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En un mundo en el que los intercambios comerciales se efectúan, en lo sucesivo, a escala mundial, los territorios y las actividades que generan entran en competencia, tanto en el territorio comunitario como fuera de él. Ahora bien todas las regiones no se benefician de las mismas condiciones económicas, sociales ni geográficas para poder competir en un plano de igualdad.
Durante mucho tiempo, las diferencias de desarrollo y de nivel de vida entre regiones, que existían mucho antes de la creación de la Comunidad, sólo fueron objeto de un tratamiento específicamente nacional. Los esfuerzos progresivos de la Unión para reducir estas diferencias aportaron netas mejoras: en los tres países menos prósperos (Grecia, Portugal y España) la renta media per cápita ha pasado del 68% de la media comunitaria al 79% en 1999. Pero todavía hoy siguen existiendo fuertes disparidades: las diez regiones más dinámicas tienen un producto interior bruto (PIB) casi tres veces superior al de las diez regiones menos desarrolladas. La política regional de la Unión sigue siendo necesaria para favorecer un desarrollo armonioso del espacio comunitario. Su acción debe permitir a todas las regiones europeas sacar plenamente partido de las oportunidades del mercado único y contribuir al éxito de la unión económica y monetaria (UEM).
La política regional europea es, ante todo, una política de solidaridad tendente a estimular, a escala comunitaria, las intervenciones que permitirán a los territorios con más dificultades superar mejor sus desventajas. Durante el período 2000-2006 un tercio del presupuesto comunitario (213.000 millones de euros), procedente de la contribución de los Estados miembros, se asignará a la política regional y se distribuirá entre las regiones que más lo necesitan. Los Estados miembros, a través de sus propias ayudas regionales, y la Unión Europea perseverarán en su esfuerzo para reducir las diferencias de desarrollo, participar en la reconversión de las zonas industriales en declive, en la diversificación del medio rural o, incluso, en la revitalización de los barrios en crisis.
La política regional también es una política concreta, visible a los ojos de todos los ciudadanos europeos, ya que ellos mismos son los primeros beneficiarios de las intervenciones. Esta política les ayuda a encontrar trabajo y a adaptarse mejor a los cambios del mercado laboral, fundamentalmente a través de la formación. Esta política permite a cada uno vivir mejor en su región, mediante la participación financiera en los esfuerzos de las autoridades públicas que se dotan con nuevas infraestructuras y ayudan a las empresas a ser más competitivas. Gracias a la cofinanciación de los fondos europeos, conocidos como «Fondos Estructurales», se construyeron o renovaron autopistas, aeropuertos y trenes de alta velocidad, sin dejar de cumplir las normas europeas en favor del medio ambiente. En las regiones periféricas se crean y mantienen pequeñas y medianas empresas (PYME). La sociedad de la información penetra en los espacios rurales y remotos. Se instalan nuevos servicios de educación, salud y ocio en suburbios en vías de rehabilitación. Todos estos ejemplos concretos son una muestra de que la actuación de la Unión es visible a los ojos de los ciudadanos.
Más concretamente, el título XVII ( artículos 158 a 162 ) titulado «Cohesión económica y social» estipula que «la Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales». Presenta la participación de la Comisión en el esfuerzo de cohesión mediante la actuación que desarrolla a través de los fondos con finalidad estructural. Además, el ejecutivo europeo debe presentar cada tres años un informe sobre los avances realizados en la cohesión económica y social y, eventualmente, una serie de propuestas adecuadas sobre las actuaciones futuras de la política regional.
Las necesidades de los países candidatos son enormes en todos los terrenos: infraestructuras, industria, servicios, PYME, agricultura, medio ambiente. Para el período 2000-2006, la Unión ha querido preparar progresivamente la entrada de estos países mediante la instauración, en colaboración con los mismos, de las «Asociaciones para la adhesión», documentos estratégicos de programación de las ayudas que financian dos nuevos Fondos:
En 1962, con ocasión del acuerdo sobre la política agrícola común , la Comunidad creó el FEOGA que continúa promoviendo y fomentando la producción agrícola en la Comunidad. En 1964 el FEOGA se dividió en una Sección de Garantía y en una Sección de Orientación. La Sección de Orientación contribuye a financiar los gastos de la reforma estructural de la agricultura y para la fundamentación de otro modo de desarrollo rural.
A raíz de la adhesión del Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca en 1973, en 1975 se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este Fondo sirvió, en un primer momento, para reconvertir las regiones en declive industrial del Reino Unido y para compensar a este Estado miembro por los escasos beneficios que recibía de la PAC. Tras la adhesión de Grecia y, posteriormente, de España y de Portugal, las prerrogativas de este Fondo se extendieron progresivamente al conjunto de las regiones menos desarrolladas.
El Acta Única introdujo por primera vez en 1986 un título específico para el concepto de cohesión económica y social y puso las bases de una verdadera política regional solidaria. En esa misma línea, las perspectivas financieras del «paquete Delors» proponían duplicar los gastos estructurales entre 1988 y 1993 hasta llegar a representar el 31% de los gastos comunitarios.
En 1992 el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea hizo de la cohesión económica y social un objetivo prioritario de la Comunidad, en paralelo a la unión económica y monetaria y al mercado único. Al fijar los criterios de convergencia económica y presupuestaria para los Estados miembros, este Tratado impuso, sobre todo, el control del déficit público. En el caso de los países menos prósperos, esto significaba la aplicación de una política presupuestaria estricta y un aumento de las inversiones en infraestructuras para agilizar su desarrollo. Para España, Grecia, Irlanda y Portugal tal esfuerzo sólo era alcanzable con la ayuda de la Unión. A este respecto, la Comunidad creó un fondo especial de solidaridad, el Fondo de Cohesión, destinado a los cuatro Estados miembros más pobres: España, Portugal, Irlanda y Grecia. Su objetivo consistía en ayudar a estos países a entrar en la UEM en las mejores condiciones.
El Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 aprobó un nuevo aumento del 40% de los créditos reservados a las acciones estructurales para el período 1994-1999. Además, el año siguiente se creó el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), a raíz de la crisis del sector pesquero acaecida a principios de la década de los noventa, con el objetivo de amparar el proceso de reestructuración de este sector.
En 1997 el Tratado de Amsterdam confirmó la importancia estratégica de la cohesión. Paralelamente, este Tratado incluyó un título específico sobre el empleo con el fin de destacar la necesidad de actuar a escala europea para reducir el desempleo.
En marzo de 1999, en el Consejo Europeo de Berlín, los Jefes
de Estado y de Gobierno alcanzaron un acuerdo político sobre la
Agenda 2000, un programa de acción cuyos objetivos principales eran
reforzar las políticas comunitarias y dotar a la Unión Europea
de un nuevo marco financiero para el período 2000-2006 que tenga
en cuenta la perspectiva de la ampliación. En este contexto, la
Agenda 2000 también presentó la reforma de los fondos con
finalidad estructural . Se creó un nuevo marco jurídico para
los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, que seguirá
siendo válido hasta 2006. Este marco se basa en los principios de
concentración de las intervenciones, aclaración y descentralización
de las responsabilidades entre los Estados miembros y la Comisión.
En previsión de la próxima ampliación de la Unión
hacia el este, la Agenda 2000 ha previsto además la creación
de los instrumentos financieros ISPA y SAPARD que permiten a los países
candidatos entrar en el mercado único en buenas condiciones y prepararse
para gestionar las ayudas estructurales comunitarias.
Con la ampliación, el desafío de la cohesión económica y social aumenta y se desplaza hacia el este. La adhesión de los países candidatos pone en entredicho el modelo de la vigente política regional y la enfrenta a tres nuevos retos importantes: