COMPETITIVIDAD URBANA Y COHESIÓN SOCIAL EN SANTIAGO DE CHILE: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?

Competitividad urbana y cohesión social en Santiago de Chile: ¿dos caras de la misma moneda? (Resumen)

Las políticas económicas orientadas hacia la competitividad, por lo general tienen como expectativas generar mejores condiciones para los negocios, más empleo e ingresos y una base más firme para la paz y el orden social. Después de más de tres décadas de aplicación de este tipo de políticas en Chile es necesario evaluar las consecuencias que han tenido en Santiago desde el punto de vista económico y social y preguntarse ¿cómo han afectado las reformas económicas el atractivo de la ciudad y su inserción internacional? ¿Se ha generado mayor crecimiento económico y más empleo? ¿Cuál ha sido el beneficio social de los procesos de crecimiento económico? En base a estas interrogantes, este trabajo busca explorar las relaciones entre competitividad urbana y cohesión social en Santiago de Chile, intentando apoyarse en los temas que vinculan estos dos conceptos.

Urban competitiveness and social cohesión in Santiago de Chile: ¿two faces of the same coin? (Abstract)

In general, economic policies oriented towards competitiveness have the expectation of improving the conditions for business, more employment and income, and a firmer basis for peace and social order. After more than three decades of these kinds of policies in Chile it is necessary to evaluate the consequences that they have had on Santiago from an economic and social point of view. It is time to ask how these economic reforms have affected the city’s attractiveness and its international involvement. Have they generated more economic growth and employment? What social benefits have these processes brought? With these questions in mind, this paper seeks to explore the relationships between urban competitiveness and social cohesion in Santiago de Chile, supported in the topics that link these two concepts.

La prematura implementación de políticas de liberalización económica y reestructuración productiva en Chile a partir de mediados de los setenta, han tenido como consecuencia que el país se haya posicionado como la economía más competitiva de América Latina, según lo demuestran diversas evaluaciones internacionales. Derivado de esto, su capital, como punto de enlace con la economía global, se ha beneficiado directamente de este buen posicionamiento del país, transformándose en el lugar donde pisan tierra diversos circuitos globales y regionales, lo cual ha modificado sustancialmente su base económica, teniendo un fuerte impacto en la transformación de su organización, funcionamiento, morfología y apariencia. [1] [2]

A partir de los procesos de restructuración urbana y bajo la premisa de que el aumento de la competitividad trae consigo un mejoramiento del ingreso de los habitantes, y por ende, en las condiciones de vida de la población que participa de la economía (lo cual es planteado por la gran mayoría de las definiciones de competitividad), vale preguntarse si es posible esperar un cambio positivo en las inequidades sociales y espaciales. Si el incremento en la inserción internacional beneficia a la sociedad en su conjunto, esto debe traducirse en un mayor grado de cohesión social, que es el objetivo de cualquier sociedad que aspira a progresar y desarrollarse.

La relevancia de esta búsqueda para la política pública no se reduce solamente a un fin, sino también a su vez, la cohesión social es destacada como uno de los factores más importantes de la competitividad de un territorio. Por lo tanto, la relación entre competitividad y cohesión social sería bidireccional en la medida en que ambas se afectan mutuamente. Como ha sugerido Turok, (2006), la vinculación entre competitividad urbana y cohesión social se produce principalmente a través de los mercados del trabajo, debido a que involucra aspectos que cruzan los procesos entre desempeño económico y estructura social en ambas direcciones. Por una parte, la disponibilidad, características y calidad de la fuerza de trabajo determina una parte de la competitividad de un territorio, y por otro lado, el mercado del trabajo transmite los beneficios del desempeño económico a los distintos grupos sociales.

La importancia del estudio de estos temas radica en que una parte importante de las políticas orientadas a la competitividad, no toma en consideración el impacto que los procesos de integración a la economía globalizada puede tener en un territorio y su población. Así, el tema se ha vuelto relevante en todo el mundo donde varios investigadores de diversos países han indagado los efectos de las políticas pro competitividad, las transformaciones urbanas o la inmigración en las estructuras socio espaciales de las ciudades y en el grado de cohesión social (Eraydin, 2008; Turok, 2006; Katzman y De Queiroz, 2008; Miranda, 2001, entre otros). También existen otras investigaciones que intentan determinar el efecto de la cohesión social en la competitividad como un factor determinante que condiciona en gran medida el crecimiento económico en el largo plazo.

Sin embargo, la cohesión social ha sido calificada como un concepto abstracto, complejo y a veces ambiguo, debido a que involucra distintos tipos de fenómenos sociales englobando aspectos del tejido social e incluso últimamente hasta de la calidad de vida. Estas dimensiones pueden afectarse mutuamente, pero no están necesariamente conectadas directamente y algunas pueden ser más importantes que otras para el éxito económico. Para el caso de este trabajo se entenderá a la cohesión social como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión social y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (CEPAL, 2007). La cohesión social es un logro y no el resultado automático de la naturaleza humana, ni menos de la mano invisible del mercado. Más bien la cohesión social se construye, se desarrolla y, si todo sale bien, se estabiliza en el tiempo (Tironi y Tironi, 2008). Esta fuerza que une a la sociedad, está compuesta por tres dimensiones que forman una pirámide, cuya base está constituida por lo que Turok denomina “conductores” de cohesión, como el empleo, los ingresos, la educación, el acceso a vivienda, salud y servicios.

Sobre esta base, la primera dimensión engloba elementos de naturaleza pasiva y activa. Los pasivos se refieren a la tolerancia entre distintas comunidades, lo cual tiende a mostrar un estado de orden y estabilidad. La oposición es la intolerancia, conflicto o desorden manifestado en stress, inseguridad e incerteza. El orden social, seguridad y una población libre de miedo es la prueba básica de la cohesión. En cuanto a los aspectos activos se refieren a la interacción positiva, intercambios y conectores entre individuos, empresas y comunidad, incluyendo ciudadanos activos; conexiones que se transforman en recursos potenciales donde existe el soporte mutuo entre empresas y trabajadores.

El segundo aspecto se refiere al involucramiento o participación de los habitantes en la economía, la política y en las instituciones sociales, incluyendo trabajo, educación, medios, cultura y deporte. Esto está fuertemente relacionado con cuestiones relativas a la identidad y el sentido de pertenencia a un lugar. Una comunidad urbana cohesionada puede tener una imagen distintiva potente y reflejar un fuerte orgullo cívico.

La tercera categoría es la igualdad social, referida a las disparidades en términos materiales, tales como ingresos, salud o calidad de vida o en las futuras oportunidades de movilidad social. Una persistencia de las inequidades puede dañar gravemente la vida en sociedad aumentando la violencia y disminuyendo las posibilidades de convivencia.

Así este trabajo analizará la evolución de una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos para la ciudad de Santiago de Chile, basándose en el modelo de cohesión social de Turok (2006) explicado anteriormente, con el objetivo de explorar hasta dónde es posible conciliar competitividad con cohesión social, o si, por el contrario, la competitividad ejerce un efecto negativo sobre la cohesión desintegrando su estructura desde el punto de vista social y espacial.

¿Cómo se integró Santiago a la economía global?

Santiago de Chile se ha constituido en los últimos veinte años en una de las principales ciudades para hacer negocios en Latinoamérica, según plantean diversos estudios y ranking internacionales. Sin embargo, la capital chilena constituye un caso particular en términos de su competitividad, ya que sustenta su atractivo en los activos del país más que en características particulares o propias.

Chile se ha caracterizado por ser una economía muy competitiva en el contexto de Latinoamérica, según los criterios definidos bajo el sesgo ideológico de la teoría económica dominante. Según los economistas, esta situación ha sido reflejo de un crecimiento sostenido de la economía, un manejo responsable del gasto fiscal y un alto nivel de credibilidad de las instituciones públicas a nivel internacional. Muchos afirman que este desarrollo de sus políticas e instituciones en materia económica es fruto del prematuro proceso de liberalización económica, que anticipó en algunos casos en más de 20 años a otros países, y la continuidad y profundización de algunas reformas realizadas por los gobiernos democráticos en los años noventa.

Es indudable que esta buena posición de Chile en los rankings de competitividad se fundamenta principalmente en dos pilares: la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de sus instituciones públicas. Respecto la estabilidad macroeconómica, en el Cuadro 1 se observa que Chile presenta muy buenos indicadores en el nivel de riesgo soberano evaluado por distintas calificadoras. Esta medida es el término usual para referirse a la calificación de riesgo[3] dada a un Estado y evalúa la posibilidad de que cumpla adecuadamente sus obligaciones financieras, de alguna manera expresa la confianza de los inversionistas en el país.

Otro de los aspectos considerados como muy importantes para la inversión extranjera y nacional tiene que ver con el grado de libertad económica de un determinado país. El ranking que evalúa estos aspectos, elaborado por Heritage Foundation junto a The Wall Street Journal desde 1995[4], ubica en el 2007 a Chile en el puesto 11 de 157 países, con un porcentaje de 78,3%, lo que posiciona al país como la economía más libre de Latinoamérica e incluso supera a otras naciones desarrolladas como por ejemplo España.

Respecto al otro pilar de la competitividad país, las instituciones públicas, constituyen otro factor importante que afecta la posición competitiva de una nación, región o ciudad. La base de este desarrollo de las instituciones públicas en el país se manifiesta en los bajos niveles de corrupción que se le reconoce a Chile en varios rankings internacionales. Por ejemplo en el ranking de percepción de corrupción, elaborado desde 1995 por Transparencia Internacional, Chile se ubicó en el lugar 22 de la muestra, lo cual implica una caída de dos puestos con respecto a la medición del año anterior, sin embargo continúa siendo el país mejor evaluado de Latinoamérica junto a Uruguay, el que se ubica en el puesto 25.

Las instituciones públicas chilenas, también se destacan en el ranking de gobernabilidad, elaborado por el Banco Mundial[5], donde Chile subió su clasificación en cuatro de los seis ámbitos que evalúa la entidad, destacando en el índice que mide la calidad regulatoria y la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas que promuevan el desarrollo del sector privado. En el ámbito latinoamericano, como se observa en la figura anterior Chile presenta los índices más destacados en conjunto con Uruguay.

En función de estas ventajas otorgadas por el desarrollo del país y la figuración de Chile en los rankings, Santiago en particular se ha posicionado como una de las mejores ciudades para hacer negocios. Así lo ha destacado la Revista América Economía, en donde desde hace años se viene ubicando dentro de los tres primeros lugares. En los años 2004 y 2005, Santiago se ubicó a la cabeza del ranking, y ya en ese entonces se planteaba que “el éxito de Santiago es más fruto del éxito del país que de la gestión de las autoridades de la ciudad” (América Economía, 2004).

A nivel mundial, otros estudios como el de MasterCard, que tiene como objetivo determinar los principales centros de comercio a nivel mundial, ubicó a Santiago en el año 2007 en el lugar 39 del mundo y en el primer lugar dentro de Latinoamérica, superando a otras ciudades relevantes como Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Las mayores ventajas que presenta Santiago, según este ranking, se relacionan con su estabilidad económica, la facilidad para los negocios y el marco legal y político. En el resto de las dimensiones, relacionadas con los flujos financieros, centro de negocios y creación de conocimiento y flujos de información, Santiago tiene resultados menores, lo cual indicaría que los factores de tamaño de mercado y capital humano, se presentan como debilidades de la ciudad respecto al resto de los factores evaluados.

Estas condiciones han convertido a Santiago de Chile en una plataforma de negocios donde se concentran empresas con operaciones principalmente a nivel latinoamericano. Al respecto, un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Urbanos en un proyecto Fondecyt[6] en el 2008 realizó un estudio de la localización de las sedes centrales de las 500 mayores empresas de Latinoamérica según el ranking de la Revista América Economía. Del total de 500 empresas catastradas un 21% ubicaba sus sedes centrales en Sao Paulo, 19% en Ciudad de México, 11% en Santiago de Chile, 7% en Río de Janeiro y 6% en Buenos Aires y el resto repartidas en otras ciudades.  Debido al reducido tamaño de la economía metropolitana santiaguina en comparación con quienes la anteceden y suceden, es interesante considerar la alta concentración de este tipo de empresas en la capital chilena.

Una de las principales consecuencias de este proceso de inserción internacional en el ámbito interno, es la progresiva transformación de la estructura productiva de la ciudad, principalmente en aspectos relativos a la composición de su base económica, como también a la organización territorial y a su estructura social. Desde 1985, diversos indicadores muestran una nítida recuperación de la dinámica concentradora de la actividad económica y, en menor medida, de la población, lo que se tradujo en un sostenido crecimiento de la economía en la RMS (De Mattos, Riffo y Yañez, 2005).

El impacto de la competitividad en la cohesión social en Santiago de Chile

Para evaluar los efectos que la competitividad e integración a la economía internacional de Santiago han tenido en la cohesión social, se tomó como modelo el esquema propuesto por Turok (2006), como se planteó anteriormente. Para explorar cada una de estas dimensiones se utilizaron algunos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales permiten una aproximación a los conceptos explicados por Turok, como descriptores de cada una de las dimensiones de cohesión social.

¿Más competitividad? ¿Más bienestar?

Al analizar la evolución de la población y su relación con la fuerza laboral en la RMS entre 1992 y 2002 (Cuadro 2), es posible identificar una serie de fenómenos que han tomado lugar y que son relevantes para el presente análisis. El primero de ellos es que la fuerza laboral crece a un ritmo mayor que la tasa de crecimiento de la población. Mientras que la población entre 1982 y 2002 creció en un 40%, la fuerza laboral aumentó en un 73%. También es importante observar la diferencia en la evolución en los distintos períodos analizados, ya que cuando la población crece a un ritmo menor en el segundo período, la fuerza de trabajo mantiene su ritmo de crecimiento en todo el período.

Derivado de esto, se puede verificar una disminución importante en la tasa de desocupación estructural, la cual cayó en un 42% entre 1982 y 2002, siendo el primer período en el cual el descenso es más notable. Es importante destacar que si bien la tasa de desocupación entre 1992 y 2002 aumentó, esto corresponde a un fenómeno puntual y no a la tendencia, ya que desde ese período hasta el 2008 la tasa ha vuelto a evolucionar favorablemente llegando a niveles de 8% según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Sin embargo, pasar a un análisis más cualitativo puede revelarnos algunos aspectos que quedan sumergidos en las positivas cifras anteriores. Por ejemplo, si se realiza un análisis del desempleo considerando grupos etarios, el mejoramiento de las oportunidades laborales no es para toda la población económicamente activa. Según cifras de la OIT, existe un deterioro en las condiciones de acceso al mercado laboral de los más jóvenes, ya que mientras a principios de los noventa el desempleo juvenil (15 a 19) duplicaba al desempleo promedio, en el 2007 lo triplica. La situación de los jóvenes de entre 20 a 24 no es tan distinta ya que mientras en 1990 el desempleo de este grupo era cuatro puntos superior al promedio, en el 2007 la brecha aumenta a nueve puntos. Esta situación es preocupante producto que el aumento de las expectativas debido a la cultura del consumo, algunos de estos jóvenes excluidos del mercado laboral, con bajos niveles de educación y afectados por la ausencia de oportunidades recurren a medios no convencionales para escapar de la pobreza material, cayendo en actividades delictivas que le ofrecen alternativas en lo que se ha denominado “empresarialismo forzoso” (Portes y Roberts, 2005).

Otro de los cambios importantes tiene que ver con el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo, que pasó de representar 34% en 1992 a 41% en el 2002. Sin embargo, la inserción al mercado laboral de las mujeres se ha realizado bajo condiciones de desigualdad y discriminación. Por ejemplo el estudio realizado por Fuentes, Palma y Montero (2005), plantea que si bien entre 1990 y el 2003 la discriminación salarial se ha reducido, en el último año existía un diferencial de un 27% entre sueldos de hombres y mujeres en iguales condiciones de capital humano.

A estas tendencias se le debe sumar la precarización de las condiciones laborales y el aumento del empleo informal. En el caso de la Región Metropolitana, según muestran cifras de la encuesta CASEN, el trabajo sin contrato se ha expandido en todos los quintiles de ingreso entre 1990 y 2003, siendo el quintil más pobre el más perjudicado. En 1990, un 20% de los ocupados pertenecientes al quintil más pobre no tenía contrato de trabajo y esta cifra aumentó a casi 40% en el 2003; mientras que en el quintil más rico sólo un 7% de los ocupados laboraban sin contrato en 1990, cifra que aumentó a un 12% aproximadamente en el 2003.

Otro de los cambios observables en el Cuadro 2 es la evolución favorable de la escolaridad promedio de la fuerza laboral, la cual sólo entre 1992 y 2002 aumenta en un 10%, pasando de 10,1 a 11,06 años de escolaridad. Si en 1992 sólo el 21,2% de los ocupados tenía más de 12 años de educación, en el año 2002 el 35,1% de los ocupados tiene al menos 13 años de estudios aprobados.

Las favorables condiciones macroeconómicas y el alto crecimiento experimentado por la economía chilena sobre todo en los noventa, permitieron un crecimiento de 249% en el ingreso per cápita de los chilenos en 20 años, medido en paridad de poder de compra (en el año 1982 alcanzaba sólo los $US 2.837 per cápita mientras que en el año 2002 llegó a $US 9.911). Tal tendencia ha continuado en los últimos años y según los datos del Banco Central en el año 2007 el ingreso per cápita alcanzó los $US 13.588. El aumento en los niveles de ingresos ha sido beneficioso para todos los niveles socioeconómicos, los cuales en promedio han visto incrementar sus ingresos en un 318%, siendo el último quintil más rico el más favorecido. Los quintiles más pobres, si bien han aumentado su ingreso, lo han hecho un 48% menos que el promedio y 88% menos que el quintil más alto, lo cual demuestra que la desigual distribución de la riqueza en Chile ha continuado proyectándose en el tiempo.

Los indicadores cuantitativos también muestran un incremento en la cobertura y acceso de salud y educación. Así por lo menos lo demuestran las cifras relacionadas con la vinculación de la población a un sistema de salud público o privado, la cual creció como promedio desde el año 1990 en un 10% llegando a una cobertura superior al 90% en el año 2006. Todos los quintiles de ingreso, aumentan significativamente la cobertura del sistema de salud superando incluso en todos los casos el 90% de cobertura. En total, en el año 2006 sólo un 8% de la población de la RMS no posee ningún tipo de cobertura de salud. Como consecuencia de esto, diversos estudios han demostrado el mejoramiento de los indicadores globales de salud tales como la mortalidad y la esperanza de vida, la que pasó de los 70 años a principios de los años ‘80 a los 78 años en el 2008 según las estadísticas del Ministerio de Salud. De hecho, muchos estudios plantean que los indicadores de salud presentes en Chile son superiores a los esperados para su nivel de desarrollo (Aedo, 2001). Los mismos estudios advierten que a pesar de estos buenos indicadores, el problema es la calidad del sistema de atención pública, el cual muchas veces carece de la rapidez necesaria para los requerimientos de los pacientes de menores recursos.

Tal como se planteó anteriormente, el acceso a la educación también es otro de los temas en los cuales se ha avanzado en Chile y en mayor medida en la RMS. De hecho, por ejemplo en el Cuadro 3 se observa que entre 1990 y 2006 aumenta la cobertura de educación en todos los quintiles de ingreso y en todos los niveles educacionales. Incluso se puede ver que para el caso de la educación básica se alcanza casi un 100% de cobertura en todos los quintiles de ingreso en el año 2006.

En el año 2003, el Congreso Nacional de Chile aprobó por unanimidad una reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de la educación secundaria superior, extendiendo así a doce años la escolaridad universal, por lo cual es de esperar que en los próximos años la cobertura de educación media alcance los niveles de la cobertura básica. Otro de los fenómenos relacionados con el capital humano en la RMS es la creciente demanda por acceso a la educación superior. De acuerdo a la información censal, en la RMS la población con educación superior se incrementó desde un 11,4% en 1992 a un 20,2%, mientras que a nivel del país pasó de 9,0%  a 16,4% en el mismo periodo. Este aumento en las expectativas por acceder a la educación superior ha generado el incremento en la oferta de matrículas de la educación superior privada, que pasan de 5 mil en 1985 a 110 mil en el 2003 según los datos del Ministerio de Educación.

A pesar del logro de la mayor cobertura de la educación en todos los niveles, la discusión de la agenda pública se ha orientado hacia las grandes desigualdades existentes en la calidad de la educación entregada por colegios públicos y privados. Las variaciones en la calidad del servicio según el subsistema educacional de que se trate y el sector socioeconómico al que está dirigido, son bastante evidentes en los resultados obtenidos por los distintos colegios y municipios en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), una prueba aplicada desde finales de los ochenta a lo largo de todo el país a los cuartos años de educación básica y a los octavos años de educación básica, en la que en todas las mediciones los colegios con los peores resultados son los establecimientos municipales de las comunas más pobres.

Finalmente, otra de las características en la evolución del bienestar de la población de la RMS ha sido el acceso a la vivienda. De hecho, según los datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre 1992 y el 2002 se redujo en un 36% el déficit habitacional cuantitativo gracias, principalmente, a la masiva construcción de viviendas sociales implementada por una política habitacional agresiva. Así por ejemplo, la propiedad de la vivienda ha evolucionado de manera positiva desde 1982, donde un 63% de las viviendas eran propias, mientras que en el 2002 esta cifra llega a más del 73%. Junto con esto, también mejoraron de manera importante los indicadores relativos al acceso a servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado. Estos, aunque ya eran altos en 1992, mejoraron aún más en el 2002; en el caso del la electricidad pasó de 97,2% a 98,8%; el agua potable de 97,4% a 98,3%; mientras que la cobertura de alcantarillado fue la que creció más pasando de 86,4% a 97,4%.

En resumen, y en función de las evidencias mostradas anteriormente y los estudios e investigaciones más específicas respecto a los temas, todos los indicadores cuantitativos relativos al bienestar de la población de Santiago de Chile muestran una evolución positiva desde 1982 hasta el presente (con los matices discutidos), lo cual daría indicios que las reformas que permitieron el proceso de integración de Chile a la economía global ha generado un mejoramiento en la incorporación de los habitantes al mercado laboral (incluso atrayendo trabajadores foráneos), mejoramiento de sus ingresos y una mayor cobertura del acceso a la salud, educación y vivienda. Todos estos indicadores son destacados por el modelo de cohesión social utilizado, como las condiciones materiales que facilitan un mayor grado de cohesión en la sociedad y en el caso de Santiago como se pudo observar, todas estas condiciones en los números parecen estar dadas. Entonces, siguiendo con el esquema planteado por Turok, cabe preguntarnos: ¿el aumento en el bienestar de la población, ha generado un mayor grado de cohesión social?

Santiago de Chile en las dimensiones de la Cohesión Social

Las relaciones sociales pasivas

Siguiendo el esquema de cohesión social utilizado, la primera de las dimensiones responde a las relaciones sociales pasivas, y uno de los primeros aspectos identificados al respecto, tiene que ver con la tolerancia y condiciones para la convivencia social entre las comunidades. Este fenómeno si bien no tiene una forma de medición sistemática, sino que se trata de una aproximación de carácter cualitativo que, para el caso de Santiago, puede hacerse utilizando diversas encuestas realizadas entre el 2003 y el 2007, todas las cuales demuestran los bajos niveles de tolerancia de los Santiaguinos con las minorías.

Al respecto, por ejemplo, una encuesta realizada por la Universidad Católica en el 2004[7], indica que sólo un 36,8% de los santiaguinos creen que los habitantes de la ciudad son tolerantes con los inmigrantes, 20% con las minorías sexuales, 33,8% con los pueblos originarios, 18,8% con los jóvenes alternativos y 32% con los indigentes. Esta falta de tolerancia es destacada de manera relevante por los propios habitantes de la ciudad como una de las características de los santiaguinos junto con la prepotencia, la impuntualidad y el poco respeto a las normas de convivencia.

Estos rasgos también se pueden observar en la encuesta de la Universidad Diego Portales sobre Tolerancia y Discriminación realizada en el 2005 y 2006[8]. En una de las preguntas, por ejemplo, un 72% de los santiaguinos declara que hay más extranjeros viviendo en el país de lo que la sociedad chilena puede acoger y un 66,8% señala que los extranjeros que vienen a vivir al país son un riesgo para las fuentes laborales de los chilenos. Este rechazo se ve coronado con el hecho de que un 51,3% de los santiaguinos cree que deberían existir mayores restricciones a los extranjeros que trabajan en el país, opinión que sube en el 2006 a 63%.

Esta discriminación no sólo se restringe a los extranjeros, sino que también se manifiesta en términos socioeconómicos, ya que en la misma encuesta un 78% de los consultados declara que es más difícil conseguir trabajo si se vive en una comuna pobre, un 75,2% declara que tener un buen apellido abre oportunidades en la vida y un 67,7% señala que tener un aspecto indígena cierra oportunidades en la vida.

Volviendo al primer tema, la baja tolerancia respecto a los extranjeros, una encuesta de la empresa Feedback realizada en Santiago en el 2007[9] plantea que un 51,1% de los santiaguinos cree que la presencia de los extranjeros es más bien negativa porque ocupan puestos de trabajo de chilenos. Al respecto esta opinión está muy correlacionada con el nivel socioeconómico, ya que en los niveles de mayores ingresos sólo un 19,3% está de acuerdo con la afirmación anterior, mientras que los niveles de menores ingresos un 63,8% la apoya.

Otro de los aspectos relevantes para esta dimensión de la cohesión social, tiene que ver con la violencia, especialmente en lo relativo a la seguridad y el orden social. En este sentido, a pesar de que Santiago es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica es un hecho de que los delitos están aumentando. Al respecto, según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por delitos de mayor connotación social aumentaron en un 43% entre 2001 y 2007, alcanzando las 3.026 denuncias cada 100 mil habitantes. Los tipos de delitos con mayores aumentos en las denuncias fueron los robos de vehículos motorizados (172%), robos por sorpresa (143%), robos con fuerza en lugar no habitado (73%) y robos con violencia e intimidación (68%).

Consecuentemente, se observa un aumento importante en las detenciones por estos delitos. Sin embargo los delitos que más han aumentado proporcionalmente en los últimos seis años son los relacionados con la violencia intrafamiliar. En cuanto a las denuncias entre el 2001 y 2007 aumentaron en un 78% desde 319 denuncias cada 100 mil habitantes a 570. En cuanto a las detenciones, estas tuvieron un crecimiento explosivo del orden de 377%. Tal aumento en las detenciones también podría interpretarse en que cada vez más las personas se atreven a denunciar estos delitos y no necesariamente a un aumento de estos.

Sin embargo, una de las características más preocupantes del aumento en la delincuencia, es la disminución de la edad de los imputados. Según cifras de la policía, sólo entre 1986 y 2002 las aprehensiones de menores de 18 años aumentaron en un 398%, mientras que las de adultos en un 436%. Sin embargo, si consideramos el período entre 1995 y 2000, las aprehensiones de jóvenes presentaron un incremento mucho mayor que el de la población adulta. Según la fundación Paz Ciudadana, el principal aumento de las aprehensiones se produce entre jóvenes de 16 y 17 años, aun cuando las aprehensiones de jóvenes de 14 y 15 años también se incrementaron. El delito con mayor participación de jóvenes menores de edad es el robo con violencia, el cual entre 1986 y 2001 incrementó la cantidad de condenados en un 562%, mientras que los condenados adultos por el mismo delito sólo aumentaron en 293%.

En correlación con este aumento en la cantidad de delitos en Santiago y una mayor participación de menores de edad, la sensación de inseguridad ha sufrido un aumento exponencial. De hecho, la encuesta realizada por la Fundación Paz Ciudadana[10] indica que la victimización ha aumentado en un 10,9% entre el 2000 y el 2006, ya que en la medición más reciente, más de un 43% de los hogares encuestados declara que en los últimos seis meses, algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo dentro o fuera del hogar, siendo en Santiago un 4% más alto que en el resto del país (39%). Según la encuesta, este nivel de victimización ha aumentado de manera similar en todos los niveles socioeconómicos. En términos territoriales, el porcentaje de personas que siente un alto temor ha aumentado, pasando de 13,4% en 2000 a 20,2% en el 2006, siendo este porcentaje casi 2% mayor en Santiago que en el resto del país (18%), y mayor en los niveles socioeconómicos de menores ingresos que en los medios y altos.

Comparativamente con otras ciudades de Latinoamérica, los resultados de la encuesta ECosociAL[11] muestran que a pesar de que Santiago tiene un nivel menor de delitos, la sensación de inseguridad es muy alta. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿qué tan seguro se siente caminando solo por el centro de la ciudad de noche?, en promedio sólo un 2,8% de los encuestados manifiesta que se siente muy seguro. Buenos Aires es la ciudad donde una mayor proporción de personas se siente muy segura con un 5,5%, mientras que la menor proporción de personas que manifiesta sentirse muy segura está en Santiago con sólo un 1,3% de los encuestados.

Este fenómeno de aumento en la sensación de inseguridad ha generado una disminución en la confianza de las instituciones públicas encargadas. De hecho, por ejemplo, cuando se solicita poner nota de 1 a 7 al Gobierno, Carabineros, Alcalde, Investigaciones, Tribunales de Justicia, Senadores y Diputados y Fiscales del Ministerio Público, todas las calificaciones disminuyen entre 1998 y 2006, siendo el gobierno y los tribunales las que más bajan (4,6 a 4,1 en el caso de la primera y 3,8 a 3,3 en el caso de la segunda).

Como conclusión de las variables analizadas, es posible observar condiciones que no promueven los vínculos entre distintas comunidades e individuos, poniendo freno a las posibilidades de interacción social que constituyen la base de una sociedad más cohesionada.

Las relaciones sociales activas

Respecto a las relaciones sociales activas, se refieren a las interacciones positivas, intercambios y vinculaciones entre individuos, empresas y comunidad. Al respecto, una de las tendencias más relevantes observadas después de la vuelta a la democracia en Chile es una pérdida del interés de los habitantes por ejercer su derecho a voto y participar en las elecciones de autoridades políticas. En la RMS la participación de inscritos en los registros electorales disminuyó de 87% en 1992 a 71% en el 2002 respecto al total de población habilitada. Respecto a la situación por género, las mujeres han mantenido una participación mayor que los varones. Mientras que en 1992 la participación de los hombres era de 87,5% en el 2002 esta disminuyó a 69%, mientras que las mujeres sólo disminuyeron a 73%. Uno de los temas relativos al ámbito electoral que más preocupa a las autoridades es la baja inscripción de los jóvenes: a nivel nacional ella ha descendido constantemente desde la vuelta a la democracia. En una encuesta de opinión realizada a nivel nacional, las principales razones que aducen los jóvenes para mantenerse al margen son: un bajo interés en la política, falta o pérdida de tiempo por ir a votar. También en la misma encuesta, 44% de los jóvenes no inscritos manifiesta que a futuro se mantendrá al margen de los registros electorales, por las razones expuestas anteriormente.

Este bajo interés en la participación pública también se manifiesta en términos de la participación de los trabajadores en organizaciones sindicales. Según los datos del Ministerio del Trabajo, la tasa de sindicalización en la RMS entre los años 1991 y 2007 sólo ha aumentado en un 2%, lo cual ha provocado una disminución en el porcentaje de trabajadores sindicalizados, ya que en 1996 era de 17,2% pasando en el 2007 a 14,9%.

En resumen podemos observar que todas las variables analizadas de esta dimensión, dan cuenta de un deterioro de cohesión social en Santiago, lo cual se manifiesta en un proceso de desinterés y desintegración entre los individuos, las comunidades y en las relaciones de estos con las autoridades y las instituciones.

La integración social

Al analizar la dimensión relativa a la integración social es esencial considerar su manifestación en el espacio urbano. De hecho, considerar el aspecto geográfico es relevante para analizar una ciudad latinoamericana, las cuales tradicionalmente se han caracterizado por su patrón de segregación de gran escala como su sello distintivo. Santiago no escapa a esta realidad.

Sin embargo, estudios recientes han alertado sobre importantes cambios en la estructura socio ocupacional heredada del período industrial - desarrollista en la capital chilena, que se ha producido por efecto de las transformaciones económicas y políticas que ha vivido Chile en los últimos 25 años. Al respecto, el estudio realizado por los investigadores del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile[12], que analizó los cambios en la localización territorial de los Grupos Socio Ocupacionales (GSO) a nivel de distritos censales en Santiago entre 1992 y 2002, llegó a identificar dos grandes tendencias.

En primer lugar, los cambios en la localización de los GSO de más altos ingresos (propietarios, dirigentes e, incluso, algunas fracciones superiores de los grupos medios) muestra ahora una mayor homogeneidad social de sus respectivos distritos residenciales, ubicados básicamente en las comunas que conforman los “barrios altos” de la ciudad (Providencia, Las Condes, Vitacura y, en menor grado, Ñuñoa y La Reina); en esta parte, se observan nítidas tendencias auto segregativas, marcadas al mismo tiempo por la búsqueda de diferenciación y de agregación con los iguales. En particular, el análisis de la localización de los GSO, indica el fortalecimiento de la mayor presencia relativa de los grupos dirigentes en el triángulo oriente de la ciudad (De Mattos, Riffo y Yañez, 2005). En segundo lugar, también comprobó una mayor diversificación social de algunas comunas o distritos, que podrían considerarse originalmente como de tipo popular, donde ha comenzado a incrementarse la localización de sectores medios-medios e, incluso, medios altos, pero frecuentemente con tendencias a la micro segregación que llevan a la formación de enclaves (condominios cerrados, parcelas de agrado amuralladas, etc.), sin que sea posible hablar de una mezcla real en el espacio, más allá de una disminución de la distancia (De Mattos, Riffo y Yañez, 2005).

Otras tendencias interesantes de analizar, tienen que ver con: (a) una progresiva expansión de los grupos medios en el área central, y hacia el sur, fenómeno que estaría comenzando a originar síntomas de procesos de gentrificación; (b) en el caso del área central, estos síntomas parecen consolidarse en sectores céntricos y en Santiago Poniente en general; (c) una fuerte disminución de los distritos “obreros” en prácticamente toda la mancha urbana; (d) la expansión generalizada en la ciudad de la presencia relativa de los trabajadores del comercio y servicios, los que reemplazan en parte a los grupos obreros, dispersándose por prácticamente todo el mapa metropolitano, aún cuando en muchos casos bajo modalidades auto segregativas (De Mattos, Riffo y Yañez, 2005).

Si bien, las conclusiones derivadas del estudio anterior nos muestran un aumento absoluto y expansión geográfica significativa de la clase media, lo cual podría ser considerado como una mayor integración social en el espacio, los extremos sociales tienden a alejarse cada vez más, lo que da cuenta de un fuerte proceso de exclusión entre estos dos grupos. Esta se ha producido principalmente por efecto del mercado del suelo y por la intervención del Estado en la construcción de viviendas sociales. Por el lado de los mecanismos del mercado del suelo, la construcción de grandes proyectos de viviendas sociales en algunas comunas o distritos, ha producido un congelamiento de los precios del suelo, lo que a su vez sólo ha permitido la entrada de más proyectos de vivienda social, generando espacios urbanos tremendamente homogéneos desde el punto de vista socio demográfico. Como la rentabilidad del suelo en esos sectores es muy baja, no existen incentivos para que el sector privado genere una oferta habitacional más diversificada en términos sociales.

Por el lado de la política habitacional, desde 1990 los gobiernos de la concertación dieron continuidad a la política habitacional implementada por el régimen militar, perfeccionando y masificando los sistemas de información y postulación a los programas de vivienda pública. Así, “el decenio de 1990 quedó registrado en la historia de las políticas de vivienda como uno de los períodos en que se edificó el mayor número de viviendas sociales en Chile, y por ende, el lapso en que se redujo con mayor rapidez el déficit habitacional” (Hidalgo, 2004). Varios autores han coincidido que los beneficios más importantes fueron: la reducción del déficit, la alta cobertura de servicios básicos alcanzada y la reducción de los tiempos de tramitación de las soluciones habitacionales. A pesar de este aparente éxito, especialmente en los últimos 10 años se han producido diversos conflictos y problemas que han dejado al descubierto los costos o externalidades negativas, o como planteó Ducci (1997), el lado obscuro de una política de vivienda exitosa. Este debate explotó especialmente cuando algunos conjuntos habitacionales nuevos no soportaron el invierno del año 1997, cuando más de 9.000 viviendas recién entregadas, se vieron terriblemente afectadas por efecto de las lluvias que dejaron en evidencia la mala calidad con que estaban construidas. Sin embargo el debate no se centró solamente en el abaratamiento de los costos como medida para construir más viviendas, sino que prontamente otros costos “ocultos” de la política se hicieron evidentes, como la formación de guettos y la aparición de ciertas patologías sociales (como drogadicción, alcoholismo, embarazo adolescente, entre otros) en los barrios donde predominaban estos conjuntos habitacionales. Esta exclusión social en el espacio también es un fenómeno que se ha dado con los inmigrantes de origen peruano, los cuales se han ido concentrando en sectores céntricos de la ciudad, con un alto nivel de hacinamiento, en construcciones con muy mala materialidad y estado y bajo pésimas condiciones sanitarias.

Bajo este escenario de importantes transformaciones de la geografía social de la ciudad, que tienden a una fuerte fragmentación de los espacios urbanos en términos socio demográficos, la generación de identidades y lazos de carácter territorial se hace muy difícil. De hecho, diversas encuestas han advertido el bajo nivel de identificación que los habitantes tienen con la ciudad. Por ejemplo, en una encuesta de la Fundación Futuro[13] en el 2001 ya se advertía esta situación cuando más de un 77% respondía que se irían de la ciudad si tuvieran las mismas condiciones económicas en otro lugar. En la encuesta de la Universidad Católica en el 2004 sólo un 34% de los entrevistados declaraba que les gustaba la ciudad. Finalmente, en la encuesta de Feedback en 2007, más de un 70% manifiesta lo mismo que en la consulta de la Fundación Futuro respecto a la posibilidad de irse a vivir a otro lugar. Lo contradictorio de esta última encuesta es que al mismo tiempo de preguntar a los santiaguinos, también se preguntó a los extranjeros residentes, los cuales se muestran muy a gusto en la ciudad.

Según han explicado algunos estudios, la capital de Chile es una ciudad adolescente que carece de una identidad: "Santiago ha crecido mucho en los últimos 20 años. Hay más autos, más gente, más servicios, lo que ha incidido en un ritmo vertiginoso que no tiene contentos a los ciudadanos. La ciudad crece, pero la gente no lo asimila, es como que estuviéramos en una etapa adolescente, en que los cambios nos sobrepasan, la identidad no está clara y sufrimos" (Foco 76, 2007).

En conclusión, en la dimensión de la integración social, las cifras y el análisis expuesto da cuenta de un gran crecimiento de la clase media, la cual se ha expandido geográficamente en diversos lugares de la ciudad. Esto según algunos investigadores ha posibilitado la reducción de la escala de la segregación, lo cual no asegura una mayor integración social debido, entre otras cosas, a las tipologías de las urbanizaciones (barrios cerrados). Además, si consideramos los grupos extremos, estos tienden a distanciarse más aún, lo cual ha sido provocado por la acción del Estado mediante la política habitacional. Lo preocupante del hecho es la norteamericanización (Wacquant, 2001) o efecto guetto en los barrios populares, el cual parece ser el último eslabón de un proceso que comienza con la reducción de las oportunidades (para más detalle al respecto ver Brain y Sabatini, 2007). Esta situación y transformación de la estructura socio espacial ha dificultado la formación de identidades en la ciudad de Santiago, en donde los habitantes sienten un importante rechazo por la ciudad.

La igualdad

Una de las características más destacadas de Chile en su proceso de consolidación económica y democrática ha sido la disminución de la pobreza. En la RMS, sólo entre 1990 y 2006 la población en condición de pobreza se redujo en 22,4 puntos porcentuales pasando de 33% a sólo 10,6%. De este total, la pobreza no indigente disminuyó más rápidamente que la indigencia. En el caso de la primera pasó de 23,4% en 1990 a 8,2% en el 2006, mientras que la indigencia pasó de 9,6% a 2,4 % en el mismo período.

A pesar de esta importante disminución de la pobreza generada por el crecimiento económico, las desigualdades en el nivel de ingreso sólo decrecieron levemente a pesar de todos los esfuerzos destinados a este fin. De hecho, en el Cuadro 4 se observa la alta concentración de la riqueza que existe en la RMS en el último quintil, la que entre 1990 y 2000 incluso aumentó: mientras en 1990 el V quintil obtenía más de 13,5 veces los ingresos autónomos del primero, en el 2000 esta cifra sube a 14,2 veces. Posteriormente, en el 2006, la diferencia de ingresos autónomos entre el primer y el último quintil disminuye 12,6 veces, cifra que a pesar de esta disminución, continúa siendo muy alta.

Estas desigualdades y bajas posibilidades de mejorar la condición de los grupos más excluidos también se manifiestan en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Éste intenta realizar una aproximación más amplia, mediante una evaluación de la acumulación de capacidades humanas, para lo que consideran indicadores sobre educación, salud e ingresos. A pesar de que entre 1994 y 2003, el IDH promedio de la RMS mejoró, pasando de 0,7 a 0,76, las desigualdades al interior de la ciudad continuaron. De hecho, en la RMS conviven comunas con IDH similares a algunos países desarrollados como el caso de Vitacura (0,94), Las Condes (0,93) o Providencia (0,91); con otras comunas que poseen IDH muy bajos como Lo Espejo (0,65), La Pintana (0,67) o San Ramón (0,67).

Como conclusión a los datos expuestos en esta dimensión, es posible afirmar que el alto crecimiento económico alcanzado, la fuerte disminución de la pobreza y las políticas públicas orientadas a estos objetivos no han logrado disminuir las desigualdades sociales. Este objetivo parece fundamental a la hora de construir una sociedad más cohesionada. Los estudios muestran que las desigualdades pueden disminuir en el mediano plazo, en donde las políticas de educación juegan un rol fundamental en la generación de oportunidades. Las importantes disparidades en los IDH al interior de la ciudad muestran donde se debe localizar los esfuerzos en términos de la calidad de la educación.

Comentarios finales

Es indudable que el proceso de inserción internacional de la ciudad de Santiago usando como puente al país y su búsqueda por mejores condiciones para la inversión internacional, han tenido consecuencias en la transformación de su organización productiva, el mercado del trabajo y la estructura socio ocupacional de la ciudad.

Por las características de la economía urbana y las transformaciones de la estructura productiva y los datos expuestos anteriormente, se podría afirmar que aparentemente un espectro amplio de la sociedad ha sido favorecido. De hecho, el surgimiento de una nueva clase media, que según los estudios es considerablemente distinta a la heredada del período industrial desarrollista por su carácter privado y su operación bajo formas más precarias, ha tenido un alto impacto en la metamorfosis de la ciudad tanto en el ámbito del consumo y sobre todo en su estructuración social.

Sin embargo, a pesar de lo que se podría pensar, este proceso de expansión económica, mejoramiento del bienestar general de los habitantes y surgimiento de una nueva clase media no se ha traducido en mayor cohesión social en Santiago. El uso de los indicadores que ayudaron a explorar las dimensiones propuestas por Turok mostraron que de hecho, la cohesión social podría estar disminuyendo debido a la baja tolerancia, el aumento en la violencia y la sensación de inseguridad, la disminución de la confianza en las instituciones públicas, la baja en la participación cívica, la formación de guettos y la mantención de las desigualdades sociales. Las causas de tal situación podrían encontrarse en que a pesar de que el aumento del empleo es una de las características más importantes de una economía competitiva, como la de la Región Metropolitana, esto puede ayudar a que muchas familias sobrevivan pero no ayuda a disminuir las disparidades de ingresos. Más aún si el principal vehículo de movilidad social que es la educación, muestra disparidades tan importantes en términos de calidad como en Santiago. En este sentido, cabe preguntarse si un modelo de desarrollo que mantiene y reproduce crecientemente las desigualdades es sustentable en el largo plazo.

Además, el análisis sugiere que las políticas públicas en los últimos 17 años, si bien han contribuido a mejorar las condiciones materiales y el acceso a bienes públicos, al mismo tiempo han generado impactos a nivel urbano, rompiendo el tejido social existente. El caso de la política habitacional es un muy buen ejemplo de esto, ya que privilegió sobre todo la cantidad de soluciones habitacionales, por sobre la construcción social del espacio urbano.

Lo mismo pasa con las políticas orientadas a la competitividad, las cuales han privilegiado la escala país por sobre la escala metropolitana, lo que implica que el posicionamiento de Santiago es una consecuencia en donde los actores locales no tienen ningún mérito ni responsabilidad. Por el contrario, el proyecto “Santiago” podría ser la oportunidad para generar una instancia de unión, de creación de puentes, diálogo, sueños, una comunidad de intereses donde se puedan fusionar las distintas visiones instrumentales, y así facilitar la construcción simbólica de una identidad colectiva (Orellana y Fuentes, 2007) sobre la cual fundar la cohesión social, que a su vez influirá de manera importante en la competitividad.

En resumen, es indudable que existe una vinculación estrecha entre competitividad y cohesión social, sin embargo para el caso de Santiago, esta investigación exploratoria entrega indicios sobre el peso de los factores internos, especialmente los relacionados con las políticas públicas. Seguir un modelo de desarrollo orientado a la competitividad no implica la marginación del Estado de los procesos que modelan la ciudad y su estructura social. Por el contrario, sugiere un gran desafío para él ya que debe ser capaz de transformarse y adoptar nuevas formas espaciales para responder a las necesidades urbanas emergentes que requieren de cohesión para ser competitivas. Así, el Estado debe ser capaz de impedir la desvinculación entre el progreso económico y el social.

Notas

[13] Encuesta realizada por la Fundación Futuro en mayo de 2001.Se tomó una muestra de 300 personas con un error muestral de 5,7% y un nivel de confianza de 95%.

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© Copyright Luis Alejandro Fuentes Arce , 2010. 
© Copyright Scripta Nova, 2010.

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