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PLANEAMIENTO URBANO,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA: EL PLAN GENERAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
(TENERIFE, CANARIAS)[1]
Luz Marina García Herrera
Departamento de Geografía, Universidad de
Fernando Sabaté Bel
Departamento de Geografía, Universidad de
Planeamiento urbano,
participación ciudadana y gobernanza: el plan general de Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife, Canarias) (Resumen)
El estudio de la gobernanza urbana y la
participación ciudadana en una dimensión tan determinante para la ciudad como
es el planeamiento cobra mayor relieve en su papel de indicador de la calidad
de la democracia, de la calidad de la toma de decisiones colectivas. En este trabajo iniciamos una
aproximación a la gobernanza urbana en Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que
reflexionamos sobre los problemas del proceso participativo en el planeamiento
urbano. El estudio de un caso, el Plan General de Santa Cruz de Tenerife,
muestra las deficiencias del proceso de información y participación pública del
mismo, y sugiere un modo de gobernanza urbana, de naturaleza poco
participativa, basado en relaciones de tipo clientelar con las organizaciones
vecinales.
Palabras clave: planeamiento urbano, participación ciudadana, gobernanza urbana, Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
Urban planning, citizen
participation and urban governance: the city plan of Santa
Cruz of Tenerife (Tenerife ,
Canarias) (Abstract)
Urban governance and
citizen participation, related to such a key element as city planning, higlight
the quality of democracy, as an indicator of collective decision-making
quality. The authors explore urban governance in Santa Cruz de Tenerife and
reflect on problems of urban planning participatory process. A case study, the
city plan of Santa Cruz de Tenerife, shows up the lacks of planning public
information and participation process, suggesting an urban
participatory-restricted governance mode based upon clientelistic relationships
with neigborhood associations.
Key Words: urban planning, citizen participation, urban governance,
Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands
Introducción
A lo largo de los últimos quince años se han
producido profundas transformaciones tanto en la noción como en la práctica de
los gobiernos urbanos y, de manera asociada, en las políticas urbanas. Estos
cambios, en lo que aquí nos interesa, se refieren a la evolución desde el
gobierno urbano a la gobernanza; al cuestionamiento del planeamiento
tradicional y la generalización del proyecto urbano y del enfoque estratégico;
y a la creciente demanda de procesos democráticos participativos simultánea al
resurgimiento de comportamientos de tintes autoritarios. En este trabajo nos interesa iniciar
una aproximación a la gobernanza en Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que
reflexionamos sobre los problemas del proceso participativo en relación con el
planeamiento urbano.
El Marco General
- Del gobierno a la gobernanza urbana
La relación entre la ciencia y la política, dice Funtowicz (2004) con
acierto, es problemática. En el enfoque moderno se consideraba que la ciencia
proporciona la verdad, y la verdad permite que se actúe bien; o lo que es lo
mismo, la ciencia legitimaba la acción política, la ciencia conduce al
progreso. En los años noventa del siglo XX esta correspondencia no resulta ya
válida; la existencia de incertidumbre científica y las imperfecciones del uso
de la ciencia en el proceso político no permiten legitimar la acción. Sin
embargo, la necesidad de acción por parte de los gobiernos ha conducido a una
ruptura entre la ciencia y la política, que ha separado la producción de
conocimiento (que ocupa a los científicos) de la gestión del problema (que
concierne a los políticos); pero la disociación entre conocimiento y
responsabilidad exige introducir un principio normativo que legitime la acción.
Este principio normativo es la participación ampliada; y es en este escenario
cuando se empieza a hablar, por primera vez en la Unión Europea, de
participación ciudadana, de gobernanza.
El concepto de gobernanza tiene un carácter más inclusivo
que el de ‘gobierno’ urbano (Harvey, 2001: 351 y Friedman, 2000: 469); la gobernanza, en
teoría, pone el acento en la necesidad de adoptar formas renovadas de expresión
democrática (Valdovinos, 2003: 909).
Esta nueva noción de gobierno ha venido impulsada tanto desde las instituciones
(Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, Conferencia de Río de
Janeiro, Libro Blanco de la Unión Europea), como por la demanda y presión
ejercida desde las organizaciones ciudadanas.
La realidad,
no obstante, muestra situaciones diferentes. Se constata cierta generalización
de experiencias participativas impulsadas ‘desde abajo’, desde la sociedad
civil, y con un carácter diverso que incluye la constitución de consejos
ciudadanos, la problemática ambiental o los presupuestos participativos
inspirados en Porto Alegre. Pero al mismo tiempo se producen también procesos
de democratización promovidos ‘desde arriba’, desde las instituciones, aunque
en este caso acotando mucho e incluso distorsionando la participación efectiva.
Pierre (1999) ha establecido una tipología de gobernanza urbana distinguiendo
cuatro modelos ideales en función de los participantes, los objetivos, los
instrumentos y los resultados de cada uno; las situaciones reales, no obstante,
pueden mostrar rasgos propios de dos o más tipos. Los modelos que identifica
este autor son los siguientes:
- Modelo
gerencialista, en el que la gestión se basa en principios de mercado tales
como los aspectos de costes, eficiencia, demanda y gestión profesional de
los recursos.
- Modelo
corporatista, típico de países de capitalismo avanzado en Europa
occidental, apoyado en un amplio sector público, en políticas de
redistribución, y en una democracia local participativa basada en procesos
deliberativos que proporcionan un elevado grado de aceptación de las
decisiones políticas.
- Modelo
basado en el crecimiento económico, a través de una estrecha interacción
público-privada que descansa en intereses compartidos entre el
ayuntamiento y la élite de negocios. De naturaleza poco participativa, se
centra en los resultados y valora la habilidad para sortear el
procedimiento administrativo.
- Modelo de
bienestar, que funciona en ciudades desindustrializadas que no han logrado
configurar una nueva base económica. Gobernadas por fuerzas de izquierda
reacias a asociarse con el capital privado, la política urbana se centra
en captar subvenciones.
La importancia del contexto nacional en el que está inserta la
gobernanza urbana es un aspecto que el mismo autor ha subrayado, en la medida
en que las políticas nacionales y las tradiciones estatales se mantienen como
uno de los factores más poderosos en la explicación de la política urbana. Así,
en la Europa meridional, donde las instituciones locales se caracterizan por el
predominio de una política de dejar–hacer (Gómez Aguilera, 2004), los gobiernos
municipales han practicado una estrategia de oportunismo político en relación
con las iniciativas de participación ciudadana. La noción de oportunismo político,
según Navarro Yáñez, se refiere a las estrategias practicadas por los gobiernos
locales en relación con las iniciativas de participación ciudadana, estrategias
mediante las que la demanda de participación solo será canalizada y satisfecha
si resulta beneficiosa desde el punto de vista electoral para el gobierno
municipal o, si al menos, no socava esa expectativa. Del estudio realizado
sobre las experiencias italiana y española parece deducirse que el desarrollo
de la democracia participativa está íntimamente vinculado a la estructura
política (Navarro Yánez, 2004). En consecuencia, esto reafirma la tesis de que
los procesos de gobernanza no comportan valores neutros; bien al contrario,
reflejan y sostienen valores políticos (Pierre, 1999).
El anterior postulado parece confirmar lo siguiente: si bien, en términos generales, el
discurso político de las instituciones asume la participación ciudadana, su
aplicación no sólo está aún lejos de constituir una práctica normalizada sino
que pueden producirse procesos involutivos, de rasgos autoritarios (Osti y
Pellizzoni, tomado de Valdovinos 2003; Gómez Aguilera 2004: 119; Gómez Ferri
2004: 158).
De manera simultanea al proceso de democratización local se ha producido
el ascenso y consolidación de las prácticas ‘empresariales’ en la política
urbana. En los años ochenta, la crisis económica y fiscal de las ciudades del
capitalismo avanzado, en un contexto de pérdida de poder de los Estados
nacionales y de transición a la acumulación flexible, impulsó la búsqueda de
nuevas formas de gobierno local que cristalizaron en un enfoque empresarial de
la gestión urbana (Harvey, 2001). Este giro, que se había iniciado ya a
principios de los años setenta en el Reino Unido y en Estados Unidos, se
generalizó de manera mucho más amplia en los últimos años.
La existencia de una política ‘empresarial’ urbana requiere la formación
de una coalición de intereses de clase como fundamento para cualquier tipo de
empresarialismo. Éste presenta tres rasgos esenciales:
·
La constitución de asociaciones
público-privadas, como una noción central de la política urbana.
·
El carácter especulativo de
dichas asociaciones, cuyo rasgo distintivo en un gran número de casos es la
asunción de los riesgos por el sector público local mientras el sector privado
se apropia los beneficios.
·
Las políticas empresariales se
concentran en intervenciones muy localizadas en un ‘lugar’ concreto, ignorando
al resto del territorio urbano (Harvey, 2001: 351-354).
Estas políticas se han convertido en un instrumento clave en la
financiación de los grandes proyectos urbanos, tanto en Estados Unidos como en
Europa. Impulsadas por los gobiernos centrales, que han aportado cuantiosos
fondos públicos, se concibieron para incentivar la inversión privada (Lungo
2004: 53 y Sandroni, 2004: 175).
Para Harvey (2001), el rasgo
específico del empresarialismo urbano actual es la asunción de los riesgos por
el sector público local. Una investigación reciente sobre los grandes proyectos
urbanos en Europa permite documentar esta afirmación (Swyngedouw, et al.: 2002).
La dinámica actual regida por la competencia interurbana, cuando se
plantea en un escenario de suma cero (donde lo que uno gana, lo pierde otro),
coloca a los gobiernos municipales de izquierdas en una situación dramática,
atrapados entre la necesidad de obtener ventajas competitivas para su ciudad y
la obligación de desarrollar políticas en función de las necesidades populares.
Sin embargo, los gobiernos progresistas pueden encontrar salidas a la dinámica
competitiva creando relaciones de suma mayor que cero (Harvey, 2001: 349); en este sentido, los gobiernos de izquierdas
pueden experimentar nuevas formas de relación con el sector privado, en las que
todos los jugadores ganen. Sandroni (2004) considera que este tipo de
asociaciones puede transformar la relación público–privada en una suma mayor
que cero; es el caso, o al menos la intención, de algunas experiencias en
ciudades latinoamericanas.
En América Latina, el endeudamiento externo de muchos países —que destinaron buena parte de los fondos
públicos al pago de la deuda—,
unido a los escasos ingresos tributarios de los gobiernos locales, llevaron a
una situación de escasa o nula inversión pública en las ciudades. Así, en la
década de los noventa el deterioro urbano impulsó a un buen número de
municipios a buscar fórmulas innovadoras para atraer a la inversión privada,
buscando obtener una suma mayor que cero (Lungo 2004, 50-51 y Sandroni, 2004:
151-152).
- Del plan tradicional a las intervenciones
estratégicas
El planeamiento tradicional o normativo ha sido objeto de numerosas (y
merecidas) críticas en torno a distintos aspectos: una regulación muy general,
una normativa rígida que inducía a su trasgresión, la preeminencia del sector
público en la formulación y ejecución de las intervenciones, etc. El
cuestionamiento de este marco regulador en Europa, que se remonta a las décadas
de los sesenta y setenta, propició que se comenzara a actuar sobre zonas específicas
de la ciudad mediante el proyecto urbano, práctica que se impuso en los años
ochenta y se ha convertido en uno de los rasgos esenciales del urbanismo
europeo de finales del siglo XX
(Lungo, 2004: 18-21 y Borja 2004: 8). En el ámbito europeo, la concepción de
proyecto urbano suponía una actuación pública sobre una zona urbana, pero
integrada en una visión de conjunto de la ciudad; es el caso de las grandes
intervenciones francesas realizadas como ZAC (Lungo, 2004; Garay, 2004: 71 y
Borja 2004).
Respecto a la evolución del planeamiento en
España, los primeros gobiernos municipales democráticos tuvieron que centrarse
durante la década de los ochenta en resolver los numerosos problemas urbanos
heredados de la dictadura, tal como reclamaban las asociaciones vecinales. El
rechazo del plan, concebido como visión global, condujo al tratamiento de la
ciudad por partes, mediante los proyectos; éstos se centraban en la forma, en
el tratamiento morfológico del espacio urbano, cuidando los detalles. La transformación
de Barcelona entre 1980–1987, dirigida por Bohigas, sancionó con éxito el nuevo
enfoque (si bien en la práctica las actuaciones descansaban en la existencia de
un marco general, el Plan Metropolitano de 1976 que se hallaba en vigor). Pero
esta etapa del plan como proyecto solo representó un periodo breve de la
historia del planeamiento (Terán, 1996). A partir de la década de los ochenta se difundió la idea de un ‘urbanismo
de acupuntura’, basado en intervenciones relativamente modestas pero que pueden
desencadenar grandes transformaciones (Garay, 2004: 72).
Las deficiencias del planeamiento tradicional abrieron el camino a la
idea del planeamiento estratégico. El éxito de este concepto se fundamenta en
tres aspectos: propone un escenario de futuro para la ciudad, define un
conjunto de actuaciones estructuradas por prioridades, y se basa en un proceso
participativo. Sin embargo, también puede convertirse en un mecanismo retórico,
en el que se legitiman únicamente ciertas actuaciones de interés para algunos
de los actores (Borja, 2004: 8). En relación con este último aspecto, aunque
referido al planeamiento ‘moderno’, Yiftachel (2000) ha documentado la doble
naturaleza del planeamiento, capaz tanto de emancipar como de oprimir a los
grupos socialmente subalternos.
En el enfoque estratégico, el sector público pierde relevancia en su
capacidad de ejecución, acentuándose en cambio su carácter gestor. Asimismo,
las operaciones de gran envergadura constituyen un elemento medular, por su
capacidad de inducir transformaciones sociales y económicas positivas. Pero,
¿positivas para quién?
Swyngedouw et al.
(2002), analizando un conjunto de grandes proyectos urbanos en Europa, señalan
su vinculación con cambios de distinta naturaleza. Así han documentado que los
grandes proyectos no implican una participación ciudadana más allá del nivel
formal, que refuerzan la polarización socioeconómica y están asociados a
cambios en la forma de gobernabilidad urbana. Por su parte, Borja indica que
las estrategias territoriales de las ciudades requieren la utilización de un
amplio repertorio de instrumentos de intervención, que actúan a diferentes
escalas y con propósitos diversos; éstos comprenden desde el plan estratégico,
los planes integrales o el proyecto urbano hasta el ‘gran artefacto’, el
edificio emblemático, las operaciones urbanas llave en mano y los proyectos
minimalistas (Borja, 2004).
Coincidimos con Borja (2004) en que es cierto que en el nuevo contexto
dibujado por la globalización y el neoliberalismo, los modelos administrativos
tradicionales para el gobierno, el planeamiento y la gestión de las ciudades no
resultan suficientes; pero la transformación del sector público en un jugador
más dentro del mercado y los nuevos instrumentos que ello exige (planeamiento
estratégico, asociaciones público–privadas, búsqueda de consenso) tienen que
ser aplicados bajo una efectiva conducción pública que sirva al interés general
o, en caso contrario, se reducen a meras actuaciones que favorecen a los
sectores más influyentes.
- Discurso participativo ¿reacciones autoritarias?
En el ámbito internacional, desde finales de la década de los setenta se
ha ido reduciendo el ámbito de participación de la ciudadanía, al tiempo que se
acentuaba la sustitución del poder del Estado por el poder del mercado y de las
empresas (Gómez Aguilera, 2004). De hecho, se ha planteado que los nuevos
modelos de participación ciudadana se deben precisamente a la desconfianza que
generan los cauces de la democracia representativa (Gómez Ferri, 2004: 159).
Los movimientos ciudadanos de nuevo tipo apuntan hacia la formación de
democracias participativas, que resulten complementarias y no sustitutivas de
la democracia representativa; la nueva ciudadanía se orienta hacia un futuro de
participación más directa en la toma de decisiones y en la configuración de su
propio entorno, dejando atrás las dinámicas de escucha o interlocución —que
constituyen, por lo general, las formas primarias de cooptación— (Gómez
Aguilera, 2004: 112–113). Los ‘nuevos movimientos sociales’ (propios de la
modernidad tardía) se caracterizan porque se centran en demandas de mayor
calidad de vida y en sentimientos identitarios, a diferencia de los movimientos
sociales clásicos (de la primera modernidad) mucho más centrados en los
conflictos de clase y las cuestiones sociolaborales. Los primeros se movilizan
por una pluralidad de valores culturales y simbólicos. De igual modo presentan
formas organizativas distintas, con predominio de formaciones descentralizadas,
poco jerarquizadas y con formas de liderazgo y pertenencia flexibles (Gómez
Ferri, 2004: 160 y 165).
Por su parte, Pickvance (1995; citado por Hernández et al., 2004: 178) plantea que los
‘nuevos movimientos sociales’ están constituidos y/o liderados por miembros de
clases medias; refiriéndose a la naturaleza de los movimientos urbanos, este
autor identifica 4 categorías:
- Los que
reivindican elementos de consumo colectivo (equipamientos, dotaciones…)
- Los que
demandan protección ante los efectos de ciertas transformaciones físicas o
sociales.
- Los que
reclaman mayor presencia e influencia en las instituciones políticas
locales.
- Los que se
rebelan contra la subida de impuestos locales.
Otro aspecto de interés se refiere a la posible institucionalización de los
movimientos urbanos. En este sentido las iniciativas locales de
democratización, tanto en España como en Italia, habrían sido impulsadas por
los gobiernos urbanos como una estrategia de oportunismo político dirigida a
obtener beneficios o garantizar la victoria electoral (Navarro Yánez, 2004).
No obstante, el impulso hacia una participación ampliada se ve
contrarrestado, en ocasiones, por decisiones institucionales que adoptan
reacciones autoritarias ante las iniciativas ciudadanas. Es el caso de la Iniciativa
Legislativa Popular para la protección de la Huerta de Valencia, que fue
rechazada sin ser siquiera discutida en el Parlamento autonómico (Gómez Ferri,
2004: 158); suerte similar corrió, entre otros casos, la Iniciativa Legislativa
Popular presentada en el Parlamento canario, que solicitaba la declaración de
Espacio Natural Protegido para un sector del litoral de Granadilla (Sabaté
Bel, 2005).
El caso del plan general de Santa Cruz de Tenerife
Tras el advenimiento de los ayuntamientos democráticos en 1979, el
municipio de Santa Cruz de Tenerife ha estado gobernado esencialmente por el
mismo grupo político, mediado algún cambio de siglas así como la cooptación de
algunas fuerzas y personas que provenían del campo progresista. El primer alcalde
elegido por los ciudadanos, adscrito a la Unión del Centro Democrático (UCD)[1],
no obtuvo mayoría suficiente para gobernar y tuvo que establecer una alianza de
gobierno con otra agrupación política independiente de signo conservador
(Agrupación Libre). La primera legislatura democrática se caracterizó, en
cualquier caso, por una gestión bastante consensuada con los partidos políticos
que formaban la oposición[2].
Tras el hundimiento estatal de la UCD, varios alcaldes de ese partido
(incluyendo al de Santa Cruz) junto con otros que habían concurrido como
independientes a las primeras elecciones locales, conformaron la Agrupación
Tinerfeña de Independientes (ATI): un nuevo grupo político de naturaleza
conservadora e insularista, en el que irá cristalizando el proyecto de las
elites tinerfeñas para terminar de resolver a su favor la crisis que representó
la transición política en el conjunto del Estado.
Desde entonces (1983) hasta hoy ha seguido gobernando el mismo partido,
aunque a partir de 1995 ATI incorpora a su alianza a otros grupos procedentes
del espectro progresista y nacionalista, conformando Coalición Canaria (CC); la
configuración de CC fue una compleja operación que dejó sin representación
política autónoma a un sector significativo del electorado popular de
izquierdas. De hecho, ya ATI se había nutrido previamente de una parte de los
cuadros y activistas vecinales vinculados a la antigua Unión del Pueblo
Canario.
Desde que el primer alcalde decidió, con éxito, dar el salto a la
política regional a mediados de los noventa, dos personas más han ocupado la
alcaldía capitalina. Uno de ellos se pasó luego a las filas del conservador
Partido Popular (PP). El tercero —actual mandatario— representa bastante bien
el proyecto de actualización y ‘modernización’ capitalista en la gestión
municipal. ATI–CC gobernó con holgadas mayorías en todas las legislaturas salvo
en una, en la que debió establecer una coalición con el PP. Durante la
legislatura en curso (2003–2007) decidió por razones estratégicas volver a
incluir a este partido en el grupo de gobierno, aún sobrándole un concejal para
alcanzar la mayoría absoluta.
Mientras tanto los grupos políticos que formaban la oposición se han ido
desvaneciendo hasta quedar circunscritos al Partido Socialista Obrero Español[3].
Sin embargo, este partido —con la excepción de algunas cuestiones menores— ha
mantenido para todos los asuntos esenciales una posición compartida con el
grupo de gobierno de centro–derecha. Así votó a favor del Plan General de
Ordenación Urbana de Santa Cruz (1992), del polémico Plan Parcial de la Playa
de Las Teresitas, del Avance del Plan General en curso (2001), etc. Se podría
decir, rememorando un título clásico de los años de la transición política, que
en Santa Cruz de Tenerife no ha existido una oposición que se oponga. Este hecho puede encontrar su
explicación, al menos en parte, en el origen social de los dirigentes y cargos
públicos del PSOE (no ya de sus bases, ni mucho menos de sus votantes). El
Partido Socialista recluta buena parte de sus cuadros entre personas de las
‘clases medias’ más o menos acomodadas, incluyendo un cierto número de
funcionarios de la administración, profesionales liberales y pequeños
empresarios del sector servicios (en particular —y no resulta desdeñable el dato—,
del ámbito del ocio nocturno). Los intereses de clase que portan estas personas
no resultan contradictorios, en lo fundamental, con el proyecto que para el
territorio municipal hegemoniza el empresariado más potente y los
representantes políticos del centro–derecha.
En este contexto, no resulta extraño que se haya ido extendiendo con
fuerza un tercer ‘espacio político’: el que se expresa, hasta ahora, mediante
la abstención electoral y el voto en blanco. Más allá de la existencia de una
significativa abstención técnica en el Archipiélago Canario[4],
la falta de participación electoral resulta extraordinariamente abultada en el
caso de Santa Cruz de Tenerife. En 1999, el voto en las municipales se mantuvo
en un reducido 49 por 100; y en las siguientes elecciones (2003) apenas creció
hasta el 51 por ciento. Parte significativa de la abstención y el voto en
blanco pueden estar evidenciando que un sector nutrido del electorado no
encuentra referente para sus valores e intereses, ni en el bloque que gobierna,
ni en la sedicente oposición.
Por lo que se refiere a los movimientos sociales, en los años finales
del franquismo las organizaciones vecinales lograron condicionar la agenda
política local consiguiendo que buena parte de los fondos municipales se destinaran
a inversiones sociales en los barrios, lo que suponía proveerlos de los
servicios más básicos: agua corriente, alumbrado público, pavimentación viaria,
etc. Lo que sucedió en la capital tinerfeña no fue ajeno a lo acontecido en la
mayor parte de las ciudades españolas (Recio y Naya 2004, 63–64). En la segunda
mitad de los setenta se expresó también, junto a los partidos de izquierda y
los sindicatos, e impulsado muchas veces por ambos, un potente y dinámico
movimiento que reclamaba la mejora de las condiciones de vivienda. Sus ecos aún
se propagaron durante los ochenta, período de actuación principal de las
primeras corporaciones municipales surgidas de las urnas; las cuales debieron
de afrontar tales demandas, lo tuvieran previsto o no en sus programas
electorales, apostando por un programa de acciones muy visibles, tal como
ocurrió muy frecuentemente en el conjunto del Estado (Terán, 1996: 179).
La tesis que sostenemos es que el bloque de poder tradicional dominante
en Tenerife va fraguando, desde finales de los ochenta, un proyecto lento pero
sostenido, que busca pacificar primero, y subordinar políticamente después, al
movimiento vecinal urbano. Y en Tenerife, es Santa Cruz el lugar de ensayo, a
través de mecanismos de control caciquil y clientelar, de esta estrategia que
se extiende años después a La Laguna y otros municipios insulares importantes
bajo su control. Este proceso de debilitamiento, subordinación o neutralización
de un movimiento vecinal antes reivindicativo fue también común a la mayor
parte del ámbito estatal (Recio y Nava, 2004:66).
En resumen, a pesar de los diferentes matices políticos, la coalición
que ha gobernado durante los últimos seis o siete años ha compartido unos
valores e intereses de clase claramente conservadores y de naturaleza poco
participativa —la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana[5]
se demoró hasta enero de 2005—, al tiempo que el partido mayoritario, Coalición
Canaria, ha mantenido sus relaciones e influencia sobre las asociaciones
vecinales, aproximándose así al tipo de partido–red (en el sentido que le
confiere Navarro Yánez, 2004).
De igual modo, el gobierno urbano se ha ido impregnando de algunos de
los principios de mercado (subasta de solares públicos, pago en metálico de las
cesiones obligatorias...)[6].
Sin embargo, en relación con las asociaciones público-privadas, uno de los
instrumentos más frecuentes del empresarialismo urbano, en Santa Cruz de
Tenerife, a diferencia de otras ciudades españolas, no se han constituido asociaciones de este
tipo, pero sí se ha dado algún paso en esta dirección. Es el caso de la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, una empresa pública de
derecho privado creada en el año 2000.
Su origen parece estar en la incapacidad de la estructura municipal para
gestionar tanto los programas europeos como las propuestas de desarrollo local,
desempeñándose como el instrumento operativo de la Municipalidad. Es una
sociedad anónima pública con un único accionista, el Ayuntamiento; si bien en
su Consejo de Administración participan entidades corporativas relevantes como
la Cámara de Comercio o la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales. La fórmula de sociedad anónima permite una gestión más ágil,
sustituyendo el largo procedimiento administrativo, previo a las actuaciones,
mediante la firma de contratos–programa entre la Sociedad y el Ayuntamiento.
Sus actividades comprenden la formación y el empleo, así como la promoción y
desarrollo económico de la ciudad[7].
Cabe preguntarse entonces por la ausencia de asociaciones
público-privadas, en sentido estricto, en Santa Cruz de Tenerife. Su
inexistencia podría estar en relación con los siguientes hechos:
- Si bien
hay indicios de una íntima imbricación de los intereses privados en las
políticas públicas[8],
el empresariado local no ha alcanzado aún el adecuado nivel de
sofisticación para involucrarse en este tipo de iniciativas.
- Posiblemente
tampoco ha dispuesto del suficiente capital para emprender proyectos de envergadura
con el sector público, a diferencia de las empresas de ámbito supralocal.
Una situación que puede haber cambiado tras la creación de
- En
relación con lo anterior, las actuaciones urbanísticas se han mantenido
aún dentro de la estructura municipal (Gerencia de Urbanismo).
En suma, si recordamos los 4 modelos de gobernanza urbana identificados
por Pierre (1999) que sintetizamos más atrás, el caso de Santa Cruz de Tenerife
parece compartir rasgos más próximos al modelo de crecimiento económico,
propuesto por este autor, que a cualquiera de los restantes.
En la primavera de 2004, el gobierno municipal (CC–PP) sometió al
preceptivo período de información pública el nuevo Plan General de Ordenación de Santa Cruz de
Tenerife, tras su aprobación inicial por el pleno municipal, con el consenso de
las distintas fuerzas políticas representadas[10].
Este Plan propone una transformación radical de la ciudad existente. La
búsqueda de una nueva base económica, el turismo, se apoya en propuestas
neoliberales de reestructuración de las áreas centrales, asociadas a la
reconversión del frente marítimo, la destrucción del escaso patrimonio
histórico, o la revalorización inmobiliaria y los procesos asociados de
elitización. Mientras, para la periferia se proyecta una transformación de
amplio alcance que implica la desposesión de medios de producción y de
subsistencia a grupos populares, además de la destrucción de identidades
colectivas. En poco tiempo, el documento generó una contestación ciudadana y
popular sin precedentes en las últimas décadas. A continuación nos centraremos
en las intervenciones que han generado mayor oposición por parte de los
vecinos.
· La reconversión del frente marítimo para la
función turística
Recogiendo las aspiraciones del grupo de gobierno, el Plan propone una
nueva base económica para el municipio: su transformación en una ciudad para el
turismo de cruceros. El turismo y el comercio serán las principales actividades
económicas. En consecuencia propone la adaptación de las áreas centrales de
Santa Cruz a sus nuevas funciones, de manera especial mediante las actuaciones
proyectadas en su frente marítimo y en los barrios aledaños, siguiendo la
experiencia de numerosas ciudades. El plan diseña la reconversión del actual
puerto comercial y de pasajeros en uno de cruceros y pasajeros, trasladando la
actividad comercial al nuevo puerto proyectado en Granadilla,[11]
en el Sur de la Isla; la construcción del puerto de Granadilla, propuesto en 1973
por la Consultora Doxiadis Ibérica, ha generado una amplia e intensa polémica
en Tenerife por su carácter ambientalmente agresivo[12]
y que ha producido una confrontación entre los partidarios y los detractores de
la nueva infraestructura.
En la lógica de reconversión del litoral el Plan planteó propuestas que
suponen la reestructuración de barrios históricos de localización céntrica como
El Toscal, o que afectan a barrios populares como Valleseco. El Toscal, un
barrio con un gran componente popular y cuyo proceso de formación se remonta al
siglo XVIII, se ha convertido en el área de expansión
inmediata del centro de negocios de Santa Cruz. Desde la perspectiva del
planeamiento, los proyectos y propuestas de intervención, de distinto signo, se
han caracterizado por la dejación del sector público en su realización,
mientras de manera simultánea el barrio ha sido objeto de significativos
procesos de renovación. Se propone el derribo de un buen número de casas
tradicionales, con un desigual estado de deterioro, para construir 6 edificios
de 10 plantas en el núcleo central del barrio, es decir, una transformación
irreversible del paisaje urbano. A ello se suma la creación de un conjunto de
aparcamientos concebidos para el servicio al centro de negocios, así como la
peatonalización de diversas calles del barrio, obligando a los vecinos a pagar
un canon por la plaza de aparcamiento.[13]
En Valleseco, otro barrio popular, que lleva décadas defendiendo su
derecho al espacio público, al disfrute de su pequeña playa, el Plan propuso la
construcción de un puerto deportivo privado y un hotel junto a la misma, cuya
privatización se temía ante los nuevos usos previstos. Por otra parte, la
dedicación del núcleo fundacional de la ciudad (barrio de La Concepción) a zona
de restauración y ocio nocturno, junto con la construcción de un espacio
turístico y un puerto deportivo en la playa de Las Teresitas completan, a
grandes rasgos, las operaciones de reconversión del frente marítimo.
·
¿Urbanización
por desposesión en la periferia?
En el área del Suroeste se programa una doble intervención: por un lado,
se localizan allí los nuevos crecimientos de la ciudad; por otro se efectúa una
reestructuración de su suelo urbano destinada a transformar su actual condición
de ‘ciudad dormitorio’.
En relación con el primer objetivo, el Plan General califica, en toda la
zona suroeste de Santa Cruz, una superficie de suelo urbano capaz de acoger
unos cincuenta mil residentes adicionales. Se trata de una cifra poco realista
en relación con la evolución demográfica reciente del municipio (Díaz
Rodríguez, et al. 2002) y más en sintonía con la dinámica inmobiliaria que,
según un reciente informe de La Caixa, produce cinco mil viviendas anuales por
encima de la demanda existente.
Asimismo, el Suroeste se destina al uso industrial, propuesto como
“actividad económica estructurante del área”. En consecuencia se crea un eje
industrial lineal, constituido por varias zonas, que acogerán tanto empresas avanzadas
y de servicios como centros de almacenaje y distribución, así como industria
pesada y extractiva; en el área se instalarán además las industrias que se
trasladen desde la ciudad.
Respecto al segundo objetivo, el plan promueve la descentralización
urbana —requerida por la ley de Grandes Ciudades— mediante las denominadas
“áreas de nueva centralidad”,[14]
que concibe como zonas de concentración de dotaciones municipales, servicios,
usos comerciales y de oficinas, próximos a equipamientos y espacios libres.
Pero a la vez plantea actuaciones fuertes como un conjunto de nuevas propuestas
viarias que producen un importante nivel de afecciones; y la reestructuración
tipológica, proponiendo la edificación en altura como medio para liberar suelo
público. Una propuesta de esta naturaleza exigiría medidas explícitas que
garanticen el efectivo acceso público. Sin embargo, como han puesto de
manifiesto diversos estudios, la realidad es que en numerosas ocasiones y en
especial en zonas periféricas, el espacio ‘público’ se convierte en un espacio
inútil por la falta de mantenimiento y de buena gestión; al final lo que les
queda a los vecinos son las torres. El remate de esta propuesta se verifica en
La Gallega Alta, donde se plantea la construcción de dos inmuebles de 20
plantas, en un entorno con casas que alcanzan como máximo cuatro o seis
alturas.
Sin embargo lo que no cambia es la condición actual del Suroeste como el
‘territorio de la vivienda protegida’; bien al contrario, el Plan acentúa este
carácter pues una buena parte de las 12 mil viviendas protegidas a construir se
concentran en esa zona, de manera destacada en Residencial El Tablero, La
Monja, Los Lirios y Gallega Baja.[15]
El alcance de las propuestas mencionadas hay que insertarlo en el
peculiar modelo económico del Archipiélago, donde el territorio representa hoy
en día una de las fuentes más potentes para la generación de plusvalías, a
través de su circulación como capital inmobiliario. En Canarias, aparte del
clima, el territorio constituye casi el único recurso natural disponible para
la circulación ampliada del capital. Una vez casi agotadas, hace años, las
posibilidades ‘normales’[16]
de expansión urbana en los cascos de Santa Cruz y La Laguna y sus inmediatas
periferias, en particular la zona en que ambas periferias convergen, todas las
miradas se fijaron en la ‘nueva frontera’ del suroeste capitalino. Sin embargo,
varios problemas obstaculizaban la pretendida expansión, como pudo comprobarse
tras el primer intento definido por el Plan General de 1992. Los distritos del
suroeste de la capital se caracterizan por un amplio predominio de la pequeña
propiedad (aunque también existen algunas bolsas excepcionales de propiedad
mediana o grande). En esta zona ha pervivido hasta la fecha el acceso a la vivienda
mediante el sistema de autoconstrucción; o, como mucho, lo que podría
denominarse ‘autopromoción’, pues son las propias familias necesitadas de
vivienda las que en parte encargan a algún pequeño contratista el levantamiento
de la estructura de su casa, y en parte la culminan con la aportación de su
propio trabajo y la ayuda comunitaria. A la propiedad del suelo se accede
mayormente por partición hereditaria de pequeños lotes, o compra de los mismos
a algún vecino, en muchos casos un familiar. Aunque cada vez menos, y sobre
todo en las partes altas, se mantiene un sistema mixto, que combina la función
residencial con el mantenimiento de pequeñas parcelas de cultivo a tiempo
parcial. En algunas zonas, como El Tablero, se han llegado a consolidar incluso
durante las últimas décadas economías domésticas de base agrícola, que
abastecen los mercados capitalinos de hortalizas frescas que no resulta fácil
sustituir por importaciones foráneas.
Pero más allá de estas particularidades, que no son poco importantes en
el imaginario colectivo de unos núcleos que aún se perciben a sí mismos como
pueblos con cierta pervivencia ‘campesina’ (“Somos rurales. No queremos ser urbanos”, rezan pintadas y
pancartas desplegadas por vecinos en la zona), existe otro rasgo fundamental
que caracteriza a todo este sector: la dificultad real que ha tenido hasta hace
poco el capital para materializar su penetración en el área. Bajo el sistema
que se acaba de describir, apenas resulta necesaria la contratación de
hipotecas ni, por tanto, la entrada de entidades bancarias y la consiguiente
irrupción del capital financiero (García Herrera, 1989: 185). El método de
autoconstrucción o autopromoción de viviendas, no permite el desembarco de
ninguna gran constructora. El lento y disperso proceso de crecimiento urbano
bloquea la entrada masiva del capital inmobiliario. El Suroeste capitalino y su
gente ‘se resisten’ a todo
ello. De hecho, tuvo que ser la intervención pública la que, desde los años
setenta, obligó a modificar todos estos factores en su zona baja, a través de
la ejecución del llamado Polígono del Rosario: auténtica cabeza de playa de lo
que, a comienzos del nuevo siglo, se intenta abordar a una escala mucho mayor.
En este sentido, el Plan General en curso para el municipio de Santa
Cruz, y el que ya está aprobado en el municipio vecino de La Laguna, se
configuran como el verdadero instrumento para dejar al alcance del capital
financiero e inmobiliario las condiciones jurídicas de gestión del suelo,
arrebatando su control a los propietarios ancestrales. Los mecanismos de
naturaleza jurídico–urbanística empleados para ello son, de una parte, la
legislación preconstitucional sobre expropiaciones; y también la utilización,
de forma particularmente perversa, de las Unidades de Actuación que permite
obligar a los propietarios —muchos de edad avanzada— a ejecutar costosas obras
de urbanización inalcanzables para sus presupuestos, o bien ser expropiados de
forma muy desfavorable[17].
Por todo ello, el proceso en curso se puede caracterizar, siguiendo a Harvey
(2004), como un proceso de desposesión[18],
en toda regla, de los bienes populares. Y también, por añadidura, de la
identidad del territorio y de sus gentes, amasadas a lo largo de mucho tiempo,
de generaciones.
El alcance y carácter agresivo de clase de la reestructuración propuesta
suscitó, como ya se dijo, una amplia contestación vecinal durante el período de
información pública, quizás la más generalizada en la ciudad desde los tiempos
de la transición a la democracia, a finales de los años setenta. No sólo se
presentaron un gran número de alegaciones sino que, además, los vecinos se
movilizaron mediante protestas públicas, acampadas, asambleas, etc. Lo que se
inició como una protesta puntual, pronto se extendió a otros barrios. Y lo más
importante es que, finalizado el periodo de alegaciones, los vecinos además de
mantener su protesta han creado una nueva organización ciudadana, la
Coordinadora de Pueblos y Barrios, centrada inicialmente en el Área
Metropolitana, si bien su tendencia es a expandirse al conjunto del ámbito
insular.
Si atendemos a la producción legislativa canaria, y más concretamente a
la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (2000), la
participación pública está resuelta satisfactoriamente; es obligatoria, debe de
ser fomentada por las Administraciones y constituye un deber de cada ciudadano.
Sin embargo, en la práctica institucional se reduce a un mero trámite (Villar
Rojas, 2004: 212). Es más, a pesar de la existencia de cauces formales de participación,
Canarias es una de las comunidades autónomas donde la ciudadanía ha recurrido
en mayor grado al mecanismo de las Iniciativas Legislativas Populares (Sánchez
García, 2004); claro síntoma que apunta a un desencuentro entre los cauces
formales y la participación real de los ciudadanos.
Se debe señalar, en cualquier caso, que el Plan General de Santa Cruz se
había dotado de un Programa de Participación Social, durante los trabajos de
elaboración del Avance, en 2001; dicho programa contó con los siguientes
instrumentos:
·
Entrevistas con ciudadanos,
colectivos sociales y agentes socioeconómicos.
·
Durante el periodo de
información publica, exposición y oficina de atención al ciudadano, equipada
con ordenadores para la consulta digital, además del personal presencial;
pagina web desde donde se podían enviar sugerencias al registro oficial de
·
Realización de una encuesta
domiciliaria, la cual mostró que los principales problemas del conjunto del
municipio, de acuerdo con las respuestas emitidas, eran: la congestión del
tráfico (26 por 100), la delincuencia (19 por 100) y la escasez de aparcamientos
(16 por 100). Considerando las preocupaciones de los vecinos con sus
respectivos barrios, los problemas se centraron en la delincuencia (18 por
100), la falta de limpieza (18 por 100), los problemas de aparcamiento (14 por
100), los problemas derivados del consumo de drogas (14 por 100), la
contaminación acústica (13 por 100) y la inseguridad ciudadana (13 por 100).
Tras este proceso de consulta se
habían recibido un total de 786 sugerencias, cuya procedencia se sintetiza en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1
Sugerencias
al Avance del Plan General de Ordenación (2001)
|
|
Número |
% |
|
Asociaciones Vecinales |
42 |
5,3 |
|
Colegios Profesionales |
2 |
0,3 |
|
Otros colectivos sociales |
19 |
2,4 |
|
Agentes socioeconómicos |
6 |
0,8 |
|
Particulares y otros |
717 |
91,2 |
|
Total |
786 |
100 |
Fuente: Plan General de
Ordenación, tomo I (2003).Elaboración propia.
De este conjunto de sugerencias presentadas,
se estimaron, de manera total o parcial, un 70,4 por ciento, mientras aquellas
desestimadas suponen un 14,5 por 100; la proporción con otras respuestas fue
del 15,1 por ciento.
Es significativo el gran número
de sugerencias que presentaron los habitantes del área Suroeste: 446, casi el
57 por ciento del total. Y de éstas, más de la mitad (269) se oponían a la
ampliación de la actividad extractiva en Montaña Talavera. El otro capítulo de
sugerencias tenía que ver con las afecciones de las nuevas vías propuestas (Vía
Exterior, Rambla desde El Pilar a El Sobradillo), que sumaron más de 44
sugerencias; y con las expropiaciones para las zonas industriales.
Entonces, si el programa de participación
social atendió a las demandas y sugerencias expuestas por las organizaciones
vecinales, y demás ciudadanos, durante la fase del Avance, resulta incongruente
la contestación y movilización social desencadenada durante la información
pública del plan en 2004. Intentando esclarecer esta aparente contradicción, un
análisis del Avance, así como de las sugerencias presentadas al mismo por las
organizaciones ciudadanas, apunta deficiencias básicas en el propio proceso de
participación.
En primer lugar, la cuestión esencial es evaluar si los vecinos
entendieron la trascendencia de lo que planteaba el Avance. En términos
generales, el documento de Avance —por su propia naturaleza— plantea grandes
líneas y no se concretan las actuaciones, por lo que los ciudadanos no toman
conciencia del alcance real de aquéllas, ni de la medida en que afecta a sus
propiedades y su entorno. Analizando las propuestas formuladas en el Avance
para tres barrios donde se produjo posteriormente un rechazo a aquellas se
observa lo siguiente: En Valleseco, el Avance proponía un puerto deportivo de
carácter recreativo, un puerto docente para el Centro Superior de Náutica, y
además como dotación recreativa señalaba la playa de Valleseco asociada al
Puerto. Los planos mostraban los dos diques que requerían tales
infraestructuras. Posteriormente, el documento de 2004 determina que esa área
contendrá un hotel, actividades de restauración y oficinas. En El Toscal se
planteaba ya la peatonalización de varias calles, la reestructuración
tipológica, así como el saneamiento de infravivienda y la creación de plazas y
espacios libres a pequeña escala. En el caso del barrio de Las Cabritas se
planteaba una reestructuración en la que se proponía solucionar “situaciones de
infravivienda y saneamiento general del barrio”. Esto se concretaría en 2004,
en proponer un parque y una plaza que se crearían derribando el núcleo del
barrio.
En los tres casos, las entrevistas realizadas a algunos dirigentes
vecinales de estos tres barrios permiten verificar la hipótesis de que, ni el lenguaje
empleado en los documentos de planeamiento, ni los procedimientos utilizados
para su difusión pública, hicieron comprensible el alcance real de lo que
proponía el Avance del Plan General.
En segundo lugar, un grupo escaso de asociaciones vecinales presentaron
escritos. De un total de ciento veintidós asociaciones y federaciones
vecinales, solamente 15 de ellas presentaron sugerencias. De su análisis se
desprende que los colectivos vecinales no abordaron los aspectos realmente
problemáticos de las posibles intervenciones. En efecto, las demandas de las
Asociaciones de Vecinos se centraron en aspectos muy concretos y de carácter
menor. Pedían mejoras en los accesos y en el viario interno de sus barrios; dotaciones y equipamientos;
y ampliación de suelo
residencial (sobre todo en los asentamientos rurales del Macizo de Anaga). Un
pequeño porcentaje se opuso a propuestas de trazado viario.
Por su parte, entre los colectivos sociales de otra naturaleza (Comisión
de Defensa de la Playa de Valleseco, Plataforma de la Montaña de Taco,
Ataretaco y otros) destacó también la preocupación por los accesos y el viario;
pero aparecen tres temas nuevos de notorio interés: protección al patrimonio,
crítica al Avance y crítica al programa de participación. Al respecto, parece
significativo que las peticiones de las organizaciones sociales que no se
integran bien en el modelo propuesto o con los compromisos adquiridos
previamente, son ignoradas.[19]
El aspecto sustancial de la participación queda expresado en la siguiente
frase de un miembro de la Plataforma de Las Teresitas: “¿En qué consiste la participación pública para el equipo del Plan
General? Pues que nos llaman, nos escuchan, anotan algunas cositas y le dicen
al Ayuntamiento que nos han escuchado, y cobran” (Sánchez García 2004,
229); de modo parecido se expresaron algunos representantes vecinales que
fueron entrevistados.
A modo de conclusión, se puede apuntar que buena parte de las actuales
asociaciones de vecinos mantienen una relación clientelar y de subordinación
política respecto al Ayuntamiento. No es ajeno a esta idea el hecho de que las
directivas de tres de estas asociaciones hayan sido revocadas en los últimos
meses por los vecinos; en la misma dirección apunta la formación de las
diversas Plataformas y Comisiones ‘de defensa’ de distintos barrios, surgidas
en el mismo intervalo. Pero además de este condicionamiento de las
organizaciones vecinales, el carácter genérico del Avance y los mecanismos
empleados para su difusión no permitieron a los vecinos tomar conciencia cabal
del alcance de las propuestas.
Si, como plantea Saravia (2003), “la
participación urbanística es un proceso por el que los ciudadanos comunican sus
intereses y preferencias a las autoridades públicas con la intención de influir
sobre las decisiones que éstas puedan adoptar”, en el caso del Plan
General de Santa Cruz estamos, hasta el momento, ante un proceso malogrado.
Queda por dilucidar si la presión de las organizaciones ciudadanas y el
oportunismo político del gobierno local conducirán a una mejora de las
propuestas iniciales, reflejando así la importancia de la participación
ciudadana en la toma de decisiones colectivas.
Notas
[1]
Esta comunicación se ha elaborado
en el marco del Proyecto de investigación “Protección ambiental y calidad de la
democracia” SEC2002–02760.
2 La UCD fue un partido conformado a
partir de los sectores renovadores del viejo régimen franquista, con algunas
incorporaciones nuevas como en este caso. El entonces alcalde es un empresario
tinerfeño cuya actividad económica principal era la fabricación de materiales
de construcción.
3 El Partido Comunista, el Partido
Socialista Obrero Español y, el mayor de todos, una coalición nacionalista de
izquierdas (Unión del Pueblo Canario).
4 Tras la primera legislatura desapareció
la opción nacionalista de izquierdas de la UPC, así como la que representaba el
Partido Comunista. En las últimas elecciones de 2003 resultaron también
elegidos tres concejales del PNC (Partido Nacionalista Canario), bajo un programa
y una imagen contrahegemónicos; sin embargo, se da la paradoja de que los
principales candidatos electos de ese partido proceden de las filas del Partido
Popular, e incluso alguno de ellos participó en tareas de gobierno durante la
legislatura anterior.
5 La abstención ‘técnica’ en Canarias
venía explicada tradicionalmente por la rotación periódica de un colectivo de
personas peninsulares, funcionarios de la administración periférica del Estado
y otros trabajadores de empresas de ámbito estatal que, tras su regreso a la
Península Ibérica, mantienen su empadronamiento en los municipios de las Islas
para disfrutar de determinada reducción de las tarifas aéreas. A este fenómeno
se suma, en el periodo más reciente, la arribada masiva de nuevos inmigrantes españoles,
que en muchos casos se abstienen de participar en las elecciones locales por su
escaso arraigo y su desconocimiento del escenario político insular.
6 Dos años antes, en enero de 2003, se
habían elegido los Consejos Territoriales como cauce de participación
ciudadana, englobados dentro del Reglamento Orgánico Municipal.
7 La subasta de parcelas municipales
permite recaudar ingresos pero contribuye, por otra parte, al aumento
generalizado de los precios del suelo que luego afecta a la ubicación y
construcción de vivienda social. De igual modo el abono en dinero de las
cesiones obligatorias y gratuitas reduce aún más el patrimonio público de
suelo.
8 Memorias 2000 y 2001 de la Sociedad de Desarrollo;
y entrevista, en 2003, con el concejal responsable, Sr. Emilio Atienzar.
9 Indicios en esa dirección
son, entre otros, la política de concesión de buena parte de los aparcamientos
públicos a un solo empresario, o determinadas concesiones de explotación de
infraestructuras hoteleras.
10
11
Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Partido
Nacionalista Canario.
12 El Plan General recoge la determinación
en este sentido del Plan Insular de Ordenación del Territorio, aprobado
anteriormente.
13 En noviembre de 2004, una
manifestación ciudadana contra el puerto de Granadilla congregó a unas cien mil
personas. Los movimientos que se oponen al proyecto señalan las siguientes
razones: su gran impacto ecológico, sin medidas compensatorias viables, y el
incumplimiento de la normativa ambiental europea; la ausencia de razones
económicas que fundamenten la pretendida captación de nuevos tráficos de
mercancías; la posibilidad de mejora y ampliación, hasta el triple de su
capacidad actual, del puerto existente en Santa Cruz de Tenerife; y la
necesidad de otras infraestructuras más urgentes (entre ellas, un hospital
público en el Sur de la Isla). Por su parte, los defensores del nuevo puerto
argumentan la obsolescencia e imposibilidad de ampliación del puerto actual, la
necesidad de captar el tráfico de trasbordo de contenedores y la introducción
del gas natural en Tenerife (Sabaté Bel y García Herrera, 2004).
14 El Plan propone un total de 43 nuevos
aparcamientos en la ciudad, de los que más del 60 por 100 son de titularidad
pública y gestionados de manera privada; la titularidad y explotación privada
se reduce al 29 por ciento de los casos, existiendo tan solo 3 actuaciones de
titularidad y explotación pública. Para El Toscal, se proponen 6 aparcamientos
—tres de ellos de titularidad privada—, con un total de 2.110 plazas, de las
que únicamente la mitad se destinan a residentes.
15 Ubicadas en la Rotonda de La Gallega y
el área de La Monja; en La Gallega Alta; en Añaza; y en el Ensanche de El
Sobradillo.
16 Mientras, el 19 por ciento de las
viviendas del municipio están vacías, según datos del Censo de Población y
Viviendas de 2001.
17 Otras posibilidades, menos ensayadas hasta ahora
en Santa Cruz, pero bien conocidas en numerosos casos internacionales y del
Estado Español, también comienzan a proponerse en el planeamiento insular:
torres en altura en El Toscal junto a las casas terreras o de dos plantas;
posibilidad de ocupación de los patios interiores de manzana que permite, e
incluso incentiva, el denominado Plan Especial de Protección del Casco Histórico de La Laguna —más allá de su
reciente declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—; o toda la
ofensiva de ‘colonización del subsuelo’, como
nuevo espacio generador de plusvalías, que abre la pléyade de aparcamientos
subterráneos promovidos por doquier.
18 Conviene tener en
cuenta que más de dos tercios de los hogares pertenecen al estrato social bajo
y medio–bajo.
19 Basándonos en el concepto de “acumulación por
desposesión” (Harvey 2004), utilizamos aquí el término de desposesión en el
sentido de que las propuestas del plan implican , por un lado, privar a los residentes de una
parte importante de sus medios de subsistencia; y, por otro, la destrucción de
una identidad colectiva, que desean conservar.
20 Caso de la Plataforma en
Defensa de la Playa de Las Teresita y el convenio que ya se había firmado
previamente a la exposición pública del Avance (en enero de 2001).
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