Crear una región: Luchas sociales en Los Altos de Guatemala en la primera parte del siglo XIX

Crear una región: Luchas sociales en Los Altos de Guatemala en la primera parte del siglo XIX (Resumen)

Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrollaron en el altiplano occidental guatemalteco dos “modelos” distintos de organización política de la región. Uno de ellos, apenas esbozado en los escritos y en las acciones de los k’iche’s de los pueblos del Distrito de Totonicapán, nunca formó parte del estado-nación oficial guatemalteco, sin embargo, tuvo un impacto significativo en la construcción política del país. Durante la rebelión indígena más grande del período colonial en el territorio del actual país de Guatemala, y también durante las luchas que algunos maceguales llevaron a cabo para tomar, a veces violentamente, el poder de las manos de los principales, los k’iche’s totonicapenses dejaron algunos indicios sobre el modelo político que imaginaban. Este modelo fue influido por las políticas liberales implementadas por las Cortes de Cádiz, tales como la eliminación del tributo, la abolición de los impuestos eclesiásticos, y la supresión de los privilegios de casta. Por otro lado, y con fines muy diferentes, en la ciudad de Quetzaltenango surgió otro modelo que unificaba a los criollos y a los ladinos de la región con intención de mantener, y aún aumentar, la dominación de las mayorías indígenas de la zona. Fue esta segunda visión la que, con mínimos cambios, resultó ser uno de los ejes del liberalismo que definió la economía política racista de Guatemala durante la última parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Creating a region: Social struggles in Los Altos of Guatemala in the first part of the nineteenth century (Abstract)

During the first half of the nineteenth century two different “models” for the political organization of the Western Highlands of Guatemala developed. One of them, barely traced out in the writings and the undertakings of the K’iche’s of Totonicapán Province, never formed part of the official nation-state of Guatemala, but nevertheless had a significant impact on the political consruction of the country. During the largest indigenous rebellion to occur during the colonial period in what is now the country of Guatemala, and during the struggles that some maceguales (indigenous “commoners”) undertook, at times violently, to wrest power from the hands of the principales (indigenous “nobles”), the Totonicapense K’iche’s left a few indications about the political model that they imagined. This model had been influenced by the liberal policies implemented by the Cadiz Courts, in particular the elimination of head taxes (tributes), the abolition of church taxes, and the suppression of caste privileges. With very different ends in mind, in the city of Quetzaltenango another model was developed that unified the creoles and Ladinos in the region. It was this second vision that, with few changes, would come to be one of the axes of the liberalism that defined the racist political economy of Guatemala during the final part of the nineteenth century and the first half of the twentieth century.

En 1820 la gente en la región de Los Altos de Guatemala, como el resto de las personas que habitaban en una América Latina que se descolonizaba, vivía una época de intensa incertidumbre y de posibilidades, en cuanto al futuro de lo que posteriormente resultaron ser algunos de los primeros experimentos en la construcción de la nueva escala del estado-nación. En el periodo que abarca entre 1808 y 1825 casi todas las colonias españolas en América se independizaron; pero todavía no estaban definidos los límites territoriales de los estados-naciones (que pues aún se encontraban en fase de construcción), las escalas del poder político, y el grado de independencia regional dentro de estos estados. Estos aspectos claves se definieron mucho más tarde en el siglo XIX, cuando la primera ola del capitalismo global les dio a estos jóvenes estados la capacidad económica que les permitió disciplinar y controlar a sus ciudadanos.

Desde hace cierto tiempo algunos geógrafos han notado que la construcción social de escala y la lucha constante sobre dicha construcción son fenómenos sociales importantes (Smith 1993, Brenner 1997, Cox 1998, Marston 2000). En el ensayo introductorio en un número reciente de Political Geography, dedicado a la perspectiva constructivista relativa a la escala, Delaney y Leitner (1997) describen el federalismo en el recién nacido Estados Unidos de Norteamérica como un ejemplo obvio de cómo algunos actores políticos luchan sobre la definición de escalas para obtener diferentes fines. Por supuesto, Estados Unidos “nació burgués” (Bushnell 1999: 79) y, en este proceso, las elecciones sobre las escalas políticas promovieron la acumulación capitalista y favorecieron la competencia entre los estados federados para atraer inversiones (Judd 1998: 31). La creación política de las escalas en el joven Estados Unidos muestra un adelantado (¿el original?) ejemplo del movimiento desde el capitalismo temprano hacia un “modo estatal de producción” en que el estado crea espacios para simplificar la acumulación capitalista (Brenner 1997). Pero las políticas estatales (cuáles sean sus fines) y las prácticas de los capitalistas no ocurren en un plano isotrópico, y deben interactuar constantemente con actores que viven en lugares específicos, actores que también participan en la construcción social de las escalas – a veces a través de una resistencia que se dirige contra los planes propuestos por los que manejan el poder.

Durante la última parte del siglo XVIII, las autoridades absolutistas españolas, bajo el control de los Borbones reformistas, intentaron acrecentar los ingresos reales a través de incrementos en los impuestos y la reorganización (el reescalar en efecto) del gobierno colonial. [1] La Corona reformista buscaba promover un capitalismo mercantil en América con una supervisión estatal lo suficientemente adecuada para asegurar un ingreso fiscal. Un juego de políticas similares, empujado por los británicos en sus colonias norteamericanas, provocó una guerra anticolonial exitosa y, aunque en las colonias americanas españolas estas mismas políticas promovieron un gran número de rebeliones entre 1760 y 1785 (verbigracia McFarlane 1984; Stern 1987; O’Phelan Godoy 1988; Andrien 1990; Serulnikov 1999; Thomson 2002), no provocaron una lucha abierta por la independencia hasta que el gobierno español cayó como resultado de la invasión napoleónica de 1808.

El reescalar que los Borbones promovieron (y que las élites locales y regionales aceptaron con entusiasmo en sus capitales provinciales recientemente establecidas) fue determinante para la definición territorial de los estados-naciones poscoloniales. Las reformas territoriales hicieron que entre 1787 y 1810 el imperio colonial español se dividía en cuatro grandes virreinatos, que a su vez se dividían en audiencias grandes, y ellas en intendencias. [2] Al momento de la descolonización política, la escala del estado-nación apenas había comenzado a existir, y muy pocos lugares se podían categorizar en aquella escala, Haití y Estados Unidos los principales entre ellos. En esta época los imperios británico y francés que dominaron el mundo en los siglos XIX y XX todavía se expandían y el imperio español, aunque ya en plena crisis, territorialmente era el más grande de los imperios europeos y se extendía desde las Filipinas hasta la península ibérica. El colapso de este imperio tenía que ver tanto con factores externos como internos, pero la creación de la nueva escala del estado-nación – los límites territoriales de los estados, y el grado de centralismo o federalismo – dependía en gran medida de la política local y regional.

En este momento inicial poscolonial la construcción social de la escala involucraba acciones políticas y militares en muchas partes del continente americano, mientras la lucha por la independencia de España volvió a ser una lucha por definir sobre cuáles líneas jurisdiccionales y territoriales se organizarían las excolonias. Durante las guerras de independencia y los años posteriores se discutieron un gran número de posibles configuraciones territoriales que a menudo se pusieron a prueba. Bolívar fracasó rotundamente en su intento de unir a todas las excolonias españolas, pero sí logró establecer brevemente una Gran Colombia que incluyó lo que actualmente es Colombia, Ecuador y Venezuela. Inmediatamente después de la independencia en 1821 lo que había sido el Reino de Guatemala se anexó por breve tiempo al efímero imperio mexicano antes de declararse (ahora sin Chiapas) independiente como las Provincias Unidas de América Central en 1823.

Las luchas por la independencia en América Latina, con la excepción de los levantamientos de Hidalgo y Morelos en México, han sido interpretadas en la mayoría de los casos como un conflicto entre criollos y peninsulares con escaso involucramiento de los actores subalternos, aunque investigaciones recientes indican que la participación de estos sectores en las guerras de independencia fue más significativa de lo que antes se suponía (Guardino 1997; Lasso 2003). [3] En el caso de América Central los actores subalternos se involucraron directamente en las pocas luchas que se llevaron a cabo por la “independencia” y la autonomía y, por lo menos en la región de Los Altos, aprovecharon la rivalidad al interior de la elite para alcanzar sus propios fines (Pinto Soria 1989; Pollack 2005).

Tal vez aún más relevante que la definición del tamaño de los nuevos países en la América española fueron las disputas violentas y profundas que se desencadenaron sobre el nivel de unificación que se daría dentro de las nuevas “naciones”; es decir, si tendrían una tendencia más federalista o más centralista. Pero la construcción social de la escala en la Hispanoamérica poscolonial tuvo que ver no solamente con la definición de las fronteras territoriales y de las formas de organización interregional, sino también con la creación de las identidades nacionales y las formas de organización social que definirían a estas nuevas “comunidades imaginadas” (Anderson 1993). [4]

La división de la Federación Centroamericana, república que sobrevivió en el papel hasta 1847, en cinco países independientes muestra tal vez uno de los resultados más extremos de la disputa entre centralistas y federalistas. En décadas posteriores a la independencia, mientras la vieja capital colonial, la ciudad de Guatemala, intentó retener el control político sobre el resto del istmo, la elite de la región occidental de la actual Guatemala, conocida como “Los Altos”, intentó repetidamente independizarse del Estado de Guatemala y crear un independiente “Estado de los Altos” que por un periodo breve volvió a ser un sexto estado de la Federación de América Central (Ver Figura 1). Los criollos y ladinos de Los Altos unieron sus fuerzas a las de los líderes de otros estados centroamericanos para debilitar las tendencias centralistas de la elite comercial de la ciudad de Guatemala. Aún antes de la independencia, durante los importantísimos años del gobierno de las Cortes de Cádiz (1810-1814), la elite no-indígena de Quetzaltenango solicitó la creación de una nueva intendencia en la región que les habría otorgado una autonomía regional e independencia de los comerciantes de la ciudad de Guatemala. Esta misma elite no-indígena que lideró y apoyó al Estado de los Altos (1838-1840, 1848) tomó más tarde el control de la república independiente de Guatemala durante la revolución de 1871, acontecimiento que cimentó las bases necesarias para la entrada del país a la economía global del tardío siglo XIX como exportador de café. [5] Las categorías socioétnicas bipolares de indígena y ladino que se habían institucionalizado en Los Altos durante los primeros años del siglo XIX se volvieron la norma social nacional después de la revolución de 1871 cuando el poder económico derivado de la exportación del café permitió que la elite “altense” las impusiera a nivel nacional. [6]

Durante 1813, 1821-22, 1824, 1838-1840 y otra vez en 1848 la élite no-indígena de Los Altos, particularmente la parte radicada en la ciudad de Quetzaltenango, mostró un fuerte interés en volverse autónoma de la ciudad de Guatemala. Tal autonomía dependía de la capacidad que esta elite tuviera para mantener el control de la población, en su gran mayoría indígena, a quien deseaba gobernar, e implicaba también la consolidación de una ya existente relación socioétnica de poder.

En contraste con los intentos centrados alrededor de la ciudad de Quetzaltenango, en los últimos años del imperio español y durante los primeros años poscoloniales, algunos de los pueblos k’iche’s de Los Altos revelaron otros proyectos sobre el futuro desarrollo de la organización política local y regional. Los movimientos que surgieron a niveles municipales y regionales buscaban mantener el control municipal indígena y en el caso más famoso – el del levantamiento regional de 1820 – un poder regional k’iche’. La represión del movimiento de 1820 por las milicias no-indígenas, bajo el mando de un español radicado en Quetzaltenango que compartía los intereses políticos y económicos de la clase dominante regional, mostró no sólo la capacidad eventual de la “nación” para disciplinar a sus potenciales ciudadanos, sino también la capacidad de la región para hacer lo mismo. Al fallar el intento de establecer un gobierno regional indígena, los k’iche’s se dedicaron a defender su poder a nivel municipal. Para realizar esta defensa algunos pueblos intentaron anexarse a la federación mexicana, o más bien continuar bajo la administración mexicana después del colapso del imperio mexicano en 1823. Una parte de las propuestas k’iche’s se manifestó en los intentos por parte de los maceguales de tomar el poder que históricamente los principales habían monopolizado dentro de los pueblos. Las alianzas que los maceguales entablaron con los “liberales” de la época y las que los principales establecieron con los elementos conservadores muestran la relación entre los pueblos de Los Altos y los cambios que ocurrían en toda Hispanoamérica.

Los diversos esfuerzos de los criollos y ladinos por un lado y de los k’iche’s por el otro muestran claramente que dos (o más) distintas posibilidades podían haberse desarrollado en Los Altos. A final de cuentas, la visión criolla-ladina ganó el control del estado con el liberalismo cafetalero del tardío siglo XIX, mientras que los pueblos indígenas, en mayor o menor grado, mantuvieron un cierto espacio de poder a nivel municipal, muchas veces notoriamente insertado dentro de la economía del café que dominaba la región. [7]

Antes del levantamiento de Totonicapán en 1820 hubo un antecedente poco conocido, un suceso en 1813 en que las tensiones internas del pueblo de San Miguel Totonicapán se combinaron con una serie de conflictos a escala regional, de audiencia, y de imperio para forjar una insólita alianza entre el alcalde mayor español de la Provincia de Totonicapán y una gran parte de los pobladores k’iche’s de San Miguel Totonicapán. [8] El alcalde mayor en ese momento, un declarado monarquista liberal, mantenía un enfrentamiento constante con su predecesor, Prudencio Cozar, que radicaba desde muchos años atrás en la vecina ciudad de Quetzaltenango, y que representaba ciertos intereses políticos y económicos que paulatinamente se convirtieron en los intereses regionales que resultaron ser los principales sostenes del Estado de Los Altos. [9] El conflicto entre los dos reflejaba una fractura entre la misma burocracia española que debilitaba el orden establecido (e incluso las escalas en que éste operaba) y permitía que los actores subalternos crearan alianzas con personas, como el alcalde mayor, que habían sido sus enemigos históricos. [10]

En el año de 1813 la crisis del imperio español había llegado a proporciones gigantescas: la resistencia constante desde 1810 en muchas de las colonias americanas hizo que la contrainsurgencia fuera un aspecto clave del gobernar, mientras los virreyes y los otros oficiales usaban todas los mecanismos posibles para luchar contra los rebeldes y ganar los “corazones y mentes” de los sujetos coloniales. La invasión napoleónica en España en 1808 desembocó en la creación en 1810 de las Cortes de Cádiz, un parlamento electo que controlaba muy poco territorio en la península ibérica, pero que (por lo menos oficialmente) mantuvo la fidelidad de los oficiales coloniales en América.

Los monarquistas constitucionales liberales dominaban las cortes y, durante su breve estancia en el poder, impusieron una serie de amplias reformas, tales como permitir la representación americana en las cortes y la eliminación del tributo, con el fin de reducir el apoyo que recibían los rebeldes en América. Pero el significado del liberalismo como tal en esta etapa inicial surgió no solamente de las ideas de los pensadores europeos, sino también de las exigencias que impusieron los rebeldes americanos. La decisión por parte de las Cortes de Cádiz de eliminar el tributo se tomó una vez que los movimientos insurgentes en la Nueva España habían hecho lo mismo, y después de que el virrey novohispano lo había abolido con el fin de reducir el apoyo que los rebeldes recibían de los indígenas (Rodríguez 1978: 84-5; Torre Villar 2001 [1992]: 142). A los primeros liberales poscoloniales les costaría encontrar el modo de implementar un sistema fiscal funcional que no incluyera el tributo, y aunque sí impusieron un impuesto similar, se preocuparon por insertarlo en un sistema fiscal más amplio que incluía cobros a casi todos los hombres económicamente activos. Al enlistar a los creadores tempranos del liberalismo se debe, obligadamente, incluir al ejército campesino e indígena que, a través de la amenaza al poder español en la Nueva España, torcieron el brazo de las autoridades españolas para que abolieran el tributo.

Para junio de 1813 la insurgencia armada mexicana ya controlaba Oaxaca, la provincia sureña que colindaba con la Audiencia de Guatemala, y venció a las fuerzas reales guatemaltecas en Chiapas. Más tarde durante el mismo año los oficiales españoles descubrieron la conspiración de Belén que reunía a varios miembros de la clase alta y media alta de la capital de la Audiencia de Guatemala.[11] En este año, el ayuntamiento de Quetzaltenango propuso la creación de una nueva intendencia en la región – o sea una nueva escala de administración política - que debía incluir a las provincias de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y San Antonio Suchitepéquez, las mismas que posteriormente formaron el Estado de Los Altos. Entre las varias causas que promovieron los eventos inauditos de 1813, debe incluirse este intento, puesto que el alcalde mayor de Totonicapán se mostró en contra de la propuesta y del poder quetzalteco en la región. Eran tiempos sumamente inestables y el futuro, aún a corto plazo, se veía completamente nebuloso.

Algunos documentos de los archivos hacen referencia a conflictos territoriales en 1813 que enfrentaban las parcialidades de San Miguel Totonicapán con, en una instancia, los caciques (sui generis) del mismo pueblo y, en otra, con uno de los terratenientes más grandes de la región que era también uno de los hombres más poderosos del cercano Quetzaltenango (Hostnig 1998: 205; Pollack 2005: 125, 130-132). [12] ^,
[13]En los dos casos el alcalde mayor apoyó al “pueblo” totonicapense contra sus poderosos enemigos. En este mismo año el gobierno central en España, sumamente débil y de tendencia liberal, ordenó que cesara la provisión forzosa de raciones y servicios personales a los curas locales por parte de los indígenas. El alcalde mayor, a diferencia del resto de los administradores provinciales en la arquidiócesis guatemalteca, y en coherencia con sus principios liberales, aplicó la orden con fervor, y recibió apoyo en sus esfuerzos de algunos principales de San Miguel Totonicapán. Otros principales, algunos de ellos caciques, se opusieron a acatar la orden, como también lo hicieron el párroco y el arzobispo. La situación, que se volvía cada vez más tensa en el pueblo, empujó al gobernador indígena (uno de los caciques) y al síndico del gobierno municipal ladino y español a que, en forma separada pero coordinada, solicitaran formalmente la remoción del alcalde mayor. [14]

El alcalde mayor dejó provisionalmente su cabecera mientras comenzaba el juicio en su contra, pero regresó pocas semanas después acompañado, o guiado, por “un ejército de indios”, y forzó la huida de su sustituto provisional (el corregidor de Quetzaltenango que actuaba como juez en el caso). El Jefe Político de la Audiencia removió al alcalde mayor en los siguientes días y encarceló a seis líderes k’iche’s que habían solicitado que lo reestableciera en su puesto. Durante toda la disputa legal que continuó en los siguientes años, los indígenas y el alcalde mayor recibieron el apoyo de un oidor de la Audiencia, un hombre conocido por sus posiciones anticlericales y su oposición a las políticas de línea dura impuestas por el Jefe Político (Salazar 1928 [1904]: 185-188; Hawkins 1999: 279).

La alianza entre el alcalde mayor “liberal” y un “ejército de indios” (y tal vez unos pocos no-indios) vislumbraba un interés indígena en algunos preceptos liberales que continuó en la siguiente década. [15] De la misma manera que los actores subalternos de hoy pueden establecer alianzas con las élites que los apoyan, y cuyas ideas pueden haberse originado en otras partes del mundo, los indígenas de Totonicapán hicieron causa común con la política liberal de la eliminación de los impuestos religiosos y seculares. Las ideas liberales o “constitucionalistas” continuaron influyendo a los líderes k’iche’s de San Miguel Totonicapán y de otros pueblos en los siguientes años, aún después de que la restauración del Rey Fernando VII en 1814 terminó con la fase constitucional de la monarquía, y fueron decisivas en el levantamiento de 1820. Al notar el impacto que el pensamiento liberal tuvo en la revuelta, no sostengo que los rebeldes k’iche’s aceptaron el liberalismo (tal y como existía en aquel entonces) como doctrina, sino pretendo señalar que, como actores subalternos, pudieron apropiar y utilizar los aspectos del liberalismo que coincidieron con sus propios objetivos. El “particularismo militante” en Totonicapán, aunque tocado por, y aliado con, las ideas más amplias y “universalistas” del liberalismo, no se volvió “liberal” como resultado: tal y como los movimientos sociales contemporáneos no se vuelven “ambientalistas”, “socialistas” o “feministas” por el hecho de compartir ciertos fines, ni aún ciertas ideas, con estos movimientos más “universalistas”. [16]

Después de regresar al trono español en 1814, Fernando VII ordenó la rescisión de la constitución liberal y de todas las leyes implementadas por las Cortes de Cádiz, entre ellas, la eliminación del tributo. Cuando en 1816, se reimplementó el cobro de los tributos, floreció la resistencia a la medida, especialmente, aunque no solamente, en el Distrito de Totonicapán, una de las regiones de la Audiencia que proveía a la Corona de las cantidades más grandes de tributo. Los actos de resistencia incluían principalmente una falta de cooperación y algunas maniobras burocráticas tendientes a reducir el impuesto, pero en dos de los más grandes pueblos de indios en la Audiencia, Santa María Chiquimula y San Miguel Totonicapán (ubicados en el Distrito de Totonicapán), los k’iche’s rehusaron tajantemente cumplir con el pago del tributo, argumentando (de una manera legalmente irrelevante) que se había abolido en 1812 (figura 2).[17]

Una epidemia de viruela en 1815 y un terremoto el siguiente año hicieron particularmente oneroso el pago del tributo, especialmente porque estos hechos redujeron notablemente las cosechas por varios años, creando condiciones de hambruna o de casi hambruna, en algunas partes de la región, y empujando a muchos tributarios a huir de sus pueblos para buscar trabajo (y también evitar el tributo). Estos hechos explican, por una parte, la resistencia inicial al reestablecimiento del tributo, como también lo explica la consideración probable de los indígenas de que si la corona había ya vacilado enormemente sobre el impuesto, podría bien seguir vacilando. Sin embargo, los k’iche’s en los dos pueblos ya mencionados no argumentaron la penuria ni los censos antiguos, como lo hicieron otros pueblos para justificar su decisión de no pagar – ellos simplemente rechazaron el impuesto, y por extensión la autoridad del alcalde mayor. La resistencia al reestablecimiento del tributo, y no al cobro de impuestos como tal, se mostró en 1816 cuando Atanasio Tzul, entonces alcalde de San Miguel Totonicapán, rechazó recolectar el tributo recientemente reestablecido, pero sí recolectó y entregó los otros impuestos a las autoridades coloniales.

Entre 1816 y 1820 el control español en la región disminuyó de forma consistente, y con él se perdió también la capacidad de cobrar esa contribución. A principios de 1820 los pueblos de Momostenango (con una historia larga de resistencia al tributo), Santa María Chiquimula y San Miguel Totonicapán rehusaron pagar y efectivamente rechazaron la autoridad del alcalde mayor.[18] Durante los primeros meses de 1820 estuvieron en contacto con otros pueblos, a veces convenciéndoles exitosamente de rechazar el pago del tributo. Para marzo o abril de 1820, una cierta facción, encabezada por algunos de los principales que habían apoyado la eliminación de los impuestos eclesiásticos en 1813, mantenía el control político en San Miguel Totonicapán, y en mayo, cuando fue del conocimiento público que la constitución de 1812 se había reestablecido, ésta tomó un rumbo aún más radical. El 9 de julio de 1820, los líderes de la rebelión k’iche’ en San Miguel Totonicapán, y también en el cercano pueblo de San Cristóbal Totonicapán, celebraron públicamente el reestablecimiento de la constitución liberal, acotando las ordenes del presidente de la Audiencia. Durante la ceremonia en que se celebró este reestablecimiento, el pueblo de San Miguel Totonicapán nombró a Atanasio Tzul gobernador del pueblo, sin consulta alguna a las autoridades, permitiéndole asumir formalmente el poder que ejercía de facto. El alcalde mayor, que debió haber promovido y encabezado la celebración según las órdenes enviadas de la ciudad de Guatemala, no participó en ella y en los siguientes días huyó a Quetzaltenango, preocupado por resguardar su vida. [19] ^,
[20]

Después de la ceremonia de celebración de la constitución, los pueblos vecinos de San Cristóbal Totonicapán, San Francisco El Alto, San Andrés Xecul y Momostenango reconocieron a los nuevos líderes en San Miguel Totonicapán como un gobierno regional. [21] Durante los próximos veinte días Tzul y Lucas Aguilar encabezaron un gobierno regional embrionario, integrado por principales y maceguales, que cobraba impuestos, administraba justicia, se defendía de posibles ataques, y se esforzaba en ampliar su poder en los pueblos vecinos. El movimiento se desarrolló contra los oficiales españoles en la región, pero más directamente contra los principales k’iche’s que habían continuado la recolección del tributo, y provocó intensas luchas entre principales y maceguales que se mantuvieron durante las siguientes décadas. La lucha por el poder entre los maceguales y los principales dentro de los pueblos indígenas reveló otro motivo por el cual a los maceguales les agradaba la ideología liberal, porque más allá de la eliminación de los impuestos eclesiásticos y seculares, se eliminaban las distinciones de casta.

El movimiento no cuestionó en ningún momento la autoridad del rey español, y un retrato (restaurado velozmente) de Fernando VII colgaba detrás de Tzul en su despacho oficial. Existen dos interpretaciones posibles sobre esta fidelidad de los k’iche’s rebeldes hacia el rey español. Según una de las versiones los k’iche’s seguían una fórmula usada tradicionalmente durante las rebeliones según la cual la fidelidad al rey no se ponía en tela de juicio, sino solamente la mala aplicación de sus políticas por las autoridades de rango intermedio: “¡Viva el Rey y Muera el Mal Gobierno!”. Otra interpretación, a la que me suscribo, es que los k’iche’s de Totonicapán celebraron el reestablecimiento de la constitución liberal española, y el símbolo de su aplicación, el rey Fernando. Para los k’iche’s, el renacimiento del constitucionalismo implicaba terminar con el tributo y con los impuestos eclesiásticos, además de la abolición del sistema de castas y el establecimiento de una equidad (formal) ante la ley.

A principios de agosto de 1820 más de 1,000 milicianos ladinos y españoles, la gran mayoría oriundos de Quetzaltenango, entraron en San Miguel Totonicapán para aplastar el levantamiento. Su simple presencia disuadió casi todo intento de resistencia militar y provocó la huida de muchos de los k’iche’s tanto de San Miguel Totonicapán como de San Cristóbal Totonicapán que escaparon a las montañas vecinas. Aunque desde hace muchos años las milicias habían tenido la responsabilidad de reprimir los levantamientos indígenas en Los Altos, en los meses anteriores a la incursión militar fue muy claro que los oficiales en la capital no podían actuar sin consultar, y en cierta medida tener la aprobación, del comandante militar regional (el ex -alcalde mayor Cozar arriba mencionado). La autoridad imperial, ya bastante alicaída, no solamente dependía del conocimiento superior de su representante en Quetzaltenango, sino también del poder que él, y la elite regional de la que formaba parte, tenía para levantar a las milicias. De una manera extraña el momento de la represión sirvió para definir no solamente la capacidad “nacional” de la elite criolla para controlar a los actores subalternos, sino también la capacidad “regional” para hacer lo mismo.

Desde los últimos días de agosto de 1821, después de que el General Agustín Iturbide y algunos representantes imperiales finalizaron el tratado que estableció la independencia mexicana, los ayuntamientos de la Audiencia de Guatemala comenzaron individualmente a declarar su independencia; el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y la Diputación Provincial la proclamaron en conjunto el 15 de septiembre. [22] En el siguiente mes muchos ayuntamientos de toda la Audiencia promulgaron su independencia, a menudo de la ciudad de Guatemala además de España, y de esta manera profundizaron la ya complicada lucha sobre la autonomía provincial, que con el tiempo desembocó en la formación de los estados-naciones centroamericanos.

La posible anexión de América Central al imperio mexicano, en su totalidad o como provincias individuales, se volvió el punto álgido de los debates de la época: cómo tenían que relacionarse políticamente las distintas regiones del istmo entre sí. La independencia mexicana surgió como respuesta al reestablecimiento de la constitución de 1812, documento demasiado republicano y liberal para el gusto de los actores dominantes de la sociedad novohispana. La pauta para la independencia mexicana, el Plan de Iguala, proponía una monarquía constitucional, de preferencia bajo el mando del rey español Fernando VII; un estado exclusivamente católico; y la independencia. En la medida que el Plan de Iguala salvaguardaba los intereses de la iglesia y de la élite en la Nueva España, lo hacía también para la de la Audiencia de Guatemala. [23] Durante los primeros meses posteriores a la independencia, Iturbide presionó (a través de amenazas militares poco disimuladas, entre otras medidas) al exReino de Guatemala a que se integrara a México y, aunque la ciudad de Guatemala no aceptaba la idea en un principio, el ayuntamiento de Quetzaltenango, como muchos otros, se adhirieron luego al nuevo imperio. Muchos de ellos actuaron con la esperanza de que los mexicanos pudiesen debilitar el control centralizador que ejercía la ciudad de Guatemala en el istmo.

Los quetzaltecos, con el apoyo de agentes mexicanos, comenzaron de inmediato a “seducir” a los pueblos de Los Altos, ofreciendo a la cabecera de distrito, Huehuetenango, la separación de su distrito de el de Totonicapán, y a los pueblos indígenas la eliminación del tributo, a cambio del reconocimiento de la ciudad de Quetzaltenango como capital provincial y del Imperio Mexicano como soberano (Ver figura 3). Los líderes en Quetzaltenango se enfrentaron a la resistencia dentro de Los Altos, además de la oposición del ahora independiente gobierno de la ciudad de Guatemala, organizado en una Junta Provisional Consultiva que controlaba una porción relativamente pequeña de lo que había sido el Reino de Guatemala. La Junta Provisional Consultiva, después de consultar con los ayuntamientos del istmo, eligió anexarse a México en enero 1822, colocando, de esta manera, la rivalidad entre Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas.

En los años posteriores al levantamiento de 1820 las autoridades españolas, y después republicanas, encontraron diversas dificultades en sus intentos por recolectar el tributo, y durante la competencia entre Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala en 1821-1822, los quetzaltecos utilizaron la promesa de la eliminación del tributo como mecanismo para atraer el apoyo de los pueblos mayas de Los Altos. Sin embargo, el hecho de que la Junta Provisional Consultiva, en su capacidad protonacional, había jurado su fidelidad al Imperio Mexicano en enero de 1822, la ciudad de Quetzaltenango continuó en su actuar como provincia directamente subordinada a los oficiales imperiales, y así provocó una disputa jurisdiccional intensa. El conflicto entre Quetzaltenango y Guatemala se mantuvo durante los siguientes meses, a pesar de que en febrero de 1822 Iturbide firmó un decreto que determinaba que todo el territorio que había formado parte del Reino de Guatemala quedaba bajo la administración de la ciudad de Guatemala (Taracena Arriola 1997: 89).

Aunque las dos capitales formaron parte del mismo Imperio Mexicano (provisionalmente organizado bajo la constitución de 1812, hasta que se adoptara otra), el alcalde mayor de Totonicapán (que se mantuvo fiel a la ciudad de Guatemala) continuó cobrando el tributo mientras los líderes de Quetzaltenango y sus seguidores publicaron que se había abolido el impuesto en México. [24] A principios de febrero de 1822 el cura de Soloma, una parroquia en la parte norte de las montañas cuchumatanes, se entrampó entre estas dos políticas contradictorias. El alcalde español o ladino de Chiantla, probablemente bajo la influencia de los quetzaltecos, había informado a unos hombres chujes y q’anjob’ales de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán en la parroquia de Soloma que el tributo se había suprimido y que no tenían porque cumplir con los pagos anteriores. Estos hombres informaron a muchos otros, entre ellos el maestro de la escuela en Soloma, quien organizó una manifestación en la que la gente del pueblo amenazó con matar al cura si no devolvía el tributo que había recolectado. En marzo las autoridades mexicanas aclararon que el pago del tributo no continuaba, pero que los pagos anteriores pendientes se debían cumplir. Poco después los líderes quetzaltecos perdieron el interés en mantener la relación con el Imperio Mexicano cuando sus intentos por formar una provincia separada no prosperaron. Aún antes de la renuncia de Iturbide en marzo de 1823, todas las provincias que habían integrado la Audiencia de Guatemala, con la excepción de Chiapas, se habían deslindado de México.

Una carta de 1823, escrita por el ayuntamiento quetzalteco durante la retirada que hicieron las fuerzas mexicanas de sus posiciones en Centroamérica, en la que se pedía que las tropas mexicanas no se alejaran de la ciudad, es muy reveladora para comprender la idiosincrasia de la misma elite criolla y ladina en relación a los pueblos que pretendía dominar:

“que el vecindario de esta ciudad estaba siempre amenazado de los estragos de una sublevación por el odio implacable que los Yndios de todo este partido y los de los comarcanos conservan a los ladinos como se ha experimentado tiempos atrás en repetidas ocasiones: que no se conoce otro medio para mantenerlos en quietud, atendido el presente estado de rusticidad y barbarie, que el que tuviesen a la vista un pie de fuerza siempre sobre las armas”. [25]

A menos de seis meses de plasmar estas palabras en el papel, se presentó a la Asamblea Constituyente una iniciativa para permitir la creación del Estado de los Altos, un acto que habría puesto a hombres como los que escribieron esta carta, a cargo de los “indios” que les odiaban “implacablemente”. Sin embargo, la creación del Estado de los Altos se pospuso por más de una década.

En marzo de 1825, mientras casi todos los pueblos de la nueva federación centroamericana juraban la constitución de esta nueva república, llegaban informes de Momostenango, San Francisco El Alto, Nebaj, Chajul, y Cotzal que indicaban que los mayas en aquellos pueblos rechazaban jurar su fidelidad a la nueva nación y que los k’iche’s de San Francisco el Alto y Momostenango mantenían comunicación con las autoridades mexicanas sobre su posible anexión a México. [26] Ya en 1824 los momostecos habían rechazado participar en las elecciones para nombrar a los representantes en la Asamblea Constituyente (Alda Mejías 2000: 178 n. 12, 191-2). En junio de 1825 el Jefe Político Subalterno de Totonicapán ordenó la entrada a San Francisco El Alto de la milicia de San Carlos Sija, un pueblo vecino de campesinos ladinos y criollos. El enfrentamiento entre la milicia y el pueblo de San Francisco El Alto dejó muertos y heridos, y probablemente se endureció por conflictos ya existentes sobre linderos y sobre las diferencias de castas.

Finalmente, los momostecos juraron la constitución centroamericana en 1830, aunque este acto no redujo los conflictos con los gobiernos federales y estatales, y en 1831 se envió nuevamente la milicia para apaciguar a los k’iche’s. La predilección por México, por parte de los k’iche’s de San Francisco y Momostenango, probablemente resultaba de la diferencia entre la política mexicana de la abolición del tributo y el establecimiento centroamericano de un impuesto sobre la renta (relativamente benigno en comparación con los tributos coloniales) desde diciembre de 1823. Los momostecos también rechazaban la ley centroamericana que ordenaba la creación de gobiernos municipales únicos (Alda Mejías 2000: 191-192, 204). Después del intento de 1820 por crear una región gobernada por los k’iche’s, la lucha por el ejercicio del poder indígena volvió a recaer al nivel municipal, donde los momostecos k’iche’s abiertamente desfiaron los intentos de unificar el gobierno municipal en una estructura única que, de hecho, les quitaba su poder. En todo caso, la posición a favor de anexarse a México debe leerse como una apuesta política por parte de los líderes municipales k’iche’s, no muy diferente de la hecha en años anteriores por los líderes quetzaltecos, y no como el resultado de un manipuleo por parte de las autoridades mexicanas.

La lucha de los momostecos para mantener el poder indígena a nivel municipal a través del mantenimiento de las instituciones paralelas del gobierno municipal indígena y el gobierno municipal ladino fue una lucha que defendía el poder local municipal que los indígenas habían mantenido durante casi todo el periodo colonial en todos los pueblos de Los Altos. El sistema colonial español se basaba en la existencia de las llamadas “repúblicas de Indios” que eran efectivamente, los gobiernos municipales indígenas que administraba la gran mayoría de la población en la Audiencia de Guatemala. En los últimos años de la Colonia en casi todas las cabeceras parroquiales del Corregimiento de Quetzaltenango y de la Alcaldía Mayor de Totonicapán se había desarrollado un sistema de gobierno dual. En este sistema la “municipalidad de ladinos y españoles” actuaba como gobierno municipal para los miembros de las castas que le correspondían, mientras que el cabildo indígena seguía velando por los intereses y actuando como mediador entre las autoridades españolas y los indígenas. La implementación de esta reforma, que acompañaba un gran número de otras reformas que buscaban una temprana “modernización” de las zonas rurales, reducía el poder de los líderes indígenas y lo transfería a los líderes ladinos y criollos.

Hay que recordar que en la zona de Los Altos no hubo ninguna ciudad o villa española hasta que Quetzaltenango, que había sido un pueblo de Indios, volvió a ser ciudad en 1806, y hasta entonces los muchos no-indígenas que vivían en varios pueblos de indios y en los “valles” de ladinos, se organizaban política y administrativamente a través de su participación en las milicias. [27] Esta extraña realidad promovió la creación de una identidad no-indígena que unificaba a los españoles y ladinos a través de una organización militar que se dedicaba exclusivamente a la represión de las sublevaciones indígenas en la zona, y de la exención del pago del tributo y de los impuestos eclesiásticos. [28] Al formalizar y profundizar esta división entre los indígenas y los no-indígenas, a través de la creación de las municipalidades de ladinos y españoles, la Corona buscaba aumentar los ingresos fiscales pagados por los ladinos y criollos pobres que se habían, en gran medida, escapado de los impuestos coloniales. Con esta nueva fórmula institucional, las autoridades españolas también reconocían (y fortalecían) las identidades locales que las milicias habían ayudado a crear, y que eventualmente, formaron parte de las actuales identidades “bipolares” de indígena y ladino que todavía hoy siguen siendo las categorías socio-étnicas más importantes en Guatemala.

La preocupación de los momostecos k’iche’s no fue la existencia de la “municipalidad de ladinos y españoles”, puesto que algún tipo de gobierno autónomo municipal de los no-indígenas había existido desde hace tiempo, sino la creación de un gobierno municipal único que de hecho otorgaba más poder a los no-indígenas. En Momostenango los k’iche’s lograron mantener su independencia política de facto hasta la llegada de la segunda ola liberal que comenzó después de 1871 con la construcción de un estado fuerte, capaz de aplastar las acciones militares de los indígenas (Carmack 1995: 139-146).

Maceguales, principales, laboríos y ladinos: Geometrías complicadas del poder en San Cristóbal Totonicapán

La lucha por el poder municipal no se ceñía a las justas entre indígenas y no-indígenas, como se aprecia durante el levantamiento de 1820, sino que incluía una fuerte competencia entre los maceguales y los principales que siguió desarrollándose durante las siguientes décadas. Si la propuesta implícita en el levantamiento de 1820 era de un gobierno regional controlado por los indígenas dentro de un sistema monárquico liberal, la misma incluía también otras facetas tales como el control local de los gobiernos indígenas municipales y la eliminación o, por lo menos, el cambio notable en las relaciones de castas internas en los pueblos k’iche’s. Fue en San Cristóbal Totonicapán que las tensiones se hicieron más visibles y donde se desarrolló con más claridad una propuesta política, notablemente vinculada con los conflictos “nacionales” de la época, que sobrepasaba los límites socioétnicos (o de castas) que fueron tan importantes en otras circunstancias.

El conflicto interno en 1820 en San Cristóbal Totonicapán fue uno de los más cruentos (de acuerdo a lo que los archivos nos permiten inferir) y continuó durante la siguiente década. En 1820 el grupo rebelde, conocido como los maceguales, tuvo como líderes a dos hombres identificados como “laboríos” o “ladinos”, personas que no fácilmente se ubicaban en la categorización de castas entonces vigente, y que aún en todo caso sólo vagamente podrían considerarse indígenas. El gran líder de los principales, Miguel Ixcoy, era un principal y un hombre rico no solamente en su pueblo, sino también en la región de Los Altos. Fue un hombre lo suficientemente conectado al sistema del poder colonial que actuaba (y actuaría, posteriormente) como alcabalero en su pueblo, y de acuerdo con mis investigaciones, fue el único indígena encargado de esta responsabilidad estatal, y uno de los pocos que desempeñó cargos administrativos que no formaban parte del sistema de gobierno municipal. El hombre que parece haber tomado la voz de los maceguales en 1820, Manuel Sosa, era terrateniente como Ixcoy, y además había sido electo primer alcalde de la cofradía (controlada por los no-indígenas) más rica de San Cristóbal Totonicapán en el momento que el levantamiento de 1820 entraba en su fase más conflictiva. Es decir que no fue, de ninguna manera, un conflicto basado en diferencias de casta, pero tampoco puede entenderse como un conflicto de clase.

Este conflicto, que se prolungó durante toda la década de los años veinte, se desarrollaba alrededor del control del gobierno municipal, y aunque surgió principalmente entre los grupos identificados como maceguales y principales, en 1821 fueron los no-indígenas quienes intentaron retener algún tipo de control municipal a través de una solicitud a las autoridades coloniales. En su petición, los ladinos y españoles se opusieron, como los momostecos k’iche’s, a la implementación del gobierno municipal único que la constitución de 1812 [1820] ordenaba crear, ya que en San Cristóbal Totonicapán ellos no lo podían controlar. [29] En los siguientes años los ladinos y españoles desaparecieron del escenario como grupo, pero por lo menos uno de ellos, un hombre que había trabajado allado del alcalde mayor liberal en 1813 y que era tal vez el terrateniente más grande del pueblo, se puso del lado de los maceguales. Es interesante señalar que en 1821, en medio del conflicto entre Quetzaltenango-México y Totonicapán-Ciudad de Guatemala, los principales de San Cristóbal Totonicapán solicitaron que les fuera permitido crear su propio gobierno municipal, tomando el ejemplo de los gobiernos de ladinos y españoles arriba mencionados, y de los caciques en San Miguel Totonicapán. [30] Los principales se quejaron de las políticas de los maceguales, tales como el cobro de impuestos a los principales y su intento de expulsarlos del pueblo si no pagaban. De hecho los maceguales habían ganado las elecciones y lograron invertir las formas tradicionales de la recolecta de tributos en el pueblo, hasta las salidas forzadas de los tributarios que no podían cumplir con sus obligaciones.

Durante los años siguientes, los maceguales y principales enviaron varias solicitudes y cartas a los oficiales poscoloniales, muchas veces acusando a sus enemigos de diversas maldades. En general, los maceguales buscaban apoyarse en los liberales mientras que los principales encontraron su sostén en los grupos vinculados con el conservadurismo, en particular en el centro regional de Quetzaltenango. Esclarecer hasta qué punto las alianzas correspondían a una visión compartida y hasta qué punto resultaron de los azares de la política es difícil, mas sin embargo la continuidad en la relación entre los maceguales y los liberales resulta notable durante el periodo bajo discusión.

En el caso particular de San Cristóbal Totonicapán, la distribución de la tierra entre los indígenas parece haber sido aún más desigual que en los pueblos vecinos de San Francisco El Alto y San Miguel Totonicapán y puede haber sido un factor importante en el desarrollo del enojo y de la organización política de los maceguales (Pollack 2005: tabla 5). Estas desigualdades radicales, en la medida que correspondían a diferencias de casta, seguramente provocaron un resentimiento por parte de los maceguales hacia los principales y sus políticas.

En todo caso el grupo de los “maceguales” en San Cristóbal Totonicapán, que eran los mismos que habían participado en el levantamiento de 1820, incluía un número de personas que no fueron clasificadas como indígenas pero que sí reivindicaban el poder macegual frente a los privilegios de los principales. Al parecer, por lo menos, se trataba de un grupo heterogéneo que buscaba limitar el poder de los principales a través de una alianza que no respetaba las divisiones de casta ni de clase y que se apoyaba en sus relaciones con los liberales que actuaban en la escena nacional.

Los maceguales de San Cristóbal Totonicapán fueron los que viajaron en febrero de 1829 hasta casi la ciudad de Guatemala para avisar al caudillo liberal, Morazán, que los conservadores habían quemado el pueblo vecino de San Andrés Xecul, pocos días antes de huir de la región. La brutalidad del general (posteriormente, autor y diplomático) Antonio José de Irisarri no pudo haber ayudado a la causa conservadora entre los indígenas de Los Altos. La continua relación entre los liberales y los k’iche’s en este momento se evidenció nuevamente cuando las tropas de Morazán solicitaron al gobierno municipal de San Miguel Totonicapán que Lucas Aguilar, uno de los principales líderes del levantamiento de 1820, actuara como Comandante Principal de Indígenas. [31] El rechazo que este gobierno municipal, supuestamente liberal, dio a la solicitud mostró el distanciamiento que existía entre el liberalismo que se manejaba a nivel nacional, capaz de incluir a un líder indígena, y el liberalismo que se desarrollaba en Los Altos, que veía a Aguilar como un agitador indeseable.

Los liberales se mantuvieron en el poder desde 1829 hasta 1837, e implementaron una serie de reformas anticlericales y “modernizadoras”, a veces radicales. Las comunidades indígenas parecen haber respondido ambiguamente a las propuestas liberales hasta que tocaron los asuntos de particular importancia para ellas: la unificación de los gobiernos municipales, los impuestos, la imposición de trabajos forzados, y la posible pérdida de tierras comunales. Cuando el ímpetu de las reformas se reveló cada vez más enfocado en la transferencia de tierras comunales indígenas a manos de individuos no-indígenas, como se dio durante la breve existencia del Estado de Los Altos (1838-1840), las comunidades se rebelaron (Taracena Arriola 1997: 311-315).

El Estado de Los Altos cayó cuando los pueblos de su jurisdicción rechazaron el pago del tributo y los esbirros altenses intentaron utilizar la fuerza para subyugarlos. Los militares altenses demostraron su capacidad de forzar el pago del tributo en el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, cerca de San Miguel Totonicapán, y masacraron a 39 k’iche’s. Eligieron a Santa Catarina Ixtahuacán en vez de San Miguel Totonicapán, donde desde hace meses el gobierno municipal ladino había avisado al gobierno estatal que los k’iche’s habían rechazado el pago del impuesto y que los miembros del gobierno no tenían la capacidad de forzarlo. [32] El conflicto etnosocial dentro del Estado de Los Altos lo hizo inviable y, como los miembros del gobierno municipal de San Miguel Totonicapán notaron, hizo caer al Estado.

“Que la Municipalidad se halla solamente envestida de aquella fuerza moral que le confirió el pueblo, con la cual no puede hacerse obedecer; q. necesita de la fuerza física; y de un procedimiento semejante ¿Cuales son los resultados o consecuencias? Dígalo al incidente reciente en Santa Catarina; lo que debemos evitar, por que no es este el aliciente con que debe un Gobierno, para hacerse amable y respetado de sus súbditos, principalmente en las actuales y críticas circunstancia en que nos vemos…”. [33]

El gobierno municipal se refería tanto a la rebelión interna contra el Estado, como a las amenazas que proferían miembros del gobierno del Estado de Guatemala, amenazas que, aprovechando la violencia excesiva que habían utilizado los altenses en Santa Catarina y el rechazo del pueblo hacia su gobierno estatal, prontamente cumplieron. El Estado de los Altos sucumbió poco tiempo después ante las tropas guatemaltecas y sus aliados indígenas locales.

Las relaciones etnosociales de poder que se desarrollaban al interior del Estado de Los Altos, como las que promovieron el posterior gobierno conservador del caudillo ladino Rafael Carrera, bloquearon los breves intentos hacia una organización política que otorgaba a los indígenas mayor poder regional, o bien una que buscaba sobrepasar las divisiones de casta que la colonia había establecido. Se revirtió a un sistema en que los indígenas mantuvieron un poder dentro de sus pueblos, pero nada afuera de ellos. El poder se manejaba y se negociaba, como bien se maneja todavía, a la escala del estado-nación y de la municipalidad, sin un poder político regional real. Cuando el estado logró desarrollar el poder necesario para imponerse, a través de su inserción en la economía global con la producción del café, el balance del poder quedó en las manos del estado y el poder municipal no pudo resistir más o cuestionar las ordenes que emanaban desde arriba.

La creación de una región, téngase o no una unidad política, por una parte depende de las luchas sociales que se desenlazan dentro y alrededor de ella. Los Altos de Guatemala, una región que sigue viva como tal en los imaginarios de muchos quetzaltecos, nunca logró establecerse como una región política por la resistencia que los habitantes indígenas mostraron en su contra y por el rechazo del estado guatemalteco. Solamente con el desarrollo de la economía cafetalera pudo la clase dominante de Los Altos imponerse no solamente en su región, sino a nivel de la República de Guatemala.

Los intentos para la creación de una región –es decir una nueva escala - políticamente unificada bajo el nombre de Los Altos, fueron rechazados repetidamente por los indígenas y otros actores en la región. Desde 1813, cuando los criollos y ladinos quetzaltecos inicialmente solicitaron la creación de una nueva intendencia con su ciudad como capital, hubo resistencia por parte del alcalde mayor de Totonicapán, en alianza con algunos principales y el pueblo de San Miguel Totonicapán. Siete años después, durante el levantamiento de 1820, los mismos k’iche’s de Totonicapán, en un momento de gran debilidad imperial, se levantaron y propusieron que la escala de gobierno regional fuera a nivel de distrito y bajo el control indígena. En los dos casos las propuestas para la creación de estas nuevas escalas de administración política tenían un componente etnosocial; en un caso, se buscaba la consolidación de un poder criollo-ladino sobre una amplia región predominantemente indígena, y en el otro el (re)establecimiento de un poder indígena a una escala más pequeña. Si la represión del levantamiento de 1820 mostró la capacidad “nacional” para mantener a los súbditos en orden, y la capacidad de la alianza criolla-ladina centrada en Quetzaltenango en el mismo sentido, la resistencia indígena a la existencia del Estado de Los Altos mostró la incapacidad de esta misma alianza para gobernar la región.

No se volvió a proponer la creación de un gobierno regional indígena, pero algunas de las ideas que se vieron durante el levantamiento de 1820 reaparecieron durante la siguiente década, aunque ya a nivel municipal. Los maceguales, y sus líderes (sin importar sus orígenes) en San Cristóbal Totonicapán siguieron luchando contra los principales y mantuvieron las relaciones ya establecidas con los liberales. En Momostenango los k’iche’s intentaron salvaguardar su poder municipal y la abolición del tributo anexándose a la República Mexicana. Sería al nivel municipal, hasta la fecha, que las luchas políticas entre indígenas y no-indígenas se han desarrollado, con la intervención del estado, a veces de forma avasallante y violenta, favoreciendo casi siempre a los segundos.

La región no existe como tal: se crea a través de las luchas sociales que la definen. Igualmente, la escala, como bien se ha discutido, es un resultado de estas mismas luchas sociales. En el caso de Los Altos durante las primeras décadas del siglo XIX, las balanzas de poder no permitieron la creación de una región política a una escala más pequeña que el estado-nación y más grande que el municipio. Ni los indígenas ni la alianza criollo-ladino contaban con la fuerza necesaria para imponer sus modelos regionales, y sólo con la reintegración de Guatemala a la economía global a través de la economía cafetalera pudo la clase regional (y entonces nacional) mantener un aparato estatal capaz de disciplinar a sus ciudadanos.

[33] CCT Libro de Actas 1839 f. 41; 3 diciembre 1839.

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Ficha bibliográfica:

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