietarios, a fin de crearse un ejército contra el proletariado”, (cit. Antonio BUJ BUJ. art. cit. p. 80).

 

[27] Cita la cuantía de los alquileres de una vivienda que cumpla los requisitos mínimos –“no de comodidad sino de aseo”, los relaciona con el jornal y los otros gastos perentorios de un obrero cajista “con tres o cuatro de familia” y llega a la conclusión de que un obrero que gane de 14 a 15 reales diarios no puede pagar el alquiler de los seis duros (30 pesetas) que cuesta una habitación que tenga cocina, sala y dos alcobas. Véase Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 20.

 

[28] Véase Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 21. La cuestión de la cooperación fue uno de los temas que más preocuparon al obrerismo desde la fundación de la Primera Internacional. En el caso español, hubo ya un dictamen sobre la misma, en el I Congreso obrero español, celebrado en Barcelona en junio de 1870. Puede verse el dictamen completo y la discusión del mismo en: Víctor Manuel ARBELOA. El I Congreso Obrero Español. Barcelona 1870,  Madrid: 1972. Y aunque las dimensiones del debate sobre la cooperación en la historia del movimiento obrero se salen de los límites de este artículo, se puede ver la síntesis sobre cooperación y vivienda, elaborada por Juan BLAT.  ob. cit.,  p. 41 y ss.

[29]Los barrios de obreros son –diría Gómez Latorre- los que imprimen en mi concepto el ver­dadero carácter de separación de clases, que es la cuestión latente en la sociedad actual. Haced barrios de obreros: los que nos tenemos por verdaderamente revolucionarios en la buena acepción de la palabra, de­seamos que hagáis barrios de obreros; hacedlos en buena hora, enton­ces tendremos allí el núcleo de las clases trabajadoras y podremos de­cirles: ahí tenéis la casta que disfruta a un lado, la que padece a otro. (Aplausos.).”, (Véase Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 22).

 

[30] Tal vez deduzcáis de esto que, dadas las condiciones ac­tuales de vida, porque nosotros no pretendemos que la revolución en el sentido económico se hace en un día ni por capricho, tal vez entendáis que deseamos el “statu quo”. Nada de eso. Hay un medio de no perjudi­car, porque con los barrios obreros se perjudica a las clases trabajado­ras, pues dicho se está que esos barrios no se han de establecer en los centros de la población, sino que se han de establecer, por ejemplo, donde habéis establecido la necrópolis o en un sitio parecido, pero le­jos". (En Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 22).

 

[31] En  Pablo IGLESIAS - Jaime VERA y Antonio GARCÍA QUEJIDO. ob. cit., p. 22.

 

[32] Artículo 1º del Real Decreto de 23 de abril de 1903 que estableció un Instituto de Reformas Sociales en el Ministerio de la Gobernación. Véase la edición facsímil, prologada por Santiago CASTILLO de la obra El Instituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España de Adolfo BUYLLA, Adolfo POSADA y Luis MOROTE. Con un discurso preliminar de José CANALEJAS y MÉNDEZ, y una Memoria acerca de los Institutos del Trabajo en el extranjero por J. UÑA y SARTOU. Madrid: 1986, p. 27.

 

La política liberal sobre la vivienda tuvo su proyección en Barcelona con la creación del Museo Social, organismo creado en 1907 a instancias de la Diputación provincial y estrechamente vinculado con la burguesía barcelonesa.

 

[33] El Instituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, ob. cit., p. 29.

 

[34] Entre los vocales socialistas están los nombres de Matías Gómez Latorre, Francisco Mora Méndez, Santiago Pérez Infante, Francisco Largo Caballero, Eduardo Álvarez, Victoriano Orosa. Como suplentes: José Maeso, Mariano Galán, Modesto Aragonés y Francisco Nuñez. Hasta el momento, no me consta que esté estudiada la labor de los socialistas en el Instituto.

 

[35] El apelativo de “casas baratas” ganó terreno al de “casas obreras” ya que los reformistas españoles, al igual que los europeos, pensaban destinar las viviendas a “obreros en general, jornaleros del campo, pequeños labradores, empleados, dependientes de comercio, y en sentido amplio, a cuantos viven principalmente del trabajo, percibiendo honorarios, jornales o sueldos modestos u otra clase de emolumentos, así como a quienes perciban pensiones por razón de servicios prestados al Estado, la provincia, el Municipio o los particulares” (Art. 1º del Reglamento provisional para la aplicación d la ley de 12 de junio de 1911, sobre Casas Baratas)

 

[36] Paloma BARREIRO PEREIRA, ob. cit. p. 47 y 52.

 

[37] “Es totalmente imposible –diría Ormaechea-, en la presente organización social, realizar tal propósito, porque el capital es egoísta y nunca invertirá lo suficiente para transformar en condiciones de economía e higiene el hogar obrero. A lo sumo, se conseguirá que algunos empleados (…) de jornal crecido, logren, a fuerza de sacrificios grandes, adquirir unas cuantas casas; pero la inmensa mayoría seguirá, como hoy, explotada por caseros, viviendo en tugurios infectos. La clase obrera tienen muy poco que esperar del éxito del proyecto en discusión”. (Cit. por Paloma BARREIRO, ob. cit., p. 52).

 

[38] Cit. Paloma BARREIRO PEREIRA, ob. cit. p.  48 y 52

.

[39] Véase Antonio ELORZA: Los esquemas socialistas en Pablo Iglesias, en Antonio ELORZA y Michel RALLE, ob. cit. , p. 307.

 

[40] La cuestión de las cooperativas, objeto de discusión de la sesión de 13 de abril de 1908,  respondía a los puntos que fueron recogidos luego en el art. 3 de la ley de 11 de junio de 1911: “b) Promover la constitución de sociedades benéficas ó cooperativas para la construcción de casas higiénicas y de Sociedades de crédito popular para facilitar recursos a los que deseen adquirirlas” y “c) Gestionar con los establecimientos de crédito la facilitación de préstamo a las Sociedades comprendidas en esta ley, y destinados exclusivamente a la construcción de casas en las condiciones que en la misma se perciben”.

 

[41] La Escuela Nueva, núcleo “modesto” de los intelectuales socialistas, se fundó en 1910. Las limitaciones de clase defendidas por el partido barraron la entrada de intelectuales durante años. Por vía de ejemplo, Julián Besteiro no se afilió al PSOE y a la UGT hasta 1912.

 

[42] Estas legislaturas integran unas de las Cortes más largas de la Restauración ya que duraron tres años –desde junio de 1910 al mismo mes de 1913, aunque el decreto de disolución fue de comienzos de 1914. Para la actuación de Pablo Iglesias en el Parlamento: María Teresa MARTÍNEZ DE SAS. El socialismo y la España oficial. Pablo Iglesias, diputado a Cortes, Madrid: 1975.

 

[43] Para una etapa posterior hay un excelente estudio de Luis ARIAS GONZÁLEZ. El socialismo y la vivienda obrera en España: La Cooperativa Socialista de Casas Baratas “Pablo Iglesias” 1926- 1939, Salamanca: 2003.

 

[44] La imposición de este gravamen databa de 1845. Refundió las llamadas rentas provinciales integradas, a su vez, por las alcabalas y por los impuestos de cientos de millones.

 

[45] El mismo Iglesias lo reconoció en su intervención parlamentaria de 10 de diciembre de 1912, aunque trató de edulcorarlo: “Todos los partidos han sido enemigos de este impuesto porque causaba al pueblo enorme daño, extrayéndole una porción de millones, y aunque la supresión no ha producido todos los resultados que de ella se esperaban, alguno ha producido (…)”. Diarios de Sesiones de las Cortes. Congreso, 10/12/1912. En la misma línea había publicado El Socialista (9/6/1911) un pequeño artículo titulado “Consumos”, en el que además, recomendaba a las clases populares el adquirir los productos de primera necesidad en las cooperativas obreras.

 

[46] El diario conservador La Época dedicó –como le correspondía- una larga campaña a criticar la abolición de los fielatos y, entre otras consecuencias, resaltó que la solución dada por el gobierno repercutiría en una subida de alquileres. (Véase, entre otros,  La sustitución del impuesto de consumos, 3/6/1911).

 

 

 

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© Copyright María Teresa Martínez de Sas, 2005

© Copyright Scripta Nova, 2005

 

Ficha bibliográfica:

MARTÍNEZ, M. Los comienzos de un problema secular: la política sobre la vivienda obrera y los alquileres en los primeros socialistas españoles. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (22). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-22.htm> [ISSN: 1138-9788]

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