La construcción del convento de San Agustín (1728-ca.1800): ingenieros, maestros de obra e impacto en el Raval de Barcelona

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN (1728-ca.1800): INGENIEROS, MAESTROS DE OBRA E IMPACTO EN EL RAVAL DE BARCELONA

La construcción del convento de San Agustín (1728-ca.1800): ingenieros, maestros de obra e impacto en el Raval de Barcelona (Resumen)

Los centros históricos de las ciudades se han configurado a través de múltiples procesos, algunos de los cuales han destacado por su dilatación en el tiempo y por su envergadura, tanto en el aspecto material como en relación con los numerosos agentes urbanos implicados. En Barcelona, en el siglo XVIII se construyó el nuevo convento de la orden de los agustinos calzados, un importante complejo religioso que se levantó en el entonces arrabal de la ciudad y que actualmente constituye el Raval, uno de los barrios que forman el centro histórico de la ciudad. Los ingenieros militares y los maestros de obra fueron profesionales que desempeñaron un papel destacado en la proyección de la obra, de la que hoy en día se conserva una parte importante y cuyo impacto sigue vigente en la trama urbana.

The building of San Agustín convent (1728-ca.1800): engineers, master builders and impact in the Barcelona's Raval (Abstract)

Historical centers of cities have been formed by multiple processes; some of them are relevant because their dilatation in time, their extension and the numerous urban agents involved. In the eighteenth century, the new convent of the agustinos calzados order was built in Barcelona. It was a notable religious complex built in the former suburb that is nowadays the Raval neighborhood, a part of the historical center of the city. Military engineers and master builders were the professionals who carried out a relevant role in the work’s projection, from which survives an important part; its impact still remains in the urban network.

El conocimiento de la historia urbana de los cascos antiguos es fundamental para comprender el desarrollo de la trama urbana de calles y edificios a lo largo del tiempo, aspectos básicos a tener en cuenta en cualquier proyecto de intervención urbanística en estos espacios, que están dotados de especial significado para la ciudadanía en general. Las operaciones de compra-venta inmobiliaria, las parcelaciones, los agentes urbanos que han liderado los procesos de urbanización, el desarrollo de dichos procesos, los cambios en los usos del suelo, en definitiva, las vicisitudes de la urbanización a lo largo del tiempo, constituyen una fuente de información valiosa cuyo conocimiento contribuye al respeto y al aprecio del centro histórico urbano.

En el siglo XVIII, la ciudad de Barcelona estaba constituida por el actual distrito de Ciutat Vella, que corresponde al centro histórico. El paisaje urbano de la Barcelona de las primeras décadas del siglo XVIII se vería profundamente alterado después de dos siglos de relativa estabilidad. Las grandes transformaciones que experimentó la ciudad se iniciaron con la instauración del gobierno borbónico de Felipe V en 1714, que subió al poder después de asediar y tomar la ciudad en el marco de la Guerra de Sucesión. La victoria de Felipe V conllevó un cambio sustancial en el ejercicio del poder, que en el caso de Barcelona se tradujo en la abolición de las instituciones que le eran propias[1]. Dado el carácter militarizado de los estados, las tareas urbanísticas emprendidas en el Siglo de las Luces fueron encomendadas a un colectivo profesional que estaba al servicio de dichos estados, los ingenieros militares. Este cuerpo, entonces recientemente creado en España, desempeñó un papel fundamental en la proyección de todas las operaciones urbanísticas de envergadura, no sólo las propiamente militares sino también las civiles que gozaban de especial relevancia para la Corona; proyectaron nuevas poblaciones[2], lideraron la remodelación de las ya existentes, modernizaron el sistema de comunicaciones terrestres y diseñaron edificios.

Felipe V reforzó el sistema defensivo de la ciudad. Mejoró las murallas y en el sureste urbano erigió la Ciudadela, cuya finalidad era no sólo la de reforzar militarmente la defensa de aquel flanco en caso de contienda, sino también la de someter la población civil[3]. La construcción de aquella fortificación conllevó el derribo de un barrio popular muy poblado, la Ribera, y el desalojo de la población allí residente, que se distribuyó por la ciudad en función de sus posibilidades. Entre los afectados por la formación de la Ciudadela se encontraba el convento de la orden de los agustinos calzados, presente en el barrio de la Ribera desde el siglo XIV y propietario de varias casas en aquel entorno. La sede conventual, situada al límite del terreno de la explanada que había de rodear la Ciudadela, se consideró incompatible con las funciones de defensa de aquel espacio. Como compensación, la Corona adjudicó a los religiosos un extenso terreno para erigir un nuevo emplazamiento en un sector privilegiado del antiguo arrabal urbano. En la proyección y construcción del nuevo convento intervinieron decisivamente el cuerpo de ingenieros militares y un colectivo profesional que lideró el mundo de la construcción en el dieciocho barcelonés, los maestros de obra.

La problemática construcción del nuevo convento, un conjunto de gran envergadura que tuvo un importante impacto urbanístico, muestra relevantes aspectos referentes a los conflictos de intereses por parte de los detentores del poder, la jerarquía política y social, los agentes urbanos, la estructura de la propiedad, los profesionales de la construcción, y el debate en materia de arquitectura de la época. La nueva sede de los agustinos se considera la segunda obra más ambiciosa del gobierno borbónico en la Barcelona del dieciocho, después de la Ciudadela. Con el patrocinio del complejo religioso, la nueva monarquía mostró su poder después de someter la ciudad por la fuerza, de modo que el convento se erigió en un importante elemento de propaganda del nuevo régimen en Barcelona[4]. También se puso de manifiesto el poder de la orden de San Agustín, que consiguió que la Corona le adjudicase un preciado terreno y financiase gran parte de la obra.

A inicios del Setecientos, la ciudad de Barcelona estaba rodeada por la muralla erigida en el siglo XIV, que a su vez comprendía en su interior la del siglo XIII; esta última circundaba la ciudad originaria, correspondiente al oriente urbano. El espacio occidental constituía el arrabal de Barcelona, el actual barrio del Raval, que albergaba usos complementarios de la ciudad: huertos, instituciones asistenciales -hospitales, casas de acogida- y complejos conventuales de distintas órdenes religiosas. La muralla que separaba el Raval del resto de la ciudad, que actualmente corresponde al paseo de la Rambla, seguía constituyendo una barrera que separaba dos espacios diferenciados: la ciudad propiamente, con escasos espacios libres, y el Raval, con una baja densidad de construcción. Sin embargo, dentro del Raval también existían contrastes; a grandes rasgos, el norte estaba más urbanizado que el sur, donde predominaban las grandes extensiones destinadas a huertos (figura 1).

A lo largo del siglo XVIII, en el Raval se construyeron grandes edificios religiosos y civiles, de notorio impacto urbanístico: el convento e iglesia de la orden de agustinos calzados, que ahora nos ocupa; la iglesia de San Pedro Nolasco, del convento de paúles; se completó la obra de la iglesia de Betlem, de la orden de Jesús; el cuartel de las Atarazanas; el Real Colegio de Cirugía, junto al hospital; en las últimas décadas del siglo, se construyeron el palacio conocido como de la Virreina -en la Rambla-, y la prisión femenina llamada la Galera; también se reconstruyó el teatro de las Comedias después de que un incendio lo destruyera en gran parte. En 1785, después del derribo de la muralla de la Rambla y del inicio de la reordenación de aquel espacio como un paseo[5], en el sur del Raval se abrió la calle Nueva del Conde del Asalto, hecho que impulsó la apertura de otras calles y la urbanización de aquel sector.

Después de que los agustinos rogaran al monarca que considerase el grave perjuicio que la expropiación de su convento les supondría - la pérdida de un importante complejo con capacidad para albergar y formar novicios, la desaparición de censos radicados en la iglesia del convento y otros procedentes de casas de aquel entorno que serían derruidas-, en 1721 la Corona decidió indemnizar a los religiosos con la concesión de un terreno para construir un nuevo convento[6]. El Capitán General de Cataluña, a instancias del rey, ordenó buscar distintos emplazamientos posibles. Cabe señalar que, en materia urbanística, las instituciones monárquicas detentaban el poder sobre cualquier decisión relevante, mientras que la administración local solamente tenía competencia en aspectos menores, como la pavimentación, las infraestructuras, alturas edificatorias, etc.[7] Los proyectos fueron encargados a un colectivo profesional de gran prestigio que estaba al servicio de la Corona y que en España había sido creado recientemente, en 1710: el Cuerpo de Ingenieros Militares[8].

El Ingeniero Director del Principado de Cataluña, Alejandro de Rez, acompañado por un representante de los agustinos, elaboró el proyecto con los planos de los cuatro lugares que las autoridades monárquica y local consideraron: las calles Escudellers/Nueva/Rambla, donde se valoraron dos sitios distintos; el Teatro de las Comedias -en la parte sur de la Rambla- y la calle del Hospital entre las de San Pablo, Cadena y Robador. Las fincas rústicas y urbanas comprendidas en cada ubicación fueron tasadas por peritos de la Corona y del Ayuntamiento. Finalmente, los propios agustinos propusieron la manzana comprendida entre las calles Hospital/San Pablo/Rambla/Robador, lo cual generó una gran controversia entre las autoridades locales y estatales, por tratarse de un espacio con varias casas de gran valor, que habrían de demolerse si se elegía como terreno para el nuevo convento[9]. La polémica, iniciada con la propuesta de los religiosos, caracterizó prácticamente la totalidad del proceso de formación del conjunto religioso, que se prolongó hasta finales del siglo XVIII y que abordamos en este trabajo. El artículo se basa en documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), de Barcelona, sección Órdenes Religiosas y Monacales (ORM), serie Hacienda (HAC); sección Mapas y Planos (MP); sección Real Audiencia, serie Pleitos Civiles; del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), Fondo Municipal (1), sección Ajuntament Borbònic (D), serie Acords (I); también en documentación anteriormente utilizada por otros autores, depositada en la Universidad de Barcelona, Fondo Antiguo -Cebrià y Font, Manifiesto del Padre Prior y Convento... y Romà-; en los trabajos de Manuel Arranz sobre los profesionales de la construcción en el siglo XVIII y en el de Sargatal Bataller, sobre la formación del convento de San Agustín[10].

El 6 de diciembre de 1726, el rey dispuso a través de una orden[11] que los religiosos construyeran su nuevo convento en la zona propuesta por ellos mismos (figura 1).

El terreno constaba de 3.050 toesas cuadradas (unos 11.562 m²)[12], aproximadamente la misma superficie que ocupaba el antiguo convento. El plano de Alejandro de Rez (figura 2)[13] señala con exactitud las fincas afectadas, en las que consta con referencias alfabéticas y numéricas el nombre de los propietarios de las fincas, que en su mayoría poseían casas con huertos en la parte posterior. Este documento cartográfico permite conocer con precisión, además de los nombres de los dueños de las casas, la morfología urbana detallada de aquel sector de Barcelona.

En el plano destaca la disposición alargada de numerosas fincas, sobre todo en el frente de la calle Hospital; la longitud de la fachada de los edificios es, en la mayor parte de los casos, muy corta en relación con la profundidad. Las propiedades rústicas afectadas, correspondientes a huertos y jardines, presentan igualmente la misma morfología, con pocas excepciones (figura 2).

En la calle del Hospital, las casas poseen en general mayor dimensión que en la calle de San Pablo, salvo las más cercanas a la calle Robador (figura 2, entre A y B). En el frente de esta última calle, cuyas fincas no están afectadas por las expropiaciones, destaca el escaso tamaño de la mayoría de las viviendas. Esta morfología parcelaria se deriva directamente de la estructura medieval, caracterizada por un crecimiento orgánico; las calles del Hospital y de San Pablo corresponden a antiguos caminos de entrada a Barcelona que se poblaron a lo largo de la Edad Media, y la calle Robador ya estaba formada a finales de dicho período[14]. El aprovechamiento del terreno se muestra en la orientación inclinada de las parcelas en el tramo en que están más cercanas las calles del Hospital y de San Pablo, donde casas y huertos forman un entramado perfectamente articulado.

Las viviendas y las tierras del área central, a ocupar por el convento, apuntan un valor catastral elevado, por su considerable superficie y por su emplazamiento cercano al centro de la ciudad. El tramo afectado de la calle del Hospital, un eje de comunicación importante, concentraba una proporción considerable de casas grandes y medianas, sobre todo en relación con el resto del arrabal, donde mayoritariamente eran reducidas y poco valoradas. Dos de las fincas situadas en la calle de San Pablo, pertenecientes a dos propietarios, comprendían varias casas y amplios huertos, de unos 4000 y 3000 metros cuadrados[15]; de las dos propiedades, se vería afectada por la construcción del convento la mayor, que integraba siete casas y 4000 metros cuadrados de huerto. La presencia de extensiones importantes de terreno rústico se debe a que esta zona del arrabal, al sur de la calle del Hospital, era conocida como los Huertos de San Pablo (que tomaba el nombre de la iglesia y convento situados en el extremo occidental de la calle del mismo nombre); en cambio, el tramo de la calle del Hospital más próximo a la Rambla constituía una especie de prolongación urbana y comercial del centro urbano[16].

Ante la decisión de construir el convento en aquellos terrenos, las protestas de los afectados se hicieron oír inmediatamente. Se trataba, pues, de una zona donde confluían diversos intereses. Por un lado, se interpusieron los propietarios de las fincas, que veían cómo se les iba a desposeer de un importante patrimonio; por otro lado, distintas comunidades religiosas y seculares, que alegaron diferentes motivos por los que se oponían al futuro conjunto.

El desacuerdo de los propietarios se basaba en el hecho de tener que demoler casas de gran valor por su buena situación en el arrabal y por las tierras en ellas contenidas; decían no entender cómo el rey podía permitir a los agustinos instalarse en la parte más poblada del arrabal[17]. Las comunidades de religiosas de Jerusalén, residentes en la calle del Hospital, justo enfrente de donde había de construirse el edificio, las monjas arrepentidas, con frente en la calle de San Pablo, los carmelitas descalzos de San José, y los trinitarios descalzos, todos con sede en las inmediaciones del terreno adjudicado a los agustinos, arguyeron la falta de aireación que supondría la erección del convento, y más teniendo en cuenta que en la zona ya existían edificios voluminosos –complejos monásticos, colegios que dependían de ellos, el hospital general- que impedían la circulación de aires saludables. Las dos congregaciones de monjas, además, alegaron la posibilidad de ser vistas en su clausura. Otro argumento utilizado se refería al derecho canónico, que obligaba a mantener un mínimo de distancia entre conventos, lo cual contravendría la formación de la nueva sede de los agustinos; sin embargo, el motivo que subyacía bajo todas las demás alegaciones era la pérdida de limosnas del vecindario, considerando las provenientes de las casas que se habrían de demoler[18].

Otra comunidad religiosa en desacuerdo con la nueva construcción era la parroquia de Nuestra Señora del Pino, situada al otro lado de la Rambla y con amplia jurisdicción parroquial en el arrabal[19]. No era la primera vez que estos religiosos mostraban su malestar provocado por la presencia de otra congregación; en el siglo XVII ya habían protestado por la ampliación de la sede de los carmelitas descalzos, en el Raval[20]. En el caso de los agustinos, manifestaron que para la nueva obra era necesario derruir numerosas casas en las que vivían doscientas familias –según afirmaba la comunidad del Pino-, de quienes recibían numerosas limosnas y dinero de fundaciones; declararon abiertamente que, de todos los perjuicios que les pudiera causar el nuevo convento, el mayor era la disminución de los beneficios económicos que percibirían[21]. Además de recibir limosnas de los particulares, las parroquias y los conventos actuaban como prestamistas para los propietarios inmobiliarios: a través del establecimiento de censos y enfiteusis, conseguían ingresos periódicos en concepto de censales y pensiones. En general, quien constaba como dueño poseía solamente el dominio útil de aquéllas. Era frecuente que sobre la misma casa pesaran una serie de censos, que generaban sendos pagos a las comunidades religiosas y a particulares que disfrutaban de derechos dominicales sobre las viviendas[22]. La comunidad del Pino percibía censos y luismos de las casas afectadas situadas en la calle del Hospital, razón por la cual se oponía a su expropiación.

A pesar de las numerosas oposiciones, el rey decidió respetar la voluntad de los religiosos de instalarse en el lugar propuesto por ellos. La aceptación de la propuesta de los monjes por parte del rey se debió probablemente a tres motivos: al hecho de que los agustinos no habían mostrado animadversión a la monarquía borbónica; a la voluntad de utilización, por parte de la Corona, de la nueva obra como elemento propagandístico; y al trato de privilegio del que habían gozado tradicionalmente las congregaciones religiosas. Según Ll. Rodríguez Muñoz, los agustinos calzados fueron una de las órdenes que mejores relaciones tuvo con los reyes borbones a lo largo del siglo XVIII; apoyaron las reformas ilustradas y modificaron los planes de estudio para la formación de su noviciado, con lo cual fue la única orden que no se vio reducida en número ante el afán del gobierno por disminuir los privilegios del clero[23]. Al buscar emplazamiento para una nueva sede, las congregaciones buscaban lugares espaciosos, pero también deseaban una buena situación, con un vecindario capaz de proporcionar limosnas; por esta razón la erección de complejos monásticos conllevaba con frecuencia la demolición de numerosas casas. Además, con el tiempo, los conventos acababan por apoderarse de las casas situadas en sus proximidades; esta especie de derecho de expropiación era exclusivo de las órdenes religiosas[24].

Siguiendo órdenes del rey, cada una de las tres partes interesadas o afectadas por la futura edificación – los mismos religiosos, los dueños de las fincas a expropiar, y la Corona y el Ayuntamiento conjuntamente- nombró a distintos peritos con el fin de tasar las parcelas afectadas por la nueva obra. Cada evaluación contenía el precio estimado por los expertos de las distintas partes[25]. El rey decidió aprobar la valoración realizada por los peritos nombrados por la Corona y el Ayuntamiento, cuyo valor total era de 43.692 libras catalanas y 12 sueldos[26], cantidad intermedia entre las otras dos. Sin embargo, la Corona, que consideró apropiado financiar la compra del terreno y la edificación del nuevo conjunto a cuenta de la Real Hacienda, estaba dispuesta a costear solamente 24.783 libras, el valor que se había otorgado a uno de los terrenos considerados previamente en las calles Escudellers/Nueva/Rambla; el resto debían abonarlo los padres agustinos con sus propios beneficios[27]. La comunidad, por su parte, contaba con 133.460 libras[28], cantidad en la que habían sido estimadas las posesiones inmobiliarias del antiguo convento, expropiado para construir la Ciudadela y su explanada.

De las tasaciones de las casas, cabe destacar que a las de la calle del Hospital se les otorgó proporcionalmente mucho más valor que a las de San Pablo, tal como se ha señalado a partir de la lectura del plano del ingeniero Alejandro de Rez (figura 2). Las viviendas de la calle del Hospital tenían una mayor superficie y, aunque no se puede apreciar en el plano mencionado, cabe señalar que eran, en promedio, más elevadas que las de la calle de San Pablo[29].

Según la documentación, los propietarios de las casas eran también sus ocupantes, aunque las de la calle del Hospital, de mayor superficie y altura, quizás albergaban más de un núcleo familiar. Los dueños tenían distintas ocupaciones; el grupo más numeroso era el de los religiosos –cuatro eclesiásticos, dos de ellos de la catedral, y un monje-. El resto eran hortelanos, sastres, comerciantes, médicos, un notario, un artesano fabricante de órganos, un platero, y un pintor. Los que tenían una posición más baja, dedicados a la agricultura, corresponden a los de la calle Robador, y los de mejor situación eran los de la calle del Hospital; esta diferenciación se corresponde con la distinta consideración que tenían las calles en cuestión. Si bien en la periferia urbana -gran parte de la cual la constituía el Raval- se concentraban las capas más pobres, las profesiones menos valoradas y la gente sin ocupación, no se puede considerar que este sector compartiera estas características desde el punto de vista de sus habitantes, exceptuando algunos casos de la calle Robador[30]

La compra, por parte de los agustinos, del terreno asignado, siguió el procedimiento que estableció el Ayuntamiento para regir el proceso en lo jurídico[31]: el prior, en nombre de los agustinos, había de designar las fincas comprendidas en el plano de Alejandro de Rez (figura 2) que quisieran ocupar en distintas fases, a medida que los monjes dispusieran del dinero procedente de la Corona, de los censos de las propiedades inmobiliarias que aún poseían y de los beneficios y limosnas. Seguidamente debía presentar certificación del escribano mayor de la Tabla de Comunes Depósitos[32] conforme la comunidad había ingresado el dinero requerido; con aquel fondo, el teniente de corregidor de Barcelona procedería a los pagos de las indemnizaciones. El alcalde haría entonces pública la decisión de proceder a la expropiación. El rey instó al corregidor y al Ayuntamiento para que apoyaran a los expropiados, facilitándoles la obtención de una nueva casa, ya fuera a título de compra o de alquiler; sin embargo, desconocemos el destino residencial de los afectados.

El Ayuntamiento emplazó a todos los que ostentaban algún derecho sobre aquellas casas a presentar la documentación fehaciente de sus títulos. Los agustinos, por su parte, debían depositar una fianza destinada a amortizar los derechos dominicales y a satisfacer deudas pendientes que pesaran sobre las casas en el momento de la compra[33].

Las expropiaciones se prolongaron durante nueve años, de 1727 a 1736[34]. Las primeras adquisiciones correspondieron a fincas de la calle del Hospital, proporcionalmente más caras que el resto. La construcción de la obra empezó en 1728 por la iglesia del convento, situada al este del conjunto. El hecho de que gran parte de las compras iniciales fueran las de aquel flanco permitió avanzar en el asentamiento del templo.

Una obra religiosa de gran impacto urbanístico: la construcción del nuevo convento de San Agustín de Barcelona

La formación del conjunto se llevó a cabo siguiendo un proceso largo y lleno de escollos. Después de haber superado las trabas interpuestas sobre todo por las comunidades religiosas, aún habían de surgir otros conflictos, que al principio fueron ocasionados por la magnitud que alcanzaba la edificación; más tarde fueron los propios monjes quienes hallaron problemas constructivos en la obra. Todo ello generó la redacción de varios dictámenes, emitidos por profesionales reconocidos y relacionados con el sector de la construcción. Aquellas dificultades, unidas a las causadas por el retraso en la financiación por parte de la Corona, hicieron modificar los proyectos aprobados y obligaron a prolongar la obra durante varias décadas.

La fase de elaboración de proyectos para el nuevo convento tuvo lugar en 1728. Al menos dos maestros de obras, Pau Trilles[35] y Pere Bertran, trazaron plantas, elevaciones y perfiles del futuro complejo. Los padres agustinos eligieron el proyecto del maestro de obras y arquitecto Pere Bertran Tap (ca. 1677-1751). Bertran pertenecía a una destacada familia de arquitectos y maestros de obras barceloneses de los siglos XVII y XVIII. Su padre, Baltasar Bertran, ya había trabajado para los agustinos en distintas obras realizadas en la iglesia del convento antiguo; el mismo Pere se hizo cargo de la dirección de dichas obras al morir su padre, en 1696. La confianza en el buen trabajo de la familia Bertran fue probablemente la razón fundamental por la que los religiosos eligieron al heredero Pere para erigir el nuevo conjunto del Raval. Además, la compañía de los Bertran era sólida; con la colaboración de sus hermanos, Pere Bertran se convirtió en el eje de la empresa más poderosa del Pincipado de Cataluña de la primera mitad del siglo XVIII[36].

En relación con los profesionales de la construcción, cabe señalar que durante la primera mitad del siglo XVIII, al no existir todavía ningún organismo competente para expedir títulos de arquitecto, los maestros de obra eran los que ejercían como tales. El título oficial de arquitecto no se expidió hasta 1752, cuando se creó en Madrid la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, el organismo competente en la materia. Antes de la creación de dicha academia, con frecuencia se utilizaban ambas denominaciones, maestros de obra y arquitectos, para referirse a la labor profesional de aquel colectivo. En numerosos casos la calificación de arquitecto era adecuada, por la buena calidad y el rigor de los trabajos de levantamiento de planos y mapas; un ejemplo lo constituía Pere Bertran. Sin embargo, en otros casos pesaba más el prestigio que otorgaba la denominación de arquitecto que la calidad del trabajo de quien se autodenominaba como tal[37].

Bertran proyectó un conjunto de gran magnitud. El complejo presentaba una estructura conventual típica, con tres claustros alrededor de los cuales se distribuían las estancias, que se levantaban tres pisos, más la iglesia (figura 3).

De la primera planta (figura 3) destacamos algunos aspectos relevantes para comprender el desarrollo posterior de la obra. En la parte delantera de la iglesia está proyectado un espacioso patio, porticado en su lateral izquierdo, abierto a la calle del Hospital; en la parte trasera figura otro patio, en parte cubierto, de base triangular. La nave central de la iglesia y los brazos de crucero presentan igual anchura, de modo que la cúpula que ha de cubrir el crucero tiene base circular[38]. Limitando con la iglesia está trazada la nueva calle que debía abrirse con la construcción del complejo. La parte destinada a convento destaca por sus grandes dimensiones, tanto por los espaciosos claustros como por la gran cantidad de dependencias que se disponen a su alrededor; la zona residencial, en la planta baja a la derecha del conjunto, muestra capacidad para albergar a una importante cantidad de religiosos[39].

Si se contrasta el plano de Bertran (figura 3) con el perímetro del terreno aprobado por el rey (figura 2), se aprecia claramente que las dimensiones de lo proyectado sobresalen, por el flanco occidental (derecha del plano), de la superficie que se le había destinado. Los religiosos debieron de pensar que contarían con el beneplácito de la Corona para que aceptara un proyecto que superaba el espacio concedido y que, por consiguiente, requería la expropiación de más terreno, una mayor inversión y con toda probabilidad enfrentamientos con la propiedad.

La primera piedra del complejo se puso el 12 de diciembre de 1728[40], siendo nombrado director de la obra Pere Bertran. El 26 de febrero de 1729, el maestro de casas Francesc Torrents firmó una contrata con los agustinos, obtenida en subasta pública, para hacerse cargo de la obra como empresario constructor. Torrents (¿1675/1680?-1747) era miembro de una familia de maestros de casas de Barcelona en el siglo XVIII; trabajó por cuenta propia y como socio de compañías adjudicatarias de obras de todo tipo[41]. La contrata establecía los diferentes materiales con los que deberían construirse las distintas partes del edificio, haciendo especial hincapié en la piedra picada, que habría de ser el material de la base de paredes, pilastras, pedestales y demás elementos que requerían solidez. La madera necesaria la proporcionarían los agustinos, quienes la comprarían en Tortosa, siendo Torrents quien debería trabajarla.

La contrata era de “asiento”, de modo que establecía las cantidades de dinero que el convento pagaría en distintos plazos a Torrents, con el fin de que costeara la mano de obra y los materiales[42]. El documento regulaba la primera fase de la obra: la construcción de la iglesia, con su pórtico, y el lado oriental del recinto del convento, compuesto por distintas dependencias y una parte de los tres claustros. De aquella contrata destacamos un aspecto que en el futuro habría de constituir un gran motivo de polémica: los religiosos se reservaban la prerrogativa de poder realizar cualquier modificación al proyecto previo, que debía ser aceptada por el empresario[43].

El gran coste del complejo, dada su magnitud, propició la detención de la obra por las dificultades de financiación por parte de la Corona. A este problema se añadieron las quejas que en mayo de 1731 interpusieron de nuevo algunos vecinos y dueños de las casas compradas por los agustinos, la parroquia del Pino y distintas congregaciones con sede en el Raval; no habiendo conseguido en 1727 la anulación de la obra, los afectados unieron de nuevo sus quejas. En esta ocasión, las razones esgrimidas para su oposición al convento fueron las mismas que anteriormente: la privación de la circulación del aire -a causa de la gran altura que habría de alcanzar la obra- y la posibilidad de que las comunidades religiosas pudieran ser vistas en el interior de sus dependencias desde el convento de los agustinos, dada la proximidad de los edificios[44]. Probablemente, un aspecto decisivo a la hora de elevar las voces de protesta fue la dimensión que empezaba a apuntar la obra. Las congregaciones que se oponían al nuevo convento debieron de considerar como un agravio el trato favorable que la Corona dispensaba a los agustinos, quienes disfrutarían en el futuro de muy buenas condiciones si se realizaba el proyecto, básicamente en relación con las posibilidades de albergar a una gran comunidad y de conseguir un mayor poder de recaudación de limosnas.

La intervención del cuerpo de ingenieros militares y de los maestros de obra en el conflicto

Dado el prestigio de los ingenieros militares, el Capitán General de Cataluña, el marqués de Risbourg, recurrió a ellos para que analizasen los planos de la obra y se pronunciaran al respecto. Cabe mencionar que los ingenieros militares fueron requeridos ocasionalmente para diseñar y supervisar obras de conventos, sobre todo los de patronato real, como el caso que nos ocupa, en la península y en las Indias[45].

El entonces Ingeniero Director en Jefe de Barcelona, Andrés de los Cobos, reunió para este efecto una comisión encabezada por él mismo y formada por los ingenieros Carlos Beranguer, Marcos T’Serstevens, Francisco Edelynck y Pedro Manuel de Contreras. El equipo cartografió las modificaciones al proyecto inicial que estimaron oportunas (figuras 4 y 5) y elaboraron un informe en el que se pronunciaron sobre las razones expuestas por los demandantes. Propusieron una restricción de la superficie a construir (figura 4) y de las alturas de algunos elementos arquitectónicos, como el campanario, y un cambio en el tipo de aberturas exteriores con el fin de evitar la visibilidad de los conventos vecinos de órdenes femeninas (figura 5)[46].

En 1731, cuando intervino la comisión dirigida por Andrés de los Cobos, se hallaban levantados diez palmos de la parte oriental de la iglesia (figura 4). Con las modificaciones proyectadas por los ingenieros, se había de suprimir el claustro del frente de la calle del Hospital, de modo que se mantendrían en pie las casas que se habrían de demoler para construir dicho claustro. Cabe recordar que en el trazado inicial de Bertran los límites occidentales del complejo superaban con creces la delimitación aprobada por la Corona en 1726, tal como muestra el esquema de dicho proyecto y la superposición a éste de del perímetro adjudicado (figura 4). A pesar de la reducción propuesta por los ingenieros, el conjunto seguía manteniendo una superficie muy superior a la concedida originariamente, ya que los agustinos podían contar con todo el terreno contenido en la solapa del plano (obsérvense las sombras para distinguir los límites, figura 4). Respecto de la privación del aire, los ingenieros arguyeron en su informe que tanto el espacio libre que dejaba la plaza de delante de la iglesia, como la apertura de una nueva calle al lado del templo, proporcionaban incluso más facilidad para la ventilación; la mayor elevación del nuevo convento e iglesia, en relación con las casas antes existentes, sería compensada por dichos espacios libres.

Para impedir la visibilidad de las religiosas de los conventos vecinos de Jerusalén y Arrepentidas, los ingenieros propusieron que solamente se abriesen ventanas en el interior de los dos claustros. Las aberturas de los frentes de las calles del Hospital y de San Pablo habrían de ser lumbreras o claraboyas, tan grandes como se deseara y situadas cerca de los techos (figura 5).

El contraste de dimensiones entre el convento en proyecto y las edificaciones de su alrededor era muy evidente, tal como se muestra en el perfil de la figura 5. Los planos elaborados por la comisión de ingenieros constituyen valiosos documentos con información detallada sobre los usos del suelo del área cartografiada, así como la parcelación y la estructura interna de las edificaciones, tanto las de carácter religioso como las viviendas (figuras 4y 5)[48].

A pesar de haberse modificado sustancialmente algunos elementos del proyecto original, las religiosas de Jerusalén, residentes en la calle del Hospital frente a la nueva sede de los agustinos, intentaron de nuevo alegar la posibilidad de ser vistas en el interior de sus estancias. Esta vez lo hicieron a través de un documento firmado el 12 de febrero de 1732 por los maestros de obra Joseph Martí, Joseph Martí y Amat, y Joseph Juli, que fue presentado a las autoridades locales[49]. Tanto Joseph Juli como los Martí (padre e hijo) pertenecían a familias de maestros de obras y arquitectos barceloneses de los siglos XVII y XVIII[50]. Las monjas debieron de pensar que si su demanda llevaba la rúbrica de profesionales de prestigio, las autoridades lo tomarían más en consideración que si lo hubieran elaborado particularmente. Los mismos ingenieros, liderados por Andrés de los Cobos, fueron los encargados de dar réplica a las quejas sobre la pretendida visibilidad, y dejaron entrever claramente que eran redundantes y forzadas. A pesar de ello, diseñaron una solución para las aberturas, consistente en la incorporación a las lumbreras de unos travesaños de madera[51].

La falta de recursos económicos, especialmente los que había de proveer la Corona, constituyó el principal escollo que retrasó la reanudación de las obras hasta 1736. En enero de aquel año los religiosos firmaron una segunda contrata con el mismo empresario que había iniciado la obra, Francesc Torrents. Las nuevas cláusulas estaban fundamentadas, en líneas generales, en las anteriores, pero se estipularon precios más bajos[52].

En virtud de los informes y la cartografía que habían elaborado los ingenieros en 1731, los planos diseñados por Bertran en 1728 ya no podían seguirse, ya que el complejo debía reducir sus dimensiones en cuanto a extensión y a altura edificatoria. Una Real Provisión señaló que, en consecuencia, no se podían demoler más casas que las necesarias para formar la plaza de enfrente de la iglesia, a fin de evitar mayores perjuicios a los vecinos[53]. No obstante, en virtud de la atribución de poder ordenar cualquier cambio que se habían otorgado los monjes, desde el inicio de las obras ya se habían realizado variaciones respecto de los planos trazados por el director de la obra Pere Bertran; un cambio significativo que habría de generar una ardua polémica en el futuro fue el ensanchamiento de 10 palmos de la nave principal de la iglesia -en el plano figuraba una anchura de 65 palmos, que pasaron a ser 75-, mientras que la nave del crucero se dejó igual; por ello, la base de la cúpula que se había de elevar sobre el crucero resultaba elíptica, y no circular como figuraba en los planos originales.

La gran ocupación laboral de Bertran provocó su cese como director de la obra, cargo para el cual se nombraron otros maestros de obra y se levantaron nuevos planos que no han llegado a nuestros días. Con el paso de cada uno de ellos se introdujeron reformas, fundamentalmente en las dependencias, la estructura y altura de columnas y pilastras, y los materiales[54]. Estos cambios, al igual que el antes citado ensanchamiento de la nave central, habrían de constituir más adelante un importante motivo de confrontación.

La sucesión de directores y de modificaciones en la obra, introducidas a instancias de los religiosos, propiciaron una situación turbia que fue aprovechada por los agustinos para obrar a su favor. Acusaron al empresario Francesc Torrents de actuar contra la voluntad de la comunidad, por haber realizado las obras sin seguir las normas constructivas y arquitectónicas y, de este modo, haber puesto en peligro la seguridad del conjunto. Una serie de acusaciones mutuas entre el constructor y los agustinos culminó en la suspensión de las obras en octubre de 1738, seguida por el inicio de un pleito contra Torrents por parte de los religiosos. La comunidad rescindió la contrata con el empresario y firmó otra por lo restante de la obra con Mariano Vallescà (Ballescà) y Ramon Ivern (Ibern), ambos miembros de estirpes familiares dedicadas al sector de la construcción, aunque no se reemprendieron las obras. El motivo fundamental del cambio de contratista fue la oferta de precios más bajos de éstos últimos[55]; probablemente ésta fue la razón por la que los agustinos iniciaron el pleito[56].

A instancias de la Real Audiencia, a principios de 1739 cada una de las dos partes interesadas nombró a dos maestros de obra para inspeccionar el estado de la construcción y emitir sus respectivos informes. El convento eligió a Domingo Yarza y Mariano Durán, y el contratista a Agustí Juli y Joseph Arnaudies. Los cuatro expertos analizaron lo construido desde que se firmó la segunda contrata, y valoraron las modificaciones estructurales antes mencionadas. Los maestros de obra designados por los religiosos convinieron que el templo no tenía la debida firmeza y corría el riesgo de derrumbarse, mientras que los escogidos por el empresario no mostraron una opinión ni favorable ni contraria, solamente convinieron que Torrents había cumplido los pactos de la contrata, ya que en todo momento obedeció las órdenes dadas por el convento a través de los directores de la obra. Entre los principales defectos estructurales que encontraron los dos grupos de expertos destacan la distinta profundidad de los cimientos de la obra, la mayor anchura de la nave central respecto de la nave del crucero, la inadecuada ejecución y proporción de columnas y pilastras y el escaso grosor de las ocho paredes que formaban los cuatro ángulos del crucero -eran de cinco palmos, cuando en los planos figuraban de ocho; además, teniendo en cuenta que la nave principal era más ancha que la delineada, el grosor hubiera debido ser de nueve palmos[57].

En este punto, el Capitán General de Cataluña, el conde de Glimes, decidió a finales de 1739 que los ingenieros militares intervinieran en el examen de la obra y emitieran sus valoraciones con imparcialidad, cualidad que no podían poseer los informes emitidos por los expertos nombrados por las dos partes enfrentadas. Los ingenieros designados fueron el entonces Coronel Ingeniero en Jefe, Juan Baltasar de Verboom, y Fernando La Sala. Después de efectuar las mediciones pertinentes cartografiaron los resultados (figuras 6, 7 y 8) y emitieron un informe[58].

En cuanto a las modificaciones practicadas en la iglesia, Verboom y La Sala señalaron que, según las reglas del arte, si se ensanchaba la nave principal también habían de aumentarse la longitud y la altura de la iglesia, así como también correspondía un mayor grueso a los pilares, muros y estribos; al contrario, en la obra se había reducido tanto la longitud de la iglesia como el grosor de los pilares y de los muros del crucero. En el perfil que levantaron de la iglesia (figura 6), plasmaron la obra como estaba y también como la había proyectado Pere Bertran en 1728. Los planos de Bertran eran los que seguían vigentes, a pesar de que la Corona había ordenado la reducción del proyecto y de que existían otros planos realizados por los directores de obra que le habían sucedido.

Para comprobar las profundidades de los cimientos se abrieron siete pozos, con lo cual los ingenieros pudieron verificar y cartografiar la diferencia de nivel a la que se habían practicado los fundamentos (figuras 6, 7 y 8). Los de la izquierda –los primeros en construirse- se hallaban a 3 pies y 5 pulgadas por debajo del nivel del agua, y los de la derecha a menor profundidad; no obstante, existía una gran diversidad de niveles (figura 7), irregularidad para la que Verboom y La Sala no encontraban justificación. Además, con el sondeo se vio que habría sido factible excavarlos a un mismo nivel, puesto que el terreno presentaba las mismas características en todo el espacio destinado al edificio; de ello dependía la seguridad de la construcción. Los ingenieros también constataron que los materiales utilizados para los fundamentos eran de menor calidad que los estipulados en la contrata, donde figuraba el uso de adoquines grandes y mampostería de cantería; en cambio, el material empleado consistía en adoquines pequeños y mampostería de baja calidad.

Otro defecto notorio observado por los dos ingenieros era el hecho de que los pilares y pilastras del crucero y algunos de los laterales estaban desplazados en relación a la disposición de los cimientos, de manera que se desviaba el empuje de los arcos torales del crucero hacia el hueco de las capillas laterales (figura 8).

A las pilastras les correspondería, según los ingenieros, estar construidas siguiendo las proporciones del orden corintio, que consideraban el más delicado de los cinco órdenes arquitectónicos, pero no seguían aquel canon por ser demasiado elevadas y delgadas (figura 6). Además, se les habían suprimido los pedestales delineados por Bertran, lo cual hubiera contribuido a su solidez, y más teniendo en cuenta que las pilastras se hallaban desplazadas de sus cimientos. Tampoco los arcos de las tribunas seguían las reglas del arte ni estaban construidos de acuerdo con la alineación de los fundamentos, de modo que su función de soporte quedaba perjudicada.

Tal como habían convenido los expertos designados por el convento, los ingenieros consideraron insuficientemente gruesos los cuatro muros del crucero, más delgados que en el plano de Bertran, sobre todo considerando que la nave principal era más ancha que la proyectada por aquél. Verboom y la Sala no los encontraron apropiados para resistir el empuje de los arcos torales, de la cúpula y el linternón.

Por lo tanto, según Verboom y la Sala no se podía seguir la obra del modo como se estaba levantando, ya que estaría expuesta a derrumbarse. El informe no fue entregado en el momento inmediato a su redacción, en diciembre de 1739, sino en agosto de 1740, ya que unos fuertes temporales provocaron la inundación de los pozos por agua y tierra; fue preciso atender a que se retiraran las aguas para comprobar si se descubría algún otro defecto, pero no se halló ninguno.

Otros tres informes sobre el estado de la obra fueron demandados por parte del Capitán General de Cataluña a tres equipos de ingenieros militares. El primero de ellos fue el formado por Juan Antonio Courten[59], Ingeniero en Jefe y Teniente Coronel, Juan Martín Zermeño, Ingeniero en Jefe y Coronel, y Pedro Lucuze, Ingeniero Ordinario y director de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, cuya evaluación[60] fue encargada ante la demora de Verboom y la Sala en la presentación de la suya. Los dos siguientes equipos estaban constituidos por el Coronel Ingeniero José Fabre y los Tenientes Ingenieros Ordinarios Antonio Francisco Framboisier y Carlos Luján (Luxan) [61], y por el Ingeniero en Jefe con grado de Coronel Jaime Sicre, el Ingeniero en Jefe y Teniente Coronel Joaquín de Rado (Prado en algunos documentos) y el Ingeniero Ordinario Pascual de Navas (Nabas)[62]. Las tres valoraciones fueron presentadas entre junio de 1740 y junio de 1741.

Los veredictos presentan una considerable similitud en cuanto a la evaluación de la obra. Señalan que se había procedido de forma incorrecta ya en la fase de proyección, puesto que al haberse limitado la extensión del terreno que podía ocupar el edificio de los agustinos, se hubiera debido formar un nuevo proyecto general al que atenerse de forma rigurosa. La contrata habría de basarse en dicha nueva cartografía, requería ser más concreta y no estar sujeta a interpretación; al contrario, los directores habían variado la obra a instancias de los agustinos, actuando sin coherencia. Por lo tanto, según los ingenieros, no podía culparse al empresario Torrents de las modificaciones practicadas, ya que se había limitado a obedecer las órdenes de sus superiores.

En cuanto a los defectos de la construcción[63], los tres equipos detectaron prácticamente los mismos. En relación con los cimientos, los ingenieros hicieron constar que deberían haberse practicado a un mismo nivel, aunque podían dejarse como estaban porque el terreno era lo suficientemente sólido para sustentar la edificación. Sobre las proporciones de la iglesia, alteradas respecto de los planos originales, Courten, Zermeño y Lucuze mencionaron que distintos tratadistas de arquitectura habían estipulado las relaciones adecuadas entre las dimensiones de los edificios y los grosores de las paredes y otros elementos de sustento, relaciones que no se guardaban en numerosas partes del templo de los agustinos. No obstante, los ingenieros precisaron que tales proporciones habían de ser tomadas como reglas orientativas y no fijas, ya que también se había de considerar la calidad de los materiales – una buena calidad debía compensar el desajuste a las reglas. A diferencia de lo estipulado en las contratas, en la mayor parte de la obra se había utilizado el ladrillo en lugar de piedra picada, por orden de los agustinos. Sin embargo, según los ingenieros, reforzando con piedra elementos como pilares y pilastras la obra podría ser segura. Además, Courten, Zermeño y Lucuze pusieron el ejemplo de distintas iglesias existentes en Barcelona que no presentaban las relaciones convenidas por los tratadistas y que permanecían firmes; éste era el caso de las iglesias de San Cayetano y Santa Mónica, cuyas paredes presentaban menor grosor que el correspondiente a la anchura de sus naves[64]. Rado, Sicre y Navas también compartían esta opinión.

Los informes de Fabre, Framboisier y Luján, y el de Rado, Sicre y Navas señalan que debían efectuarse correcciones en los elementos arquitectónicos del interior de la iglesia, como pilares, pilastras, arcos y tribunas, con el fin de otorgar magnitud y proporción al templo, que debía adecuarse al orden corintio. Puesto que la nave central era más ancha que la de crucero, Fabre, Framboisier y Luján propusieron adelantar los cuatro pilares del crucero con un doble fin: que los arcos torales pudieran soportar el peso de la cúpula y que ésta recuperase la base circular de los planos originales. Estos tres ingenieros justificaron esta solución arquitectónica por haberla ya puesto en práctica en el siglo XVI el arquitecto Vignola, en la iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, al ser más ancha la nave central que el crucero. También citaron al tratadista D’Aviler, que incorporó las proporciones de la iglesia de los jesuitas a las enseñanzas contenidas en su Curso de Arquitectura, editado por primera vez en 1691.

Courten, Zermeño y Lucuze también hicieron constar que podía existir algún defecto no detectado que pusiera en peligro el edificio de los agustinos y no dieron una conclusión tajante respecto a la firmeza de la iglesia. En cambio, las comisiones de Fabre, Framboisier y Luján, y de Rado, Sicre y Navas consideraron que la obra poseía la suficiente solidez y no era necesario demoler lo construido.

Las observaciones de los ingenieros militares muestran que la formación del complejo agustino generó también controversia en el ámbito de los principios de arquitectura, más allá de los problemas concretos que rodearon el proceso de realización. A propósito de la obra, se trataron aspectos referentes a la evolución de las corrientes arquitectónicas y artísticas, como las proporciones de los elementos constructivos y las reglas del arte.

La intervención del cuerpo de ingenieros militares, requeridos por las autoridades máximas, el rey y el Capitán General, había de conferir objetividad y rigor a las modificaciones del proyecto y a las evaluaciones de la obra. La cartografía de los ingenieros hubiera podido constituir una muy buena base de partida para reconducir la construcción. Sin embargo, los planos elaborados por el equipo encabezado por Andrés de los Cobos no fueron aprovechados en su momento por los agustinos para elaborar un proyecto ajustado a las limitaciones del terreno concedido; al contrario, los religiosos encomendaron a distintos maestros de obra la elaboración de distintos planos que incorporaban las modificaciones que la congregación ordenaba, al tiempo que mantuvieron una contrata que permitía alterar la obra según sus conveniencias. Las evaluaciones de las distintas comisiones de ingenieros corroboraron la mala actuación de los agustinos en este sentido.

El fin de las disquisiciones llegó en enero de 1744 con un dictamen elaborado por los maestros de obra Pere Bertran, Joseph Arnaudies, Joseph Juli Fabregat y Damià Riba, quienes inspeccionaron la construcción a instancias de la Audiencia. Después de abrir pozos en distintos puntos, confirmaron definitivamente que la solidez de los fundamentos era homogénea y adecuada para seguir edificando. El documento detalla cómo se habían de corregir los defectos de algunas estancias de la iglesia, que se podía continuar y acabar respetando las elevaciones de los elementos arquitectónicos ya existentes – columnas, entablamientos, arcos-, y cómo había que proseguir la obra en aspectos como los materiales y la cubierta de la iglesia[65].

Así terminaba un largo conflicto que durante más de cinco años – desde finales de 1738 hasta principios de 1744 - había mantenido paralizada la construcción, que permaneció al descubierto durante todo el tiempo, con el consiguiente perjuicio de los materiales y de la estructura. La primera interrupción de la obra - desde mediados de 1731 hasta principios de 1736- ya había durado casi cinco años; en total, por lo tanto, la construcción estuvo suspendida diez años, un tiempo en el que sin duda se hubiera podido dejar el nuevo convento e iglesia en estado muy avanzado.

Otro obstáculo que seguía interponiéndose a la prosecución del conjunto era la financiación de la obra. El rey Fernando VI ofreció en 1747 una nueva subvención para la construcción del convento, que sería aumentada en 1749. Otras cantidades llegaron de parte del entonces Capitán General de Cataluña, el marqués de la Mina, de aportaciones particulares de algunos religiosos, de obreros (administradores) de la iglesia, además de los ingresos de las rentas patrimoniales y censales obtenidas de las fincas rústicas y urbanas de los agustinos[66].

De este modo, no fue hasta 1748, veinte años después de la formulación del proyecto inicial, cuando se delinearon los planos definitivos del convento e iglesia; probablemente, la disponibilidad de fondos permitió sufragar el coste del proyecto. Nuevamente se confió a Pere Bertran la dirección de la obra y la confección de dichos planos y perfiles. La nueva planta muestra un conjunto de menores dimensiones que el trazado de 1728, pero sigue siendo imponente (figura 9), aspecto que corroboran las secciones y el alzado del complejo (figura 10).

Respecto de la planta de 1728, en la de 1748 (figura 9) se suprimieron un claustro en el frente norte - tal como requería la limitación acordada en 1731- y los espacios proyectados en el frente sur del cuerpo conventual. En su lugar se mantuvieron las casas previamente existentes, expropiadas y compradas por los agustinos, que se convino en no demoler. La planta del convento, con las dependencias destinadas a las labores cotidianas de la comunidad, mostraba un mayor aprovechamiento del espacio que en el plano de 1728. En la parte trasera de la iglesia figura una edificación destinada fundamentalmente a tareas agrarias. De la iglesia destaca la base elíptica de la cúpula, lo cual muestra que Bertran y los agustinos optaron por introducir esta forma novedosa, en lugar de seguir la solución propuesta por algunos ingenieros con el fin de mantener la cúpula semiesférica[67].

La sección este-oeste del edificio de los agustinos (figura 9, línea E-K; figura 10, perfil superior), corresponde a la iglesia y al convento, de izquierda a derecha. En la planta baja se observan el oratorio y la sacristía mayor de la iglesia; del convento, el pórtico del fondo del segundo claustro y a su derecha la sala capitular. En el primer piso las estancias presentan una altura reducida prácticamente a la mitad respecto de la primera. En los extremos izquierdo y derecho del complejo se hallan las celdas de los novicios -más reducidas- y las de los padres maestros -de mayor tamaño y con tribuna en el exterior.

Las grandes dimensiones de la iglesia se aprecian claramente en el perfil norte – sur del templo (figura 9, línea A-D, y figura 10, perfil central), por su lado oriental. A la izquierda se halla el pórtico que había de flanquear el patio delantero, con celdas en los dos pisos superiores; las del primero, con balcón, y las del segundo con ventanas. A continuación está la iglesia, en un nivel más elevado respecto del pórtico lateral; en la planta, las tribunas, el crucero, el presbiterio y la sacristía mayor. De las pilastras, cuya altura alcanza los dos primeros niveles, cabe mencionar que tienen pedestales y que el orden de sus capiteles es corintio, tal como habían propuesto los expertos en sus informes. En el tercer nivel figuran ventanas entre las lunetas. El crucero está rematado por la cúpula, con sus correspondientes aberturas para la iluminación; dada la elevada altura de la iglesia, el crucero adquiere una gran dimensión. En la parte trasera de la iglesia se hallan dependencias conventuales correspondientes a bodega, enfermería y hospedería, de abajo arriba.

La fachada y el campanario de la nueva iglesia de los padres agustinos (figura 9, línea L-N, y figura 10, alzado inferior) están proyectados según el estilo barroco. El frente consta de tres cuerpos; el central, que alberga la entrada principal, presenta decoración escultórica alrededor de dicha puerta y de la falsa ventana del primer piso; un rosetón se sitúa en la parte superior. Los cuerpos laterales, correspondientes a las tribunas y capillas, son austeros. La parte superior está rematada con cornisas y elementos escultóricos.

El contratista de obras Francesc Torrents había muerto en octubre de 1747, antes de la elaboración del proyecto definitivo; aunque no nos consta documentalmente, es probable que la misma compañía de Torrents, que estaba constituida por distintos socios, continuara en aquel momento las obras. Pere Bertran, por su parte, debió de abandonar la dirección de la obra poco después de trazar los planos definitivos. Aunque no falleció hasta septiembre de 1751, probablemente la edad ya le impedía seguir ejerciendo de director de obras. Por esta razón debió de ser sustituido en su cargo por el Coronel Ingeniero en Jefe Carlos Beranguer, que consta como director en un documento de 1749[68]. Con posterioridad a esta fecha hay que destacar la figura del maestro de casas Francesc Renart, miembro de una familia dedicada a esta profesión, que intervino decisivamente en la continuación de las obras del convento; cubrió la iglesia con la bóveda de cañón sobre la nave principal y con la cúpula elíptica sobre el crucero, continuó los claustros e hizo el patio delantero de la iglesia, entre otros trabajos[69].

El traslado de la comunidad desde el antiguo convento, donde los monjes habían seguido residiendo, tuvo lugar el 30 de diciembre de 1750, acompañado de los fastos de la ceremonia de bendición pertinente y de una larga procesión en la que intervinieron los miembros de distintas parroquias[70].

En la década de 1750, se modificó el proyecto de fachada y pórtico de la iglesia. En esta ocasión se encomendó el diseño a Pere Costa Cases (Vic –Barcelona-, 1693/ Berga –Barcelona-, 1761), escultor, arquitecto y miembro de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Costa introdujo nuevos elementos arquitectónicos y escultóricos a la fachada y aligeró el pórtico anterior de la iglesia (figura 11).

Según el proyecto de Pere Costa, se accede al patio a través de una entrada formada por arcos (figura 11), a diferencia del proyecto de Bertran, quien solamente había delineado una reducida abertura central (figura 9). Las galerías laterales del patio constan de seis arcos sostenidos por pilastras que, según la base, deben de ser más estilizadas que las de Bertran, y por lo tanto deben de conferir más ligereza a este espacio que los pórticos diseñados por aquél.

La fachada está formada por tres niveles, separados por cornisas; los arcos del nivel inferior están separados por columnas de orden compuesto; en el centro del plafón central figura el escudo de armas de Felipe VI[71]. El estilo arquitectónico de la fachada de Pere Costa incorpora elementos artísticos de los estilos barroco y neoclásico, lo cual era común en aquellos años del siglo XVIII.

En 1752, Pere Costa también participó en la elaboración del retablo mayor para la iglesia de San Agustín, junto a Bartomeu Soler padre e hijo, escultores[72]. Ll. Rodríguez Muñoz apunta la posibilidad de que los agustinos quizás querían modificar el retablo, iniciado por los Soler, ya fuera porque no les satisfacía del todo el trabajo de dichos artistas, o porque querían obtener la firma de un profesional de prestigio como Pere Costa en un elemento clave para la magnificencia de la nueva iglesia. Esta última razón cobra sentido en el contexto de gran rivalidad entre las órdenes religiosas de los agustinos y los jesuitas en la Barcelona del siglo XVIII; un año antes, la orden de Jesús había conseguido la intervención de Costa en la elaboración del retablo mayor de la iglesia de Betlem, cuya fachada fue terminada a finales de los años veinte[73]. La iglesia de Betlem está situada junto a la Rambla, en la calle del Carmen, una de las vías más importantes del Raval.

La fachada de la iglesia no llegó a finalizarse, probablemente a causa de la falta de recursos económicos. El dinero procedente de la Corona, como antes se ha dicho, no llegaba en los plazos estipulados, con lo cual la construcción se retrasaba. Los ingresos que obtuvieron los agustinos, por su parte, a través de la puesta en venta de los terrenos de su propiedad -contenidos en el emplazamiento del antiguo convento-, más las rentas patrimoniales de sus fincas y las donaciones, constituían únicamente un complemento para sufragar los gastos[74].

Durante la construcción, se sucedieron las solicitudes a la Corona, por parte de la comunidad, para que cumpliera con las subvenciones acordadas. En 1762, los religiosos suplicaron al rey Carlos III que ”alargare su Real mano“ para poder concluir el convento. La demanda, sin embargo, no se presentó a causa de los continuos conflictos políticos de España con otros estados, con lo cual nunca se terminó con lo pactado[75]. Las contiendas de finales de siglo, unidas a la permanente falta de dinero del Ayuntamiento de Barcelona a lo largo del XVIII y a la confrontación de fuerzas entre el poder monárquico y el local, tuvieron como consecuencia la dilatación en el tiempo de la realización de numerosas obras públicas. Esta prolongación ocasionó constantes modificaciones y, con frecuencia, el abandono de los proyectos[76].

El problema de la financiación no fue el único que se interpuso a la prosecución de la obra. En 1789, dos vecinos de la calle del Hospital, cuyas fincas limitaban con el primer claustro del convento, iniciaron un nuevo pleito que se prolongó hasta el año 1800. El motivo fue la intención de los agustinos de ampliar su complejo, apropiándose de parte de los huertos de aquellos propietarios -Segismundo Llobet, notario Real causídico, y Antonio de Borrás y de Pedrolo, regidor perpetuo del Ayuntamiento de Barcelona. Llobet y Borrás consideraron muy perjudicial la pretensión de los religiosos, ya que sus casas quedarían con escasa ventilación y se devaluarían. Además, alegaron que la comunidad ya se había apoderado de más terreno del que el rey les había asignado en 1726, con lo cual disponían de espacio suficiente en caso de necesitar una ampliación[77]. Finalmente, consiguieron mantener ambas fincas sin cesiones.

Los dos afectados presentaron también recurso al Ayuntamiento, a instancias del cual en 1792 el geómetra Ignasi Mayans cartografió los usos de la propiedad del convento, con indicación del terreno concedido y del que realmente habían tomado posesión. En efecto, los límites de las propiedades del convento superaban notablemente el terreno adjudicado, por el flanco occidental (figura 12).

El plano de Mayans señala en color verde los dos fragmentos de parcelas de particulares que fueron motivo de pleito (figura 12). El color azul, en el frente oriental, corresponde a casas compradas por los agustinos y que estaban cedidas a censo. El rojo, en la parte meridional, señala viviendas y almacenes alquilados. Por lo tanto, las casas que tomaron los agustinos y que no fueron demolidas las destinaron a usos lucrativos y pasaron a engrosar el patrimonio de la comunidad. En las casas más viejas situadas en la calle de San Pablo, los religiosos hicieron algunos arreglos a principios de la década de 1740[78], probablemente para ofrecerlas en alquiler. A finales de siglo, en 1794, dos de los descendientes de los dueños expropiados para realizar la obra solicitaron al Ayuntamiento que los agustinos les devolvieran los inmuebles que habían pertenecido a sus antecesores, puesto que en lugar de utilizarlos para satisfacer las necesidades de la comunidad, los emplearon para obtener ingresos. Se trataba de una casa de la calle del Hospital (figura 12, azul, letra C) y algunas casas de la calle de San Pablo[79]. Desconocemos si estos dos demandantes consiguieron satisfacer su petición, aunque dudamos que los agustinos se desprendieran de sus posesiones.

En relación con el patrimonio inmobiliario de los agustinos calzados, cabe destacar que la congregación de Barcelona poseía una riqueza considerable en fincas, tanto rústicas[80] como urbanas. El mayor beneficio inmobiliario de los religiosos provenía de las fincas urbanas situadas en las calles del Hospital y de San Pablo, que les reportaba el sesenta por ciento de las entradas económicas de las que vivía la comunidad. El valor de sus propiedades era elevado, no tanto por la cantidad como por la calidad y la situación. Las casas de ambas calles fueron alquiladas a precios relativamente altos, tal como correspondía a aquella zona del Raval. La buena consideración de de la zona, cercana a la Rambla y el Llano de la Boquería, aumentó con la adquisición de prestigio comercial de aquel sector, a finales del siglo XVIII. En el Raval, los ocupantes de los pisos bajos que eran propiedad de congregaciones religiosas eran altos funcionarios, militares de alta graduación, religiosos con cargos[81], e incluso nobles y burgueses. Lo que impresionaba a los religiosos eran los títulos nobiliarios y los grados militares y burocráticos[82]. Los pisos bajos eran más espaciosos, estaban mejor construidos y podían poseer jardín; la categoría social de los habitantes disminuía con la mayor altura a la que estaban situadas las viviendas.

Al realizar las obras del convento, se formó una nueva calle de unos veinte palmos de anchura que estaba abovedada en el tramo colindante a la calle del Hospital. En 1797, los agustinos pidieron permiso al Ayuntamiento para cerrar una placita que había en mitad de dicha calle (figura 12). El terreno que ocupaba dicha plaza había sido una porción de huerta que los religiosos habían comprado en 1736 a uno de los propietarios afectados por la obra, con el fin de permitir maniobrar a los carros que acarreaban material de construcción. Según los agustinos, con el tiempo se había convertido en abrigo de ladrones y maleantes que de noche impedían circular con seguridad a los transeúntes. Valiéndose de la titularidad de propiedad de aquel espacio y del que el convento tenía a continuación, y afirmando que la congregación había formado la nueva calle voluntariamente en terreno propio, los religiosos pretendían cerrar la plaza y construir casas con tiendas en aquel flanco de calle. Después de que distintos responsables del gobierno local valorasen la solicitud, el Ayuntamiento concluyó que si los agustinos construían nuevos edificios los vecinos quedarían muy perjudicados por la falta de ventilación que sufrirían. Además, lo que pretendían estaba fuera del terreno concedido por el rey, aspecto que se estaba dirimiendo en el marco del pleito que aún cursaba en la Real Audiencia; por lo tanto, se les permitió simplemente cerrar la plaza[83]. La comunidad unió aquel terreno a la finca contigua de su propiedad, que hacía frente a la calle de San Pablo[84]. Todas las deliberaciones acerca de las pretensiones de los agustinos muestran una gran desconfianza por parte del Ayuntamiento hacia las demandas de los religiosos, bajo cuyos razonamientos consideraban que siempre subyacía el interés de obrar en su propio beneficio.

La distribución del convento e iglesia y el destino de sus dependencias se correspondían prácticamente en su totalidad[85] a la primera planta delineada por Pere Bertran en 1748[86]; no obstante, en 1792 no se había ejecutado del todo aquel proyecto. A principios del siglo XIX, la obra de los agustinos ya debía de haberse dejado por concluida. Algunas estancias o bien no se realizaron o bien se situaron en otras localizaciones. Éste era el caso de los espacios de la construcción exenta de la calle de San Pablo, que finalmente no se llevó a cabo; lugares como el horno y la carbonera fueron trasladados, y los dedicados a labores agrarias no se construyeron. En todo el frente de dicha calle se mantuvieron las casas que la comunidad había adquirido para construir el complejo, excepto dos del extremo oriental. Estas dos fincas fueron ocupadas por el convento y la nueva calle; una de las dos propiedades era la de menor valor según las tasaciones de 1727: quizás no fue casual que fuera ésta y no cualquier otra la que se demolió. Tampoco se construyeron los pórticos de delante de la iglesia ni las dependencias del frente del primer claustro[87]

Aparte de la presencia de pozos y cisternas[88], el aprovisionamiento de agua constituía un elemento clave para la inserción del nuevo conjunto conventual en el tejido urbano. Para ello se requería la conexión a la conducción de agua corriente y al sistema de alcantarillado, infraestructuras que en el siglo XVIII y principios del XIX se estaban desarrollando paulatinamente en Barcelona. En 1726, antes de decidirse el lugar definitivo para el nuevo emplazamiento del nuevo convento, los religiosos ya habían solicitado que se les concediera un caño de agua del conducto de la Rambla, tal como se había adjudicado a los capuchinos; aquella demanda se añadía a las relacionadas con el mantenimiento de sus prerrogativas y privilegios[89].

A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona administraba el agua, la Corona poseyó la regalía sobre este recurso hasta finales del siglo XVIII, cuando el gobierno local consiguió hacerse con el control de las aguas. Las concesiones se referían únicamente al uso de este bien, los beneficiarios no poseían ningún derecho sobre el agua ni las conducciones; se otorgaban a cambio de un capital proporcional a la cantidad de agua cedida. Los beneficios obtenidos permitían destinar fondos a la reparación de las minas y las fuentes. A partir de 1791, el agua canalizada se hizo accesible a un mayor número de ciudadanos, a pesar de que siguió siendo un bien cuya gestión revestía formas de derecho señorial. No sería hasta más tarde, con las reformas liberales del siglo XIX, que se iniciaría la despatrimonialización de las aguas[90].

La concesión de agua a los agustinos se hizo realidad el 10 de septiembre de 1802, y en 1803 se conectó el convento a la red de abastecimiento. El Ayuntamiento cedió a los monjes dos plumas[91] de agua, a razón de 100 doblones la pluma. El agua procedía del distribuidor del huerto de las monjas arrepentidas, que se alimentaba de la Acequia Condal del nuevo conducto de la Rambla[92] (figura 13). La misma toma de agua proveía a los usuarios de otras calles, como la recién abierta del Conde del Asalto, al sur del Raval.

Los agustinos cartografiaron el esquema de las canalizaciones del agua corriente y de las aguas residuales el mismo año de la conexión. El conducto llegaba a un depósito desde el cual otra cañería abastecía la cocina contigua. Las aguas residuales se evacuaban hacia la alcantarilla principal, que discurría a lo largo de la calle de San Pablo (figura 13).

Ingenieros y maestros de obra en la proyección del nuevo convento de San Agustín. Tradición e innovación en la técnica y la arquitectura

El proceso de formación del complejo puso de manifiesto el debate que suscitó el contacto entre las tradiciones constructivas y las innovaciones de influencia foránea en la Barcelona del siglo XVIII; la estética italianizante que caracterizaba las realizaciones locales dio paso a la influencia francesa, introducida fundamentalmente por los ingenieros militares de la Corona española traídos de aquel país por el rey Felipe V, al principio de la creación del cuerpo. A pesar de que los enfrentamientos por el desarrollo de la obra fueron más bien un pretexto de los religiosos para obrar en beneficio propio que un objeto real de debate, cabe destacar algunos aspectos de carácter técnico y arquitectónico que se reflejaron en todo el proceso. En este sentido, también se debe tener en cuenta el papel que desempeñaron las corporaciones profesionales que intervinieron en la realización del proyecto, los ingenieros y los maestros de obra.

Los ingenieros militares constituyeron “el primer cuerpo organizado de técnicos que posee en España el estado moderno”[93], un colectivo jerarquizado, disciplinado y con una formación académica rigurosa. En las ciudades, dada la militarización del espacio urbano, los ingenieros desempeñaron un papel de primera magnitud en el urbanismo y la arquitectura[94] y se convirtieron en el principal cuerpo profesional de técnicos de los que disponía el estado para llevar a cabo la modernización del país[95]. En Barcelona fueron los encargados de levantar los planos, de dirigir las grandes obras de la ciudad y de emitir dictámenes varios sobre asuntos que, con frecuencia, sobrepasaban las funciones estrictas de los ingenieros militares.

Un total de dieciocho ingenieros intervinieron en algún momento del proceso de realización del nuevo convento. Desde el punto de vista de la innovación estética y arquitectónica, cabe destacar a uno de ellos, Alejandro de Rez, entonces Ingeniero Director. De Rez, que fue el encargado de delinear los distintos emplazamientos propuestos para situar el nuevo convento, proyectó varias de las obras encargadas por Felipe V en Barcelona, que habrían de comportar cambios radicales en el espacio construido de la ciudad. Entre sus trabajos destacan el plano de la Universidad – que servía de cuartel de infantería -, el de las Atarazanas, el de la Lonja, el de la Aduana y gran parte de los edificios de la Ciudadela. En esta fortificación proyectó la capilla, considerada como una de las primeras muestras de arte rococó en España[96]. La cúpula de aquel templo, de base elíptica, probablemente ejerció una notoria influencia en la construcción de edificios religiosos del siglo XVIII, entre los que se encuentra la iglesia del nuevo convento de San Agustín.

Desde el siglo XV, los maestros de obra formaban una sola corporación, la Cofradía de Maestros de Casas y Moleros de Barcelona, que poseía el monopolio de todos lo trabajos de construcción y cantería de la ciudad y su término. Se consideraban artesanos o menestrales, una categoría socio profesional situada entre la incipiente burguesía y la plural clase trabajadora –jornaleros, peones, etc. Con frecuencia se trataba de familias e incluso estirpes que constituían un grupo social local bien considerado. Algunos profesionales de este cuerpo consiguieron protagonizar un notable ascenso social hasta formar parte de la burguesía, como el caso de la familia Renart, uno de cuyos miembros, Francesc, intervino decisivamente en la obra del convento agustino[97]. Tanto Francesc Renart como Pere Bertran, directores de la obra del convento en distintas etapas, consiguieron sepultura en la iglesia de San Agustín; los maestros de obra destacados gozaban del privilegio de poder ser enterrados en templos de la ciudad, especialmente si habían trabajado en las obras de construcción o reforma de dichas iglesias. Una parte considerable de los que intervinieron en los trabajos del convento estaban al servicio del rey o del Ayuntamiento, y además ejercían su oficio particularmente. La obra del convento de San Agustín fue el trabajo más destacado de este colectivo en el siglo XVIII[98].

Los maestros de obra catalanes de la época estaban bastante bien informados de cómo se construía en la Península, en Francia y en Italia. Algunos de ellos, como el mismo Pere Bertran, poseían en sus bibliotecas particulares los tratados de arquitectura que se editaban en aquellos países. A través de los trabajos arquitectónicos, de publicaciones, y de la colaboración en diferentes construcciones, los maestros de obra contactaron profesionalmente con los ingenieros militares, los cuales difundieron entre los miembros de aquel cuerpo las obras de los tratadistas de arquitectura y conocimientos técnicos superiores[99]. Con la colaboración de ambos colectivos se renovaron las tradiciones constructivas y estilísticas vigentes en el momento[100]. En este sentido, el ensanchamiento de la nave principal del templo agustino y la formación de una cúpula de base elíptica y no circular, por parte del director de la obra Pere Bertran, generó polémica entre los distintos profesionales. Según M. Arranz, no puede saberse con certeza si Bertran actuó por puro mimetismo ante las formas de la cúpula de la capilla de la Ciudadela, diseñada por el ingeniero Alejandro de Rez, o por convencimiento personal[101].

En el marco del conflicto entre la comunidad religiosa y el contratista, los expertos nombrados por las dos partes contrincantes citaron en sus informes los principios que figuraban en tratados de arte y arquitectura, fundamentalmente de los siglos XVI a XVIII, considerados entonces como referentes. Los autores de dichas obras fueron Giacomo Barozzio da Vignola y Auguste Charles D’Aviler -citados por los ingenieros Fabre, Framboisier y Luján, y por la defensa del empresario, a propósito de la distinta anchura de los brazos del crucero-; el Padre Tomás Vicente Tosca, Fray Lorenzo de San Nicolás, Juan de Arfe Villafañe, Daniele Barbaro, León Bautista Alberti, Cristóbal Suárez de Figueroa, Sebastiano Serlio, Bernard Forés de Belidor y también el clásico Vitruvio[102]. Las obras de estos tratadistas, entre otros, tuvieron una gran difusión en España y en las Indias, donde la Corona española fundó nuevas poblaciones siguiendo la trama ortogonal como modelo de expansión urbanística defendido por aquellos autores[103].

Además del papel desempeñado por el templo de los agustinos como foco de innovación arquitectónica, cabe señalar que la congregación actuó como promotora de obras de arte e impulsó la renovación artística. La comunidad barcelonesa importó numerosas esculturas y pinturas para su nueva iglesia desde Nápoles, Roma y Génova. Este hecho influyó en la evolución de la producción local de arte, aunque este aspecto aún necesita ser estudiado, según Ll. Rodríguez Muñoz[104].

La abundante cartografía generada por la obra refleja, en distintos aspectos, las tradiciones y las innovaciones técnicas vigentes a lo largo del siglo XVIII. Los diversos profesionales que intervinieron el proyecto pusieron de manifiesto en sus trabajos su formación y las ideas que estaban en boga entre los respectivos colectivos.

La influencia de Francia se plasmó en los planos y perfiles de los ingenieros, quienes la introdujeron, y los maestros de obra. Así, la escala de los planos del convento e iglesia se expresó en la mayoría de los casos en toesas, unidad de origen francés, aunque en algunas ocasiones se utilizó doble escala: toesas y canas catalanas -la planta del convento realizada por Pau Trilles[105], que fue desestimada-,y toesas y pies -los planos de la primera y cuarta planta del convento, trazadas en 1748 por Pere Bertran[106]. En el trazado de frontispicio de la iglesia, Pere Costa utilizó una única escala, expresada en palmos[107]. El uso de las diferentes unidades de medida originó un debate teórico, probablemente a causa de la inexactitud en las equivalencias entre sí[108].

Los recursos cartográficos más innovadores se deben a los ingenieros, quienes recibían formación al respecto y eran capaces de pasar con facilidad de una escala a otra[109]. En el caso que nos ocupa, los planos elaborados por esta corporación comprendían desde una gran manzana –el terreno adjudicado para la obra- hasta una capilla de la iglesia, pasando por el plano y el alzado del proyecto con los edificios de su entorno inmediato. Cuando las dimensiones a cartografiar eran dispares, se unían hojas de papel por la parte posterior[110]. Así lo hizo el grupo de ingenieros encabezado por Andrés de los Cobos, para representar el alzado y las secciones del convento y las edificaciones vecinas, donde la longitud del plano es de 132 cm. y la altura solamente de 13[111]. Otra solución era la superposición de hojas, técnica conocida como hojas, planitos o papeles volantes, utilizados cuando se querían mostrar cambios en los proyectos o distintos planteamientos de aquéllos[112]. Esta técnica fue empleada por los mismos ingenieros cuando propusieron la reducción del espacio destinado al convento, y mostraron el antes y el después de la obra en relación con el entorno[113].

La importancia de la delineación y de la aplicación del color fueron aspectos a los que se otorgó una especial importancia en el marco de los planes de estudio de la Academia de Matemáticas de Barcelona, con el fin de que no se convirtieran en conocimientos relegados a causa de la importancia de materias como las matemáticas, la física o la arquitectura[114]. Los planos de la iglesia de los agustinos trazados por Fernando La Sala –que fue profesor de matemáticas y dibujo en la Academia de Barcelona entre 1720 y 1727- y Baltasar de Verboom[115], manifiestan un buen dominio de la aplicación del color, ya que consiguen dar sensación de profundidad cuando se requiere, además de ofrecer un aspecto realista de lo representado. El uso de los colores con intencionalidad, siguiendo los convencionalismos de la época, es visible en el plano de Andrés de los Cobos y su equipo, donde se plasma la modificación del convento[116]; en aquel plano el amarillo indica lo nuevo, tal como correspondía a los cánones de la época[117].

En la elaboración de planos del conjunto de San Agustín, hay que señalar al geómetra Ignasi Mayans, un nombre destacado en la cartografía barcelonesa del XVIII. Por orden del Ayuntamiento, Mayans realizó al menos un plano de usos del suelo de la obra prácticamente concluida[118].

Finalmente, cabe mencionar en especial la labor desempeñada por los religiosos que se dedicaron a las tareas de reproducción de documentos, por la calidad que consiguieron otorgar a la cartografía que elaboraron y por el valor que representa disponer de copias fidedignas de planos originales, que se habrían perdido para siempre, de no haber sido por su trabajo. Gracias a Agustín Antonio Minvart, Guillem Gaig y Mariano Pallissa, entre otros anónimos, se ha podido mantener una parte importante del legado cartográfico que generó la obra de los agustinos.

El impacto de una obra de gran envergadura en el desarrollo urbano (Conclusiones)

El proceso de formación del nuevo convento de los agustinos calzados constituye una síntesis del papel de los distintos agentes urbanos, de los cuerpos de profesionales dedicados al urbanismo y la construcción en el siglo XVIII y de las características de la estructura de la propiedad de la Barcelona de entonces. La documentación producida al respecto proporciona una valiosa información sobre el poder económico y político, que se manifiesta en los conflictos de intereses y expectativas de las instituciones y los diferentes colectivos afectados: la Corona, el Ayuntamiento, los particulares y las congregaciones religiosas que luchaban por su presencia y su poder en la ciudad.

La construcción del complejo conventual tuvo un importante impacto tanto a escala del Raval como de Barcelona. Para la ciudad, gracias al patrocinio real el convento se erigió en un símbolo del poder de la monarquía borbónica. Para el antiguo arrabal, constituyó una destacada operación inmobiliaria que tuvo notorias consecuencias urbanísticas por distintas razones. En primer lugar, por su magnitud en relación con las construcciones previamente existentes. En segundo lugar, por la extensión y el valor de las fincas afectadas, algunas de las cuales pasaron a engrosar el patrimonio urbano de los agustinos y, por lo tanto, contribuyeron a incrementar sus fuentes de ingresos; aquel hecho alteró significativamente la estructura de la propiedad en aquella zona, al reducir las posesiones de los particulares y aumentar las que estaban en mano muerta. En tercer lugar, por la densificación que conllevó, en un sector del Raval que antes de la nueva obra ya estaba muy parcelado y ocupado. Finalmente, porque con aquella operación se formó una nueva calle, la denominada Arc de Sant Agustí, en un sector urbano cuyas vías eran mayoritariamente caminos entre huertos. Esta calle puede considerarse como un precedente para la apertura de otras que se abrirían en el Raval desde finales del siglo XVIII (figura 14) y a lo largo del XIX, cuando este sector se urbanizó de manera generalizada[119].

El nuevo convento de San Agustín se aprecia con claridad en su emplazamiento (figura 14, perímetro en rojo), entre las calles del Hospital y de San Pablo. Al sur del complejo se halla la calle Nueva del Conde del Asalto, abierta en 1785, con un trazado rectilíneo. La Rambla, libre de muralla, estaba en fase de ordenación y alineación (figura 14, paseo arbolado, de norte a sur). El reforzado perímetro amurallado forma un continuo con la Ciudadela, en el sureste urbano. Más al sur, sobre terrenos ganados al mar, se halla el nuevo barrio de la Barceloneta, construido en la segunda mitad del XVIII[120].

La huella del convento de los agustinos calzados permanece en la actualidad. El uso religioso original del complejo aún se mantiene como tal en la iglesia, que tiene funciones de parroquia. Sin embargo, el aspecto del templo carece de la magnificencia anterior al incendio de 1835 –a raíz del proceso de desamortización que entonces tuvo lugar- y a los destrozos causados durante la Guerra Civil española (1936-1939). Anejo a la iglesia se halla el actual hotel Sant Agustí, cuyo interior conserva una parte de la estructura de los claustros del convento. Los espacios públicos que se formaron con la edificación del conjunto agustino en el siglo XVIII aún son vigentes: la calle de l'Arc de Sant Agustí, cuyo nombre rememora su origen como vía abovedada, y la plaza de Sant Agustí, hoy espacio público, que había constituido el patio delantero de la iglesia. Todo ello conforma, sin duda, una parte importante del patrimonio común de la ciudad.

De la formación del convento, también se debe valorar específicamente el legado documental de los agustinos. Las transcripciones de los religiosos y la cartografía permiten conocer con gran detalle las vicisitudes del proceso y muestran aspectos sociales, económicos y políticos representativos de una época en la que se iniciaron importantes transformaciones urbanísticas, que llegarían a su máxima expresión con la llegada de la industrialización, iniciada a finales del siglo XVIII y que eclosionaría en el XIX.

[120] Un estudio en profundidad de la construcción de este primer ensanche se halla en Tatjer, 1973, 1987 y 1988.

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Edición electrónica del texto realizada por Jenniffer Thiers.

Ficha bibliográfica:

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