AGRARISMO FRANQUISTA: EL PLAN DE ADOPCIÓN DE LA ISLA DE EL HIERRO (ISLAS CANARIAS)

Carlos Santiago Martín Fernández
Departamento de Geografía, Universidad de La Laguna, Canarias
csmartin@ull.es

Agrarismo franquista: el Plan de Adopción de la isla de El Hierro (Islas Canarias) (Resumen)

Abordamos en este artículo la forma singular en la que el Estado franquista gestionó en las primeras décadas de su mandato dos elementos que han caracterizado el acontecer histórico del campo español, su atraso económico y la manifestación social de esta situación, la pobreza.

Las soluciones autárquicas vertidas por los mandos franquistas se ejemplifican para la isla de El Hierro en el denominado Plan de Adopción, documento central del devenir contemporáneo insular y, por ello, del presente artículo.

A pesar del diseño e incluso realización de algunas de sus obras, la Adopción no solucionó los problemas estructurales insulares, perpetuando, de forma extraordinaria, el modelo autárquico y sus consecuencias socioterritoriales hasta los primeros años de la década de los 60.

El resultado de este extenso periodo intervencionista fue, de una parte, el mantenimiento de la población local en el límite de la resistencia biológica y, de otra, enviar a la mayoría de sus habitantes al ingrato camino de la emigración.

Agrarian reform in Franco’s regime: the Plan of Adoption of the island of El Hierro (Canary Islands) (Abstract)

We approach in this paper the singular form in which Franco's dictatorship managed in the first decades of his mandate two elements which they’ve characterized the historic development of the Spanish field, the economic lag and the social manifestation of this situation, the poverty.

The autarkic solutions of Franquist commandership are exemplified for the island of El Hierro in the called "Plan of Adoption", central document of the contemporary development of the Island and of the present paper for this reason.

In spite of the design and accomplishment of some goals, the Adoption did not solve the structural insular problems. On the contrary, it perpetuated, of extraordinary form, the autarkic model and its consequences social and territorials until the first years of the decade of the 60.

The result of this extensive period of comptrollership was, of a part, the maintenance of the local population in the limit of the biological resistance and, of other one, to send the majority of the inhabitants to the ungrateful way of the emigration.

El franquismo herreño en la postguerra

La isla de El Hierro, la más pequeña de las que componen el archipiélago canario, ha mantenido históricamente la condición de isla atrasada, abandonada y en constante depresión socioeconómica, calificaciones realizadas en función de otras realidades del Archipiélago.

En las tres primeras décadas de la Dictadura, su economía sigue los patrones que históricamente la han caracterizado, como son: el predominio de la agricultura de secano y, sobre todo, de la ganadería. Su producción recibe una doble orientación: de una parte, está la que se destina al autoconsumo (cereales, hortalizas, legumbres y fruta), mientras que a la islas centrales se exportan vino, derivados ganaderos, queso y fruta (preferentemente pasada). Aunque la balanza comercial era deficitaria, mostrando la Isla una clara dependencia externa. Ahora bien, se trata de una subordinación económica respecto de las islas centrales (Gran Canaria y Tenerife) y no de la típica extraversión que caracteriza a las economías insulares canarias, fundadas en la agricultura de exportación (plátanos y tomates) hacia los mercados internacionales. El Hierro de estos años carece de agua en abundancia, no existen pozos y galerías que proporcionen los recursos hídricos necesarios para el desarrollo de la modalidad agrícola de regadío. He aquí una especificidad frente a otras realidades insulares del Archipiélago.

La organización social isleña se encontraba encabezada por un reducido grupo de propietarios y comerciantes locales que mantienen su poder a través de un estricto control de los medios de producción y de los órganos administrativos, ejerciendo, además, un monopolio comercial, tanto interior como exterior. Esta situación les proporciona notables beneficios económicos, colocándose el resto de la población en posición de absoluta dependencia frente a ellos. En un estrecho margen, encontramos a una fracción de pequeños propietarios y emigrantes retornados que tienen una cierta autonomía económica y menor capacidad decisoria en materia política. En momentos de crisis, éstos pasan igualmente a depender de la clase dominante herreña. Por último, en la base de esta pirámide social hallamos una ancha base de medianeros, campesinos y pastores, mano de obra o servidumbre de la clase dominante insular.

Las fuerzas que promovían, obstaculizaban y valorizaban el espacio en el periodo estudiado eran herederas de la organización social descrita, la dinámica realidad geográfica herreña es consecuencia de su estructura social.

Tradicionalmente sumida en el estancamiento económico, la isla de El Hierro no podía superar su secular situación sino a través de dos agentes transformadores: las clases altas o propietarias, dirigentes de la actividad económica, o el Estado. Los primeros, en ningún momento se proponen romper con una estructura que les beneficiaba económica y políticamente, actuando como freno del desarrollo de las capacidades productivas insulares, por lo que debía ser entonces el Estado quien interviniera.

Entre 1931 y 1936, asistimos a una modificación sustantiva de la organización económica y social descrita, como consecuencia de la intensificación de las obras públicas acometidas por el gobierno de la República. A través de empresas no herreñas, se introducen la asalarización, horarios de trabajo acordes con lo establecido en la legislación y, sobre todo, se rompe con la dependencia existente entre los trabajadores y los grandes propietarios. Este escenario radicalmente diferente al tradicional régimen servil herreño genera honda preocupación en la clase dominante insular, que, cuando se mezcla, dentro del clima de renovación general auspiciado desde la República, con novedosas ideas socializantes, actividad política de izquierdas, sindicalismo, huelgas y enfrentamiento manifiesto contra la sociedad tradicional, pasa de la preocupación al conflicto. De esta forma, cuando se produce el golpe de Estado, la reacción de los poderes fácticos herreños fue apoyarlo fervientemente y, tras el mismo, eliminar, de manera violenta, todo aquello que el apretado periodo republicano supuso de perturbación a su tradicional dominio social y económico.       

Así, a partir de 1940 asistimos con fuerza e intensidad a la restauración del viejo y continuado orden, al retorno a las formas tradicionales de relación económica y política, convirtiéndose la posguerra herreña en una etapa de ilusiones violentamente frustradas, que coinciden con serios problemas económicos y políticos estatales, junto a especificidades regionales.

En la explicación de lo ocurrido en El Hierro, base imprescindible para compren­der la estructura territorial de la Isla en estos años, nos vemos obligados a des­cribir someramente algunos caracteres del modelo socieconómico general de la región. Esta descripción no es un asunto trivial, ya hemos comentado la intensa relación que tiene la producción herreña con las economías insulares de las islas centrales, de ahí que cual­quier distorsión del modelo regional suponía cambios significativos en las condiciones internas de la Isla.

Las décadas de 1940 y 1950 en Canarias son de transición entre dos modelos capita­listas y dependientes. En estos años, se materializa el desmantelamiento progresivo del modelo Canary Islands, basado en la exportación frutera y el librecambio, a la vez que se marcan los pasos de un modelo terciarizado que triunfará definitivamente a partir de los años 60.

Dos acontecimientos se muestran con notable importancia en el devenir sociogeo­gráfico que aquí estudiamos, ambos relacionados con una serie de aconteci­mientos externos de gran trascendencia, como son la Guerra Civil española y la Se­gunda Guerra Mundial.

Los años de la Guerra Civil fueron para la economía canaria de cierta estabilidad en su estructura, al mantenerse los mecanismos de desenvolvimiento propios de la etapa anterior, todo ello a pesar de que su tradicional extraversión chocaba con muchos dis­cursos nacionalistas del régimen. Esta contradicción aparente se mantuvo en tanto que el comercio de las Islas proporcionó divisas a los nacionales, amparándose en el co­mercio sin competencia de las producciones canarias (sector agroexportador).

Ahora bien, todo esto se desarrollará en un contexto de marcado retroceso de las conquistas sociales obtenidas en el período republicano. El balance económico de los años de la Guerra, el repunte de las exportaciones y los precios de estas producciones, descansa sobre una intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, la congelación salarial y el incremento de los precios, en un contexto de extrema represión política por parte de los sectores más reaccionarios de la burguesía canaria, identificados claramente con la sublevación (Guerra Palmero 2003).

El inicio de la Guerra Mundial, meses después de terminada la Guerra Civil, supondrá un cambio significativo en el modelo económico canario basado en el puertofranquismo y la agricultura de exportación. A partir del año 1940, la orientación nazi-fascista del régimen franquista rompió con buena parte de los mercados tradicionales canarios, situados en el bando contrario al Eje. Además, la tendencia uniformizadora para todo el país, con la aplicación de un modelo intervencionista o también llamado autárquico, liquidará desde el interior las especificidades económicas canarias. Se inicia entonces una etapa considerada como «accidente más o menos necesario, en el natural desarrollo económico isleño» (Guerra 2004: 216), caracterizada por dos modificaciones substantivas.

De una parte, se procede a la supresión parcial del régimen puertofranquista (Ley Larraz de 1940), que significará el retroceso del comercio y del tráfico portuario, cortando drásticamente una fuente de ingresos externa.

El otro gran cambio se produce como consecuencia de la orientación autárquica y la política de sustitución de importaciones, aplicadas desde los años de la Guerra Civil. Esta nueva situación potencia un modelo agrario que da prioridad a determinados cultivos que permiten el autoabastecimiento de la población insular, además de mantener la producción frutera (plátanos) como cultivo base de exportación, pero ahora con un destino diferente al tradicional afincado en el Reino Unido. Los plátanos canarios toman rumbo en estos años al mercado español en la llamada “solución peninsular” de la economía canaria, por la que el capital hispano viene a sustituir al británico como dominante en las relaciones económicas.

Ahora bien, la producción en esta década no mantiene los niveles de antaño, a pesar de que ésta se intensifica, aumentando la superficie y aportando más cantidad de fuerza de trabajo. Las escasas dotaciones de capital, agua e inputs (fertilizantes) condujeron a un declive significativo de la productividad de la tierra y el trabajo, materializándose en un descenso general de las exportaciones. Por su parte, las circunstancias internacionales no contribuyeron a facilitar la obtención de productos de primera necesidad en los mercados foráneos. Éstos serán habitualmente insuficientes para la población insular, situación que se agrava cuando esta carestía no es compensada con productos locales y peninsulares. La escasez será entonces la tónica dominante de estos años y, con ella, el alza de los precios, que aumentan por encima de la media nacional, 78,7 % frente a 54,3 % (Macías 2001: 495).

Como salida a la depauperada sociedad canaria, desde la perspectiva oficial, se impone entonces el racionamiento desde 1939 hasta 1952 (Guerra Palmero 2003) y, extraoficialmente, unas cotidianas actividades económicas paralelas a las patrocinadas por el Estado, como la defraudación, el contrabando a través de “lanchas rápidas”[1] o el mercado negro del “cambullón”[2], que se convierten además en potentes palancas de acumulación de capitales para algunos sectores de la burguesía canaria, junto a algunos elementos vinculados al poder político franquista (Guerra Palmero 2001).

Cabe destacar que, a pesar de los intentos practicados por la administración franquista, la situación empeoraba a medida que avanzaban los años. Tres factores explican los serios problemas acontecidos en las Islas en este período.

La histórica extraversión de la economía canaria, especializada en la producción para el exterior y en la actividad comercial derivada de su posición geográfica, con el apoyo legal de las franquicias, favorecía la orientación compradora de su burguesía. Vinculada a intereses extranjeros, abastecía preferentemente al Archipiélago a través de lucrativas importaciones y no mediante la producción local. No existe, por tanto, un tejido productivo interno capaz de sustituir a las tradicionales importaciones. Además, la burguesía canaria, que históricamente no ha capitalizado un aparato productivo interno, se mantiene igualmente al margen en este período, considerándolo públicamente como un mero paréntesis coyuntural en el tradicional modelo extravertido canario. Por todas estas razones, el escenario general será de una notable impotencia para poder paliar la crisis alimenticia que por causas estructurales se hace manifiesta.

Junto a aspectos estructurales figuran razones geográficas. La lejanía respecto a la Península y su situación de aislamiento dificultaba, en determinados momentos, el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad. En otros casos pasa lo contrario: algunos géneros, en función de la superación por los buques cargueros de los condicionantes internacionales en los que se movían, se muestran solventes para las necesidades locales. De todas formas esto pasa en contados casos; lo habitual eran las dificultades, cuando no la imposibilidad de obtener en el mercado regular muchos productos de primera necesidad.

Hay que decir así mismo que esta situación de crisis no era igual en la totalidad del Archipiélago. Existen diferencias entre las islas centrales y las “periféricas”, en función de sus caracteres productivos, y entre las capitales provinciales, mejor conectadas con el exterior, y el resto de los núcleos de población.

En este marco general de necesidad acontecen unos cuantos años secos y muy secos que se convierten en decisivos para aumentar la crisis. Más si cabe cuando el comercio había anulado la poca capacidad para modernizar la actividad agraria y ésta funcionaba en una situación casi natural, con dependencia absoluta del medio.

La situación descrita de quiebra del Régimen de Puertos Francos y la reordenación de la producción en sentido autárquico produjeron profundas modificaciones en la estructura económica del Archipiélago y ocasionaron la ruina a muchas economías vinculadas a la actividad portuaria y de servicios. Este escenario supuso un duro inconveniente para la pobre economía herreña, que, como sabemos, tenía buena parte de sus fuentes externas de financiación en estrecha relación con las demandas de los núcleos urbanos, portuarios y comerciales de las islas centrales, en especial con la ciudad de Las Palmas, principal consumidor de sus productos exportados de primera necesidad (queso, vino, fruta pasada y, esporádicamente, lentejones, papas, etc.).

Años antes ya lo decía el periódico sindical herreño La Voz del Trabajo refiriéndose a otro período de crisis importante de nuestro modelo económico, el que, derivado del crack del 29 y de las medidas proteccionistas aplicadas en la mayoría de las naciones europeas, supuso una profunda recesión en nuestro modelo comercial y, con él, de las producciones comerciales herreñas. Decía entonces en un anuncio publicado el 19 de junio de 1934 el órgano de expresión de la Agrupación Socialista Herreña:

“Es preciso enterar al pueblo campesino del porqué el queso herreño ha descendido a un precio tan bajo [...] Nuestro principal mercado de queso y fruta pasada es la ciudad de La Palmas. Sus obreros consumían el queso que del Hierro se embarcaba lo mismo que casi la totalidad de nuestra fruta pasada. Mas hoy esos obreros no compran nuestro queso, como no compraran tampoco los higos de la próxima cosecha, si la actual situación no cambia. ¿Porqué?. Por la razón de que la mayoría de la población obrera de Las Palmas no tiene trabajo, por tanto tampoco dinero con que comprar que comer [...] Mientras los obreros de La Palmas no tengan trabajo y ganen dinero los productos herreños de exportación estarán por los suelos [...]” (Anuncio aparecido en La Voz del Trabajo, 19-VI-1934).

Circunstancias semejantes a las explicadas para 1934 se reproducen en la posguerra. En la década de 1940, los cambios en la estructura productiva canaria trajeron una inmediata caída en las actividades portuarias, el comercio y el desarrollo urbano en las principales ciudades del Archipiélago, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria. En la actividad productiva de El Hierro vuelven a sentirse los problemas de su mercado tradicional, pues sus potenciales consumidores vuelven a padecer paro, disminución de salarios reales y pobreza. La situación se convierte en dramática cuando aparece el acaparamiento de productos, que rompe el mercado, y se ejecuta una drástica reducción del tráfico comercial entre islas, que anula el comercio.

Mientras tanto, en la isla de El Hierro se eliminan las obras públicas, muchas de las cuales no serán retomadas hasta principios de la década de 1950. Los principales activos jóvenes se encontraban encarcelados o en el ejército (el servicio militar para muchos de ellos se amplió hasta finales de los años 40). De esta forma, la producción descansaba exclusivamente en los trabajos agrícolas y ganaderos sobre formas tradicionales, ejecutadas mayoritariamente por viejos, mujeres y niños que debían obtener su subsistencia y generar pequeños excedentes para el tráfico comercial regional. Los rendimientos de por sí bajos en la pobre estructura productiva herreña, fueron en estos años los peores del siglo, situación que es consecuencia de la aún mayor insistencia en prescindir de las inversiones técnicas, del descenso de la mano de obra activa, de su sobreexplotación, de las características de ésta y de la situación de mera subsistencia física de la misma.

Las condiciones se hacen insostenibles cuando el régimen prohíbe la posibilidad de la diáspora americana y cuando se complican los años con la ausencia de lluvias.

La adopción por el Caudillo como solución a la crisis

El año 1950 es crucial en el devenir sociogeográfico de la isla de El Hierro. En su viaje a Canarias, el Jefe del Estado, Francisco Franco, visita una Isla azotada en ese tiempo por los graves problemas de abastecimiento, el hambre y la miseria que había dejado la pos­guerra española y donde, además, se comenzaba a superar una de las más grandes se­quías del siglo XX, la conocida como “Seca del 48” (Padrón Machín 1983: 195-196). En estas circunstancias, Franco y su séquito desembarcan en El Hierro el día 25 de oc­tubre de 1950. De manera inmediata, toman conciencia de la precaria situación socio­económica por la que atraviesa la Isla. Su subdesarrollo es manifiesto: sin puerto, con apenas carreteras, sin luz ni agua, la vida insular se desarrolla entre grandes dificultades, que son oportunamente expuestas por las principales autoridades locales y las comisio­nes creadas a propósito de su visita: «Se concretan en la traída de agua –elemento esca­sísimo en la Isla-, el nuevo puerto, escuelas y caminos. S. E. el Jefe del Estado escuchó con vivo interés las peticiones de los herreños» (CIFRA 1950).

Fruto de esta actividad es el Índice de las principales necesidades de la Isla, docu­mento que se eleva al Jefe del Estado y en el que se listan las más relevantes carestías insulares. Entre las más relevantes están las contenidas en los puntos 7º y 8º, genéricamente referidos a aguas[3]:

Las autoridades herreñas solicitan entonces a través de este punto que se culmi­nen las obras iniciadas por la II República, que habían sido incluidas en el primer Plan de Obras Hidráulicas de la Isla de El Hierro, redactado en el año 1940 por el director de Vías y Obras del Cabildo Insular de Gran Canaria, Simón Benítez Padilla. Junto a estos embalses, añaden otras obras de apremiante necesidad vinculadas a las carestías hídricas, como los pozos (ENS 1950).

Este conjunto de súplicas elevadas al Generalísimo trajeron como fruto un Plan ministerial específico para las islas de El Hierro y Fuerteventura, redactado bajo el título: Decreto-Ley 11 de diciembre de 1950 de Jefatura del Estado, también conocido como Decreto de Adopción de las islas de Fuerteventura y Hierro por S.E. el Jefe del Estado, que pretendía dar alternativas económicas conjuntas a las por entonces consideradas como las dos islas más desfavorecidas de Canarias[4]. Por decreto, ambas islas pasaban a ser adoptadas por Franco a través de un documento recogido con inusitado júbilo[5], pero que el correr del tiempo dejó reducido a un simple paternalismo de altisonante retórica triunfalista, muy alejado de la solución concreta de las necesidades que teóricamente pretendía solventar.

El documento vinculaba, como consecuencia de algunas especificidades descritas en el mismo, la dinámica socioterritorial herreña a los avatares de la política regional y es­tatal, con mayor incidencia de esta última, pues El Hierro pasa a depender social y eco­nómicamente de las decisiones tomadas desde la Jefatura del Estado y su delegación del Ministerio de Presidencia. De esta forma, el discurrir de la política estatal repercutirá de­cisivamente en lo acontecido en la isla de El Hierro hasta la década de los años sesenta del siglo pasado.

Caracteres generales del modelo territorial elegido

Dos aspectos caracterizan las distintas medidas establecidas a través del Plan de Adopción de las islas de El Hierro y Fuerteventura: el fuerte intervencionismo estatal, mediante el desarrollo de teorías económicas de carácter autárquico, y la forma singular utilizada por la que el Estado actúa económicamente en el territorio. La filosofía que prende a partir de lo expuesto en el Decreto de Adopción se vincula a la tendencia eco­nómica que, en palabras del Caudillo a finales de 1938, habría de reconvertir social y económicamente a España:

“España tiene capacidad económica sobrada para dar cumplimiento a ese programa y aún a otro más amplio. La experiencia de esta Guerra es concluyente [...] la riqueza y la independencia de la nación dependen de las materias primas con que cuenta [...] España que hará una política económica y comercial más realista, cimentada, además, en el Patriotismo, no solamente se levantará por sí misma, sino que lo hará sin violentar los resortes naturales, y sin caer en dependencias extranjeras de ninguna clase” (García Delgado 1989: 503-504).

Tendencias autárquicas tradicionalmente vinculadas a las consecuencias de la Gue­rra Civil, pero que su vigencia, como veremos para el caso del Plan de Adopción, posterior a la contienda española, nos indican que el modelo intervencionista español no responde tanto al contexto histórico bélico y posbélico como a una determinada consi­deración en el tratamiento del atraso español, junto a problemas coyunturales de orden político acaecidos en el seno de la Dictadura.

La consideración de los problemas estructurales que ocurren en la economía espa­ñola y sus soluciones se solventó en los primeros años de la Dictadura con la asun­ción casi mimética de esquemas procedentes del nacionalsocialismo alemán y el fas­cismo italiano. Éstos, tal y como sobradamente se ha estudiado por la historiografía (Chueca 1986), al no tener en cuenta las particularidades sociales e históricas de Es­paña, se convertirán en un duro condicionante del crecimiento económico español. El vínculo que el Plan de Adopción tiene con las ideas intervencionistas españolas y su perpetuación durante décadas en el contexto productivo herreño serán claves para com­prender el fracaso del mismo.

Por su relevancia en el ámbito herreño, debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que en 1950 se mantengan estas ideas en el seno de la organización política franquista, cuando el resultado de la guerra mundial había derrotado el proyecto nazifascista? La solución a esta cuestión se simplifica con lo que será una constante de la política fran­quista: la contingencia de sus medidas. Desde sus inicios, el régimen adquiere la solu­ción política de anteponer lo que fuera a fin de conseguir su permanencia, cuestión ésta que le lleva a no pocas contradicciones entre el discurso y la práctica. La autarquía, su exaltación y decadencia, es un ejemplo de lo que algunos autores han denominado polí­tica empírica franquista, aquella que sigue los dictados coyunturales y se somete a las necesidades nacionales e internacionales que más convengan. Esta ideología, en manos del poder político conservador español, sirvió para defender y perpetuar el régimen du­rante mucho tiempo (Ramírez 1978).

A finales de la década de 1940 se asiste en España, ante la mirada poco condes­cendiente de la ortodoxia falangista, al final de un ensayo que en su momento fue nece­sario para los intereses de la clase dominante española, pero que ya en la década de 1950 había dado todo de sí. La necesidad de un cambio es fervientemente defendida como imperiosa para mantener el régimen. Éste debía mutar interiormente para garanti­zar la tranquilidad necesaria, alejando un escenario político imprevisible, que en ningún caso debía pasar por la desaparición del franquismo.    

Los poderes fácticos españoles se vinculan entonces, con pasión militante, a la apertura de relaciones económicas con el exterior y a una necesaria maniobra de lim­pieza interna del régimen, eliminando todo aquello que ligue al franquismo con las es­tructuras políticas totalitarias derrotadas en 1945. Se trata de cambiar algunas cosas desde el interior para proceder a la permanencia de los principios y supuestos socioeco­nómicos sobre los que descansaba. De esta forma, aquellos fervientes nacionalistas que sostenían sus principios económicos en el pensamiento autárquico, son progresivamente apartados de la escena política por una pujante elite tecnocrática, empeñada en una nueva modalidad de desarrollo económico, aquella más conveniente a los intereses neo­capitalistas de los que dependen y representan en España. Determinadas condiciones internas y externas explican cómo la autarquía, que estaba destinada a ser en décadas anteriores, según palabras de Franco, la panacea económica del país, pierde fuerza en la cúpula decisoria del régimen, quedando relegados sus más vehementes seguidores, bu­rocráticamente, a una segunda fila en la esfera política del régimen, iniciándose una nueva etapa conocida como nacional-catolicismo.

En sus medidas, el Plan de Adopción de El Hierro es heredero del modelo autosufi­ciente español, siendo uno de esos documentos terminales de esa idea econó­mica. Además, nace partidario de una guía equivocada para el desarrollo, en un mo­mento donde incluso esta idea no era plenamente asumida por el régimen.

En 1951, el intervencionismo estatal y el máximo autoabastecimiento, más que un ideal económico, era un principio ideológico que enfrentaba a las dos líneas políticas del régimen. De un lado, unos románticos nacionalistas contrarios a la dependencia eco­nómica, que apostaban por seguir la estela de una fracasada ultraderecha europea de los años 30, frente a otros (el  Caudillo entre ellos) que, en su manejo de la pervivencia po­lítica y con la inspiración de una burguesía en ascenso, optaban por un Estado vinculado a los más profundos ideales del liberalismo capitalista occidental, cuyo modelo era una de las potencias triunfadoras en la contienda mundial, los Estados Unidos.

Las razones internas eran obvias. La economía intervenida, bajo una dirección co­rrupta e interesada en la represión y engorde de negocios inmorales, consiguió que a comienzos de la década de los años 50 el país se encontrara en unas circunstancias so­cioeconómicas más difíciles que en el periodo prebélico. Este escenario hacía que el descontento social creciera por momentos, siendo internamente reprimido por los meca­nismos de coacción del régimen, empeñado contradictoriamente en dar otra imagen ex­terna distinta al autoritarismo. Esta conjunción de variables internas y externas debilitó internamente las tesis falangistas de desarrollo autónomo y liderazgo español en el ám­bito mundial.

Por otra parte, en estos años cambia la dinámica económica de austeridad y desa­rrollo endógeno. El cambio en los condicionantes exteriores abre las puertas de Es­paña al capital internacional interesado, de una parte, en explotar las riquezas del país y, de otra, en ampliar sus mercados. La contradicción aparece en la formalidad de actuar en un país próximo al Eje derrotado en la guerra mundial, donde además se plantea como ideal la sustitución de importaciones y la mesura en el consumo. Estos dos últi­mos conceptos chocan frontalmente con un principio fundamental del neocapitalismo reinante, la expansión del consumo. Había que romper con el subconsumo, poco renta­ble para una nueva burguesía en expansión y para un imperialismo deseoso de ampliar mercados; desde el punto de vista económico, el periodo autárquico había finalizado. Un cierto grupo de dirigentes políticos, apoyados en el realismo, denuncian la autosufi­ciencia y plantean la apertura como única salida para la salvación política y económica del franquismo. 

El escenario exterior les era favorable. España, bloqueada en lo político (fuera de la ONU por resolución expresa, sin embajadores de muchos países extranjeros y con la frontera francesa cerrada), con un cierto bloqueo económico (en este sentido es deci­siva la negativa a la aplicación del Plan Marshall en España), presenta, por otro lado, el atractivo militar de ser un Estado declaradamente anticomunista en un proceso de Gue­rra Fría: una oportunidad que se supo aprovechar.

El resuelto anticomunismo de Franco facilitará una creciente comprensión interna­cional de su régimen político y económico en un período de Guerra Fría. Aparece entonces la ayuda americana que permitirá frenar la inflación, paliar relativamente el hambre y suprimir las cartillas de racionamiento. El régimen contesta con un parcial cambio de orientación económica y formalmente política[6], que hace regresar a los em­bajadores extranjeros retirados en su momento y permite la aceptación de España como miembro de la ONU.

Estos cambios, aunque significativos, no suponen el abandono definitivo de la Fa­lange y sus ideas del juego político. Esta organización, firmemente asentada en algu­nos organismos y ministerios (especialmente Gobernación[7]), mantendrá, en esta etapa de tránsito, muchas propuestas intervencionistas más o menos matizadas, pero que sin duda presentan un cierto continuismo con el modelo anterior, de las que el Plan de Adopción constituye un ejemplo[8].

Hay que recordar que, a pesar de que en las fechas de edición del Plan de Adop­ción se asiste a la descomposición de un determinado esquema de funcionamiento eco­nómico, aún deberá pasar casi una década para que se instauren de manera definitiva nuevas formas de actuación (la crisis definitiva del modelo autárquico se precipita a partir de 1956). Un ejemplo de la resistencia a desaparecer de la esfera política e ideoló­gica de las tesis nacionalistas es el Plan de Adopción de la isla de El Hierro. Cuestiones tales como el impulso exclusivo que se le concede a la agricultura y específicamente la conversión del secano en regadío, la rentabilización del campo herreño y el diseño au­tosuficiente de las infraestructuras traslucen principios autárquicos en el Plan de Adop­ción.

Por su parte, en Canarias tienen lugar algunos acontecimientos que otorgan ciertas especificidades al proceso y que influyen decisivamente en la propuesta de desarrollo planteada a través de la Adopción. Una vez finalizada la Guerra Mundial y derogado el Mando Económico (1946)[9] en las Islas se asiste a un problemático retorno a su normal extraversión. La demanda de una nueva regulación comercial de hechura librecambista, que recorte la intervención vivida en décadas anteriores y que de manera clara proyecte de nuevo la economía canaria a la órbita internacional, se convierte en la principal peti­ción de la clase dominante canaria.

La propuesta penetra en la contradicción existente en el seno del régimen entre, por un lado, los que aceptan el aperturismo de la economía española y demandan acabar con la etapa de autoabastecimiento, y que abrazan con inusitado entusiasmo que en Canarias se retorne a las exportaciones e importaciones internacionales, y, por el otro, los fer­vientes defensores del autarquismo, que se resisten a admitir especificidades regionales y se oponen a que se produzca libertad comercial en una de sus regiones mientras que en el resto del Estado se mantiene una política intervencionista de carácter nacionalista.

Esta última cuestión será decisiva. La política uniformizadora de la Dictadura en materia legislativa hacía inviable la posibilidad de establecer un ordenamiento desigual para una parte del Estado. Este aspecto burocrático choca, además, con la presión de los principales poderes fácticos canarios en su intento por introducirse de nuevo en la órbita internacional. Se necesitaba una justificación ante un poder central que se encontraba en una situación práctica de “lucha de líneas” ideológicas. Pero en 1950, el capitalismo modernizador español debía seguir conectado con el pasado, en una “entente cordial” con dirigentes leales a causas pretéritas, duramente incrustados en el aparato del Movi­miento. Y aunque ahora lo que se pregone poco tenga que ver con la autarquía, la auste­ridad, el enfrentamiento con el resto del mundo, una interesada nueva organización eco­nómica deberá convivir, al menos hasta la década de 1960, con el acusado nacionalismo del pasado.

El Plan de Adopción irrumpe en este escenario por la vía burocrática para contentar a una de las tendencias económicas en lucha. El relajamiento de la estrategia autárquica y el consiguiente retorno a la internacionalización de la economía canaria, en un marco expansivo internacional, paga el “peaje” de funcionalizar su territorio. De esta forma, y en la práctica, se contentan voluntades y se asumen algunos aspectos del mo­delo autárquico anterior, eligiendo para ello, según criterios de “interés nacional”, algu­nos marcos de intervención estatal para algunos productos y espacios internos, aquellos que presentan mayor predisposición al inmovilismo.

Con esta medida se retrocede a épocas anteriores a la autarquía, condenando a mu­chos espacios canarios a perpetuar elementos propios de épocas y estilos pasados. La funcionalización que se hizo del espacio trajo un desarrollo desigual de los espacios in­sulares. Volvemos entonces a la coexistencia de distintos supuestos de desarrollo in­terno en Canarias, que serán desarrollistas o conservadores en función de la fuerza de sus agentes económicos y de la capacidad que sus actividades tengan para fijar y ejercer mecanismos de poder y decisión (Rodríguez Martín 1991: 734)

Hay que tener en cuenta que si el Plan de Adopción existe es porque hay protagonis­tas interesados en que así sea. Ya hemos comentado el interés que suscita en un ámbito estatal y regional, pero también a una escala más insular es preciso mencionar que en la isla de El Hierro esta medida fue bien recibida por los poderes económicos locales, pues servía para fortalecer sus tradicionales posiciones inmovilistas. La idea de que las pro­ducciones de consumo interno fuesen decisivas, tal y como lo eran antaño, como sumi­nistro a las zonas urbanas, suponía un atrayente futuro para los propietarios y comer­ciantes herreños. Ahora bien, la situación en estos años no era la misma. El suministro generalizado, tras la recuperación de la producción y la mejora y modernización de los medios de comunicación de productos agroalimentarios foráneos, comportaron una dura competencia sobre las producciones agrícolas herreñas, sumiéndolas en una crisis im­portante. Estos nuevos presupuestos de competencia afectan decisivamente al área agrí­cola insular, de ahí que cuando se manifiesten con toda intensidad comiencen automáti­camente las críticas, que en ningún caso franquean el terreno de la ayuda, como tam­poco saltan a la de reclamación de cambios estructurales.

Otro aspecto curioso al abordar el sentido de la Adopción es precisamente la forma singular utilizada por el Estado para actuar económicamente en el territorio. El apadrinamiento por parte de la mayor autoridad del Estado es una fórmula que, recogida de modelos pretéritos[10], comenzó a aplicarse desde 1939 (BOE 29-II-1939) en aquellas poblaciones destruidas en un 75 por ciento por causas de la Guerra Civil o donde la im­pronta republicana fue destacada. Con posterioridad, esta norma de derecho singular se extendió, con una doble utilidad, a áreas con notables dificultades, para la puesta en de­sarrollo de las actividades productivas, bajo el lema: «protección máxima para las máximas devastaciones». Por encima de la vertiente económica, la adopción se conver­tía en un importante instrumento simbólico y propagandístico, por el cual el Jefe del Estado, en nombre de la Nación, adoptaba a las poblaciones y, por tanto, se convertía en artífice directo de su resurrección “económica y espiritual”, siguiendo la línea dialéctica habitual.

Tanto el Decreto como los siguientes documentos relativos están llenos de frases grandilocuentes, que, cuando mencionan algún problema, lo enfocan con un interés loca­lista, ocultando la realidad general del país. El Plan de Adopción convertía al Caudillo en principal arquitecto del nuevo Estado, proyectando bajo su protección el desarrollo de las distintas poblaciones adoptadas[11]. El paternalismo y, por consiguiente, el diri­gismo, se unen en una fórmula extraordinariamente útil en el contexto ideológico del nuevo régimen. Los discursos, las páginas de los periódicos, las visitas de dignatarios, serán el momento propicio para activar toda una maquinaria publicitaria que en ningún momento tratará las verdaderas necesidades, sino que simplemente se limitará a realzar lo realizado con la aureola dialéctica altisonante de los regímenes autoritarios.

El Decreto de Adopción: contenido y efectos

La finalidad principal del Decreto de Adopción fue la ejecución de toda una serie de obras y realizaciones que, en un plazo de cinco años, llevaría a la isla de El Hierro a superar todos sus problemas socioeconómicos. Estas obras serían:

“Comunicaciones indispensables; necesidades sanitarias; de edificios públicos y viviendas para funcionarios; alumbrado y represa de aguas; fomento y ensayo de cultivos; repoblación forestal y frutal, así como aquellas otras que se consideren indispensables y básicas para el progreso económico-social de las islas adoptadas” (Decreto Ley 1950, art. 1º).

Todos estos gastos descritos correrían a cargo de los presupuestos normales de los distintos ministerios implicados y, cuando éstos no pudieran hacerse cargo, se esta­blecería un presupuesto especial, previa aprobación por el Consejo de Ministros.

Desde el inicio se declara como urgente la redacción de un estudio que precise la situación contra la que se enfrentaba la Jefatura del Estado. El organismo encargado de su redacción y vigilancia será la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaria Ge­neral para la Ordenación Económica y Social. En cumplimiento del Decreto-Ley de 11 de diciembre, dicho organismo redactó, siguiendo los trabajos de los ingenieros de los correspondientes servicios provinciales, vistas  las peticiones formuladas por las corpo­raciones locales y entidades insulares, sendos Planes de Ordenación Económico-Social para las islas de El Hierro y Fuerteventura. Por medio de estos documentos se extendía a las Islas la política de “restauración del patrimonio económico español” que desde 1938 se venía ejecutando bajo el criterio unitario del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (Ministerio del Interior) (Decreto 1938), con ejemplos, a mayor escala, ejecutados en planes como los de Badajoz, Jaén y Tierra de Campos (Decreto 1939).

El objetivo primordial de estos planes era ordenar las obras recogidas para cada Isla en el Decreto-Ley de Adopción[12], coordinando fines, medios y tiempo. Obras que buscan como línea de actuación principal la económica, proporcionando habitabilidad a su población y deteniendo el descenso de su demografía a través de la generación de ri­queza, presente y futura.

Tanto en el análisis que se realiza de las causas del atraso como en sus fines, me­dios y tiempos, el Plan presenta las características observadas de forma general en el epígrafe anterior. Aparece como un proyecto de reforma técnico y no social, claramente continuista con el modelo social y económico establecido. Esta cuestión se confirma en la carta dirigida al Presidente del Gobierno por Gabriel Arias Salgado, Secretario General para la Ordenación Económico Social, cuando el citado dirigente explica cómo en ningún caso con la puesta en práctica del Plan se pretende resolver to­talmente los problemas económicos desencadenados en la Isla, señalando entonces que el único objetivo estaría en «colocarla en condiciones de que, una vez acabado el Plan, pueda, con la ayuda normal del Estado, estabilizar y mejorar sus condiciones de vida» (Arias Salgado 1951).

Tal y como veremos, en el documento se priorizarán ciertas obras consideradas de necesidad inmediata en el contexto de un modelo básicamente autárquico para el mercado interior, además de algunas acciones consideradas como auxiliares e indispen­sables para el normal funcionamiento de este tipo de economía.

En cuanto al presupuesto ejecutable, se destaca como justa la cantidad establecida: «el óptimo para detener la caída y recuperar el retraso [...] Un presupuesto menor no alcanzaría los objetivos previstos, y uno mayor colocaría a la isla en situación de ex­cesivo privilegio» (SOES 1951: 6). Es decir, se consigna lo exiguo que permita prolon­gar el modelo anterior y, de esta forma, premeditadamente, se anulan cambios rotundos en su política social y económica.

El documento está estructurado en un preámbulo, siete capítulos, anexos y pla­nos. En él se realiza un análisis de sus principales caracteres socioeconómicos, para luego pasar a justificar las obras a realizar.

En el capítulo I, se articula el Plan en sus líneas generales, teniendo como base un somero análisis de su situación (km², número de habitantes, densidad y paisaje). Se destaca la capacidad industriosa de los herreños y sus principales productos (higos, que­sos y vino). Concluye este cuadro general con la idea de que las limitaciones herreñas no son insalvables y que la Isla presenta circunstancias económicas favorables a su de­sarrollo:

“1º Las tierras son en su mayoría aptas para cultivos agrícolas, repoblación con árboles frutales o con especies frondosas.
2º Sus habitantes son trabajadores.
3º Existen grandes esperanzas de obtener agua en abundancia para conseguir no sólo el abastecimiento de las poblaciones, sino también para poner en regadío extensiones relativamente grandes” (SOES 1951: 10).

La única circunstancia desfavorable, «mal que azota a la isla de Hierro [...] pro­blema fundamental, y ante él quedan pálidos todos los demás», es la carencia de agua, causa de las migraciones de herreños a otras islas o a América, abandono de sus campos y mala comercialización de sus productos. Es por ello que uno de los objetivos funda­mentales del Proyecto será la consecución de agua por medio de alumbramientos.

Un somero análisis climatológico les lleva a observar paralelismos en el com­portamiento de las nieblas y lluvias con otras áreas del Archipiélago y, con un análisis igualmente somero de la geología herreña, se opta por copiar el modelo de extracción de las aguas subterráneas a través de galerías en cotas superiores a los 600 m seguido en el Valle de la Orotava, en Tenerife:

“Por el contacto de las pertinentes nieblas, pueda almacenar en el subsuelo la cantidad suficiente de agua para regar extensiones considerables de terrenos, en las cotas inferiores, si se procede a una intensa labor de perforación de las laderas más escarpadas por medio de galerías, cuya longitud alcance los 3.000 m.

Se da la circunstancia favorable de que las más altas cimas de esta isla están formadas por rocas volcánicas permeables, divididas en compartimientos estancos a causa de los diques de rocas impermeables de estratificación vertical, que constituyen dos sistemas de muros; paralelos los de cada sistema y transversales los de un sistema a los del otro, formando a manera de inmenso cajones de paredes verticales rellenos de material impermeable.

Por estas razones se comprende fácilmente que sean muy grandes las esperanzas de captación de agua abundante al perforar los compartimentos estancos, o cajones dichos, agujerando sus paredes en cotas bajas” (SOES 1951: 11-12).

La función principal de estos planes coordinadores de obras era el orden interno dentro del desarrollo del Plan de Adopción, tanto en lo concerniente al proyecto general como a la ejecución parcial de las obras. Por esta razón se estructuran las distintas líneas de actuación prioritas, que se dividen en tres grupos.

Las obras denominadas como clase A, pretendían cubrir las necesidades básicas de los pobladores insulares mediante la realización de acciones que actuaran directa­mente sobre el factor humano, incrementando la productividad, aumentando la forma­ción e instrucción, viviendas y sanidad. De entre ellas, la que mayor relevancia debía tener era aquella que viniera a acabar con la “pertinaz sequía”. Para terminar con esta “lacra”, se dispone la construcción de pequeños aljibes para recoger el agua de esco­rrentía que circulaba por laderas y barrancos. Se establecen para ello partidas destinadas a atender las necesidades de construcción de depósitos en todos los pagos de la Isla, con un total de 7.650.000 pesetas consignadas para este fin. En este punto es especialmente significativa la construcción de un embalse para el abastecimiento en San Andrés (1.875.000 pesetas), obra que además serviría para irrigar la denominada como Zona Regable de la Meseta Central, que produciría frutos de primera necesidad.

Junto a la realización de aljibes, y dentro de este capítulo genérico de abasteci­mientos de agua potable, se ideó la realización de estudios sobre condensación de nie­blas, experiencia encaminada a conseguir agua por medio de las llamadas «torres de condensación de humedad atmosférica». Para estas instalaciones se fijan 400.000 pese­tas.

En materia sociosanitaria, conviene aclarar que en 1951 existían en la Isla dos mé­dicos, uno en Valverde y otro en El Pinar. No existía despacho de farmacia alguno, practicante ni, mucho menos, hospital. Los enfermos y heridos graves debían sufrir un verdadero martirio, al ser transportados al puerto y embarcados en el buque correo que los trasladaba a Tenerife (cuando éste podía atracar, pues no hay que olvidar la preca­riedad de las infraestructuras marítimas herreñas). Para aliviar esta situación, se consi­deró la obligación de construir un hospital de urgencia en Valverde, dotado de unos mí­nimos e indispensables medios técnicos para una correcta atención sanitaria. A este ob­jetivo se destina un total de 1.750.000 pesetas.

En el capítulo de edificaciones, se manifiesta la necesidad de reparar y construir ermitas y parroquias en distintas partes de la Isla, con un costo total de 1.346.000 pese­tas; la construcción de edificaciones escolares y viviendas para maestros, por un total de 6.360.000 pesetas; la realización de viviendas para los funcionarios, técnicos y capata­ces destinados a la ejecución del Plan (2.375.000 pesetas), así como la realización de alojamientos y servicios públicos, tales como la construcción de la Delegación de Go­bierno, casas-cuartel de la Guardia Civil, terminación del Ayuntamiento de Valverde, edificios de Correos y Telégrafos, juzgados, mercado municipal y un parador o residen­cia para visitantes en Valverde, todo ello por un montante general de 3.660.000 pesetas.

Todas estas mejoras sociosanitarias servirían, según la consideración de los técni­cos redactores, para producir un incremento general de la población total de la Isla, al disminuirse las razones de su emigración y porque también serviría de atracción a ciudadanos de otras islas. Este supuesto crecimiento demográfico obligó a redactar toda una serie de trabajos topográficos y planes de urbanización para Valverde y Frontera, con el objeto de evitar un desarrollo anárquico de las construcciones que acarrearía la expansión poblacional que se avecinaba.

En las obras consideradas como clase B, se establecen toda una serie de acciones con capacidad de producir riqueza por encima de las necesidades inmediatas. Ocupan este capítulo todas aquellas actuaciones que mejorarían los aspectos agrícolas e indus­triales, como perforación de galerías y pozos, repoblación frutal y forestal, construcción de una granja-escuela y estudios de colonización y parcelación de La Dehesa.

Como hemos comentado, la perforación de galerías será la obra fundamental del Plan. Se establece la realización de siete galerías:

“1º De 2.000 metros de longitud en la zona de Valverde, en el barranco de la Hoya Fonte.
2º De 3.000 metros de longitud en la zona de Taibique, cerca de la Punta de Las Rocas.
3º De 3.000 metros de longitud en la zona de La Dehesa y por debajo de La Ermita de Los Reyes.
4º De 2.000 metros de longitud en la zona alta de Mocanal.
5º De 3.000 metros de longitud en el barranco de Torres, de la zona de Frontera, al este de Mocanes.
6º De 2.000 metros de longitud en la zona de Frontera, para abastecimiento de este pueblo y colindantes.
7º De 3.000 metros de longitud en la zona de Los Llanitos” (SOES 1951: 34).

El montante final de estas galerías ascendía a 28.400.000 pesetas, cantidad recono­cida como alta. Su elevado coste vendría compensado con la puesta en riego de buena parte de su territorio, generando una importante riqueza en su territorio. Hay que destacar que los técnicos consideran estos 18.000 metros perforados como una primera fase en el desarrollo de la perforación para captar aguas, pues los autores dejan claro que estas medidas públicas serían la antesala para que «la iniciativa privada continuara la labor emprendida, perforando nuevas galerías y convirtiendo en vergeles los terrenos subyacentes a los alumbramientos. Si en El Hierro no existen hombres emprendedores o capitales suficientes, serían los de Tenerife los que desarrollarían la labor, bien indivi­dualmente, bien formando empresas encaminadas a tal fin» (SOES 1951: 19). La em­presa privada será por tanto la que deba continuar la obra de transformación en regadío e, igualmente, será la encargada de “hacer los huertos”. Destacan los redactores del Plan cómo «las pesetas destinadas a esta obra pueden llegar a convertirse en el negocio más rentable del Estado, al vender el agua a los agricultores a los precios corrientes en las Islas Canarias y, al propio tiempo, cobrar la contribución en proporción a la riqueza creada» (SOES 1951: 20).

Los pozos constituirán la otra gran construcción hidráulica a ejecutar, a la que se destinan 8.750.000 pesetas. La existencia del Pozo de Agua Nueva en Frontera sin duda impulsó, con mayores posibilidades de éxito inmediato, la construcción de tres pozos más en el mismo valle, a una distancia suficiente para no producir afecciones, así como otros dos en las zonas bajas de La Dehesa y Taibique:

“1º De 50 metros de profundidad en el término de Las Casetas.
2º De 100 metros de profundidad en el término de Tejegüete.
3º De 100 metros de profundidad en l término de Los Llanitos.
4º De 100 metros de profundidad en la zona baja de Taibique (Punta Restinga).
5º De 100 metros de profundidad en la zona baja de La Dehesa, cerca del Faro de Orchilla” (SOES 1951: 35).

Igualmente, se pretende que sea la iniciativa privada la que ejecute la elevación de aguas. Para ello se establece la necesidad de crear cauces económicos por medio de anticipos reintegrables por parte del Instituto Nacional de Colonización, para su ejecu­ción inmediata.

Desde el punto de vista productivo, las distintas propuestas de desarrollo se funda­mentan en el capítulo agrícola y pastoril. El Plan, con un fuerte sentido autárquico y de orientación hacia el autoabastecimiento insular, junto con la producción de bienes de primera necesidad para otras islas, convirtió las tierras productivas, por su funcionalidad alimenticia, en el centro de la acción institucional. Sin embargo, este análisis dejó de lado un aspecto fundamental: la estructura de la propiedad y los intereses de sus pro­pietarios. Éstos, históricamente, habían especializado sus parcelas conforme a una es­tructura de productividades físicas muy diferenciadas para distintos cultivos de comer­cialización regional, escenario que se mantiene dejando para posibles acciones experi­mentales derivadas del planeamiento de la Adopción aquellas parcelas de menor rendi­miento y con una superficie mínima. De esta forma, los grandes propietarios vieron re­forzadas sus condiciones de explotación de la tierra al no distorsionar su habitual sis­tema de obtención de beneficios y al ver aumentado, mediante las contadas ayudas y subvenciones para cultivos experimentales, determinadas tierras hasta el momento mar­ginales en cuanto a su rendimiento económico.

Esta situación de mantenimiento formal del funcionamiento de la actividad econó­mica herreña contribuyó a sostener uno de los principales males de la Isla y razón de la realización del Plan de Adopción: la fijación de mano de obra en El Hierro. Al no pro­ducirse cambios destacados en la estructura productiva, por las razones expuestas en el párrafo anterior, no se producen demandas alternativas de mano de obra. Las condicio­nes de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, derivadas del bajo rendimiento físico de una mano de obra sostenida en estos años por mujeres, viejos y niños, junto a la parali­zación de las obras públicas, dificultan, por tanto, la retención de las familias campesinas, que en masa toman el camino americano.

El alto interés que desde el Plan de Adopción se dio a la rentabilización integral del territorio herreño llevó al diseño preferente de su producción en torno a la expansión de los frutales, especialmente las higueras, a las que se les unen almendros, viñedos y chumberas, entre otros, todo ello con un presupuesto de 2.900.000 pesetas. Para el im­pulso de estos cultivos se crean una serie de viveros donde se criarán los plantones que luego serán ofrecidos gratuitamente para la repoblación. De esta forma, se ensaya y ex­perimenta en tres parcelas: una en el Mocanal, otra en Frontera y la tercera en La De­hesa. La plantación definitiva de las distintas especies se realizará en función de las particularidades climatológicas y edáficas de cada zona. De esta forma se propone que en las partes húmedas, a una altitud considerable y adecuada, se repueblen unas 500 hectáreas de higueras, mientras que en las zonas más secas sean plantadas 100 hectáreas de viñedos y chumberas, respectivamente.

El motivo que justificaba la insistencia en estos cultivos preferentes eran los tradi­cionales rendimientos de estos productos en el territorio herreño, además del alto valor en el mercado canario de frutos como el higo pasado. Y todo ello a pesar de que se re­conozca el uso de técnicas primitivas y costosas en su producción y elaboración. Por esta razón se propone perfeccionar la conservación, con el fin de introducir una mejora en la producción, así como la creación, en régimen de cooperativa, de una instalación industrial para el secado que depure su comercialización, capítulo al que se consignan 100.000 pesetas en forma de anticipo reintegrable.

El cálculo aproximado de la producción total herreña sería:

Otro capítulo de notable interés será la repoblación forestal. Con un presupuesto de 2.900.000 pesetas, se propone repoblar un total de 4.500 hectáreas, de las que se pretende extraer en torno a los 5 m³ anuales de madera por hectárea. Todo ello daría un beneficio neto estimado de unas 5.000 pesetas/hectárea/año. Para la ejecución de este subplan, se recomendó redactar un plan de ordenación detallado de los montes herreños, deslinde y amojonamiento de los montes de utilidad pública, construcción de caminos forestales, casas forestales y muros cortafuegos. Igualmente, se planteó la adquisición de 620 hectáreas en Jinama y San Andrés, así como 380 hectáreas entre San Andrés y Valverde para ejecutar allí la repoblación. Siendo ésta una de las formas utilizadas por la gran propiedad para rentabilizar buena parte de las tierras abandonadas o con bajos rendimientos (Martín Martín 1997: 109).

Por último, los cambios agrícolas necesitaban superar el tradicionalismo en las labores cotidianas, de ahí que se planteara de manera urgente la construcción de una Granja-Escuela Agropecuaria, donde, junto al aprendizaje y fomento de la propaganda agrícola y pecuaria, se dispusiera de un recinto para la mejora de las especies animales, así como para la aclimatación de las razas y variedades fomentadas.

Un apartado importante, que será objeto de un tratamiento particular en nuestra investigación, fue el estudio de parcelación y colonización de La Dehesa, que por en­contrase integrado en el denominado bloque B pasaremos a comentarlo someramente.

Por su relevancia, la colonización de La Dehesa ocupa un capítulo específico en el pro­yecto de Plan de Ordenación. Por hacer referencia a su contenido, se trata de un estudio de colonización típico, es decir, puesta en marcha de la actividad agraria parcelando en lotes familiares una extensión aproximada de unas 2.500 has, donde se proyectará la construcción de un núcleo urbano con todos los servicios y dependencias necesarias para el desarrollo social y económico de las familias colonizadoras.

El último grupo, o grupo C, lo constituyen toda una serie de obras auxiliares que no producen directamente riqueza, pero que actúan condicionando la productividad de otras, de tal modo que sin ellas no se obtendrían rendimientos económicos en el capítulo B. Son consideradas por tanto en este epígrafe: obras portuarias y aeroportuarias, cami­nos vecinales y locales, telecomunicaciones y red pluviométrica.

Dentro de las obras portuarias, se reconoce oficialmente que el Puerto de La Es­taca es una absoluta necesidad no sólo económica sino social, al ser ésta la única salida de la Isla y mostrarse imprescindible para atender los servicios sanitarios o los contactos personales y de información a través buques-correo. Pero, además de estos condicio­nantes sociales, el puerto es una necesidad imperiosa para la realización del Plan por su posibilidad para abaratar el coste de materiales y personal para la realización de distin­tas obras generales planificadas en la Isla. Por todo ello se establece con un presupuesto de 12.375.000 pesetas la realización de un muelle de 81 metros de longitud, conforme al proyecto existente, del que hablaremos igualmente en un epígrafe destinado a las in­fraestructuras portuarias.

En otro orden de cosas, se plantea en materia de comunicaciones externas la realiza­ción de los estudios pertinentes para establecer comunicaciones aéreas con Tenerife a través de un aeropuerto o mediante otras fórmulas consideradas por el Ministerio del Aire, como  helipuertos o hidropuertos.

En materia de comunicaciones internas, se contemplan una serie de caminos míni­mos e indispensables para comunicar internamente sus poblaciones. Se destaca la urgente finalización de la carretera que enlaza Valverde con Frontera. En su trazado ge­neral se destaca su tramo central, aquel que pasa por las zonas más altas de la Isla. Se pide que éste, por su peligrosidad, sea sustituido por otro tramo que, rodeando la Isla por el norte a cotas relativamente más bajas, penetre en El Golfo. Igualmente se propone la construcción de caminos en La Dehesa, vinculándolos a la colonización de la misma.

Cuadro 2
Presupuesto general

El sistema de ejecución para estas obras será preferentemente la contrata. El proce­dimiento se concretó en dos modelos: las obras de gran envergadura (Puerto de La Estaca, por ejemplo) serían realizadas mediante concurso-subasta entre grandes empre­sas constructoras estatales, mientras que las acciones más modestas se llevarían a cabo mediante el sistema de concesión por destajos parciales entre pequeños contratistas o maestros de obras locales. Así mismo, se consideró, con miras a garantizar que en un plazo de cinco años se llevaran a cabo el grueso de las obras, la utilización de mano de obra militarizada.

El problema de la mano de obra se consideró desde el principio como uno de los más difíciles de solucionar. La totalidad de las obras del Plan suponía una cifra de 2.388.900 jornales, que contando con 288 días de trabajo al año en cinco años de dura­ción total, daba como resultado 1.658 jornales diarios, cifra difícil de encontrar en una isla donde la mayoría de la mano de obra se hallaba ocupada en sus tradicionales tareas agrícolas, desconociendo además sus autores las especiales condiciones sociales del campesinado herreño. El Plan estimó que, a lo sumo, podría obtener en torno a los 400 o 600 obreros al año. Se planteó entonces la posibilidad de atraer mano de obra externa, aunque se reconoció que la solución no era sencilla, pues lo apartado de la Isla y su fama de extrema pobreza no eran condiciones que alentaran un viaje difícil y costoso. De ahí que la opción de utilizar unidades militares para solucionar la escasez de mano de obra tomara cuerpo, ideándose un proyecto bastante preciso al respecto.

Como vemos, en el informe se dejan perfectamente claros los programas de necesi­dades e inversiones para la Ordenación Económica y Social de El Hierro. Éstos debían ejecutarse a través de los oportunos créditos procedentes del Presupuesto Gene­ral del Estado. La solución requería además la concesión de un presupuesto especial, previsto ya en el artículo 7º del Decreto-Ley de 11 de diciembre de 1950, dadas las es­casas posibilidades de los distintos departamentos ministeriales para invertir cantidades presupuestadas a parte de sus normales actividades. Esta situación causó una importante y decisiva demora en la ejecución del Plan, pues éste se mantiene sin plasmación presu­puestaria incluso cinco años después. No será hasta la Ley, promulgada el 12 de mayo de 1956 por la Jefatura del Estado, cuando se asuman presupuestariamente los resulta­dos de los estudios previos hechos por una Comisión Mixta designada por Orden de la Presidencia del Gobierno con fecha 26 de marzo de 1952, «no publicada por su carácter circunstancial» (Ley 1956, art. 1º).

En esta fecha se establecen unos planes de obras cuatrienales, con una inversión total en los tres primeros años de 76.367.185 pesetas (Ley 1956, art. 3º). Obras que, como vemos, llegaban con un importante retraso, pues ya habían pasado seis años desde el reconocimiento oficial del problema del subdesarrollo herreño. Mientras tanto, mu­chas han sido las reclamaciones pidiendo la puesta en práctica de las medidas prometi­das.

El delegado del Gobierno, en distintas cartas enviadas a la Secretaría General para la Ordenación Económica y Social (Presidencia), narra la situación en la que se en­cuentra la Isla y analiza las consecuencias de mantener un sistema que en la práctica no tenía aplicación:

“La situación, en los distintos aspectos que recoge el programa, no ha variado y más bien pudiera decirse que ha empeorado, pues las necesidades han ido en aumento y nada se ha hecho para remediarlas puesto que las obras previstas en el plan de adopción no solamente no se han llevado a efecto sino que algunas que estaban en marcha antes de promulgarse el Decreto se paralizaron precisamente a causa de estar recogidas por la adopción. Como consecuencia de ello, y llevando ya dos años en plan de adopción de derecho, pero no de hecho, nos encontramos en peores condiciones ya que de no haber sido por la causa apuntada aquellas obras ya iniciadas hubieran seguido su marcha normal y hoy se habrían resuelto algunos problemas” (Correspondencia 1953).

Una vez configurado su presupuesto, el Plan comienza a ser ejecutado a partir de 1957. Aunque se dejó fuera de este cálculo general de obras, por razones legales, las de conservación de puertos, carreteras y caminos vecinales, pues debían ser atendidas di­rectamente por las consignaciones presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas. Como vemos, quedan fuera aquellos deberes imprescindibles que suponían acceso a los mercados y conexión con el exterior. Se potencia un modelo de desarrollo autárquico y se destierra la posibilidad de conexión con el exterior al no contar con medios para la mercantilización de sus producciones. El Plan nacía limitando anticipadamente el desa­rrollo comercial, por lo tanto la opción agroexportadora se convertía en inviable.

El Gobierno establece asimismo que, para la ejecución del presupuesto, se cree una comisión permanente dependiente de la Presidencia del Gobierno y un Comité de Coordinación y Gestión, con misión ejecutiva. Ambos actuarían como ejemplos de la paralizante burocracia del régimen, retardando y dando largas a las sucesivas demandas oficiales que pedían inmediatez en las acciones.

A pesar de todo y con sus problemas evidentes, los primeros años del Plan de Adopción conservaron la euforia inicial, pues parecía que por fin, con el auxilio estatal, El Hierro podría salir de su histórica condición de atraso. Pero a medida que se pone en marcha el Plan y aparece lo que será su característica principal, el retraso en la ejecu­ción presupuestaria y en la entrega de las obras, se varía el optimista punto de vista ini­cial.

Este pesimismo se acusa en la primera Memoria de Gestión elaborada para el año 1957. En la misma, se manifiesta la imposibilidad de emplear los créditos asigna­dos, pues la totalidad de las obras se encuentran dependientes del resultado favorable de los trabajos relativos para la captación de aguas. Se lamenta la insuficiencia presupues­taria para determinadas partidas, sobre todo las encuadradas en los apartados A) y D) del artículo 3º de la Ley de 12 de mayo de 1956, relativos al abastecimiento de aguas a los pueblos, dotada con 3.500.000 pesetas, y la terminación de la carretera central de la Isla, del Puerto de la Estaca a San Salvador, dotada con 2.500.000 pesetas. Ambas obras eran cruciales para el desarrollo insular, pero sobrepasaban el crédito inversor inicial. Por esta razón, se solicitan nuevos aportes presupuestarios que permitieran hacer frente a las mismas.

Es decir, el Plan nace con notables deficiencias que no tardaron en hacer ver a los miembros de la Comisión Permanente la necesidad de modificar las partidas asigna­das, la posibilidad de transferir partidas de unos apartados no tan necesarios a otros de urgente necesidad e, incluso, la posibilidad de habilitar nuevos conceptos de gran im­portancia pero no consignados en el documento original, como el caso de la electrifica­ción[13], la compra de maquinaria, etc. 

Las quejas sobre el funcionamiento (especialmente en la carretera Puerto de la Estaca-San Salvador y las obras hidráulicas) se repiten en los años siguientes, aun den­tro del primer trienio del Plan. Igualmente, se reclaman más fondos para estudios sobre posibilidades de desarrollo de nuevas actividades productivas y agilidad en los trámites administrativos.

En una orden recibida tras la visita a la Isla del delegado provincial de Sindica­tos de Santa Cruz de Tenerife, en el último de año del primer trienio de vigencia, se pide al delegado insular la elaboración de un informe técnico sobre el grado de aplicación y aceptación del Plan de Adopción en El Hierro. Desde el punto de vista financiero, la memoria refleja que en el transcurso de los tres primeros años (1956-1959) se había in­vertido el 33 por ciento del total consignado, 24.682.597 pesetas, restando, por tanto, una cantidad superior a 50.000.000 de pesetas (CCGH 1959a).

En consecuencia, la efectividad en la ejecución había sido mínima. Al respecto, se opina que «cuan grande es la aflicción que todos sentimos por la lentitud y casi irre­gularidad de estos Planes de Adopción que en su día fueron motivo de un júbilo sin pre­cedentes en la historia de la Isla» (Correspondencia 1953). La euforia social, además, decrecía por momentos «hasta el punto de que en el momento presente la pala­bra Adopción no pasa de significar más que una levísima esperanza en el ánimo de al­gunos pocos» (Correspondencia 1960).

Se señala claramente en el citado informe que, tras tres años de aplicación del Plan, la situación es igual que en épocas anteriores:

“La isla continúa, en términos generales, en el mismo estado en que se hallaba a largo tiempo. En los años de sequía, cual ha sido el presente, peligra hasta la más precaria necesidad: la de beber; sin contar que antes de llegar a este extremo, los campos han quedado yermos y el ganado, por falta de alimentación suficiente, o bien muere, o bien se depaupera de tal suerte que la propiedad del mismo resulta ser un pésimo negocio. Las comunicaciones interiores se encuentran abandonadas, en circunstancias casi intransitables. La construcción de algunas vías representa en cierto modo una contribución al problema vital, el del agua, toda vez que si esta puede encontrarse en algunos pozos a la orilla del mar, ni pueden transportarse a los núcleos de población, por ausencia de carreteras, ni puede elevarse por carencia de maquinaria necesaria para tal efecto” (Correspondencia 1960).

Persiste, por tanto, el problema fundamental, la falta de agua. «La isla, Cama­rada, es muy pobre, pero toda su pobreza estriba en la falta de agua. Con agua, gran parte de la Isla podría convertirse en el transcurso del tiempo en un vergel, porque su suelo es un suelo fértil y agradecido» (Correspondencia 1960).

Se estima entonces, por primera vez, la posibilidad de que además de las ayudas obtenidas mediante el Plan de Adopción, y ante una situación de extrema necesidad, se habiliten auxilios económicos especiales. Hay que recordar que la Isla permanecía ex­cluida de otras ayudas que no fuesen las consideradas en el Plan de Adopción por el Caudillo. Razón por la cual se pide una renuncia a la categoría de Adopción para así poder incorporarse a las líneas de mejora aplicadas en otras islas: «Estos planes ni ex­cluyen ni pueden excluir las posibilidades de que la Isla se vea especialmente favorecida por la tutela de los organismos estatales y provinciales dotados de consignaciones desti­nadas a la mejora de la vida local» (Correspondencia 1960).

La demostración de la inutilidad del Plan y el descontento de la población al no poder recibir otras ayudas se repiten constantemente en las peticiones llevadas a cabo por las autoridades herreñas:

“El Jefe de la Hermandad de Valverde, D. Domingo Padrón y Padrón, pasó a exponer en nombre de los labradores y ganaderos el descontento y desilusión que existen, ya que después de diez años que hace que la Isla fue adoptada por S.E. el Jefe del Estado, no se han acometido las obras fundamentales previstas en el Plan de Adopción. Recordó que el día que el Caudillo se dignó adoptar la Isla de El Hierro fue una fecha de gran júbilo para todos, de manera que se declaró fiesta insular y durante tres años seguidos, con la esperanza mantenida, ese día se vino conmemorando; pero que tras el largo plazo de inactividad fue cundiendo la decepción, al comprobar que continúan sin poder ser elevados la riqueza y por ende el nivel de vida de los herreños[...]  Insiste en que el Plan de Adopción ha servido hasta ahora más que "para hacer para que no se haga" pues hasta que aquel surgió mal que bien, algunas obras se iban realizando, mientras que ahora, esperando por las del Plan no se acomete ninguna. Por ello, con la mayor crudeza y patetismo pide el apoyo que los herreños se merecen. El Delegado Provincial de Sindicatos, D. Francisco Montoya Rico, responde diciendo, que él no cumpliría con el deber que como falangista y nacional sindicalista tiene impuesto, si no se hiciera eco de la verdad de este problema; y, por tanto, desde este mismo momento ordena al Delegado Sindical Insular, prepare un informe minucioso, concreto y real, en el que se exponga la opinión de los agricultores y trabajadores sobre el Plan de Adopción y las causas de sus demoras prometiendo solemnemente a la Asamblea que tal informe [...] será entregado al Delegado Nacional de Sindicatos y Ministro Secretario General del Movimiento, con el ruego encarecido de que lo haga llegar a S.E. el Jefe del Estado, para que nuestro Caudillo conozca la exacta situación de esta Isla, por él con tanto cariño adoptada” (Anónimo AST 1960).

Respuestas como la anterior se reiterarán durante años, aún cuando desde El Hierro se continuaran realizando escritos e informes sobre su mala situación económica a la espera de que el Caudillo en persona, y el Ministerio de Presidencia en su delega­ción, interpusieran alguna solución. Esta ansiada solución nunca llegó y el resultado fi­nal del período de adopción fue una situación de parálisis casi total.

Desde el punto de vista socioeconómico, en El Hierro se limita la posibilidad de destinar recursos a las producciones exportables, que quedan fuera de las posibilidades productivas de los herreños. Sin embargo, al mismo tiempo que se produce una segre­gación de las posibilidades exportadoras, se potencian las producciones locales, como productos ganaderos, vino, fruta pasada, recursos forestales, etc., cuyos principales mer­cados eran los habilitados tradicionalmente en el ámbito regional.

Estas circunstancias no generaron el suficiente volumen de mercancías demanda­das por las poblaciones urbanas, por lo que las producciones herreñas sirvieron para reducir malamente las carencias en periodos de escasez de las principales capitales canarias, que, cuando superaron la etapa de privaciones y se abrieron sus mercados a las importaciones, barrieron progresivamente a las producciones herreñas de sus lugares de consumo.

Este modelo, por otra parte, producía bajos niveles de monetarización, pues esca­samente producían la circulación monetaria que generaba la economía de exporta­ción, perpetuando por tanto formas precapitalistas en un contexto regional que tendía hacia la capitalización de su economía. En este modelo, la rentabilidad de la producción venía ligada a la puesta en producción de la mayor cantidad de tierras posibles, todo ello bajo costes humanos y ambientales altos. La intensificación del trabajo y el decreci­miento rápido de la productividad de tierras sin unos mínimos medios técnicos e inputs modernos, llevó a la emigración a una importante cantidad de mano de obra, unos hacia América y otros a los principales núcleos urbanos regionales[14].

 Desde el punto de vista infraestructural, buena parte de las obras ni siquiera pasa­ron del proyecto, mientras que otras no se concluyeron. Esto llevó a las autoridades insulares a solicitar de las estatales obras hidráulicas que nunca llegaron. Incluso se mantuvieron reclamaciones sobre obras que serán aprobadas una década más tarde.

Que el Plan de Adopción para El Hierro fue un rotundo fracaso queda plasmado en el pleno del III Consejo Económico Sindical (1962) y, más concretamente, en la po­nencia de Obras Hidráulicas. A una  demanda realizada por el representante herreño so­bre la necesidad de un Plan Hidráulico para la Isla, se le contesta por parte del presi­dente de la Ponencia «que como para la isla del Hierro existe un Plan de Adopción en el que van incluidos sus problemas hidráulicos, el Pleno no puede pronunciarse en ningún sentido» (CES 1962: 7).

Hasta 1963 no se reconoce por primera vez desde la Jefatura del Estado el fra­caso manifiesto de las medidas de apoyo al desarrollo insular:

El desarrollo de la misma ha venido cumpliéndose total o parcialmente en alguno de los conceptos, y en otros, por consecuencia de los resultados de los trabajos, no han podido ser invertidos los créditos asignados. Al no haber existido en estos últimos años dotaciones presupuestarias para atender a la construcción de instalaciones asistenciales en las citadas Islas, la mejora de la vida rural que la Ley pretendía no ha podido lograrse plenamente, teniendo el problema caracteres de verdadera importancia (Ley 1963).

Y no será hasta la Ley 63/1967, de 22 de julio (Ley 1967), cuando la Jefatura del Estado disuelva de forma definitiva los comités y comisiones para los planes de obras de las islas de Fuerteventura y El Hierro, integrándose a partir de este momento ambas islas en la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social. Por estas fechas, el desamparo insular era total. A finales de 1967 la Delegación de Gobierno promueve una comisión que se encargue de estudiar las necesidades de la Isla y especialmente revise las obras que no se llevaron a cabo con los créditos consignados en el Plan de Adopción y que convendría retomar en el Plan Canarias. Muchas de las obras no habían concluido, solicitándose una vez más por el delegado del Gobierno un crédito de 7.200.000 pesetas para su conclusión inmediata y urgente, sobre todo de las obras descritas en el capítulo sociosanitario.

En otros capítulos no será hasta la década de los años sesenta cuando comiencen, por la imperiosa necesidad de agua existente en la isla del Hierro, a tramitarse permi­sos para la realización de galerías a través de la Orden Ministerial (Ministerio de Obras Públicas) de 25 de mayo de 1938, para obras ejecutadas con anterioridad al año 1962. A partir de este año, y sobre todo al amparo de la Ley 59/1962, de 24 de diciem­bre, para aprovechamientos y auxilios de aguas para Canarias Ley 1962), la Jefatura del Estado re­conoce la extrema necesidad de inversión en materia hidráulica en las islas menores, re­dactándose un artículo específico donde se estima que dadas las especiales circunstan­cias que concurren en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro se atende­rán preferentemente los expedientes relativos a ellas, que al amparo de la Ley se trami­ten. Esta acción ministerial trajo notables consecuencias y generó un empuje en cuanto a la realización de obras hidráulicas (para esta fase, de galerías). Renació entonces una actividad que se encontraba estancada desde décadas anteriores[15].

Notas

Fuentes y bibliografía

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