Aída Quintar
Tomás Calello
Federico Fritzsche
Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento
San Miguel, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Movimientos piqueteros de trabajadores desocupados y asambleas vecinales autoconvocadas. elementos para un análisis de las nuevas formas de la protesta social en Argentina (Resumen)

El profundo malestar que viene provocando el vertiginoso crecimiento de las tasas de desocupación, subocupación y pobreza en Argentina, no ha encontrado en estos años un canal de expresión en los sindicatos y partidos políticos tradicionales. A la luz de las transformaciones que se operan en el mercado de trabajo en las últimas décadas, el objetivo de esta presentación es aportar elementos para el análisis de esas nuevas formas de expresión de la protesta social. En primer lugar, hacemos referencia al cambio que se opera entre los desocupados y excluidos del aparato productivo que en su práctica como movimiento piquetero de trabajadores desocupados dejan de ser sólo víctimas del ajuste neoliberal para comenzar a ser partícipes en la conformación de nuevas alternativas de construcción de una política democrática. En segunda instancia, nos ocupamos de la relación que se comienza a entablar entre ese movimiento y las asambleas de vecinos autoconvocados, que agrupan a una importante porción de los desocupados de clase media

Palabras clave: mercado de trabajo, desocupados, participación ciudadana, Argentina, Región Metropolitana de Buenos Aires.

Unemployeed workers movements and neighboring self convocated assemblies.  Elements for an analysis of new forms of social protest in Argentina (Abstract)

The deep discomfort that’s provoking the greedy growth of the rates of unemployment, suboccupation and poverty in Argentina, has not found in these years a channel of expression in unions and traditional political parties. Trough the light of the transformations that are operating in the labor market in the latest decades, the aim of this paper is to carry out elements for the analysis of those new forms of expression of social protest. Firstly, we do reference to the shift that is operating among the unemployment and excluded of the productive apparatus that in its practice as movement piquetero of unemployeed workers stop being only victims of the adjustment neoliberal to begin to be participants in the conformation of new alternatives of construction of a democratic politics. Secondly, we study the relationship that begins to be established between that movement and the neighboring self convocated assemblies, that group an important portion of middle classe unemployeed.

Key words: labor Market, unemployed, citizen participation, Argentina, Region Metropolitana of Buenos Aires.

El profundo malestar que viene provocando el vertiginoso crecimiento de las tasas de desocupación, subocupación y pobreza, como resultantes de la estrategia neoliberal adoptada por los gobiernos que desde 1976 conducen los destinos nacionales(1), no ha encontrado en estos años un canal de expresión en los sindicatos y partidos políticos tradicionales. En efecto, con la recuperación del Estado de Derecho, a fines de 1983, vuelven a la escena pública los partidos políticos y los sindicatos que estuvieron proscritos durante la dictadura militar. Sin embargo y pese a que gran parte de la movilización social desarrollada en aquellos años reencauza sus prácticas a través de estos canales institucionalizados, estas instancias se muestran incapaces de plantear propuestas alternativas a las políticas de exclusión de los derechos sociales que crecientemente vienen afectando a la mayoría de la población.

El carácter procedimental asumido por la política democrática, que convierte al ciudadano en un mero votante y cuya presencia sólo es requerida para legitimar un proceso electoral en el que cada vez se restringen más las opciones, comienza a presentar límites que resultan claves para explicar el contraste entre la adhesión de amplios sectores sociales a prácticas colectivas de protesta y el creciente desinterés manifestado por esta misma sociedad para participar en el rito electoral. Estas diferencias ponen de manifiesto la crisis de representatividad por la que atraviesan las prácticas políticas tradicionales y la búsqueda de nuevas formas de pensar/hacer política que viene realizando la ciudadanía(2).

A la luz de las transformaciones que se operan en el mercado de trabajo en las últimas décadas, el objetivo de esta presentación es aportar elementos para el análisis de esas nuevas formas de expresión de la protesta social. En particular, nos interesa plantear dos cuestiones al respecto.

En primer lugar, hacemos referencia al cambio que se opera entre los desocupados y excluidos del aparato productivo –que conforman el grueso de los pobres estructurales– y que en su práctica como movimiento piquetero de trabajadores desocupados dejan de ser sólo víctimas del ajuste neoliberal para comenzar a ser partícipes en la conformación de nuevas alternativas de construcción de una política democrática. En segunda instancia, nos ocupamos de las diferencias, así como de la relación que se comienza a entablar entre ese movimiento y las asambleas de vecinos autoconvocados, que agrupan a una importante porción de los desocupados de clase media y que conforman el principal sector de los llamados nuevos pobres.
 

El contexto político y socioeconómico argentino en las últimas décadas

La dictadura militar que se instaló en el gobierno en 1976 logró imponer una transformación cualitativa en la dinámica socioeconómica de la Argentina, mediante la implantación de un modelo económico socialmente regresivo que mantuvo los ejes principales de una lógica de polarización social y subordinación económico-financiera del país desde entonces hasta la actualidad (Quintar y Argumedo. 2000). Aspectos decisivos de los cambios estructurales que marcaron el contexto político y socioeconómico actual fueron, por una parte, el nuevo papel del Estado convertido en una bomba de succión de recursos sociales y nacionales para favorecer a los conglomerados económicos dominantes de la economía y, por la otra, la implementación de políticas que apuntaron a la desarticulación del aparato productivo nacional.La contracara de estas políticas fue el incremento de la desocupación y la subocupación, que pasaron a convertirse en componentes estructurales de la economía argentina.

En el transcurso del gobierno de Alfonsín la creciente precarización del mercado laboral y la degradación de los salarios –que alcanzará uno de sus momentos más dramáticos durante la hiperinflación– hará ingresar al mercado de trabajo a sectores habitualmente inactivos (amas de casa, menores, jubilados, estudiantes) para compensar la caída de los ingresos familiares. Entre 1980 y 1990, el crecimiento medio de la Población Económicamente Activa (PEA) triplica el registrado en la década anterior, al mismo tiempo que se produce un abrupto descenso en el ingreso promedio per capita del conjunto de los asalariados. Esta situación afecta cada vez más a las capas medias. A ello se suma la degradación de los servicios públicos brindados por el Estado (sistema educativo en todos sus niveles, sistema de salud, sistema de previsión social, etc.), determinando un fuerte deterioro en las condiciones de vida de crecientes sectores de la población.

Con el proceso de hiperinflación de 1989 se profundiza el declive del gobierno radical, otorgándole el triunfo electoral a su contrincante, el partido justicialista. En el siguiente gobierno, por una parte, se implementa un discurso sostenido en la promesa de combatir la inflación, aumentar los salarios e impulsar una revolución productiva que permita levantar las persianas de las fábricas, eliminando así los problemas del desempleo. Por otra parte, se desarrolla una política de cooptación de la dirigencia político-partidaria y sindical, con el objeto de neutralizar la capacidad organizativa y de movilización de los sectores populares. En ese contexto, a comienzos de 1991, se implanta el Plan de Convertibilidad (Se fija por ley que un peso equivale a un dólar), la apertura total de la economía y la privatización de las empresas y los servicios estatales (Quintar y Argumedo. 2000).

Como consecuencia de la racionalización del empleo que acompaña a la reestructuración industrial y la privatización de empresas públicas llevada adelante por este modelo económico, durante la década de 1990 el primer shock de desempleo tiene lugar en el sector público donde se produce una pérdida de 600.000 puestos de trabajo. Asimismo, el sector industrial pierde otros 200.000 puestos durante los últimos 5 años del período, debido a la apertura económica externa (Borello y otros. 2000). Así, a pesar del aumento del Producto Bruto Interno (PBI) que se verificó hasta el año 1999 –fecha en que este comenzó a declinar dando lugar a una recesión que se mantiene hasta la actualidad– durante esa década se produjo una destrucción de puestos de trabajo, un aumento del desempleo abierto y, en particular, de la subocupación y precarización de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2000) la suma de las tasas de desempleo y subempleo –que dan cuenta de la proporción de la población económicamente activa con problemas laborales– pasó del 18 por ciento, en 1990, al 27 por ciento, en 1998(3). A su vez, en el último quinquenio de los noventa cayeron los ingresos del 90 por ciento de los trabajadores a pesar de que el 80 por ciento de ellos estaba recibiendo un salario inferior a la canasta familiar, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por otra parte, según la misma fuente, la proporción de trabajadores asalariados en condiciones precarias (carentes de estabilidad laboral, aportes jubilatorios y prestaciones sociales) creció en esa década de un 25 por ciento a un 36 por ciento, hecho por el cual a comienzos de 1998 la proporción de hogares bajo la línea de pobreza alcanzó también un 36 por ciento.

Este proceso, a su vez, fue acompañado por un progresivo aumento de la brecha entre ricos y pobres, como producto de la mantenida distribución regresiva del ingreso (Altimir y Beccaria. 1998).

En la última década, la transformación en la composición del empleo, asociada a un significativo crecimiento del desempleo y del subempleo, también afectó significativamente a la población de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), tal como se puede apreciar en el cuadro 1.
 
 

También en esta región crecieron los niveles de polarización social. Según datos del INDEC (octubre de 1998), el 20 por ciento de la población de la RMBA se apropió del 53 por ciento del total de ingresos, en tanto que el 20 por ciento más pobre recibió el 4 por ciento. Por su parte, el 10 por ciento de los hogares más humildes recibió el 1,5 por ciento de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más rico se apropió del 35 por ciento. A su vez, si bien en el período comprendido entre 1988 y 1998 los ingresos aumentaron en términos reales, la brecha de la desigualdad socioeconómica se hizo más pronunciada, duplicándose en los últimos 20 años, al pasar de 12,7 veces, en 1980, a 24,6 veces, en 1998(4). Actualmente, la desocupación en algunos lugares de la RMBA alcanza al 25 por ciento de la población en condiciones de trabajar, en tanto que el incremento paralelo de la subocupación sufrió un estancamiento como consecuencia de la saturación del mercado informal y la falta de liquidez ante la caída del salario real provocada por las restricciones a los ahorristas y el abandono del Plan de convertibilidad.

Tomando en cuenta las observaciones realizadas hasta aquí, podríamos extraer la siguiente conclusión. El modelo económico implantado en la Argentina en las últimas décadas, ha tendido en forma creciente a transformar a los trabajadores desocupados en una población excedentaria absoluta en el nivel productivo. En tal sentido, la masa de desocupados –que continúa en sostenido crecimiento– en pocos años llegó a duplicarse, y estaría dejando de tener expectativas de recuperar su empleo y con la pérdida de estas expectativas, ciertos derechos ciudadanos. Así pasarían a ocupar la categoría de "invisibles" al sistema, es decir, sin derechos por estar fuera del sistema de producción y consumo (Quintar, 1990).

Por otra parte, el crecimiento de la tasa de desocupación fue acompañada por un aumento de la subocupación (es decir, de la población que trabaja menos horas semanales que las que trabajaría un operario de tiempo completo y, que aunque quisiera trabajar más horas, no consigue empleo para satisfacer tal deseo.) Además, se verifica que el único tipo de empleo generado en esta época es el precario, que no le brinda a los trabajadores ningún tipo de seguridad social. Cabe señalar, finalmente, que esa masa creciente de desocupados, subocupados y trabajadores precarios, depende en temas como el de salud o educación exclusivamente de la asistencia que brinda un Estado, que en función del mismo modelo neoliberal, ha ido retirándose prácticamente de todas esas áreas de integración social, estratégicas para un desarrollo pleno de la sociedad.

A partir de lo anteriormente señalado, resulta claro que en los últimos años el trabajador precario y el desocupado –que constituyen una porción mayoritaria de la PEA– se enfrenta con una creciente exclusión a derechos ciudadanos básicos como la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la alimentación, la vivienda, etc., convirtiéndose en una población carenciada, objeto de ayuda humanitaria que se lleva adelante a través las políticas para pobres que se financian mediante los programas sociales del Banco Mundial. En este sentido, las políticas asistencialistas que se proponen como solución a la creciente exclusión del sistema productivo y social completan el circuito de exclusiones al suplantar la idea del ciudadano como sujeto de derechos por la noción de grupos objetivos, pobres o marginales e indigentes como sujetos de programas de ayuda humanitaria. Esa política de tipo asistencialista, que favorece la discrecionalidad y el clientelismo político, no sólo estimula los actos de corrupción del poder sino que refuerza también la idea de exclusión política que de hecho resulta de la exclusión económica y social que vienen sufriendo en forma creciente estos trabajadores.

En el caso de los trabajadores varones –acostumbrados a ser la principal fuente de ingreso de sus hogares– la situación de exclusión económica tuvo un significativo impacto en el nivel psicosocial. En efecto, los altos índices de desocupación y precarización laboral produjeron en ellos una fuerte subestimación personal que derivó en un desaliento para enfrentar en el nivel público y en forma colectiva la problemática. Ello puede observarse en el proceso de reestructuración industrial de la acería estatal SOMISA (cerca de San Nicolás, provincia de Buenos Aires) que condujo a su privatización. En este caso hubo una fuerte racionalización del personal ocupado. Como resultado de ello, el 50 por ciento del total de personal ocupado en ella (funcionarios de dirección, administrativos, profesionales, técnicos, obreros y peones ) –en su gran mayoría del sexo masculino– fueron jubilados u obligados a asumir un retiro voluntario. Después de largos períodos de inútiles búsquedas de empleos, hubo un proceso generalizado de desaliento que se terminó manifestando en un significativo incremento en las consultas por cuadros de depresión aguda de la población masculina desocupada en el hospital de la ciudad. (Beccaria y Quintar. 1994).

Probablemente, el hecho de que los desocupados masculinos no percibieran que los largos períodos de desocupación o la creciente precarización laboral eran problemas que excedían las capacidades y habilidades individuales, los llevó a conductas de aislamiento defensivo que interferían con sus posibilidades reales de participar y protestar en forma colectiva por la situación vivida. Esa experiencia de aislamiento defensivo, que se da a comienzos de la década de 1990 con los desocupados de la acería estatal, parecería comenzar a quebrarse cuando se conforman los primeros movimientos de desocupados y se amplía el desarrollo de los movimientos piqueteros en los años 1996 y 1997, pues es a partir de entonces que la población masculina excluida del aparato productivo vuelve a ocupar en forma masiva el espacio público.
 

Piquetes del movimiento de trabajadores desocupados y asambleas de vecinos autoconvocados. ¿Nuevas formas de participación ciudadana?

Antes de abordar el desarrollo del movimiento piquetero resulta necesario volver a mencionar la crisis de representatividad que sufre el sindicalismo tradicional –como consecuencia del déficit que demuestra tener en su capacidad para representar los intereses del nuevo colectivo de trabajadores desocupados, subocupados y precarizados que conforman la mayor parte de la PEA que circula por el mercado de trabajo. En sintonía con lo anterior, la Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a la mayoría de los sindicatos tradicionales, ha sido fuertemente cuestionada y a comienzos de la década del noventa se conformó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Esta central, desde sus inicios, se propuso articular al colectivo de los trabajadores empleados y desempleados saliendo, de ese modo, del esquema corporativo tradicional del sindicalismo fordista. Por sus permanentes intentos de articulación con organismos de derechos humanos y otras formas asociativas vinculadas a la problemática de los derechos sociales, crecientemente vulnerados por la política económica vigente, la CTA podría ser definida más como un movimiento social que como un organismo sindical.

Es a partir de esa modalidad de práctica política que en 2000 esta central junto a diversas organismos sociales y políticos no partidarios, conformó un Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) a partir del cual convocó a una Consulta Popular, con el objeto de presionar al gobierno a establecer un seguro de empleo y formación(5). La Consulta Popular fue realizada entre el 14 y el 17 de diciembre del 2001. Dos meses antes, la propuesta electoral realizada con motivo del recambio de miembros del poder legislativo fue objeto de un repudio masivo que se expresó en un altísimo voto en blanco o anulado. En contraposición a Consulta Popular del FRENAPO, sin contar con publicidad, ni apoyo de los medios y todavía menos del gobierno o de los partidos políticos tradicionales logró obtener más de tres millones de votos (6).

A su vez, también en el seno de la CTA encontraron acogida muchas organizaciones de base territorial como es el caso de algunas asociaciones que surgieron durante los años ochenta, vinculadas a las ocupaciones de tierras que conformaron los asentamientos áreas periféricas de la RMBA. En ellos vive actualmente cerca de un 5 por ciento de la población de la región (Cravino. 1999).

En el caso de estas organizaciones, transcurrida una primera etapa de ocupación de las tierras y conformación del asentamiento que se caracterizó por una alta movilización y organización de los participantes, muchas desembocaron en formas de asociación barrial más tradicional, dedicadas a llevar adelante proyectos de infraestructura urbana, organizando centros de asistencia familiar para poder ser beneficiarios de programas sociales orientados a la niñez, a la mujer embarazada, a los jefes/jefas de hogar desocupados, etc. Sin embargo, hacia mediados de los años noventa, algunas de esas asociaciones confluyeron, junto a otras instancias organizativas, en la constitución de la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat-Central de Trabajadores Argentinos (FTV-CTA)(7). Esta organización, que pretende abarcar a todo el país, agrupa un conjunto de reivindicaciones referidas a los que ocupan tierra fiscal o privada, las villas, los que tienen dificultades con créditos estatales para la vivienda, los pequeños productores (por lo general endeudados), indígenas (que tienen dificultades para acceder a tierra propia) o cuestiones ambientales (Cravino. 1999).

Al comparar las reivindicaciones acerca de las tierras ocupadas planteadas por la FTV-CTA se puede apreciar una interesante diferencia a favor de una perspectiva de lucha política en la que la discusión acerca del problema de la tierra y la vivienda es enmarcada por esta federación como parte de un cuestionamiento más general al modelo económico y político vigente. A su vez, dado que uno de los problemas más acuciantes que siguen teniendo los pobladores de los asentamientos es la falta de trabajo y dado que la FTV surge asociada a la CTA, en su seno se fue conformando una de las principales corrientes del movimiento piquetero de trabajadores desocupados (Rauber, 2001).

En realidad, el movimiento piquetero comienza a constituirse en algunas regiones del interior del país, a mediados de los años noventa, como consecuencia del gran desempleo generado por el proceso de reestructuración y privatización de las empresas estatales. Con los cortes de las rutas para plantear su protesta por las consecuencias sociales de la política de privatización de las empresas estatales, buscaba la forma de obligar al espectro político (del gobierno y de la oposición) a escuchar las demandas de los desocupados y buscar soluciones.

Las movilizaciones de los piqueteros en los años 1996 y 1997 se expandieron de sur a norte en el territorio argentino, recreando en las rutas interurbanas un nuevo espacio público en el que una parte creciente de la ciudadanía reclama sus derechos sociales, entre los cuales el principal es el de ser nuevamente incluidos en el aparato productivo. Es importante destacar que el movimiento piquetero incluye hoy a aquellos sectores sociales que, expulsados del mercado de trabajo como población excedentaria absoluta, engrosan las filas de los llamados pobres estructurales.

Sin embargo, las transformaciones del mercado de trabajo también afectaron a crecientes sectores de las clases medias –profesionales, comerciantes, pequeños empresarios– que paulatinamente fueron conformando los llamados nuevos pobres. Estos sectores incluidos en una amplia franja de capas medias acorraladas en condiciones de vida cada vez más precarias y sintiendo la profunda orfandad de canales de mediación con el poder son los que se manifestaron con vigor en los llamados cacerolazos(8) que se produjeron a lo largo y lo ancho de la Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001 y que, a pesar de la represión policial, no cejaron en su empeño hasta lograr la renuncia de los entonces ministro de economía y presidente de la nación. A partir de entonces comenzaron a sucederse, en todo país cacerolazos en repudio a funcionarios de gobierno, a formas corruptas de ejercer la práctica política en los planos del poder ejecutivo, legislativo y judicial y, también, a las diversas medidas de política económica que fueron imponiendo los gobiernos que fueron asumiendo el poder en esta etapa de transición.

Resulta significativo destacar que es a partir de esa multitud autoconvocada que se comienza a hacer efectivo en las asambleas de vecinos una modalidad de ocupación del espacio público para transformarlo en foro regular de debate político no institucionalizado, iniciando, así, un nuevo tiempo de participación ciudadana. En efecto, a partir de aquel acto colectivo inaugural comenzaron a organizarse asambleas de vecinos en distintos cruces de calles y avenidas y en las plazas y parques públicos de los diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, primero, y de la Región Metropolitana de Buenos Aires y del resto del país, después.

Estas asambleas se fueron articulando paulatinamente entre sí en diversos sitios, pero en algunos lugares también confluyeron con aquella otra forma de ocupación del espacio público que venían llevando adelante los diversos movimientos piqueteros. En el caso de la RMBA, existe una asamblea interbarrial que se reúne todos los domingos en Parque Centenario, y transforma por unas horas a ese espacio público –ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires– en un gran foro de deliberación pública(9).

A diferencia de lo que ocurre con los movimientos piqueteros, en el caso de las asambleas, si bien ningún vecino tiene restricciones para asistir, lo que generalmente se rechaza es que la participación se haga en nombre de algún partido político o que se busque identificar liderazgos. Esto lleva, en ocasiones, a cuestionar la eficacia que en términos específicamente operativos pueden tener las asambleas barriales como órganos resolutivos.

La pregunta que podría formularse al respecto es si resulta relevante poner el acento en la evaluación de su eficacia resolutiva o si importa más valorar en esa experiencia colectiva, que recién comienza a desplegarse, la posibilidad de que en la profundización de ese despliegue surjan nuevas modalidades de representación que revaloricen una suerte de práctica democrática quasi-directa.
 

Algunos interrogantes a modo de conclusión

Los cambios operados en el mercado de trabajo en la Argentina provocaron serias consecuencias negativas en términos de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. Como un fenómeno concomitante al crecimiento sostenido de las tasas de desocupación y subocupación se producen una serie de modificaciones en las formas organizativas de los trabajadores. El tradicional sindicato corporativo entró en un creciente aislamiento, perdiendo progresivamente la legitimidad que le otorgaba su condición de actor privilegiado en las luchas obreras de la etapa industrial fordista. En ese marco, asistimos al surgimiento de la Central de Trabajadores Argentinos que plantea una concepción muy diferente a la de la vieja Confederación General del Trabajo. La CTA se propone reconstruir su fuerza propia como embrión de un nuevo sujeto histórico a partir de plantear desde el inicio la articulación con los desocupados, reconociendo de su condición de trabajadores.

Si bien no existe aún, entre los analistas socio-políticos, un claro consenso sobre los alcances y las limitaciones que plantean las nuevas formas de participación, lo que resulta claro es que lo novedoso de esas modalidades de prácticas colectivas apuntan a nuevas formas de pensar y hacer política. Desde esta perspectiva, entonces, se trata de un cuestionamiento a formas de representación que mantienen un profundo divorcio entre los representantes y los representados y, también, a comportamientos corporativos en las instancias de mediación política y sindical tradicional.

¿Podría pensarse que esta reapropiación y resignificación del espacio público que se viene produciendo en los últimos meses con la confluencia de movimientos como el de los Piqueteros, la Consulta Popular, los Cacerolazos y las Asambleas de Vecinos Autoconvocados, es la expresión de una sociedad que busca superar las profundas deficiencias democráticas a las que condujo un modelo de política económica, social y cultural basado en la creciente degradación y marginación de los derechos sociales de las amplias mayorías?
 

Notas

(1) La deconstrucción del Estado social, a principios de los años noventa, estuvo basada fundamentalmente en un plan de privatizaciones (de empresas públicas dedicadas a la actividad productiva, de servicios y de protección social); en una política de desregulaciones a favor de la libertad de mercado, y en una reforma administrativa por la cual los servicios se transfirieron a las provincias y al mercado. Este retiro del Estado de la vida social, conjugado con las políticas de ajuste, profundizaron la desigualdad y la polarización social.

(2) Al respecto, resulta interesante destacar cómo en las últimas elecciones parlamentarias (octubre de 2001) la instancia electoral fue utilizada como otro foro más de protesta social y de impugnación global del aparato político representativo (partidos políticos, representantes parlamentarios, etc.), profundizando una tendencia que ya se venía dando en los últimos años.

(3) Desde el año 1991 hasta 1997, la Tasa de Desempleo Abierto del país pasó del 6,5 por ciento de la PEA al 14,9 por ciento y la Tasa de Subempleo Horario subió del 8,3 por ciento de la PEA al 13,2 por ciento.

(4) Informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), citado en el diario Clarín (28 de junio de 1999) y Macrocónsul, Nº 39, febrero de 1999.

(5) La propuesta del FRENAPO es la de un seguro de empleo y formación de 380 pesos a las jefas y los jefes de hogar que están desocupados. Además, contempla un pago adicional de $60 por hijo menor y de $150 en el caso de personas mayores de 65 años. (Advertimos que los valores mencionados eran aún equivalentes a dólares por la vigencia de la convertibilidad, cuando se planteó ese plan). En la propuesta también se explicita el modo de financiarla sin tener que recurrir a préstamos adicionales sino sólo haciendo cumplir la ley de recaudación fiscal para los grandes grupos económicos y el sector financiero, entre otros.

(6) Más de 3 millones de personas se pronunciaron con su voto a favor de la iniciativa del FRENAPO de crear un salario de ciudadanía para enfrentar la desocupación, la pobreza y la recesión económica (Diario Página 12, Diciembre de 2001. Argentina)

(7) En el marco del Congreso Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat, en julio de 1998 se constituyó la FTV-CTA, asistiendo al acto inaugural, además de participantes de todo el país, otros movimientos latinoamericanos (Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil, Federación de Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua del Uruguay, Unión del Movimiento de Moradores de São Paulo, Brasil) (Cravino. 1999).

(8) En la autoconvocatoria del 19 de diciembre del 2001 –conocida como cacerolazo por haber utilizado como instrumento de protesta la cacerola hogareña– confluyeron millares de personas que desde diversos puntos de la ciudad se fueron reuniendo en la Plaza del Congreso y en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La multitudinaria autoconvocatoria, organizada al margen de líderes u organizaciones partidarias, fue una respuesta colectiva a la declaración del Estado de Sitio, realizada por el entonces presidente de la nación, De la Rúa, intentando reprimir la protesta social.

(9) En un creciente proceso de articulación de las asambleas –no sólo en la escala de una ciudad o de una región, sino en el nivel nacional– el domingo 17 de marzo del 2002 (anterior a la rememoración de los 26 años de la instauración del golpe militar del 24 de marzo de 1976) lograron reunirse en la Interbarrial de Parque Centenario delegados de más de 150 asambleas de diversas ciudades del país, iniciando así un proceso de coordinación de actividades a nivel nacional.
 

Bibliografía

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© Copyright Aída Quintar, Tomás Calello y Federico Fritzsche, 2002
© Copyright Scripta Nova, 2002
 

Ficha bibliográfica

QUINTAR, A. CALELLO, T. FRITZSCHE, F. Movimientos piqueteros de trabajadores desocupados y asambleas vecinales autoconvocadas. Elementos para un análisis de las nuevas formas de la protesta social en Argentina.  Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (103), 2002. [ISSN: 1138-9788]  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119103.htm

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