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Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788. Depósito Legal:
B. 21.741-98
Vol. IX, núm. 194 (59), 1 de agosto de
2005
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LAS COMUNIDADES DE LA SOBRIEDAD: LA INSTALACIÓN DE
ZONAS SECAS COMO MÉTODO DE CONTROL DEL BEBER INMODERADO EN CHILE, 1910-1930[1]
Marcos Fernández Labbé
Doctor © en Historia. Universidad Alberto Hurtado. CONICYT
E-mail: markosfer@hotmail.com
Las comunidades de la sobriedad:
la instalación de zonas secas como método de control del beber inmoderado en
Chile, 1910-1930 (Resumen)
Trata sobre la instalación de
Zonas Secas –interdictas del consumo, comercio y producción de bebidas
alcohólicas- en distintas regiones de Chile durante las décadas de 1910 a 1930. Como una
estrategia de represión del consumo inmoderado de alcoholes, esta política de
intervención espacial por parte del Estado enfrentó a éste a distintas
presiones, tanto desde la trinchera de los movimientos sociales organizados
comprometidos con la lucha contra el alcoholismo, como desde aquella
representada por los intereses de las industrias productoras de bebidas
alcohólicas.
Palabras Claves: Alcoholismo, Historia Social, Planificación
Espacial.
The communities of the
sobriety: the installation of dry zones as a method of control of inmoderate
drinking in Chile,
1910-1930 (Abstract)
Treats
about the installation of Dry Zones – interdictate areas of consumption, commerce and production of
spirits- in different regions of Chile during the decades from 1910
from 1930. As a strategy of repression of the inmoderate alcohol consumption,
this political of space intervention on the part of the State faced this one to
different pressures, as much from the trench of the organized social movements
it jeopardize with the fight against the alcoholism, as from that represented
by the interests of the producing industries of spirits.
Key
Words: Alcoholism,
Social History, Space Planning.
A partir de la década de 1920, y
producto tanto de la presión ejercida por sectores de los grupos dirigentes y
de la sociedad civil con respecto a la necesidad de la aplicación de medidas
concretas contra el alcoholismo, así como de los cambios políticos que
significó primero el gobierno de Arturo Alessandri y después los movimientos
militares y la dictadura de Ibáñez, el debate público y las políticas
específicas referidas al combate del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas
experimentó lo que podemos denominar como un aceleramiento brusco y sostenido.
En comparación con las cinco décadas anteriores –en donde a pesar de la
fecundidad legislativa y la abundancia de publicaciones al respecto, el control
de la ebriedad había quedado tan solo bajo responsabilidad policial-, la década
de 1920 fue testigo de la implementación efectiva de medidas por largo tiempo
solicitadas por los grupos temperantes y las autoridades sanitarias: de las
palabras se pasó a la acción, y en este tránsito fueron aplicadas en Chile una
serie de medidas de gran actualidad para la época, en términos de estar en
coherencia con las estrategias puestas en práctica por países como Francia,
Alemania o Estados Unidos. Dentro de este espectro de nuevas medidas, quizás la
más ambiciosa y de impacto más evidente fue la instalación, por parte de
empresas mineras norteamericanas y autoridades chilenas, de zonas secas y zonas
de temperancia limitada, es decir, sectores del país en donde estaba prohibida
la ingesta de bebidas alcohólicas, ya sea cualquiera de ellas, o solo los
destilados de mayor potencia embriagante.
Con el acuerdo de empresarios,
médicos, temperantes y muchas veces de los trabajadores organizados, la
restricción radical a la producción, comercio y consumo de productos
alcohólicos fue vista por muchos como la única y realmente efectiva medida que
debía tomarse con relación al alcoholismo, la única arma que, de acuerdo con el
modelo de los Estados Unidos, verdaderamente pondría atajo a la degeneración de
la raza y la multitud de problemas que el alcoholismo crónico de las clases
trabajadoras le reportaba al país. Por ello la reivindicación en torno a la
instalación de zonas secas fue una consigna común de las organizaciones
temperantes y del movimiento obrero organizado, que el Gobierno debió de considerar
al calor de la elección reformista de Alessandri.
De esa forma, el discurso de la
lucha anti-alcohólica se tornó maximalista una vez iniciada la década de 1920,
tanto por la evaluación crítica que se hacía de las medidas legislativas y
policiales hasta ese momento aplicadas –restricciones a los lugares de consumo
y represión de la ebriedad pública-, como por la conciencia tomada por parte de
los grupos temperantes organizados del poder de la industria vitivinícola
chilena. Arranque de viñas, transformación de la industria, limitación forzada
de la producción, instalación de zonas secas: medidas radicales todas, que
apuntaban ya no a la sanción del consumidor inmoderado, sino a la desaparición
de la oferta de bebidas alcohólicas, a la imposibilidad del consumo, exagerado
o no. Como siempre, hubo matices, negociaciones, aplicaciones laxas,
contrabando, críticas, reclamos. Pero, durante la década comprendida entre 1920
y 1930, las zonas secas y las de temperancia limitada existieron y
representaron el nivel más alto de política contraria al consumo de alcohol.
La primera experiencia asimilable
a la implementación de una zona de restricción de la venta y consumo de
alcoholes la hemos encontrado en una ordenanza sobre el particular emitida por la Junta de Gobierno
antibalmacedista en agosto de 1891, en localidades como Pisagua, Arica, Tacna,
Iquique, Antofagasta, Iquique, Copiapó y Chañaral, en términos de regular
estrictamente la venta de vinos, licores y cervezas en estos territorios, por
medio del remate de patentes especiales, limitadas y disponibles tan solo para
aquellos comerciantes que no hubiesen violado las normas de higiene vigentes.[2] Es
decir, y si bien no se prohibieron terminantemente la producción y el comercio
de embriagantes, lo que se buscaba con esta normativa era restringir de forma
efectiva el mercado de los licores y vinos, con el fin de, en momentos de
inestabilidad política y social, asegurar el rendimiento económico de la
industria salitrera. Algunos años más tarde, se confirmaba a la zona norte del
país como el foco de las pretensiones de reglamentación prohibicionista, en
tanto una publicación temperante, luego de un reportaje sobre la situación de
las organizaciones de abstinentes en la región, mencionaba los deseos de un administrador
de pulpería de implantar la prohibición de introducción de licores en las
faenas mineras de la zona.[3]
Sin embargo, el primer lugar
donde se aplicó efectivamente una medida de esta naturaleza fue muy lejos de la
pampa salitrera, en medio de la
Cordillera de los Andes, en el mineral de El Teniente. En ese
lugar, la empresa cuprífera estadounidense Braden Copper Company estableció, a
partir de 1911 y mediante una reglamentación interna, la prohibición para sus
empleados y obreros de internar y consumir bebidas embriagantes en sus
instalaciones.[4] Desde ese momento, el
ejemplo de la empresa norteamericana sería una referencia constante para el
movimiento de los temperantes y las autoridades interesadas en aplicar medidas
similares en otras zonas del país, tomándose a los trabajadores de El Teniente
como ilustración de las ventajas productivas y morales que un régimen de esta
naturaleza representaba. Como su mismo administrador general expresaba en carta
a un parlamentario chileno en 1921, “…bajo el régimen de la ley seca el obrero
vive mejor, su familia se encuentra bien constituida, gana mejor salario, es
más educado y culto. Él y su familia tienen mejor salud, comprende mejor y
desarrolla el espíritu de ahorro y es mejor ciudadano.”[5]
Esta vez de parte del Estado, la
segunda aplicación concreta de la restricción de oferta de bebidas alcohólicas
fue establecida por medio del Decreto n° 896 del 26 de abril de 1919, de
acuerdo con el cual se prohibía la venta de embriagantes en la Zona Salitrera. El
decreto en cuestión indicaba la prohibición absoluta de introducción y comercio
de toda clase de bebidas alcohólicas “…en los establecimientos y negocios
instalados en los terrenos fiscales concedidos o que se concedan en uso,
arrendamiento o cualquier otro título en la Zona Salitrera y
dentro del radio de cinco mil metros de toda faena minera existente o que se
establezca en el territorio de la República.” Cualquier
infracción a esta medida implicaría la caducidad de la concesión respectiva.
Del mismo modo, se encargaba a la Delegación Fiscal de Salitreras la gestión de
acuerdos con las administraciones de las distintas Oficinas Salitreras de un
convenio general tendiente a eliminar las bebidas alcohólicas como artículos de
venta de las pulperías y establecer la prohibición de introducción y venta de
dichos productos en las instalaciones bajo su jurisdicción.[6]
Una vez puestas en práctica este
tipo de medidas, los principales afectados –la industria vitivinícola-
manifestaron su descontento, y prontamente iniciaron negociaciones dirigidas a
exceptuar al vino de la prohibición que regía en las zonas decretadas como
libres de bebidas alcohólicas. En el mismo año de 1919 sabemos del intercambio
de telegramas entre el ministro de Hacienda firmante del decreto en cuestión y
destacado jurista Luis Claro Solar, y los representantes de la industria
vitivinícola, en donde estos últimos consideraban la medida como un boicot a la
actividad productora, un golpe de gracia para el comercio del vino y motivo de
alarma entre los agricultores, quienes solicitaban que la medida se postergara
hasta que el Congreso –donde los viñateros tenían defensores muy eficientes- lo
tomara en consideración. Al poco tiempo de vigente la normativa, los embarques
de vinos disminuían a menos de la mitad en toda la zona, que era en esa época
el mayor mercado para la producción vitivinícola chilena, y como reacción, los
productores organizados fundaban, en julio de 1919, la Liga de Defensa Vitícola, órgano de presión
que, poco después, consiguió que el mismo Claro Solar “aclarase” los alcances
del decreto que llevaba su firma: la medida comprendía solo a las bebidas
destiladas, no a las fermentadas, quedando por ello nuevamente abierto el
mercado del norte a la producción de vinos nacionales.[7]
Respecto a lo mismo, las críticas
también emanaron desde las empresas mineras: en el caso de Chuquicamata, su
gerente general H. Belinger se quejaba en septiembre de 1919 ante el Intendente
de Antofagasta de que lo único que se había logrado con la instalación de la
prohibición en las faenas mineras era aumentar el desarrollo de los
“puebluchos” como Punta de Rieles, Boquete, Yungay, Baquedano y Unión, plagados
de cantinas en donde se vendían –con autorización pues no correspondían a
concesiones mineras- los más tóxicos alcoholes destilados, provocándose que
“….los envenenadores del pueblo ganen hoy en sus cantinas más de lo que
obtenían antes.” Por ello solicitaba que se le autorizase a la Compañía a vender vinos y
cervezas, de forma moderada en sus propias instalaciones.[8]
A pesar de este retroceso en la
aplicación de las zonas secas, la atracción del modelo representado por El
Teniente no dejó de crecer. El mismo Alessandri, una vez electo presidente de la República, no dudó en
alabar la iniciativa norteamericana, y con ello, de augurar su pronta y
efectiva instalación en el país que se aprestaba a gobernar:
“De mi visita al El Teniente, que
es, como vosotros sabéis, un gran establecimiento minero, alrededor del cual
viven catorce mil personas, os debo decir que no me maravilló tanto la parte
material, sus colosales i magníficas instalaciones, como me impresionó el
espectáculo de la cultura moral que allí es dado contemplar. El alcohol está
proscrito en absoluto, i no existen allí, como en los demás centros poblados
del país, albergues del vicio. Como lógica consecuencia, los obreros se ven
bien vestidos, se advierte en sus semblantes una sana alegría que brota del
alma; sus jornales, no solo les permiten atender a sus necesidades, sino
además, economizar algo. No se ve allí hombres abatidos, o poseídos de esa
excitación morbosa característica de los alcohólicos. Por otra parte, la
mortalidad, que según la estadística alcanza a treinta i seis por mil en el
resto del país, en aquel centro de trabajo llega solo a dieciséis por mil; lo
que significa que el alcohol i la esclavitud blanca contribuyen por sí solos a
doblar la cifra de la mortalidad en nuestras poblaciones.”[9]
Similares argumentos –descenso en
las tasas de mortalidad, aumento en las de natalidad, impresionantes niveles de
ahorro entre los trabajadores- eran mencionados por las organizaciones
anti-alcohólicas con el fin de propagar la instalación de las restricciones,
por ejemplo, a las zonas carboníferas, tal y como lo planteaba en un proyecto
de reforma a la ley de alcoholes de 1916 la Liga de Higiene Social en 1923.[10] Del
mismo modo, y de acuerdo a un comentarista de la época, insistentes solicitudes
de parte de obreros de los centros mineros y salitreros del país llegaban a
manos de las autoridades, en las cuales pedían que las zonas secas se
estableciesen en todas las regiones de trabajo. Esta situación se explicaba por
el hecho de que “…los obreros
conscientes de que ellos están llamados a sufrir con mayor intensidad las
consecuencias del mal, ven que mientras ellos mismos no se esfuercen por
sacudir su condición, la indiferencia de ciertas clases capitalistas no seguirá
siendo sino un modo de explotar su trabajo en beneficio exclusivo de un egoísmo
avasallador, que en este caso se ve espléndidamente secundado por el agente
poderoso del vicio.”[11]
De esa forma, y tal como indicábamos con anterioridad, la conjunción de
intereses entre los movimientos temperantes y las organizaciones obreras
pareció tener un espacio de simpatía común en la solicitud de aplicación de las
zonas secas, situación a la cual los mismos trabajadores se adelantaron
negándose a desembarcar bebidas alcohólicas en puntos tan distantes como
Antofagasta y Puerto Natales a inicios de la década de 1920.
Con respecto a la instalación de zonas secas en
las provincias carboníferas del sur de Chile, sabemos que en febrero de 1921 se
inició la aplicación de la zona seca en la Compañía Carbonífera
de Máfil, lugar en donde los resultados inmediatos no dejaban de sorprender a
sus promotores: la sola asistencia al trabajo de más obreros los días lunes
había permitido aumentar el rendimiento diario de explotación de siete mil a
diez mil toneladas de carbón diario, en tanto la asistencia había aumentado de
menos de 500 trabajadores a más de 620, con el claro perjuicio a los
“cantineros y rufianes” de la cercana localidad de Máfil, en donde habitaban
solo 12 familias y cerca de ochocientas personas dedicadas en exclusivo a ese
tipo de actividades.[12]
Con tal ejemplo, la campaña iniciada por las organizaciones de abstinencia
comprendió la elaboración de cada vez más detallados proyectos de
implementación de zonas secas, como aquel del que nos informaba Vida Nueva a inicios de 1924, que
consideraba la aplicación de un impuesto al carbón importado, ingresos con los
cuales se pretendía tanto fomentar la producción de carbón nacional, como la
indemnización de los intereses vitivinícolas lesionados por la medida. En breve
plazo la propuesta fue asumida por el Gobierno, que envió al Congreso un
proyecto de ley que establecía la prohibición del “…ingreso,
fabricación, venta, cambio, donación, transporte, trasbordo, embarque,
recepción o dación de órdenes de compra, almacenamiento y aviso de bebidas
alcohólicas que contengan más de ½ por ciento de alcohol.” Del mismo modo,
ordenaba la liquidación de los stocks existentes
en un plazo no mayor de seis meses y la sanción a los contraventores
–comerciantes, no consumidores- con multas de hasta $10.000 y prisión
inconmutable en caso de reincidencia.[13]
Como forma de reforzar la bondad de este tipo
de políticas, el mismo medio de prensa publicó un largo documento, remitido por
el administrador del mineral El Teniente al diputado radical por la zona
salitrera Carlos Briones Luco, en donde se detallaban las ventajas que para los
trabajadores tenía el régimen de la zona seca. En tal comunicación se informaba
de la situación del ahorro proletario, objetivo siempre estimulado por los
distintos reformadores sociales y que en las cercanías de Rancagua encontraba a
sus mejores exponentes: de acuerdo a L. E. Grant, para octubre de 1923 los
operarios de Sewell contaban en sus cuentas de ahorro con más de $350.000 y los
niños de las escuelas, estimulados a ahorrar por medio de estampillas,
recaudaban cerca de $400 por cada establecimiento. Ello permitía que,
convocados a colaborar en alguna campaña de carácter nacional o local, los
mineros de El Teniente fueran los primeros en aportar, como había sucedido en
el caso de las erogaciones hechas en beneficio de los albergues que recibían a
trabajadores cesantes de otras latitudes. Del mismo modo, “…la apariencia en el
físico y en el vestir de los obreros y sus familias demuestra plenamente las
ventajas de la Ley Seca.”
En lo referente al orden social, el
administrador se congratulaba de la práctica eliminación de la criminalidad,
contándose solo dos crímenes en dos años perpetrados al interior de los
terrenos de la Compañía.
Así mismo, los mismos obreros y sus familias eran “de naturaleza
más robusta”, sus costumbres eran más higiénicas, no había brotes ni de viruela
ni de tifus exantemático, las dolencias venéreas tendían a disminuir, el
matrimonio civil se generalizaba en oposición a la convivencia. La organización
sobria de los trabajadores se desarrollaba, contándose trece clubes sociales y
filarmónicas, así como diez clubes atléticos y cuatro centros de box. Por
ultimo, se anotaba una importante disminución de la mortalidad infantil y de
los adultos. En el plano de la educación, el informe comentaba el cumplimiento
sin dificultades de la Ley
de Educación Primaria Obligatoria, existiendo seis escuelas fiscales con más de
600 niños y niñas asistiendo regularmente, a las que se sumaban cuatro escuelas
particulares y una Escuela Vocacional, además de un establecimiento,
subvencionado por la Compañía
en unión con los mismos obreros, en el que los adultos analfabetos aprendían
las primeras letras.
Todo lo anterior se traducía, a juicio del
funcionario norteamericano, en una mayor eficiencia del personal del mineral,
en tanto los trabajadores asistían de forma regular a sus labores, abandonando
la costumbre tan común en otros sitios del San Lunes. Con ello, se lograba una
jornada promedio de 25 días trabajados al mes, en donde cada operario mantenía
“…un rendimiento naturalmente mayor que el del obrero que se debilita
embriagándose.” La única sombra que se cernía sobre este manifiesto bienestar
general era la existencia de los contrabandistas de licor, los guachucheros, que habían provocado
incluso envenenamientos con su torcido negocio y que obligaban a la Compañía a gastar cerca
de $25.000 al mes en el pago de una policía particular que debía ponerles
freno.[14]
Años más tarde, el contrabando no lograba detenerse –lo que indica lo remunerador
y sostenido del negocio-, pues como indicaba el diputado conservador Ignacio
García Henríquez, en 1928, “…muchos accidentes sufridos por gente que se
ha despeñado en las quebradas, corresponden a individuos que tratan de llevar
alcohol a las minas pretendiendo burlar la vigilancia de la compañía.”[15]
¿Cuánto de verdad había en todas estas
afirmaciones? La imagen de que la vida en El Teniente era con mucho superior a
la del común de las poblaciones obreras del país en ese momento estaba muy
extendida. Sin embargo, y tal como lo refiere Thomas Klubock en su libro antes
citado, en las faenas abundaba el descontento, en tanto que las normas de
control sobre la vida de los operarios, así como los accidentes, las
condiciones de explotación y los beneficios inmediatos del trabajo para la
empresa de propiedad estadounidense no eran tan positivos como las autoridades
del mineral, los políticos y las asociaciones de temperancia estimaban. Cosa
similar sucedía con Chuquicamata, en tanto el régimen de trabajo que imponían
las empresas norteamericanas se diferenciaba mucho de los hábitos laborales del
trabajador común chileno –y no solo por la abolición del San Lunes y la
prohibición de beber-, a lo que se sumaba un a veces no velado racismo de parte
de los administradores extranjeros a cargo de las actividades.[16]
Sea como fuese, el paradigma que las zonas
secas representaban siguió ejerciendo gran atracción en las organizaciones
anti-alcohólicas, en tanto se observaban como el modelo más efectivo, sino de
gestión laboral, por lo menos de regulación del comercio y el consumo de
licores. Por ello, no fue extraño que Vida
Nueva saludara el regreso de Alessandri Palma al Gobierno en 1925,
confiando en que ello se traduciría en la expansión de las zonas secas a todas
las actividades mineras. Y que, al mismo tiempo, por medio de un comicio
popular, las organizaciones de Valparaíso enviasen al Ejecutivo la petición de
que la ciudad fuese declarada Puerto Seco. O que los miembros del la Constituyente de
Asalariados e Intelectuales aprobasen por aclamación la aprobación inmediata de
zonas secas para todas las regiones de trabajo intenso, así como la
transformación de la industria productora de bebidas alcohólicas.[17]
Del mismo modo, cualquier modificación en las
localidades donde la prohibición imperaba era vista como una claudicación y un
perjuicio, como cuando el Intendente de Antofagasta, en 1925, consideró a la
cerveza como una bebida refrescante y no embriagante, y por ello restituyó su
posibilidad de comercio y consumo en la provincia bajo su cargo.[18]
De todas formas, por medio de la
Ley n° 4117, se estableció que las provincias de Tarapacá y
Antofagasta serían Zonas Semi-Secas o de Temperancia Limitada. Esta ley, que
reemplazaba al Decreto-Ley n° 550 de septiembre de 1925, de igual finalidad
pero de aplicación muy confusa -pues diferenciaba entre localidades y
campamentos salitreros, unos con régimen de temperancia limitada y otros con
prohibición absoluta de cualquier bebida embriagante-, determinó que en ambas
provincias podrían expenderse y consumirse sin mayores regulaciones vinos,
chichas y cervezas, junto con fijar el horario de cierre de los
establecimientos de venta de las mismas entre las ocho de la mañana del día
sábado y el mediodía del lunes. Esta normativa comenzó a regir a partir de
febrero de 1927.[19]
Esta medida provocó indignación entre los
temperantes, quienes veían en la temperancia limitada una farsa, pues se
reemplazaba a los alcoholes más poderosos con bebidas que si bien dotadas de
menor graduación alcohólica, igualmente embriagaban: se claudicaba por ello
ante los intereses de los productores, favoreciendo “…el gran negocio de los
vinicultores y cerveceros.”[20]
De igual forma, la
Convención Nacional de Asalariados de Chile le hizo saber al Gobierno
su interés en el establecimiento de zonas secas en las regiones de intenso
trabajo, incluida la región ganadera de Magallanes, y no las “parodias de zonas secas existentes en la Región del Norte.”[21]
A estas críticas, los mismos productores respondieron, considerando que el
establecimiento de las zonas secas absolutas solo había logrado hacer caer los
precios del vino en el resto del país, por lo que el problema del alcoholismo
no detenía su expansión. Por el contrario, la libertad de circulación de los
fermentados permitía reducir la ingesta por medio del alza de los precios, que
sumando el impuesto al vino en vías de aplicación, lograría inhibir el consumo
inmoderado de los trabajadores.[22]
Del mismo modo, los productores de vinos asociados en Ñuble solicitaban al
Gobierno corregir las medidas de esta naturaleza, que lo único que habían
logrado era el “…desplazamiento de los vinos legítimos en perjuicio evidente de
los intereses viti-vinícolas del país y lo que es peor la invasión del comercio
clandestino de vinos falsificados cuyo poder tóxico nadie niega.”[23]
Ya en enero de 1928, los productores reunidos en asamblea, exigían de parte de
las autoridades el retorno al sistema de temperancia limitada en las zonas
donde prevalecía la prohibición absoluta, así como que recordasen a las
municipalidades que no estaban facultadas para imponer ese tipo de medidas en
ciudades o pueblos, sino que solo a la determinación de barrios libres de
expendio de espirituosos, dentro de los cuales no debía considerarse el vino.[24]
A fin de cuentas, la implementación efectiva de
las zonas secas estuvo en permanente tensión entre los intereses de las
asociaciones temperantes, las reivindicaciones del movimiento obrero
organizado, las administraciones empresariales y los productores de vinos
chilenos. Dada la magnitud y volumen de negocios que representaban las regiones
salitreras y mineras, el impacto que este tipo de políticas tenía sobre la
industria vitivinícola eran de consideración, lo cual se tradujo en críticas y
presiones de parte de sus representantes. Por otro lado, el contrabando fue una
realidad constante, que significaba tanto el comercio clandestino de alcoholes
de mala calidad, como el aumento de los costos que la bebida tenía para sus
cultores. Por todo ello, la adopción de un modelo de temperancia limitada, que
en la práctica protegía a la producción de bebidas fermentadas, fue vista como
una solución de compromiso que lograba reconciliar, de algún modo, los
intereses contrapuestos. Evidentemente, los sectores más radicales vinculados
al debate al respecto no estuvieron nunca de acuerdo con este tipo de
transacciones –con la excepción del doctor Carlos Fernández Peña, de la Liga Chilena Contra
el Alcoholismo, desde muy temprano defensor del consumo moderado de vinos y
cervezas-, que representaban a su juicio una claudicación frente a los poderes
económicos de la viticultura nacional.
Pero lo que todas estas políticas privadas y
públicas de control espacial sobre el consumo de bebidas alcohólicas
significaron fue provocar modificaciones de consideración en las prácticas del
beber inmoderado en Chile, tanto desde el punto de vista de las sustancias
puestas a disposición de los bebedores, como los horarios y espacios en que tal
consumo podía verificarse. Sin embargo, y ya al concluir, consideramos que lo
que en el fondo se provocó fue que la práctica social del beber inmoderado
fuese forzada a modificar sus espacios y tiempos, su publicidad, su legalidad.
Se convirtió en una conducta ilegal, prohibida, perseguida. Y por ello se
cubrió con el manto de la clandestinidad, el contrabando, el ocultamiento.
En este sentido, el establecimiento de espacios
físicos –campamentos mineros, faenas de trabajo, zonas portuarias- en los
cuales el consumo y comercio de bebidas alcohólicas estaba prohibido, fue una
demostración de las facultades que el Estado estaba dispuesto, en tanto
enfrentado al entredicho de elaborar políticas públicas destinadas a la
represión del alcoholismo, a asumir. Dado
el prestigio internacional de este tipo de medidas, así como la legitimidad con
que contaban debido al apoyo de grupos organizados de la sociedad, la
aplicación de políticas de corte maximalista pueden ser entendidos como un paso
de gran relevancia en la disposición estatal de la intervención sobre los
espacios poblados, en términos de decidir qué tipo de sustancias podían y no
podían ser consumidas por sus habitantes. Y aún más, demostró a qué clase de
obstáculos habría de enfrentarse al momento de ponerlas efectivamente en
ejecución: por un lado, los intereses de los productores de bebidas
alcohólicas; por otro, las presiones de los grupos organizados inclinados por
la prohibición. En medio de ellos, los consumidores habituales, que a la larga
modificaron sus estrategias de consumo, pero no se plegaron de forma absoluta a
los principios de regulación espacial con los que se buscaba eliminar un
espacio de sociabilidad tan poderoso como el beber.
Notas
[1] La presente ponencia es parte de la Tesis Doctoral Historia
Social del Alcoholismo en Chile, 1870-1930, desarrollada en el marco del
Programa de Doctorado en Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Para su realización se contó con el apoyo de la Comisión Nacional
de Ciencia y Tecnología, CONICYT.
[2] Citado por Luis Navarrete y Conrado Ríos, El alcohol,
el alcoholismo i su represión. Memoria presentada al concurso abierto por
el Ministerio de Hacienda por decreto de 14 de abril de 1897 i designada para
el primer premio ex –aequo por la comisión informante. Santiago de Chile,
Imprenta Nacional, 1899, pp. 225-226. En un contexto marcado igualmente por la
inestabilidad política, en el curso de la Revolución Mexicana
fue aplicada de forma fugaz la ley seca en
la Ciudad de México en 1915. Carlos Román Celis, Aspectos Históricos, en El Alcoholismo en México, Tomo III. Memorias del
Seminario de Análisis. Fundación de Investigaciones Sociales A.C- Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1983. p. 23.
[3] La
Temperancia, n° 31, febrero de 1895.
[4] Ramón Sánchez del Pozo, El ebrio en la legislación chilena
y comentarios al Libro II de la actual Ley de Alcoholes. Represión del
alcoholismo. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Chile. Santiago de Chile, Imprenta de
Carabineros de Chile, 1934, p. 13. Sobre la
mina de cobre El Teniente y las formas de vida y organización política de sus
trabajadores durante la primera mitad del siglo XX, ver de Thomas Miller
Klubock, Contested Communities. Class, Gender and Politics in Chile’s
El Teniente Copper Mine, 1904-1951. Duke University Press, Durham, North Carolina,
1998.
[5] Ramón Sánchez del Pozo,
op. cit., p. 13.
[6] Citado en Enrique Zañartu Prieto y Armino N. Galanti, En
defensa de la raza, de la viticultura y de la solución práctica del problema
del alcoholismo. Por el Senador de Concepción Sr. Enrique Zañartu Prieto y
por el Sr. Armino N. Galanti, Director de Industrias de la Provincia de
Mendoza. Liga Chilena de Higiene Social, Santiago de Chile, 1926, pp. 265-266.
[7] Gonzalo Urrejola, Algunos temas de actualidad que penden del
Congreso. Artículos publicados en “El Mercurio” por Gonzalo Urrejola.
(Noviembre de 1918 a Octubre de 1919) Santiago de Chile, Imprenta, litografía y
encuadernación “La Ilustración”, 1919, pp. 47-56.
[8] Citado en Enrique Zañartu Prieto y Armino N. Galanti, op.
cit., pp. 272-274.
[9] El alcoholismo i las
enfermedades sociales juzgados por el Presidente de la República, la Iglesia,
la Ciencia Médica i el Proletariado Chileno, Santiago de Chile, Imprenta
Universitaria, 1921, pp. 6-7.
[10] Javier Rodríguez B., “Hacia la despoblación”. En Revista Médica de Chile, tomo LI, año
1923. pp. 788-805.
[11] Arsenio Sáez M., El alcoholismo como problema social y el ebrio
ante el Derecho. Prevención y represión del alcoholismo en Chile. Memoria
de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias
Políticas de la Universidad de Chile. Imprenta Juan A. Mackenney, 1924, p. 7.
[12] Vida Nueva, n° 3, abril de 1924.
[14] Ibidem. Años más tarde, en el
Parlamento, el diputado radical Santiago Rubio explicaba los beneficios del
sistema de zonas secas, por medio del ejemplo de El Teniente: “En el Mineral de
“El Teniente”, de la Braden Copper Co., habitan doce mil almas, desde hace
veinte años, más o menos, que no beben
alcohol de ninguna clase, de ninguna especie. Hay ahí orden absoluto; se
trabaja en la jornada de ocho horas en forma permanente, se cumplen todas las
leyes del país, no hay necesidad de personal de policía o de carabineros. Si se
tiene allí a algunos de estos servidores, es solo para que se sepa que hay
quienes están encargados de resguardar el orden. No hay borracheras ni farras.
Hay un hospital perfectamente bien mantenido, con setenta camas, de las cuales
no se ocupan ni siquiera la mitad, y parte de ellas las ocupan individuos
accidentados del trabajo. Esto está demostrando de manera palpable que el
alcohol, el vino y todos los productos análogos no son necesarios para la alimentación.”
Boletín de las Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, 1928, tomo II,
sesión 46° en 25 de septiembre de 1928, p. 2301.
[15] Boletín de las Sesiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados, 1928, tomo II, sesión 47° en 1° de octubre de 1928, p. 2356.
[16] Para los casos tanto de El Teniente como de Chuquicamata, Stefan Rinke, Cultura
de masas, reforma y nacionalismo en Chile. 1910-1931. DIBAM-Katolische
Universitat Eichstatt-Universidad Católica de Valparaíso-Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Santiago, 2002.
[17] Vida Nueva, n° 12, abril de 1925.
[18] Vida Nueva, n° 14-15, junio-julio de 1925.
[19] Raúl Kinast, Ley n° 4117 sobre Zonas Semi-Secas o de
Temperancia Limitada. Su aplicación en las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Lo que
interesa saber a los comerciantes. Imprenta Slava, Iquique, s/f, pp. 3-4 y 16.
[20] Vida Nueva, n° 18-19, octubre-noviembre de 1925.
[21] Citado en Proyecto de Reforma de la Ley de Alcoholes. Redactado por el Dr.
Carlos Fernández Peña por encargo de las tres instituciones [Asociación de
Educación Nacional, Liga Chilena de Higiene Social y Liga Nacional contra el
Alcoholismo] y en Defensa de la Raza, de la Viticultura y de la solución
práctica del problema del alcoholismo. Patriótica cooperación a la labor de S.E el
Presidente de la República Excmo. Sr. Carlos Ibáñez del C. y del Congreso
Nacional. Establecimientos gráficos “Balcells & Co.” Santiago, 1928, pp. 3-5. Las cursivas son del original.
[22] Carta de Daniel Armanet al doctor Hugo Lea-Plaza, en Hugo Lea-Plaza, El alcoholismo en la región del
Salitre.
(Discursos- Artículos- Cartas). Empresa Periodística “La Nación”, Santiago,
1925, p. 27.
[23] La Viña, n° 5, diciembre de 1927, pp. 10-11.
[24] La Viña, n° 6, enero de 1928, pp. 18-19 y Boletín de la Sociedad Nacional de
Agricultura, Vol, LX, n° 1, enero de 1928, pp. 3-9.
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Proyecto de
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Fernández Labbé, 2005
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Scripta Nova, 2005
Ficha
bibliográfica:
FERNÁNDEZ,
M. Las
comunidades de la sobriedad: la instalación de zonas secas como método de
control del beber inmoderado en Chile, 1910-1930. Scripta Nova.
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX,
núm. 194 (59). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-59.htm> [ISSN:
1138-9788]
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