Carmen Rosa Delgado y Carmen Díaz Rodríguez
Departamento de Geografía. Universidad de La Laguna

La formación inicial y el acceso al empleo en España en los inicios del siglo XXI (Resumen)

En la actualidad la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo es un proceso complejo y lleno de dificultades, en el que la preparación recibida en el marco del sistema educativo ha dejado de ser una solución eficaz. Aunque los inconvenientes aumentan a medida que la formación disminuye, lo cierto es que ésta no garantiza ya un puesto de trabajo, pues sus efectos positivos sobre el empleo varían de forma notable según la estructura y dinamismo de los diversos mercados laborales. Hoy, en las distintas regiones españolas, la educación tiene para los jóvenes en su transición a la vida activa un desigual valor, pues las oportunidades de empleo dependen más de las características productivas de sus respectivas comunidades de residencia que del grado de formación alcanzado.

Palabras clave: formación, empleo, jóvenes, desequilibrios regionales

Youths incorporation to job market is a complex and very difficult process nowadays, given school training is not longer an efficacious way. Formation provided by school system does not guarantee a job, even though difficulties increase with lower training, because its positive employment effect changes according as distinct job market structure and dynamics remarkably. In the different spanish regions education has uneven value for youngs incorporation to job market today since employment opportunities are more linked to regional production features than youngs’ formation level.

Key words: formation, employment,youths, regional disparities

En la España del siglo XXI la inserción laboral de los jóvenes tropieza con numerosos obstáculos que derivan de las transformaciones que desde la década de los ochenta experimentan los mercados de trabajo. Así, a pesar de que este colectivo constituye hoy el segmento laboral que dispone de una mayor formación es, a la vez, el que presenta peores condiciones de trabajo. Por ello, tanto al interpretar las diferencias espaciales en materia de empleo como al diseñar las medidas correctoras, conviene tener en cuenta, junto al papel de la formación, las características de la demanda y la estrategia adoptada por cada territorio en respuesta a los cambios originados por la globalización económica.

Las formas de inserción de los diversos espacios en la economía global, es decir, las específicas relaciones que estos establecen con el exterior en su adaptación a los cambios económicos, han sido distintas según sus niveles previos de desarrollo y sus estructuras sociales y productivas (Méndez.1996). Ello supone que entre unos lugares y otros existan sustanciales diferencias, tanto en la creación y destrucción de puestos de trabajo, como en el papel de la formación para aumentar las oportunidades laborales de los más jóvenes.

El análisis comparado de la formación y situación laboral de los egresados del sistema educativo a escala de las Comunidades Autónomas, se aborda con una doble finalidad; de un lado, con la intención de reflexionar sobre las consecuencias, en especial para los más jóvenes, del desequilibrado funcionamiento del mercado laboral en ciertos sistemas territoriales y, de otro, con la idea de evaluar hasta qué punto el incremento de la formación, como piedra angular de las políticas de empleo, resulta o no un instrumento eficaz en el tránsito a la vida activa. A tal fin se plantean, en este orden, algunos de los efectos del actual modelo de relaciones laborales sobre los mercados de trabajo, la situación de España en el contexto europeo, así como el diferente valor de la formación inicial como factor condicionante de las oportunidades de empleo en las diversas regiones españolas.
 

El empleo español en el sistema territorial europeo

Desde los años ochenta los distintos países europeos han afrontado sucesivas reformas en sus respectivos mercados de trabajo encaminadas a reducir el desempleo, especialmente el juvenil y el de larga duración. La aceptación de que las condiciones de trabajo y, a un tiempo, la distribución de la riqueza generada, pueden mejorar con la adquisición de formación, explica que el objetivo de su incremento se haya convertido en una de las piezas clave de las políticas de empleo. De hecho, las reformas impulsadas desde las instituciones de la Unión Europea y desde otros organismos internacionales, han puesto el acento en la necesidad de mejorar la inserción profesional, fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar la adaptación de los trabajadores y de las empresas a las innovaciones tecnológicas y su aplicación en los diversos procesos productivos (BBVA. 2000, p. 39-40).

No obstante, las medidas que promueven una mejora de la cualificación para favorecer la especialización flexible han sido, con frecuencia, desvirtuadas en la práctica con reformas laborales que convierten el principio de la especialización flexible en una flexibilización de la fuerza de trabajo. La aparición primero y la generalización después, de los empleos temporales, a tiempo parcial y los contratos de formación y aprendizaje, constituyen la expresión más conocida de ese fenómeno. Se trata pues, de modalidades caracterizadas, en mayor o menor grado, por su elevada inestabilidad, precariedad y, en general, por sus bajos requerimientos en formación y niveles de remuneración.

En todos los mercados de trabajo europeos se han introducido modificaciones en la línea expuesta, si bien es verdad que la intensidad alcanzada por esas tendencias comunes del empleo, e incluso sus formas de aplicación, difieren de un país a otro, como lo demuestran sus contrastadas situaciones laborales. Se puede admitir, por tanto, que las actuaciones hasta ahora emprendidas no han logrado subsanar los desequilibrios territoriales preexistentes. Es más, tras el análisis de la situación europea, hay quienes expresan su temor de que con las actuales políticas de empleo tales desequilibrios puedan incrementarse. Las dudas son razonables porque no todos los países, ni todas las regiones, están en condiciones de aprovechar las ventajas que puede generar el mercado único (Rivero. 2000, p. 85)

Los indicadores laborales nacionales revelan que, tras quince años de reformas en el mercado de trabajo y de modernización productiva, España continúa siendo el país de la Unión Europea que presenta, con diferencia, la mayor tasa de paro, compartiendo con Italia y Grecia las más bajas tasas de actividad y ocupación (cuadro 1). Tal combinación da cuenta del grado de fracaso alcanzado en la provisión de empleo (1), de tal forma que la proporción de personas que no encuentra trabajo con respecto a los ocupados, es el doble del promedio europeo.

A la difícil situación que traducen los indicadores del mercado de trabajo al uso, hay que añadir las características del empleo generado. También en este aspecto España ofrece graves deficiencias, mayores que los países con indicadores laborales similares, pues los contratos temporales a finales de los años noventa representaban un tercio del total del empleo asalariado. Es decir, la modalidad de flexibilización que se adopta tiende a potenciar las cifras de contratación, para así amortiguar la importancia del paro o, lo que es igual, sanear propagandísticamente sus cifras (Alonso. 2000, p. 40).
 
 

La generalización de la eventualidad tiene efectos perversos. Provoca una segmentación en el mercado laboral entre los que disponen de un empleo ordinario y los que basculan o rotan del empleo temporal al paro. Pero, además, al ser la temporalidad la principal o casi exclusiva modalidad de trabajo a la que acceden los jóvenes, se están hipotecando sus posibilidades reales de inserción, de promoción y de capacitación. Esta situación impide su plena integración en el tejido social, instalándolos fácilmente en los territorios de la exclusión y de la marginación social.

Así pues, el principal problema laboral al que se enfrentan hoy en España los distintos grupos de activos con independencia de su edad, no es tanto la dificultad de ingreso en el mercado de trabajo, a pesar de su importancia, como la inestabilidad y precariedad que caracteriza la actividad desempeñada (García y Gutiérrez. 2000, p. 178). La propagación de estas efímeras modalidades de trabajo permite explicar tanto la buena evolución cuantitativa del empleo en los últimos años como el incremento de los beneficios empresariales. En el primer caso, la reducción del paro corre pareja al incremento de estas contrataciones, mientras que en el segundo, esas modalidades contractuales implican costes de despido bajos o cero y una serie de beneficios fiscales para las empresas (Adam y Canziani. 1998, p. 4). Si bien a partir de 1997 se introducen reformas a favor de la contratación estable, la proporción de temporalidad sigue situándose a finales de esa década en torno al 32% del empleo y muestra una clara resistencia al descenso (Chozas. 2000, p. 221). El mantenimiento de la opción elegida puede derivar en un mercado de trabajo "sustentado en ‘un equilibrio en bajos niveles de capital humano’, en el cual una gran proporción de la fuerza de trabajo, poco cualificada y altamente sustituible, permanece en espera de un empleo" (Adam y Canziani. 1998, p. 10).

La inestabilidad que impone el actual modelo de relaciones laborales incide precisamente en los que disponen de una mayor dotación educativa. Ello implica que la práctica de la formula "mejor, cuanto más formados", es una solución inapropiada que, por sí sola, poco o nada contribuye a resolver los problemas que registran muchos mercados de trabajo, en los que los jóvenes, es decir los más formados, no son los que ocupan los mejores empleos, antes al contrario, es frecuente encontrarlos desempeñando puestos para los que están "excesivamente preparados". Se puede llegar a generar una especie de sobrecualificación sin posibilidades reales de uso, al tiempo que en ese proceso se disipan recursos y horas formativas (Alonso.2000, p.42).

En esta misma idea abunda el último informe de la OCDE dedicado a analizar la transición a la vida activa de los jóvenes. En dicho informe se plantea que en casi todos los países, su nivel de remuneración ha disminuido durante los años noventa como efecto de su concentración en empleos poco cualificados y en sectores escasamente retribuidos, lo que se considera preocupante por ser el grupo más instruido y cualificado (OCDE. 2000, p.11). Esa negativa evolución se produce al mismo tiempo que se hacen considerables esfuerzos en materia educativa para mejorar la cualificación de la población laboral. En España, los resultados en esa dirección han sido muy positivos, porque se ha elevado de forma notable el nivel cultural de los más jóvenes pues, entre 1987 y 1997, los que disponen de estudios primarios o menos reducen su proporción del 56 al 33 y los que cuentan con estudios superiores la elevan desde el 5 al 23 % (Cachón. 2000, p.136).
 

Cambios y permanencias en los mercados de trabajo regionales

La estructura del mercado de trabajo nacional constituye un marco de obligada referencia porque las normas que lo regulan y las tendencias que presenta, condicionan la situación laboral en la que se desenvuelven las diferentes Autonomías. No obstante, la homogeneidad que introduce el marco normativo y la evolución económica general, tienen una diferente plasmación en las regiones según sus específicas características estructurales (Marchena y Santos. 1997, p.45).

Las tasas estandarizadas (2) de actividad, ocupación y paro regionales (cuadro 2), permiten obtener una idea bastante aproximada del comportamiento de los respectivos mercados de trabajo. Las diferencias entre unas regiones y otras en cualquier indicador son realmente llamativas, aún más si tenemos en cuenta que las que podrían derivarse del factor demográfico han sido anuladas. Se advierte así, cómo la aplicación de las mismas reformas laborales y el mismo tipo de medidas provocan desiguales consecuencias.

Si prestamos atención a los niveles de participación en la actividad, las tasas entre las distintas comunidades divergen hasta 11 puntos. Se advierten parecidas diferencias en la ocupación, mientras que el paro presenta alarmantes y espectaculares contrastes entre regiones con tasas inferiores al 7 %, como Baleares o Navarra, y aquellas que, como Extremadura o Andalucía, alcanzan porcentajes del orden del 22 % (figura 1). La ratio de fracaso, permite así mismo apreciar que las situaciones de precariedad en el empleo parecen haberse convertido en crónicas en algunas comunidades. Ello es así porque el aspecto más relevante de la trayectoria reciente del mercado de trabajo regional, no es tanto la extraordinaria diferencia entre las regiones, como su persistencia (Caravaca y Sánchez. 1995).

Las mayores dificultades para obtener empleo, sin entrar ahora en sus características, siguen concentrándose en las comunidades que, al menos, desde los años setenta, vienen registrando mayores desequilibrios en sus mercados de trabajo, como sucede con Extremadura y Andalucía. Tiene interés, sin embargo, no perder de vista el hecho de que a esas comunidades tradicionalmente peor situadas, se han ido sumando otras que han escalado puestos como resultado de su débil estructura económica y de su incapacidad para generar empleo. Es lo que ocurre con Asturias y Galicia y, en menor medida, en las dos Castillas y Cantabria. También es verdad que otras comunidades han mejorado su posición relativa en términos de empleo, como las localizadas en el este peninsular (el denominado arco mediterráneo y valle del Ebro), en particular Baleares. No obstante, tal y como ya hemos explicado, la favorable evolución en algunas regiones de estos indicadores convencionales no siempre refleja las condiciones más adecuadas en el desarrollo de esa actividad. Así, por ejemplo, en la Comunidad Canaria, la mejoría relativa que reflejan sus tasas de ocupación y paro en los últimos años noventa, está encubriendo una elevada eventualidad en su principal sector económico y laboral: el turístico, que para 1994 se cifró en un 44,8 %. La extremada flexibilidad que demuestra esta cifra, impide en este archipiélago la consolidación del empleo, a diferencia de lo sucedido en otras comunidades tales como Madrid, Navarra o Baleares, en las que la contratación fija en el sector representaba, en igual fecha, en torno al 70 % del total (Marchena y Santos.1997, p. 53).

En definitiva, el mapa laboral español en la actualidad no parece haber logrado el equilibrio que se perseguía con la aplicación de las sucesivas reformas del mercado de trabajo, de tal manera que el empleo se ha convertido en un factor clave para entender las divergencias regionales. Es más, en opinión de un amplio número de analistas, las diferencias espaciales en los ámbitos, laboral, económico y, por tanto, social, se han incrementado. En una reciente publicación (Goerlich y Más. 2002) se sostiene que las provincias españolas no convergen hacia niveles similares de renta y bienestar; la brecha en el volumen de actividad entre unas y otras es hoy mayor que hace cincuenta años y las provincias menos avanzadas, al redistribuir peor la riqueza, son las menos igualitarias.
 

Empleo y formación en los jóvenes

Si las diferencias regionales en el reparto del empleo son muy elocuentes, lo son aún más las observadas en el grupo de los jóvenes. La desequilibrada situación de los mercados regionales se refleja de un modo especial en las diferentes oportunidades de trabajo de este segmento poblacional (cuadro 3). A escala del país su situación a finales de 2001 era la siguiente: la mitad de los menores de 25 años declaraba su condición de activo; una cuarta parte de los mismos se encontraba en paro; 37 de cada 100 estaban ocupados y, por último, la ratio de fracaso se elevaba hasta el 65 %. Estas cifras ponen al descubierto que en los últimos años el fomento de la formación y de la contratación no logra contrarrestar sudeteriorada condición laboral, a pesar de que se hayan incrementado sus niveles de ocupación por la vía del empleo temporal (Cachón. 2000). Se ha llegado a apuntar que el cambio de ciclo económico a finales de los noventa y las reformas encaminadas a favorecer la contratación estable, podrían generar un cambio de tendencia en la eventualidad del empleo juvenil, pero lo cierto es que en el año 2000 esa modalidad contractual representaba, todavía, el 43 por ciento del empleo total en el grupo de edad de 16 a 29 años (Requena. 2001, p.43).
 
 

Son muy reveladoras las ratios de fracaso por encima del 100 % que registran Extremadura (123 %), Andalucía y Asturias (115 %), lo que significa que en estas comunidades el número de parados menores de 25 años supera al de los ocupados (figura 2). La contraposición es manifiesta si se comparan tales valores con los que ofrecen Cataluña o Navarra, con ratios por debajo de 35 %, y, sobre todo, Baleares, donde la relación se reduce hasta 22 parados por cada 100 ocupados en esas edades. Así pues, las posibilidades de obtener empleo para los jóvenes son muy diferentes entre unas regiones y otras, reduciéndose hasta niveles críticos en las menos dinámicas, lo que es tanto más grave porque ese deterioro laboral se produce al mismo tiempoque se ha incrementado su formación. De hecho, las generaciones más jóvenes, al ser las principales beneficiarias de la expansión del sistema educativo en los últimos treinta años, son las que protagonizan el incremento de la formación del conjunto de los activos españoles. La mejora que tiene lugar en ese plazo de tiempo explica que a comienzos del siglo XXI el 65 % de la población laboral con menos de 35 años hubiera cursado estudios de tipo medio y superior.

De todos modos, las diferencias regionales en la formación de ese último grupo son aún muy considerables, y aunque en todas las regiones se ha producido un avance en este aspecto, no se han conseguido solventar los desequilibrios tradicionales, de manera que la clásica línea divisoria entre el norte y el sur del país, como ejemplos respectivos de espacios de elevada y débil formación, permanece inalterada. Se siguen advirtiendo grandes disparidades (3) en la proporción de los que disponen de estudios postobligatorios (cuadro 4), hasta el punto de que las diferencias entre los valores extremos oscilan entre el mínimo del 46 % que registra Extremadura y el máximo del 85 % del País Vasco. Ese acusado contraste responde a las desiguales oportunidades de acceso a los estudios postobligatorios que, aún hoy, tienen los jóvenes en las distintas Autonomías. Así, durante el curso 1998-99, la distancia entre las tasas brutas de escolarización en la enseñanza secundaria postobligatoria se cifraba en casi los 30 puntos que separaban la tasa de Baleares (52,8 %) de la del País Vasco (81%) (Fundación Encuentro.2002).

Estamos pues, ante una pluralidad de situaciones educativas que, no obstante, se puede sintetizar en tres grandes categorías. Regiones que de forma tradicional han registrado una débil formación de su población laboral, como Andalucía, Extremadura, Baleares y Murcia, reproducen hoy el mismo esquema de hace veinte años. Otras comunidades, entre ellas el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña refuerzan, en cambio, su destacada posición educativa con los favorables resultados que logran sus nuevas generaciones. A estas dos modalidades de opuesta tendencia se añade una tercera: la de las regiones que a pesar de su evidente progreso se han caracterizado, y aún lo hacen, por la baja cualificación de sus activos, como sucede con Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias. En definitiva, detrás de esa diversidad se encierra, además de la desigualdad inherente al medio social, la que deriva del lugar de residencia. El valor añadido que supone la formación para los jóvenes en su transición a la vida activa, difiere según su ámbito regional de procedencia.
 

El desigual valor de la formación

Las instituciones y agentes implicados en el diseño y aplicación de las medidas dirigidas a impulsar la generación de empleo, argumentan que la educación es hoy, quizá más que nunca, un recurso esencial para los jóvenes tanto a la hora de afrontar las demandas de cualificación exigidas por los cambios tecnológicos, como la polivalencia que requieren los nuevos puestos de trabajo. De tal modo, que la formación adquirida en los centros educativos constituye, tal vez, el principal factor que deberán utilizar para su inserción en el mercado laboral (Fernández Enguita. 1990, p. 95-96; Requena. 2001, p. 39).

En principio, los indicadores disponibles así parecen confirmarlo, y de su lectura se desprenden los positivos efectos que, generalmente, ejerce la formación sobre el empleo. De hecho, los jóvenes con una escasa formación tienen menos oportunidades para conseguir trabajo, como lo demuestra el incremento del paro a medida que disminuye el nivel educativo. La tasa de los jóvenes entre 25 y 34 años con estudios primarios superaba, a finales de 2001, en 5 puntos la registrada por los titulados universitarios (21,5 % y 16,7 % respectivamente). También, los que carecen de formación, al ser los principales afectados por las regulaciones de plantilla, pierden con más facilidad el empleo, registran una mayor eventualidad contractual y, por lo general, son los que perciben salarios más bajos. La diferencia de ingresos entre un licenciado universitario y un bachiller se cifraba a comienzos de los años ochenta en un 45 por ciento y a principios de los noventa se había ampliado hasta un 52 por ciento (San Segundo. 1998, p. 93).

Las circunstancias cambian cuando se dispone de una elevada formación, pues además de reducirse el tiempo de espera para la inserción laboral, aumentan las posibilidades de conservar el puesto de trabajo. Un reciente informe del INE (2001) sobre la transición desde la educación al empleo de los jóvenes pone en evidencia, de un lado, que mientras los titulados superiores conseguían trabajo en un plazo de dos años, los de educación primaria permanecían en paro por un tiempo superior a tres años y, de otro, que casi tres cuartas partes de los que estaban empleados poseían estudios postobligatorios. A esas ventajas se une la de disponer de mayores facilidades de promoción interna, pues aunque ésta depende más de factores estructurales e institucionales —antigüedad en la empresa, estrategias de uso y aprovechamiento del mercado interno, formación específica adquirida en el puesto de trabajo, etc.—, lo cierto es que cuanto mayor es la formación, las posibilidades se incrementan (García y Gutiérrez. 2000, p. 191).

La confianza depositada en las virtudes de la formación para atenuar los problemas de la población laboral actual y futura preside el diseño de las políticas de empleo. Éstas, no obstante, al concentrar sus esfuerzos en esa dirección, parecen haber olvidado que, en las actuales condiciones del mercado de trabajo, la educación, aun siendo un factor necesario e imprescindible desde el punto de vista social, por sí solo es insuficiente. Hoy es habitualque los titulados superiores —aunque con diferencias importantes entre las diversas licenciaturas y diplomaturas—, no obtengan un puesto adecuado a su formación. Los datos apuntan que estos titulados tienden a no demorar, como lo hacían en un pasado reciente, su entrada a la vida activa esperando un empleo acorde con la formación recibida. Por el contrario, son los que acceden a él con más rapidez y, por tanto, constituyen en esos términos el segmento joven más privilegiado aunque, eso sí, tardan en promediounos dos años en lograrlo y están frecuentemente subutilizados.

De todos modos, las relaciones generales descritas hasta ahora entre el nivel de formación y el tiempo de transición a la vida activa, y entre aquél y las oportunidades laborales, se alteran cuando se aborda su estudio a escala regional. A esa escala de análisis destacan dos hechos: uno, que no existe una relación de causalidad única entre el grado de formación de los jóvenes y el tiempo que tardan en conseguir el primer empleo y dos, que tampoco se puede establecer una clara correspondencia entre la presencia de una población joven bien formada y unos equilibrados indicadores laborales.

Las variaciones regionales entre el grado de formación y el tiempo de espera para acceder a un empleo, abarcan desde situaciones definidas por la compaginación de un reducido tiempo de espera y un bajo porcentaje de jóvenes con titulación postobligatoria, como sucede en Castilla-La Mancha, hasta las que ofrecen una combinación inversa, es decir, elevadas proporciones de jóvenes con estudios medios o superiores y una transición más tardía; características que presentan Cantabria, Madrid y Asturias. Además, la norma que vincula un superior nivel de formación y un menor tiempo de búsqueda, no se cumple en los casos de Baleares y Navarra en donde los jóvenes con estudios primarios se insertan laboralmente con más rapidez que los titulados medios y superiores (INE. 2001).

Tiene, igualmente, interés comprobar la débil relación que existe entre la proporción de los que disponen de una titulación media o superior y la incidencia del paro (figura 2). En este aspectoencontramos, de nuevo, una triple casuística regional difícil de explicar y, por tanto, de tipificar si se desconocen las condiciones productivas de cada ámbito y su reciente evolución. Se advierte una tendencia a la sobreeducación en aquellas comunidades en las que los jóvenes registran mayores tasas de paro y, en consecuencia, mayores dificultades en el acceso a un empleo. Los casos de Asturias y Castilla y León, resultan expresivos de la inadecuación que parece existir entre formación y oportunidades de empleo, pues a la vez que muestran un elevado paro juvenil registran una alta proporción de jóvenes con estudios postobligatorios. La combinación inversa está representada en esta ocasión por Baleares, donde es probable que el mayor dinamismo que demuestra la demanda, esté fundamentado en ocupaciones que, en una proporción variable pero destacada, no requieren una elevada formación. Un panorama diferente a los descritos es el que, por último, registran Navarra, Cataluña y Aragón en las que se cumple la tercera combinación posible: alta formación y baja incidencia del paro juvenil.

Los ejemplos se multiplican y los estudios lo ponen en evidencia. A finales de los noventa, en la Comunidad Valenciana el 59 % de los jóvenes presentaban una situación de sobreeducación en el primer trabajo y una proporción similar (55 %) registraba Asturias (García y Gutiérrez. 2000, p. 193). Estos desajustes están afectando, incluso, a comunidades en las que los jóvenes salen del sistema educativo con el nivel más bajo, como ocurre con Canarias, Andalucía y Extremadura en las que los porcentajes de los que abandonan la formación con sólo estudios primarios doblan la media nacional (INE.2001, p.6). Pues bien, en Canarias los resultados obtenidos sobre la inserción laboral muestran que, en la provincia oriental, la sobreeducación afectaba al 25 % de los titulados universitarios que habían finalizado sus estudios entre 1988 y 1996 (Consejo Económico y Social. 2000, p. 90).

Así pues, se vienen registrando, en diverso grado, situaciones de sobreeducación desconocidas hasta el momento. Las investigaciones en esa línea no dudan en señalar la simultánea presencia de un elevado paro y un alto número de efectivos cualificados. Esa descompensación entre formación y empleo obedece en gran medida a que la demanda laboral está originando una dualidad en el sistema ocupacional, al disminuir el porcentaje de puestos de trabajo que requieren una cualificación media, aumentando muy escasamente aquellos que requieren una alta cualificación y, sobre todo, al incrementarse de forma acelerada los empleos descualificados (Castells y Esping-Andersen. 1999). La paradójica situación desencadenada por ese proceso es la existencia de un colectivo creciente de jóvenes cualificados que tiene graves inconvenientes para lograr una adecuada inserción laboral y su paralela integración social.

Sin embargo, como las dificultades laborales varían de unas comunidades a otras se está produciendo una tendencia emigratoria que de consolidarse intensificaría los desequilibrios laborales, culturales y territoriales descritos. Las regiones más desfavorecidas pierden sus efectivos jóvenes cualificados a favor de las que ya disponen de altos porcentajes de población formada. La creencia, o la efectiva realidad, de conseguir trabajo con más facilidad en los principales mercados labores del país, como los de Madrid y Cataluña, explica que un número importante de titulados universitarios de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y, sobre todo, de Castilla y León, hayan optado por establecerse en esas y otras regiones más prósperas. La magnitud de esos desplazamientos, en 1997, alcanzaba cifras que oscilaban entre los poco más de 17 mil titulados extremeños, hasta los 90 mil que procedían de la comunidad castellano-leonesa (Pérez y Serrano. 1998, citado por Fundación Encuentro. 2002). Esta emigración de elite supone una sensible pérdida de profesionales jóvenes y bien formados, receptores de una inversión educativa de estériles resultados en sus comunidades de partida.

En definitiva, el complejo y hasta cierto punto contradictorio escenario laboral que se dibuja en España a comienzos del siglo XXI, revela que el papel de la formación en los diversos mercados regionales de trabajo es diferente tanto en su dimensión individual como colectiva. En aquellas comunidades con mayores ritmos de crecimiento y de generación de empleo, la formación, siendo importante, no es indispensable para la inserción laboral; los jóvenes no necesitan prolongar su permanencia en el sistema educativo para encontrar trabajo. Incluso, en algunas regiones los que disponen de una titulación menor lo obtienen con más facilidad. En cambio, en los territorios con débiles estructuras productivas y escaso desarrollo del empleo, la formación es imprescindible, pues la competencia por los pocos puestos disponibles favorece a los más cualificados al repartirse aquellos bajo la influencia, entre otros factores, de las credenciales educativas (García y Gutiérrez. 2000, p. 197). La educación formal juega, pues, un papel discriminatorio y consolida una estructura laboral constituida, de una parte, por los que tienen prácticamente garantizado el empleo y, de otra, por los jóvenes que tienen dificultades para superar la precariedad laboral (Fernández Enguita. 1990, p. 96). Por tanto, en esos espacios los positivos efectos individuales de la educación se dejan sentir con más intensidad, como se advierte en el caso de la Comunidad Asturiana en la que los jóvenes con enseñanza primaria tardan en promedio tres años más en conseguir trabajo que los titulados postobligatorios.
 

Balance final

La formación no tiene los mismos efectos sobre el empleo en todos los territorios. Las diferencias regionales que hemos observado en los indicadores laborales se relacionan más con las estructuras económicas y las características del mercado de trabajo que con el desigual grado de cualificación que presentan los jóvenes. Por ello en las regiones con una economía dinámica la formación no parece tener una influencia directa en el éxito laboral, y los jóvenes con escasa preparación se insertan en el mercado con igual, o incluso mayor rapidez, que los más cualificados. Sólo en las economías estancadas la formación se asocia con una mayor celeridad en la transición al empleo, lo que puede obedecer a un mayor uso de las prácticas credencialistas por parte de los empresarios, y no a una demanda real de trabajo cualificado.

Ese desfase entre la cualificación adquirida porlos jóvenes y la demandada por el mercado, puede generar negativas consecuencias. De una parte, ocasionar una progresiva devaluación de los títulos educativos al generalizarse por parte de las empresas la tendencia a contratar a los que disponen de un mayor volumen de méritos formativos, aunque éstos no sean necesarios para ejercer el puesto de trabajo. De otra, podría ser el germen de un cambio en la percepción de los beneficios de la educación para la movilidad social. La prolongación de los estudios genera expectativas, en términos de empleo y salario, que al no quedar satisfechas provocarían una falta de confianza en el sistema educativo y, por consiguiente, una reducción espontánea de la demanda de formación.

Una población joven bien formada es requisito indispensable para lograr una estructura social sólida y bien vertebrada; es por ello que se cuestiona la utilización que se está haciendo de la educación por parte de los responsables de las políticas de empleo, que promueven actuaciones sobre la cualificación de la oferta y se desentienden de las acciones que emprende la demanda. Esa parcial forma de intervención se justifica bajo el argumento de que el desempleo es un problema de cualificación, pero a la vista del aumento del número de titulados, y la simultánea persistencia del paro y de las precarias condiciones de empleo, es evidente que no se puede atribuir sólo a la formación inicial las deficientes condiciones en las que se produce hoy la inserción laboral. El centrar el discurso oficial sobre la formación supone, además, desviar la responsabilidad hacia el terreno educativo. El problema del empleo no estaría así, ni en la estructura económica ni en la organización del proceso de trabajo, sino en la incapacidad del sistema educativo para adecuarse a las demandas del mercado laboral. Con el desplazamiento de lo económico a lo cultural se corre el riesgo también, de responsabilizar al parado de su situación por no haber sido capaz de formarse convenientemente (Martín. 1999, p. 40).

La formación contribuye a la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes siempre que exista una demanda real de trabajadores cualificados, es decir, una fuerza de trabajo formada y una demanda que la solicite. Una mano de obra cualificada debería servir para reorientar la economía hacia actividades que requieran competencias de alto nivel. Pero las actuales tendencias del mercado laboral español y europeo, con las lógicas salvedades regionales, no parecen mostrar, ni perseguir esa estrategia. España al integrarse en los mercados europeo y mundial, se ha insertado en un marco de relaciones laborales definido por la búsqueda del beneficio fácil, en el que la reducción de los costes de empleo se alcanza con el sacrificio de la formación, e incluso de la productividad, comprometiendo a medio plazo la prosperidad individual y colectiva. Hay, pues, que actuar sobre los condicionantes institucionales y sobre las cortas visiones empresariales que al favorecer la contratación y el empleo precario, menosprecian y subutilizan la formación lograda en el sistema educativo, es decir, frustran los esfuerzos individuales y colectivos y la aspiración de las generaciones más jóvenes a un trabajo digno, primando, una vez más, los fines económicos inmediatos sobre los sociales.
 

Notas

(1) La ratio de fracaso, según la metodología propuesta por G. Therborn (1992), consiste en determinar "la proporción de personas que no encuentran un puesto de trabajo frente a las ocupadas". Citado por Méndez, 1996, p.143.

(2) Se ha procedido a la estandarización directa de las tasas al objeto de eliminar las desviaciones que ocasiona la desigual estructura por edades de las comunidades autónomas.

(3) La información procede de una encuesta realizada por el INE (Módulo de transición de la educación al mercado del trabajo), durante el segundo trimestre del año 2000, en la que se investigó a las personas que entre los 16 y los 35 años habían finalizado, interrumpido o abandonado los estudios en los últimos diez años.
 

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© Copyright Carmen Rosa Delgado y Carmen Díaz Rodríguez, 2002
© Copyright Scripta Nova, 2002
 

Ficha bibliográfica

DELGADO ACOSTA, C.R.;  DÍAZ RODRÍGUEZ, C. La formación inicial y el acceso al empleo en España en los inicios del siglo XXI.  Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (134), 2002. [ISSN: 1138-9788]  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119134.htm

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