Urbanizaciones privadas en el AMBA

Fuente: Centro de Información Metropolitana (FADU/UBA), 2005.

No podemos dejar de mencionar que paralelamente a los procesos de suburbanización insular y tentacular, se desarrolló un proceso por afuera del mercado inmobiliario (Torrres, 1999; Chiozza, 2000; Yudnosky, 2000; Romero, 2000), que consistió en la apropiación ilegal de terrenos fiscales o privados por parte de sectores de población excluidos del mercado laboral formal. Estos enclaves de marginalidad se insertaron preferentemente dentro de la ciudad de Buenos Aires en la zona Sur y en los partidos del Gran Buenos Aires2], principalmente cerca de las áreas industriales, como puede apreciarse en la figura 2, en donde además se muestra la evolución de estos enclaves en los diez años transcurridos entre los dos últimos censos nacionales de población y vivienda.
 

Coincidimos con los autores mencionados precedentemente en que el proceso de suburbanización entre 1940 y 1960 está unido al cambio en la estructura productiva. Suburbanización e industrialización en el primer cordón del Conurbano conformaron un binomio inseparable. La producción manufacturera en este período, que es llamado período de sustitución de importaciones, se acrecentó en un 40% (Torres, 1999:12). Dentro del mismo, la tecnología del transporte jugó un rol fundamental en la extensión de la mancha urbana, brindando a los trabajadores la posibilidad de desplazarse cotidianamente con costos muy bajos.

Es de destacar que tanto en el proceso de suburbanización tentacular como en el de suburbanización insular, el laiissez-faire debido a la falta de controles urbanísticos permitió el crecimiento descontrolado de la periferia y facilitó a los actores privados la especulación inmobiliaria. En ambos casos la suburbanización dejó de lado la preocupación por los espacios públicos, que en el proceso primero aparecieron sólo residualmente y en el segundo caso, se contrajeron a su mínima expresión por efectos de la urbanización cerrada.

El primer proceso de suburbanización fue protagonizado por las clases populares. El acceso a un terreno propio y la vivienda ejecutada por autoconstrucción significó un ascenso social: el pasaje de inquilinos a propietarios.

“Los loteos populares permitieron el asentamiento legal de la población de bajos ingresos, gracias por una parte, a que las regulaciones eran nulas o mínimas y generaban una oferta de tierra de muy baja calidad, sin accesibilidad adecuada y sin infraestructuras ni equipamientos; por otra parte, eso se debió también al contexto económico, que basado en la incorporación al mercado de trabajo de los sectores populares dio lugar en esa época a una cierta redistribución económica.” (Pirez, 1994:21).

Las empresas inmobiliarias subdividieron grandes fracciones rurales en los partidos periféricos y vendieron los lotes con planes de financiación a largo plazo. Sin embargo, no tomaron recaudos para proveerlos de infraestructuras básicas. Por lo tanto, la periferia metropolitana creció sin los mínimos servicios necesarios para asegurar una calidad de vida adecuada.

Durante un período de aproximadamente veinte años, entre 1940 y 1960, se produjo un explosivo incremento de la propiedad individual. Los loteos económicos en las áreas suburbanas y los mecanismos crediticios de los bancos oficiales, permiten entender este proceso. En la ciudad de Buenos Aires, las clases medias podían tener acceso a la vivienda propia a través de la compra de departamentos en edificios de propiedad horizontal y en los suburbios la vivienda individual era su contrapartida.

Asimismo, en este período se afirmó la metropolización de la ciudad de Buenos Aires (Romero, 2000; Torres, 1999; Chiozza, 2000), básicamente durante el gobierno peronista (1945-1955), en un contexto político-económico de nacionalización de los servicios de transporte y comunicaciones, de sustitución de las importaciones y de fuertes flujos de migraciones internas hacia la región. El Estado estuvo estrechamente involucrado, como conductor del proceso económico y participó activamente en la generación de bienes y servicios.

El segundo proceso estuvo (y sigue siendo) protagonizado por las clases de altos ingresos, que también vislumbraron la oportunidad de habitar en la periferia y trabajar en la ciudad primada. En el imaginario de esta clase media alta el habitar en el country o en el barrio cerrado representó de alguna manera la adquisición de prestigio social y la creencia de alejarse de patologías urbanas tales como la violencia callejera, la inseguridad, la polución, etc. (Svampa, 2001:88; Lacarrieu y Thuillier, 2001:83).

El mismo alcanzó su punto culminante en la década de los 90. La implantación del modelo neoliberal, la desaparición del Estado en el control de los procesos de desarrollo urbano y la privatización masiva de las empresas de servicios fueron factores de importancia para atraer inversiones extranjeras que mayoritariamente se volcaron hacia la construcción y las infraestructuras viales. El mercado se convirtió en el conductor del proceso económico y el repliegue del Estado, cedió espacio para que los actores privados asumieran un papel preponderante en la provisión de bienes y servicios.

Pueden detectarse algunos puntos en común en el análisis de ambos procesos. En primer lugar, se destaca que los mecanismos de especulación tuvieron una fuerte presencia. Los loteos económicos extendieron la periferia de una manera irracional, si se piensa en una lógica de provisión de infraestructuras de servicios. Las bajas densidades eran poco rentables para poder asegurar el tendido de las infraestructuras básicas. En aquel tiempo las empresas inmobiliarias se contentaban solamente con subdividir el suelo en lotes de 8,66 metros de frente (las 10 varas que estipulaban las Leyes de Indias) y no aseguraban la provisión de agua, desagües y otros servicios básicos. De hecho, en la actualidad todavía extensas zonas de la periferia carecen de los mismos.

En la suburbanización insular, el negocio inmobiliario consistió en incorporar tierras de baja calidad (zonas de relleno, inundables o fracciones próximas a basurales) vendiéndolas a precios muy superiores a su valor real, mediante una hábil estrategia de marketing. Este proceso deja comprometido el futuro de las ciudades en cuanto a sus posibilidades de crecimiento y a la provisión de servicios públicos.

En ambos casos se destacan los vacíos legales en materia urbanística, que han permitido aceptar numerosas excepciones en los códigos de planeamiento y/o edificación de los municipios. La Ley Provincial de Uso del Suelo y Ordenamiento Espacial fue sancionada recién en 1977, cuando la consolidación suburbana desprovista de infraestructuras de servicios era un hecho consumado. En cuanto a las leyes y reglamentos para controlar la urbanización privada, intentaron solucionar los problemas después de que estos se produjeron. La ausencia de una normativa específica para regular las urbanizaciones cerradas, ha dejado a criterio de cada partido decisiones que deberían ser comunes a todos ellos.

Según Torres las políticas urbanas que explican la expansión metropolitana de la primera etapa, pueden sintetizarse en un conjunto de políticas que implícitamente incidieron sobre lo urbano, tales como los préstamos subsidiados a la vivienda individual, el subsidio al transporte público y la permisividad de las reglamentaciones de uso del suelo urbano. A lo dicho agregamos que las políticas que explicarían el segundo proceso de expansión, estarían relacionadas con la flexibilización y desregulación económica, con la privatización de las principales empresas estatales de provisión de servicios públicos, y con la atracción de inversiones extranjeras directas hacia determinados sectores de la economía.

Resumiendo, a un siglo de construcción del área metropolitana como producto de la acción de actores privados individuales, se opone una década en la cual la construcción de lo urbano pasa a ser la resultante del obrar de un conjunto de actores privados colectivos. Al pequeño capital individual que construyó su vivienda en los suburbios como parte de un proceso continuo de asegurar su reproducción social, se le contrapone una fuerte inversión de capitales (nacionales y/o extranjeros) que colocan al hábitat como mercancía en un mercado global, buscando como fin último la reproducción del capital invertido. Estas dos formas de expansión de la urbanización, se expresan morfológica y funcionalmente en la configuración territorial, organizando dos paisajes superpuestos y con escasa articulación entre ellos uno de tipo areal, donde prevalece un orden local y el otro de tipo reticular que responde a una nueva lógica global
 

El nuevo patrón de expansión metropolitana

Las consecuencias del modelo económico de desregulación y flexibilización laboral, de privatización de sectores estratégicos (comunicaciones, energía, etc.) y de apertura económica, se han vuelto cada vez más notorias dentro del conjunto de la sociedad argentina, ampliándose la brecha entre ricos y pobres de forma explosiva y dejando fuera de la economía formal a grandes segmentos de la población. Esta situación exacerbada de desigualdad socio-económica ha tenido su contrapartida en la configuración del territorio metropolitano. En efecto, la aglomeración metropolitana es una de las regiones del país donde las desigualdades se han vuelto más evidentes.

Por un lado, en la ciudad de Buenos Aires se han comenzado a construir en los últimos años más de doscientos edificios en torre de alta calidad (Reporte Inmobiliario, 2005); y por otro, en el conurbano bonaerense, el déficit habitacional es un problema sin solución. En esta vasta área periférica, donde en algunos partidos la población con necesidades básicas insatisfechas supera el 30%, un nuevo conjunto de actores privados (emprendedores, promotores, consultores inmobiliarios, etc.) ha planteado las bases para un nuevo patrón de asentamiento espacial: la urbanización insular privada.

El movimiento de sectores de mayores recursos económicos hacia los partidos que integran el segundo y tercer cordón metropolitano y su instalación en urbanizaciones cerradas (más de cuatrocientas), ha generado una transformación estructural y funcional impactante.

En el orden económico, las urbanizaciones privadas han sido el resultado de la inversión en bienes raíces de capitales extranjeros unidos a capitales nacionales. La consolidación de estos conjuntos residenciales cerrados se apoya en las posibilidades de comunicación a través de la red de autopistas, que ha reducido notablemente la fricción del espacio. El éxito de su aceptación puede ser rastreado en las potentes campañas de marketing, estructuradas en torno a la optimización de la calidad de vida que propone el “estilo de vida country” y a los beneficios en cuanto a las condiciones de seguridad física de personas y bienes.

En el orden socio-demográfico el éxodo protagonizado por las elites no ha alcanzado cifras relevantes, ya que se estima que alrededor de 130.000 personas (Diario La Nación, 2004) se han instalado, en forma permanente en la periferia de la región. No obstante esta cifra podría duplicarse y aun triplicarse si se considera la capacidad locativa potencial del parque habitacional instalado. Por otra parte, en el desagregado por partidos, se advierte que aquellos en los cuales el crecimiento demográfico es más alto, pertenecen al segundo y tercer cordón de la aglomeración. Asimismo, la migración de clases medias altas ha sido acompañada por otro fenómeno que merecería estudiarse en detalle, que es el asentamiento de población en villas de emergencia en los alrededores de las urbanizaciones privadas.

Topológicamente ambos fenómenos constituyen elementos cerrados discretos y sociológicamente son la muestra de enclaves de segregación, con un escaso grado de comunicación, que surge de la necesidad de provisión de mano de obra, tanto para la construcción de viviendas en los enclaves de lujo, como para las posteriores tareas de mantenimiento y servicios domésticos.

Finalmente en el orden urbanístico, habiendo pasado más de veinte años de la iniciación de este proceso, se advierte que según los datos del Centro de Documentación e Información del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, algunos clubes de campo y barrios cerrados, han adquirido el status de localidades; vale decir, que de ser conjuntos habitacionales de cierto tamaño ubicados en las afueras de las ciudades, se han constituido en unidades funcionales. Una localidad, de acuerdo con el criterio del INDEC, es

"el área comprendida por una envolvente que rodea, en toda su extensión, una mancha urbana continua. En el tiempo que transcurre entre censo y censo esta área puede verse modificada o no. Generalmente tiende a expandirse como consecuencia de la construcción de nuevos barrios o grupos de viviendas en los alrededores" (INDEC, 1999)

El INDEC ha adoptado para la definición el criterio físico entendiendo como localidad a un conjunto de edificios conectados por calles. Este criterio fue incluido en el Censo de 1991. El caso de las urbanizaciones cerradas resulta bastante particular, ya que las mismas no son públicas. Para mostrar la incidencia de las urbanizaciones que ya son consideradas como localidades, hemos elaborado el Cuadro 1. En el mismo se han volcado los partidos que, de acuerdo con la base de datos mencionada precedentemente, han censado como localidades barrios cerrados y clubes de campo.

Del análisis surge que el criterio que ha prevalecido para incluir algunas urbanizaciones privadas, ha sido el grado de consolidación de las mismas, alcanzado a través del tiempo. Puede observarse, que por ejemplo en Pilar, figuran los countries más tradicionales (Tortugas, Highland Park, Martindale, etc.). Hay partidos como Tigre que a pesar de contener uno de los pueblos privados más exitosos en cuanto a barrios que se están construyendo en la actualidad, no aparece dentro de la estadística provincial. Asimismo es notoria la diferencia por zonas, ya que en la zona oeste y en la zona sur, hay registradas muy pocas urbanizaciones.

En la última columna se ha estimado la cantidad potencial de población que podrían albergar estas nuevas localidades. La finalidad de esta operación era verificar cuántas de ellas podrían sobrepasar la cantidad de 2000 habitantes. A tal fin, se consideró la capacidad locativa residencial multiplicando el total de lotes de cada urbanización por una constante igual a cinco (cantidad de integrantes de una posible familia tipo). De dicho cálculo surgió que casi un 63% estaría en condiciones de alcanzar esa cifra. Este punto adquiere importancia ya que según el criterio del INDEC, una localidad puede alcanzar el rango de ciudad al contar con más de dos mil habitantes. En consecuencia, la mayoría de estos enclaves privados podrían en un futuro convertirse en ciudades privadas y reclamar para sí el status legal, jurídico y administrativo correspondiente.

Esta concepción no parecería descabellada si se tiene en cuenta que en otras partes del mundo las urbanizaciones cerradas han realizado un derrotero similar y se han convertido en mini-ciudades. El interesante estudio de Los Ángeles, que realizó Davies en su libro Ciudad de Cuarzo3], parecería el anticipo de un futuro posible para el AMBA. En el mismo narra cómo los enclaves más aristocráticos (Beverly Hills y San Marino) advirtieron que podrían controlar la zonificación y por ende mantener alejados a los sectores de menores ingresos, adquiriendo el status de municipios aunque ello implicara aumentar los impuestos para poder sostener el aparato administrativo necesario y los servicios privados. A esta iniciativa, le siguieron otras, formándose conjuntos de mini-ciudades, todas ellas privadas.

“El papel de los propietarios residenciales en estas luchas separatistas, era marcadamente diferenciado en función del status económico. Los propietarios residenciales eran típicamente los líderes en la creación de municipios locales, en cuanto a los propietarios de nivel medio –en la medida en que eran el grupo contra el cual la municipalización era implementada- eran generalmente los liderados. Los movimientos suburbanos emergentes más famosos fueron los de la campaña de propietarios residenciales de Palos Verdes, para transformar la península en un aglomerado de ciudades residenciales privatizadas rodeadas de muros”. (Davies, 1993:156)

Volviendo nuevamente sobre el Cuadro 1, podemos destacar que el partido de Pilar es donde se verificó la mayor cantidad de estas “nuevas localidades”. De los diecisiete núcleos que se han registrado en la base de datos provincial, nueve estarían en condiciones de superar la cifra de los 2000 habitantes. Pero debemos, además, agregar que entre las localidades registradas no figuran los tres pueblos privados que se empezaron a construir desde 1998. Tampoco aparecen la mayoría de los nuevos barrios y clubes de campo que surgieron desde 1990 en adelante y que en la actualidad superan el centenar de proyectos. No obstante, todos ellos tienen una capacidad locativa potencial que supera ampliamente el horizonte de los dos mil residentes.

Por otra parte, en Pilar ya una de sus localidades tradicionales (Pte. Derqui) ha manifestado colectivamente su intención de formar un municipio separado (Diario La Nación, 2004; Pilar de Todos, 2005). Esta acción afectaría la situación del área nueva de servicios denominada “Kilómetro 50”, que se encuentra próxima a la localidad mencionada. El conflicto ha sido expuesto públicamente y reflejado en los medios locales. En un artículo aparecido en enero de 2006, titulado “Pilar y el movimiento autonomista tironean por el kilómetro 50” se plantea esta situación.

“El titular del movimiento autonomista de la ciudad de Pte. Derqui, aseguró que el kilómetro 50 es el principal motivo por el que la administración central de Pilar se opone a la separación de esa localidad como un partido independiente.

El presidente de la Asociación  para el Reconocimiento de Nuevos Municipios en la provincia de Buenos Aires explicó que la fuente de ingresos fiscales generada por este circuito comercial y residencial es una de las más fuertes de la zona y por esto el municipio de Pilar pretende retenerlo.

De acuerdo con la posición autonomista, los recursos económicos aportados por Pte. Derqui van a parar a la administración central de Pilar, pero no vuelven volcados en obras para la localidad en una medida ecuánime a los aportes realizados.” (Webpilar.com, 12/01/2006).

El proyecto impulsa la separación de Presidente Derqui del partido de Pilar y la creación de un distrito que administre sus propios recursos. En este sentido, considera que los intendentes pilarenses se han opuesto de manera sistemática al mismo; puesto que la independencia implicaría la recaudación de los recursos de “una de las zonas más ricas -y que más impuestos paga o debería pagar- del distrito de Pilar, que por división geográfica pasaría a formar parte del virtual partido de Presidente Derqui.”(WebPilar.com, 2006)

De hecho, en Pilar como en otros partidos de la región se está asistiendo una transformación de la configuración territorial en donde lo privado va ganando espacio sobre lo público, generando un paisaje híbrido, como puede verse en el plano de usos del suelo que sigue a continuación.(figura 3)

A simple vista surgen situaciones de tensión espacial que mediante la reformulación del actual Código de Zonificación se están intentando resolver. En algunas de las urbanizaciones privadas han quedado “encerradas” calles públicas. Otros conjuntos residenciales cerrados, entre los cuales están los clasificados como localidades, se encuentran rodeando el perímetro de las pequeñas ciudades tradicionales, condicionando su futura expansión. Todas las urbanizaciones cerradas cuentan con infraestructuras básicas y servicios gestionados en forma privada, mientras que el partido sólo tiene un 20% de sus calles pavimentadas, y no más de un 30% de su población cuenta con la cobertura de redes de servicios. El resto debe apelar a sistemas individuales de extracción de agua y de desagüe. Por último, todas las urbanizaciones han sido proyectadas en función de densidades que no superan las ocho viviendas por hectárea, por lo tanto, si estos conjuntos se anexaran a la trama urbana tradicional, la provisión de servicios se encarecería notablemente.

Sintetizando, el impacto de las urbanizaciones sobre el territorio ha sido de proporciones. Los estudios ambientales aislados no han sido suficientes como para evaluar la importancia de la transformación operada por los actores privados; y la posibilidad de que las amenazas potenciales y/o reales se conviertan en oportunidades de desarrollo, aún son lejanas. De lo que aparentemente no caben dudas, es de que los actores locales con capacidad de decisión tendrán que negociar para que este proceso encuentre un curso deseable en función de los intereses de toda la comunidad.
 

Articulación global-local: procesos y tendencias

En numerosas publicaciones del sector inmobiliario y en los suplementos especializados de los diarios, se ha podido constatar que el crecimiento de las urbanizaciones cerradas y de las actividades conexas a ellas no se ha detenido. Sólo durante los seis meses que siguieron a la crisis económica y política de diciembre de 2001, el sector de grandes desarrollos inmobiliarios se frenó, pero en la actualidad, los operadores afirman que los costos de las viviendas han superado los valores anteriores a la crisis. Asimismo destacan que la vivienda en las urbanizaciones cerradas está siendo requerida con fines de inversión por parte de los pequeños ahorristas. Según el informe elaborado por Stieglitz Construcciones y la Consultora CDI,

” en octubre de 2005 la construcción de viviendas de alta gama, muchas de ellas en barrios privados, lideró el repunte de la industria inmobiliaria [.....]la demanda se muestra sostenida y sólo la falta de tierra bien ubicada podría frenar el avance de la inversión inmobiliaria. Los indicadores demuestran el buen momento que atraviesa el mercado de la construcción, que en noviembre de 2005 alcanzó el valor máximo de toda la serie histórica iniciada en 1993.” (Diario La Nación, 28 de enero de 2006)

Los actores privados involucrados en este proceso de expansión hacia la periferia lejana se han reagrupado para mejorar capacidades y defender los intereses del sector. Al respecto los desarrolladores nacionales han adquirido franquicias extranjeras y se han asociado con bancos privados para encarar proyectos de envergadura. Por otra parte, institucionalmente se han agrupado de manera corporativa en asociaciones tales como la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU, fundación 2001) y la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC, fundación 1984), entre otras.

Es necesario destacar que estos actores que están construyendo una nueva forma de ciudad , han pasado de la empresa individual (propia de la década del 40 al 70) a la empresa colectiva , organizándose para negociar con los actores institucionales las condicionantes de zonificación, y acordar mecanismos de gestión entre el sector público y el sector privado. Transcribimos parte de una entrevista realizada al actual presidente de la CEDU:

“En la cámara están representados todos los desarrolladores del mercado inmobiliario nacional. Lo que tratamos es que existan reglas claras para el sector, marcando la importancia que tienen los desarrollos en el progreso de los pueblos y ciudades. En ese aspecto los intendentes son nuestros mejores socios ya que son los primeros en percibir la importancia que adquieren los desarrollos en la generación de empleo y la absorción de mano de obra. En principio, los empleados en la construcción de los emprendimientos en todas sus etapas, una oferta laboral que luego continúa con los servicios: jardineros, electricistas, personal doméstico. Hay barrios cerrados en Pilar donde ingresan no menos de 800 personas por día para cumplir con distintas tareas. Sin dudas, los countries en Pilar absorben más empleo que cualquier industria del Parque, ya que la mayoría son empresas altamente tecnificadas que no requieren mucho personal y el poco que requieren es muy especializado. Por otro lado, el Municipio tiene la posibilidad de rezonificar tierra rural por la que recibe muy poco dinero por impuestos sin invertir un solo peso de sus arcas. Este rol antes reservado al Estado, hoy lo está haciendo el sector privado que es el que invierte en nuevos centros urbanos a riesgo de los propios inversores, sin participación del Estado. Esa tierra ya mejorada significa para la Provincia a través de su impuesto de Rentas y para el Municipio a través de sus tasas, un ingreso muy importante que supera en un 200 o 300 por ciento lo que venía percibiendo con anterioridad a la inversión de los desarrolladores. Es decir, comienzan a tener una recaudación impensada, producto de la inversión privada; además de la ya mencionada importancia en la contratación de mano de obra local. Es función de la cámara hacer saber estas cuestiones a veces poco difundidas y que no encuentran correspondencia del Estado provincial que nos responde con la aplicación de altos tributos. Es necesario que las autoridades entiendan que en este aspecto la Provincia, compite con la Capital, como siempre le digo yo al Gobernador. Nosotros hemos logrado traer a Pilar por ejemplo a gente con mucha capacidad adquisitiva que no necesita de asistencialismo. Entonces si se cobra un impuesto desproporcionado, estamos ni más ni menos que amedrentando a los jóvenes residentes del distrito, que sacan cuentas y en muchos casos están pensando seriamente en volver a su departamento en Capital, por no poder afrontar las cargas impositivas que se les impone desdela Provincia. La cámara en síntesis hace a la presencia del sector en el tratamiento de las problemáticas que le interesan y preocupan.” (Entrevista al Presidente de CEDEU aparecida en la publicación electrónica Pilar de Todos, 2005)

En el párrafo anterior se advierte la convicción de los emprendedores de que las urbanizaciones privadas están contribuyendo al desarrollo urbano, económico y social de los municipios, de que es necesario cambiar la zonificación para liberar más tierra para este segmento del mercado inmobiliario y de que como se trata de un negocio rentable también para el municipio, hay que actuar de manera conjunta con los actores públicos. Estamos ante una muy buena síntesis del pensamiento de gran parte de los emprendedores privados, quienes opinan que la tierra para usos rurales (aunque tenga una aptitud agrícola excepcional) no es el negocio del momento y que urbanizar para los sectores de mayores recursos sólo acarrea ventajas. Lo preocupante de esta forma de pensar es que también resulta convincente para los actores del sector público que tienen a su cargo la planificación estratégica de los municipios. Como respuesta a la iniciativa privada, en el caso del municipio de Pilar, a comienzos del 2005, la Secretaría de Planeamiento puso en marcha la reforma del código

“Vamos a reformular y modificar el Código de Zonificación. Nuestro objetivo es que Pilar sea un justo equilibrio entre las zonas urbanas y barrios privados, con un importante desarrollo industrial, con centros educativos de primer nivel, públicos y privados.” (Propuesta de trabajo del Intendente de Pilar, publicada en la página oficial del municipio, 2005)

“La idea tiene como objetivo zonificar como urbanas y residenciales , los sectores que hoy figuran como complementarios, rurales e incluso industriales, los cuales son terrenos que no pueden dividirse en pequeñas parcelas, lo que impide el crecimiento lo que impide el crecimiento de las inversiones [...]el gobierno quiere fomentar la llegada de inversiones especialmente las de índole comercial y residencial. (Entrevista al Secretario de Planeamiento, Publicación digital Pilar de Todos, año 2005).

Tal vez en Pilar más que en ningún otro partido de la región, debido a la fuerte presencia de urbanizaciones privadas y de actividades terciarias que se articulan en redes de servicios mundiales, se observa el contraste entre lo global y lo local, tanto desde un punto de vista arquitectónico como urbanístico. Sólo basta con ver la mixtura y las características edilicias del área central de la ciudad y su ritmo tranquilo propio de las ciudades intermedias del interior de la provincia; y el nuevo centro de actividades organizado alrededor del kilómetro 50 de la autopista Panamericana. En este sitio convergen dos centros comerciales, dos complejos de oficinas, centros de actividades lúdicas, infaltables comercios de comidas rápidas, dos hoteles internacionales, etc. Su acceso es posible desde la autopista, pero entre estos nuevos artefactos arquitectónicos no existe una trama vial que los vincule. La imagen es de nodos de actividad rodeados de áreas parquizadas y su condición no es precisamente la de espacios públicos, responden a una lógica diferente: la lógica de la globalización. ¿Cómo puede articularse este espacio global con el espacio local? El Secretario de Planeamiento del municipio propone lo siguiente:

“Estamos haciendo modificaciones generales, esto es para facilitar la llegada de inversiones a estas zonas , como viviendas multifamiliares comercios, centros comerciales, concesionarias, hoteles y complejos de oficinas [....] Tanto por la Panamericana como por la ruta 8, los automovilistas atravesarán un circuito que combinará shoppings, restaurantes, hoteles de varias estrellas, complejos de cines, paseos infantiles y otros rubros, son las inversiones que el gobierno espera. Ambas vías desembocarán, por medio de una ancha avenida o de renovados accesos en un casco urbano que combine la historia del distrito con un moderno y atractivo shopping a cielo abierto, cumpliendo con uno de los objetivos del gobierno: la unión del Km 50 con el centro de Pilar, a través de un corredor comercial.(Entrevista al Secretario de Planeamiento, 22 de enero de 2005).
 

Conclusiones

Evidentemente las transformaciones que apuntan hacia la “modernización” del partido no están basadas en incentivar las actividades de producción sino las de consumo. Las nuevas inversiones giran alrededor del Km 50 y no del reforzamiento del área central de la ciudad. En cuanto a los espacios públicos parecería que no son una prioridad dentro de la agenda municipal. Por el contrario, se está aludiendo a la construcción de espacios semi-públicos (shoppings, complejos de cines, parques temáticos, etc.), por los que “atravesarán automovilistas” (no peatones).

Después de más de veinte años en que los procesos de urbanización privada irrumpieron en Pilar, y siendo éste uno de los partidos que recibió la mayor parte de las inversiones extranjeras directas dentro del Área Metropolitana, puede verse que no ha habido una sustancial mejora en la calidad de vida urbana. Puede además, constatarse que los tradicionales mecanismos de planeamiento urbano no responden favorablemente frente a este proceso donde los principales protagonistas de la expansión metropolitano provienen del sector privado y se orientan hacia una lógica que prioriza la rentabilidad de los proyectos por sobre cualquier otro factor.

Consideramos, por lo tanto, que no es tiempo de adoptar actitudes alarmistas, de resignación o de pesimismo, sino por el contrario, es preciso buscar nuevas estrategias poniendo el mayor énfasis en un planeamiento de gestión, que permita la llegada de inversiones; pero que, a través de adecuados mecanismos de participación de todos los actores, las mismas puedan canalizarse en obras que beneficien a las comunidades locales.

Notas

 
 

© Copyright Sonia Vidal-Koppman, 2006

© Copyright Scripta Nova, 2006
 

Ficha bibliográfica: 

VIDAL-KOPPMAN, S. La articulación global-local o cuando los actores privados construyen una nueva ciudad. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (39). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-39.htm> [ISSN: 1138-9788]

 

Volver al índice de Scripta Nova número 218

Volver al índice de Scripta Nova

---

Menú principal