Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. IX, núm. 194 (23), 1 de agosto de 2005

 

LA VIVIENDA OBRERA EN ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX: DE LA PROMOCIÓN PRIVADA  A LA PROMOCIÓN PÚBLICA (1853-1975)

 

Mercedes Tatjer

Universidad de Barcelona

 


La vivienda obrera en España de los siglos XIX y XX: de la promoción privada a la promoción pública (1853-1975) (Resumen)

El problema del alojamiento de la población obrera en España se intentó solucionar  a partir de 1853 con diversas medidas legislativas, con escaso resultado. Tras la promulgación de la primera Ley de casas baratas (1911) se inició la intervención pública que alcanzaría su máximo desarrollo en la década 1960-1970 y que estaría acompañada numerosas iniciativas de promotores privados (cajas de ahorros, empresas, instituciones religiosas). A pesar de ello permanecerían hasta casi finales del siglo XX la autoconstrucción o el barraquismo como formas de alojamiento obrero.

 

Palabras clave: vivienda obrera, casas baratas, propiedad urbana.


The working house in Spain of centuries XIX and XX:  of the promotion deprived to the public promotion (Abstract)

The problem of the lodging of the working population in Spain was tried to solve as of 1853 with diverse legislative measures, with little result.  After the promulgation of the first Law of cheap houses (1911) the public intervention began that would reach its maximum development in the decade 1960-1970 and that would be accompanied numerous initiatives of private promoters (savings banks, companies, religious institutions).  In spite of it they would remain until almost final of century XX the autoconstruction  or the “barraquismo” as forms of working lodging

 

Keywords: social housing, urban ownership.


 

 

En las ultimas décadas se han realizado en España numerosos estudios acerca de la vivienda obrera. Unos forman parte de monografías de ciudades o de barrios; otros tratan más específicamente aquellas tipologías destinadas a las clases obreras y populares como fueron en el siglo XIX los conjuntos obreros de numerosas ciudades, las colonias industriales, o los pasillos, y en el siglo XX, las casas baratas, las viviendas de empresas, o los grandes polígonos.

 

En la construcción de dichas tipologías- objeto de amplio debate desde mediados siglo XIX- tuvieron un gran protagonismo los promotores privados (particulares y empresas), quienes actuarían de forma mayoritaria ante la escasa participación pública o de entidades sin ánimo de lucro. En el siglo XX, y en el marco de una mayor intervención pública en el sector de la vivienda, se desarrolló una importante actuación por parte de los promotores públicos desde ámbitos estatales y municipales, primero, y regionales más adelante

 

En nuestra comunicación presentaremos el estado de la cuestión sobre las estrategias y actuaciones de los diversos tipos de promotores de vivienda obrera de los siglos XIX y XX, valorando las principales y más recientes  investigaciones  y estudios sobre esta temática procedentes tanto de la geografía como de otras disciplinas.

 

La vivienda obrera, treinta años de estudios

 

 A partir de la década de 1970 se han publicado en España numerosas monografías de ciudades y de barrios - buena parte de ellos obreros – realizadas por geógrafos. Después de esta etapa de monografías, los geógrafos realizaron, con nuevos enfoques metodológicos multidisciplinares y amplias bases documentales, una nueva generación de excelentes estudios urbanos centrados bien en un periodo histórico, bien en determinadas formas de promoción inmobiliaria. En todos ellos ha estado siempre presente la preocupación  por el conocimiento de las formas de vivienda obrera; buen ejemplo de ello son trabajos recientes sobre Salamanca (Reguera 2004) o Valladolid (García Cuesta, 2000).

 

A los geógrafos se han unido otros especialistas desde la arquitectura, la historia contemporánea y la historia del arte con aportaciones también muy notables, que resultan básicas para entender los procesos de formación de numerosos barrios de vivienda popular y obrera (Sambricio 1981 y 1982; Díez de Baldeón 1986; Barreiro 1981, 1991). Estos trabajos han suplido la falta de estudios generales como los ya clásicos estudios que existe sobre Francia, Inglaterra, Alemania o Italia.

 

En la última década los investigadores parecen haber retomado el interés por el problema de la vivienda obrera y popular, tanto para reconstruir el pasado como, muy posiblemente, también para conocer las claves interpretativas de una cuestión que hoy sigue sin resolver. Las numerosas monografías recientes, junto con los estudios anteriores, constituyen un conjunto documental que muestra el amplio abanico de iniciativas de soluciones para el alojamiento obrero que se desarrollaron en España a lo largo de siglo y medio, con resultado cuantitativo menos importante que en otros países europeos, pero igualmente ricas en debates, propuestas y alternativas.

 

Efectivamente, diferentes monografías locales sobre casas baratas (Barreiro 1991; Tatjer 1998; Bernal 2001; Domingo 1999; Blat 2004; Segarra 2003) han aportado numerosos datos sobre la construcción de este tipo de viviendas en diversas ciudades españolas a lo largo del primer tercio del siglo XX. A pesar de ello, por el momento únicamente contamos con una sola obra de carácter general  (Castrillón 2001) que intenta reunir los debates y las realizaciones en materia de vivienda obrera entre 1850 y 1920 a cargo de diferentes promotores (empresas, instituciones benéficas, cooperativas, entidades públicas, etc.) en numerosas regiones españolas; recientemente, el valioso trabajo de Luis Arias sobre la Cooperativa Pablo Iglesias, va más allá del estudio de caso para presentar en los dos primeros capítulos del libro el mejor y más completo estado de la cuestión acerca de la vivienda obrera en España en el primer tercio de siglo XX (Arias 2003).

 

Lamentablemente, la celebración en el año 2003  del centenario de la creación del Instituto de Reformas Sociales no ha dado lugar a una verdadera obra de conjunto sobre la historia de la vivienda social - y entre ella la obrera- en este periodo; el único libro publicado en relación con este acontecimiento, lejos de reflejar lo ocurrido en el conjunto de España, se limita a presentar casi únicamente ejemplos de la ciudad de Madrid (Sambricio 2003).

 

Analizaremos y presentaremos un estado de la cuestión a la luz de las investigaciones más recientes antes citadas, poniendo énfasis en las diferentes tipologías de promotores que, desde mediados siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX, han intervenido en la búsqueda de soluciones al problema del alojamiento obrero y popular.

 

La acción pública como promotora de vivienda obrera

 

A mediados de siglo XIX, y tal como ya se había señalado por algunos autores, se desarrolló una incipiente legislación para solucionar el problema de la vivienda; como la Real Orden de 9 de septiembre de 1853 que instaba a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona a construir casas para pobres, o el Proyecto de Ley de 1878  sobre "Construcción de barriadas para  obreros" que fue aprobada por el Senado y rechazada en el Congreso de los diputados. Mientras tanto, a pesar de estas propuestas, la acción directa del Estado solamente se dejó sentir en casos muy aislados de concesión de exenciones fiscales, como en la Constructora Benéfica de Madrid, o se limitó a auspiciar económicamente algunos proyectos filantrópicos de barrios para obreros, fundamentalmente en Madrid (Castrillo Romón  2001, p. 260-264 )   

 

Por otra parte, a escala local el alcance de algunas de estas disposiciones fue también muy limitado, si bien en algunas ciudades como Barcelona y  Burgos el decreto de 1853 dio lugar a debates y propuestas de interés. En el caso de Barcelona cabe destacar la que formuló el arquitecto Josep Oriol Mestres en 1854 para construir un edificio de viviendas colectivas para obreros en  terrenos del barrio de les Corts, que respondía a un encargo de la Comisión creada por el Ayuntamiento de Barcelona para dar cumplimiento al mencionado decreto de 1853 (Tatjer 2003). Dicho proyecto -que no llegó a materializarse- fue motivo de un amplio debate sobre la tipología unifamiliar o colectiva de las casas obreras, en el que participaron activamente, entre otras entidades, el Ateneo Catalán y la Sociedad Económica de Amigos del País; precisamente esta Sociedad realizó una propuesta alternativa en forma de casas unifamiliares, de las que únicamente se llegó a construir una de ellas (Bouza 2003). En Madrid hubo, en 1862, una propuesta similar, la "villa Isabel II" proyectada por Daguillon , que tampoco llegó a buen fin (Diez de Baldeón 1986).

 

En Burgos se produjo una respuesta  algo más tardía, ya que diez años después, en 1863, el Ayuntamiento compró un solar para edificar 200 viviendas, proyecto que al igual que el de Barcelona no llegó a buen término (Bernal 2001, p.52 )

 

A partir de la Restauración monárquica se intensificó la acción pública de carácter indirecto, fundamentalmente a través de ayudas a entidades  y sociedades benéficas y filantrópicas.  Pero solo en 1903, con la creación del Instituto de Reformas Sociales, se lograría entrar en una fase de realizaciones gracias a  la promulgación  en 1911 de la primera Ley de Casas Baratas y de las medidas legales que le siguieron.   

 

Con estas leyes se produciría un mayor intervencionismo estatal, tanto por la vía de las subvenciones y de las exenciones de impuestos, entre otras fórmulas de ayuda, como por la vía de estímulo a los debates y propuestas. No se contaría con una decidida intervención estatal directa en la construcción o promoción de vivienda obrera, si bien durante los años de la dictadura de Primo de Rivera se produciría una fuerte ayuda pública para las casas baratas y económicas en régimen cooperativo destinadas a funcionarios y empleados. En estos mismos años se crearía el Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado y se construiría el mayor numero de casas baratas.

 

Durante la Segunda República (1931-1939) se intentaría incrementar la eficacia de las cooperativas como forma de solucionar los problemas de la vivienda obrera. Para ello se impulsó su organización regional y estatal y se propuso la creación de un Servicio de Crédito Social en colaboración con el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas de Ahorro, y se planteó una ayuda importante a las cooperativas de vivienda (Arias 2003, p. 65-68). Pero la única medida legislativa aprobada en este periodo sería la Ley Salmón, de 21 de junio de 1935, para el fomento de la vivienda en alquiler mediante exenciones fiscales, decretada en pleno bienio conservador y dirigida más a clases medias y a los propietarios que construyeran para alquilar. Durante los años de la guerra civil se decretaron algunas medidas de urgencia, entre las cuales la rebaja de alquileres,  la ocupación de las viviendas vacías o la incautación de las viviendas de los facciosos, es decir los partidarios de la sublevación militar contra la República.

 

La intervención directa del Estado a través de sus diferentes instancias solo se produciría de forma intensa y fuertemente regulada en el período de la Dictadura franquista. Durante cuarenta años (1939-1979) la acción del Estado se dejó sentir a través de un entramado de diferentes organismos en el marco del nacionalsindicalismo (Instituto Nacional de la Vivienda, Obra Sindical del Hogar, Gobiernos civiles, Patronato Francisco Franco, etc.) así como por la actuación de los propios municipios e incluso de las Diputaciones. Esa acción se dejó sentir de forma tan contundente que marcó profundamente el paisaje de las ciudades españolas con promociones de repercusión social y de valor arquitectónico muy diverso.

 

Dentro de este conjunto de instituciones franquistas destaca la Obra Sindical del Hogar, que levantó en el conjunto de España, entre 1942 y 1970, 266.398 viviendas,  especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona y Sevilla (Barreiro 1997).

 

Para ello se desarrolló un amplio y diverso marco normativo, desde la Ley de 1939 o las de 1944 y 1948, hasta la ley de 15 de julio de 1954 sobre viviendas de renta limitada; esta última, con un texto refundido en 1963, estuvo vigente hasta 1993, durante los últimos años en paralelo con la ley de viviendas protegidas de 1988.

 

Pocos estudios de conjunto han abordado desde una perspectiva global esta acción promotora, en algunos casos tan directa; entre ellos podemos algunas monografías  sobre Madrid (Moya 1983; Sambricio 1999; López 2003), o los trabajos críticos publicados en los momentos álgidos del tardo franquismo y de la transición, cuando muchas de las actuaciones públicas realizadas en un marco de urgencia social y de escaso control democrático -en especial las de la Obra Sindical del Hogar- presentaban graves problemas tanto arquitectónicos y de habitabilidad como de gestión (Ciudad y Territorio 1976, Cuadernos de Arquitectura).

 

Para el caso de Cataluña contamos, sin embargo, con una serie de estudios monográficos sobre el origen y la evolución socio-urbanística de cada uno de los 54 polígonos que construyó la Obra Sindical del Hogar en las cuatro provincias catalanas, y que a partir de 1985 fueron gestionados por la entidad autonómica ADIGSA (entre estos estudios pueden citarse los de Tatjer 1995 a y b).

 

La intervención municipal de los inicios de siglo XX, en relación con lo dispuesto en las leyes de casas baratas o en el estatuto municipal de 1924, si bien ha sido estudiada en la mayoría de las monografías de ciudades y de casas baratas, solo cuenta con estudios monograficos en el caso de Madrid (Valenzuela 1978) o en el de Barcelona; en esta última ciudad se ha analizado la actuación del Patronato Municipal de la Habitación, proyectado desde 1914 pero que se crearía finalmente en 1929  ante la inminencia de la Exposición Internacional (Sagarra y otros 2003).

 

Durante la república y la guerra civil española de 1931 a 1939, las instituciones autonómicas  y los ayuntamientos de algunas regiones desempeñaron un importante papel en la  promoción y gestión de la vivienda obrera, aunque breve y difícil debido a la situación bélica. Este es el caso Generalitat de Catalunya, con la creación en 1937 del Comisariat de la Casa Obrera que edificó la conocida Casa Bloc, obra del GATCPAC, propuesta como modelo de las nuevas viviendas para obreros, y con el Decreto de 11 de junio de 1937 que establecía la municipalización de la propiedad urbana (Roca 1972) que se aplicó en la mayoría de ciudades catalanas.

 

Sobre la actuación municipal en el Madrid de la II República contamos con varios balances de la época, así como con  trabajos posteriores (Valenzuela 1978; Sambricio 1999); para los años de la posguerra hasta hoy disponemos de investigaciones sobre Madrid (Valenzuela 1978), Zaragoza en el período 1939-1947 (Martí 1994), y sobre Barcelona, donde una reciente publicación (Sagarra y otros 2003) presenta todas las realizaciones del Patronato Municipal de la Vivienda, que todavía hoy mantiene sus actuaciones en materia de vivienda social.

 

En algunas regiones, las Diputaciones provinciales desempeñarían a lo largo del primer tercio del siglo XX un papel destacado en la promoción de casas para obreros, acogiéndose a los beneficios de las leyes de las casas baratas. En este sentido actuaría de una forma eficaz la Diputación de Vizcaya (Domingo 2004), mientras que otras, entre ellas la de Barcelona, auspiciarían proyectos con resultado no tan exitoso. 

 

 

El interés por el estudio de las cooperativas de casas baratas

 

En la última década hemos asistido en España a un creciente interés por el estudio de la vivienda obrera, en especial, de las casas baratas y las cooperativas de viviendas. Los orígenes de unas y otras se remontan, en último término, a la década de 1860-1870, cuando se difunden los principios cooperativos  en España, si bien su difusión se realizará a partir de las primeras décadas del siglo XX con la promulgación de la Ley de Casas Baratas de 1911 (Tatjer 1998).

 

Las razones de este renovado interés habría quizás que buscarlas en un cierto agotamiento y puesta en cuestión de los grandes polígonos de viviendas como modelo de alojamiento masivo de los grupos populares, y en el hecho de que en el nuevo marco político de las autonomías se pueden ahora desarrollar ahora programas específicos de vivienda controlados por las Comunidades Autónomas. Por otra parte, la realización de los modernos catálogos municipales de Patrimonio Histórico-Artístico han revalorizado muchas de estas pequeñas promociones, obra a veces de notables arquitectos y resultado de formas de promoción y gestión casi olvidadas, y que, en ocasiones, se ven amenazadas por la piqueta al haber adquirido una gran centralidad.

 

Finalmente, la difusión de los modelos de casa unifamiliar y de los adosados con jardín -por otra parte tan continuistas con  los modelos que inspiraron a buena parte de los proyectos y realizaciones de las casas baratas y las ciudades jardín mayoritariamente con viviendas unifamiliares-, ha dado un nuevo valor a estos conjuntos como expresión de los anhelos y deseos de una parte de la sociedad que todavía hoy parecen mantenerse entre la añoranza del pasado y la esperanza de una mejor forma de vida.

 

Los estudios recientes tienden generalmente a ser estudios exhaustivos de carácter local referidos a una ciudad, o a tratar en profundidad la trayectoria de alguna cooperativa de casas baratas. Entre los trabajos pioneros hay que señalar, en primer lugar, el de Begoña Bernal sobre la ciudad de Burgos, realizado en 1981 y finalmente publicado en 2001, que constituye, sin duda, uno de los primeros estudios sistemáticos sobre esta temática; poco después, el de Paloma Barreiro sobre Madrid presentaría un excelente panorama y sigue siendo un trabajo modélico con una amplia y excelente bibliografía. En Cataluña contamos con trabajos sobre las cooperativas de viviendas en Barcelona y su entorno metropolitano (Tatjer 1998), y sobre las casas Baratas construidas por el Patronato de la Habitación del Ayuntamiento de Barcelona en 1929 (Domingo y otros 1999). Desconocemos, en cambio, casi todo lo referido a otras ciudades catalanas con excepción de Tarrasa y Sabadell (Domingo  2004).

 

En  los últimos años se han publicado otras investigaciones que cubren ciudades apenas estudiadas en este aspecto. Destacamos los ya citados de Juan Blat sobre Valencia y  los de Mar Domingo sobre Bilbao y su aglomeración urbana, que además de un completo y excelente repertorio de todas las promociones realizadas plantean un marco teórico e histórico en el que situar estas realizaciones que pretendían solventar el alojamiento  obrero y popular.

 

Cabe, también, destacar la publicación de trabajos como el ya citado de Castrillo Romón, que presenta una panorámica bastante completa sobre el conjunto español,  aunque las referencias al caso catalán sean muy escasas.

 

Además de ellos, contamos con una excelente monografía sobre una cooperativa, posiblemente la única, que pretendió, y en buena parte consiguió, tener una extensión por todas las regiones españolas. Nos referimos al antes citado trabajo de Arias sobre la Cooperativa Pablo Iglesias, nacida en 1926 por iniciativa de un grupo de obreros socialistas de Peñarroya-Pueblo Nuevo y que alcanzó en 1937 los 60.000 socios;  llegaría a publicar una revista El Hogar Obrero, y a promover varias ciudades-jardín, aunque debido a las vicisitudes del periodo solo pudo construir un total de 244 viviendas en diversas ciudades españolas (Arias 2003). Este trabajo, tal como antes hemos señalado, reúne en sus primeros capítulos un excelente estado de la cuestión acerca de la vivienda obrera y de las casas baratas en España, en el que el autor enmarca la actuación de la  citada cooperativa Pablo Iglesias .

 

A pesar de estos excelentes trabajos, seguimos sin disponer de estudios sobre  el conjunto de España, sin que tampoco se hayan realizado estudios regionales. Por otra parte, se sigue manteniendo un cierto localismo, con escasas comparaciones -si exceptuamos el trabajo de Mar Domingo que establece un paralelismo entre Barcelona y Bilbao-; incluso en los trabajos de intención y perspectiva más amplia como el de Castrillo Romón las referencias a determinadas regiones o ciudades, por ejemplo Barcelona, suelen ser escasas.

 

Todo ello pone de relieve la necesidad de estudios de índole general y la consulta de los fondos depositados en los archivos estatales (especialmente el Archivo del Ministerio de Fomento-Fondo de casas baratas; Archivo General de la Administración) y municipales (Juntas de Casas Baratas), cuya utilización se ha mostrado muy pertinente y con grandes posibilidades en trabajos que los han utilizado, como  el antes citado sobre la Cooperativa  Pablo Iglesias.

 

Mediante la consulta de dichos fondos documentales se podría trazar una panorámica más completa sobre el cooperativismo en materia de construcción de casas baratas en el conjunto de España y en las diferentes localidades, que superara las escuetas cifras de las publicaciones de la época, o los datos recogidos por el Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado.

 

Por otra parte, sería necesario también investigar más a fondo tanto las primeras iniciativas cooperativistas como el entramado de las empresas inmobiliarias nacidas al calor de la legislación de casas baratas como constructoras o como entidades de crédito, o creadas a raíz de desarrollo del capitalismo español en el periodo de  entreguerras. Dichas empresas superaron el marco de la promoción realizada generalmente por entidades locales e intervinieron en varias ciudades españolas. Cabe destacar entre ellas el interés que ofrecen el  Fomento de la Propiedad y el Fomento de la Vivienda Popular S.A.

 

Con respecto al Fomento de la Propiedad, fue creado en Barcelona en 1912  al amparo de la Ley de Casas Baratas de 1911, y contó con sucursales en Madrid, Valladolid y Guadalajara; sabemos que contó con el arquitecto catalán Julio Fossas y el madrileño Senen Manuel Ruiz como facultativos, y conocemos sus actividades en Madrid (Barreiro 1992 p.100) y en Valladolid (Castrillo 2001, p.111), además de su importante actuación en Barcelona y su provincia (Tatjer 1998); esta sociedad, fue "una de las que más se benefició de las subvenciones estatales para la construcción de casa baratas", y "recibió el beneplácito del monarca, el apoyo político (además de económico) de los gobiernos de la Restauración  y el aplauso de la prensa, lo que muestra su conveniente adecuación al marco ideológico  de los círculos del poder del momento" (Barreiro 1991, p. 98).

 

Por su parte, el Fomento de la Vivienda Popular S.A. sería creada en 1926 en Barcelona, y estaría conectada a través de varios consejeros comunes con el sector bancario y de la construcción. Se convirtió en una de las principales constructoras de casas baratas en toda España, actuando en Barcelona y su provincia, en Córdoba, Sevilla, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife, tal como hemos señalado en alguno de nuestros trabajos (Tatjer 1998) y corroboran igualmente varias monografías.

 

Hay que citar, también, al Fomento de Casas Baratas S.A., sociedad creada el 1923, y a FOCSA, así como el caso de la empresa Miró y Trepat, con el también arquitecto catalán Eduardo Ferres al frente, que intervino en la construcción de numerosos grupos de casas baratas en Madrid  (Barreiro 1991, p. 266-267). En cuanto a las iniciativas de base madrileña destaca la Constructora Madrileña S.A., que construyó la barriada militar de Burgos, y La Cooperativa Nacional de la Habitación Popular que promovió viviendas para obreros en Guadalajara, Sitges, y otras ciudades españolas, viviendas que fueron construidas por el Fomento de la Propiedad.

 

Otro caso a destacar es el del Banco de Ahorro y Construcción, fundado en 1920, y que partía del principio cooperativo y cuyas actividades se extendieron por toda España (Masso 1924); aunque entre sus finalidades estaba la construcción de barrios obreros, la mayor parte de su acción se desarrolló en forma de viviendas dispersas unifamiliares  aisladas (Burgos, Madrid) o entre medianeras (Barcelona, Hospitalet), y a veces formando pequeños grupos (en Badalona, Valencia, Bilbao y León).

 

 En situación similar al Banco de Ahorro y Construcción estarían una serie de pequeñas entidades de crédito y cooperación de carácter local  (Ahorro y Previsión, Previsión y Hogar, La Constructora Obrera) cuya finalidad era la construcción de casas baratas a partir del ahorro de los socios mediante cuotas mensuales (Tatjer 1998, p.424).

   

La presencia de estas cooperativas y entidades de ámbito nacional se debe al cambio de orientación que estableció la normativa de la Ley de Casas Baratas de 1921, que favorecía la entrada de sociedades en la construcción de dichas viviendas, a la vez que estimulaba la organización de cooperativas de caracter profesional claramente manifestada en las nuevas denominaciones que tuvieron algunas de esas promociones  (calificadas como de funcionarios, militares, empleados municipales, carteros, periodistas, descargadores de algodón, ferroviarios etc.), las cuales pierden, en la mayor parte de los casos, aquellos nombres tan vinculados a los conceptos fundacionales del cooperativismo español (Fraternidad, Amistad, Progreso, Armonía, Bienestar, Porvenir). Al mismo tiempo acaban por hacer desaparecer tanto las formas de tenencia en régimen de alquiler (Tatjer  1998, p. 424), como las propuestas de prestación de trabajo característica de algunas cooperativas creadas en ciudades como Burgos en los inicios de la aplicación de la primera Ley de Casas Baratas.  

 

No podemos, por el momento, realizar un balance tipológico o cuantitativo de conjunto, pero si afirmar que las iniciativas para construir casas baratas se extendieron por casi todas las ciudades españolas de una cierta envergadura y desarrollo industrial. En algunas ciudades -como en Madrid, Valencia,  Zaragoza, Bilbao, e incluso Burgos- el número de viviendas construidas fue relativamente importante; así en Burgos las treinta cooperativas que existieron construyeron unas quinientas viviendas, que representaban el 6,5 por ciento del total de las existentes en 1935, a la vez que Valencia con 44 promociones y unas 1500 viviendas ocuparon el segundo lugar después de Madrid, la gran y primera beneficiaria de la ley de casas baratas españolas.

 

Generalmente, casi nunca -exceptuando los casos de Madrid y Valencia- se realizaron grandes promociones, limitándose muchas de estas iniciativas a construir pasajes o pequeñas agrupaciones que se dispersaron por la periferia. De este modo en la mayoría de ciudades las casas baratas actuaron, tal como ya afirmamos respecto al caso de Barcelona, como frente pionero de urbanización connotando socialmente un territorio donde después de la guerra civil se implantarían los grandes grupos y polígonos de vivienda popular y obrera. 

 

 

Las promociones de empresas

 

En la mayoría de localidades las grandes empresas, en especial de minería, siderurgia y textiles, primero, y, más adelante, de infraestructuras, como las de ferrocarriles, y de  construcción y explotación de centrales hidroeléctricas realizaron desde mediados siglo XIX hasta prácticamente el ultimo tercio del siglo XX una política de construcción de viviendas para sus trabajadores en lugares próximos a las instalaciones productivas que poseían.

 

Esta temática ha sido analizada en los últimos años en numerosos trabajos de carácter local. La mayoría de ellos se han referido a las grandes empresas del País Vasco y Cantabria, o a las colonias textiles catalanas (Serra 2001). A ello se ha unido recientemente  una excelente y valiosa presentación general sobre las promociones de empresa (Castrillo 2001 p. 288-354).    

 

En paralelo con las colonias obreras aparecen pequeñas promociones de algunos empresarios que construyen a partir de mediados del siglo XIX pequeños grupos de viviendas de alquiler para trabajadores. Son numerosos los ejemplos de esta tipología a medio camino entre el paternalismo patronal y la inversión inmobiliaria, en forma de casas de renta o inquilinato que realizaban algunos empresarios propietarios de industrias próximas a las viviendas; los casos de Can Saladrigas en el barrio barcelonés del Poblenou en 1880 (Sintes 2004, p. 35-37), o los de Jambrina en la Sagrera, y, ya en el siglo XX, los de la familia Castells en Les Corts (Andrés 2003) son buen ejemplo de ello.

 

En el primer tercio de siglo XX la Ley de Casas Baratas favoreció la construcción de estas viviendas para trabajadores de empresas industriales y de servicios, las cuales o bien las promovieron directamente o bien estimularon y apoyaron la creación de cooperativas de sus empleados para construir este tipo de alojamientos. Cabe señalar en este sentido la cooperativa de casas baratas de los empleados de Tranvías de Barcelona, que recibió el apoyo de la propia sociedad de transporte.

 

La actuación de empresas como promotoras de viviendas para sus  propios trabajadores alcanzó un desarrollo considerable en las décadas posteriores a la guerra civil, unas veces manteniendo la tipología de colonias o conjuntos de casas al lado de las instalaciones industriales , y otras en forma de grupos de inmuebles situados en los grandes polígonos de promoción pública de la periferia, o en edificios que se localizaban en el tejido urbano consolidado de la ciudad.

 

Las disposiciones dictadas al efecto (como la Ley de 17 de julio  de 1946) que obligaban a  las empresas a destinar recursos para construir casas para sus trabajadores contribuyeron a extender este tipo de actividad constructora de vivienda para obreros.

 

Algunos ejemplos son bastante conocidos, especialmente por su tamaño e interés arquitectónico, como las viviendas de la Seat en Barcelona, mientras que otras empiezan a ser rescatadas del desconocimiento u olvido por nuevas investigaciones; es el caso de la empresa Pirelli de Vilanova y la Geltrú (Martí 2003).

 

De  nuevo,  será en las grandes zonas industriales y mineras del Norte de España donde este tipo de construcciones alcancen una mayor extensión. En Gijón, UNINSA edificaría  dos mil viviendas en acceso a la propiedad a partir de 1966 (Llorden Miñambres 1994). En Valladolid cabe destacar la actuación de la empresa FASA que entre 1963y 1965 construyó 418 viviendas para sus obreros y empleados, así como las promociones de otras dos empresas vinculadas al sector automovilístico –FACSA y FAMESA- con un total de 72 y 144 viviendas todas ellas en el barrio obrero de las delicias (García Cuesta 2000, p. 219-220).

 

En Zaragoza, diversas empresas industriales construirán grupos de viviendas para sus trabajadores; entre ellas destaca la Colonia Fabril de la fabrica de manufactura de caucho de Criado y Lorenzo (Martí 1994). En el mismo sentido, cabe señalar ejemplos barceloneses -conocidos pero escasamente estudiados- de numerosas empresas industriales como la cervecera Damm (Cabana 2001, p.171), Platerías Ribera (Tatjer y Vilanova, 2004), la Seda de Barcelona en el Prat, así como de servicios (Sociedad general de Aguas de Barcelona, FECSA), o también de entidades bancarias (Banca Garriga Nogués). Como en muchos otros casos, apenas disponemos de trabajos sobre la actuación promotora de este tipo de empresas en diferentes ciudades, y estamos lejos de disponer de un panorama de conjunto.  

  

 

La  iglesia  y las casas para obreros

 

Generalmente, se ha considerado que la intervención de la Iglesia española, a través de una amplia y difusa red de instituciones desde los obispados hasta entidades más o menos seglares vinculadas a órganos eclesiales, se inicia a partir de 1883 con la puesta en práctica de las directrices emanadas de la encíclica de León XIII Rerum Novarum. A pesar de ser cierta esta consideración, cabe señalar algunas  propuestas anteriores. Desde hace tiempo algunos trabajos habían puesto ya de relieve esta intervención de carácter benéfico, como es el muchas veces citado caso de la Constructora Benéfica de Madrid, que construyó el barrio del Pacífico.

 

En algunas ciudades como Alicante, Burgos, Córdoba, Orense Bilbao, Zaragoza  entidades relacionadas con la Iglesia a través del obispado o del sindicalismo de los Círculos Católicos Obreros participaron en el primer tercio de siglo XX en la organización y promoción de cooperativas de casas baratas (Bernal 2001, p.133;  Castrillo p. 360-271; Estarán 2003). Por el contrario, en Cataluña creemos que fue muy escasa o más bien nula la iniciativa eclesial en la promoción de viviendas para obreros en este periodo.

 

El panorama cambió en toda España en los años de la posguerra, cuando de la mano del nacionalcatolicismo imperante durante el franquismo la intervención de la iglesia será muy destacada. con la creación de numerosos Patronatos vinculados a los Obispados, a parroquias de barrios obreros y a grupos de cristianos de base. Los trabajos de Martín Checa- un destacado estudioso del tema- han tratado de establecer las vinculaciones entre diferentes organismos ligados a la iglesia católica -tales como Patronatos, grupos de empresarios católicos (Asociación Católica de Dirigentes), Cáritas, Acción Católica, HOAC, JOC- en la promoción y construcción e casas para obreros. Entre ellos destaca dicho autor la acción directa del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico en Barcelona y otras poblaciones de su entorno, a raíz de la celebración de este evento en la capital catalana (Checa 2001); este mismo autor ha analizado, también, la intervención indirecta en cooperativas como la del Sagrado Corazón en el distrito industrial de Poblenou, o la Cooperativa Graciense de viviendas en el barrio de Gràcia, ambas vinculadas a las parroquias de cada uno de estos barrios barceloneses (Checa, 1999; Vila, 2002).

 

 

Las entidades de crédito y el alojamiento obrero

 

Hay que destacar también la intervención directa de las cajas de ahorro en la construcción de casas baratas y viviendas para grupos sociales de baja renta. Una de las pioneras fue, sin duda, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, la cual construyó en 1908 un grupo de 36 casitas unifamiliares; dichas viviendas -derribadas en la década de 1970- fueron premiadas por el propio Ayuntamiento en 1909.

 

Esta misma caja de ahorros realizaría en el periodo anterior a la guerra civil otras dos promociones de vivienda colectiva en régimen de alquiler, una de ellas destinada a grupos populares (Tatjer 2002, p. 251-256).

 

Igualmente en Barcelona, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros proyectó en 1915 un conjunto de pequeña ciudad-jardín con 74 casitas unifamiliares, la cual había de edificarse sobre una manzana del ensanche de Sant Martí de Provençals. No llevado a cabo este proyecto, su actuación se limitó en estos años a la financiación de casas baratas, en particular, y de vivienda popular en general.

 

Otros ejemplos también pioneros serían los de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, que a partir de 1912 asumió"el protagonismo en la construcción de vivienda obrera en la ciudad, puesto que intervino en la construcción de un centenar de viviendas, la mitad de ellas de forma directa (Reguera 1987, p. 236 y 243 ).

 

Otras entidades de crédito españolas, como la Caja de Previsión Social de Valencia, también llevarían a cabo promociones de viviendas; entre ellas la conocida como "la finca roja", edificio colectivo  de casas económicas levantado en 1929 en la capital valenciana (Blat 2000, p. 170).

 

Sobre las otras cajas de ahorro u otras entidades de crédito en este periodo conocemos la actuación de entidades financieras-constructoras  como el ya citado madrileño Banco de Ahorro y Construcción,  con delegación permanente del Estado, que construyó en León (Reguera 1987, p. 238-39)

 

La promoción directa de viviendas  después de la guerra civil  por parte de las grandes cajas de ahorros alcanzó cifras importantes en algunas ciudades españolas. La Caja de  Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona llegaría a organizar su propia empresa constructora, la Constructora benéfica Santa Eulalia. En el caso de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, vale la pena recordar que en la década de 1970 constituyó, tras la venta de buena parte de sus inmuebles de renta, la Inmobiliaria Colonial; tras la fusión de ambas cajas en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona esta entidad se ha convertido en una de las grandes inmobiliarias del país.

 

Otra de las grandes líneas de intervención de las cajas de ahorro fue, desde su creación hasta la década de 1970, la financiación de viviendas. En Cataluña la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Caja de Pensiones, junto con cajas de otras poblaciones catalanas (como Manresa, Terrassa, Sabadell o Tarragona) desarrollaron una activa política de créditos para la construcción de casas baratas (Tatjer 2002, p. 258-260), a la vez que, en algún caso, intervinieron de forma directa en ello (por ejemplo, en Mataró).

 

Después de la guerra civil prácticamente todas las cajas de ahorro españolas se sumaron a la financiación y a la construcción de casas para obreros y la puesta en el mercado de vivienda asequible, generalmente acogiéndose a las diferentes legislaciones sobre vivienda social. En Valladolid, se ha señalado que la Caja de Ahorros Popular se convirtuió en un verdadero promotor inmobiliario en la ciudad, ya que con 22 promociones y 1306 viviendas entre 1962-1987 fue el sexto mayor promotor (García Cuesta 2000, p. 117 y 228)

 

Después de varias décadas de nula actividad en materia de vivienda social -aparte de algún programa dirigido a colectivos en situación de precariedad- recientemente algunas cajas de ahorro, como la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona, están proyectando conjuntos de viviendas de alquiler reducido destinadas a colectivos de rentas bajas.

 

 

El papel de la iniciativa privada en las formas de la vivienda popular y obrera

 

A lo largo de los dos siglos estudiados la iniciativa privada ha sido la principal proveedora de vivienda obrera en régimen de alquiler. A partir de la etapa manufacturera de la segunda mitad del siglo XVIII, la difusión de la casa de renta, y luego la desamortización eclesiástica de 1835 -por la que los bienes urbanos que poseían las órdenes religiosas en forma de casas de alquiler fueron vendidos en subasta- permitió generar un amplio mercado de vivienda en alquiler para la clase obrera. Se realizan entonces importantes inversiones en la compra, en la reconstrucción y nueva  edificación de viviendas de alquiler para obreros en el centro de las ciudades; solían ser viviendas pequeñas, en áreas muy densas -como el Raval barcelonés- en las que las fabricas alternaban con los espacios residenciales (Tatjer 1998).

 

Los inversionistas en casas de renta eran personas particulares que procedían de la alta  y media burguesía de rentistas, pero también  en muchos casos de la pequeña burguesía de comerciantes, pequeños industriales, sin olvidar empleados y obreros de servicios. Todos ellos canalizaban así sus beneficios o sus ahorros, constituyendo, no obstante, una estructura oligopolista controlada por los grandes propietarios (Massana 1985, p. 192-196 ).

 

Otra de las formas de alojamiento obrero fue la sobreocupación del espacio residencial, conviviendo varias generaciones de la misma familia o varias familias en una misma vivienda (los conocidos como realquilados), o también hospedando a familiares u otras personas.   

 

Ambas formas de vivienda obrera, que en caso español no desaparecerían hasta la segunda mitad del siglo XX, han merecido escasa atención por parte de los investigadores; apenas unas referencias en estudios de casos con las fuentes más asequibles para ello, como son los padrones de habitantes (Oyón 2001, p. 124-127). 

 

El reaprovechamiento y compartimentación de edificios y también de antiguas fábricas,  así como las construcciones en patios interiores o en los terrados de los inmuebles para crear pequeñas viviendas para obreros fue también una constante de las grandes ciudades españolas, entre las que destaca Barcelona. El resultado fue la densificación y la insalubridad de muchas viviendas proletarias del centro de las ciudades, situación ampliamente denunciada  por los higienistas a lo largo de los siglos XIX y XX.

 

Igualmente hay que señalar a lo largo del siglo XIX la difusión por muchas ciudades españolas de la tipología de vivienda obrera colectiva formada por pequeños habitáculos situados alrededor de un patio. Esta tipología de propiedad privada en régimen de alquiler, que supone un aprovechamiento especulativo del solar, recibirá diferentes denominaciones regionales -ciudadelas, cuarteles, corralas, casas de corredor, portones, conventillos, pasillos- que entroncan, en algunos casos, con construcciones tradicionales anteriores (Quirós 1982, de forma más general Capel 2005, cap. 3), será retomada en la década 1920-1930 con las consiguientes "mejoras" en las denominadas viviendas ultrabaratas o viviendas mínimas que en algunos municipios dieron alojamiento a una población obrera recién llegada (Blat 2004, p. 250).

 

Igualmente encontramos reductos de vivienda obrera en las zonas más populares de los Ensanche decimonónicos, ocupando tanto los pisos altos (buhardillas, sotabancos) o espacios interiores- pasillos (Tatjer 2003)- como inmuebles de renta con viviendas de escasa calidad, reducida superficie y equipamiento mínimo, construidos en la década de 1920 y 1930.

 

Las periferias urbanas tampoco quedaron al margen de la vivienda obrera de promoción privada. Desde la segunda mitad del siglo XIX la marcha de las industrias del centro de la ciudad hacia emplazamientos más alejados dio lugar a la constitución de los cinturones suburbanos industriales y obreros. En ellos mediante parcelaciones privadas que generalmente no respondían a ninguna planificación general se edificaron viviendas obreras de escasa altura de promoción privada en régimen de alquiler; en algunos casos fueron las llamadas en Valladolid casas molineras; en otros las casas de puerta y ventana; en otros, como en muchos núcleos industriales de Cataluña, se trata de una tipología de vivienda de reducidas dimensiones – en torno a 50 m2- en edificios de dos y tres plantas que contaban con servicios mínimos. Son ejemplos relevantes de esta tipología numerosos barrios de antiguos municipios hoy incorporados a la ciudad de Barcelona como Gràcia, Sants, Sant Martí, Sant Andreu, así como en otras poblaciones industriales de Cataluña (Tatjer, 1993).

 

En los años posteriores a la guerra civil algunas empresas inmobiliarias y constructoras, acogiéndose a los beneficios de la legislación sobre vivienda (exenciones fiscales, provisión de materiales de construcción), se especializarían en la construcción de viviendas de escasa calidad, en alquiler primero y en venta después, en la periferia de las ciudades; dichas viviendas estaban en buena parte destinadas a la población obrera, aunque esto no se señalara específicamente.

 

Ejemplos emblemáticos de dichas promociones serían las realizadas por constructores barceloneses como, R. Sanahuja o Figueras,  y por otras algunas empresas inmobiliarias (Alibes, y otros, 1975; Tatjer 2005); la mayoría de estos conjuntos de viviendas han presentado con el paso del tiempo serios problemas como el de la aluminosis por la utilización en los años 1950 y 60 de un cemento de fraguado rápido, que luego ha dado lugar a graves problemas estructurales (La Veu del Carrer 1992).

 

La libertad total en la contratación (corta duración, facilidad de desahucio y precios de los alquileres) a partir de la Ley de Inquilinato de 1842 y hasta su progresiva intervención gubernativa a partir de 1920 en adelante, proporcionó un largo periodo de ganancias a los propietarios rentistas sin apenas obligarles a introducir mejoras en las viviendas para la clase obrera.

 

No es extraño que esta situación generara a lo largo del período estudiado conflictos sociales y fuertes criticas. En especial en el periodo entreguerras, 1918-1936, debido al fuerte aumento de los precios de alquiler y a la escasez de viviendas a buen precio para la clase obrera ante la debilidad  y poca efectividad de la construcción de casas baratas.

 

Más adelante, y a pesar de la congelación total de alquileres hasta 1964, los propietarios rentistas siguieron recibiendo las rentas de los inmuebles a la vez que desarrollaban estrategias para aumentar su rentabilidad; entre dichas estrategias cabe citar en los años de la posguerra el cobro de traspaso al potencial inquilino al desocuparse una vivienda, la autorización de huéspedes, los aumentos de alquiler en razón de obras de mantenimiento y mejora realizadas por parte de los inquilinos, mientras el propietario dejaba de intervenir en las partes comunes del edificio, situación que dio lugar a un parque muy deteriorado y obsoleto ocupado por la población obrera.

 

A partir de 1964, la paulatina liberalización de las rentas -hasta llegar a la situación actual tras el decreto Boyer (1985) y la actual ley de arrendamientos urbanos, de amplia liberalización (contratos de cinco años y amplias facilidades de desahucio)- sigue favoreciendo a los propietarios de fincas antiguas, que ahora son ocupadas por una población envejecida de antiguos inquilinos de clase obrera, y familias y jóvenes de baja renta junto a los inmigrantes extracomunitarios, especialmente en los centros de las ciudades y en las tramas históricas. 

 

 

El barraquismo  y la autoconstrucción

 

Ni las políticas sociales de casas baratas del primer tercio de siglo XX, escasas en número a pesar de su interés tipológico y de gestión, ni las políticas de vivienda del franquismo a causa de su coste relativamente elevado y de las dificultades político-sociales de acceso, pudieron resolver el problema del alojamiento de los grupos obreros de menor renta: éstos se vieron abocados a formas de vivienda precaria como el barrraquismo y la autoconstrucción hasta prácticamente las últimas décadas del siglo XX. 

 

Los primeros núcleos de este tipo surgieron a fines del siglo XIX, si bien su expansión y consolidación se realizaría entre 1920 y 1970. Las barriadas de el Príncipe Pío o del Pozo del Tío Raimundo en Madrid, las villas-lata de Sevilla, las cuevas y graveras en Zaragoza, el Somorrostro, Pekín, Montjuic y el Carmelo en Barcelona,  o las coreas de las grandes ciudades vascas, son algunos ejemplos de estos núcleos de infravivienda que a pesar de su estigma social acogieron a varias generaciones de inmigrantes, quienes por medios propios o a través de los programas de públicos de erradicación del barraquismo acabarían, generalmente, ocupando después los grandes polígonos de viviendas.

 

Las nuevas generaciones de investigadores sociales parecen ahora más interesadas en recuperar la memoria esta forma de vivienda y de sociabilidad, que hoy solo es visible en la documentación municipal o en los reportajes gráficos de la época. Actualmente, en Barcelona un equipo de antropólogos e historiadores han iniciado un estudio sobre el fenómeno del barraquismo en sus múltiples facetas urbanísticas, socio-económicas, políticas y antropológicas (Tatjer y Larrea, coords., 2005).

 

 En el marco de las políticas de vivienda para las zonas de favelas y autoconstrucción  de algunos países de Iberoamérica, como es el caso de Brasil, estos tipos de estudio cobran una nueva perspectiva mas allá de la mera reconstrucción histórica (véanse las referencias en Capel 2003 y 2005).

 

La autoconstrucción, por su parte, iniciada en los años anteriores a la guerra civil en forma de parcelaciones privadas en ciudades como Barcelona (Oyón 1998, p. 79-84), se extendió ampliamente por la periferia de muchas ciudades españolas en los años del desarrollismo,  que dio lugar a una fuerte inmigración hacia las grandes ciudades. Ante la falta de alojamiento surgieron en la periferia de muchas ciudades formas de crecimiento en áreas  no planificadas como urbanas, o en espacios que antes de la guerra civil habían sido objeto de parcelaciones privadas o de frustradas ciudades-jardín, por lo cual solían carecer de infraestructuras y servicios. Generalmente, el usuario, que previamente había adquirido una pequeña parcela, edificaba sin licencia de obras su propia vivienda de una sola planta con ayuda de algún albañil y de toda su familia.

 

El caso barcelonés fue ampliamente estudiado e incluso teorizada en la década de 1970 como una forma de urbanización marginal por  los arquitectos del LUB (Laboratorio de Urbanismo de Barcelona) bajo la dirección de M. de Sola-Morales, y objeto de una tesis doctoral monográfica (Busquets 1975). Igualmente, se han estudiado en el caso de Madrid (Canosa 1995), o de Tenerife (García; Pulido 1980); estas parcelaciones privadas acompañadas de la autoconstrucción han sido perfectamente descritas como una forma de alojamiento obrero.

 

 

De proletarios a propietarios

 

Prácticamente toda la política de alojamiento obrero desarrollada en España en este largo período acabará convirtiendo a la mayor parte de los obreros -exceptuando a los empleados residentes en las colonias industriales o en ciertos tipos de casas de empresas- en propietarios. El alquiler como forma de tenencia de la vivienda, apenas propuesto en algunos proyectos del inicio del movimiento cooperativo de viviendas, desaparecerá pronto de casi todas las propuestas en favor del acceso diferido a la propiedad, en términos de entre 20 y 50 años. Igualmente, las pocas casas de alquiler que se construyeron por organismos públicos y otras entidades acabarían a partir de la década de 1960-1970 –con el apoyo de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960- en propiedad por la venta a los inquilinos; este es el caso de las cajas de ahorro barcelonesas y de muchos propietarios privados de casas de renta en áreas de edificación antigua y alquileres congelados que vendieron a los inquilinos las viviendas en alquiler, en el momento en que éstas por su antigüedad empiezan a presentar problemas de mantenimiento y mejora, consiguiendo, mediante este proceso, obtener las últimas rentas de una propiedad ya amortizada (Tatjer 1988, p. 311-315)

 

De este modo, prácticamente desaparecido el debate entre propiedad y alquiler. La clase obrera, convertida en lo que algunos autores definieron como la "infantería de la propiedad", ha de afrontar hoy, especialmente, en los antiguos barrios de autoconstrucción, en las áreas históricas y en buena parte de los polígonos de promoción privada o publica, la propiedad de unas viviendas, en muchos casos obsoletas, que plantean la necesidad de fuerte inversiones para paliar situaciones de graves patologías y para adaptarlas a los estándares modernos o a las necesidades de unos usuarios envejecidos, que en muy pocos casos pueden rentabilizar su propiedad a no ser a costa de su desplazamiento a la periferia o su regreso a los lugares de origen.

 

 

La vivienda popular y obrera como patrimonio y memoria histórica

 

En estos últimos años de fuertes transformaciones urbanas y de la estructura productiva que ha supuesto la desaparición o el traslado a otros lugares de numerosas fabricas, se ha suscitado un creciente interés por la vivienda obrera, lo cual ha dado lugar a la aparición de una preocupación por conocerlas, inventariarlas, catalogarlas y preservarlas como memoria del pasado y referencia básica de los orígenes de la sociedad occidental contemporánea. La nueva disciplina de la arqueología industrial ha contribuido a ello sin lugar a dudas, a la vez que ha ayudado a interpretar este tipo de vivienda en el marco de las relaciones de producción y de las relaciones sociales de las dos primeras Revoluciones Industriales contemporáneas.

 

Algunos ejemplos valdrán de muestra de lo que antes hemos afirmado. Gijón ha rehabilitado y convertido en espacio musealizado una de las antes numerosas ciudadelas que ha sobrevivido a las transformaciones urbanas (Vila Alvarez 2004). L'Hospitalet de Llobregat, por su parte, ha recreado en su Museu d'Història un pasillo, construcción característica de los años 1920-30 en los barrios de inmigrantes y obreros de la Torrassa y Collblanc de dicha ciudad, que todavía conserva ocupadas y en muchos casos catalogadas un buen número de estas viviendas mínimas.

 

Otras ciudades como Legazpi (Guipúzcoa)  ofrecen a los visitantes a través de la "Ruta de la cultura industrial" la posibilidad de conocer una vivienda obrera característica de la década de 1950 (Diputación Foral de Gipuzkoa, s.a.).

 

Igualmente, en Cataluña varias colonias industriales incorporadas a la red de Museu de la Ciencia y de la Técnica, dependiente de la Generalitat, pueden ser visitadas, recorriendo tanto sus antiguas instalaciones productivas como las viviendas de los trabajadores. Al mismo tiempo, algunas de estas viviendas obreras han sido vendidas como residencias secundarias. Igualmente, el material didáctico y de difusión editado por dicho Museu ha incorporado la vivienda obrera en la explicación textual y gráfica de los conjuntos fabriles.

 

En otros lugares de España las antiguas viviendas obreras se han transformado en  pequeños apartamentos; es el caso de antiguos poblados mineros de la provincia de Almería convertidos en complejos turísticos de titularidad pública.

 

En la misma línea muchas ciudades españolas como Bilbao, Burgos, Valencia, Zaragoza y, en menor proporción Barcelona, han incluido en su Catálogos de Patrimonio Histórico-Artístico la protección de los conjuntos de casas baratas que han logrado sobrevivir a las destrucciones y derribos llevados a cabo en décadas anteriores. De este modo se mantiene la memoria no solamente de una tipología de vivienda obrera sino también del conjunto de la sociedad industrial en la que nuestros países encuentran gran parte de sus raíces comunes.

 

 

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VILA ALVAREZ, N. Un patio gijonés. La ciudadela de celestino González Solar 1877-1977. In Butlletí d''Arqueologia Industrial i Museus de la Ciencia i Técnica, n'um 57, juliol 2004.p. 7-10.

 

 

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Ficha bibliográfica:

TATJER, M. La vivienda obrera en España de los siglos XIX y XX: de la promoción privada  a la promoción pública (1853-1975). Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (23). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-23.htm> [ISSN: 1138-9788]

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