Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788.
Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. X, núm. 218 (47), 1 de agosto de 2006
|
LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD. LOS
ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA
BARCELONESA DE AMIGOS DEL PAÍS
PARA ARMONIZAR LOS INTERESES
DEL PROGRESO INDUSTRIAL Y EL
BIENESTAR CIUDADANO (1820-1880)
Jerónimo Bouza
Departamento de Geografía
Humana
Universidad de
Barcelona
La industria en la ciudad.
Los esfuerzos de la Sociedad Económica Barcelonesa de amigos del
País para armonizar los intereses del progreso industrial y el bienestar
ciudadano (1820-1880) (Resumen)
El desarrollo industrial de Barcelona,
que desde finales del siglo XVIII se mostraba ciertamente vigoroso, experimentó
un notable empuje con la introducción de las máquinas de
vapor, a partir de la cuarta década del siglo XIX. Este impulso
industrial no estuvo exento de problemas; aquí analizamos los relativos
a la salubridad, seguridad y bienestar de los vecinos ante la proliferación
de calderas y chimeneas en el interior de la ciudad. Seguiremos este proceso
a través de las opiniones de la Sociedad Económica Barcelonesa
de Amigos del País (SEBAP) y de los debates producidos en su seno.
Palabras clave: Industrialización,
higiene, Barcelona
The industry in the city. The efforts of the Sociedad Económica
Barcelones de Amigos del País to reconcile the progress interests
and the citizens welfare (1820-1880) (Abstract)
The introduction of steam engine implied the enhancement of the
industrial development in Barcelona. The generalization of the industrial
processes was associated with sanity, security and comfort problems for
the citizens, due to big number of boilers and chimneys located in the
city. This article analyzes these processes taking in account the opinions
and debates of the Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del
País.
Key-words: Industrialization,
hygiene, Barcelona
Las ciudades que venían siendo
enclaves importantes de localización de oficios artesanales hubieron
de adaptarse, con la industrialización, a situaciones de cambio
tan rápido como generalizado en todos los órdenes de la vida
ciudadana. Quizás el más significativo de todos ellos, por
cuanto condicionaba tanto el desarrollo urbanístico como todo tipo
de relaciones económicas y sociales, fue el considerable aumento
del número de sus habitantes.
En Europa Occidental,
desde las décadas finales del siglo XVIII, gran parte de las ciudades
industriales experimentaron un crecimiento de población –debido
tanto al aumento de la natalidad y descenso de la mortalidad como a la
inmigración- más rápido de lo que podían absorber,
dando lugar a la creación de barrios obreros marginales y a la intrincada
acumulación de viviendas y fábricas en los centros históricos[1].Este
problema tuvo caracteres especialmente graves en ciudades que, como Barcelona,
estaban fortificadas y no era posible, por motivos de carácter militar,
la edificación fuera de las murallas hasta una distancia de 1250
metros. Fábricas y población se multiplicaban, pues, en el
interior del recinto amurallado.
En España
fue durante el período comprendido entre el Trienio liberal (1821-1823)
y la Regencia de Espartero (1841) cuando cristalizaron los cambios que
venían gestándose desde el último tercio del siglo
XVIII y que marcarían el desarrollo industrial de Barcelona y de
toda Cataluña. Este período fue un tiempo de gran inestabilidad
en el que se sucedían etapas de absolutismo cerril con otras de
esperanza liberal o de guerra civil. Inestabilidad política que
respondía a profundos motivos sociales y económicos.
En Barcelona, por
esos años, se producía el principio del fin de una época
y del comienzo de una nueva etapa. La sociedad estamental del Antiguo Régimen
–con sus procesiones de Corpus y sus fiestas gremiales-, aquella
sociedad estática –por cuanto no podía esperarse movilidad
social, sólo mejora profesional- dejaba paso a un campo abierto
en el que los diferentes sectores tratarían de imponer su modelo
de ciudad y, por ende, de sociedad. Fueron unos años de intenso
debate, de incertidumbres, de tensiones sociales, de una especie de partida
de ajedrez en la que las instituciones representativas tomaban posiciones
para influir en la estrategia de desarrollo urbano. Estrategia que, lejos
de limitarse a una simple evolución urbanística, embebía
todas las actuaciones políticas, sociales, económicas y culturales.El
pasado comercial, artesano y financiero de Barcelona había perdido
gran parte de su vitalidad, aunque la Junta de Comercio bregaba duramente
para mantener el peso de estas tradiciones. Las nuevas instituciones, por
el contrario, imbuidas de espíritu liberal, daban alas a los grandes
proyectos de desarrollo. Tras la muerte de Fernando VII se produjo una
movilización de todas las fuerzas sociales. Barcelona, que entre
1830 y 1850 había atraído a más de 50.000 personas
para trabajar en sus fábricas, que en cien años había
quintuplicado su población sin conseguir forzar el rígido
cinturón de sus murallas, pasó a ocupar el centro del debate.
Barcelona como realidad urbana y como proyecto de ciudad y de sociedad.
Simultáneamente, se discutió sobre las condiciones de vida
actuales, sobre higiene y salubridad, sobre seguridad y sobre qué
tipo de ciudad habría de ser en el futuro[2].
En este escenario
se consolida como institución representativa la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP), que anteriormente había
encontrado serias resistencia a su creación. En el último
tercio del siglo XVIII, cuando a impulsos del gobierno se crearon Sociedades
Económicas por todo el país, no cuajó su establecimiento
en Barcelona por dos motivos esenciales, como ha mostrado E. Lluch[3]:
porque otras instituciones cumplían ya la misión de fomento
de la actividad económica y difusión de innovaciones, que
eran el objetivo de las Sociedades Económicas, y,en segundo lugar,
porque el modelo económico de Campomanes, su principal impulsor,
no respondía a los criterios de los gremios, la Junta de Comercio
y el Ayuntamiento barcelonés. El primer intento de fundación,
en 1822, fue abortado con el retorno del absolutismo por aparecer exclusivamente
ligado a los sectores más liberales. Por fin, en 1834, tras la muerte
de Fernando VII, la Sociedad Económica comenzó una nueva
andadura que, alternando períodos de enorme influencia y fases de
declive y silencio, continúa hoy su intervención en los asuntos
de interés ciudadano.
Ya desde el primer
momento, la intensidad de los debates y la trascendencia de las discusiones
sobrepasaron los límites de la Sociedad. Pero es sobre todo a partir
de 1836 cuando la preocupación por la higiene pública –que,
junto con las cuestiones económicas y la instrucción pública,
constituían los tres pilares básicos de su actuación-
ocuparía una buena parte de la actividad de la Sociedad. Fue entonces
cuando se desarrollaron los debates sobre la ubicación de los cementerios[4],
sobre el ornato y arbolaje[5]para
dar mayor ventilación y desahogo a una ciudad que no había
modificado su estructura desde la Edad Media, o sobre la industria[6]
y el papel que debería representar en el futuro de la ciudad. Puede
decirse que en todos estos debates había un punto de acuerdo en
torno al derribo de las murallas y el ensanche de la ciudad por el Llano
de Barcelona.
Otro rasgo característico
de estas discusiones, en las que el tema fundamental es el fomento de la
actividad económica, es que ponían de manifiesto una persistente
preocupación por las condicionesambientales de Barcelona y sus consecuencias
higiénicas, de seguridad y comodidad de los ciudadanos. Para poder
conocer cuál era el pensamiento de la Sociedad en este campo, vamos
a fijar nuestra atención en tres episodiosde vehemente polémica
interna. El primero, en 1846, parcialmente estudiado en otro lugar[7],
fue la respuesta de la Sociedad a unas preguntas del Ayuntamiento sobre
las consecuencias que pudiera tener para el vecindario la proliferación
de máquinas de vapor y de fábricas de productos químicos;
el segundo se produjo en 1867 durante el debate de la propuesta municipal
de Reglamento sobre establecimientos industriales. Y, finalmente,
en 1877, a propósito de la discusión en el Congreso de los
Diputados de una proposición de ley sobre establecimientos insalubres,
peligrosos e incómodos.
Estas discusiones
nos servirán para conocer no sólo cómo se solucionó
la contraposición de intereses divergentes ante problemas de interés
general en el seno de la Económica, sino también el papel
central –y sorprendentemente ignorado por los historiadores- que esta Sociedad
representó en Barcelona durante buena parte del siglo XIX.
El cuestionario del Ayuntamiento
El primero de los
tres debates que vamos a analizar tuvo lugar cuando Barcelona era aún
una ciudad fortificada. La industria, especialmente la de hilados y tejidos
de algodón, había experimentado un gran desarrollo con la
introducción de máquinas de vapor. En la década de
1840, la proliferación de calderas y chimeneas en el interior del
recinto amurallado provocó preocupación primero y movilización
después en torno a la necesidad del derribo de las murallas. El
Ayuntamiento convocó un concurso para premiar la memoria que mejor
respondiera a la pregunta ¿Qué ventajas reportaría
Barcelona y especialmente su industria, de la demolición de las
murallas que circuyen la ciudad?.
A esta creciente presión
popular debe añadirse el estado de opinión, antiguo y bastante
generalizado, opuesto al establecimiento de fábricas en el interior
del recinto urbano. El higienista Pedro Felipe Monlau, ganador de aquelconcurso,
no era partidario de la permanencia, con o sin murallas, de las fábricas
en el interior de la ciudad; deberían ser trasladadas a zonas rurales
bien comunicadas, dejando para Barcelona las actividades comerciales, financieras
y culturales[8]
Ante todo ello, la primera reglamentación
municipal, de 1835, que, aunque obligaba a pedir permiso para la instalación
de vapores y sometía a las fábricas a inspección,
no establecía restricciones zonales ni límites en la potencia
de las máquinas, resultaba insuficiente. A finales de 1844, el Ayuntamiento
convocó una reunión para examinar la influencia de los vapores
y las fábricas de productos químicos en la degradación
del medio ambiente. A esta reunión fueron invitadas las instituciones
que en alguna medida podían tener relación con aquellos problemas:
Academia de Ciencias, Junta Provincial de Sanidad, Junta de Comercio, Academia
de Medicina, Comisión de Fábricas, Sociedad Económica
de Amigos del País y Asociación de Propietarios. Cada una
de estas asociaciones envió dos delegados, que plantearon sus puntos
de vista a los representantes del Consistorio. Pero la cuestión
era tan compleja y los intereses implicados tan importantes, que se decidió
que cada una de estas sociedades crearía una comisión para
elevar un informe al Ayuntamiento a fin de que éste pudiera decidir.
Para facilitar el estudio de las conclusiones, se decidió formular
dos preguntas a las que habrían de someterse los dictámenes:
“1ª. Si de conceder
permiso para el establecimiento de las máquinas de vapor y Fábricas
de productos químicos puede seguirse perjuicio a la salud pública
a la conveniencia pública o a las propiedades.
2ª.
En caso afirmativo cuáles son las medidas que convendría
adoptar para precaver en lo sucesivo los indicados perjuicios.”
La Económica constituyó
una comisión, formada por Pedro Soler y Périch, Gerónimo
Merelo y Sayró y Ramón Muns y Seriñà, para
elaborar el dictamen[9].
En él se analizaba por separado cada uno de los tres aspectos que
integraban la primera cuestión (salud pública, conveniencia
e interés de los propietarios). Respecto al aspecto sanitario, aún
reconociendo que la instalación de fábricas en el interior
de la ciudad no puede menos de ser desfavorable, y contrario a la salud
pública, se inhibía a favor de otras instituciones más
competentes en esta materia. En cuanto al tercer aspecto – cómo
podría influir sobre los intereses privados y la propiedad- lo desgajaba
en dos partes, una referente al Derecho civil, del que deberían
ocuparse otras corporaciones, y otra sobre los presuntos perjuicios que
podrían sufrir los propietarios al no poder utilizar sus terrenos
para nuevas fábricas, con la consiguiente reducción de su
valor.
En opinión
de la Comisión, ese temor era infundado, son recelos injustos
que estriban en una mera suposición. No descartaba que alguien
pudiera salir perjudicado,
“pues
toda reforma, aun la mejor, la más bien calculada, crea y destruye
intereses, destruye y crea abusos. Pero cuando los intereses que lastima
son menos que los que crea y cuando los abusos que destruye son más
insoportables que los que nacen después de la reforma, nadie duda
que la reforma debe realizarse.”
En este caso, saldría perjudicada
la especulación inmobiliaria y los precios de los alquileres, que
en
muchos puntos de la ciudad son excesivos.
En la sesión
del 10 de febrero se produjo un intenso debate en el que participaron,
además de los ponentes de la Comisión, el fabricante Valentín
Esparó, José Roura, Agustí Ortells y José Antonio
Tresserra. Para los dos primeros, los vapores no producían ningún
problema en el interior de la ciudad, aunque otra cosa eran las fábricas
de productos químicos, que deberían situarse fuera de las
murallas. Ortells proponía que se obligase a las fábricas
a consumir carbón de Cock, menos contaminante. Tresserras defendió
acaloradamente que las fábricas fueran alejadas de la ciudad, como
en Inglaterra, añadiendo a los motivos de higiene otros de tipo
social, al evitar las concentraciones de obreros que pudieran ayudar a
la articulación de movimientos revolucionarios.
Este punto de vista tenía
bastantes adeptos y así se vio reflejado en el dictamen. El mayor
peligro que podía seguirse de la proliferación de fábricas
en el interior de la ciudad radicaba en que se produjera una excesiva concentración
industrial, lo que tendría graves repercusiones en tres aspectos
diferentes. En primer lugar, que la instalación de nuevas industrias
absorbería grandes capitales debido al excesivo precio del suelo
en el interior de la ciudad, de los materiales, de la mano de obra y de
las máquinas de vapor, que serían innecesarias junto a un
salto de agua; los gastos de producción serían, por lo tanto,
mucho mayores.En segundo lugar, y como señalaba Tresserra, la desmoralización
de la clase jornalera, menos evidente en zonas rurales, porque allí
donde las necesidades ficticias son menos, allí su índole
es más dulce y sus exigencias más moderadas. Por el contrario,
en Barcelona, en donde las diversiones públicas,
“los
sitios de solaz y de recreo y el lujo y la ostentación compiten
si no exceden a los de la misma corte; (...) el operario a quien por la
índole de su profesión se le condena a la perpetua renuncia
de estos goces queda colocado en una posición falsa y resbaladiza.”
En tercer lugar, que es más
fácil combatir, arruinar y destruir la industria concentrada en
una sola ciudad que la diseminada en numerosas poblaciones de diversas
provincias.
La Sociedad Económica, pues,
rechazaba por motivos diversos la concentración de industrias en
Barcelona y proponía dos métodos para evitarla. Uno sería
procurar la reforma de la hacienda municipal para convencer a los industriales
de que instalar fábricas en Barcelona tenía muchos inconvenientes,
incluso fiscales. Otro, menos expeditivo, sería organizar una especie
de campaña de concienciación, para llevar adelante estas
reformas con el apoyo de la opinión pública, que sabrá
obrar indudablemente la prensa periódica.
En vista de todo ello, y como respuesta
a la segunda cuestión, la SEBAP proponía que, sin prohibir
terminantemente la erección de nuevas fábricas en Barcelona
–la autorización dependería del tipo de fábrica-,
ello no resultaba conveniente ni para el desarrollo de la industria ni
para la prosperidad de Barcelona. No obstante, sí que juzgaba necesario
un debate público para la modificación de las contribuciones
y la elaboración de una normativa municipal sobre la industria que
conciliase las necesidades del bien público y los intereses de los
industriales.
El proyecto de reglamento
de 1867
Sobre los inconvenientes políticos
y morales que la concentración industrial pudiera tener hubo otro
gran debate en 1850-51 en el que se discutieron intensamente las consecuencias
del aumento de la clase obrera en Barcelona.
El derribo de las murallas constituyó
un alivio y un desahogo para la ciudad. Durante unos años dejó
de plantearse la presencia de las fábricas como un problema urgente,
pero la tendencia a la concentración no disminuyó; permanecieron
en la ciudad las antiguas fábricas, continuó la apertura
de otras nuevas y la instalación de vapores[10],
y aumentó el número de trabajadores que llegaban a Barcelona
atraídos por los altos salarios de la industria. Fue necesario reglamentar
las condiciones de funcionamiento de las ya establecidas y de apertura
para otras nuevas fábricas.
En octubre de 1866, la Económica
fue requerida por el gobernador civil para que dictaminase sobre un proyecto
de reglamento de establecimientos industriales elaborado por el Ayuntamiento.
El 15 de enero siguiente, una comisión formada por los arquitectos
José O. Mestres y Francisco de P. Del Villar y el químico
y farmacéutico Francisco Doménech presentó a discusión
un breve texto en el que consideraba el proyecto bajo dos puntos de vista:
desde el propio objeto de las disposiciones municipales, es decir, las
condiciones a las cuales se ha de sujetar la edificación y establecimiento
de construcciones destinadas a la industria, por una parte, y sobre
el punto concreto de las atribuciones de ingenieros y arquitectos como
segundo punto.
El primer aspecto lo despachaba
rápidamente la comisión en este primer dictamen: el proyecto
municipal es absolutamente incompleto y, por lo tanto, inútil. Requeriría
un trabajo mucho más minucioso y complejo, elaborado por una comisión
de expertos en la que la higiene, la policía urbana, la ley,
la industria y la ciencia del ingeniero tuviesen sus representantes.
Preocupaba mucho a la comisión
el hecho de que el proyecto municipal, en lo que respecta a las competencias
de ingenieros y arquitectos para construir edificios industriales, concediera
indistintamente atribuciones a ambos. Regular esas competencias, dice el
informe, no corresponde al Ayuntamiento, sino al Gobierno, que debería
cuanto antes fijar las atribuciones de los ingenieros industriales respetando
las ya adquiridas por los arquitectos. Concluía el dictamen recomendando
al Ayuntamiento que elaborase un nuevo proyecto completo y al gobernador
civil que trasladara al Gobierno esta necesidad de regulación de
competencias facultativas.
La Asamblea de socios, en sesión
de 8 de febrero de 1867, discutió el dictamen, interviniendo, en
contra del mismo, los socios Pascual y Vergés y a favor, el propio
Villar. Se acordó devolverlo a la comisión ampliando ésta
con los socios Vergés, Carbó, Miró y Echevarría.
El nuevo dictamen fue presentado
a la Sociedad el 25 de febrero, firmado solamente por tres de sus componente:
Doménech y Oriol, que ya habían firmado el primero, y Felipe
Vergés, que era a la sazón presidente de la Sociedad. En
esta ocasión, como en la primera, se rechazaba el proyecto, pero
explicando ahora cuáles eran las insuficiencias, en lugar de calificarlo
sin más precisiones como incompleto e inútil, como se había
hecho en el primer dictamen.
La primera de esas insuficiencias
era la falta de una clasificación de las industrias y de una clara
definición de lo que debe entenderse por establecimiento industrial.
Clasificación y definición que deberían constituir
la base sobre la cual fundamentar las reglas y las condiciones objetivas
requeridas a todo establecimiento industrial. El empresario tiene que conocer
a priori cuáles son las normas que debe seguir para levantar su
fábrica, sin someterla a la aprobación contingente del Ayuntamiento:
no pueden los fabricantes, se dice en el dictamen,depender del capricho,
el favor o el espíritu dominante del Consistorio.
Por otra parte, el proyecto municipal
se ocupaba acertadamente de los aspectos relativos a la higiene, la seguridad
de las personas y la comodidad de los vecinos. Pero debería, además,
reglamentar sobre las zonas en las que se pueden levantar edificios industriales,
sobre sus medidas, aspecto e integración en el contexto urbano,
tal como estaba reglamentado para los edificios comunes.
Del examen del proyecto, la Comisión
infiere una especie de lucha entre dos clases de facultativos, o mejor
entre las atribuciones que puedan corresponder a los arquitectos y a los
ingenieros industriales. La Comisión ni condena la lucha de
los profesionales por tener las máximas atribuciones que permitan
su formación y las leyes, ni defiende los arreglos y transacciones
a que, por evitar conflictos personales, pudiera llegarse entre profesionales.
Tratándose del interés público, debe ser el Gobierno
el que fije sin lugar a dudas las competencias de cada uno.
La conclusión del segundo
dictamen coincidía con la del primero: reclamar mayor reflexión
y participación para elaborar un reglamento más completo,
y pedir al Gobierno que reglamente el deslinde de atribuciones de arquitectos
e ingenieros industriales.[11]
El 8 de marzo se
sometió a discusión el nuevo dictamen, previa lectura de
un oficio de Magín Lladós, socio que había participado
en la elaboración del proyecto de reglamento, y que lamentaba que
hubiera sido tomado como reglamento lo que no eran más que unas
propuestas para mejorar las ordenanzas municipales. Se procedió
a una nueva lectura del dictamen, apoyado por el presidente de la Sociedad,
que lo era también de la comisión, y fue aprobado en su
totalidad y por partes, al mismo tiempo que una enmienda de varios
socios, relativa a que mientras no se apruebara un reglamento definitivo,
siguiera en vigor la propuesta del Ayuntamiento de que pudieran firmar
los planos de los establecimientos industriales indistintamente arquitectos
e ingenieros.
Proposición de ley
de Danvila
El tercer elemento de este estudio
es la discusión del proyecto de ley presentado al Congreso en abril
de 1877 por un grupo de siete diputados encabezados por Manuel Danvila[12]
y entre los que figuraba Pedro Bosch y Labrús, notorio proteccionista
y fundador del Fomento de la Producción Nacional.
En el preámbulo de la proposición
de ley se señala la urgente necesidad de una legislación
para conciliar intereses ciudadanos e industriales. Se dice que en España,
hecha la honrosa excepción de las ordenanzas municipales
de Barcelona de 1856, no hay legislación sobre el asunto, a pesar
de que el Real Decreto de 11 de noviembre de 1863 había previsto
la creación de una comisión encargada de redactar los reglamentos
indispensables para el ejercicio de las industrias que pueden influir de
una manera perniciosa en la salud y seguridad públicas.
Francia es el modelo en el que se
inspira este grupo de diputados, aunque tienen también en consideración
las legislaciones inglesa, alemana, italiana, sueca, austrohúngara,
suiza y belga.
El proyecto de ley comienza delimitando
su ámbito de aplicación[13].
Define a continuaciónlo que debe entenderse por establecimientos
insalubres, peligrosos e incómodos. Se determina la forma de
concesión de la licencia para cada tipo y el procedimiento para
recurrir, en su caso, la denegación. Se establecen mecanismos de
control y penales, y se especifica el carácter no retroactivo de
la ley. En total, la proposición de ley consta de 4 títulos
que abarcan 44 artículos más una exhaustiva clasificación,
tomada de la francesa de 1872, de las fábricas en las tres clases
citadas: insalubres, peligrosas e incómodas.
Discusión en la SEBAP
En la sesión del 11 de mayo
de 1877 se nombró una comisión para el estudio del proyecto
de ley. La formaban tres médicos, los doctores Carlos Ronquillo,
Juan Giné i Partagàs y José Montero, todos ellos con
experiencia en temas de higiene pública; el 30 de mayo evacuaron
su dictamen que no sería leído públicamente hasta
la sesión del 10 de agosto; pero sí fue conocido antes de
esa fecha, ya que, a petición del arquitecto Fossas Pi, se dejó
sobre la mesa en la sesión del 11 de junio. El texto causó
disgusto entre algunos ingenieros, que parece que no eran muy bien tratados
en el informe. Así puede deducirse de una nota de Vila y Lletjós[14],
y de un comentario que Modesto Fossas Pi, que no podía asistir a
la asamblea, remitió (10 de agosto) al presidente para su lectura
en la sesión; en él se ocupaba tanto de la proposición
de ley, que le parecía insuficiente porque contenía varios
artículos vagos, imprecisos e incluso injustos, cuanto del dictamen.
Sobre éste aseguraba que, aunque en general le parecía bien,
encontraba varios reparos graves, como que pidiese eliminar el artículo
que privaba de carácter retroactivo a la ley, y
“que en las comisiones
de cuyo nombramiento se trata se da demasiada intervención a los
facultativos médicos y poca a los ingenieros industriales, olvidando
quizás que si bien hay establecimientos insalubres, los hay también
incómodos y peligrosos.”
No hemos podido hallar el texto
completo de este dictamen, pero ya fuera porque no satisfizo a la asamblea[15],
ya por la razón oficial que ésta consignó en las actas
–no hallarse presente en la sesión ninguno de los miembros de la
comisión-, el caso es que en la asamblea del 30 de noviembre el
dictamen fue devuelto y la comisión ampliada con los socios José
Mª Faquineto, Francisco Vila y Lletjós, Ramón de Manjares
y José Mª de Paz; esta vez sí, con tres ingenieros entre
sus miembros.
El dictamen de la nueva comisión
fue concluido el 9 de enero de 1878 y rubricado por todos los miembros
de la comisión. Se mostraba muy favorable a la admisión a
trámite de la proposición de ley, que creía que debería
servir para iniciar un estudio profundo, a cargo de comisiones expertas,
que concluyeran en una reglamentación más completa que la
proposición.
Rechazaba los artículos referentes
a los derechos adquiridos
y la clasificación de los establecimientos
industriales, que deberían, a su juicio, reducirse a dos grupos:
los que de ninguna manera pueden instalarse en poblaciones y los que, bajo
ciertas condiciones de funcionamiento y control, pueden establecerse en
núcleos urbanos. Pero veamos algo más en detalle los fundamentos
de su razonamiento y las opiniones contrapuestas que se manifestaron, lo
que nos dará interesantes pistas acerca del pensamiento de la SEBAP
y del papel social que desempeñaba o aspiraba a desempeñar.
Eran varios los puntos de la propuesta
de la comisión que provocaron discusión. Vamos a aludir a
algunos de ellos en el orden en que aparecen reflejados en el dictamen
y que, siguiendo el libro de actas y las notas del expediente[16],
sabemos que hubieron de ser incorporados al dictamen definitivo, del que
no ha quedado copia.
El primero de ellos se refiere a
los antecedentes de la proposición de ley; se lamenta la comisión
de que no haya ninguna ley para ordenar los criterios de la actividad industrial
ni siquiera en una capital y provincia eminentemente industriales y
en carencia absoluta por desdoro de nuestra patria de toda clase de legislación
sobre asunto de tanta trascendencia. La Sociedad modificó el
texto señalando la satisfacción por el hecho de que, en ausencia
de una ley superior, tanto Barcelona como algunos pueblos industriales
de su provincia disponían de ordenanzas que, aunque insuficientes,
se enfrentaban a dichos problemas. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona
había instituido una comisión -compuesta por letrados, médicos,
industriales, ingenieros y arquitectos- que en esos momentos trabajaba
en la reforma de las ordenanzas de 1857. Ese papel pionero de Barcelona
se recogía incluso en el preámbulo de la ley.
El orden de prioridades a la hora
de reglamentar la actividad industrial fue también objeto de modificación.
Es un pequeño detalle formal, pero indicativo del pensamiento de
la Económica. La comisión decía que la ley en ciernes
la reclaman la salud y el bienestar de los vecinos, lo exige la vida
de los obreros y el porvenir de sus familias; y tal vez también
convenga al progreso de la industria (...). A partir de una de las
enmiendas de José de Manjares se cambió ese tal vez convenga
por
es
de todo punto necesario a la industria, pues el objeto de ésta
es procurar el bienestar, la comodidad y el lujo de la humanidad,
nunca causarle molestias ni perjudicar su salud.
La clasificación de las industria
fue objeto también de discusión, contraponiendo a la rígida
y exhaustiva división francesa reflejada en la proposición
de ley, la vigente en la villa de Gràcia, sin pretensiones de científica
y mucho más práctica. Se establecían allí tres
categorías: 1ª, las industrias que de ninguna manera pueden
establecerse en interior de la población ni inmediatas a vivienda
alguna; 2ª, las que pueden establecerse bajo garantía de
que las causas de insalubridad, peligro o incomodidad que presentan
han sido salvadas totalmente; 3ª, las que sin ningún inconveniente
pueden establecerse en cualquier parte. Esta clasificación implicaría
dar el control de las autorizaciones e inspecciones a los municipios, cuyas
corporaciones son las que mejor pueden asesorarse, conocer y atajar las
causas de peligro; y, en cualquier caso, la opinión pública
bastaría para hacer corregir los yerros que aquellas cometieran.
El artículo referente al
carácter no retroactivo de la proposición de ley era uno
de los más polémicos. Lo reproducimos íntegro:
“Art. 7.º Esta
ley no tendrá efecto retroactivo. Los establecimientos existentes
continuarán explotándose libremente, salvas las reclamaciones
de perjuicios que procedan.”
Era éste el aspecto de la
proposición que más airadamente criticaba la comisión,
que proponía directamente su eliminación:
Absurdo es este
artículo (...); si la ciencia, el buen sentido y la ley piden
a voz en grito la traslación de ciertos establecimientos (...),
¿a
qué concederles los honores de derechos adquiridos? La Sociedad
se opuso a la eliminación del artículo, proponiendo que los
ayuntamientos abrieran expediente de traslación sólo en caso
de reclamación de los vecinos. La merma en la exigencia, es de suponer
que ante presiones de los industriales, fue muy considerable en este caso.
Otro punto muy discutido, en fin,
fue el de las atribuciones de los facultativos. Según el artículo
40 de la proposición de ley, el nombramiento de peritos recaerá
forzosamente en ingenieros en aquellas localidades en que los hubiera.
La comisión proponía, por el contrario, que en cada ciudad
industrial se formase una comisión,
formada en su mayoría
de médicos, que estudiara los efectos de la industria en
el vecindario y en los obreros oyendo sobre todo a los representantes de
la clase obrera para conocer con exactitud la influencia del trabajo en
la salud y cómo se pueden evitar ciertas lesiones
(...).
Tras la discusión en la asamblea,
en la que se recordó que otro artículo de la proposición
de ley (el art. 22) decía que la autoridad municipal hará
constar el dictamen de las personas peritas que tenga a bien elegir,
la sociedad optó por dar protagonismo a unos y otros. La razón
esgrimida es que los médicos higienistas conocen las causas de insalubridad
de una industria a posteriori, y pueden facilitar los medios y las reglas
para que los operarios se pongan a cubierto de sus efectos.
Los ingenieros conocen a priori dichas
causas y la forma de buscar los medios para hacerlas desaparecer. Las funciones
de estos facultativos son, pues, complementarias.
Tras un nuevo debate en la sesión
del 19 de enero de 1878, el dictamen fue aprobado sin discusión
en la del 15 de marzo, con la incorporación de esas modificaciones.
El papel de la SEBAP en la vida
barcelonesa
De lo que hemos dicho hasta ahora,
más allá de lo que pueda aportar para el conocimiento de
las posiciones de los diversos sectores en conflicto, pueden extraerse
algunas conclusiones de carácter historiográfico que conviene
señalar.
El período de la revolución
industrial en Barcelona ha sido intensamente estudiado desde varios puntos
de vista[17],
pero en contadísimas ocasiones (Ernest Lluch y Jaume Carrera Pujal
son dos notables excepciones) se ha tenido en cuenta ni tan siquiera la
existencia de la SEBAP.
Pues a pesar del silencio de los
historiadores, creemos que la Sociedad Económica tuvo una presencia
importante en la vida civil barcelonesa. Esta creencia tiene dos firmes
puntos de apoyo:la composición sociológica de la institución,
por una parte, y el examen de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, por otra.
Por lo que se refiere al primer
punto, una aproximación al estudio de su estructura social de la
SEBAP muestra la diversidad de procedencias –sociales y profesionales-
y de intereses –materiales e ideológicos- que confluían en
la SEBAP: Comerciantes y eclesiásticos, artesanos y militares, fabricantes
y funcionarios, aristócratas y científicos, ingenieros y
artistas, propietarios y arquitectos, liberales y conservadores. Todos
tenían ilustres representantes en la Económica. Sobre tres
pilares fundamentales descansaba la actividad toda de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País; tres pilares que constituían
una sola base, pues eran absolutamente interdependientes, haciendo inútil
la ausencia de uno de ellos los esfuerzos de los otros dos. Era el primero
el fomento de la actividad económica. La instrucción pública,
la educación en sus diversas ramas y la universalización
del conocimiento entre todas las clases y sectores sociales, eran el segundo
fundamento.
Y en tercer lugar, la higiene pública,
la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Los trabajos realizados, de los
que aquí hemos expuesto una muestra relativa a la higiene pública,
pero que abarcaban muchos otros aspectos de la vida económica, social
y cultural, tenían como objetivo elaborar opiniones de consenso
entre todas las fuerzas sociales representadas. La idea más repetida
en discursos y dictámenes durante todo el siglo XIX era la de armonizar
intereses, la de someter los intereses particulares o de grupo a los
de la ciudadanía. Ninguna otra asociación con objetivos tan
homogéneos tenía una composición tan heterogénea.
Asumió muy pronto la complejidad de la sociedad urbana industrial
y la necesidad de establecer criterios comunes para conseguir un desarrollo
armónico. La SEBAP siempre pensó que la industria y la economía
en general funcionarían mejor cuanto mejor funcionara todo el sistema
urbano, reduciendo al máximo los riesgos; por ejemplo, señalando
la conveniencia de alejar las fábricas del centro urbano para evitar
grandes movilizaciones obreras.
Situándonos en este punto
de vista, deja de ser contradictorio el hecho de que, por ejemplo, en los
dictámenes sobre cuestiones de higiene pública que hemos
analizado, se sometieran los intereses del poderoso grupo de los fabricantes
al bienestar de los ciudadanos; o que, en ocasiones diversas, se reclamasen
al gobierno leyes que prohibieran el trabajo infantil, protegieran los
derechos de los obreros o sancionaran las condiciones insalubres en las
fábricas. Las comisiones encargadas de elaborar los dictámenes
respondían a la pluralidad de la Sociedad, y no eran raros los casos
en que la Asamblea general obligaba a recomponer una comisión añadiendo
nuevos miembros –nuevos puntos de vista- para elaborar un dictamen más
acorde con la opinión general.
Otra muestra, en fin, quizás
no muy relevante pero sí harto significativa e indicativa de la
influencia de la SEBAP en el devenir de la ciudad, era la pugna por controlar
las comisiones de trabajo, o, cuando menos, por participar en ellas, de
los diferentes cuerpos facultativos. En este trabajo hemos expuesto un
pequeño testimonio de ello al comentar las fricciones entre arquitectos
e ingenieros industriales en el dictamen de 1867, y entre los mismos ingenieros
y los médicos en el de 1877.
