OPORTUNIDAD Y ALCANCE  DE LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA PLANIFICACIÓN URBANA EN ESPAÑA

Oportunidad y alcance de la participación juvenil en los procesos de planificación urbana en España (Resumen)

La participación juvenil en los procesos de planificación urbana constituye un campo de trabajo e investigación científica emergente. Existen en la actualidad diversas iniciativas y programas internacionales que pueden ser instrumentos útiles para los profesionales (urbanistas, arquitectos, sociólogos, gestores, etc.) con vistas a la incorporación de la perspectiva juvenil (de sus necesidades específicas, de sus aspiraciones o de sus criterios) en el ámbito del diseño del entorno construido y la ordenación urbana. Pero en este sentido deberíamos conocer cómo los jóvenes perciben la ciudad y qué opinan sobre el crecimiento urbano, la participación, los procesos políticos y democráticos implicados.

Palabras clave: planificación urbana, juventud, opinión pública.

Opportunity and Scope of Youth Participation in Spanish Town Planning (Abstract)

Youth participation in town planning processes constitutes now an emergent area of work and research. Nevertheless, at the present there are different experiences and international programs that can be useful devices for this field’s professionals (architects, sociologists, town planners and managers) in order to add youth perspective (particular needs and wishes, specific judgments) in the design of the built environment. But regarding this subject we should know what youth thinks about the city, the urban sprawl and the political processes involved at this realm.

Key words: youth, town planning, public opinion.

La última legislación aprobada sobre suelo en España (LS/2007) ha planteado, entre otros aspectos a corregir, la urgencia de introducir criterios participativos firmes en los procesos de planificación urbana. Dos graves situaciones vinculadas entre sí parecen hallarse en el origen de esta medida. Una, las consecuencias de un crecimiento urbano extraordinario desde finales de los años 90, donde el interés pecuniario inmediato del sector inmobiliario e hipotecario ha desplazado –sin una oposición institucional clara, pese a la retórica empleada- la dimensión política de la ciudad como forma colectiva de convivencia. Otra, la mengua paulatina del alcance y la eficacia de los instrumentos de control y participación ciudadana diseñados ad hoc en los diferentes ámbitos territoriales con competencia en la materia. Salvo casos excepcionales, la participación ciudadana se ha limitado a proporcionar desde las instituciones una información muy general sobre los proyectos de transformación o expansión del medio construido. Unas veces por exceso –en el caso del conjunto de planimetría y normativa jurídica de difícil compresión para los legos- y otras por defecto –en el caso de una información filtrada y no siempre objetiva- las posibilidades de incorporar la perspectiva y opinión de la ciudadanía en la cosa pública vienen casi cercenadas de origen. La paradoja de la ciudad actual en nuestro país es que como espacio material se ha dilatado sustentado en una desregulación galopante, mientras que como espacio de debate y convivencia ha encogido como resultado de una regulación ineficiente. Como resultado, el crecimiento urbano experimentado, la escala en que se realiza, su dispersión, las morfologías y tipologías edificatorias adoptadas apuntan a una preocupante desarticulación del territorio y de la sociedad: de un lado, la tasa de artificialización del suelo pone en tela de juicio los objetivos de sostenibilidad ambiental; de otro, los umbrales de desvinculación social comprometen la propia esencia cívica y democrática de la ciudad. La individualización, la competencia social y la integración efectiva en las soluciones exclusivas del mercado son hechos que minan la posibilidad de una respuesta colectiva, más bien puntual que constante.

El impulso de la actual ley del suelo vendría pues de la convicción de atajar las derivas del  crecimiento urbano en nuestro país, insistiendo en la necesidad de recuperar la legitimidad social del planeamiento en su doble dimensión de (a) instrumento racionalizador de las políticas territoriales y (b) expresión del interés público (Ezquiaga, 1998). No faltan en esta orientación voces que apelan a un regreso sensato a los planteamientos originales de la urbanística en tanto que servicio a la colectividad, sin que eso dificulte las tareas de formalización compositiva. Junto a estas manifestaciones críticas se anudan otras, de distinta naturaleza, que abogan por una planificación “social” de la ciudad. Se trataría en este caso de introducir criterios derivados de la propia diversidad social, del envejecimiento de la población, de las desigualdades sociales, de las diferencias de género, edad, etc. y criterios ambientales en pos de la evocada sostenibilidad urbana. Desde la perspectiva de la planificación social, la ciudad vendría a ser concebida como un ámbito de responsabilidad compartida capaz de proporcionar a todos los ciudadanos seguridad, habitabilidad, salud, educación y progreso. Una vez asumida esta premisa, el planteamiento “social” de una planificación tendría que superar los modelos abstractos con que se ha venido diseñando la ciudad: la de ése usuario anónimo y universal cuyas necesidades y aspiraciones resultan deducidas de modelos con pretensiones globales -un sujeto racional, móvil e informado que coincide en general con un sujeto varón, adulto y trabajador-.

No convendría rechazar, pues, las posibilidades que brinda la tradición del urbanismo participativo, pues la eventualidad de participar en la planificación de la ciudad y en su gestión ofrecen garantía de ciudadanía para muchos sectores de población habitualmente marginados (minorías étnicas, mujeres, jóvenes, etc.) y, también, una base más firme a la democracia urbana, pues en definitiva ciudad, participación y democracia se antojan términos que se buscan sin cesar y que sólo se encuentran en el “foro” o en el “ágora”. La política como cosa de la polis.

La participación ciudadana en la actual ley del suelo

Esta es en parte la apuesta de la actual Ley del Suelo por la información, la participación, la publicidad y el control de la ciudadanía en materia de planificación urbana. Así, en el art. 3 del Título Preliminar (Ordenación del territorio y ordenación urbanística) se especifica que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística garantizará “el derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas”. En cuanto a los derechos del ciudadano (Título I) se reconoce en el art. 4 el derecho a “acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación territorial, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados en los términos dispuestos por su legislación reguladora”. Más adelante, en el punto (e), más importante,  el derecho a “participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”. Igualmente, el derecho a “ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora” (punto d).

Dado que la participación descansa también en la información, la Ley establece en las bases del régimen del suelo la publicidad como condición sine qua non:

“Art 11. Publicidad y eficacia en la gestión urbanística
2) En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos
a) Delimitación de ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración
3) Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio a su sometimiento a información pública”.

Otras formas no explicitadas de reconocimiento de la participación ciudadana pasan por la asunción de los valores del desarrollo sostenible y la consiguiente obligación de puesta en marcha de los mecanismos previstos en las Agendas 21. (art.15, sobre evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano). Asimismo, en la Disposición adicional novena, la LS/2007 introduce modificaciones respecto al art. 22.2. (Atribuciones a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto) y añade un nuevo art. (70 t^er) por el cual: 

1.“Las Administraciones Públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que los soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.

2. Las Administraciones Públicas con competencia en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración”.

Hemos subrayado por nuestra parte esa atención al género prevista y garantizada por la ley en el proceso de participación ciudadana, aun cuando en este caso venga referida exclusivamente a la información y publicidad de las instituciones competentes. No obstante, en otros artículos de la LS/2007 se observa que el reconocimiento de ese discurso diferencialista se ciñe en exclusiva al género, sin que ni antes ni ahora se haga extensible a otros colectivos con presencia, uso y discurso urbanos, con una morfología estadística y social bien reconocible como sería el de los jóvenes. No es una crítica a lo primero sino la sensación de una oportunidad perdida respecto a lo segundo. Las ventajas de la participación son mayores cuanto mayor y plural es la base; independientemente de la eficacia está el derecho reconocido en declaraciones y disposiciones legales derivadas de acuerdos internacionales, como la Convención de derechos del niño y los jóvenes de la ONU en 1989, y de experiencias acumuladas: Rio 92, Habitat II, etc. . Y es también una oportunidad pérdida para profundizar en la muy deseada educación permanente para la ciudadanía, por la que los valores, derechos y deberes de los ciudadanos en democracia han de ser un ejercicio cotidiano: si los derechos (de culto, pensamiento, de movimiento, etc.) son nominales cuando no tienen un lugar donde ejecutarse o practicarse, con mayor motivo se precisa ese derecho a participar en la definición del espacio público como espacio de derechos. La participación en la ciudad tiene ese componente pedagógico de construcción ciudadana, y tiene también ese valor político de compromiso cívico que no debería pasarse por alto.

Planificación de la ciudad y juventud

¿Qué sucede con los jóvenes? Al modo en que otros discursos de la diferencia (género, etnicidad, infancia y tercera edad) han ido recogiendo alguna atención por parte de los diseñadores y responsables urbanos ¿podemos asegurar que los jóvenes han sido identificados como sujetos susceptibles de una intervención urbanística específica? Es decir, ¿el reconocimiento de que disfrutan en políticas sociales, educativas, de ocio y deporte tiene su correspondencia en el ámbito de las políticas urbanísticas?, ¿en el diseño arquitectónico? ¿Cuál es el significado y el alcance de eso que ha dado en llamarse “ciudad amiga de los jóvenes”? ¿Se reducirá a la cuestión de la vivienda, a los problemas de seguridad, de prevención, a la delincuencia juvenil, a los disturbios protagonizados por jóvenes en barrios desfavorecidos o en zonas de bares o botellón? ¿Bastará con proveer determinados espacios para que den satisfacción a sus impulsos, a sus necesidades de encuentro? Y sobre todo, ¿es esto lo que demandan los jóvenes?

En el planeamiento urbano español no hay menciones de la juventud como receptor de una dedicación especial. En una rápida exploración de los documentos de planificación se observará que los jóvenes apenas son registrados pese a tratarse de uno de los pocos colectivos con una morfología propia, reconocible en lo estadístico y en lo social. Cuando aparece su notación ésta queda vinculada casi exclusivamente a dotaciones deportivas y a algunos equipamientos de “ocio alternativo”, cultural, etc. Esta omisión es en parte debida a que el modelo de planificación se asienta en esa abstracción de un sujeto-tipo para un orden urbano-tipo en un mercado-tipo. Y en su aspecto práctico, la no mención es en parte debida a la complejidad de esos documentos y la generalidad con que son concebidos y en la que se mueven. Y aunque una vez descendemos a los aspectos concretos del proceso de construcción de la ciudad advertimos que siguen ausentes, salvo en lo relativo a ciertas dotaciones, lo cierto es que eso no probaría tampoco que el diseño del medio construido ni las perspectivas de configuración de la ciudad, en su totalidad, no responden a las necesidades o especificaciones de los jóvenes: se supone que una buena ciudad lo es para todos.

Insistimos en que esto no significa que en sus programas el joven sea excluido de la ciudad, ni siquiera de su configuración pues la construcción social del espacio no se realiza exclusivamente a través de una práctica especializada y técnica como puede ser la planificación urbanística, sino a través de medidas sociales, políticas concretas y por medio de la práctica socio-espacial cotidiana que tiene efectos espaciales. Es decir, los procesos sociales, los cambios en los estilos de vida, los valores, las actividades económicas, de ocio, etc. contribuyen a cambiar la geografía de la ciudad, su forma, la localización o aparición de servicios, su crecimiento, etc. No sólo la forma espacial tiene efectos sociales, también los procesos sociales tienen efectos espaciales. En ese sentido, las políticas transversales en materia de empleo, de educación, de ocio, de vivienda, de infraestructuras, de participación, etc. también tendrán efectos en la geografía particular de una ciudad- y buena prueba de ello se encuentra en las experiencias llevadas a cabo en el marco de actuaciones previstas de las Ciudades Educadoras-.

Si la participación ciudadana descansa parcialmente en el hecho del reconocimiento de  que los imaginarios de los diseñadores o planificadores no coinciden siempre con los imaginarios de los ciudadanos, ¿por qué limitar la expresión pública de estos últimos? ¿Por qué no abrirla a los jóvenes? Es evidente que las transformaciones económicas, sociales, ideológicas y tecnológicas del espacio urbano contemporáneo afectan a los jóvenes. Se constata, por ejemplo, que la dispersión urbana perturba el uso y valoración de los transportes públicos de los que ellos son usuarios mayoritarios; la zonificación de grupos y actividades puede conllevar una desapego hacia piezas y sectores de la ciudad, por su invisibilidad, desconocimiento o lejanía; y la tendencia a la producción privada de espacios públicos, a la privatización de los lugares de encuentro en centros comerciales fomenta un empobrecimiento de los protocolos y habilidades de interacción social una vez reducida (a) la gama de situaciones en que transitar y experimentar el intercambio; y (b) el volumen de sujetos (no sólo los pares) con que tratar, dado que fomenta la segregación consumidor/no consumidor. Esta segregación puede afectar además especialmente a los jóvenes inmigrantes por las barreras culturales, económicas y por los prejuicios sociales existentes (Informe del Parlamento de Nueva Gales del Sur, Australia, 2005).

La importancia del medio construido sobre el desarrollo cognitivo, afectivo, cultural y social de los sujetos parece más central en fases las de socialización de niños, adolescentes y jóvenes. Pero en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición, si el urbanismo puede ser visto como un configurador social -de modo que eventualmente la forma de construir el medio posee implicaciones en el modo en que nos construimos, el tipo de sociedad y de relaciones- es crucial que los ciudadanos tengan la posibilidad real de participar en su orientación.

Hay una evidente dificultad para definir por parte de las instituciones competentes en materia de  planificación el modo en que puede y debe discurrir la participación juvenil. Esa sería una explicación, nunca una justificación. La inexperiencia de los técnicos urbanistas en tratar asuntos con colectivos que habitualmente han quedado fuera de su agenda es perfectamente reversible apoyándose en otros profesionales y en experiencias ajenas. El caso de las Ciudades Educadoras en este sentido es ejemplar. Y en última instancia está el viejo recurso del método de ensayo-error.

Es posible también que tras esta inexperiencia se oculte una distancia prudencial a la hora de introducir un actor al que se percibe problemático, difícil, lo que intimida a la administración e inhibe actuaciones concretas. Al niño se le puede mimar bajo una concepción tutelar y proteccionista. En el caso de los adolescentes y los jóvenes el tema es mucho más complicado: más que protegerles en el medio urbano la visión dominante es la de proteger el medio urbano de ese voraz depredador social que es el joven. De ahí esa tendencia a sacarlos fuera de la ciudad: zonas de bares y botellón en recintos alejados… El potencial conflicto por el uso del espacio se resuelve en general en su contra: la invisibilidad, es decir, la segregación.

Ante esta situación, y siendo uno de los retos de la planificación urbana más evidentes (si realmente se desea hacer frente a las exigencias de la sostenibilidad social y ambiental y ser fiel a la concepción de la ciudad como experiencia educadora y ámbito donde el ejercicio de ciudadanía sea una realidad compartida) sería útil atender a las expectativas y opiniones de los jóvenes sobre las políticas de la ciudad, la participación en materia de urbanismo, dentro de lo que es también la percepción del urbanismo por parte de los jóvenes (su capacidad, interés y discurso); y, de otro lado, el valor conferido a los jóvenes por parte de los profesionales involucrados en el proceso de crecimiento y diseño de la ciudad.

Percepción de los jóvenes sobre el proceso de participación

Conveniencia y necesidad

De los grupos y entrevistas realizados en el marco de la investigación para el Injuve,  una primera valoración de los jóvenes respecto a la participación ciudadana y juvenil es positiva. En realidad es vista como el correlato lógico de la definición “ideal” de la planificación urbana que manejan según la cual su finalidad no sería otra que la búsqueda del interés general; y (2) el convencimiento de que la ciudad es un ámbito de coexistencia y corresponsabilidad mutua, en lo social y en lo construido.

En lo relativo a determinados aspectos de la construcción del entorno, artefactos o servicios urbanos (campos de deporte, lugares de ocio alternativo, salas, edificios residenciales, parques, etc.) los jóvenes dan a entender que la participación del destinatario desde las primeras fases facilitaría un ajuste más preciso entre el proyecto ideado, las necesidades del usuario y el resultado final. En este caso, la predisposición de los profesionales (arquitectos, urbanistas) es de apertura y comprensión: conscientes del papel que el entorno construido (la ciudad, las redes de transporte, las viviendas, los edificios públicos, etc.) tiene sobre el individuo su postura queda muy lejos de aquella propensión a fijar en unas cuantas reglas del hábitat los modos en que debía discurrir el habitar, como si éste fuera necesariamente una función del primero. Un intercambio fluido donde el arquitecto asume la configuración de un continente ajustado al contenido preciso, como un reto que cambia incesantemente. Así, respecto a la posible participación de los jóvenes en el diseño de viviendas entienden que más que introducirse en tareas para las cuales quizá no sean competentes la cuestión estriba en saber interpretar y dar forma a sus necesidades, aspiraciones y demandas: puede ser en la vivienda (flexible o ikeizada) o en un espacio de ocio como el descrito en el Movimiento Factory de Extremadura.

El problema con el que topan es la rigidez de la lógica empresarial en la construcción de viviendas seriadas: el modelo tipo 2 dormitorios  que interesa al inversor. De ahí esa cautela establecida con respecto a la intromisión de los usuarios (jóvenes o no) que es más bien una llamada de atención ante la injerencia sistemática de los promotores en la configuración de viviendas y urbanizaciones.  La otra rigidez que pone en riesgo los logros de un diseño participativo o inclusivo es la rigidez de la gestión administrativa. A veces las demandas y necesidades son atendidas por parte de los diseñadores, incluso preceptivas por la Ley de la Edificación, pero inútiles ante la lógica de la contabilidad y de los presupuestos.

Usuarios y ciudadanos

En el planteamiento expuesto sobre la conveniencia de la participación, del diseño inclusivo, aceptado por todos como perfectamente cabal y comprensible, sorprende hasta cierto punto que el término sugerido por jóvenes y profesionales para dar cuenta del sujeto en concurso fuera antes el de usuario que el de ciudadano, lo que viene a ubicar en cierto modo la discusión no en el ámbito de los derechos (y deberes) políticos –en la razón política-  sino en el de las prerrogativas del consumidor -en la razón instrumental (medios para fines)-. En parte, supone la aceptación implícita de una construcción de la ciudadanía en términos de cliente típica del Estado de Bienestar (Morán & Benedicto, 2003); en parte, también puede responder a una situación de hecho según la cual  la prestación y gestión de buena parte de los servicios ciudadanos básicos es privada, y toda comunicación con las empresas encargas de esos desempeños se hacen desde el rol de consumidor: pago por servicio, reclamaciones, etc. Por último, es la prueba de que la extensión del mercado en todos los ámbitos de la vida y la ciudad impone una lógica mercantil oferta-demanda aparentemente válida y aceptada, basada en las actuaciones de consumidores como actores individuales, que nada tiene que ver con la representación de una ciudadanía como actor colectivo reconocible.

No obstante, independientemente de que el universo político sea sobrevolado, no falta la razón habitante, no sólo válida como las otras al reivindicar el ejercicio de unos derechos de participación sino incluso más comprensiva de todas las situaciones individuales y colectivas visto el hecho de la exclusión de determinados grupos, minorías  y edades. El “estar ahí” como razón suficiente: se vive en el lugar y se conocen sus carencias y sus virtudes, cosa que no siempre sucede en el caso de los diseñadores o planificadores que llegan de fuera (los paracaidistas). Pero esta imagen presenta ambigüedades en la medida que el sentimiento de pertenencia se ve afectado por el deseo de un reconocimiento legal. En cualquier caso, la experiencia de la ciudad, el uso de sus espacios, la apropiación afectiva de los lugares, la incorporación de sus elementos en la propia definición del yo (individual y colectivo) planean sobre la tensión entre la construcción del hábitat y el despliegue creativo del habitar cotidiano. Pero esta tensión no se dirime en términos de conflicto de poder (arriba/abajo, dentro/fuera) –la actual posición del joven respecto a las instituciones no es de oposición frontal- sino en términos prácticos.

Expresión y conocimiento de las necesidades y las aspiraciones

Un pragmatismo que apunta al acomodo del diseño a las necesidades requiere un conocimiento  preciso de éstas, de los usuarios y de los usos. Y aquí se abren dos vías no excluyentes: una consiste en la expresión de las necesidades (y aspiraciones) como manifestación de una voluntad de presencia y acción por parte de  los individuos involucrados (jóvenes, ancianos, inmigrantes, ciudadanos, etc.). Esta sería la opción Voz en el modelo de Hirschmann (Morán & Benedicto, 2003), la opción activa frente a la pasiva Salida que se niega a participar en un juego en el que siempre pierde. Sin embargo, en este caso se manifiesta una tercera posibilidad: la respuesta condicionada a un protocolo típico de investigación social. La opción Consulta. Hay ciertamente una demanda explícita en el discurso de los jóvenes de la realización de estudios encaminados a conocer la opinión, necesidades, gustos, deseos, urgencias, etc. de los sujetos.

Desde el punto de vista práctico ambas vías (voz y consulta) son válidas en materia de diseño y planificación inclusivos pues se trata de ensanchar y enriquecer la base informativa sobre la que debe construirse un plan de intervención urbana, un servicio o un edificio. Una lógica de rendimiento (medio/fines) en los recursos disponibles y en las acciones subsiguientes. Pero en sí mismas estas dos sendas implican lecturas diferentes respecto a los sujetos de la acción y de la palabra y respecto al éxito del resultado. En efecto, cuando se plantea la expresión de las necesidades se asocia a la imagen de un emisor activo que toma la palabra y no duda a la hora de reivindicar su rol protagonista: su voz y su reflexión. Expresar las necesidades tiene así un componente social y político: los actores públicos verbalizan en un espacio de exposición, debate y diálogo. No hay posibilidad de una delegación de las responsabilidades; se asume el rol, el discurso y la posición social desde la que se discurre. En cambio, el conocimiento de otros de las necesidades propias mediante los protocolos de actuación de los profesionales supone sino exactamente una renuncia de su rol y capacidad de expresión sí una mediación no exenta de riesgos. Cuando uno toma la palabra se afirma como sujeto; cuando uno responde las preguntas se perfila más como objeto. Uno dice y otro responde, y aunque se extienda lo hace en un compás de espera.

Podemos sospechar que esta delegación de discurso objetivo coincide con esa visión, sino ingenua, sí esperanzada en la objetividad y alcance de la investigación científica, que aseguraría el registro de sus necesidades. Es como dar un paso a tras para saltar más lejos dado que el mediador sería en el fondo su mejor aliado. De ese modo creen se aseguraría la presencia de sus necesidades, lo que viene a traducir la certeza de que, para la administración ni son sujetos de discurso ni objetos de preocupación.

Se habla mucho del distanciamiento de los jóvenes respecto de la política, de las instituciones y de la administración, pero al menos en materia urbana los jóvenes sienten que no es ni más ni menos que la distancia que se mantiene con respecto a ellos, sin que se hayan dado pasos firmes o claros para acortarla.

Otra manera de verlo sería su propia inseguridad: inseguridad en lo relativo a sus competencias y capacidades; e inseguridad de llegar a las instituciones, incapacidad de expresar sus necesidades y perspectivas ante la falta de referencias y antecedentes. En ambos casos, supone una retirada y una delegación, que se justifica en una actitud generalizada de desapego y falta de compromiso del cual los responsables son casi  siempre los Otros. Las iniciativas de participación –condenadas de antemano al fracaso- corresponden a los demás. La gente somos “los-otros”.

Esta inseguridad se percibe también en los modos que entienden podrían ser efectivos (o quizá no) para hacer llegar sus propuestas e iniciativas: una batería de posibilidades que van desde la carta, el asociacionismo, los correos electrónicos, los consejos de juventud, los medios de comunicación… Pero todo es algo confuso, de ahí la solicitud de un órgano con medios e instrumentos formativos. En algunos ocasiones se aprecia la posibilidad de que un modo permanente, abierto y fluido “que enganche”, diferente de las formas clásicas (asociacionismo) u oficiales (elecciones) sea activando el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC).

Programas y políticas de la ciudad joven

La UE ha puesto en marcha distintos programas encaminados a potenciar el uso de las NTIC en los procesos de información y participación ciudadana. De hecho la Sociedad de la Información es uno de las líneas de trabajo privilegiadas de las redes y proyectos URBACT en materia de regeneración urbana participativa: los programas Partecipando, Citiz@move, Regenera y City-Um. Se trataría de fomentar la “ciudadanía cibernética” como “democraci@ directa” que actuaría como complemento de la democracia representativa y que permitiría implicar o captar a los jóvenes  en el futuro de la democracia misma empleando una herramienta de la que ellos son usuarios mayoritarios. En efecto, de acuerdo con la Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares (INE, 2004) en España el mayor uso de ordenadores personales e Internet se concentran en los grupos de 15-24 años y 25-34 años; hay valores medios en los grupos de 35-44 años y 45-54 y decrece claramente a partir de esa edad. En el avance de condiciones de vida (INE, 2007) se muestra como el uso se centra en las edades más jóvenes (84,6% ciudadanos entre 16-24 años y el 68,2% de entre 25-34 años. En general es mayoritario entre universitarios y jóvenes con instrucción superior

No obstante, es difícil creer que los problemas políticos tengan una solución técnica; no hay que dejarse embaucar por la ilusión tecnológica:

(1)El ciberespacio es un medio técnico y acotado para el cual son precisos unos dispositivos específicos y unos rudimentos de manejo para acceder y moverse por él. No todos los grupos sociales ni siquiera todos los jóvenes de la llamada “sociedad de la información” se hallan en una posición óptima e igualitaria al respecto.

(2)La promesa de la e-participación no puede pasar por alto el hecho de que se constituya en un medio intervenido, filtrado y normalizado desde las mismas instituciones.

No obstante lo dicho, es una posibilidad que debe ser valorada: en la red existen muchas iniciativas interesantes sobre modelos y experiencias de participación, donde los jóvenes aprovechan las facilidades de acceso y trabajos para impulsar actuaciones propias y muy competentes de participación y denuncia, cuestionarios y foros como los que protagonizó el Young People’s Group de Birmingham. En ese mismo sentido, un banco de datos accesible –como el de Ciudades Educadoras- puede ser un útil para orientar y valorar buenas prácticas e iniciativas. Además, las posibilidades que brindan las tecnologías de comunicación integradas puede ser un modo de facilitar la comprensión de proyectos muy complejos como los planes de ordenación urbana mediante la disposición de la información en un formato accesible y comprensible para alcanzar una visión global.

Existen otras modalidades no mentadas a lo largo del debate pero que están siendo protagonizadas en muchas ocasiones por jóvenes: los pequeños documentales de denuncia que pueden encontrarse en algunas páginas de la Red, como You-Tube. Consisten en reportajes cortos sobre situaciones urbanas y sociales (estigmatización de sectores urbanos, discriminación de mujeres jóvenes inmigrantes, vida de barrio, etc.)  donde aflora una perspectiva diferente y no siempre acreditada sobre la vida de la ciudad. La División Interministerial de la Ciudad (DIV) francesa junto con la Asociación de la Fundación de Estudiantes de la Ciudad (AFEV) en Francia ha fomentando la realización de este tipo de experiencias de participación e información.

Información ciudadana

Pero esta posibilidad de emplear los medios tecnológicos actuales podría corregir parcialmente las carencias detectadas en la circulación y procesamiento de la información ciudadana de arriba abajo y de abajo arriba. Esta es de hecho una queja habitual a la hora de explicar la escasa o nula participación de los jóvenes en materia de programaciones urbanas: la desorientación y falta de información por parte de las instituciones. Implícitamente se apunta a la falta de formación ciudadana (competencias y habilidades); de ahí la apelación a un órgano donde poder dirigirse y al que poder dirigirse, un interlocutor público, guía, canalizador y depósito. No se trata sólo de tener información, de buscarla, de encontrarla sino que ésta debería adoptar unas formas tales que permitieran su comunicación. 

Posiblemente éste sea uno de los reproches más globales y centrales: jóvenes y profesionales coinciden en la imposibilidad de llevar un proceso participativo adelante, con las garantías precisas, sin información. Y la información no siempre cumple los requisitos de veracidad, objetividad y universalidad: llegar a todos, según sus condiciones y capacidades intelectuales, idiomáticas, etc. con una información cierta y completa. La ley garantiza la difusión (anuncios, folletos, y exposición) pero la forma en que se presenta no siempre es digerible. Más bien sucede lo contrario: es abstracta y muy intelectualizada. Se ha puesto de manifiesto que los sistemas de referencia puestos en práctica en la ordenación urbana no son tan accesibles para todos los ciudadanos, limitando su comprensión, a menudo, a ciertos grupos sociales (grupos de presión, asociaciones profesionales, individuos de educación superior).

La información puede ser escamoteada, filtrada o reconducida; pero muchas veces ni siquiera es necesario: el propio código utilizado es ininteligible, sea mediante una planimetría para la cual no todo el mundo tiene la suficiente preparación ni la imaginación espacial adecuada, sea mediante una acumulación extraordinaria de sofismas jurídicos. Siendo la base sobre la que se asienta cualquier forma participativa el proceso queda viciado y herido de origen. Esto hace volver la vista a la existencia de grupos bien posicionados en el proceso mismo de producción del espacio al que aludíamos arriba.

Por eso los jóvenes sospechan que la información sólo fluye cuando interesa y en el sentido que interesa, lo que refuerza su desapego hacia los procesos de participación canalizados formalmente desde las instituciones: “Es que para lo que les interesa sí que hay información, mucho folletito de información, con papel satinado, un montón de colorines y pi-pi-pí, 50 mil copias”. Se puede buscar, pero eso exige dedicar tiempo y recursos que en principio tienen ya su destino. No es egoísmo, es programación de recursos monetarios y temporales en medio de una existencia compleja que afecta a todos por igual. Toda participación tiene un coste, por eso, los jóvenes, como el resto de ciudadanos deseosos de hacer valer su voz o de llegar al asunto no siempre están disponibles ni necesariamente dispuestos.

Legitimidad, maquiavelismo urbano y conciencia social

Esto es tanto más cierto en la medida que puedan llegar a sentirse manipulados, buscados y agasajados en determinadas épocas donde el voto joven es apreciado: es el llamado “maquiavelismo urbano”, una forma de hacer política con la ciudad que adopta múltiples giros florentinos: inauguraciones, incremento parcial de la frecuencia del transporte público en rutas de institutos y universidades, autobuses nuevos en líneas masificadas, actividades y cursos, promesas de planes específicos… que por arte de birlibirloque desaparecen una vez finalizado el escrutinio de papeletas.

En una situación así es más  usual optar por la opción Salida antes que por la opción Voz que llevaría a los ciudadanos a tratar de cambiar el estado de cosas expresando su insatisfacción, su desacuerdo o sus propuestas (Morán & Benedicto, 2003: 52). Los adultos tienden a verlos como individuos desmotivados: los mismos profesionales entienden que la conciencia social es algo completamente desdibujado, a no ser que se trate de jóvenes pertenecientes a colectivos y partidos, líderes juveniles… El resto se aleja, especialmente ante convocatorias que atienden a protocolos formales, a rituales conocidos, como una participación que ellos ven dirigida desde fuera, mantenida más o menos por canales inocuos, sin que en ocasiones ni siquiera la agenda de temas a debatir ni la forma de tratarlos hayan sido en sí mismos el resultado de un proceso participativo. En todo caso, sin protagonismo activo de los jóvenes en materias, procesos, iniciativas es muy difícil que el resultado sea algo más allá de un enganche transitorio. El simulacro en seguida se descubre y la participación deja paso a la publicidad, a la pseudo-participación, al mito, y en ese ámbito se descubren instrumentalizados.

Participación y emancipación

Pero existe otra explicación para la opción Salida, o mejor dicho para la No Entrada en la cosa pública. Una, de carácter general, según la cual la gente piensa que no es competencia suya el determinar las líneas maestras de un plan, sino de los profesionales y la administración, por una cuestión simple de división del trabajo y de responsabilidades asumidas, así como por la percepción de un ejercicio sistemático de veda alrededor del plan desde las instancias mencionadas, lo que desanima o lleva a una participación “defensiva”.  La segunda, que afecta a los jóvenes en particular y que podría alcanzar a individuos en situación de movilidad residencial más o menos fluida, sería su situación transitoria, su autopercepción de estar en fase, en proceso, que sus trayectorias son todavía muy abiertas, algo caóticas, y donde lo único cierto es que no tiene aún un lugar preciso ni el mapa social ni en el mapa urbano. La implicación pasaría por una integración, y ésta por una normalización social que a día de hoy pasa por la vivienda propia, ni la paterna (el reconocimiento y los derechos son derivados) ni la compartida o temporal (movilidad/alquiler). La implicación – de muy corto alcance- pasaría por el arraigo a un medio local que a su vez viene determinado por la experiencia de la propiedad. Participación diferida, en suma, en la medida que lo que el joven tiene por delante es tiempo y movilidad (social y espacial). Que no siempre es el tiempo que tiene la ciudad.

Es un sentimiento ambiguo que contradice la lógica habitante pero que asume la mercantilización de la sociedad actual donde el derecho a la ciudad estaría basado menos en el ejercicio activo de la ciudadanía que en el muy pasivo de la propiedad. Se posterga un compromiso con el conjunto hasta que no se forme parte del mismo como sujeto emancipado, esto es, normalizado y comprometido por una hipoteca. Asimismo es el reflejo de la consideración institucional al uso por la que el joven es ciudadano sólo por “delegación” (Morán & Benedicto, 2003), ocupando una posición intermedia entre la fase de dependencia familiar y la fase de independencia laboral y residencial.

Beneficios de la participación juvenil

Pese a todo, los jóvenes valoran la participación como algo que sería deseable y acuerdan que una reivindicación de protagonismo requiere una convicción de su poder, de su movilización, una toma de su palabra. Saben que su papel –como ciudadanos, no como jóvenes- es crucial para la renovación urbana, para exigir un reconocimiento o cualquier transformación social: “Y las cosas no han cambiado, las hemos cambiado, los usuarios, los ciudadanos, somos nosotros quienes lo hemos cambiado”;  “en el fondo somos los dueños”, pero deben comenzar a creerlo. Aunque esta experiencia de protagonismo y poder parece diluida en el anonimato y complejidad de las grandes ciudades, introduciendo de nuevo un obstáculo a la movilización (aunque históricamente los progresos hayan venido en general de los medios urbanos). En general, los beneficios de una participación juvenil en el ámbito de los programas de desarrollo y conformación de la ciudad podrían cifrarse en las siguientes cuestiones:

- Aportar “fuerza moral” en el potencial resolutivo de los propios jóvenes y la innovación en los medios de intervención (los jóvenes serían un recurso, una parte de la solución y no el problema).
- Proporcionar un sentimiento de pertenencia, implicación y compromiso que actúa como un potencial inhibidor de conductas de riesgo, especialmente en jóvenes tempranos.
- Anima el compromiso cívico especialmente en grupos con problemas de integración y autoestima (jóvenes inmigrantes).
- Garantiza un aprendizaje y el desarrollo de competencias y habilidades sociales que favorecen la progresiva asunción de responsabilidades ciudadanas y personales.
- Es un factor de eficacia administrativa al asignar recursos de forma más precisa y encontrar mejores soluciones –y soluciones pactadas- a los problemas que afectan  a los jóvenes.
- Enriquece, matiza y agranda la base informativa y el diagnóstico de la situación o contexto urbano sobre el que se va a intervenir al incorporar una perspectiva diferente en los modos de usar y ver la ciudad o sectores de ella.
- Evita una tipo de actuaciones que puede resultar lesivo o incómodo para determinados grupos durante un largo periodo de tiempo por su inercia material y las inversiones recibidas.
- Incremento y refuerzo de la base social ciudadana (cooperación de jóvenes en asociaciones vecinales, defensa de barrios desfavorecidos o desarticulados)
- Promociona el talento y la ayuda mutua.

No hay que olvidar el beneficio añadido por el cual las instituciones competentes en materia urbanística podrían ejercer un mayor control y obtener más legitimidad sobre determinados desarrollos urbanísticos.

Pese a la desconfianza e inseguridad mostrada por los jóvenes en sus discursos, lo cierto es que del examen de su aportaciones y críticas se advierte la variedad de temas sobre los que son competentes: un juicio sensato que proviene del uso, de la habituación, de la inversión afectiva y cognitiva hacia los espacios urbanos cotidianos, en suma, de la razón habitante. Un juicio solidario, por otra parte, pues estando afectados de cierta invisibilidad social en el medio urbano, desean ante todo una ciudad compartida. En ningún momento consideran que de su participación y de sus demandas debería salir algo parecido a la construcción de una ciudad para los jóvenes. De hecho, consideran que una mayor participación juvenil podría ser un útil en la defensa de los barrios desfavorecidos y cooperación con otras redes urbanas.

De los espacios de representación a la representación del espacio de los jóvenes: hacia un modelo ideal

De los puntos anteriores se desprende una concepción de la ciudad entre los jóvenes donde los valores relacionales y de convivencia pasarían a situarse en un primer plano. La imagen de la ciudad que manejan no es la de un entorno neutro sino la de un medio que también inter-actúa, en su forma y contenido, como una agencia del proceso de socialización de los individuos o, simplemente, como un dispositivo de vinculación social. Es en este sentido donde se conforma la crítica del modelo de desarrollo urbano actual que debería obligarnos a replantear su sentido y alcance. En su opinión, las ciudades están entrando bajo el imperio del interés mercantil en un proceso de desvertebración y segregación de sectores y grupos urbanos: centro-periferias, modelos deshilachados, una urbanística del “todo urbanizable” que ignora la ciudad –como contenido y continente- que dice ordenar, abundando en esa cartografía de usos y aprovechamientos económicos, favoreciendo la segregación y la exclusión de actividades y grupos sociales. El interés mercantilista de este planteamiento opera en detrimento del medio ambiente; del tejido histórico, de la ciudad como proyecto común y de  la ciudadanía, que ya no se percibe como sujetos que comparten un lugar y un tiempo. La planificación debería ser para ellos más reflexiva, en su doble vertiente: la razón técnica y la razón social (la perspectiva de los usuarios). Orientarse en definitiva hacia y para la ciudad: recuperar su impulso cívico original, su dimensión como servicio social, su legitimidad ante el asalto especulativo y economicista.

Es llamativa su consideración hacia lo que fue un “urbanismo social” referido a la forma en que las ciudades han disfrutado de un volumen relativamente equilibrado de servicios y dotaciones. En ese sentido, los jóvenes han disfrutado en sus años de infancia y adolescencia de unos niveles de calidad de vida urbana altos en comparación con las generaciones anteriores. En esa inercia valoran los recursos existentes en la ciudad y las inversiones realizadas en materia de infraestructuras de movilidad pública.

Nada de cuanto dicen, expresan y desean lleva a la definición de un proyecto particularista de la ciudad, una ciudad de y para los jóvenes, aunque algunos aspectos como el ocio (y los lugares destinados a esa actividad) requieran un tratamiento específico. En este caso la demanda es hacia una mayor participación y diálogo con las instituciones para promover soluciones. Fuera de ese aspecto, que es central en su fase vital, y de algunos déficits en dotaciones originados en el desfase entre la dinámica social y la urbanística (carriles bici, patinaje, espacios públicos) asumen la ciudad como un recurso material y cultural que debe estar al alcance de todos. De ahí esa reivindicación del centro urbano: el derecho a la ciudad es el derecho a ser también centro. Manejan un modelo de ciudad –para luchar contra la segregación- de tipo policéntrico: equilibrado e igualitario. Se rechaza, pues, el modelo bipolar: centro-barrio dormitorio. El centro urbano es considerado núcleo de la vida social, lugar donde experimentar la simultaneidad y la concentración de ese sistema BIP (bienes, información, personas). Rechazan en consecuencia ese sucedáneo reductor que es el centro comercial así como los procesos de apropiación mercantil del centro por parte del sistema inmobiliario y de las grandes firmas.

Aquí subyace la crítica al crecimiento urbanístico de amplias zonas residenciales como operaciones meramente especulativas sin ninguna preocupación por la vida social en esos entornos (comercio de proximidad, zonas de encuentro), la uniformidad y estandarización con que se diseñan para grupos filtrados (homogéneos). Y subyace también el problema de la vivienda que sufren y que les llevará con seguridad a buscar una residencia periférica. El problema de la especulación (y unida a ella, el de la corrupción) es visto con enorme gravedad en cuanto a cómo afecta a sus proyectos vitales (especialmente en el tema de la vivienda) pero también al dominio y futuro de los bienes públicos.  En este punto se manifiesta la visión de su ciudad ideal: un valor de uso más que un valor de cambio.

Los jóvenes se mueven muy lejos de los imaginarios que parecen guiar el diseño de los modelos suburbanos. Se apuestas por una ciudad más compacta, de densidades medias para garantizar servicios, distracciones, actividades y grupos plurales, donde la experiencia de la libertad individual y del juego social estimulante sea posible: ni masificación hostil ni regreso a las pequeñas comunidades. Esa ciudad compacta, de evocación mediterránea, debería integrar con más vigor los valores medioambientales de los que participan: apuntan a un deseo de incrementar los parques urbanos de todo tipo, esponjar el tejido urbano en determinados lugares, calmar la ciudad. Esa dirección e complementa con las llamadas hacia la peatonalización, la reducción del tráfico rodado, el incremento de los carriles bici, la mejora de los transporte públicos (accesos, paradas, frecuencias, etc.). En línea con un rechazo absoluto de un entorno específico para jóvenes, lo que demandan es su visibilidad en la complejidad y variedad que promete la ciudad: la mezcla social. En este punto la visión de los jóvenes coincide con la de los expertos: todos reclaman una ciudad para todos, nada de particularismos ni especificidades. El valor de la ciudad descansa históricamente en la capacidad para dar cabida a todos en un modelo de contraste. Ahora bien, sería deseable una mayor participación de todos, fomentar el diálogo y el intercambio para conocer con más detalle las demandas, necesidades y aspiraciones de los habitantes de la ciudad. Esa participación apunta a la posibilidad de fomentar diseños participativos en materia de vivienda (joven), espacios públicos, lugares de ocio… con el fin de que los arquitectos y paisajistas, los diseñadores tuvieran una idea más próxima de los usuarios. Pero también es una reivindicación de su presencia en la ciudad y en la planificación urbana.

Su modelo ideal no es un modelo utópico aunque ciertamente sea un modelo lejano en  las condiciones actuales. No es utópico porque no apunta a la definición rígida de un prototipo espacial definido a priori y para siempre; no es utópico porque no desea cerrase al devenir; no es utópico porque no define a un usuario ideal tipificado y normalizado. Pero sobre todo, no es utópico porque no se sitúa en un no-lugar ni un espacio imaginario sino en sus propias ciudades: es aquí donde su proyección como deseo se descubre como nostalgia. Por lo perdido y por lo que temen perder.

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